CONSTRUCTIVISMO Y REALISMO CRÍTICO EN LOS CONFLICTOS AMBIENTALES

Resumen

En el artículo se analiza la manera en que los actores que protagonizan conflictos ambientales utilizan una concepción realista de la naturaleza para organizar sus argumentos de lucha, esto es, consideran su evidencia como una explicación objetiva, verdadera y racional de la naturaleza. Por el contrario, la sociología ha destacado la mediación histórica y cultural con la cual el ser humano define el medio ambiente, una aportación fundamental de la tradición epistemológica constructivista. El problema de limitarnos al constructivismo es que tiende a relativizar los argumentos en conflicto y puede llegar a negar la independencia y causalidad de la naturaleza. El autor destaca la importancia de vincular la práctica de la sociología ambiental con el realismo crítico como una alternativa para superar estos problemas. Finalmente, establece la necesidad de recuperar las narrativas que tienen las comunidades locales sobre la naturaleza y sus problemas para incorporar su punto de vista en la resolución de conflictos mediante la apertura de espacios deliberativos.

Abstract

The article analyzes how social actors involved in environmental conflicts use a realist conception of nature in order to organize the dispute arguments, that is, they consider their evidence as an objective, true and rational explanation of nature. On the other hand, sociology has remarked the cultural and historical mediation to define the environment, fundamental contribution of the constructivist epistemological tradition. The problem is, if we use constructivism alone, it diminishes the importance of arguments in conflict and it can deny the independence and causality of nature. The author establishes the importance to link the environmental sociology practice with critical realism as an alternative to overcome those problems. Finally, he states the need to reclaim the narratives of local communities about nature and its problems in order to integrate their point of view in the solution of conflicts through the opening of deliberative spaces.

Resumo

O artigo analisa cómo os atores que protagonizam conflitos ambientais, utilizam uma concepção realista da natureza para organizar seus argumentos de luta, eso é, que consideram sua evidência como uma explicação objetiva, verdadera e racional da natureza. Pelo contrário, a socióloga tem destacado a medicina histórica e cultural, aquela con a cuál o ser humano pode definir o meio ambiente, una atribuição fundamental da tradição epistemológica construtivista. O problema de nos limitar ao construtivismo é que pode fazer relativos os argumentos em conflito e pode negar a independência e a causalidade da natureza. O autor destaca a importância de vincular a pratica da sociología ambiental com o realismo crítico como una alternativa para superar os problemas. Finalmente, establece a necessidade de recuperar as narrativas das comunidades joviales sobre a natureza, e também seus problemas para incorporar sua visão na resolução de conflitos mediante a apertura de espaços deliberativos.

Introducción

El conflicto se define como una relación social en la cual un actor individual o colectivo busca imponer sus valores, conocimientos e intereses sobre otros.¹ Desde los postulados teóricos de la sociología estadounidense de mediados del siglo xx, se estableció que el conflicto no es en una patología que la sociedad debe evitar a toda costa, ya que constituye un mecanismo básico para el cambio y la innovación, incluso puede generar un tipo de integración y solidaridad dentro del grupo cuando una colectividad significa a otra como un enemigo del cual es importante defenderse o incluso eliminar. Dentro de los estudios del conflicto, en los últimos años han aumentado de manera considerable las investigaciones sobre temas ambientales o socio ambientales, es decir, aquellos que se refieren a la disputa por el aprovechamiento de recursos naturales (agua, bosque y especies animales, por mencionar algunos) o bien, al conflicto que resulta por la desigual distribución de perjuicios debido a la contaminación y degradación del medio ambiente. En suma, el conflicto socio ambiental implica algún tipo de asimetría o desigualdad con la cual se reparten los beneficios o perjuicios generados por las acciones sociales en el medio ambiente.²

Desde un punto de vista prescriptivo, las sociedades que aspiran a resolver sus conflictos de manera democrática, incluidos aquellos referentes a la naturaleza, han implementado espacios deliberativos en los cuales sea posible generar consensos que constituyan la base para tomar decisiones incluyentes y legítimas.³ La apertura de dichos espacios no son una concesión de los grupos que concentran mayor cantidad de recursos y poder, sino el resultado de la presión y la resistencia que impulsan los actores sociales que se sienten agraviados por la exclusión de la que son objeto en la toma de decisiones ambientales y por las consecuencias que eso conlleva. Los diferentes actores sociales que intervienen en un espacio deliberativo dirigido a resolver un conflicto ambiental esgrimen argumentos con el objetivo de persuadir a sus interlocutores, de convencerlos sobre la importancia de tomar decisiones con base en la postura propia. En la mayoría de las ocasiones, la argumentación descansa en algún tipo de evidencia empírica para demostrar la racionalidad y viabilidad del argumento propio.⁴ Por ejemplo, si el conflicto se originó a partir de un proyecto gubernamental que tiene como objetivo aprovechar una mayor cantidad de agua fluvial, las autoridades podrían utilizar la estadística oficial del caudal para demostrar la factibilidad de la iniciativa; en cambio, las comunidades rurales podrían argumentar con base en su experiencia y observación directa que el nivel del río ha disminuido en los últimos años, ya que han percibido cómo atraviesa menos agua por sus canales de riego. En este caso, los argumentos se apoyan en datos que provienen de dos fuentes distintas de conocimiento, pero es una tendencia al alza que en los conflictos ambientales todos los actores buscarán la manera de fundamentar sus argumentos en estudios y análisis basados en procedimientos científicos, incluso generados por instancias gubernamentales, para demostrar las condiciones de posibilidad de la obra o bien, los perjuicios que conlleva tomar tal decisión. Esta tendencia se puede explicar por la mayor facilidad que actualmente tienen los actores para acceder a información especializada a través del uso de las tecnologías de la información, así como por la estrategia de movimientos ambientalistas para relacionarse con sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil que les transfieren información que les permita respaldar los motivos y la necesidad de su protesta.

Esta danza de cifras y “datos duros” sobre el medio ambiente, parecen territorios ignotos para el sociólogo, ya que la información es resultado de investigaciones realizadas en otras áreas de conocimiento como las ingenierías, la biología y la ecología, por mencionar las más frecuentes. Resulta obvio que el sociólogo no tiene en su formación instrumentos y técnicas para medir la contaminación de un río, el grado de deforestación de un bosque o el adelgazamiento de la capa de ozono por la liberación de halocarbonos. ¿Esto nos coloca en una situación de desventaja frente a las ciencias biofísicas en el estudio de los problemas y los conflictos ambientales? La tesis que se defenderá a lo largo del artículo consiste en que la sociología tiene una perspectiva fundamental para el análisis de este tipo de conflictos, ya que ha establecido con mucha claridad la mediación cultural y social que implica cualquier tipo de conocimiento sobre la naturaleza, incluso el generado por las disciplinas biofísicas. En este sentido, un punto de partida constructivista ha sido un área privilegiada en los estudios sociales en torno a la relación sociedad-naturaleza para demostrar que los conflictos reflejan una pluralidad de significados sobre lo que aparentemente es una misma realidad. Sin embargo, analizar los argumentos de los diferentes actores como parte de un entramado de significados, no implica negar la existencia material de la naturaleza, ya que hacerlo representa la consecuencia de caer en un relativismo que impide seleccionar el mejor argumento esgrimido en la deliberación pública. Finalmente, se sostiene que la práctica sociológica en el estudio de conflictos ambientales representa una oportunidad para recuperar y valorar las narrativas que tienen las comunidades locales en torno a este tipo de problemas, lo que constituye un prerrequisito para incluir la pluralidad de visiones en los procesos deliberativos.

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Justicia y verdad: la utilidad del dato en la argumentación

Comenzaré este apartado ilustrando la estrategia argumentativa que siguen los actores sociales en un conflicto ambiental. En el primero (la recuperación del río Magdalena en la Ciudad de México) el contexto aparenta ser más proclive a la cooperación, mientras que el segundo (trasvase de cuencas para el abastecimiento de la Zona Metropolitana del Valle de México) representaría un escenario de mayor conflictividad.

Caso 1. En el año 2007 la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (sedema) convocó a diferentes actores sociales a participar en un Grupo Promotor para la recuperación del río Magdalena y a una serie de talleres de planeación participativa que tenían como objetivo retroalimentar la elaboración de un Plan Maestro para la instrumentación de las diferentes intervenciones en la microcuenca. A estos espacios asistieron funcionarios de gobierno de otras dependencias locales (delegaciones u otras secretarías de la Ciudad de México), organizaciones de la sociedad civil, vecinos y representantes de los núcleos agrarios de la Magdalena Atlitic y de San Nicolás Totolapan. En las primeras reuniones del Grupo Promotor la mecánica de trabajo consistió en rondas de intervenciones abiertas a cualquier interesado que quisiera exponer su postura sobre el proyecto. Como regla general, los participantes que tomaban el micrófono para hacer un pronunciamiento incorporaban en su intervención datos que caracterizaban el sistema biofísico del río. Por ejemplo, afirmaban que el gasto del río era de 1m³/s y que la extensión del cauce abarcaba 19.7 kilómetros. La reiteración de estos datos en las diferentes alocuciones llegó a un punto de saturación muy pronto; sin embargo, su repetición tenía el sentido de mostrar el conocimiento que tenía el actor sobre el recurso natural objeto de la política, es decir, presentarse como una voz autorizada para participar en el proyecto. Aunque eran los mismos datos, estos se utilizaban para fundamentar propuestas irreconciliables en torno al manejo del río. Así, el gasto del río representaba una evidencia para: a) asegurar que había una cantidad de agua que se desperdiciaba, la cual podía aprovecharse para actividades agrícolas (argumento de los comuneros de la Magdalena Atlitic); b) destinar más agua para el consumo humano (funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Delegación Magdalena Contreras) o bien, c) para afirmar la existencia de un caudal mínimo que representaba la posibilidad de que el río tuviera una nueva funcionalidad paisajística y ecológica dentro de la urbe (organizaciones ambientalistas). En este caso, los actores utilizaban una misma evidencia (el gasto) para apoyar visiones distintas y contrapuestas sobre el futuro deseable para el río. Una política ambiental como la recuperación del río Magdalena aparenta ser un escenario proclive a la cooperación, ya que la mayoría de los actores lo reconocían como un patrimonio ambiental de la ciudad amenazado por el crecimiento urbano de la zona y el gran vertimiento de agua residual en su cauce. No obstante, al momento de buscar acuerdos sobre cómo recuperarlo, cada actor anteponía sus valores e intereses como los legítimos para tomar las decisiones en el territorio. De esta manera, las comunidades rurales se sentían agraviadas por “el robo” de agua que hacía la ciudad sin que recibieran una compensación por conservar el bosque “que la produce”; mientras que los habitantes de zonas residenciales se oponían a que el río se convirtiera en un espacio público de la ciudad porque esto implicaría “abrirse” al flujo de más personas con el riesgo de que surgieran problemas como la acumulación de basura o del propio comercio informal.

Caso 2. Ahora consideremos un escenario más proclive al conflicto. Desde mediados del siglo xx el abasto de agua potable de la Ciudad de México se complementó con el trasvase de una cuenca externa, la del río Lerma. Posteriormente, en 1982 se inauguró el Sistema Cutzamala como una continuidad de esta política para atender la creciente demanda del recurso, no sólo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, sino también para la de Toluca. Estas acciones gubernamentales se realizaron sin algún tipo de oposición política y social, ya que se compartía una percepción de que el desarrollo económico de la capital era prioritario para el bienestar nacional. Desde mediados de la década de los ochenta a la fecha, surgieron nuevas exigencias sociales que desafiaron el principio del crecimiento económico a toda costa, se plantearon esquemas de justicia social para las comunidades que radican en las cuencas de las que se extrae el recurso y de un desarrollo que tome en cuenta el equilibrio ecológico. Así, el proyecto de ampliar el caudal del Sistema Cutzamala enfrentó una fuerte resistencia por parte de comunidades indígenas y campesinas, principalmente de la subcuenca de Villa Victoria, pero también de organizaciones ambientalistas de la sociedad civil y de un sector académico crítico de esta estrategia para resolver la demanda de agua en las ciudades.⁵ El trasvase como política pública para cubrir la demanda de agua potable por la “escasez” de fuentes locales no es exclusivo de la Ciudad de México, se encuentra presente en las principales zonas metropolitanas de nuestro país (Guadalajara, Monterrey y León, por ejemplo). El gobierno suele fundamentar la necesidad del trasvase con base en proyecciones demográficas y en el agotamiento de las fuentes locales tanto superficiales como subterráneas. Por otro lado, los grupos opositores señalan que el argumento de la escasez solapa el problema real de la distribución inequitativa, ya que en una misma ciudad coexisten zonas en las que se derrocha el agua y otras que efectivamente no cuentan con el servicio; además, basados en estimaciones oficiales aseveran que la cantidad de agua que se fuga en la red hidráulica operada por la propia administración pública es equivalente a la que se pretende trasvasar. De esta manera, la escasez de agua en cierta medida constituye “una construcción social” del gobierno para no resolver el problema de la desigualdad o incluso para promover la acumulación de capital privado a partir de la construcción de obras hidráulicas de alto costo.⁶ Las voces y los movimientos sociales críticos de los trasvases han modificado de forma sustancial la viabilidad sociopolítica que tuvieron estas obras en décadas pasadas.

Como se puede observar, en ambos casos los actores sociales defienden su posición política y ambiental con base en ciertos argumentos que pueden ser respaldados en cierta evidencia empírica, esto es, a partir de información susceptible de ser comprobada. Esto no quiere decir que todos los argumentos que expongan las diferentes partes involucradas en un conflicto sean de este carácter, también habrá otros que tengan un respaldo eminentemente normativo, pero en este artículo nos centraremos en los del primer tipo. Los actores que participan en un conflicto ambiental consideran que sus argumentos y su evidencia describen la naturaleza de manera objetiva y veraz, esto es, aspiran a caracterizar a la realidad tal cual es.⁷ En los espacios deliberativos que se producen a raíz del conflicto, los actores se pueden percatar de la variedad y disonancia de los argumentos con los que se encuadra el medio ambiente y sus problemas, lo cual abre la posibilidad de que cada actor revise su postura frente al problema, aunque por definición la argumentación que realizan los actores en un conflicto busca persuadir o convencer al interlocutor de que los argumentos propios son ciertos, justos y objetivos.⁸ Así, se puede advertir que los protagonistas de un conflicto ambiental organizan sus argumentos desde una posición epistemológica realista, es decir, a partir de buscar algún tipo “evidencia empírica” que sostenga su razonamiento. Esta visión realista implica que los actores sociales asuman sus argumentos con las siguientes características:

• A)

  Se basan en un tipo de conocimiento reconocido y valorado por una colectividad.

• B)

  Describen la realidad tal cual es (son objetivos y verdaderos).

• C)

  Legitiman la acción que promueve y defiende el grupo (consecuencia pragmática de la veracidad del argumento).

Cada actor intentará aportar “evidencia empírica” que muestre la solidez de sus argumentos y debilite la postura contraria. La evidencia utilizada por quien promueve la intervención en el ambiente tendrá como fin justificar la importancia del cambio y su viabilidad; mientras que la del actor contencioso resaltará el riesgo que representa la acción para el equilibrio ecológico, refutará la viabilidad del proyecto y buscará respaldar la propia legitimidad de su participación. Resulta importante exponer este último punto con más detalle.

En varios conflictos ambientales los actores que buscan ser incluidos en la toma de decisiones no se limitan a exponer “evidencia” referida al funcionamiento y estado del ambiente, también utilizarán argumentos que demuestren la validez de su interlocución y la necesidad de tomarlos en cuenta. Retomaré el primer caso que revisamos al principio para ilustrar esta lucha por el reconocimiento y la inclusión. En la elaboración del Plan Maestro del río Magdalena, los comuneros de la Magdalena Atlitic argumentaron, en varias ocasiones, que constituían una voz legítima para decidir sobre el futuro del río debido a la presencia histórica de la comunidad en la cuenca, a que ésta constituía de hecho el territorio de sus antepasados. Su “evidencia” era una cédula virreinal que establecía la dotación de tierra para el pueblo indígena de la Magdalena Atlitic en el siglo xvii, así como recibos de pago de varios comuneros que habían trabajado en las fábricas textiles que se encontraban en la ribera hasta la primera mitad del siglo pasado. La legitimidad de las autoridades tiene una fuente distinta, ya que en contextos democráticos radica en la legalidad del proceso con el que fueron electos. Para demostrarlo no muestran su constancia de mayoría en todos los lugares a los que van: tener acceso a los recursos de poder y administrativos que dota el cargo, son elementos que por sí mismos ilustran sus atribuciones en el territorio.

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Reconstruir el dato como principio sociológico

En la primera sección señalamos que los actores elaboran y asumen los datos que respaldan sus argumentos desde una perspectiva realista. Ahora remarcaremos que el abordaje sociológico consiste en analizarlos como construcciones sociales que les permiten entender y actuar en la naturaleza. En ese sentido, todos los argumentos que se esgrimen en un conflicto ambiental pueden ser considerados conocimientos equivalentes dada su contingencia y origen social. El constructivismo como corriente epistemológica en las ciencias sociales establece que los actores no tienen acceso directo a la realidad, sino que ésta se define a partir de las instituciones y el conocimiento social que se hace sobre el mundo. Por esta razón la realidad es una construcción de la sociedad.⁹ Tener como punto de partida una perspectiva constructivista para entender el conflicto ambiental permite que el observador se cuestione por qué ciertos procesos sociales y/o naturales se perciben como problemas que deben ser resueltos. Esta premisa es central, no hay algún proceso biofísico o social que en sí mismo constituya un problema ambiental, lo es hasta que un grupo social lo significa como tal.¹⁰ Es decir, la interpretación de una intervención territorial como anomalía o problema varía en el tiempo y el espacio; sólo cuando la construcción social del proceso lo considera como problema es posible que se detonen acciones contenciosas, movilizaciones y protestas dirigidas a lograr una transformación del estado de cosas. Recordemos el segundo caso que presentamos: el trasvase de la cuenca del Lerma y las primeras dos etapas del Cutzamala para abastecer a la Ciudad de México no presentaron oposición cuando se realizaron; fue hasta principios del siglo xxi cuando el trasvase se consideró como un problema ambiental y político que detonó movilizaciones sociales del Frente Mazahua en Defensa del Agua y conflictos entre diferentes dependencias de gobierno por la inconformidad en torno a los acuerdos previos en la materia.¹¹

La aproximación sociológica a los conflictos ambientales se caracteriza por subrayar la dimensión cognitiva en la definición del problema mismo, es decir, estas luchas se caracterizan por constituir una disputa sobre lo que se debe entender por naturaleza y su funcionamiento, así como la manera de relacionarnos con ella. Lo cognitivo no se refiere únicamente a la capacidad de los actores sociales para tener creencias y significados sobre la realidad, también la posibilidad de formular acciones para modificarla. Si recuperamos una expresión de Gregory Bateson para ilustrar este punto, podemos decir que un conflicto ambiental se caracteriza por una ecología de significados que tienen los distintos actores sociales sobre lo que es, representa y se puede hacer con la naturaleza.¹² Algunos significados serán próximos y otros estarán tan alejados entre sí que resultará muy complicado reconocer que versan sobre el mismo objeto o proceso. Una manera posible de organizar esta ecología de significados consiste en contextualizar los argumentos expresados por los actores en su marco de referencia, es decir, en un conjunto de significados, creencias y valores con los cuales el sujeto define la naturaleza, su funcionamiento y la manera de actuar en consecuencia. La definición que hace Goffman sobre los marcos de referencia apuntan a que estos se refieren a una franja de actividad determinada del actor con los cuales comprende una situación y le permiten organizar su experiencia.¹³ El marco de referencia permite el establecimiento de categorías básicas, compartidas socialmente, que dan sentido a las acciones y relaciones sociales, en el caso que nos ocupa, con respecto al medio ambiente. En los marcos de referencia los significados están orientados a la acción y constituyen el basamento de prácticas y usos sociales que se hacen sobre el medio biofísico. Los conflictos entre diferentes marcos no constituyen un diálogo neutro y simple, sino que expresa tensiones derivadas de los intereses y valores de los actores.¹⁴ Cada uno pretende que su marco se convierta en el hegemónico, ya que esto determina el uso socialmente aceptado de los recursos naturales. En este tenor, podemos aseverar que un componente central de una agenda de investigación sociológica en los temas ambientales consiste en indagar la manera en que ciertos marcos o interpretaciones se constituyen en una autoridad social para definir problemas ambientales y el uso de la misma naturaleza.

Así, la interpretación sociológica sobre los argumentos y los datos esgrimidos por los actores no radica en verificar su correspondencia con el mundo biofísico o aquello que podemos considerar como realidad externa, sino en vincularlos con el resto de las categorías que utilizan los actores para reconstruir su marco de referencia. En particular interesa indagar los significados que tienen en torno al elemento de la naturaleza en cuestión (o de la naturaleza in toto) y por qué ciertos actores lo encuadran como parte de un problema que debe ser resuelto por la sociedad. Reconstruir los argumentos y la evidencia esgrimida por los actores en términos de sus significados e implicaciones nos advierte sobre la imposibilidad de considerarlos como resultado de un conocimiento verdadero y concluyente, sino como aproximaciones históricas y culturales con los cuales se interpreta y se actúa sobre la naturaleza.

Ahora bien, una consecuencia de esta empresa constructivista nos puede dirigir a un relativismo difícil de superar, ya que, si todas las afirmaciones sobre la naturaleza son una construcción social, entonces no habría bases para resolver un problema con base en un mejor conocimiento de los procesos biofísicos. En la siguiente sección se establece la necesidad de asumir una perspectiva constructivista que no niegue la independencia de una realidad material con respecto a las percepciones sociales.

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Independencia y causalidad del medio biofísico

El constructivismo en sociología ambiental tiene una diversidad de aproximaciones y corrientes.¹⁵ Las versiones radicales niegan la posibilidad de diferenciar el mundo social del natural, pues afirman que los objetos materiales sólo existen cuando adquieren significado y son incorporados al dominio humano. En otras palabras, como lo natural es también social y cultural, entonces resulta imposible separar ontológicamente las dos dimensiones, lo natural está fusionado con los significados y los símbolos. Un ejemplo clásico del constructivismo radical consiste en la aseveración de Tester quien consideró a los animales como papeles en blanco sobre los cuales se puede escribir cualquier mensaje: de esta manera, “un pez sólo es un pez cuando es socialmente clasificado como tal”,¹⁶ lo cual abre la posibilidad de negar características biofísicas propias del pez, independientes de los significados atribuidos por el ser humano, como el hecho de que este animal sólo está vivo en un medio acuático.

Por otra parte, la visión moderada o “contextual” es muy escéptica de poder realizar algún tipo de afirmación ontológica, pero no por ello niega la existencia de una realidad exterior a las construcciones sociales.¹⁷ En lo personal, considero que las corrientes moderadas del constructivismo tienen una mayor potencialidad para el estudio de los conflictos ambientales y argumentaré por qué. Hasta el momento se ha establecido que los conflictos ambientales vinculan al menos dos marcos de referencia sobre la naturaleza, alguno de los cuales consideran como problema un proceso social que impacta la naturaleza o el aprovechamiento que se hace de ella. En dicha relación un grupo promueve un cierto tipo de gestión del territorio y sus recursos naturales y otro resiste dicha apropiación a partir de un marco de referencia vinculado a la exigencia de justicia. Una sociedad democrática tiene la prescripción de resolver el conflicto mediante la apertura de espacios deliberativos que incluyan a todos los actores interesados para que estos expongan de forma libre su opinión sobre el problema y construyan los acuerdos básicos para tomar una decisión, en este caso, vinculada a la relación sociedad-naturaleza. Cada uno de los participantes en los espacios deliberativos, esgrimirá argumentos para defender su postura e influir en la resolución.

Una visión dura del constructivismo asumiría que todos los argumentos esgrimidos por los actores sociales no se refieren a problemas concretos y reales de la naturaleza, sino que son meras construcciones sociales con el mismo grado de validez en sus afirmaciones ontológicas, lo que potencialmente puede derivar en una parálisis política por un relativismo en el cual toda interpretación es de igual forma válida. Por el contrario, si bien los marcos de referencia con los que un grupo social significa y se apropia de la naturaleza es un punto de partida básico para la investigación social, su construcción no elimina la causalidad que tiene la naturaleza, esto es, la independencia que tiene el mundo biofísico con respecto a los significados y las instituciones sociales. Las entidades biofísicas y sus relaciones son independientes de los conceptos y los modelos que utilizamos los humanos para representarla. La naturaleza tiene un papel activo en su relación con la sociedad, esto es, no es una materia inerte que está a la espera de nuestras interpretaciones, sus cambios y procesos limitan o impactan el curso de la acción humana. Al mismo tiempo que actuamos sobre esa realidad externa a la interpretación (la naturaleza), sus procesos y funcionamiento moldean nuestra existencia como seres vivos.¹⁸ Así, reconstruir los diferentes marcos de referencia sobre el cambio climático, no implica negar su existencia en el dominio biofísico ni el impacto que está teniendo en la sociedad.

Retomar la importancia del constructivismo sin negar la existencia y causalidad de la naturaleza es una apuesta básica de la sociología ambiental que tiene como fundamento filosófico el realismo crítico.¹⁹ El realismo crítico es una corriente de la filosofía de la ciencia social que surge a mediados de la década de los setenta; aunque la primera generación de filósofos se concentró más en las ciencias naturales, la segunda se concentró en las ciencias sociales, de manera que ha sido un referente constante para que una gran cantidad de sociólogos ambientales en el ámbito anglosajón fundamenten su ontología.²⁰ El realismo crítico puede sintetizarse en los siguientes postulados:

• •

  Es cierto que el mundo social está dotado de significado, pero inferir de ello la imposibilidad de conocer la realidad biofísica es una conclusión inconsecuente. Para el realismo crítico el constructivismo radical realiza una “sobre-sociologización” de los procesos ecológicos.

• •

  Las entidades de la naturaleza, así como sus relaciones son independientes de los modelos científicos o de otros marcos cognitivos sociales para representarla. Como sólo es posible aproximarse a la realidad biofísica y social a partir de observaciones cargadas de teoría, entonces las investigaciones y el conocimiento que tenemos sobre ella es falible.

• •

  Que sólo podamos conocer la realidad gracias a categorías socialmente construidas, no implica que éstas determinen cómo es el mundo. Esto es lo que el realismo crítico ha denominado como la falacia epistémica del constructivismo radical, es decir, reducir la on-tología a las cuestiones epistemológicas.

El realismo crítico es distinto al tipo de realismo que se revisó en la primera sección, esto es, el que respalda los argumentos utilizados por los diferentes actores del conflicto. En primer lugar, porque asume que el conocimiento que se tiene sobre la naturaleza es falible y no todo es igualmente válido.²¹ Además el realismo crítico establece que los problemas ambientales no sólo se deben resolver con la selección de la mejor evidencia empírica, sino también con la guía de principios políticos como la igualdad y la justicia.²²

En síntesis, si bien el realismo crítico acepta que hay una diversidad marcos de referencia que buscan organizar y darle sentido al contenido del mundo biofísico, ésta no se dejará organizar de cualquier manera, por lo que no todo conocimiento sobre la naturaleza identificará con la misma precisión los mecanismos que están detrás de los procesos biofísicos. Esta afirmación tiene dos implicaciones prácticas en los conflictos ambientales, la primera es que todos los argumentos presentados por los actores sociales son falibles y abiertos a la crítica; y segundo, subraya la importancia de abrir espacios deliberativos en los que se destine un tiempo razonable al intercambio de argumentos para seleccionar aquellos que están mejor sustentados. Es cierto que las disciplinas biofísicas cuentan con métodos, técnicas y discusiones teóricas más robustas para intervenir en las controversias sobre el funcionamiento de la naturaleza, pero no se tiene porque caer en una postura cientificista en la cual los argumentos elaborados por una disciplina científica sean per se mejores que los construidos en otras fuentes de conocimiento. Las explicaciones científicas también son una perspectiva parcial de los procesos naturales y su agenda de investigación está fuertemente influida por las instituciones sociales y políticas en un contexto determinado.²³ La toma de decisiones y la resolución de un conflicto ambiental requiere incluir a grupos sociales que no están representados en los procesos de investigación científicos, ya que sus narrativas y conocimientos aportarán nuevos elementos que en muchas ocasiones permiten reconsiderar ciertas aseveraciones de carácter universalista que proceden de las ciencias biofísicas. En ese sentido, la tarea de la sociología y de las ciencias sociales es indispensable, ya que contribuyen a completar la pluralidad de narrativas que hay en torno al problema ambiental al incluir las de las comunidades locales que configuran sus marcos a partir de otras fuentes de conocimiento. Un ejemplo significativo sobre la importancia de recuperar las narrativas locales en la toma de decisiones ambientales lo constituye la investigación realizada sobre la deforestación de la sabana de Guinea. La explicación científica sobre la deforestación responsabilizaba de un mal manejo forestal a las etnias Kissi y Kuranko por lo que ahora sólo había relictos o “parches” de lo que antes había sido una extensa zona forestal. A partir de la reconstrucción de la historia oral con las etnias mencionadas, se promovieron nuevos estudios multidisciplinarios que mostraron que las zonas arboladas no eran relictos, sino resultado de reforestaciones de los habitantes locales por mejorar su provisión de madera, defenderse de ataques de tribus rivales y disminuir los incendios recurrentes en su territorio.²⁴ Este tipo de casos muestran la importancia del papel que tienen las ciencias sociales para recabar conocimiento local sobre la manera en que las comunidades significan e identifican problemas en su medio ambiente.

Conclusiones

En el artículo se identificó la manera en que los actores sociales involucrados en un conflicto apoyan sus argumentos basados en evidencia empírica que consideran como una explicación verdadera y objetiva de la realidad. Por el contrario, una de las aportaciones centrales de la sociología ha sido la de visibilizar como las mediaciones culturales e históricas influyen en la construcción que los grupos sociales hacen sobre la naturaleza. Ahora bien, se advirtió que una visión constructivista radical tiene como consecuencia relativizar los argumentos que se esgrimen en los conflictos ambientales, ya que, si todos los datos constituyen interpretaciones contingentes de la realidad, entonces no habría manera de establecer con ciertos criterios de objetividad qué argumento explica mejor el problema y el funcionamiento del ambiente. Esto nos deja en la antesala de un relativismo sin salida, ya que, si todas las afirmaciones sobre la naturaleza tienen el mismo grado de validez por ser construcciones sociales, entonces no existiría la posibilidad para apoyar una sobre otra para resolver un proceso que se ha identificado como un problema ambiental. No son pocos los sociólogos ambientales que afirman que este relativismo desemboca en la parálisis o al menos en posturas políticas conservadoras que no asume a cabalidad el compromiso moral para defender a la naturaleza.²⁵ Por ejemplo, si se trata el cambio climático como una mera construcción social, entonces se desalentaría la investigación sobre las causas societales que la provocan, así como políticas gubernamentales para mitigarlo.²⁶ Ante dicha situación, se planteó que asumir el constructivismo moderado que adopta el realismo crítico no niega la existencia y la causalidad del mundo biofísico, lo que constituye una aproximación epistemológica que permite poner una barrera de contención al relativismo, ya que, sin negar la pluralidad de marcos de referencia con los que se encuadra un problema de la naturaleza o un elemento de la misma, se establece la posibilidad de entablar un debate que ponga a prueba la solidez de cada uno de los argumentos en conflicto. Como resultado de este debate puede encontrarse el argumento mejor fundamentado para explicar las causas del problema o las consecuencias de cierta decisión. La adecuación de las interpretaciones sociales con respecto a los procesos de la naturaleza no es competencia de la sociología, en todo caso el parámetro de referencia provendrá del estado de conocimiento alcanzado por las ciencias biofísicas. Sin embargo, este conocimiento tampoco será concluyente y definitivo, no sólo porque es falible, sino también porque estará mediado por significados culturales.

Una alternativa para hacer frente a esta pluralidad de marcos cognitivos sobre la naturaleza consiste en la apertura de espacios deliberativos en donde todos los interesados en una decisión sobre el medio ambiente puedan exponer libremente sus argumentos para acordar la mejor alternativa. Es cierto que un debate en estos términos exige que todos los actores involucrados muestren una disposición a revisar sus argumentos y eventualmente a modificarlos, es decir, parte de la posibilidad de que los actores son capaces de dejar de lado sus intereses en aras de proteger el bien común. Las críticas a un modelo deliberativo para la soluciones de conflictos son numerosas, sobresalen aquellas que consideran inviable soslayar en forma analítica los recursos de poder que cada uno de los actores buscará ejercer en todo momento para hacer prevalecer sus intereses.²⁷ A pesar de estas críticas, la posibilidad de solucionar un conflicto a partir de un procedimiento deliberativo, constituye un modelo prescriptivo en términos políticos que resulta útil para regular el funcionamiento de los espacios públicos mediante el cual los actores en conflicto intentan solucionar un problema: una decisión que no se tome con la inclusión de todos los posibles afectados y en la cual no se examinen de forma cuidadosa los argumentos expuestos por cada una de las partes, no puede ser considerada legítima y democrática, caso contrario constituirá una imposición por parte de un grupo que somete a los demás con base en sus recursos de poder. Es importante subrayar el compromiso que tiene una sociología ambiental crítica para incorporar las interpretaciones que tienen las comunidades locales en la definición y solución de problemas ambientales en aras de asegurar que los espacios deliberativos sean lo suficiente incluyentes y plurales. En términos epistémicos estas narrativas locales representan un gran valor porque aportan conocimientos sobre los procesos y la historia del ecosistema local, así como una visión normativa frente a la naturaleza que no se basa prioritariamente en el cálculo económico y la apropiación instrumentalista. Por último, incluir la voz de las comunidades locales en la toma de decisiones de su territorio es un procedimiento democrático fundamental en la gestión del territorio, ya que ellas serán las principales perjudicadas o beneficiadas por tales decisiones.