Este artículo estudia una de las principales regulaciones industriales del franquismo: un sistema de autorización previa por el que las industrias necesitaban el permiso del Estado para abrir y realizar modificaciones en sus establecimientos. La interpretación tradicional sugería que esta política fue utilizada por los industriales establecidos para protegerse de la competencia de los nuevos entrantes. Sin embargo, el análisis de la aplicación práctica de esta regulación, a través de los expedientes originales conservados en el Archivo General de la Administración y las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado, permite matizar esta interpretación. Aunque en algunos casos los empresarios capturaron a los funcionarios del Estado, en otros fue el Estado el que impuso sus intereses. El marco dictatorial explica esta interacción entre los empresarios establecidos y el Estado, cuyos intereses estuvieron en conflicto permanente alrededor de la aplicación práctica de la regulación de la inversión industrial.
This article discusses one of the most important economic policies of Franco dictatorship: A compulsory authorization that enterprises had to obtain from the Government as a previous step to open or modify their establishments. The traditional interpretation suggests that this regulation was used by the established industrials to protect themselves from new entering competitors. However, this idea is tinged with the analysis of the practical development of this policy, through the revision of the original files in the General Administration Archive, and the resolutions published in the Official Gazette. Sometimes the regulator was captured by the regulated established industrials, but sometimes the State's interests predominated. Finally, this interaction between the established industrials and the State about the regulation of the industrial investment is explained as a consequence of the institutional context of Franco's dictatorship.