La nueva legislación secundaria en materia energética de 2014

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Igualmente, se reformaron y adicionaron los siguientes ordenamientos: la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Asociaciones Público Privadas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Además, se expidieron la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. También se reformaron y adicionaron la Ley Federal de Derechos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley General de Deuda Pública.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0015">1</a>Las principales dudas que plantea la reforma energética no fueron ni han sido esclarecidas a la sociedad.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0020">2</a> La sociedad mexicana no tiene respuestas<a name="p3"></a> sobre las consecuencias medioambientales y en la salud humana. Desconfía en torno a si los nuevos órganos reguladores del sector tendrán la capacidad para enfrentar el poder de las grandes empresas petroleras y eléctricas mundiales que son capaces de desestabilizar gobiernos en el mundo entero. Gran parte de la sociedad piensa que se incrementará la corrupción en el sector energético, debido no sólo al papel de los sindicatos, sino también a los contratos millonarios que celebrará el gobierno con las empresas energéticas mundiales. Se tiene temor a que la reforma constitucional energética signifique más impuestos y endeudamiento externo en contra de los intereses de los mexicanos. La sociedad tampoco tiene claridad sobre si los supuestos beneficios de la reforma se destinarán al desarrollo nacional y no al gasto corriente de los tres niveles de gobierno. Y, en general, seguimos sin saber por qué teníamos que compartir la renta petrolera,<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0025">3</a> de un recurso que es nuestro, con otros que no forman parte de la nación mexicana.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0030">4</a>La reforma energética en el ámbito jurídico es parte de un nuevo modelo jurídico, hoy en día dominante, que podemos denominar neoliberal.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0035">5</a> Desde nuestro punto de vista, la hegemonía del modelo neoliberal en materia jurídica ha significado, entre otras cosas, lo siguiente: 1) el desmantelamiento del insuficiente Estado de bienestar con el que contábamos antes del inicio de la implantación del modelo, es decir, la reforma constitucional y legal que se promueve, tiene por propósito reducir el nivel de protección de los derechos económicos, sociales<a name="p4"></a> y culturales de los mexicanos;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0040">6</a> 2) la protección de la propiedad privada sobre la social y la pública como ocurre con la reforma constitucional energética y se contiene en el artículo octavo transitorio de la misma; 3) la existencia de una democracia electoral formal que no es de calidad ni sustancial, que no alienta a la democracia participativa y deliberativa, que define a los ganadores con el poder de los medios de comunicación y del dinero, y que impide que las cuestiones trascendentes como las reformas constitucionales o los tratados comerciales se aprueben por los mexicanos mediante referéndum; 4) copia de modelos de justicia anglosajones como la implementación del sistema penal acusatorio y con él la incorporación de los juicios orales en nuestro país; 5) populismo penal que consiste en el incremento en el número de los delitos y el aumento de las penas para pretender garantizar la seguridad que no brinda el modelo económico, político y social; 6) muchas reformas a la legislación en materia de inversión extranjera, propiedad industrial e intelectual para proteger a la inversión extranjera; por ejemplo, la Ley Minera de 1992 o la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 que permiten el 100% de inversión extranjera en esos sectores; 7) centralización en los poderes federales, principalmente en el Ejecutivo, de muchas competencias constitucionales y legales, para que el sector externo pueda negociar con más facilidad con el Estado mexicano; 8) pérdida de soberanía legislativa y jurisdiccional en favor del Ejecutivo y de instancias supranacionales; por ejemplo, acuerdos internacionales que no son ratificados por el Senado o instancias de arbitraje internacional que resuelven las principales cuestiones económicas del país; 9) acuerdos internacionales que no pasan la prueba de la representación —como la Iniciativa Mérida o el ASPAN—<a name="p5"></a> que vacían de contenido a los poderes públicos del país (al Senado en este caso); y, 10) privatización del derecho público y pérdida de las visiones de Estado y de nación en beneficio de una globalización impuesta de arriba abajo que constituye una auténtica revolución de los ricos del mundo para los ricos del mundo.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0045">7</a>En este ensayo analizaremos las nuevas disposiciones legales energéticas, con énfasis en las cuestiones que son importantes a nuestro juicio.IILa Ley de HidrocarburosLa nueva Ley de Hidrocarburos es, desde mi punto de vista, la más importante del paquete de la reforma energética secundaria, porque regula el régimen de contratos, licencias y permisos que facultarán a las empresas petroleras y gaseras trasnacionales, a explorar y extraer hidrocarburos en nuestro país.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0050">8</a>La Ley contiene normas secundarias que son abiertamente inconstitucionales, aun tomando en cuenta las reformas que en materia energética Peña Nieto impulsó en diciembre de 2013.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0055">9</a>Expongo en términos generales algunas de sus inconstitucionalidades:La Ley no respeta principios vigentes de la Constitución, entre ellos, los siguientes: el que señala que el Estado mantiene la rectoría económica; él que dice que la nación conserva la propiedad originaria, directa, inalienable e imprescriptible sobre los recursos naturales (los hidrocarburos); el que establece que los hidrocarburos en el subsuelo son, en cualquier caso, propiedad de la nación; el que expresa que los particulares pueden intervenir en el área estratégica de los hidrocarburos, pero sin tener la rectoría de la industria de hidrocarburos, el control y administración de las empresas productivas del Estado; el que expresa que las modalidades a la propiedad y a la intervención de los particulares en las áreas estratégicas<a name="p6"></a> las dicta el Estado y deben responder a los fines del desarrollo nacional; el que determina que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos son de interés social y orden público, es decir, no están o no deben estar, sujetas al mercado; el que alude a que los hidrocarburos al salir del subsuelo son de la nación porque la participación de los particulares en la industria es para que el Estado obtenga ingresos y con ello se contribuya al desarrollo de largo plazo de la nación y no para que los particulares obtengan en primer lugar beneficios; y el que expone que los hidrocarburos son recursos para el desarrollo nacional y, por tanto, no pueden ser estimados como simples “commodities”.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0060">10</a>Los contratos de exploración y producción son contrarios a los fines que prevé el párrafo séptimo del nuevo artículo 27 constitucional: que el Estado obtenga ingresos para que se contribuya al desarrollo de largo plazo de la nación, en tanto que se compartirá la renta petrolera con las empresas petroleras y los ingresos para ese desarrollo se tendrán que compartir con intereses económicos extranjeros.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0065">11</a>El artículo 14 de la Ley permite que las alianzas o asociaciones entre las empresas productivas del Estado se regulen por el derecho privado. Una empresa productiva del Estado debe guiarse por los principios de derecho público porque pertenece al Estado.El artículo 17 de la Ley permite que las empresas extranjeras privadas participen en los yacimientos transfronterizos, con ello se vulnera el principio de dominio eminente. Sólo a Pemex debiera corresponderle esa explotación por la parte que le corresponda al Estado mexicano.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0070">12</a>Los permisos a que se refieren los artículos 48 y siguientes de la Ley vulneran el artículo 134 constitucional, pues se emplea ese mecanismo de derecho administrativo para no licitarlos. Los permisos promoverán la corrupción por la discrecionalidad con que se otorgarán.<a name="p7"></a><a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0075">13</a>Las servidumbres que prevén los artículos 100 y siguientes de la Ley de Hidrocarburos constituyen la vía legal para afectar la propiedad privada, social y de las comunidades indígenas con una finalidad no pública sino esencialmente de beneficio privado —el de las empresas trasnacio-nales—.Los términos fiscales, en los contratos de exploración y extracción, a que aluden diversas disposiciones de la iniciativa, constituyen una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución, porque en materia fiscal existe un principio de reserva de ley: cualquier contribución debe estar prevista en la Ley. Además, las contribuciones deben ser generales, proporcionales y equitativas. Una negociación entre las partes rompe con los principios de la imposición contemplados en la Constitución.Los artículos 119 a 122 de la Ley no establecen el carácter vinculante del resultado de las consultas a los pueblos originarios y el procedimiento de consulta se aparta del Convenio 169 de la OIT y de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —por ejemplo, no realizará la consulta o el procedimiento de consentimiento previo, libre e informado una autoridad independiente—. El dictamen no prevé que los pueblos originarios perciban porcentajes de los beneficios económicos que obtenga Pemex o las empresas privadas cuando los recursos del subsuelo comprendidos en sus territorios sean explotados.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0080">14</a>La Ley en materia de transparencia es sui generis. En el artículo 32 se alude a la información geológica, la que debe ser considerada de seguridad nacional y por tanto reservada en los términos del artículo 6o., apartado A, base I, de la Constitución. Sin embargo, esa información se pone a disposición de los asignatarios y contratistas para que hagan aprovechamiento<a name="p8"></a> comercial de ella.Las normas que se refieren al contenido nacional, supuestamente para favorecer la proveeduría nacional, son opuestas al artículo 1106 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que restringe las posibilidades de establecer ese tipo de obligaciones a los inversionistas extranjeros. Son por tanto puramente retóricas.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0085">15</a>En síntesis, la Ley de Hidrocarburos es un ordenamiento que vulnera la reforma constitucional energética recientemente aprobada. Constituye un acto de traición a la patria y de pérdida de soberanía nacional. <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0090">16</a> No acarreará beneficios de ningún tipo a nuestro país y sólo producirá ventajas para las empresas trasnacionales. Con esta reforma estamos contribuyendo a garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos y no la de México.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0095">17</a>Abundo sobre las siguientes críticas específicas a la Ley de Hidrocarburos:<a name="p9"></a>1Implicaciones del concepto de propiedad originaria de la nación previsto en el artículo 27 de la Constitución en las disposiciones generales de la Ley de Hidrocarburos (artículos 1o.-5o. de la Ley)El primer párrafo del artículo 25, señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional.El párrafo primero del artículo 27 de la Constitución dice que: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación”.El párrafo tercero del mismo precepto señala: “La nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público… regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública…”.El párrafo cuarto del artículo 27 dice que “le corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales… incluyendo los hidrocarbu-ros”.El párrafo séptimo del artículo 27 establece que el dominio de la nación sobre sus recursos es inalienable e imprescriptible.El párrafo séptimo del artículo 27 —reforma de 20 de diciembre de 2013— indica que en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, aunque permite diversas formas de contratación y de participación del sector social y privado.El párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución sigue conservando el concepto de área estratégica en materia de hidrocarburos. Sin embargo, la actual redacción emplea un lenguaje simulador porque antes de la reforma constitucional de 20 de diciembre de 2013 el concepto de área estratégica implicaba que los recursos materia de ese ámbito sólo podían ser explotados por el Estado, y como se deprende del artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional energética, ahora se permitirán distintos tipos de contratos y licencias, es decir, la actividad energética no es más exclusiva del Estado.El octavo transitorio de la reforma de 20 de diciembre de 2013 dice que: 1) las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie<a name="p10"></a> y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas; y, 2) la ley preverá las contraprestaciones y las indemnizaciones por las ocupaciones.La propiedad originaria, directa, inalienable e imprescriptible de la nación sobre las riquezas del subsuelo es parte de lo que en la doctrina jurídica se denomina dominio eminente, que en palabras de Miguel Marienhoff, significa el poder supremo —la soberanía— sobre el territorio y sus recursos, sean éstos de carácter público o privado.De lo anterior se sigue que pese a la reforma constitucional de 20 diciembre de 2013:<ul class="elsevierStyleList" id="l0005"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0005">a)el Estado mantiene la rectoría económica;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0010">b)la nación conserva la propiedad originaria, directa, inalienable e imprescriptible sobre los recursos naturales (los hidrocarburos);</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0015">c)los hidrocarburos en el subsuelo son, en cualquier caso, propiedad de la nación;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0020">d)los particulares pueden intervenir en el área estratégica de los hi-drocarburos pero sin tener la rectoría de la industria de hidrocarburos, el control y la administración de las empresas productivas del Estado —ar-tículo 25, párrafo cuarto—;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0025">e)las modalidades a la propiedad y a la intervención de los particu-lares en las áreas estratégicas las dicta el Estado y deben responder a los fines del desarrollo nacional —artículo 26 constitucional—;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0030">f)las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos son de interés social y orden público, es decir, no están o no deben estar sujetas al mercado;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0035">g)los hidrocarburos al salir del subsuelo son de la nación porque la participación de los particulares en la industria es para que el Estado obtenga ingresos y con ello se contribuya al desarrollo de largo plazo de la nación. No para que los particulares obtengan en primer lugar beneficios —párrafo séptimo del artículo 27—;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0040">h)es decir, los hidrocarburos no son “commodities” sino recursos para el desarrollo nacional.</li></ul>Distintos preceptos de la Ley de Hidrocarburos violentan los anteriores principios de la Constitución y de la reforma del 20 de diciembre de 2013. Entre ellos los siguientes:<a name="p11"></a>2Las asignaciones (artículos 6o. a 10 de la Ley de Hidrocarburos)Los artículos 6o. a 10 de la Ley las regulan. El Estado no tiene por qué asignarse algo que le correspondería explotar en exclusiva por tratarse de recursos de la nación.La asignación se previó desde la reforma energética de 2008, en la anterior Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo. Sus propósitos eran, como ahora, privatizar el sector y establecer una figura jurídica importada de la legislación minera para diferenciar jurídicamente el papel de Pemex y de las empresas productivas del Estado del rol de los particulares que concurran al sector, supuestamente para darle un tratamiento más favorable a Pemex y a las empresas productivas del Estado respecto a los privados. En el fondo es una operación de simulación jurídica privatizadora que se acredita con la existencia de la migración de asignaciones a contratos.Las asignaciones debieran ser, en todo caso, la regla general y, a su vez, los contratos para exploración y extracción, la excepción —otorgarse de manera excepcional—. Sin embargo, el modelo de la Ley no está construido así, pues aun en áreas asignadas habrá contratos de servicios —ar-tículo 9o. del dictamen— y las asignaciones pueden migrar a contratos —artículo 12— del dictamen. En las migraciones se permitirán alianzas con trasnacionales —artículo 13— de la Ley.Es decir, el esquema de asignaciones está diseñado para que todo pueda ser materia de contratos. La excepción se transforma en la regla general con todas las consecuencias que ello implica en términos de pérdida de soberanía, de renta petrolera, de ingresos fiscales, etcétera.3Contratos de exploración y extracción (artículos 11-31 de la Ley de Hidrocarburos)Los contratos de exploración y producción son contrarios a los fines que prevé el párrafo séptimo del nuevo artículo 27 constitucional: que el Estado obtenga ingresos para que se contribuya al desarrollo de largo plazo de la nación, en tanto que se compartirá la renta petrolera con las empresas petroleras y los ingresos para ese desarrollo se tendrán que compartir con intereses económicos extranjeros.<a name="p12"></a>El artículo 14 de la Ley permite que las alianzas o asociaciones entre las empresas productivas del Estado se regulen por el derecho privado. Una empresa productiva del Estado debe guiarse por los principios constitucionales —interés social, desarrollo nacional, rectoría económica, orden público, desarrollo sustentable, etcétera— y no por objetivos que busquen maximizar la rentabilidad, es decir, los objetivos preponderantes tienen que ser de derecho público.El artículo 15 de la Ley permite a las empresas privadas colocar en la bolsa de valores sus acciones, lo que significa la pérdida de control de la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre la gestión y operación de las mismas.Los vehículos financieros especializados del Estado mexicano, que prevé el artículo 16 de la Ley, limitan y diluyen el control y la administración que deben tener las empresas productivas del Estado en los contratos para la exploración y la extracción de hidrocarburos en contra de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.El artículo 17 de la Ley permite que las empresas extranjeras privadas participen en los yacimientos transfronterizos, con ello se vulnera el principio de dominio eminente. Sólo a las empresas productivas del Estado debiera corresponderles esa explotación. El segundo párrafo del artículo 17 indica que la empresa productiva del Estado tendrá una participación obligatoria del 20% de inversión en el proyecto.Las causas de rescisión administrativa de los contratos de exploración y extracción contemplados en el artículo 20 violan por omisión muchos fines del proyecto nacional. Ejemplo, no son causa de rescisión: a) que no se haya consultado u obtenido el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios —artículo 2o. de la Constitución y Convenio 169 de la OIT—; o, b) no es causa de rescisión de los contratos la afectación al medio ambiente o a la salud.El artículo 21 de la Ley establece que los diferendos jurídicos se pueden resolver a través del arbitraje internacional. Pérdida de competencia para los tribunales nacionales. Violación a los artículos 94, 103, 104, 105, 106 y 107 de la Constitución. Se trata de una renuncia a la cláusula Calvo prevista en el artículo 27, fracción I, de la Constitución.El artículo 22 de la ley establece que el derecho privado es aplicable supletoriamente, lo que restringe los fines de derecho público que están previstos en la Constitución.<a name="p13"></a>El artículo 27 de la Ley permite la adjudicación directa de gas natural a los concesionarios mineros, violándose el carácter público y social que debe tener la industria de los hidrocarburos y el artículo 134 constitucional. Además se infringe el artículo 1o. de la Constitución porque se vulnera el principio de igualdad y no discriminación respecto a otros operadores. El gas grisú o metano extraído en los Estados Unidos en las minas de carbón equivale al que se extrae en México. Igualmente existe violación a la integridad territorial consagrada en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución. Existe una contradicción entre este precepto de la Ley y el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución.El diseño de la Ley en materia de contratos pone en duda la realización del dominio eminente y sus principios: la propiedad originaria, directa, inalienable e imprescriptible sobre los hidrocarburos con plena rectoría económica del Estado.4Fiscalidad de los contratosLos términos fiscales, en los contratos de exploración y extracción, a que aluden diversas disposiciones de la Ley, entre ellas, el párrafo segundo del artículo 12, así como el artículo 30 de la Ley, constituyen una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución.La referencia a los términos fiscales en el sentido de esta nueva ley es una noción ajena al derecho público nacional porque los ingresos fiscales se determinarán, en buena parte, a partir de una negociación entre las partes, sin la participación del Congreso de la Unión, como si se tratara de un acuerdo de derecho privado y no de un acto de derecho público. <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0100">18</a> El Estado queda, aunque sea en parte, despojado de sus atributos de imperio y de sus competencias en materia tributaria. Además, es de señalarse que los ingresos fiscales más importantes serán los negociados entre el Estado y los particulares en los respectivos contratos.Las razones son las siguientes:<ul class="elsevierStyleList" id="l0010"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0045">a)Existe en materia fiscal un principio de reserva de ley. Cualquier contribución debe estar prevista en la ley (“No taxation without representation”).<a name="p14"></a> No pueden convenirse contribuciones ni términos fiscales entre las partes a través de un contrato o de cualquier otro acto jurídico.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0050">b)Las contribuciones deben ser generales, proporcionales y equitativas. Una negociación entre las partes rompe de entrada los principios de la imposición. En un acuerdo, esos principios no pueden ser observados porque depende su cumplimiento de la voluntad de las partes y de lo que éstas hayan determinado, no de principios y reglas generales contemplados en la Ley.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0055">c)Además, en la Ley de Pemex y CFE se regulan los dividendos estatales que serán determinados por la Secretaría de Hacienda, lo que igualmente viola el principio de reserva de ley. Cualquier contribución debe estar prevista en la ley (“No taxation without representation”). Por otra parte, los dividendos estatales de las leyes de Pemex y CFE no derivan de ningún transitorio de la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013.</li></ul>5Información obtenida de actividades de exploración y extracción (artículos 32-35 de la Ley de Hidrocarburos)La Ley en esta materia es bastante sui generis. En el artículo 32 de la Ley se alude a la información geológica, la que debe ser considerada de seguridad nacional y por tanto reservada en los términos del artículo 6o., apartado A, base I. Sin embargo, se pone a disposición, en el artículo 33 de la Ley, a los asignatarios y contratistas para que hagan aprovechamiento comercial de ella.Por otra parte, el artículo 33 de la Ley sostiene que la Comisión Nacional de Hidrocarburos garantizará la confidencialidad de la información conforme a la regulación que emita. Esa disposición vulnera el principio de reserva de ley, previsto en el artículo 6o. de la Constitución y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues sólo por ley, una información de entidades públicas puede ser considerada reservada y/o confidencial.6Autorizaciones (artículos 36-40 de la Ley de Hidrocarburos)Se encuentran reguladas en los artículos 36 a 40 de la Ley y constituyen una excepción a la excepción. Es decir, hay actividades como la perforación<a name="p15"></a> de pozos exploratorios, la perforación de pozos en aguas profundas y ultraprofundas, así como en pozos tipo que se utilicen como modelos de diseño, en donde no será necesario obtener un contrato ni una licencia ni un permiso. En esos supuestos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos otorga una autorización. Esta figura no tiene fundamento en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia energética de diciembre de 2013 y constituye una violación al artículo 134 de la Constitución que obliga a las licitaciones públicas.En los términos del transitorio décimo segundo de la reforma constitucional en materia energética de 2013, las autorizaciones que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos suponen un cobro, que establece que tanto la CNH como la CREpodrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones.Por lo tanto, el paquete de reformas debería incluir en la Ley Federal de Derechos la lista de los montos y modalidades a cobrar por la Comisión Nacional de Hidrocarburos como derechos y aprovechamientos, y que no se quede como una facultad administrativa de la SHCP, pues es una facultad legislativa, en los términos de los artículos 31, fracción IV, y 73, fracción VII, de la Constitución.7Regulación y obligaciones dentro de las actividades estratégicas. Especial referencia al contenido nacional (artículos 41-47)Para los reguladores no existen obligaciones fuertes en defensa de la soberanía y el patrimonio nacional (salvaguarda de los derechos de los pueblos originarios, del derecho al medio ambiente o a la salud, por ejemplo la rescisión del contrato). Por el contrario, se favorece a los contratistas. El penúltimo párrafo del artículo 44 de la Ley establece la afirmativa ficta en favor de los contratistas ante la omisión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.<a name="p16"></a>En materia de contenido nacional, el artículo 46 del dictamen es retórico. Las normas que se refieren al contenido nacional como el artículo 46 de la Ley —35% de contenido nacional— y 126 y 127, son opuestas al artículo 1106 del Tratado de Libre Comercio.Un precepto legal no puede estar por encima de una norma convencional y en caso de estarlo prevalece la norma de mayor jerarquía, tal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha reconocido, entre otras, en la tesis de jurisprudencia LXXVII/1999 de 29 de octubre de ese año.En este sentido, las referencias al contenido nacional en la Ley son meramente retóricas, cuando no simuladoras.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0105">19</a>El porcentaje de contenido nacional es incongruente con los tratados internacionales así como con principios con los que México se ha comprometido en materia de comercio e inversiones. Según estas reglas, los Estados (en este caso el mexicano), no tienen derecho de imponer ningún criterio de desempeño a los inversionistas de las otras partes del tratado, como exigir una determinada proporción de contenido nacional, el asegurar una balanza positiva de divisas, transferir tecnología, destinar la producción a un mercado en particular, entre otras.Es indispensable conocer que en el contexto de la suscripción de México al GATT, el artículo III obliga a dar trato nacional a los inversionistas tanto en tributación como en reglamentación interna. Por ello, de ahí que el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (“Acuerdo sobre las MIC”), se convierta en uno de los acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías, por los que México asume una serie de prohibiciones y restricciones a su soberanía, entre las que se encuentra el hecho de que no puede limitar a los inversionistas extranjeros a una determinada obligación de contenido nacional en sus productos (obligación de trato nacional, párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994).En el caso específico del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), específicamente en el artículo 1106 se limita a los gobiernos a obligar a los inversionistas de las otras partes del Tratado, entre<a name="p17"></a> otras a:<ul class="elsevierStyleList" id="l0015"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0060">—exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0065">—alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0070">—adquirir o utilizar u otorgar preferencia a bienes producidos o a servicios prestados en su territorio, o adquirir bienes de productores o servicios de prestadores de servicios en su territorio;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0075">—relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0080">—restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a ganancias que generen en divisas;</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0085">—transferir a una persona en su territorio, tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento reservado.</li></ul>8Booking (artículo 45 de la Ley de Hidrocarburos)El artículo 5o. transitorio de la reforma constitucional en materia energética de diciembre de 2013 determina que las empresas petroleras pueden reportar para efectos contables y financieros el contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en los contratos que los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación.El artículo 45 de la Ley repite la norma transitoria constitucional pero indica que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad del Estado mexicano, lo que constituye de suyo una imprecisión constitucional con evidentes consecuencias jurídicas. Lo anterior significa que el artículo transitorio de la reforma constitucional y el correspondiente de la Ley, reducen y restringen la propiedad de la nación a los hidrocarburos en el subsuelo, a diferencia de lo que establece el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución, que indica que los hidrocarburos son inalienables e imprescriptibles —reforma de 20 de diciembre de 2013—, el que indica que en cualquier caso, pero no únicamente, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación.<a name="p18"></a><a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0110">20</a>Con apoyo en una interpretación sistemática de los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución, también son propiedad de la nación los hidrocarburos que estén fuera del subsuelo porque la renta petrolera es de la nación y no puede ser compartida con particulares, en tanto que ésta debe emplearse para los fines expresos del párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución: la participación de los particulares en la industria de los hidrocarburos es para que el Estado obtenga ingresos y para que con ellos se contribuya al desarrollo de largo plazo de la nación y no para que los particulares obtengan en primer lugar beneficios.El reportar para efectos contables y financieros el contrato correspondiente y sus beneficios esperados, aunque se afirme en los contratos que los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo son propiedad del Estado mexicano, implica la obtención de un beneficio para los particulares —la obtención de créditos en la banca internacional— contrario a los principios que orientan la participación de éstos en la industria que, como ya se dijo, son fundamentalmente para que el Estado obtenga ingresos y para que con ellos se contribuya al desarrollo de largo plazo de la nación. En este sentido, es antinómico el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional con el artículo quinto transitorio de la reforma a la carta magna, y esa colisión normativa debe ser ponderada a favor de los derechos de los gobernados (párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución).Existe una contradicción entre los artículos 8o. y 11 de la Ley de Pemex con el artículo 45 de la Ley de Hidrocarburos. En esta última parece exigirse el contrato para que sea posible realizar los asientos contables y financieros y, en cambio, en la Ley de Pemex, exclusivamente se efectúa el reporte económico, sin que tenga que acompañarse necesariamente el contrato. En los hechos, el contratista obtendrá créditos de la banca internacional garantizándolos con los recursos que son de la nación.9Permisos (artículos 48-59)La figura de permisos, prevista de los artículos 48 al 59 de la Ley de Hidrocarburos, violenta el párrafo tercero del artículo 134 de la Constitución que ordena que: las adquisiciones, los arrendamientos, las enajenaciones, la prestación de servicios y la contratación de obras, deben realizarse mediante licitaciones públicas. La ley no prevé licitación pública alguna respecto a permisos otorgados a particulares. En esta parte, la Ley<a name="p19"></a> de Hidrocarburos recoge disposiciones previas, que podemos considerar anticonstitucionales, como la que estuvo prevista en el artículo 40., párrafo segundo, de la ya no vigente Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.Según la Ley de Hidrocarburos —artículos 40., fracción XXIV, y 51 de la Ley de Hidrocarburos—, los permisos se pueden otorgar no sólo a los particulares sino a también a Pemex, empresas productivas del Estado o cualquier autoridad paraestatal, lo que demuestra que Pemex, las empresas productivas del Estado y las autoridades paraestatales concurren a los permisos como si fuesen particulares, es decir, dejarían de ser autoridades. Este ejemplo muestra, como en la legislación previa a la reforma, pero con mayores acentos, el carácter privatizador de la reforma energética secundaria, al darles tratamiento similar a las instituciones públicas y a las privadas. La reforma diluye el carácter público de las autoridades.Se debe señalar que aunque las licitaciones públicas habitualmente se aplican a las adquisiciones, el texto del artículo 134, párrafo tercero, de la Constitución indica que: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas…”. Es decir, las licitaciones públicas no sólo están previstas por la Constitución para las adquisiciones de bienes o contratación de obra, sino también para la prestación de servicios, lo que entraña que cualquier actividad que prevalentemente corresponda realizar a las instituciones públicas debe ser licitada para transparentar y combatir la corrupción en las relaciones entre las instituciones públicas y los particulares. Entender de manera restrictiva la posibilidad de realizar las licitaciones implica promover la corrupción y negar la transparencia.Los permisos, aunque existían en la legislación previa, entrañan la entrega de las otrora actividades exclusivas del Estado a manos privadas, principalmente extranjeras. Los permisos que contendrá la legislación secundaria energética equivalen en los hechos a concesiones porque confieren derechos exclusivos de explotación a empresas privadas nacionales y extranjeras sobre una buena parte de la industria energética.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0115">21</a>Dichos permisos se otorgarán por el Ejecutivo —Secretaría de Energía y Comisión Reguladora de Energía— con fuertes dosis de discrecionalidad.<a name="p20"></a> Serán fuente de corrupción y de tratos en favor a determinadas empresas con violación al principio de igualdad y no discriminación previsto en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución.La violación al derecho a la consulta de los pueblos originarios, las afectaciones al medio ambiente o a la salud no son causa de terminación o revocación de un permiso —artículo 54 de la Ley—.El cobro de contribuciones fiscales por estos permisos no se encuentra en la legislación fiscal vigente. Además, no debe olvidarse que la Ley de Hidrocarburos alude a términos fiscales que serán pactados por las partes y no estarán previstos en leyes generales.10Sistemas integrados (artículos 60 a 65 de la Ley de Hidrocarburos)La regulación de estos sistemas —artículos 60 a 65 de la Ley— entraña la constitución de un oligopolio en el sistema de transporte y almacenamiento de gas, petrolíferos y petroquímicos. La Ley de Hidrocarburos desintegra a Pemex con el propósito de poner fin al “monopolio de Estado” y este mecanismo permitirá la constitución de un oligopolio que favorecerá a las trasnacionales. Se desmantela al Estado para que éste pierda control y la administración sobre procesos de la industria de hidrocarburos y, al mismo tiempo, la Ley crea sistemas integrados de carácter particular que tendrán el control y administración de esos procesos. Lo anterior es violatorio, entre otros, del párrafo cuarto del artículo 25 constitucional. El gobierno federal perderá a merced de esos sistemas integrados buena parte del control y administración de la industria de los hidrocarburos.11Centro Nacional de Control del Gas Natural. Pérdida de competencias del Poder Legislativo (artículos 66-69)Muchas normas de la Ley —por ejemplo, el artículo décimo segundo transitorio— confieren atribuciones al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para dictar lineamientos, normas y criterios sobre las materias de la Ley. El décimo segundo transitorio faculta al Ejecutivo para expedir un decreto para crear el Centro Nacional de Control del Gas Natural.Ese tipo de atribuciones restringen las competencias del Congreso de la Unión. El artículo 73, fracción X, de la Constitución indica que lo relacionado<a name="p21"></a> con electricidad e hidrocarburos es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. El legislador federal no tiene facultades para delegar competencias que sólo a él le corresponden.12Acceso abierto (artículos 70-75 de la Ley de Hidrocarburos)Este mecanismo favorecerá a los operadores más importantes en los sistemas de transporte y almacenamiento de gas, petróleo, petrolíferos y petroquímicos. Constituye el esquema de cierre de los sistemas integrados previstos en los artículos 60 a 65 de la Ley. La regulación de estos mecanismos permitirá la constitución de un oligopolio en el sistema de transporte y almacenamiento de gas, petrolíferos y petroquímicos, además de la pérdida de control del gobierno de estos procesos, en violación al artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución.13Del expendio público (artículos 76 a 79 de la Ley de Hidrocarburos)A partir del 1o. de enero de 2015 se podrá realizar el expendio al público de petrolíferos sin que sea necesario contar con la franquicia de Pemex. Es la pérdida de control por parte del gobierno de la última fase de la industria de los hidrocarburos, en violación al artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución.14Regulación de las competencias de los reguladores en las demás actividades de la industria (en los permisos). Artículos 80 a 84 de la Ley de HidrocarburosExiste un reparto de competencias entre los reguladores que serán insuficientes para contener la voracidad y el poder de los regulados. Lo anterior por el poder político y económico de las grandes empresas trasnacionales de la energía.15Sanciones (artículos 85 a 87 de la Ley de Hidrocarburos)Consisten en multas que en muchas ocasiones serán insuficientes para inhibir las conductas sancionadas. Las sanciones no son proporcionales a las conductas sancionadas. Lo anterior violenta el artículo 22 de la Constitución.<a name="p22"></a>16Transparencia y combate a la corrupción (artículos 88 al 94 de la Ley de Hidrocarburos)La información más importante —artículos 88 a 94— de la Ley, que es el contenido de las cláusulas de los contratos y de los términos de los permisos y autorizaciones, no es pública. Lo anterior constituye una violación a los artículos 6o. de la Constitución y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.17Jurisdicción, utilidad pública y procedimientos. Pérdida de competencias de los Estados y municipios (artículos 95 a 99 de la Ley de Hidrocarburos)Las instancias arbitrales internacionales resolverán las controversias sobre los contratos de exploración y extracción y, en algunos casos, en materia de permisos. Se priva de competencia constitucional al Poder Judicial de la Federación.A nivel interno, los estados y municipios, según lo regulan los artículos 95-99 de la Ley, perderán toda competencia en favor de la Federación. Es una ley antifederalista.18Territorio. Uso y ocupación superficial (artículos 100 a 118 de la Ley de Hidrocarburos)Las regulaciones que prevén los artículos 100-118 de la Ley constituyen la vía jurídica para afectar la propiedad privada, social y de las comunidades indígenas con una finalidad no pública sino esencialmente de beneficio privado. La retórica de la Ley deriva del octavo transitorio de la reforma constitucional de diciembre de 2013, que indica que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución, las afectaciones a la propiedad sólo pueden hacerse por utilidad pública y mediante indemnización.La Ley extiende indebidamente el interés social y orden público del octavo transitorio de la reforma constitucional a toda la industria de los hidrocarburos referida a actividades que van más allá de la exploración y<a name="p23"></a> extracción —refinación, almacenamiento, transporte, comercialización, etcétera—. El artículo octavo transitorio de la reforma constitucional energética del 20 de diciembre de 2013 sólo considera de carácter preferente las actividades de exploración y extracción, pero no a todas las de la industria de los hidrocarburos.Esta extensión es inconstitucional porque no se desprende del octavo transitorio de la reforma constitucional y porque las restricciones a los derechos deben interpretarse siempre de manera estricta para no vulnerar el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución (principios de interpretación conforme y pro homine).En esta parte, la Ley contiene diversos problemas de inconstitucionalidad. Entre ellos los siguientes:<ul class="elsevierStyleList" id="l0020"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0090">a)La participación de los testigos sociales en las negociaciones no es obligatoria. Artículo 101, fracción III, de la Ley.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0095">b)La vía administrativa de constitución de servidumbre legal de hidrocarburos —artículo 108 de la Ley— es violatoria de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque, en todo caso, debe ser un juez el que la decrete. Según el artículo 17 de la carta magna, toda persona tiene derecho a que se administre justicia por un tribunal.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0100">c)El artículo 109 de la Ley alude a las materias que comprende la servidumbre legal de hidrocarburos. La norma es excesiva, contraria al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 22 de la Constitución. Las actividades que comprenda la servidumbre deben estar, una a una, justificadas para no violentar ese principio.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0105">d)No son causa de nulidad de un acuerdo sobre uso y ocupación superficial la violación al derecho a la consulta de los pueblos originarios, la inminente afectación al medio ambiente o a la salud. Lo anterior contraviene los artículos 2o. y 40. de la Constitución, así como el Convenio 169 de la OIT.</li></ul>19Del impacto social. Derechos de los pueblos originarios (artículos 118-121 de la Ley de Hidrocarburos)Los artículos 119 a 122 de la Ley de Hidrocarburos omiten referencia alguna al Convenio 169 de la OIT. La Ley pasa por alto la diferencia entre derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Según<a name="p24"></a> el derecho internacional de los pueblos originarios ciertas decisiones legislativas y administrativas que afecten a los pueblos originarios deben previamente ser sometidas al procedimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios. Sin ese requisito, las normas y decisiones son nulas de pleno derecho.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0120">22</a>La consulta previa a los pueblos originarios debió haberse realizado antes de la aprobación de la reforma constitucional en materia energética. El principio básico para este tipo de consultas es que éstas siempre deben aplicarse cuando las decisiones constitucionales, convencionales, legislativas o administrativas de los poderes y órganos del Estado puedan afectar a los pueblos y comunidades indígenas de manera directa o indirecta.Por eso conviene que el gobierno federal y los partidos que impulsaron la reforma constitucional energética de 2013 y ahora las leyes secundarias tengan presentes los dos siguientes instrumentos internacionales: la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007, y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes aprobado por la Conferencia General de la OIT. Igualmente deben asumir dos decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador resuelto el 27 de junio de 2012, y el caso Saramaka vs. Suriname, resuelto el 28 de noviembre de 2007.El 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la que establece, entre otros, los siguientes derechos de estos pueblos:Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado (artículo 19).<a name="p25"></a>Los pueblos tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u de otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma (artículo 26).A la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado (artículo 29).El 27 de junio de 1989, la 76a. Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el que fue ratificado por la Cámara de Senadores el 11 de julio de 1990, y que contempla, entre otros, los siguientes derechos a favor de los pueblos indígenas: “A ser consultados por los gobiernos, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (artículo 6o.).De acuerdo con la resolución del 27 de junio de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, la Corte señaló el alcance del derecho de consulta: debe tener carácter previo; ser de buena fe, su finalidad debe ser la de llegar a un acuerdo, adecuada y accesible; debe tomar en cuenta el impacto ambiental y la cultura indígena en cuestión, y debe ser una consulta informada que respete el resto de los derechos fundamentales. Es necesario recordar que esta resolución tuvo como objeto de litis un permiso que el Estado de Ecuador otorgó a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del pueblo Kichwa de Sarayaku.En el otro asunto, el caso Saramaka vs. Suriname (sentencia de 28 de noviembre de 2007), la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado de Surinam por no garantizar el derecho a la propiedad tradicional de esa comunidad y también se pronunció sobre el deber de consultar, pues en lo que antes eran sus territorios ancestrales se expidieron licencias para la explotación maderera. En este asunto, la Corte consideró que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión<a name="p26"></a> a gran escala que tendrán un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe de obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones.La diferencia entre la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado reside en que este último es obligatorio para que los actos jurídicos del Estado sean válidos. Si no hay consentimiento previo, libre e informado no existe la validez jurídica. Por esa razón, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana ha declarado “inexequibles” o inválidos tratados internacionales firmados y ratificados por Colombia, por no haber consultado a los pueblos y comunidades indígenas cuando estos instrumentos les afectaban.¿En qué casos se requiere del consentimiento libre, previo e informado? Desde luego cuando se trata de normas jurídicas constitucionales, convencionales, legales o administrativas, o de proyectos que sean susceptibles de causar grandes impactos en los derechos de los pueblos originarios. Nosotros estimamos que la reforma constitucional en materia energética de 2013 debió haberse sometido al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas de México antes de ser aprobada, porque la reforma establece en su articulado, la explotación de vastos territorios, algunos de ellos con población indígena y esas explotaciones tendrán, sin lugar a dudas, impactos en los derechos de los pueblos: a sus derechos de propiedad, a los derechos al medio ambiente, a los derechos a la salud, a los derechos a su identidad y cultura, entre otros.El Convenio 169 de la OIT, también indica que los pueblos tienen derecho: “a que el Estado proteja especialmente su derecho sobre los recursos naturales existentes en sus tierras. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos” (artículo 15).El Convenio 169 igualmente dice que los pueblos tienen derechoA que el Estado los consulte antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras a fin de determinar si sus intereses serán perjudicados y en qué medida. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa<a name="p27"></a> por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades (artículo 15).Esos y otros derechos de las comunidades y los pueblos indígenas están en riesgo. La reforma constitucional energética de 2013 y la legislación secundaria no han sido sometidos antes de su aprobación ni a consulta ni a los procedimientos —previos, libres e informados— que permitan a los pueblos originarios otorgar su consentimiento, tal como reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios y el Derecho Comparado —caso Colombia—.Llama la atención que el artículo 120 de la Ley permita que en la consulta participen los particulares. En la consulta debe ser conducida por el Estado y de preferencia por una autoridad no involucrada en el sector. Nosotros proponemos que sea la autoridad electoral nacional —INE—.Aunque el artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos alude a la consulta previa, libre e informada, no establece la hipótesis normativa referente al supuesto de que el pueblo originario rechace o no acepte el proyecto. Ese supuesto no existe en la Ley. La resolución de la consulta, como se desprende de la Ley, será siempre favorable al proyecto, aunque se vulneren los derechos de las comunidades y éstas no quieran la realización del proyecto. El carácter preferente de la industria energética según el artículo 8o. transitorio de la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013 en materia energética, está por encima de cualquier otro derecho y consideración, aunque se trate de pueblos originarios.Igualmente es destacable que no se considere dentro de las causas de revocación o rescisión de contratos, permisos, licencias o autorizaciones, la violación al derecho de consulta o la omisión del consentimiento, previo, libre e informado. Tampoco son causas de rescisión o revocación el daño al medio ambiente o a la salud.20Cobertura social (artículos 122 a 128 de la Ley de Hidrocarburos)Se establecen obligaciones a las empresas productivas del Estado para generar beneficios sociales pero no a los contratistas ni a los permisionarios que sólo reciben ventajas. Aquí se pierde la simetría y la igualdad. Son disposiciones violatorias del principio de igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución.<a name="p28"></a>21Favorecimiento y ventajas sin fin a los contratistasSe elimina como causal de revocación de una asignación que se envíe de forma “dolosa” la información, dejándolo bajo el término “injustifica-da”, y se elimina que se realice “de manera sistemática” (artículo 10 para asignaciones, y artículo 20 para contratos).Se suavizan las causales de rescisión de los contratos en la Ley. Ya no se incorpora el término “doloso” que estaba en la iniciativa. El dolo implica responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales (véase el artículo 214 del Código Penal en materia de información).Se elimina el principio de que los términos fiscales de los contratos de exploración “permitan a la nación obtener, en el tiempo, ingresos que contribuyan a su desarrollo a largo plazo” (artículo 12, segundo párrafo).Este cambio rompe con el principio constitucional previsto en la propia reforma de diciembre de 2013, que en su artículo 27, séptimo párrafo, señala queTratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos del Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.También contradice lo establecido en el transitorio cuarto de la reforma constitucional en materia energética ya mencionada, pues éste señala que:Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto, entre ellas, regular las modalidades de contratación, que deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la nación, las actividades<a name="p29"></a> de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de esta Constitución. En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la nación.…La nación escogerá la modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley establecerá las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas del Estado o los particulares y regulará los casos en que se les impondrá el pago a favor de la nación por los productos extraídos que se les transfieran.Se elimina la restricción de que “los contratos para exploración y extracción se regularán (exclusivamente) por lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento”.Esta eliminación deja la puerta abierta a que los contratos puedan ser regulados por diversa legislación, incluso extranjera, en los términos de los tratados internacionales en materia comercial.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0125">23</a> Esta práctica puede dar pie a que se le esté proveyendo de competencia indirecta a tribunales internacionales para la resolución de controversias.Las experiencias internacionales nos pueden dar luz al respecto, como el caso argentino en la época de Menem, generó una nueva Ley de Inversiones Extranjeras y se adhirió al CIADI, reasignando la soberanía jurisdiccional nacional en su trato con las inversiones extranjeras, mediante<a name="p30"></a> Tratados de Promoción de Inversiones (TBI). Los TBI se firmaron con una duración de 10 años, pero si no se expresa o “denuncian”, se prorrogan automáticamente por un año, dos, y así sucesivamente. Estos tratados ofrecen fundamentalmente derechos de protección con un estándar mínimo: trato justo y equitativo (trato nacional), compensación en caso de expropiación y libre transferencia de divisas al exterior.22Derecho a la libre determinación y al desarrolloEl artículo 1o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé los derechos a la libre determinación y al desarrollo de los pueblos. En su parte conducente, el precepto indica: “Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos na-turales… para promover su desarrollo económico, social y cultural”. Igual precepto se repite en el artículo 1o. del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Lo anterior significa que los intereses de la nación y de la colectividad prevalecen sobre los intereses individuales y cualquier acto de explotación de esos recursos debe orientarse hacia los fines sociales.En el mismo sentido, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986, postula en el párrafo segundo de su primer artículo que:El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0130">24</a>En estas condiciones, tanto la reforma constitucional energética como la legislación secundaria, limitan los derechos a la libre determinación y al desarrollo del pueblo de México.<a name="p31"></a>23Modificaciones a la Ley de Inversión ExtranjeraSon para permitir la inversión extranjera al 100% en toda la cadena de la industria de hidrocarburos.24Modificaciones a la Ley MineraImplican que la minería ya no sea la actividad preferente. La industria de los hidrocarburos y la eléctrica tienen ahora ese carácter.25Modificaciones a la Ley de Asociaciones Público-PrivadasEs para que este esquema no pueda utilizarse en la exploración y extracción de hidrocarburos.IIILey de la Industria EléctricaEn cuanto a su contenido, la Ley de la Industria Eléctrica propone la desarticulación de la industria eléctrica nacional.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0135">25</a> El artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia energética de 2013 previó la separación legal de la industria eléctrica. La Ley va más allá y de manera inconstitucional establece la separación operativa de la industria eléctrica que hasta ahora funciona como un todo integrado. Las finalidades de esta desarticulación de la industria eléctrica nacional son: 1) el reparto de las etapas de la industria —generación, transmisión, distribución y comercialización— entre muchos operadores privados, principalmente extranjeros; 2) el incremento de los precios finales por la participación de una pluralidad de operadores en cada uno de los tramos de la industria eléctrica;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0140">26</a> 3) las posibilidades de conflicto entre los distintos operadores que participarán en cada fase de la industria; y, 4) los problemas de desabasto<a name="p32"></a> que propicia la participación de múltiples operadores en la industria.Constitucionalmente, la Ley de la Industria Eléctrica tiene en términos generales las siguientes deficiencias:Se priva al Congreso de facultades. El Congreso tiene facultad para legislar en materia de contribuciones —artículo 73, fracciones VII y XXIX.5 a), de la Constitución—, para legislar en materia de comercio —artículo 73, fracción IX, de la Constitución— y para legislar en materia de electricidad —artículo 73, fracción X, de la Constitución—. Sin embargo, la Ley de la Industria Eléctrica contiene disposiciones que otorgan inconstitucionalmente a la Secretaría de Energía o a la Comisión Reguladora de Energía este tipo de atribuciones, pues estas entidades, según la Ley, pueden emitir normas generales y abstractas en materia de energía, comercio y contribuciones.Se vulneran los derechos de las autoridades locales, se trata de una ley antifederalista. El artículo 7o. de la Ley no concede competencia alguna a las autoridades municipales ni a las estatales. Existe en la ley una clara orientación antifederalista, pues en contravención al artículo 115 de la Constitución, el artículo 39 de la Ley de la Industria Eléctrica, faculta a transportistas y a distribuidores a realizar trabajos en espacios públicos —calles, calzadas, jardines, plazas— sin recabar previamente las autorizaciones municipales.La retórica del contenido nacional. Diversas disposiciones de la Ley contienen normas para garantizar los porcentajes mínimos de contenido nacional para supuestamente beneficiar a la industria nacional —por ejemplo, artículo 11, fracción XXI, y 30 de la Ley—. Esas disposiciones son contrarias a los artículos 1106 y 1110 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (el primero prohíbe los porcentajes de contenido nacional entre los países que forman parte del TLC y el segundo establece salvaguardas a la inversión extranjera). Los tratados internacionales tienen jerarquía superior a la ley.Se privatiza la red de transmisión y de distribución de energía eléctrica. El artículo 35 de la Ley permite que particulares realicen aportaciones para obras, ampliaciones o distribución de la red de energía eléctrica. La red queda privatizada y el control del gobierno se limita, entre otras cosas, porque los empresarios recibirán ingresos por la venta de las obras en los términos de las reglas del mercado.<a name="p33"></a>Violación al debido proceso. El artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica permite, en algunas hipótesis, a los transportistas y a los distribuidores suspender a los usuarios finales el servicio de energía eléctrica, sin intervención previa de autoridad alguna. Lo anterior violenta, entre otros, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución. No existe garantía del debido proceso.Servidumbre legal para fines privados. El artículo 42 de la Ley de la Industria Eléctrica permite las servidumbres legales para beneficiar a los transportistas y distribuidores. La propiedad privada, pública, social o indígena queda subordinada a la actividad energética.La consulta a los pueblos originarios no es vinculante. El artículo 117 de la Ley de la Industria Eléctrica establece el derecho a la consulta, en caso de ocupación de tierras o servidumbres que afecten a las tierras de los pueblos originarios, pero sin garantizar los principios del Convenio 169 de la OIT. La Ley no establece que la consulta sea vinculante, no la distingue del consentimiento previo, libre e informado; tampoco señala que los pueblos originarios recibirán un porcentaje amplio de los beneficios que reciban las empresas por sus negocios. De manera inconstitucional se permite que en la consulta participen los particulares que van a afectar las tierras de los pueblos.La Ley implicará la entrega de la industria eléctrica al capital extranjero: estadounidense y español. El Estado mexicano perderá el control de la industria. Los precios de la electricidad no disminuirán y, por la multiplicidad de agentes en la industria con participación en tramos diferenciados, existe alta probabilidad de desabasto con afectación a los consumidores y al pueblo de México.Si particularizamos las violaciones constitucionales, señalamos lo siguiente:<ul class="elsevierStyleList" id="l0025"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0110">—Violaciones a las competencias del Congreso. El Congreso tiene facultad para legislar en materia de contribuciones —artículo 73, fracciones VII y XXIX.5—, para legislar en materia de comercio —ar-tículo 73, fracción IX— y para legislar en materia de electricidad —artículo 73, fracción X—. Sin embargo, la Ley de la Industria Eléctrica contiene disposiciones que otorgan inconstitucionalmente a la Secretaría de Energía o a la Comisión Reguladora de Energía este tipo de atribuciones.<a name="p34"></a></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0115">—El artículo 3o., fracción XVII, alude a las bases del mercado eléctrico.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0120">—El artículo 3o., fracción XLIX, se refiere a las tarifas o contraprestaciones —contribuciones— que serán determinadas por la Comisión Reguladora de Energía para los servicios de transmisión, distribución, operación de los suministradores y operación del Centro Nacional para el Control de Energía. Se trata de competencias fiscales que son del Congreso de la Unión que no deben estar sujetas al mercado o a las determinaciones de una autoridad administrativa.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0125">—El artículo 6o. de la ley confiere facultades de regulación a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0130">—El artículo 10 de la Ley señala que la Comisión Reguladora de Energía emitirá disposiciones administrativas generales para regular la información. Lo anterior infringe el artículo 6o. de la Constitución en materia de reserva de ley sobre acceso a la información y transparencia.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0135">—El artículo 11, fracción XL, de la ley faculta a la Secretaría de Energía para expedir disposiciones administrativas de carácter general en relación con las atribuciones que le confiere la ley. Lo anterior es contrario al artículo 73, fracción X, de la Constitución que otorga al Congreso la facultad de legislar en materia de electricidad.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0140">—El artículo 12, fracción XVII, de la Ley de la Industria Eléctrica faculta a la Comisión Reguladora de Energía para emitir la regulación que valida la titularidad de los Certificados de Energías Limpias, lo que es contrario al artículo 73, fracción X, de la Constitución.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0145">—Igualmente las fracciones XXVI, XXVII y XLV del artículo 12 de la ley confieren atribuciones de regulación general a la Comisión Reguladora de Energía en oposición al artículo 73, fracción X, de la Constitución, pues el Congreso tiene facultades para legislar en materia de energía.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0150">—El artículo 132 de la Ley faculta a la Comisión Reguladora de Energía, a establecer normas generales en materia de estandarización y normalización del servicio eléctrico nacional cuando se trata de competencias del Congreso, según lo determina la fracción X del artículo 73 de la carta magna.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0155">—Se exceden las previsiones del artículo 8o. transitorio de la reforma constitucional en materia energética que señala que sólo la transmisión<a name="p35"></a> y distribución de energía eléctrica son de interés social y de orden público. El artículo 8o. transitorio de la reforma constitucional en materia energética, publicada el 20 de diciembre de 2013, sólo indica que la transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de interés social y orden público. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 40. de la Ley dice que las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control del sistema eléctrico nacional son de utilidad pública.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0160">—Carácter complementario y supletorio del derecho mercantil y del derecho civil federal. Privatización jurídica de lo público. El párrafo segundo del artículo 5o. de la ley dice: “En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio Y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal”.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0145">27</a></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0165">—Ley antifederalista. El artículo 7o. del dictamen no concede competencia alguna a las autoridades municipales ni a las estatales. Existe en el dictamen una clara orientación antifederalista.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0170">—Desvertebración de la industria eléctrica nacional. El artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia energética —20 de diciembre de 2013— prevé la separación legal para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico pero no la separación contable, operativa o funcional como lo hace el artículo 8o. de la Ley. Las finalidades de esta desarticulación de la industria eléctrica nacional son: 1) la desarticulación la industria; 2) el incremento de los precios finales por la participación de una pluralidad de operadores en cada uno de los tramos de la industria eléctrica; 3) las posibilidades de conflicto entre los distintos operadores que participarán en cada fase de la industria; y, 4) los problemas de desabasto que propicia la participación de múltiples operadores en la industria.<a name="p36"></a></li></ul>Lo anterior es contrario al párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución que garantiza el abasto de materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular.Las causas de separación legal de un operador de la industria no incluye las violaciones al medio ambiente, a la salud, a los derechos de los trabajadores o a los derechos de los pueblos originarios. El artículo 9o. de la ley no contempla las causales anteriores para separar a un integrante de la industria eléctrica nacional. Lo que puede ser violatorio de los artículos 2o., 40. y 123 de la Constitución así como al Convenio 169 de la OIT.Contenido nacional. Diversas disposiciones de la ley de la Industria Eléctrica contienen normas para garantizar los porcentajes mínimos de contenido nacional —por ejemplo, los artículos 11, fracción XXIII, y 30 de la Ley—. Esas disposiciones son contrarias a los artículos 1106 y 1110 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que establecen salvaguardas a la inversión extranjera y que restringen los porcentajes de contenido nacional.El gobierno pierde el control de la industria eléctrica. De acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley, el Estado ejercerá el control operativo del sistema eléctrico nacional a través del Centro Nacional de Control de Energía, mismo que podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que presten servicios “auxiliares” a la operación del mercado eléctrico mayorista. Es decir, el gobierno compartirá el control de la industria eléctrica nacional con particulares en franca violación del párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución que determina que serán las empresas productivas del Estado las que deben tener ese control.Centrales eléctricas privadas que pueden operar sin permisos. El primer párrafo del artículo 17 y los artículos 21, 22 y 25 de la Ley de la Industria Eléctrica establece que hay centrales eléctricas de cualquier capacidad que pueden operar sin permiso en emergencias o interrupciones en el suministro eléctrico. Lo anterior significa también la pérdida de control del gobierno federal en tramos y actividades de la industria eléctrica nacional en oposición al párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.Las reglas del mercado se hacen equivaler al interés público. Distintos preceptos de la ley —los artículos 17 o 23, por ejemplo— aluden a reglas de mercado que se considera son de cumplimiento necesario por los operadores de la industria eléctrica. Las reglas del mercado son de interés<a name="p37"></a> público y representan el fundamento del funcionamiento de la industria eléctrica. Ni los derechos de los consumidores ni el abasto ni los principios económicos de la Constitución que aún subsisten en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la carta magna son fundamento de la industria eléctrica.Tarifas que son expedidas por la Comisión Reguladora de Energía y no por el Congreso de la Unión. La Comisión Reguladora de Energía establecerá las tarifas por la prestación del servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica. Se trata de las contraprestaciones que pagan los prestadores de los servicios y los usuarios. De acuerdo con las fracciones VII y XXIX.5 a) del artículo 73 de la Constitución, las contribuciones sobre energía eléctrica son competencia del Congreso de la Unión. En la Ley de la Industria Eléctrica, las tarifas —contribuciones— son competencia de una instancia del Ejecutivo y están sujetas a los vaivenes del mercado. Son contribuciones que no satisfacen las condiciones de generalidad y equidad que deben establecer las leyes, lo que es opuesto al artículo 31, fracción IV, de la Constitución.Por otra parte, se transgrede el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución que indica:Las leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto…Lo que significa que aún si las tarifas no se entienden como contribuciones, sólo por ley es posible establecer las bases que las norman. Es decir, sólo el Congreso puede regular las bases de la determinación de una tarifa. No es una competencia de las instancias del Ejecutivo y mucho menos de los particulares.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0150">28</a>Entre otros, los artículos 137 a 147 de la Ley establecen la regulación de las tarifas a favor de la Comisión Reguladora de Energía.Los transportistas y los distribuidores no tendrán responsabilidad por los costos que ocurran en el mercado eléctrico mayorista. El artículo 28 de<a name="p38"></a> la Ley exime a los transportistas y a los distribuidores de responsabilidad por los costos que ocurran en el mercado eléctrico mayorista como resultado de caso fortuito o fuerza mayor. La Ley no señala qué autoridad es competente para determinar el caso fortuito o la fuerza mayor. Este tipo de disposiciones contribuyen a reducir las exigencias gubernamentales y, por tanto, el control a los particulares sobre el servicio público de energía eléctrica. La norma es indicativa de la privatización de lo público porque somete a las reglas del derecho privado el tratamiento del servicio público de energía eléctrica.Se privatiza la red de transmisión y de distribución de energía eléctrica. El artículo 35 de la Ley de la Industria Eléctrica permite que particulares realicen aportaciones para obras, ampliaciones o distribución de la red de energía eléctrica. La red queda privatizada y el control del gobierno se limita, entre otras cosas, porque los empresarios recibirán ingresos por la venta de las obras en los términos de las reglas del mercado.El Centro Nacional de Control de Energía asume competencias hacendarias. De acuerdo con el artículo 36 de la ley, la Cenace administrará los derechos financieros de transmisión, en los términos que establezcan las reglas del mercado. Para la administración de las finanzas públicas nacionales existe una pérdida en el control y supervisión de las autoridades hacendarias del país en favor de un organismo que administra esos derechos financieros bajo reglas de mercado.Se faculta a los transportistas y a los distribuidores a realizar obras y trabajos en espacios públicos sin las autorizaciones de los municipios. En contravención al artículo 115 de la Constitución, el artículo 39 de la Ley de la Industria Eléctrica faculta a transportistas y a distribuidores a realizar trabajos en espacios públicos —calles, calzadas, jardines, plazas— sin recabar previamente las autorizaciones municipales.Violación al debido proceso. El artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica permite, en algunas hipótesis, a los transportistas y a los distribuidores suspender a los usuarios finales el servicio de energía eléctrica, sin intervención previa de autoridad alguna. Lo anterior violenta, entre otros, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución. No existe garantía del debido proceso.El artículo 108, fracción XXVII, de la Ley faculta al Centro Nacional para el Control de la Energía a restringir o suspender la participación en<a name="p39"></a> el mercado eléctrico a los participantes en él, sin que se garantice el debido proceso.Servidumbres legales para fines privados. El artículo 42 de la Ley de la Industria Eléctrica permite las servidumbres legales para beneficiar a los transportistas y distribuidores. La propiedad privada, pública, social o indígena queda subordinada a la actividad energética, en cumplimiento del octavo transitorio de la reforma constitucional energética de 20 de diciembre de 2013, pero en oposición a los artículos 2o. y 27 de la Constitución.Los artículos 71 a 89 de la ley regulan las servidumbres y existen artículos como el 78 que autorizan las servidumbres legales por vía administrativa en violación al artículo 17 de la Constitución que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva.La servidumbre legal que prevé la Ley —artículos 79 y 82— es excesiva y contraria al artículo 22 de la Constitución por desproporcionada. Cualquier actividad de la industria eléctrica puede dar motivo a la constitución de una servidumbre.Los acuerdos sobre los predios entre los dueños o poseedores y las empresas privadas no se consideran nulos —artículos 87 y 88 de la ley— cuando se violen derechos humanos en materia de medio ambiente, salud, derechos de los trabajadores o derechos de los pueblos originarios. Todo ello en violación a los artículos 2o., 40. y 123 de la Constitución y en oposición al Convenio 169 de la OIT.Los privilegios de los usuarios calificados. De acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Industria Eléctrica, existen usuarios calificados, los que tendrán un tratamiento diferenciado de los usuarios de suministro básico. La distinción, entre unos y otros, corresponde a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía y se basa en el consumo o la demanda de energía. La distinción puede constituir un privilegio, o bien, una discriminación por razones sociales, opuesta al principio de igualdad que garantiza el artículo 1o. de la Constitución.Pequeños sistemas eléctricos sin control del gobierno. Los artículos 65 a 67 de la Ley de la Industria Eléctrica regulan los pequeños sistemas eléctricos que no se encuentran conectados a la red nacional de transmisión. Aunque los pequeños sistemas eléctricos suministran energía al público en general no forman parte de la red y por tanto tienen autonomía de ella. Lo anterior violenta el principio de control del gobierno sobre los procesos<a name="p40"></a> de la industria eléctrica. La rectoría económica del Estado sobre el desarrollo nacional que garantiza el artículo 25 constitucional desaparece.Las tarifas pueden ser cobradas por los transportistas y los distribuidores. El artículo 146 de la Ley de la Industria Eléctrica, además de facultar inconstitucionalmente a la Comisión Reguladora de Energía, a establecer tarifas —facultad que corresponde al Congreso según la fracción VII y XXIX, 5 a) del artículo 73 de la Constitución— faculta a los privados —transportistas y distribuidores— a cobrarlas. Es decir, los transforma en autoridades recaudadoras del fisco nacional.El pretendido fomento a la industria nacional. Las disposiciones previstas en los artículos 90 a 93 de la Ley proponen proteger las inversiones de la industria nacional. Se trata de normas retóricas que no asumen plenamente el contenido del artículo 1110 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de otros tratados que protegen las inversiones extranjeras. La regulación de la Ley de la Industria Eléctrica a este respecto, pasa por alto que no se pueden imponer requisitos de desempeño a la inversión extranjera.La operación del mercado eléctrico mayorista se sujeta a las reglas del mercado. Los artículos 94 a 106 de la Ley de la Industria Eléctrica establecen que el mercado eléctrico mayorista se sujeta a las reglas del mercado y no a los principios de rectoría económica del Estado para el desarrollo nacional, lo que constituye una violación al capítulo económico de la Constitución, principalmente al artículo 25.La excepcionalidad en materia de adquisiciones es contraria al artículo 134 de la Constitución. El artículo 106 de la Ley de la Industria Eléctrica establece que las adquisiciones que el sector público realice dentro del mercado eléctrico mayorista no están sujetas a las reglas generales de la ley correspondiente. Esta disposición es violatoria del artículo 134 de la Constitución porque las compras del sector público deben realizarse mediante licitaciones públicas. El artículo 106 de la Ley será fuente de corrupción.La obligación para garantizar el servicio universal de energía es del gobierno federal y no de los particulares. El artículo 113 de la Ley de la Industria Eléctrica determina que la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas es del gobierno federal. Es decir, las obligaciones son para el gobierno federal y los negocios para los inversionistas privados. En esta norma se sintetiza la privatización del sector eléctrico nacional: privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas.<a name="p41"></a>La consulta a los pueblos originarios no es vinculante y tampoco se establecen beneficios y reparto de ellos a los indígenas por la ocupación de sus tierras. El artículo 119 de la ley establece el derecho a la consulta pero sin garantizar los principios del Convenio 169 de la OIT. La ley no establece que sea vinculante, no la distingue del consentimiento previo, libre e informado y tampoco señala que los pueblos originarios recibirán el 50% de los beneficios que reciban las empresas. De manera incorrecta permite que en la consulta participen los particulares.Las competencias de energías limpias son retóricas y transgreden las competencias del Congreso. Los artículos 121 a 129 de la Ley regulan obligaciones medioambientales para las empresas. Dichas normas son violatorias de los artículos 40. y 73, fracción XXIX G, porque la competencia para dictar normas generales en materia de medio ambiente es del Congreso y no de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Permisos. Los artículos 130 y 131 de la Ley de la Industria Eléctrica regulan los permisos. Cabe decir que el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución, cuando alude a la participación de particulares en la industria eléctrica, establece la figura de contratos para esos efectos y no la de permisos. Los permisos devienen del décimo transitorio de la reforma constitucional en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013.Los permisos violentan el artículo 134 de la Constitución porque se otorgan sin licitación pública y son, por su discrecionalidad, fuente de corrupción.Se restringen las inversiones de las empresas productivas del Estado. De acuerdo con el artículo 150 de la Ley, las empresas productivas del Estado pueden ser limitadas a efecto de no realizar inversiones, lo que restringe sus posibilidades de competencia. Esa disposición violenta las reglas del libre mercado que dice impulsar la Ley y trastoca el principio de igualdad con las trasnacionales dedicadas al ramo eléctrico, principio que garantiza el artículo 1o. de la Constitución.Las figuras de la intervención y la requisa son inconstitucionales. Estas figuras se prevén en los artículos 151 a 156 de la Ley de la Industria Eléctrica y son inconstitucionales porque infringen el debido proceso. Son violatorias de los artículos 14, 16, 17 y 29 de la Constitución.Transparencia. El artículo 159 de la Ley permite que la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía regulen<a name="p42"></a> las modalidades de información mínima. Esa norma dota de facultades cuasi legislativas a la CRE y es violatoria del artículo 6o. de la Constitución y del 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establecen un principio de reserva de ley en materia de transparencia.Sanciones. Los artículos 162 a 169 contienen, entre otras, las siguientes deficiencias:<ul class="elsevierStyleList" id="l0030"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0175">a)Nunca establecen como causa de sanción la violación a los derechos fundamentales de los pueblos originarios, al medio ambiente, a la salud o al trabajo.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0180">b)Establecen códigos de ética que son violatorios de los artículos 109 y 113 de la Constitución porque las responsabilidades deben ser materia de ley y no de normas administrativas.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0185">c)Las sanciones consisten en multas que no son proporcionales a las conductas realizadas. No se garantiza el principio de proporcionalidad del artículo 22 de la Constitución.</li></ul>Transitorios. El quinto transitorio que crea el Centro Nacional de Control de Energía violenta los artículos 90 y 73, fracción X, de la carta magna. Sólo por ley pueden regularse organismos público descentralizados en materia de energía. El quinto transitorio establece que será un decreto del Ejecutivo.IVLey de Energía Geotérmica y reformas a la Ley de Aguas NacionalesNo tiene fundamento constitucional el carácter preferente de explotación de la energía geotérmica. El artículo 40. de la Ley de Energía Geotérmica que regula el carácter preferente para la explotación de la energía geotérmica es inconstitucional porque no tiene fundamento en la carta magna. El artículo 8o. transitorio de la reforma constitucional en materia energética —Diario Oficial del 20 de diciembre de 2014— sólo otorga el carácter de preferente a la exploración y extracción de los hidrocarburos y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. No existe, por tanto, base constitucional para considerar preferente la generación de energía eléctrica a través de la geotermia.Se permite explotar inconstitucionalmente subproductos sin concesión. De acuerdo con el artículo 5o. de la Ley se podrá aprovechar los subproductos que se descubran con motivo de las actividades que prevé<a name="p43"></a> la Ley sin concesión. Según el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, la explotación, uso o el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo sólo podrá realizarse mediante concesiones. Es decir, el aprovechamiento de los subproductos de la geotermia únicamente puede ser aprovechado mediante concesiones.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0155">29</a>Los permisos y registros que regula la Ley son antinómicos con el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0160">30</a> Los artículos 8o. a 25 de la Ley de Energía Geotérmica se oponen al párrafo 6o. del artículo 27 de la Constitución, pues la explotación, uso o el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo sólo podrá realizarse mediante concesiones y no mediante registros o permisos. Es verdad que el artículo 10 transitorio de la reforma constitucional en materia energética de diciembre de 2013 faculta a la Comisión Reguladora de Energía a expedir permisos respecto a la generación de electricidad. Sin embargo, en el caso de la geotermia, la facultad, según la Ley, es de la Secretaría de Energía, lo que demuestra el carácter inconstitucional de sus competencias en esta materia.Mercado inconstitucional de las concesiones. El artículo 29 de la Ley permite la cesión de derechos de las concesiones sin que se obtenga una nueva concesión —bastará una autorización de la Secretaría de Ener-gía—. La norma propiciará la compraventa de las concesiones y es además inconstitucional porque el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución determina que la explotación, uso o el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo sólo podrá realizarse mediante concesiones y no mediante autorizaciones.Las causas de terminación de las concesiones no establecen como motivo de su fin la violación a los derechos de los pueblos originarios, la afectación al medio ambiente o a la salud. El artículo 38 de la Ley prevé las causas que dan lugar a la terminación de una concesión. Sin embargo, a pesar de su importancia, no son causa de terminación de las mismas la violación a los derechos de los pueblos originarios —se viola el Convenio<a name="p44"></a> 169 de la OIT— ni las afectaciones al medio ambiente o a la salud, lo que transgrede el ordenamiento jurídico nacional y convencional a ese respecto.El procedimiento para la revocación y caducidad de las concesiones viola el debido proceso. Según el artículo 40 de la Ley, la revocación y caducidad de las concesiones geotérmicas son declaradas administrativamente por la Secretaría de Energía. Es decir, se trata de un procedimiento que es resuelto por la autoridad administrativa y no por un juez, a través de las reglas del debido proceso. Lo anterior violenta los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución.Se viola el principio nulla poena sine lege. El artículo 62 de la Ley establece que las infracciones a la Ley y a sus disposiciones reglamentarias podrán ser sancionadas administrativamente. Esa norma viola el párrafo tercero artículo 14 de la Constitución, pues las sanciones de carácter punitivo sólo pueden ser previstas en ley y no en reglamentos.Privatización del derecho público. El artículo 66 de la Ley considera que es aplicable supletoriamente la legislación mercantil y la civil, lo que diluye el carácter de derecho público de la materia geotérmica. Se trata de la privatización del derecho público como en el resto de la reforma energética.Violación del artículo 81 de la Ley de Aguas nacionales al párrafo sexto de la Constitución. El artículo 81 de la Ley de Aguas Nacionales regula permisos de obra para los pozos exploratorios. El párrafo 6o. del artículo 27 de la Constitución determina que cualquier uso o aprovechamiento de los recursos del subsuelo debe darse a través de la figura de concesión y no de permisos.VLey de Petróleos Mexicanos y Ley de la Comisión Federal de ElectricidadLa reforma energética 2013-2014 significa la demolición de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que establecen que la nación es la propietaria de los hidrocarburos, y que señalaba que éstos en exclusiva debían ser explotados por el Estado a través de sus organismos públicos.<a name="p45"></a>La reforma propone eliminar cualquier independencia energética de nuestro país, lo que implicará subordinarnos a la política energética hegemónica de los Estados Unidos.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0165">31</a>El modelo privatizador y desnacionalizador de la reforma recomendada por la OCDE, se resume en tres elementos: 1) privatización de los objetivos de la industria energética nacional; 2) privatización de sus estructuras; y, 3) privatización de los instrumentos de operación. <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0170">32</a>Primero. Los objetivos de la industria energética nacional se privatizan porque asignan a Pemex y a CFE características corporativas de empresa privada.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0175">33</a> Se diluye el carácter público de Pemex y CFE, se homologan sus objetivos y la de los organismos del sector a los de las empresas privadas. En éstas el objetivo es extraer y vender recursos energéticos con la mayor rapidez para “maximizar la ganancia”. Pemex y CFE ya no mantendrán su naturaleza pública con el fin de ser la palanca del desarrollo nacional sino empresas cuasi privadas que no se guiarán por el principio orientador de salvaguarda del interés general sino por el derecho privado y por las disposiciones de los tratados comerciales y de inversión foránea.Dicen los artículos 40. de ambas leyes que las empresas productivas tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales. En esas leyes se prescinde de los fines constitucionales, que son: el Estado mantiene la rectoría económica; la nación conserva la propiedad originaria, directa, inalienable e imprescriptible sobre los recursos naturales (los hidrocarburos); los hidrocarburos en el subsuelo son, en cualquier caso, propiedad de la nación; los particulares pueden intervenir en el área estratégica de los hidrocarburos pero sin tener la rectoría de la industria de hidrocarburos, el control y la administración de las empresas productivas del Estado — artículo 25, párrafo 40.—; las modalidades a la propiedad y a la intervención de los particulares en las áreas estratégicas las dicta el Estado y deben<a name="p46"></a> responder a los fines del desarrollo nacional —artículo 26 constitucio-nal—; las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos son de interés social y orden público, es decir, no están o no deben estar, sujetas al mercado; los hidrocarburos al salir del subsuelo son de la nación porque la participación de los particulares en la industria es para que el Estado obtenga ingresos y con ello se contribuya al desarrollo de largo plazo de la nación, no para que los particulares obtengan en primer lugar beneficios —párrafo 7o. del artículo 27—; los hidrocarburos no son “commodities” sino recursos para el desarrollo nacional.Segundo. Se privatizan las estructuras porque se privatiza la organización. Las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos y de CFE constituyen un régimen jurídico de excepción. Pemex y CFE tendrán un régimen de adquisiciones, presupuestal y patrimonial específico, distinto al resto del sector público nacional. Se crea un Consejo de Administración en ambas empresas productivas, cuyos “consejeros independientes” están regulados de forma distinta al resto de los servidores públicos en materia de rendición de cuentas, transparencia, salarios, responsabilidades e inmu-nidades—. Esta estructura es para que el Estado y el gobierno pierdan el control sobre la industria energética nacional y para que ésta se guíe por objetivos empresariales, desvinculados del interés público del Estado, aunque el presidente de la República mantendrá su control personal: participa en el nombramiento de los consejeros, del director de Pemex y CFE.La finalidad del régimen especial —artículo 1o. de la Ley de Pemex y de CFE— en la naturaleza jurídica, remuneraciones, adquisiciones, bienes, responsabilidades, dividendo estatal, autonomía presupuestaria y deuda, tiene por propósito limitar y reducir los controles que el resto de las instituciones de la administración pública reciben de otras instituciones del Estado (Cámara de Diputados o Auditoría Superior de la Federación). Tratar a Pemex y CFE como entidades casi ajenas a la administración pública bajo esquemas más de derecho privado que de derecho público es para resaltar su carácter de empresas cuasi privadas.La reforma autoriza la creación de múltiples subsidiarias y filiales por los consejos de administración, lo que desarticulará la visión nacional de una industria energética integrada.Los consejos de administración de Pemex y CFE asumen competencias legislativas anticonstitucionales. Se les faculta para emitir normas generales<a name="p47"></a> en materia energética en oposición al artículo 73, fracción X, de la Constitución, el que señala que corresponden al Congreso.Tercero. Se privatizan los instrumentos de operación porque a través de contratos, concesiones, permisos y autorizaciones se entregarán los recursos energéticos del país a empresas trasnacionales, las que obtendrán los principales beneficios económicos. La renta energética dejará de pertenecer a la nación en exclusiva y la compartiremos con intereses foráneos.El esquema de las leyes de Pemex y CFE es para limitar la importancia de estos organismos en la economía nacional, para que en un futuro desaparezcan y para que empresas trasnacionales obtengan los principales beneficios por la explotación de los recursos energéticos.En concreto, las leyes de Pemex y CFE contienen los siguientes elementos inconstitucionales:Régimen especial. La finalidad del régimen especial —artículo 1o. de la Ley de Pemex y de CFE— en la naturaleza jurídica, remuneraciones, adquisiciones, bienes, responsabilidades, dividendo estatal, autonomía presupuestaria y deuda, tiene por propósito limitar y reducir los controles que el resto de las instituciones de la administración pública reciben de otras instituciones del Estado (Cámara de Diputados o Auditoría Superior de la Federación). Tratar a Pemex y CFE como entidades casi ajenas a la administración pública bajo esquemas más de derecho privado que de derecho público es para resaltar su carácter de empresas cuasi privadas.Autonomía técnica, operativa y de gestión de Pemex y CFE (artículo 2o. de ambas leyes). No es tal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía tutelan su funcionamiento.Fines de las empresas productivas. Dicen los artículos 40. de ambas leyes que las empresas productivas tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales. En esas leyes se prescinde de los fines constitucionales, que son: el Estado mantiene la rectoría económica; la nación conserva la propiedad originaria, directa, inalienable e imprescriptible sobre los recursos naturales (los hidrocarburos); los hidrocarburos en el subsuelo son, en cualquier caso, propiedad de la nación; los particulares pueden intervenir en el área estratégica de los hidrocarburos pero sin tener la rectoría de la industria de hidrocarburos, el control y administración de las empresas productivas del Estado —artículo 25, párrafo cuarto—; las modalidades a la propiedad y a la intervención de los particulares en las áreas estratégicas las dicta el Estado y deben responder a los fines del desarrollo nacional — artículo<a name="p48"></a> 26 constitucional—; las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos son de interés social y orden público, es decir, no están o no deben estar, sujetas al mercado; los hidrocarburos al salir del subsuelo son de la nación porque la participación de los particulares en la industria es para que el Estado obtenga ingresos y con ello se contribuya al desarrollo de largo plazo de la nación. No para que los particulares obtengan en primer lugar beneficios —párrafo séptimo del artículo 27—, y los hidrocarburos no son “commodities” sino recursos para el desarrollo nacional.Legislación mercantil y común (artículo 7o., párrafo 2, de las leyes de Pemex y CFE). Es para que Pemex y CFE pierdan su potestad de entidades públicas y que los términos de contratación se rijan por el principio de la autonomía de la voluntad y no por los principios del derecho público que salvaguardarían jurídicamente la posición jerárquica, de supra a subordinación de Pemex y CFE con las empresas privadas.Booking. En el párrafo 2o. del artículo 8o. de la Ley de Pemex se da un giro que no está expresado de la misma forma en la Ley de Hidrocarburos. Las empresas pueden reportar el interés económico para efectos contables y financieros que represente el contrato sin tener que registrar el contrato ante las instituciones crediticias y financieras.Gobierno corporativo (artículos 11 y 12 de la Ley de Pemex y 10 y 11 de la Ley de CFE). La estructura y organización de las empresas productivas del Estado se rigen por los principios de las empresas privadas y no por los fines de las empresas públicas. La exposición de motivos reconoce que las características del gobierno corporativo de Pemex y CFE están tomadas de la OCDE.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0180">34</a>Violaciones al artículo 73, fracción X, de la Constitución. Diversas disposiciones de la Ley de Pemex, por ejemplo, el artículo 13, y 12 de la Ley CFE que se refieren a las competencias del Consejo de Administración de ambas empresas, facultan a éstas para emitir lineamientos y normas de carácter general en materia de precios, remuneraciones, cancelación de adeudos, pagos extraordinarios, enajenación de bienes, etcétera, que en los términos del artículo 73, fracción X, corresponden en exclusiva al Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión no tiene competencia para delegar esas atribuciones de naturaleza legislativa.<a name="p49"></a>Los consejeros independientes. El artículo 15, fracción III, de la Ley de Pemex alude a cinco consejeros independientes designados por el titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República por las dos terceras partes de los presentes (en la Ley de CFE se encuentra prevista la regulación en el artículo 14, fracción III —en esta Ley son cuatro consejeros independientes y un consejero designado por el sindicato), de tiempo parcial que no tendrán carácter de servidores públicos. Lo anterior viola el artículo 108 de la Constitución que señala que es servidor público cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en las instituciones del país. Los “consejeros independientes” no pueden ser independientes si los nombra el Ejecutivo y son consecuencia, por la participación del Senado, del reparto de cuotas partidistas entre los partidos mayoritarios y no realizarán sus funciones con rigor si son designados de tiempo parcial.El Consejo de Administración de Pemex no sesiona en público. Ni el Consejo de Administración de Pemex ni el Consejo de Administración de CFE sesionarán en público. Lo anterior constituye una violación al principio de máxima publicidad a que alude el artículo 6o. de la Constitución.Remuneraciones de los consejeros independientes y del gobierno federal que no sean servidores públicos. El artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Pemex —en la Ley de CFE es el artículo 23, párrafo segundo— prevé un comité especial que fijará las remuneraciones de los consejeros independientes y de los consejeros que no sean del gobierno federal en función de las remuneraciones del mercado. Lo anterior constituye una violación evidente al artículo 127 de la Constitución que fija las reglas y los principios de las remuneraciones de los servidores públicos.Obligaciones de confidencialidad de los consejeros y funcionarios del Consejo de Administración (artículos 28 y 29 de la Ley de Pemex y artículos 27 y 28 de la Ley de CFE). Esas obligaciones son contrarias al artículo 6o. de la Constitución que prevé el principio de máxima publicidad. Las leyes de Pemex y de la CFE deben precisar con claridad los supuestos de información reservada y confidencial, porque las excepciones a la publicidad deben ser estrictas, contempladas en una ley, y estar justificadas. La secrecía de la información no puede ser general ni puede quedar confiada a la interpretación del Consejo de Administración.Impunidad en materia de responsabilidades. Los artículos 36 de la Ley de Pemex y 35 de la Ley de la CFE, establecen la impunidad de los<a name="p50"></a> miembros del Consejo de Administración. Se trata de un privilegio inaceptable en el marco del Estado de derecho. Todo servidor público es y debe ser responsable por sus actos u omisiones. Esta disposición infringe el título IV de la Constitución.Facultades excesivas al director general. Los artículos 46, fracción V, de la Ley de Pemex, y 45, fracción V, de la Ley de CFE, prevén que el director general puede autorizar pagos extraordinarios, donativos y donaciones a nombre de Pemex, CFE y sus subsidiarias. Se trata de una facultad que implica patrimonializar para fines privados recursos públicos. Se le otorgan competencias para el saqueo.Reglas de vigilancia y auditoría promoverán la opacidad. Los artículos 50 a 58 de la Ley de Pemex y 49 a 57 de la Ley de CFE, que se refieren a las auditorías y a la rendición de cuentas, pretenden sustituir las atribuciones de control del Congreso de la Unión. Cabe la pregunta, si sobre las empresas productivas del Estado puede proceder la creación de alguna comisión de investigación en los términos del artículo 93 de la Constitución. Igualmente, las competencias de la Auditoría Superior de la Federación quedan limitadas por el régimen de excepción de Pemex y CFE, tal como se desprende de los artículos 58 de la Ley de Pemex y 57 de la Ley de CFE. Desde luego, la Secretaría de la Función Pública carece de competencias en la materia y la rendición de cuentas a la sociedad consistirá, en todo caso, en la publicación de informes escuetos sobre los estados financieros de las empresas productivas, sus subsidiarias y filiales. La opacidad será la divisa de estas empresas productivas.Las filiales pierden su naturaleza pública. De acuerdo con los artículos 61 de la Ley de Pemex y 60 de la Ley de CFE, las empresas filiales no serán entidades paraestatales y se organizarán conforme al derecho privado. Es decir, las extremidades de las empresas productivas del Estado pasan a ser totalmente privadas. Esta trasmutación jurídica prueba la privatización del sector energético del país. Como empresas privadas, los controles del Estado, incluidos los que tienen que ver con vigilancia y auditoría, quedan eliminados.La creación de empresas subsidiarias y filiales no pasa por la aprobación del Congreso de la Unión en franca violación del artículo 73, fracción X, de la Constitución. Los consejos de administración resuelven a ese respecto, junto con las Secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público, según lo determinan los artículos 64, 65, 66 y siguientes de la Ley<a name="p51"></a> de Pemex y 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley de la CFE. Se trata de un cercenamiento de atribuciones del Congreso de la Unión.El régimen especial de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras es violatorio del artículo 134 de la Constitución. Todo este régimen especial transgrede el principio de reserva de ley. Según los artículos 75 de la Ley de Pemex y 77 de la Ley de CFE, el Consejo de Administración establece las disposiciones generales en la materia. Nuevamente al Congreso de la Unión se le privan de facultades constitucionales. Las finalidades del régimen especial en materia de adquisiciones son para flexibilizar la contratación, lo que implicará que en muchos casos no se realicen licitaciones públicas. Es un régimen especial para evadir responsabilidades y promover la corrupción.La transmutación jurídica en materia de contrataciones. El artículo 80 de la Ley de Pemex y 82 de la Ley de CFE señalan que, hasta el fallo que adjudica un contrato, la naturaleza de los actos es administrativa. Sin embargo, una vez adjudicado el contrato, rige la legislación mercantil o civil. Esta disposición es para favorecer a los proveedores en detrimento de Pemex y CFE, sus subsidiarias y filiales. Es decir, estamos frente a una legislación que protege el interés privado por encima del interés público.Bienes. El régimen especial de bienes —artículos 87 a 89 de la Ley de Pemex y 89 a 91 de la Ley de CFE— vulnera el artículo 134 de la Constitución que establece que en materia de patrimonio del Estado, la regulación debe ser legal y que los fines del patrimonio público están vinculados con el interés de la nación. La legislación secundaria, sin embargo, establece que la regulación de los bienes de las empresas productivas del Estado se regirá por la legislación común, salvo el caso de los bienes inmuebles, en donde el Consejo de Administración podrá desincorporar bienes inmuebles del régimen de dominio público y autorizar la enajenación de los bienes inmuebles de Pemex y de CFE.Impunidad en materia de responsabilidades a todo el personal. Los artículos 92 y 93 de la Ley de Pemex y 94 a 95 de la Ley de CFE extienden la impunidad en materia de responsabilidades al personal de Pemex y sus subsidiarias en contra de lo dispuesto por el título IV de la Constitución. Se trata de privilegios que no existen para el resto de los servidores públicos.Dividendo estatal. Los artículos 97 a 99 de la Ley de Pemex y 99 a 101 de la Ley de CFE disminuyen las competencias del Congreso y de la<a name="p52"></a> Cámara de Diputados en materia de ingresos y egresos, en contra de lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina ese dividendo.Transparencia. Indebidamente, los artículos 101 de la Ley de Pemex y el 103 de la Ley de CFE señalan que los consejos de administración a propuesta de sus comités de auditoría y previa opinión de los directores generales de Pemex y de CFE determinarán discrecionalmente la información que se pondrá a disposición del público. Lo anterior violenta los principios de reserva de ley y de máxima publicidad previstos en el artículo 6o. de la Constitución, pues sólo por ley y no por decisiones discrecionales se determina cuándo la información debe ser reservada o confidencial y en caso de que la ley taxativamente no indique que la información es restringida, ésta debe ser totalmente pública.Derecho extranjero. Los artículos 115 de la Ley de Pemex y 118 de la Ley de CFE permiten la aplicación del derecho extranjero y la intervención de instancias arbitrales trasnacionales. La pérdida de competencias para el Poder Judicial federal es evidente y se realiza con violación a los artículos 94 y siguientes de la Constitución.Utilidades para los trabajadores. El artículo 118 de la Ley de Pemex y 121 de la CFE niegan este derecho laboral en violación al artículo 123 de la Constitución, aunque sí establecen que se puede otorgar a los trabajadores cualquier incentivo, compensación, bono, gratificación o comisión por el desempeño de sus labores.VILey de los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector HidrocarburosLos órganos reguladores coordinados —Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía— son muy débiles y serán incapaces de controlar a las trasnacionales.La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética es producto de la corrupción política. Se propone que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados pierdan competencias. El artículo 3o. de la Ley indica que los órganos reguladores coordinados en materia<a name="p53"></a> energética podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos, lo que implica que estarán exceptuados de enterar esos recursos a la Tesorería de la Federación. Esta norma entraña pérdida de control de la SHCP y será seguramente fuente de corrupción.El nombramiento de los comisionados en los órganos reguladores coordinados en materia energética y en la agencia nacional de seguridad industrial, también serán fuente de corrupción política. Los nombramientos son para repartir cuotas entre los partidos.La regulación de los conflictos de interés y las medidas anticorrupción previstas no son suficientes.Se les dota de atribuciones que son inconstitucionales porque invaden competencias de los poderes públicos. Por ejemplo:<ul class="elsevierStyleList" id="l0035"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0190">1La fracción II del artículo 22 de la Ley de Órganos Reguladores les faculta a expedir normas generales administrativas, lo que viola el artículo 89, fracción I, de la Constitución, pues la facultad reglamentaria corresponde al Ejecutivo.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0195">2La fracción VI del artículo 22 de la Ley de los Órganos Reguladores les faculta para disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan para financiar su presupuesto, lo que implica una violación a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, pues quien define constitucionalmente el gasto en México es la Cámara de Diputados.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0200">3La fracción XVIII del artículo 22 de la ley de los órganos Reguladores les faculta a expedir las normas sobre el servicio profesional, lo que viola las atribuciones del Congreso —artículo 73, fracción X, de la Constitución y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la carta magna—.</li></ul>Los comisionados de los órganos reguladores son servidores públicos de excepción que gozan de prestaciones que no tienen el resto de los servidores públicos ni aún el presidente de la República. Esas prestaciones violentan el artículo 127, fracción II, de la Constitución.Es contradictorio que los órganos reguladores sean parte de la administración pública centralizada y que al mismo tiempo se les considere órganos desconcentrados con autonomía técnica, operativa y de gestión.<a name="p54"></a>La Ley de la Agencia es parte de la corrupción y de los acuerdos políticos no públicos entre el PRI y el PVEM. Es una ley que no prevendrá la afectación al medio ambiente. La Agencia no tiene competencias para dar por terminado un contrato, licencia o permiso en materia de hidrocarburos por violación a las disposiciones legales en materia de medio ambiente. Respecto a las críticas concretas a la Ley de los órganos reguladores Coordinados en Materia Energética, encontramos las siguientes deficiencias constitucionales:Se priva de atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 3o. de la Ley indica que los órganos reguladores coordinados en materia energética tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión —sin embargo, contradictoriamente son parte de la administración pública centralizada— y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos, lo que implica que estarán exceptuados de enterar esos recursos a la Tesorería de la Federación. Esta norma entraña pérdida de control de la SHCP y será seguramente fuente de corrupción.Nombramiento de los comisionados entraña reparto de cuotas entre los partidos. El artículo 6o. de la ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética regula la designación de los siete comisionados propuestos por el Ejecutivo en terna al Senado y designados por éste por el voto de las dos terceras partes de los presentes. Es un esquema para el reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios.El titular del Ejecutivo escoge entre los comisionados al presidente del órgano regulador —artículo 7o.— lo que significa una limitación de la pretendida autonomía de los órganos.Conflictos de interés. El artículo 8o., fracción VI, de la Ley indica que los comisionados no deben haber ocupado, en el año previo a su designación, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores. Se trata de un lapso muy corto, el lapso debiera ser mayor —cinco años, por ejemplo— para evitar que los comisionados sean representantes de los intereses de los poderes fácticos.Suspensión de derechos políticos. El artículo 9o., fracción I, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados establece que los comisionados podrán ser removidos por haber perdido sus derechos como ciudadanos o haber sido suspendidos en el ejercicio de los mismos. La norma parece<a name="p55"></a> estar fundamentada en el artículo 38, fracción II, de la Constitución que establece la suspensión de derechos políticos desde que se dicta el auto de formal prisión, pero olvida el principio de presunción de inocencia señalado en el artículo 20.B, fracción I, de la carta magna, pues toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad. Por lo tanto, sólo mediante sentencia firme es posible que una persona quede suspendida o pierda sus derechos fundamentales.El voto a favor de los comisionados de los órganos reguladores no se funda ni motiva. El artículo 10 de la Ley indica que sólo el voto en contra debe ser razonado cuando los artículos 14 y 16 de la Constitución obligan a todas las autoridades a fundar y motivar sus decisiones, sin importar el sentido que revistan. Es decir, el sentido del voto no debe condicionar la obligación constitucional de fundar y motivar todas las decisiones.Se viola el principio de reserva de ley en materia de transparencia. El artículo 11 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados indica que podrá haber información reservada o confidencial pero no precisa que el carácter confidencial o de reserva debe estar necesariamente previsto en ley. Si una disposición administrativa general establece condiciones de información reservada o confidencial, se violan el artículo 6o. de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establecen el principio de reserva de ley: sólo por ley en sentido material y formal se puede restringir la naturaleza pública de la información gubernamental.Causales de impedimento muy escasas. El artículo 12 de la Ley establece cuatro causas de impedimento para que un comisionado se excuse de participar en algún asunto. Deben extenderse las causales de impedimento y recusación para garantizar la independencia e imparcialidad de los comisionados. En esta materia, la Ley debe referir a las mismas causas de impedimento de los jueces civiles federales —las que establezca el Código Federal de Procedimientos Civiles—.Códigos de conducta. Los códigos de conducta que prevén los artículos 15 a 18 de la ley de Órganos Reguladores Coordinados violentan el artículo 113 de la Constitución, pues sólo por ley pueden establecerse conductas, procedimientos y sanciones susceptibles de responsabilidad administrativa. En el caso de la responsabilidad penal, sólo por ley pueden establecerse las conductas que constituyan delitos y las penas o sanciones<a name="p56"></a> correspondientes —artículo 14 de la Constitución—. Los códigos de conducta no son ley y violan la Constitución.Las sesiones del Consejo de Coordinación del Sector Energético no son públicas. El artículo 21 de la Ley se refiere a dichas sesiones y no establece su carácter público al momento de la deliberación. Lo anterior implica una violación al artículo 6o. de la Constitución que establece el principio de máxima publicidad.Atribuciones inconstitucionales de los órganos reguladores coordinados. La fracción II del artículo 22 de la ley les faculta a expedir normas generales administrativas, lo que viola el artículo 89, fracción I, de la Constitución, pues la facultad reglamentaria corresponde al Ejecutivo.La fracción VI del artículo 22 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados les faculta para disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan para financiar su presupuesto, lo que implica una violación a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, pues quien define constitucionalmente el gasto en México es la Cámara de Diputados.La fracción XVIII del artículo 22 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados les faculta a expedir las normas sobre el servicio profesional, lo que viola las atribuciones del Congreso —artículo 73, fracción X, de la Constitución y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la carta magna—.Acuerdos delegatorios de las facultades de los presidentes de los órganos reguladores (artículo 23, fracción XII, de la Ley). Se violan las atribuciones del Congreso —artículo 73, fracción X— dado que las atribuciones otorgadas por el Congreso en la materia no pueden delegarse a voluntad de los presidentes de los órganos reguladores. El Congreso habilita a los funcionarios para ejercer competencias. Un acuerdo delegatorio —nor-ma inferior a la ley— no puede delegar lo que el Congreso expresamente no ha facultado. Existe violación al artículo 16 de la Constitución.Con cargo al erario se pagan los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal (artículo 26 de la Ley). Los comisionados de los órganos reguladores son servidores públicos de excepción que gozan de prestaciones que no tienen el resto de los servidores públicos ni aún el presidente de la República. Esas prestaciones violentan el artículo 127, fracción II, de la Constitución.<a name="p57"></a>Se viola la sistemática jurídica. El artículo 27 de la ley señala que las decisiones de los órganos reguladores sólo pueden ser impugnados mediante juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Lo anterior implica que una ley que no es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución establezca regulaciones sobre el amparo que le son impropias.Las disposiciones presupuestarias violentan el artículo 74 de la Constitución. Los artículos 29 a 32 de la Ley otorgan a los órganos reguladores competencias en materia de presupuesto que son de la Cámara de Diputados. Los preceptos de la Ley se apropian del poder de bolsa de la cámara baja. Se infringe con ello el artículo 74, fracción IV, de la Constitución.El artículo 31 de la Ley propone la creación de fideicomisos que se conformarán con los ingresos excedentes, lo que augura la prevalencia de opacidad y corrupción en ellos.Las declaraciones de utilidad pública. El artículo 33 de la ley va en contra del artículo 8o. transitorio de la reforma constitucional en materia energética y considera actividades de utilidad pública ámbitos como el tendido de ductos y construcciones que no quedan comprendidas en el texto del transitorio de la Constitución.Se otorgan facultades recaudatorias a los órganos reguladores. Los órganos reguladores recabarán contribuciones como si fuesen autoridades hacendarias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tendrá control pleno sobre esa recaudación.Es contradictorio que los órganos reguladores sean parte de la administración pública centralizada y que al mismo tiempo se les dote de autonomía técnica, operativa y de gestión. Constituyen un sinsentido las modificaciones a los artículos 1o. y 2o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que considera a los órganos reguladores parte de la administración pública centralizada y que, al mismo tiempo, el artículo 3o. de la Ley los dote de autonomía técnica, operativa y de gestión.En cuanto a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, podemos señalar las siguientes insuficiencias:No se precisan las vías para solucionar los conflictos de competencia entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Agencia. La Ley no establece ningún procedimiento para determinar en caso de antinomia quién tendrá prevalencia.<a name="p58"></a>La creación de la Agencia implica una estructura administrativa innecesaria. No existe razón económica para la creación de la agencia. Su creación es consecuencia de la alianza del PRI con el PVEM. La dirigencia del PVEM solicitó esta estructura administrativa a cambio del apoyo al PRI para aprobar la reforma energética. Las competencias que se confieren a la agencia podrían ser ejercidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y con ello se ahorrarían importantes recursos presupuestales.Es una estructura centralista que violenta el artículo 73, fracción XXIX G, de la Constitución. De acuerdo con la Constitución, la protección, preservación y restauración del medio ambiente es una competencia concurrente (de Federación, estados y municipios). La Ley confiere todas las competencias en la materia —regular y supervisar la seguridad industrial, operativa y protección al ambiente respecto a los hidrocarburos— a un órgano desconcentrado de carácter federal —la Agencia—. Es decir, Estados y municipios carecen de atribuciones en la materia, lo que viola el artículo 73, fracción XXIX G, de la Constitución.Se vulneran las atribuciones del Congreso y con ello se infringe el artículo 73, fracciones X y XXIX G, de la Constitución. En materia de energía y de medio ambiente es el Congreso el que tiene facultades para legislar. Sin embargo, la Ley —artículo 5o., fracciones VI, XIX y XX— le confiere atribuciones legislativas a la Agencia para emitir lineamientos generales en materia de conservación, preservación y restauración del medio ambiente en el sector hidrocarburos. El Congreso está indebidamente delegando competencias legislativas que le corresponden.La Agencia, sin embargo, no tiene competencia para dar por terminado, rescindido o revocado un contrato para exploración o extracción de hidrocarburos por violación a la ley. Según el artículo 5o., fracción XVIII, de la Ley, la Agencia puede suspender, revocar o negar licencias, autorizaciones y permisos, pero exclusivamente en materia ambiental y no respecto a los contratos, licencias y permisos en materia de hidrocarburos. Es decir, no tiene competencias suficientes para que la violación a las disposiciones ambientales implique la rescisión, revocación o terminación de un contrato sobre hidrocarburos.No existe desarrollo ni precisión sobre las indemnizaciones que deben pagar al Estado y a terceros, los regulados, y que sean consecuencia de<a name="p59"></a> accidentes, daños y perjuicios en materia medioambiental.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0185">35</a> El principal objetivo de la ley debiera ser el desarrollo pormenorizado del pago de las indemnizaciones por accidentes, daños y perjuicios al Estado y a terceros.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0190">36</a> La ley de manera escueta —artículo 23— alude al pago de esas indemnizaciones y reenvía a lo que las leyes determinen, lo que vulnera el principio de certeza que debe observar una ley de estas características. Si el objeto fundamental de la ley no está regulado, carece de sentido la estructura administrativa creada.El Código de Conducta previsto vulnera el artículo 113 de la Constitución. El artículo 28 de la Ley contempla la existencia del Código de Conducta que alude a las obligaciones que deben observar los servidores públicos de la Agencia. De acuerdo al artículo 113 de la Constitución, las obligaciones, conductas sancionables y sanciones deben estar necesariamente previstas en la ley y no en una norma administrativa.El director ejecutivo de la Agencia tiene atribuciones reglamentarias que violentan el artículo 89, fracción I, de la Constitución. El artículo 31, fracción IV, de la ley, determina que el director ejecutivo tiene competencia para expedir las reglas y disposiciones de carácter general en la materia. Esa competencia sólo puede ser competencia del titular del Poder Ejecutivo.Se vulnera el principio de máxima publicidad y de reserva de ley. El último párrafo del artículo 32 de la Ley de la Agencia señala que el Consejo Técnico de la Agencia se regirá en cuanto a las condiciones y características de sus sesiones por lo que disponga el Reglamento Interior de la Agencia. Esa norma es contraria al artículo 6o. de la Constitución que obliga a la máxima publicidad de los actos públicos y, a que en materia de derecho a la información y transparencia, sea la ley y sólo la ley, la que establezca los casos de reserva y confidencialidad.<a name="p60"></a>Privilegios de los servidores públicos de la Agencia violatorios del artículo 1o. de la Constitución. El artículo 35 de la ley señala que los servidores públicos de la Agencia contarán con un seguro de responsabilidad civil y asistencia legal para el caso de responsabilidades. La mayor parte de los servidores públicos del Estado no cuentan con ese beneficio. Ello violenta el principio de igualdad, que se deriva del artículo 1o. de la Constitución y, además infringe el artículo 127 de la carta magna, el que indica que ningún servidor público puede recibir prestaciones superiores a las del presidente de la República.El fideicomiso que se deriva del artículo 19 transitorio de la reforma constitucional energética de diciembre de 2013 y que se regula en los artículos 36 a 38 de la Ley de la Agencia, vulnera competencias de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV, de la carta magna, el poder de bolsa para disponer del presupuesto es competencia de la cámara baja. Es indebido que una ley secundaria señale que el poder de bolsa en esta materia ya no es totalmente de la Cámara de Diputados. La existencia de este fideicomiso promoverá la corrupción y la opacidad porque la Agencia tendrá discrecionalidad en la administración de los recursos autogenerados.VIILa legislación fiscal y presupuestal energéticaLos aspectos financieros de la reforma energética quedaron plasmados en los dictámenes que se votaron en el Congreso respecto a: la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, las reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley Coordinación Fiscal, la expedición de la nueva Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como en las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Deuda Pública.La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos contiene dos regímenes fiscales: uno para Pemex y otro para los contratistas privados. El régimen fiscal de Pemex es muy similar al que ha estado vigente hasta ahora, pues según el mismo, Pemex seguirá aportando al fisco mexicano aproximadamente el 30% de los recursos fiscales del Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, ese régimen fiscal resulta desigual para Pemex en relación con las empresas privadas y es mucho más gravoso que el que la Ley de Ingresos<a name="p61"></a> sobre Hidrocarburos prevé para los contratistas privados, los que aportarán al fisco mexicano magros recursos.Los contratistas privados no pagarán contribuciones al fisco mexicano sino contraprestaciones, las que se determinarán según se acuerde en cada caso concreto. Adicionalmente pagarán a la hacienda pública el impuesto sobre la renta. Sin embargo, sus aportaciones están muy lejos y, desde luego, a la baja de las que le corresponderá pagar a Pemex.Las contraprestaciones que las empresas privadas pagarán al Estado no se estiman tributos o contribuciones, sino que se regirán por las reglas del derecho privado. Ese principio jurídico, totalmente ajeno al derecho mexicano, vulnera lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pues las contribuciones no pueden ser materia de convenios o contratos sino que deben preverse en la ley y poseer al menos las características de generalidad y certidumbre.La supervisión de los aspectos financieros de los contratos en relación con las contraprestaciones no será vigilada por los ciudadanos, y los términos de la fiscalización no será conocida por éstos durante los procedimientos de auditoría. Es decir, la supervisión de la administración de los aspectos financieros de los contratos relacionados con las contraprestaciones se realizará en la opacidad y seguramente será fuente de corrupción y componendas.En la ley Federal de Derechos se derogan los artículos 254 a 261 de la Ley para pasar esas normas a los artículos 38 a 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. La diferencia ahora es que esas contribuciones no se enterarán a la Tesorería de la Federación, sino que se enviarán al Fondo Mexicano del Petróleo.La Ley de Coordinación Fiscal se modifica para mantener el porcentaje de ingresos por derechos que es participable bajo el nuevo esquema de ingresos petroleros. Se sigue considerando que será participable el 85.31% de la recaudación obtenida por la suma del derecho ordinario sobre hidrocarburos, del derecho especial sobre hidrocarburos y del derecho adicional sobre hidrocarburos. La diferencia consiste en que las transferencias se ingresarán al Fondo Mexicano del Petróleo y no a la Tesorería de la Federación. A este monto se le va a agregar el impuesto sobre la renta que se genere por los contratos, estableciendo un coeficiente participable en 79.73%, para con ello minimizar el impacto sobre el monto<a name="p62"></a> que se transfieren a las entidades federativas por sus participaciones en los ingresos petroleros.El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo es un fideicomiso que será dirigido por un Comité dominado por funcionarios del gobierno federal pero las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos no le serán aplicables.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0195">37</a> Dicho Fondo será presidido por el secretario de Hacienda. Cuando se estableció el Fondo en la Constitución en 2013, se quiso imitar al Fondo petrolero que existe en Noruega, el que mantiene como reservas para las generaciones futuras, a la totalidad los recursos de la renta petrolera de ese país.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0200">38</a> A diferencia del caso noruego, en la ley mexicana los recursos que integren el Fondo Mexicano del Petróleo se destinarán de manera preponderante al gasto corriente. Esos recursos no se destinarán a garantizar el desarrollo de la planta industrial y productiva de la nación ni al apoyo de las pequeñas y medianas empresas; tampoco se destinarán a la compensación de las desigualdades sociales y regionales; e igualmente, no se destinarán a cubrir de manera preferente al desarrollo del capital humano.La nueva Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo determina las asignaciones al Fondo con un orden de prelación, lo que elimina la flexibilidad. Las aportaciones al Fondo son:<ul class="elsevierStyleList" id="l0040"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0205">—Pago de las asignaciones y contratos.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0210">—Transferencias a los fondos de estabilización de ingresos petroleros y de los ingresos de las entidades federativas.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0215">—Transferencias al fondo de extracción de hidrocarburos.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0220">—Transferencia a la Tesorería de la Federación de recursos necesarios para que los ingresos petroleros se mantengan en 4.7% del Producto Interno Bruto.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0225">—Destinar recursos al ahorro de largo plazo.<a name="p63"></a></li></ul>La Ley indica que, únicamente cuando el saldo de las inversiones de ahorro público de largo plazo, sean iguales o mayores al 3% del PIB del año previo al que se trate, se podrán destinar los recursos del Fondo. Esos recursos se destinarán a:<ul class="elsevierStyleList" id="l0045"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0230">—Pensiones universales, hasta 10% del incremento respecto del año anterior.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0235">—Investigación e innovación, hasta 10% del incremento respecto del año anterior.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0240">—Vehículos de inversión en proyectos petroleros (y en su caso en inversiones para el desarrollo nacional, es decir, esto es opcional), hasta 30% del incremento respecto del año anterior.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0245">—Becas universitarias y de posgrado, hasta 10% del incremento respecto del año anterior.</li></ul>La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria propone dotar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad de un régimen especial que les otorgue autonomía presupuestaria, sustrayéndolas de los controles y reglas asociados al proceso presupuestario, manejo de la deuda y control del gasto, a las que habían estado sujetos.La Ley General de Deuda Pública determina, en contra de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, que el llamado pasivo laboral de Pemex y de CFE se pague con cargo al Presupuesto. El argumento del pasivo laboral ha sido indebidamente empleado para cuestionar la viabilidad financiera de Pemex y de CFE y para aludir a los privilegios y la corrupción de los líderes sindicales. Sin embargo, el pasivo laboral de Pemex y de CFE, a pesar de que pueda ser estimado alto en relación con otras dependencias y entidades del sector público, es expresión de los derechos constitucionales de carácter laboral de los trabajadores y representa montos relativamente pequeños, en comparación por ejemplo, con la renta petrolera de Pemex. En cuanto a la corrupción y los privilegios en Pemex y CFE, la vía no consiste en combatirla afectando los derechos y las prestaciones de los trabajadores, sino en enfrentarla a través de la imputación de los hechos delictivos que hayan realizado los dirigentes de los sindicatos.En materia de financiamiento se propone otorgar a las empresas productivas del Estado flexibilidades adicionales (se adiciona un artículo 22<a name="p64"></a> bis de la Ley General de Deuda Pública). Los pasivos de las empresas productivas del Estado —Pemex y CFE— se estiman deuda pública, lo que implica que las grandes empresas trasnacionales privadas que entren al negocio energético por la vía de los contratos, no compartirán el riesgo, sino sólo las utilidades, cargando al erario público los pasivos de Pemex y CFE como deuda pública y en última instancia al pueblo de México, que pagará con mayores impuestos el endeudamiento de Pemex.Los aspectos financieros de la reforma energética evidencian de manera palpable la consecuencia más negativa de la reforma energética. Esa consecuencia consiste en la entrega de un porcentaje muy importante de la renta petrolera a las empresas extranjeras en demérito de la hacienda pública nacional, lo que provocará un enorme hoyo fiscal que será cubierto con endeudamiento, con reducción del gasto público o con el incremento de los impuestos a cargo de los mexicanos.VIIIConclusionesLa reforma energética, tanto la constitucional como la legal secundaria y los actos de aplicación de la misma, son expresión del modelo neoliberal y geoestratégico de dominación mundial.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0205">39</a>Los principales contenidos de la reforma energética obedecen a un modelo que ha sido diseñado desde los centros de dominación mundial y que podemos caracterizar, entre otros, por los siguientes elementos:Desmantelamiento del Estado. El Estado mexicano es amputado por la reforma y reducido a mínimos para favorecer al mercado internacional. Para comprobarlo, podemos decir que los principales instrumentos de financiación y operación del Estado son suprimidos o limitados: a) Pemex y CFE modifican su naturaleza jurídica, de organismos públicos descentralizados a empresas productivas, dichas empresas responden a los criterios del gobierno corporativo determinadas por la OCDE y consisten principalmente en la administración de Pemex y de CFE como si se tratara de empresas privadas; b) el régimen de excepción de Pemex y CFE en materia de presupuesto, deuda, responsabilidades, transparencia, fiscalización o adquisiciones, es para que los instrumentos de control parlamentario o<a name="p65"></a> gubernamental no operen como en el caso del resto de los poderes y de las dependencias y entidades gubernamentales, es decir, son la evidencia de la migración de Pemex y CFE a la condición de empresas cuasi privadas —están saliendo de la esfera pública—; c) el hoyo fiscal que producirá la reforma, por el régimen fiscal especial del que gozarán los contratistas, privará a la hacienda pública de recursos para el gasto público y obligará al Estado al endeudamiento, la reducción del gasto público o el incremento de impuestos para colmar el déficit fiscal que generará la reforma —pone al Estado de rodillas—; d) la afectación al principio del dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del subsuelo —al compartir la renta petrolera— implicará pérdida de soberanía; y e) la ocupación temporal de la propiedad privada, pública y social a favor de las empresas trasnacionales implica el fin del derecho de propiedad de los mexicanos.Privatización del derecho público. Esta privatización se manifiesta en: a) el fin de la cláusula Calvo porque las controversias que se susciten con motivo de la reforma no serán resueltas por los tribunales nacionales sino por instancias de arbitraje internacional; b) la protección de las inversiones extranjeras sobre las nacionales —artículos 1103, 1106 y 1110 del TLC— implica que el derecho público mexicano y la propiedad de los nacionales queda subordinado al derecho internacional de carácter comercial; c) la aplicación del derecho privado de manera supletoria en la materia; d) el régimen fiscal de los contratos que no es tratado como contribución fiscal sino como contraprestación regida por el derecho privado; e) el Fondo Mexicano del Petróleo que no se rige por las reglas de los fideicomisos públicos sino como fideicomiso sui generis al margen de los controles estatales que operan en el resto de los fideicomisos; f) las expropiaciones simuladas bajo la figura de ocupaciones temporales o servidumbres que se realizarán, no para garantizar una causa de utilidad pública, sino para satisfacer el interés privado de los contratistas; g) el “booking” que permite que las reservas de hidrocarburos de la nación se otorguen como garantía para la obtención de créditos en la banca internacional; h) la bursatilización de las reservas nacionales en las bolsas de valores del extranjero; y, por último, i) la subordinación de la propiedad ejidal e indígena a los fines de la reforma energética.Desmantelamiento del Estado de bienestar. Esta característica se manifiesta en lo siguiente: a) la consideración de los derechos de los trabajadores de Pemex y CFE como pasivo laboral y no como auténticos derechos humanos; b)<a name="p66"></a> la negación del derecho al desarrollo de los pueblos previsto en los artículos 1o. del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, al subordinar este derecho humano a los intereses de los inversionistas extranjeros; c) la subordinación de los derechos de los pueblos originarios a las inversiones privadas porque los resultados de los procedimientos de consulta no son vinculantes en caso de una negativa de las comunidades a las inversiones; d) la violación de los derechos al abasto social de la electricidad y de los hidrocarburos porque los organismos públicos —Pemex y CFE— no serán responsables de ese abasto y el Estado no lo podrá garantizar por la multiplicidad de agentes económicos; y, e) la reducción de los contenidos de los derechos fundamentales a la propiedad social porque ésta se subordina al carácter preferente de las actividades energéticas.Subordinación del Estado mexicano a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. La reforma estructural energética entraña la sustitución definitiva del modelo de desarrollo que se había conformado en México después de la expropiación petrolera de 1938. Los hidrocarburos primero y la electricidad después constituyeron durante décadas no sólo las principales fuentes de ingresos fiscales para el país sino que también fueron los sectores alrededor de los que el resto de la industria y la economía nacionales giraban, se nutrían, se desarrollaban y robustecían. Tan importante era el sector energético como palanca de desarrollo nacional, que ese ámbito, quedó excluido en beneficio de México del Tratado de Libre Comercio con América del Norte con la finalidad de que siguiera siendo considerado por el orden constitucional mexicano como un área estratégica, es decir un sector de exclusiva explotación por parte del Estado, tal como se preveía en el párrafo cuarto del anterior artículo 28 constitucional.La reforma constitucional y legal energética de 2013 y 2014 fue diseñada desde el exterior —desde los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales— para entregar los recursos energéticos de la nación a intereses foráneos. Con esa reforma, la nación pierde parte de sus riquezas naturales y el Estado mexicano abdica de sus antiguas competencias para explotar en exclusiva los recursos energéticos de los mexicanos, tanto de esta generación como de las futuras. La reforma ha sido impuesta por el gobierno para beneficiar los intereses foráneos y se realizó a través del aparato propagandístico del duopolio televisivo que acalló<a name="p67"></a> o silenció a las voces opositoras.En síntesis, el modelo que representa la reforma energética significa la pérdida de las visiones de Estado y de nación en beneficio de una globalización impuesta de arriba a abajo que constituye una auténtica revolución de los ricos del mundo para los ricos del mundo.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0210">40</a>" "textoCompletoSecciones" => array:1 [ "secciones" => array:12 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "xres985949" "titulo" => "Resumen" "secciones" => array:1 [ 0 => array:1 [ "identificador" => "abs0005" ] ] ] 1 => array:2 [ "identificador" => "xpalclavsec953530" "titulo" => "Palabras clave" ] 2 => array:3 [ "identificador" => "xres985948" "titulo" => "Abstract" "secciones" => array:1 [ 0 => array:1 [ "identificador" => "abs0010" ] ] ] 3 => array:2 [ "identificador" => "xpalclavsec953529" "titulo" => "Palabras clave" ] 4 => array:2 [ "identificador" => "s0005" "titulo" => "Introducción" ] 5 => array:3 [ "identificador" => "s0010" "titulo" => "La Ley de Hidrocarburos" "secciones" => array:25 [ 0 => array:2 [ "identificador" => "s0015" "titulo" => "Implicaciones del concepto de propiedad originaria de la nación previsto en el artículo 27 de la Constitución en las disposiciones generales de la Ley de Hidrocarburos (artículos 1o.-5o. de la Ley)" ] 1 => array:2 [ "identificador" => "s0020" "titulo" => "Las asignaciones (artículos 6o. a 10 de la Ley de Hidrocarburos)" ] 2 => array:2 [ "identificador" => "s0025" "titulo" => "Contratos de exploración y extracción (artículos 11-31 de la Ley de Hidrocarburos)" ] 3 => array:2 [ "identificador" => "s0030" "titulo" => "Fiscalidad de los contratos" ] 4 => array:2 [ "identificador" => "s0035" "titulo" => "Información obtenida de actividades de exploración y extracción (artículos 32-35 de la Ley de Hidrocarburos)" ] 5 => array:2 [ "identificador" => "s0040" "titulo" => "Autorizaciones (artículos 36-40 de la Ley de Hidrocarburos)" ] 6 => array:2 [ "identificador" => "s0045" "titulo" => "Regulación y obligaciones dentro de las actividades estratégicas. 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Mexico’s new energy legislation 2014

Jaime Cárdenas Gracia**

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    "textoCompleto" => "<span class="elsevierStyleSections"><span id="s0005" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">I</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0025">Introducci&#243;n</span><p id="p0005" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La reforma secundaria en materia energ&#233;tica comprendi&#243; las siguientes disposiciones&#58; la Ley de Hidrocarburos&#44; la Ley de la Industria El&#233;ctrica&#44; la Ley de Energ&#237;a Geot&#233;rmica&#59; la Ley de Petr&#243;leos Mexicanos&#44; la Ley de la Comisi&#243;n Federal de Electricidad&#44; la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protecci&#243;n al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos&#44; y la Ley de los &#211;rganos Reguladores Coordinados en Materia Energ&#233;tica&#46; Igualmente&#44; se reformaron y adicionaron los siguientes ordenamientos&#58; la Ley de Inversi&#243;n Extranjera&#44; la Ley Minera&#44; la Ley de Aguas Nacionales&#44; la Ley de Asociaciones P&#250;blico Privadas&#44; la Ley Org&#225;nica de la Administraci&#243;n P&#250;blica Federal&#44; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales&#44; la Ley de Adquisiciones&#44; Arrendamientos y Servicios del Sector P&#250;blico&#44; y la Ley de Obras P&#250;blicas y Servicios Relacionados con las Mismas&#46;</p><p id="p0010" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Adem&#225;s&#44; se expidieron la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petr&#243;leo para la Estabilizaci&#243;n y el Desarrollo&#46; Tambi&#233;n se reformaron y adicionaron la Ley Federal de Derechos&#44; la Ley de Coordinaci&#243;n Fiscal&#44; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria&#44; as&#237; como la Ley General de Deuda P&#250;blica&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0015"><span class="elsevierStyleSup">1</span></a></p><p id="p9010" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las principales dudas que plantea la reforma energ&#233;tica no fueron ni han sido esclarecidas a la sociedad&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0020"><span class="elsevierStyleSup">2</span></a> La sociedad mexicana no tiene respuestas<a name="p3"></a> sobre las consecuencias medioambientales y en la salud humana&#46; Desconf&#237;a en torno a si los nuevos &#243;rganos reguladores del sector tendr&#225;n la capacidad para enfrentar el poder de las grandes empresas petroleras y el&#233;ctricas mundiales que son capaces de desestabilizar gobiernos en el mundo entero&#46; Gran parte de la sociedad piensa que se incrementar&#225; la corrupci&#243;n en el sector energ&#233;tico&#44; debido no s&#243;lo al papel de los sindicatos&#44; sino tambi&#233;n a los contratos millonarios que celebrar&#225; el gobierno con las empresas energ&#233;ticas mundiales&#46; Se tiene temor a que la reforma constitucional energ&#233;tica signifique m&#225;s impuestos y endeudamiento externo en contra de los intereses de los mexicanos&#46; La sociedad tampoco tiene claridad sobre si los supuestos beneficios de la reforma se destinar&#225;n al desarrollo nacional y no al gasto corriente de los tres niveles de gobierno&#46; Y&#44; en general&#44; seguimos sin saber por qu&#233; ten&#237;amos que compartir la renta petrolera&#44;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0025"><span class="elsevierStyleSup">3</span></a> de un recurso que es nuestro&#44; con otros que no forman parte de la naci&#243;n mexicana&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0030"><span class="elsevierStyleSup">4</span></a></p><p id="p0015" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La reforma energ&#233;tica en el &#225;mbito jur&#237;dico es parte de un nuevo modelo jur&#237;dico&#44; hoy en d&#237;a dominante&#44; que podemos denominar neoliberal&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0035"><span class="elsevierStyleSup">5</span></a> Desde nuestro punto de vista&#44; la hegemon&#237;a del modelo neoliberal en materia jur&#237;dica ha significado&#44; entre otras cosas&#44; lo siguiente&#58; 1&#41; el desmantelamiento del insuficiente Estado de bienestar con el que cont&#225;bamos antes del inicio de la implantaci&#243;n del modelo&#44; es decir&#44; la reforma constitucional y legal que se promueve&#44; tiene por prop&#243;sito reducir el nivel de protecci&#243;n de los derechos econ&#243;micos&#44; sociales<a name="p4"></a> y culturales de los mexicanos&#59;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0040"><span class="elsevierStyleSup">6</span></a> 2&#41; la protecci&#243;n de la propiedad privada sobre la social y la p&#250;blica como ocurre con la reforma constitucional energ&#233;tica y se contiene en el art&#237;culo octavo transitorio de la misma&#59; 3&#41; la existencia de una democracia electoral formal que no es de calidad ni sustancial&#44; que no alienta a la democracia participativa y deliberativa&#44; que define a los ganadores con el poder de los medios de comunicaci&#243;n y del dinero&#44; y que impide que las cuestiones trascendentes como las reformas constitucionales o los tratados comerciales se aprueben por los mexicanos mediante refer&#233;ndum&#59; 4&#41; copia de modelos de justicia anglosajones como la implementaci&#243;n del sistema penal acusatorio y con &#233;l la incorporaci&#243;n de los juicios orales en nuestro pa&#237;s&#59; 5&#41; populismo penal que consiste en el incremento en el n&#250;mero de los delitos y el aumento de las penas para pretender garantizar la seguridad que no brinda el modelo econ&#243;mico&#44; pol&#237;tico y social&#59; 6&#41; muchas reformas a la legislaci&#243;n en materia de inversi&#243;n extranjera&#44; propiedad industrial e intelectual para proteger a la inversi&#243;n extranjera&#59; por ejemplo&#44; la Ley Minera de 1992 o la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 que permiten el 100&#37; de inversi&#243;n extranjera en esos sectores&#59; 7&#41; centralizaci&#243;n en los poderes federales&#44; principalmente en el Ejecutivo&#44; de muchas competencias constitucionales y legales&#44; para que el sector externo pueda negociar con m&#225;s facilidad con el Estado mexicano&#59; 8&#41; p&#233;rdida de soberan&#237;a legislativa y jurisdiccional en favor del Ejecutivo y de instancias supranacionales&#59; por ejemplo&#44; acuerdos internacionales que no son ratificados por el Senado o instancias de arbitraje internacional que resuelven las principales cuestiones econ&#243;micas del pa&#237;s&#59; 9&#41; acuerdos internacionales que no pasan la prueba de la representaci&#243;n &#8212;como la Iniciativa M&#233;rida o el ASPAN&#8212;<a name="p5"></a> que vac&#237;an de contenido a los poderes p&#250;blicos del pa&#237;s &#40;al Senado en este caso&#41;&#59; y&#44; 10&#41; privatizaci&#243;n del derecho p&#250;blico y p&#233;rdida de las visiones de Estado y de naci&#243;n en beneficio de una globalizaci&#243;n impuesta de arriba abajo que constituye una aut&#233;ntica revoluci&#243;n de los ricos del mundo para los ricos del mundo&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0045"><span class="elsevierStyleSup">7</span></a></p><p id="p0020" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En este ensayo analizaremos las nuevas disposiciones legales energ&#233;ticas&#44; con &#233;nfasis en las cuestiones que son importantes a nuestro juicio&#46;</p></span><span id="s0010" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">II</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0030">La Ley de Hidrocarburos</span><p id="p0025" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La nueva Ley de Hidrocarburos es&#44; desde mi punto de vista&#44; la m&#225;s importante del paquete de la reforma energ&#233;tica secundaria&#44; porque regula el r&#233;gimen de contratos&#44; licencias y permisos que facultar&#225;n a las empresas petroleras y gaseras trasnacionales&#44; a explorar y extraer hidrocarburos en nuestro pa&#237;s&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0050"><span class="elsevierStyleSup">8</span></a></p><p id="p0030" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley contiene normas secundarias que son abiertamente inconstitucionales&#44; aun tomando en cuenta las reformas que en materia energ&#233;tica Pe&#241;a Nieto impuls&#243; en diciembre de 2013&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0055"><span class="elsevierStyleSup">9</span></a></p><p id="p0035" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Expongo en t&#233;rminos generales algunas de sus inconstitucionalidades&#58;</p><p id="p0040" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley no respeta principios vigentes de la Constituci&#243;n&#44; entre ellos&#44; los siguientes&#58; el que se&#241;ala que el Estado mantiene la rector&#237;a econ&#243;mica&#59; &#233;l que dice que la naci&#243;n conserva la propiedad originaria&#44; directa&#44; inalienable e imprescriptible sobre los recursos naturales &#40;los hidrocarburos&#41;&#59; el que establece que los hidrocarburos en el subsuelo son&#44; en cualquier caso&#44; propiedad de la naci&#243;n&#59; el que expresa que los particulares pueden intervenir en el &#225;rea estrat&#233;gica de los hidrocarburos&#44; pero sin tener la rector&#237;a de la industria de hidrocarburos&#44; el control y administraci&#243;n de las empresas productivas del Estado&#59; el que expresa que las modalidades a la propiedad y a la intervenci&#243;n de los particulares en las &#225;reas estrat&#233;gicas<a name="p6"></a> las dicta el Estado y deben responder a los fines del desarrollo nacional&#59; el que determina que las actividades de exploraci&#243;n y extracci&#243;n de hidrocarburos son de inter&#233;s social y orden p&#250;blico&#44; es decir&#44; no est&#225;n o no deben estar&#44; sujetas al mercado&#59; el que alude a que los hidrocarburos al salir del subsuelo son de la naci&#243;n porque la participaci&#243;n de los particulares en la industria es para que el Estado obtenga ingresos y con ello se contribuya al desarrollo de largo plazo de la naci&#243;n y no para que los particulares obtengan en primer lugar beneficios&#59; y el que expone que los hidrocarburos son recursos para el desarrollo nacional y&#44; por tanto&#44; no pueden ser estimados como simples &#8220;commodities&#8221;&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0060"><span class="elsevierStyleSup">10</span></a></p><p id="p0045" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los contratos de exploraci&#243;n y producci&#243;n son contrarios a los fines que prev&#233; el p&#225;rrafo s&#233;ptimo del nuevo art&#237;culo 27 constitucional&#58; que el Estado obtenga ingresos para que se contribuya al desarrollo de largo plazo de la naci&#243;n&#44; en tanto que se compartir&#225; la renta petrolera con las empresas petroleras y los ingresos para ese desarrollo se tendr&#225;n que compartir con intereses econ&#243;micos extranjeros&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0065"><span class="elsevierStyleSup">11</span></a></p><p id="p0050" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 14 de la Ley permite que las alianzas o asociaciones entre las empresas productivas del Estado se regulen por el derecho privado&#46; Una empresa productiva del Estado debe guiarse por los principios de derecho p&#250;blico porque pertenece al Estado&#46;</p><p id="p0055" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 17 de la Ley permite que las empresas extranjeras privadas participen en los yacimientos transfronterizos&#44; con ello se vulnera el principio de dominio eminente&#46; S&#243;lo a Pemex debiera corresponderle esa explotaci&#243;n por la parte que le corresponda al Estado mexicano&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0070"><span class="elsevierStyleSup">12</span></a></p><p id="p0060" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los permisos a que se refieren los art&#237;culos 48 y siguientes de la Ley vulneran el art&#237;culo 134 constitucional&#44; pues se emplea ese mecanismo de derecho administrativo para no licitarlos&#46; Los permisos promover&#225;n la corrupci&#243;n por la discrecionalidad con que se otorgar&#225;n&#46;<a name="p7"></a><a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0075"><span class="elsevierStyleSup">13</span></a></p><p id="p0065" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las servidumbres que prev&#233;n los art&#237;culos 100 y siguientes de la Ley de Hidrocarburos constituyen la v&#237;a legal para afectar la propiedad privada&#44; social y de las comunidades ind&#237;genas con una finalidad no p&#250;blica sino esencialmente de beneficio privado &#8212;el de las empresas trasnacio-nales&#8212;&#46;</p><p id="p0070" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los t&#233;rminos fiscales&#44; en los contratos de exploraci&#243;n y extracci&#243;n&#44; a que aluden diversas disposiciones de la iniciativa&#44; constituyen una violaci&#243;n al art&#237;culo 31&#44; fracci&#243;n IV&#44; de la Constituci&#243;n&#44; porque en materia fiscal existe un principio de reserva de ley&#58; cualquier contribuci&#243;n debe estar prevista en la Ley&#46; Adem&#225;s&#44; las contribuciones deben ser generales&#44; proporcionales y equitativas&#46; Una negociaci&#243;n entre las partes rompe con los principios de la imposici&#243;n contemplados en la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0075" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los art&#237;culos 119 a 122 de la Ley no establecen el car&#225;cter vinculante del resultado de las consultas a los pueblos originarios y el procedimiento de consulta se aparta del Convenio 169 de la OIT y de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos &#8212;por ejemplo&#44; no realizar&#225; la consulta o el procedimiento de consentimiento previo&#44; libre e informado una autoridad independiente&#8212;&#46; El dictamen no prev&#233; que los pueblos originarios perciban porcentajes de los beneficios econ&#243;micos que obtenga Pemex o las empresas privadas cuando los recursos del subsuelo comprendidos en sus territorios sean explotados&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0080"><span class="elsevierStyleSup">14</span></a></p><p id="p0080" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley en materia de transparencia es <span class="elsevierStyleItalic">sui generis</span>&#46; En el art&#237;culo 32 se alude a la informaci&#243;n geol&#243;gica&#44; la que debe ser considerada de seguridad nacional y por tanto reservada en los t&#233;rminos del art&#237;culo 6o&#46;&#44; apartado A&#44; base I&#44; de la Constituci&#243;n&#46; Sin embargo&#44; esa informaci&#243;n se pone a disposici&#243;n de los asignatarios y contratistas para que hagan aprovechamiento<a name="p8"></a> comercial de ella&#46;</p><p id="p0085" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las normas que se refieren al contenido nacional&#44; supuestamente para favorecer la proveedur&#237;a nacional&#44; son opuestas al art&#237;culo 1106 del Tratado de Libre Comercio de Am&#233;rica del Norte que restringe las posibilidades de establecer ese tipo de obligaciones a los inversionistas extranjeros&#46; Son por tanto puramente ret&#243;ricas&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0085"><span class="elsevierStyleSup">15</span></a></p><p id="p0090" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En s&#237;ntesis&#44; la Ley de Hidrocarburos es un ordenamiento que vulnera la reforma constitucional energ&#233;tica recientemente aprobada&#46; Constituye un acto de traici&#243;n a la patria y de p&#233;rdida de soberan&#237;a nacional&#46; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0090"><span class="elsevierStyleSup">16</span></a> No acarrear&#225; beneficios de ning&#250;n tipo a nuestro pa&#237;s y s&#243;lo producir&#225; ventajas para las empresas trasnacionales&#46; Con esta reforma estamos contribuyendo a garantizar la seguridad energ&#233;tica de los Estados Unidos y no la de M&#233;xico&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0095"><span class="elsevierStyleSup">17</span></a></p><p id="p0095" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Abundo sobre las siguientes cr&#237;ticas espec&#237;ficas a la Ley de Hidrocarburos&#58;<a name="p9"></a></p><span id="s0015" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">1</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0035">Implicaciones del concepto de propiedad originaria de la naci&#243;n previsto en el art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n en las disposiciones generales de la Ley de Hidrocarburos &#40;art&#237;culos 1o&#46;-5o&#46; de la Ley&#41;</span><p id="p0100" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El primer p&#225;rrafo del art&#237;culo 25&#44; se&#241;ala que corresponde al Estado la rector&#237;a del desarrollo nacional&#46;</p><p id="p0105" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El p&#225;rrafo primero del art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n dice que&#58; &#8220;La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l&#237;mites del territorio nacional&#44; corresponde originariamente a la naci&#243;n&#8221;&#46;</p><p id="p0110" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El p&#225;rrafo tercero del mismo precepto se&#241;ala&#58; &#8220;La naci&#243;n tendr&#225; el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter&#233;s p&#250;blico&#8230; regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci&#243;n con objeto de hacer una distribuci&#243;n equitativa de la riqueza p&#250;blica&#8230;&#8221;&#46;</p><p id="p0115" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El p&#225;rrafo cuarto del art&#237;culo 27 dice que &#8220;le corresponde a la naci&#243;n el dominio directo de los recursos naturales&#8230; incluyendo los hidrocarbu-ros&#8221;&#46;</p><p id="p0120" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El p&#225;rrafo s&#233;ptimo del art&#237;culo 27 establece que el dominio de la naci&#243;n sobre sus recursos es inalienable e imprescriptible&#46;</p><p id="p0125" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El p&#225;rrafo s&#233;ptimo del art&#237;culo 27 &#8212;reforma de 20 de diciembre de 2013&#8212; indica que en cualquier caso&#44; los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la naci&#243;n&#44; aunque permite diversas formas de contrataci&#243;n y de participaci&#243;n del sector social y privado&#46;</p><p id="p0130" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El p&#225;rrafo cuarto del art&#237;culo 28 de la Constituci&#243;n sigue conservando el concepto de &#225;rea estrat&#233;gica en materia de hidrocarburos&#46; Sin embargo&#44; la actual redacci&#243;n emplea un lenguaje simulador porque antes de la reforma constitucional de 20 de diciembre de 2013 el concepto de &#225;rea estrat&#233;gica implicaba que los recursos materia de ese &#225;mbito s&#243;lo pod&#237;an ser explotados por el Estado&#44; y como se deprende del art&#237;culo cuarto transitorio de la reforma constitucional energ&#233;tica&#44; ahora se permitir&#225;n distintos tipos de contratos y licencias&#44; es decir&#44; la actividad energ&#233;tica no es m&#225;s exclusiva del Estado&#46;</p><p id="p0135" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El octavo transitorio de la reforma de 20 de diciembre de 2013 dice que&#58; 1&#41; las actividades de exploraci&#243;n y extracci&#243;n de hidrocarburos se consideran de inter&#233;s social y orden p&#250;blico&#44; por lo que tendr&#225;n preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie<a name="p10"></a> y del subsuelo de los terrenos afectos a aqu&#233;llas&#59; y&#44; 2&#41; la ley prever&#225; las contraprestaciones y las indemnizaciones por las ocupaciones&#46;</p><p id="p0140" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La propiedad originaria&#44; directa&#44; inalienable e imprescriptible de la naci&#243;n sobre las riquezas del subsuelo es parte de lo que en la doctrina jur&#237;dica se denomina dominio eminente&#44; que en palabras de Miguel Marienhoff&#44; significa el poder supremo &#8212;la soberan&#237;a&#8212; sobre el territorio y sus recursos&#44; sean &#233;stos de car&#225;cter p&#250;blico o privado&#46;</p><p id="p0145" class="elsevierStylePara elsevierViewall">De lo anterior se sigue que pese a la reforma constitucional de 20 diciembre de 2013&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="l0005"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0005"><span class="elsevierStyleLabel">a&#41;</span><p id="p0150" class="elsevierStylePara elsevierViewall">el Estado mantiene la rector&#237;a econ&#243;mica&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0010"><span class="elsevierStyleLabel">b&#41;</span><p id="p0155" class="elsevierStylePara elsevierViewall">la naci&#243;n conserva la propiedad originaria&#44; directa&#44; inalienable e imprescriptible sobre los recursos naturales &#40;los hidrocarburos&#41;&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0015"><span class="elsevierStyleLabel">c&#41;</span><p id="p0160" class="elsevierStylePara elsevierViewall">los hidrocarburos en el subsuelo son&#44; en cualquier caso&#44; propiedad de la naci&#243;n&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0020"><span class="elsevierStyleLabel">d&#41;</span><p id="p0165" class="elsevierStylePara elsevierViewall">los particulares pueden intervenir en el &#225;rea estrat&#233;gica de los hi-drocarburos pero sin tener la rector&#237;a de la industria de hidrocarburos&#44; el control y la administraci&#243;n de las empresas productivas del Estado &#8212;ar-t&#237;culo 25&#44; p&#225;rrafo cuarto&#8212;&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0025"><span class="elsevierStyleLabel">e&#41;</span><p id="p0170" class="elsevierStylePara elsevierViewall">las modalidades a la propiedad y a la intervenci&#243;n de los particu-lares en las &#225;reas estrat&#233;gicas las dicta el Estado y deben responder a los fines del desarrollo nacional &#8212;art&#237;culo 26 constitucional&#8212;&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0030"><span class="elsevierStyleLabel">f&#41;</span><p id="p0175" class="elsevierStylePara elsevierViewall">las actividades de exploraci&#243;n y extracci&#243;n de hidrocarburos son de inter&#233;s social y orden p&#250;blico&#44; es decir&#44; no est&#225;n o no deben estar sujetas al mercado&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0035"><span class="elsevierStyleLabel">g&#41;</span><p id="p0180" class="elsevierStylePara elsevierViewall">los hidrocarburos al salir del subsuelo son de la naci&#243;n porque la participaci&#243;n de los particulares en la industria es para que el Estado obtenga ingresos y con ello se contribuya al desarrollo de largo plazo de la naci&#243;n&#46; No para que los particulares obtengan en primer lugar beneficios &#8212;p&#225;rrafo s&#233;ptimo del art&#237;culo 27&#8212;&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0040"><span class="elsevierStyleLabel">h&#41;</span><p id="p0185" class="elsevierStylePara elsevierViewall">es decir&#44; los hidrocarburos no son &#8220;commodities&#8221; sino recursos para el desarrollo nacional&#46;</p></li></ul></p><p id="p0190" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Distintos preceptos de la Ley de Hidrocarburos violentan los anteriores principios de la Constituci&#243;n y de la reforma del 20 de diciembre de 2013&#46; Entre ellos los siguientes&#58;<a name="p11"></a></p></span><span id="s0020" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">2</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0040">Las asignaciones &#40;art&#237;culos 6o&#46; a 10 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0195" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los art&#237;culos 6o&#46; a 10 de la Ley las regulan&#46; El Estado no tiene por qu&#233; asignarse algo que le corresponder&#237;a explotar en exclusiva por tratarse de recursos de la naci&#243;n&#46;<span class="elsevierStyleDisplayedQuote" id="dq0005"><p id="sp0015" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">La asignaci&#243;n se previ&#243; desde la reforma energ&#233;tica de 2008&#44; en la anterior Ley Reglamentaria del Art&#237;culo 27 en el Ramo del Petr&#243;leo&#46; Sus prop&#243;sitos eran&#44; como ahora&#44; privatizar el sector y establecer una figura jur&#237;dica importada de la legislaci&#243;n minera para diferenciar jur&#237;dicamente el papel de Pemex y de las empresas productivas del Estado del rol de los particulares que concurran al sector&#44; supuestamente para darle un tratamiento m&#225;s favorable a Pemex y a las empresas productivas del Estado respecto a los privados&#46; En el fondo es una operaci&#243;n de simulaci&#243;n jur&#237;dica privatizadora que se acredita con la existencia de la migraci&#243;n de asignaciones a contratos&#46;</p></span></p><p id="p0200" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las asignaciones debieran ser&#44; en todo caso&#44; la regla general y&#44; a su vez&#44; los contratos para exploraci&#243;n y extracci&#243;n&#44; la excepci&#243;n &#8212;otorgarse de manera excepcional&#8212;&#46; Sin embargo&#44; el modelo de la Ley no est&#225; construido as&#237;&#44; pues aun en &#225;reas asignadas habr&#225; contratos de servicios &#8212;ar-t&#237;culo 9o&#46; del dictamen&#8212; y las asignaciones pueden migrar a contratos &#8212;art&#237;culo 12&#8212; del dictamen&#46; En las migraciones se permitir&#225;n alianzas con trasnacionales &#8212;art&#237;culo 13&#8212; de la Ley&#46;</p><p id="p0205" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es decir&#44; el esquema de asignaciones est&#225; dise&#241;ado para que todo pueda ser materia de contratos&#46; La excepci&#243;n se transforma en la regla general con todas las consecuencias que ello implica en t&#233;rminos de p&#233;rdida de soberan&#237;a&#44; de renta petrolera&#44; de ingresos fiscales&#44; etc&#233;tera&#46;</p></span><span id="s0025" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">3</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0045">Contratos de exploraci&#243;n y extracci&#243;n &#40;art&#237;culos 11-31 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0210" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los contratos de exploraci&#243;n y producci&#243;n son contrarios a los fines que prev&#233; el p&#225;rrafo s&#233;ptimo del nuevo art&#237;culo 27 constitucional&#58; que el Estado obtenga ingresos para que se contribuya al desarrollo de largo plazo de la naci&#243;n&#44; en tanto que se compartir&#225; la renta petrolera con las empresas petroleras y los ingresos para ese desarrollo se tendr&#225;n que compartir con intereses econ&#243;micos extranjeros&#46;<a name="p12"></a></p><p id="p0215" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 14 de la Ley permite que las alianzas o asociaciones entre las empresas productivas del Estado se regulen por el derecho privado&#46; Una empresa productiva del Estado debe guiarse por los principios constitucionales &#8212;inter&#233;s social&#44; desarrollo nacional&#44; rector&#237;a econ&#243;mica&#44; orden p&#250;blico&#44; desarrollo sustentable&#44; etc&#233;tera&#8212; y no por objetivos que busquen maximizar la rentabilidad&#44; es decir&#44; los objetivos preponderantes tienen que ser de derecho p&#250;blico&#46;</p><p id="p0220" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 15 de la Ley permite a las empresas privadas colocar en la bolsa de valores sus acciones&#44; lo que significa la p&#233;rdida de control de la Comisi&#243;n Nacional de Hidrocarburos sobre la gesti&#243;n y operaci&#243;n de las mismas&#46;</p><p id="p0225" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los veh&#237;culos financieros especializados del Estado mexicano&#44; que prev&#233; el art&#237;culo 16 de la Ley&#44; limitan y diluyen el control y la administraci&#243;n que deben tener las empresas productivas del Estado en los contratos para la exploraci&#243;n y la extracci&#243;n de hidrocarburos en contra de lo previsto en el p&#225;rrafo cuarto del art&#237;culo 25 de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0230" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 17 de la Ley permite que las empresas extranjeras privadas participen en los yacimientos transfronterizos&#44; con ello se vulnera el principio de dominio eminente&#46; S&#243;lo a las empresas productivas del Estado debiera corresponderles esa explotaci&#243;n&#46; El segundo p&#225;rrafo del art&#237;culo 17 indica que la empresa productiva del Estado tendr&#225; una participaci&#243;n obligatoria del 20&#37; de inversi&#243;n en el proyecto&#46;</p><p id="p0235" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las causas de rescisi&#243;n administrativa de los contratos de exploraci&#243;n y extracci&#243;n contemplados en el art&#237;culo 20 violan por omisi&#243;n muchos fines del proyecto nacional&#46; Ejemplo&#44; no son causa de rescisi&#243;n&#58; a&#41; que no se haya consultado u obtenido el consentimiento previo&#44; libre e informado de los pueblos originarios &#8212;art&#237;culo 2o&#46; de la Constituci&#243;n y Convenio 169 de la OIT&#8212;&#59; o&#44; b&#41; no es causa de rescisi&#243;n de los contratos la afectaci&#243;n al medio ambiente o a la salud&#46;</p><p id="p0240" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 21 de la Ley establece que los diferendos jur&#237;dicos se pueden resolver a trav&#233;s del arbitraje internacional&#46; P&#233;rdida de competencia para los tribunales nacionales&#46; Violaci&#243;n a los art&#237;culos 94&#44; 103&#44; 104&#44; 105&#44; 106 y 107 de la Constituci&#243;n&#46; Se trata de una renuncia a la cl&#225;usula Calvo prevista en el art&#237;culo 27&#44; fracci&#243;n I&#44; de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0245" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 22 de la ley establece que el derecho privado es aplicable supletoriamente&#44; lo que restringe los fines de derecho p&#250;blico que est&#225;n previstos en la Constituci&#243;n&#46;<a name="p13"></a></p><p id="p0250" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 27 de la Ley permite la adjudicaci&#243;n directa de gas natural a los concesionarios mineros&#44; viol&#225;ndose el car&#225;cter p&#250;blico y social que debe tener la industria de los hidrocarburos y el art&#237;culo 134 constitucional&#46; Adem&#225;s se infringe el art&#237;culo 1o&#46; de la Constituci&#243;n porque se vulnera el principio de igualdad y no discriminaci&#243;n respecto a otros operadores&#46; El gas gris&#250; o metano extra&#237;do en los Estados Unidos en las minas de carb&#243;n equivale al que se extrae en M&#233;xico&#46; Igualmente existe violaci&#243;n a la integridad territorial consagrada en el art&#237;culo 89&#44; fracci&#243;n VI&#44; de la Constituci&#243;n&#46; Existe una contradicci&#243;n entre este precepto de la Ley y el p&#225;rrafo s&#233;ptimo del art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0255" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El dise&#241;o de la Ley en materia de contratos pone en duda la realizaci&#243;n del dominio eminente y sus principios&#58; la propiedad originaria&#44; directa&#44; inalienable e imprescriptible sobre los hidrocarburos con plena rector&#237;a econ&#243;mica del Estado&#46;</p></span><span id="s0030" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">4</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0050">Fiscalidad de los contratos</span><p id="p0260" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los t&#233;rminos fiscales&#44; en los contratos de exploraci&#243;n y extracci&#243;n&#44; a que aluden diversas disposiciones de la Ley&#44; entre ellas&#44; el p&#225;rrafo segundo del art&#237;culo 12&#44; as&#237; como el art&#237;culo 30 de la Ley&#44; constituyen una violaci&#243;n al art&#237;culo 31&#44; fracci&#243;n IV&#44; de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0265" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La referencia a los t&#233;rminos fiscales en el sentido de esta nueva ley es una noci&#243;n ajena al derecho p&#250;blico nacional porque los ingresos fiscales se determinar&#225;n&#44; en buena parte&#44; a partir de una negociaci&#243;n entre las partes&#44; sin la participaci&#243;n del Congreso de la Uni&#243;n&#44; como si se tratara de un acuerdo de derecho privado y no de un acto de derecho p&#250;blico&#46; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0100"><span class="elsevierStyleSup">18</span></a> El Estado queda&#44; aunque sea en parte&#44; despojado de sus atributos de imperio y de sus competencias en materia tributaria&#46; Adem&#225;s&#44; es de se&#241;alarse que los ingresos fiscales m&#225;s importantes ser&#225;n los negociados entre el Estado y los particulares en los respectivos contratos&#46;</p><p id="p0270" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las razones son las siguientes&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="l0010"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0045"><span class="elsevierStyleLabel">a&#41;</span><p id="p0275" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Existe en materia fiscal un principio de reserva de ley&#46; Cualquier contribuci&#243;n debe estar prevista en la ley &#40;&#8220;No taxation without representation&#8221;&#41;&#46;<a name="p14"></a> No pueden convenirse contribuciones ni t&#233;rminos fiscales entre las partes a trav&#233;s de un contrato o de cualquier otro acto jur&#237;dico&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0050"><span class="elsevierStyleLabel">b&#41;</span><p id="p0280" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las contribuciones deben ser generales&#44; proporcionales y equitativas&#46; Una negociaci&#243;n entre las partes rompe de entrada los principios de la imposici&#243;n&#46; En un acuerdo&#44; esos principios no pueden ser observados porque depende su cumplimiento de la voluntad de las partes y de lo que &#233;stas hayan determinado&#44; no de principios y reglas generales contemplados en la Ley&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0055"><span class="elsevierStyleLabel">c&#41;</span><p id="p0285" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Adem&#225;s&#44; en la Ley de Pemex y CFE se regulan los dividendos estatales que ser&#225;n determinados por la Secretar&#237;a de Hacienda&#44; lo que igualmente viola el principio de reserva de ley&#46; Cualquier contribuci&#243;n debe estar prevista en la ley &#40;&#8220;No taxation without representation&#8221;&#41;&#46; Por otra parte&#44; los dividendos estatales de las leyes de Pemex y CFE no derivan de ning&#250;n transitorio de la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013&#46;</p></li></ul></p></span><span id="s0035" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">5</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0055">Informaci&#243;n obtenida de actividades de exploraci&#243;n y extracci&#243;n &#40;art&#237;culos 32-35 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0290" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley en esta materia es bastante <span class="elsevierStyleItalic">sui generis</span>&#46; En el art&#237;culo 32 de la Ley se alude a la informaci&#243;n geol&#243;gica&#44; la que debe ser considerada de seguridad nacional y por tanto reservada en los t&#233;rminos del art&#237;culo 6o&#46;&#44; apartado A&#44; base I&#46; Sin embargo&#44; se pone a disposici&#243;n&#44; en el art&#237;culo 33 de la Ley&#44; a los asignatarios y contratistas para que hagan aprovechamiento comercial de ella&#46;</p><p id="p0295" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por otra parte&#44; el art&#237;culo 33 de la Ley sostiene que la Comisi&#243;n Nacional de Hidrocarburos garantizar&#225; la confidencialidad de la informaci&#243;n conforme a la regulaci&#243;n que emita&#46; Esa disposici&#243;n vulnera el principio de reserva de ley&#44; previsto en el art&#237;culo 6o&#46; de la Constituci&#243;n y 13 de la Convenci&#243;n Americana sobre Derechos Humanos&#44; pues s&#243;lo por ley&#44; una informaci&#243;n de entidades p&#250;blicas puede ser considerada reservada y&#47;o confidencial&#46;</p></span><span id="s0040" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">6</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0060">Autorizaciones &#40;art&#237;culos 36-40 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0300" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se encuentran reguladas en los art&#237;culos 36 a 40 de la Ley y constituyen una excepci&#243;n a la excepci&#243;n&#46; Es decir&#44; hay actividades como la perforaci&#243;n<a name="p15"></a> de pozos exploratorios&#44; la perforaci&#243;n de pozos en aguas profundas y ultraprofundas&#44; as&#237; como en pozos tipo que se utilicen como modelos de dise&#241;o&#44; en donde no ser&#225; necesario obtener un contrato ni una licencia ni un permiso&#46; En esos supuestos&#44; la Comisi&#243;n Nacional de Hidrocarburos otorga una autorizaci&#243;n&#46; Esta figura no tiene fundamento en el art&#237;culo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica de diciembre de 2013 y constituye una violaci&#243;n al art&#237;culo 134 de la Constituci&#243;n que obliga a las licitaciones p&#250;blicas&#46;</p><p id="p0305" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En los t&#233;rminos del transitorio d&#233;cimo segundo de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica de 2013&#44; las autorizaciones que emita la Comisi&#243;n Nacional de Hidrocarburos suponen un cobro&#44; que establece que tanto la CNH como la CRE<span class="elsevierStyleDisplayedQuote" id="dq0010"><p id="sp0020" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">podr&#225;n disponer de los ingresos derivados de las <span class="elsevierStyleItalic">contribuciones y aprovechamientos</span> que la ley establezca por sus servicios en la emisi&#243;n y administraci&#243;n de los permisos&#44; autorizaciones&#44; asignaciones y contratos&#44; as&#237; como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Informaci&#243;n de Hidrocarburos&#44; que correspondan conforme a sus atribuciones&#44; para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones&#46;</p></span></p><p id="p0310" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por lo tanto&#44; el paquete de reformas deber&#237;a incluir en la Ley Federal de Derechos la lista de los montos y modalidades a cobrar por la Comisi&#243;n Nacional de Hidrocarburos como derechos y aprovechamientos&#44; y que no se quede como una facultad administrativa de la SHCP&#44; pues <span class="elsevierStyleItalic">es una facultad legislativa</span>&#44; en los t&#233;rminos de los art&#237;culos 31&#44; fracci&#243;n IV&#44; y 73&#44; fracci&#243;n VII&#44; de la Constituci&#243;n&#46;</p></span><span id="s0045" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">7</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0065">Regulaci&#243;n y obligaciones dentro de las actividades estrat&#233;gicas&#46; Especial referencia al contenido nacional &#40;art&#237;culos 41-47&#41;</span><p id="p0315" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para los reguladores no existen obligaciones fuertes en defensa de la soberan&#237;a y el patrimonio nacional &#40;salvaguarda de los derechos de los pueblos originarios&#44; del derecho al medio ambiente o a la salud&#44; por ejemplo la rescisi&#243;n del contrato&#41;&#46; Por el contrario&#44; se favorece a los contratistas&#46; El pen&#250;ltimo p&#225;rrafo del art&#237;culo 44 de la Ley establece la afirmativa ficta en favor de los contratistas ante la omisi&#243;n de la Comisi&#243;n Nacional de Hidrocarburos&#46;<a name="p16"></a></p><p id="p0320" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En materia de contenido nacional&#44; el art&#237;culo 46 del dictamen es ret&#243;rico&#46; Las normas que se refieren al contenido nacional como el art&#237;culo 46 de la Ley &#8212;35&#37; de contenido nacional&#8212; y 126 y 127&#44; son opuestas al art&#237;culo 1106 del Tratado de Libre Comercio&#46;</p><p id="p0325" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Un precepto legal no puede estar por encima de una norma convencional y en caso de estarlo prevalece la norma de mayor jerarqu&#237;a&#44; tal como la Suprema Corte de Justicia de la Naci&#243;n lo ha reconocido&#44; entre otras&#44; en la tesis de jurisprudencia LXXVII&#47;1999 de 29 de octubre de ese a&#241;o&#46;</p><p id="p0330" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En este sentido&#44; las referencias al contenido nacional en la Ley son meramente ret&#243;ricas&#44; cuando no simuladoras&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0105"><span class="elsevierStyleSup">19</span></a></p><p id="p0335" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El porcentaje de contenido nacional es incongruente con los tratados internacionales as&#237; como con principios con los que M&#233;xico se ha comprometido en materia de comercio e inversiones&#46; Seg&#250;n estas reglas&#44; los Estados &#40;en este caso el mexicano&#41;&#44; no tienen derecho de imponer ning&#250;n criterio de desempe&#241;o a los inversionistas de las otras partes del tratado&#44; como exigir una determinada proporci&#243;n de contenido nacional&#44; el asegurar una balanza positiva de divisas&#44; transferir tecnolog&#237;a&#44; destinar la producci&#243;n a un mercado en particular&#44; entre otras&#46;</p><p id="p0340" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es indispensable conocer que en el contexto de la suscripci&#243;n de M&#233;xico al GATT&#44; el art&#237;culo III obliga a dar trato nacional a los inversionistas tanto en tributaci&#243;n como en reglamentaci&#243;n interna&#46; Por ello&#44; de ah&#237; que el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio &#40;&#8220;Acuerdo sobre las MIC&#8221;&#41;&#44; se convierta en uno de los acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercanc&#237;as&#44; por los que M&#233;xico asume una serie de prohibiciones y restricciones a su soberan&#237;a&#44; entre las que se encuentra el hecho de que no puede limitar a los inversionistas extranjeros a una determinada obligaci&#243;n de contenido nacional en sus productos &#40;obligaci&#243;n de trato nacional&#44; p&#225;rrafo 4 del art&#237;culo III del GATT de 1994&#41;&#46;</p><p id="p0345" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En el caso espec&#237;fico del Tratado de Libre Comercio con Am&#233;rica del Norte &#40;TLCAN&#41;&#44; espec&#237;ficamente en el art&#237;culo 1106 se limita a los gobiernos a obligar a los inversionistas de las otras partes del Tratado&#44; entre<a name="p17"></a> otras a&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="l0015"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0060"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0350" class="elsevierStylePara elsevierViewall">exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0065"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0355" class="elsevierStylePara elsevierViewall">alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0070"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0360" class="elsevierStylePara elsevierViewall">adquirir o utilizar u otorgar preferencia a bienes producidos o a servicios prestados en su territorio&#44; o adquirir bienes de productores o servicios de prestadores de servicios en su territorio&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0075"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0365" class="elsevierStylePara elsevierViewall">relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones&#44; o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversi&#243;n&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0080"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0370" class="elsevierStylePara elsevierViewall">restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que tal inversi&#243;n produce o presta&#44; relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a ganancias que generen en divisas&#59;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0085"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0375" class="elsevierStylePara elsevierViewall">transferir a una persona en su territorio&#44; tecnolog&#237;a&#44; un proceso productivo u otro conocimiento reservado&#46;</p></li></ul></p></span><span id="s0050" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">8</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0070">Booking <span class="elsevierStyleItalic">&#40;art&#237;culo 45 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span></span><p id="p0380" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 5o&#46; transitorio de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica de diciembre de 2013 determina que las empresas petroleras pueden reportar para efectos contables y financieros el contrato correspondiente y sus beneficios esperados&#44; siempre y cuando se afirme en los contratos que <span class="elsevierStyleItalic">los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la naci&#243;n</span>&#46;</p><p id="p0385" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 45 de la Ley repite la norma transitoria constitucional pero indica que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad del Estado mexicano&#44; lo que constituye de suyo una imprecisi&#243;n constitucional con evidentes consecuencias jur&#237;dicas&#46; Lo anterior significa que el art&#237;culo transitorio de la reforma constitucional y el correspondiente de la Ley&#44; reducen y restringen la propiedad de la naci&#243;n a los hidrocarburos en el subsuelo&#44; a diferencia de lo que establece el p&#225;rrafo s&#233;ptimo del art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n&#44; que indica que los hidrocarburos son inalienables e imprescriptibles &#8212;reforma de 20 de diciembre de 2013&#8212;&#44; el que indica que en cualquier caso&#44; pero no &#250;nicamente&#44; los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la naci&#243;n&#46;<a name="p18"></a><a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0110"><span class="elsevierStyleSup">20</span></a></p><p id="p0390" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Con apoyo en una interpretaci&#243;n sistem&#225;tica de los art&#237;culos 25&#44; 26&#44; 27 y 28 de la Constituci&#243;n&#44; tambi&#233;n son propiedad de la naci&#243;n los hidrocarburos que est&#233;n fuera del subsuelo porque la renta petrolera es de la naci&#243;n y no puede ser compartida con particulares&#44; en tanto que &#233;sta debe emplearse para los fines expresos del p&#225;rrafo s&#233;ptimo del art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n&#58; la participaci&#243;n de los particulares en la industria de los hidrocarburos es para que el Estado obtenga ingresos y para que con ellos se contribuya al desarrollo de largo plazo de la naci&#243;n y no para que los particulares obtengan en primer lugar beneficios&#46;</p><p id="p0395" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El reportar para efectos contables y financieros el contrato correspondiente y sus beneficios esperados&#44; aunque se afirme en los contratos que <span class="elsevierStyleItalic">los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo son propiedad del Estado mexicano</span>&#44; implica la obtenci&#243;n de un beneficio para los particulares &#8212;la obtenci&#243;n de cr&#233;ditos en la banca internacional&#8212; contrario a los principios que orientan la participaci&#243;n de &#233;stos en la industria que&#44; como ya se dijo&#44; son fundamentalmente para que el Estado obtenga ingresos y para que con ellos se contribuya al desarrollo de largo plazo de la naci&#243;n&#46; En este sentido&#44; es antin&#243;mico el p&#225;rrafo s&#233;ptimo del art&#237;culo 27 constitucional con el art&#237;culo quinto transitorio de la reforma a la carta magna&#44; y esa colisi&#243;n normativa debe ser ponderada a favor de los derechos de los gobernados &#40;p&#225;rrafo segundo del art&#237;culo 1o&#46; de la Constituci&#243;n&#41;&#46;</p><p id="p0400" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Existe una contradicci&#243;n entre los art&#237;culos 8o&#46; y 11 de la Ley de Pemex con el art&#237;culo 45 de la Ley de Hidrocarburos&#46; En esta &#250;ltima parece exigirse el contrato para que sea posible realizar los asientos contables y financieros y&#44; en cambio&#44; en la Ley de Pemex&#44; exclusivamente se efect&#250;a el reporte econ&#243;mico&#44; sin que tenga que acompa&#241;arse necesariamente el contrato&#46; En los hechos&#44; el contratista obtendr&#225; cr&#233;ditos de la banca internacional garantiz&#225;ndolos con los recursos que son de la naci&#243;n&#46;</p></span><span id="s0055" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">9</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0075">Permisos &#40;art&#237;culos 48-59&#41;</span><p id="p0405" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La figura de permisos&#44; prevista de los art&#237;culos 48 al 59 de la Ley de Hidrocarburos&#44; violenta el p&#225;rrafo tercero del art&#237;culo 134 de la Constituci&#243;n que ordena que&#58; las adquisiciones&#44; los arrendamientos&#44; las enajenaciones&#44; la prestaci&#243;n de servicios y la contrataci&#243;n de obras&#44; deben realizarse mediante licitaciones p&#250;blicas&#46; La ley no prev&#233; licitaci&#243;n p&#250;blica alguna respecto a permisos otorgados a particulares&#46; En esta parte&#44; la Ley<a name="p19"></a> de Hidrocarburos recoge disposiciones previas&#44; que podemos considerar anticonstitucionales&#44; como la que estuvo prevista en el art&#237;culo 40&#46;&#44; p&#225;rrafo segundo&#44; de la ya no vigente Ley Reglamentaria del Art&#237;culo 27 Constitucional en el ramo del petr&#243;leo&#46;</p><p id="p0410" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Seg&#250;n la Ley de Hidrocarburos &#8212;art&#237;culos 40&#46;&#44; fracci&#243;n XXIV&#44; y 51 de la Ley de Hidrocarburos&#8212;&#44; los permisos se pueden otorgar no s&#243;lo a los particulares sino a tambi&#233;n a Pemex&#44; empresas productivas del Estado o cualquier autoridad paraestatal&#44; lo que demuestra que Pemex&#44; las empresas productivas del Estado y las autoridades paraestatales concurren a los permisos como si fuesen particulares&#44; es decir&#44; dejar&#237;an de ser autoridades&#46; Este ejemplo muestra&#44; como en la legislaci&#243;n previa a la reforma&#44; pero con mayores acentos&#44; el car&#225;cter privatizador de la reforma energ&#233;tica secundaria&#44; al darles tratamiento similar a las instituciones p&#250;blicas y a las privadas&#46; La reforma diluye el car&#225;cter p&#250;blico de las autoridades&#46;</p><p id="p0415" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se debe se&#241;alar que aunque las licitaciones p&#250;blicas habitualmente se aplican a las adquisiciones&#44; el texto del art&#237;culo 134&#44; p&#225;rrafo tercero&#44; de la Constituci&#243;n indica que&#58; &#8220;Las adquisiciones&#44; arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes&#44; prestaci&#243;n de servicios de cualquier naturaleza y la contrataci&#243;n de obra que realicen&#44; se adjudicar&#225;n o llevar&#225;n a cabo a trav&#233;s de licitaciones p&#250;blicas&#8230;&#8221;&#46; Es decir&#44; las licitaciones p&#250;blicas no s&#243;lo est&#225;n previstas por la Constituci&#243;n para las adquisiciones de bienes o contrataci&#243;n de obra&#44; sino tambi&#233;n para la prestaci&#243;n de servicios&#44; lo que entra&#241;a que cualquier actividad que prevalentemente corresponda realizar a las instituciones p&#250;blicas debe ser licitada para transparentar y combatir la corrupci&#243;n en las relaciones entre las instituciones p&#250;blicas y los particulares&#46; Entender de manera restrictiva la posibilidad de realizar las licitaciones implica promover la corrupci&#243;n y negar la transparencia&#46;</p><p id="p0420" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los permisos&#44; aunque exist&#237;an en la legislaci&#243;n previa&#44; entra&#241;an la entrega de las otrora actividades exclusivas del Estado a manos privadas&#44; principalmente extranjeras&#46; Los permisos que contendr&#225; la legislaci&#243;n secundaria energ&#233;tica equivalen en los hechos a concesiones porque confieren derechos exclusivos de explotaci&#243;n a empresas privadas nacionales y extranjeras sobre una buena parte de la industria energ&#233;tica&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0115"><span class="elsevierStyleSup">21</span></a></p><p id="p0425" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Dichos permisos se otorgar&#225;n por el Ejecutivo &#8212;Secretar&#237;a de Energ&#237;a y Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a&#8212; con fuertes dosis de discrecionalidad&#46;<a name="p20"></a> Ser&#225;n fuente de corrupci&#243;n y de tratos en favor a determinadas empresas con violaci&#243;n al principio de igualdad y no discriminaci&#243;n previsto en el &#250;ltimo p&#225;rrafo del art&#237;culo 1o&#46; de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0430" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La violaci&#243;n al derecho a la consulta de los pueblos originarios&#44; las afectaciones al medio ambiente o a la salud no son causa de terminaci&#243;n o revocaci&#243;n de un permiso &#8212;art&#237;culo 54 de la Ley&#8212;&#46;</p><p id="p0435" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El cobro de contribuciones fiscales por estos permisos no se encuentra en la legislaci&#243;n fiscal vigente&#46; Adem&#225;s&#44; no debe olvidarse que la Ley de Hidrocarburos alude a t&#233;rminos fiscales que ser&#225;n pactados por las partes y no estar&#225;n previstos en leyes generales&#46;</p></span><span id="s0060" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">10</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0080">Sistemas integrados &#40;art&#237;culos 60 a 65 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0440" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La regulaci&#243;n de estos sistemas &#8212;art&#237;culos 60 a 65 de la Ley&#8212; entra&#241;a la constituci&#243;n de un oligopolio en el sistema de transporte y almacenamiento de gas&#44; petrol&#237;feros y petroqu&#237;micos&#46; La Ley de Hidrocarburos desintegra a Pemex con el prop&#243;sito de poner fin al &#8220;monopolio de Estado&#8221; y este mecanismo permitir&#225; la constituci&#243;n de un oligopolio que favorecer&#225; a las trasnacionales&#46; Se desmantela al Estado para que &#233;ste pierda control y la administraci&#243;n sobre procesos de la industria de hidrocarburos y&#44; al mismo tiempo&#44; la Ley crea sistemas integrados de car&#225;cter particular que tendr&#225;n el control y administraci&#243;n de esos procesos&#46; Lo anterior es violatorio&#44; entre otros&#44; del p&#225;rrafo cuarto del art&#237;culo 25 constitucional&#46; El gobierno federal perder&#225; a merced de esos sistemas integrados buena parte del control y administraci&#243;n de la industria de los hidrocarburos&#46;</p></span><span id="s0065" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">11</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0085">Centro Nacional de Control del Gas Natural&#46; P&#233;rdida de competencias del Poder Legislativo &#40;art&#237;culos 66-69&#41;</span><p id="p0445" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Muchas normas de la Ley &#8212;por ejemplo&#44; el art&#237;culo d&#233;cimo segundo transitorio&#8212; confieren atribuciones al Ejecutivo federal&#44; a la Secretar&#237;a de Energ&#237;a&#44; a la Comisi&#243;n Nacional de Hidrocarburos para dictar lineamientos&#44; normas y criterios sobre las materias de la Ley&#46; El d&#233;cimo segundo transitorio faculta al Ejecutivo para expedir un decreto para crear el Centro Nacional de Control del Gas Natural&#46;</p><p id="p0450" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Ese tipo de atribuciones restringen las competencias del Congreso de la Uni&#243;n&#46; El art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la Constituci&#243;n indica que lo relacionado<a name="p21"></a> con electricidad e hidrocarburos es competencia exclusiva del Congreso de la Uni&#243;n&#46; El legislador federal no tiene facultades para delegar competencias que s&#243;lo a &#233;l le corresponden&#46;</p></span><span id="s0070" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">12</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0090">Acceso abierto &#40;art&#237;culos 70-75 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0455" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Este mecanismo favorecer&#225; a los operadores m&#225;s importantes en los sistemas de transporte y almacenamiento de gas&#44; petr&#243;leo&#44; petrol&#237;feros y petroqu&#237;micos&#46; Constituye el esquema de cierre de los sistemas integrados previstos en los art&#237;culos 60 a 65 de la Ley&#46; La regulaci&#243;n de estos mecanismos permitir&#225; la constituci&#243;n de un oligopolio en el sistema de transporte y almacenamiento de gas&#44; petrol&#237;feros y petroqu&#237;micos&#44; adem&#225;s de la p&#233;rdida de control del gobierno de estos procesos&#44; en violaci&#243;n al art&#237;culo 25&#44; p&#225;rrafo cuarto&#44; de la Constituci&#243;n&#46;</p></span><span id="s0075" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">13</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0095">Del expendio p&#250;blico &#40;art&#237;culos 76 a 79 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0460" class="elsevierStylePara elsevierViewall">A partir del 1o&#46; de enero de 2015 se podr&#225; realizar el expendio al p&#250;blico de petrol&#237;feros sin que sea necesario contar con la franquicia de Pemex&#46; Es la p&#233;rdida de control por parte del gobierno de la &#250;ltima fase de la industria de los hidrocarburos&#44; en violaci&#243;n al art&#237;culo 25&#44; p&#225;rrafo cuarto&#44; de la Constituci&#243;n&#46;</p></span><span id="s0080" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">14</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0100">Regulaci&#243;n de las competencias de los reguladores en las dem&#225;s actividades de la industria &#40;en los permisos&#41;&#46; Art&#237;culos 80 a 84 de la Ley de Hidrocarburos</span><p id="p0465" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Existe un reparto de competencias entre los reguladores que ser&#225;n insuficientes para contener la voracidad y el poder de los regulados&#46; Lo anterior por el poder pol&#237;tico y econ&#243;mico de las grandes empresas trasnacionales de la energ&#237;a&#46;</p></span><span id="s0085" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">15</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0105">Sanciones &#40;art&#237;culos 85 a 87 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0470" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Consisten en multas que en muchas ocasiones ser&#225;n insuficientes para inhibir las conductas sancionadas&#46; Las sanciones no son proporcionales a las conductas sancionadas&#46; Lo anterior violenta el art&#237;culo 22 de la Constituci&#243;n&#46;<a name="p22"></a></p></span><span id="s0090" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">16</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0110">Transparencia y combate a la corrupci&#243;n &#40;art&#237;culos 88 al 94 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0475" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La informaci&#243;n m&#225;s importante &#8212;art&#237;culos 88 a 94&#8212; de la Ley&#44; que es el contenido de las cl&#225;usulas de los contratos y de los t&#233;rminos de los permisos y autorizaciones&#44; no es p&#250;blica&#46; Lo anterior constituye una violaci&#243;n a los art&#237;culos 6o&#46; de la Constituci&#243;n y 13 de la Convenci&#243;n Americana sobre Derechos Humanos&#46;</p></span><span id="s0095" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">17</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0115">Jurisdicci&#243;n&#44; utilidad p&#250;blica y procedimientos&#46; P&#233;rdida de competencias de los Estados y municipios &#40;art&#237;culos 95 a 99 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0480" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las instancias arbitrales internacionales resolver&#225;n las controversias sobre los contratos de exploraci&#243;n y extracci&#243;n y&#44; en algunos casos&#44; en materia de permisos&#46; Se priva de competencia constitucional al Poder Judicial de la Federaci&#243;n&#46;</p><p id="p0485" class="elsevierStylePara elsevierViewall">A nivel interno&#44; los estados y municipios&#44; seg&#250;n lo regulan los art&#237;culos 95-99 de la Ley&#44; perder&#225;n toda competencia en favor de la Federaci&#243;n&#46; Es una ley antifederalista&#46;</p></span><span id="s0100" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">18</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0120">Territorio&#46; Uso y ocupaci&#243;n superficial &#40;art&#237;culos 100 a 118 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0490" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las regulaciones que prev&#233;n los art&#237;culos 100-118 de la Ley constituyen la v&#237;a jur&#237;dica para afectar la propiedad privada&#44; social y de las comunidades ind&#237;genas con una finalidad no p&#250;blica sino esencialmente de beneficio privado&#46; La ret&#243;rica de la Ley deriva del octavo transitorio de la reforma constitucional de diciembre de 2013&#44; que indica que las actividades de exploraci&#243;n y extracci&#243;n de hidrocarburos se consideran de inter&#233;s social y orden p&#250;blico&#44; por lo que tendr&#225;n preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aqu&#233;llas&#46; De acuerdo con el p&#225;rrafo segundo del art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n&#44; las afectaciones a la propiedad s&#243;lo pueden hacerse por utilidad p&#250;blica y mediante indemnizaci&#243;n&#46;</p><p id="p0495" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley extiende indebidamente el inter&#233;s social y orden p&#250;blico del octavo transitorio de la reforma constitucional a toda la industria de los hidrocarburos referida a actividades que van m&#225;s all&#225; de la exploraci&#243;n y<a name="p23"></a> extracci&#243;n &#8212;refinaci&#243;n&#44; almacenamiento&#44; transporte&#44; comercializaci&#243;n&#44; etc&#233;tera&#8212;&#46; El art&#237;culo octavo transitorio de la reforma constitucional energ&#233;tica del 20 de diciembre de 2013 s&#243;lo considera de car&#225;cter preferente las actividades de exploraci&#243;n y extracci&#243;n&#44; pero no a todas las de la industria de los hidrocarburos&#46;</p><p id="p0500" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Esta extensi&#243;n es inconstitucional porque no se desprende del octavo transitorio de la reforma constitucional y porque las restricciones a los derechos deben interpretarse siempre de manera estricta para no vulnerar el p&#225;rrafo segundo del art&#237;culo 1o&#46; de la Constituci&#243;n &#40;principios de interpretaci&#243;n conforme y <span class="elsevierStyleItalic">pro homine</span>&#41;&#46;</p><p id="p0505" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En esta parte&#44; la Ley contiene diversos problemas de inconstitucionalidad&#46; Entre ellos los siguientes&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="l0020"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0090"><span class="elsevierStyleLabel">a&#41;</span><p id="p0510" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La participaci&#243;n de los testigos sociales en las negociaciones no es obligatoria&#46; Art&#237;culo 101&#44; fracci&#243;n III&#44; de la Ley&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0095"><span class="elsevierStyleLabel">b&#41;</span><p id="p0515" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La v&#237;a administrativa de constituci&#243;n de servidumbre legal de hidrocarburos &#8212;art&#237;culo 108 de la Ley&#8212; es violatoria de los art&#237;culos 14&#44; 16 y 17 de la Constituci&#243;n y 25 de la Convenci&#243;n Americana sobre Derechos Humanos porque&#44; en todo caso&#44; debe ser un juez el que la decrete&#46; Seg&#250;n el art&#237;culo 17 de la carta magna&#44; toda persona tiene derecho a que se administre justicia por un tribunal&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0100"><span class="elsevierStyleLabel">c&#41;</span><p id="p0520" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 109 de la Ley alude a las materias que comprende la servidumbre legal de hidrocarburos&#46; La norma es excesiva&#44; contraria al principio de proporcionalidad previsto en el art&#237;culo 22 de la Constituci&#243;n&#46; Las actividades que comprenda la servidumbre deben estar&#44; una a una&#44; justificadas para no violentar ese principio&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0105"><span class="elsevierStyleLabel">d&#41;</span><p id="p0525" class="elsevierStylePara elsevierViewall">No son causa de nulidad de un acuerdo sobre uso y ocupaci&#243;n superficial la violaci&#243;n al derecho a la consulta de los pueblos originarios&#44; la inminente afectaci&#243;n al medio ambiente o a la salud&#46; Lo anterior contraviene los art&#237;culos 2o&#46; y 40&#46; de la Constituci&#243;n&#44; as&#237; como el Convenio 169 de la OIT&#46;</p></li></ul></p></span><span id="s0105" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">19</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0125">Del impacto social&#46; Derechos de los pueblos originarios &#40;art&#237;culos 118-121 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0530" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los art&#237;culos 119 a 122 de la Ley de Hidrocarburos omiten referencia alguna al Convenio 169 de la OIT&#46; La Ley pasa por alto la diferencia entre derecho a la consulta y consentimiento previo&#44; libre e informado&#46; Seg&#250;n<a name="p24"></a> el derecho internacional de los pueblos originarios ciertas decisiones legislativas y administrativas que afecten a los pueblos originarios deben previamente ser sometidas al procedimiento previo&#44; libre e informado de los pueblos originarios&#46; Sin ese requisito&#44; las normas y decisiones son nulas de pleno derecho&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0120"><span class="elsevierStyleSup">22</span></a></p><p id="p0535" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La consulta previa a los pueblos originarios debi&#243; haberse realizado antes de la aprobaci&#243;n de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica&#46; El principio b&#225;sico para este tipo de consultas es que &#233;stas siempre deben aplicarse cuando las decisiones constitucionales&#44; convencionales&#44; legislativas o administrativas de los poderes y &#243;rganos del Estado puedan afectar a los pueblos y comunidades ind&#237;genas de manera directa o indirecta&#46;</p><p id="p0540" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por eso conviene que el gobierno federal y los partidos que impulsaron la reforma constitucional energ&#233;tica de 2013 y ahora las leyes secundarias tengan presentes los dos siguientes instrumentos internacionales&#58; la Declaraci&#243;n sobre los Derechos de los Pueblos Ind&#237;genas aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007&#44; y el Convenio 169 sobre Pueblos Ind&#237;genas y Tribales en Pa&#237;ses Independientes aprobado por la Conferencia General de la OIT&#46; Igualmente deben asumir dos decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos&#58; el caso <span class="elsevierStyleItalic">Kichwa de Sarayaku vs&#46; Ecuador</span> resuelto el 27 de junio de 2012&#44; y el caso <span class="elsevierStyleItalic">Saramaka vs&#46; Suriname</span>&#44; resuelto el 28 de noviembre de 2007&#46;</p><p id="p0545" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de la Organizaci&#243;n de las Naciones Unidas aprob&#243; la Declaraci&#243;n sobre los Derechos de los Pueblos Ind&#237;genas&#44; la que establece&#44; entre otros&#44; los siguientes derechos de estos pueblos&#58;<span class="elsevierStyleDisplayedQuote" id="dq0015"><p id="sp0025" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Los Estados celebrar&#225;n consultas y cooperar&#225;n de buena fe con los pueblos ind&#237;genas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten&#44; a fin de obtener su consentimiento libre&#44; previo e informado &#40;art&#237;culo 19&#41;&#46;<a name="p25"></a></p><p id="sp0030" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Los pueblos tienen derecho a poseer&#44; utilizar&#44; desarrollar y controlar las tierras&#44; territorios y recursos que poseen en raz&#243;n de la propiedad tradicional u de otra forma tradicional de ocupaci&#243;n o utilizaci&#243;n&#44; as&#237; como aquellos que hayan adquirido de otra forma &#40;art&#237;culo 26&#41;&#46;</p><p id="sp0035" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">A la conservaci&#243;n y protecci&#243;n del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos&#46; Los Estados adoptar&#225;n medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos ind&#237;genas sin su consentimiento libre&#44; previo e informado &#40;art&#237;culo 29&#41;&#46;</p></span></p><p id="p0550" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El 27 de junio de 1989&#44; la 76a&#46; Reuni&#243;n de la Conferencia General de la Organizaci&#243;n Internacional del Trabajo adopt&#243; el Convenio 169 de la Organizaci&#243;n Internacional del Trabajo sobre Pueblos Ind&#237;genas y Tribales en Pa&#237;ses Independientes&#44; el que fue ratificado por la C&#225;mara de Senadores el 11 de julio de 1990&#44; y que contempla&#44; entre otros&#44; los siguientes derechos a favor de los pueblos ind&#237;genas&#58; &#8220;A ser consultados por los gobiernos&#44; mediante procedimientos apropiados y en particular a trav&#233;s de sus instituciones representativas&#44; cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente&#8221; &#40;art&#237;culo 6o&#46;&#41;&#46;</p><p id="p0555" class="elsevierStylePara elsevierViewall">De acuerdo con la resoluci&#243;n del 27 de junio de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos&#44; en el caso del pueblo ind&#237;gena <span class="elsevierStyleItalic">Kichwa de Sarayaku vs&#46; Ecuador</span>&#44; la Corte se&#241;al&#243; el alcance del derecho de consulta&#58; debe tener car&#225;cter previo&#59; ser de buena fe&#44; su finalidad debe ser la de llegar a un acuerdo&#44; adecuada y accesible&#59; debe tomar en cuenta el impacto ambiental y la cultura ind&#237;gena en cuesti&#243;n&#44; y debe ser una consulta informada que respete el resto de los derechos fundamentales&#46; Es necesario recordar que esta resoluci&#243;n tuvo como objeto de <span class="elsevierStyleItalic">litis</span> un permiso que el Estado de Ecuador otorg&#243; a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploraci&#243;n y explotaci&#243;n petrolera en territorio del pueblo Kichwa de Sarayaku&#46;</p><p id="p0560" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En el otro asunto&#44; el caso <span class="elsevierStyleItalic">Saramaka vs&#46; Suriname</span> &#40;sentencia de 28 de noviembre de 2007&#41;&#44; la Corte Interamericana de Derechos Humanos declar&#243; culpable al Estado de Surinam por no garantizar el derecho a la propiedad tradicional de esa comunidad y tambi&#233;n se pronunci&#243; sobre el deber de consultar&#44; pues en lo que antes eran sus territorios ancestrales se expidieron licencias para la explotaci&#243;n maderera&#46; En este asunto&#44; la Corte consider&#243; que&#44; cuando se trate de planes de desarrollo o de inversi&#243;n<a name="p26"></a> a gran escala que tendr&#225;n un mayor impacto dentro del territorio Saramaka&#44; el Estado tiene la obligaci&#243;n&#44; no s&#243;lo de consultar a los Saramakas&#44; sino tambi&#233;n debe de obtener el consentimiento libre&#44; informado y previo de &#233;stos&#44; seg&#250;n sus costumbres y tradiciones&#46;</p><p id="p0565" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La diferencia entre la consulta previa y el consentimiento previo&#44; libre e informado reside en que este &#250;ltimo es obligatorio para que los actos jur&#237;dicos del Estado sean v&#225;lidos&#46; Si no hay consentimiento previo&#44; libre e informado no existe la validez jur&#237;dica&#46; Por esa raz&#243;n&#44; por ejemplo&#44; la Corte Constitucional Colombiana ha declarado &#8220;inexequibles&#8221; o inv&#225;lidos tratados internacionales firmados y ratificados por Colombia&#44; por no haber consultado a los pueblos y comunidades ind&#237;genas cuando estos instrumentos les afectaban&#46;</p><p id="p0570" class="elsevierStylePara elsevierViewall">&#191;En qu&#233; casos se requiere del consentimiento libre&#44; previo e informado&#63; Desde luego cuando se trata de normas jur&#237;dicas constitucionales&#44; convencionales&#44; legales o administrativas&#44; o de proyectos que sean susceptibles de causar grandes impactos en los derechos de los pueblos originarios&#46; Nosotros estimamos que la reforma constitucional en materia energ&#233;tica de 2013 debi&#243; haberse sometido al consentimiento libre&#44; previo e informado de los pueblos y comunidades ind&#237;genas de M&#233;xico antes de ser aprobada&#44; porque la reforma establece en su articulado&#44; la explotaci&#243;n de vastos territorios&#44; algunos de ellos con poblaci&#243;n ind&#237;gena y esas explotaciones tendr&#225;n&#44; sin lugar a dudas&#44; impactos en los derechos de los pueblos&#58; a sus derechos de propiedad&#44; a los derechos al medio ambiente&#44; a los derechos a la salud&#44; a los derechos a su identidad y cultura&#44; entre otros&#46;</p><p id="p0575" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El Convenio 169 de la OIT&#44; tambi&#233;n indica que los pueblos tienen derecho&#58; &#8220;a que el Estado proteja especialmente su derecho sobre los recursos naturales existentes en sus tierras&#46; Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilizaci&#243;n&#44; administraci&#243;n y conservaci&#243;n de dichos recursos&#8221; &#40;art&#237;culo 15&#41;&#46;</p><p id="p0580" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El Convenio 169 igualmente dice que los pueblos tienen derecho<span class="elsevierStyleDisplayedQuote" id="dq0020"><p id="sp0040" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">A que el Estado los consulte antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospecci&#243;n o explotaci&#243;n de los recursos existentes en sus tierras a fin de determinar si sus intereses ser&#225;n perjudicados y en qu&#233; medida&#46; Los pueblos interesados deber&#225;n participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnizaci&#243;n equitativa<a name="p27"></a> por cualquier da&#241;o que puedan sufrir como resultado de esas actividades &#40;art&#237;culo 15&#41;&#46;</p></span></p><p id="p0585" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Esos y otros derechos de las comunidades y los pueblos ind&#237;genas est&#225;n en riesgo&#46; La reforma constitucional energ&#233;tica de 2013 y la legislaci&#243;n secundaria no han sido sometidos antes de su aprobaci&#243;n ni a consulta ni a los procedimientos &#8212;previos&#44; libres e informados&#8212; que permitan a los pueblos originarios otorgar su consentimiento&#44; tal como reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios y el Derecho Comparado &#8212;caso Colombia&#8212;&#46;</p><p id="p0590" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Llama la atenci&#243;n que el art&#237;culo 120 de la Ley permita que en la consulta participen los particulares&#46; En la consulta debe ser conducida por el Estado y de preferencia por una autoridad no involucrada en el sector&#46; Nosotros proponemos que sea la autoridad electoral nacional &#8212;INE&#8212;&#46;</p><p id="p0595" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Aunque el art&#237;culo 120 de la Ley de Hidrocarburos alude a la consulta previa&#44; libre e informada&#44; no establece la hip&#243;tesis normativa referente al supuesto de que el pueblo originario rechace o no acepte el proyecto&#46; Ese supuesto no existe en la Ley&#46; La resoluci&#243;n de la consulta&#44; como se desprende de la Ley&#44; ser&#225; siempre favorable al proyecto&#44; aunque se vulneren los derechos de las comunidades y &#233;stas no quieran la realizaci&#243;n del proyecto&#46; El car&#225;cter preferente de la industria energ&#233;tica seg&#250;n el art&#237;culo 8o&#46; transitorio de la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013 en materia energ&#233;tica&#44; est&#225; por encima de cualquier otro derecho y consideraci&#243;n&#44; aunque se trate de pueblos originarios&#46;</p><p id="p0600" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Igualmente es destacable que no se considere dentro de las causas de revocaci&#243;n o rescisi&#243;n de contratos&#44; permisos&#44; licencias o autorizaciones&#44; la violaci&#243;n al derecho de consulta o la omisi&#243;n del consentimiento&#44; previo&#44; libre e informado&#46; Tampoco son causas de rescisi&#243;n o revocaci&#243;n el da&#241;o al medio ambiente o a la salud&#46;</p></span><span id="s0110" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">20</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0130">Cobertura social &#40;art&#237;culos 122 a 128 de la Ley de Hidrocarburos&#41;</span><p id="p0605" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se establecen obligaciones a las empresas productivas del Estado para generar beneficios sociales pero no a los contratistas ni a los permisionarios que s&#243;lo reciben ventajas&#46; Aqu&#237; se pierde la simetr&#237;a y la igualdad&#46; Son disposiciones violatorias del principio de igualdad previsto en el art&#237;culo 1o&#46; de la Constituci&#243;n&#46;<a name="p28"></a></p></span><span id="s0115" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">21</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0135">Favorecimiento y ventajas sin fin a los contratistas</span><p id="p0610" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se elimina como causal de revocaci&#243;n de una asignaci&#243;n que se env&#237;e de forma &#8220;dolosa&#8221; la informaci&#243;n&#44; dej&#225;ndolo bajo el t&#233;rmino &#8220;injustifica-da&#8221;&#44; y se elimina que se realice &#8220;de manera sistem&#225;tica&#8221; &#40;art&#237;culo 10 para asignaciones&#44; y art&#237;culo 20 para contratos&#41;&#46;</p><p id="p0615" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se suavizan las causales de rescisi&#243;n de los contratos en la Ley&#46; Ya no se incorpora el t&#233;rmino &#8220;doloso&#8221; que estaba en la iniciativa&#46; El dolo implica responsabilidades administrativas&#44; civiles e incluso penales &#40;v&#233;ase el art&#237;culo 214 del C&#243;digo Penal en materia de informaci&#243;n&#41;&#46;</p><p id="p0620" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se elimina el principio de que los t&#233;rminos fiscales de los contratos de exploraci&#243;n &#8220;permitan a la naci&#243;n obtener&#44; en el tiempo&#44; ingresos que contribuyan a su desarrollo a largo plazo&#8221; &#40;art&#237;culo 12&#44; segundo p&#225;rrafo&#41;&#46;</p><p id="p0625" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Este cambio rompe con el principio constitucional previsto en la propia reforma de diciembre de 2013&#44; que en su art&#237;culo 27&#44; s&#233;ptimo p&#225;rrafo&#44; se&#241;ala que<span class="elsevierStyleDisplayedQuote" id="dq0025"><p id="sp0045" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Trat&#225;ndose del petr&#243;leo y de los hidrocarburos s&#243;lidos&#44; l&#237;quidos o gaseosos&#44; en el subsuelo&#44; la propiedad de la naci&#243;n es inalienable e imprescriptible y no se otorgar&#225;n concesiones&#46; <span class="elsevierStyleItalic">Con el prop&#243;sito de obtener ingresos del Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la naci&#243;n&#44; &#233;sta llevar&#225; a cabo las actividades de exploraci&#243;n y extracci&#243;n del petr&#243;leo y dem&#225;s hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a trav&#233;s de contratos con &#233;stas o con particulares&#44; en los t&#233;rminos de la ley reglamentaria</span>&#46; Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos&#44; las empresas productivas del Estado podr&#225;n contratar con particulares&#46; En cualquier caso&#44; los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la naci&#243;n y as&#237; deber&#225; afirmarse en las asignaciones o contratos&#46;</p></span></p><p id="p0630" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Tambi&#233;n contradice lo establecido en el transitorio cuarto de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica ya mencionada&#44; pues &#233;ste se&#241;ala que&#58;<span class="elsevierStyleDisplayedQuote" id="dq0030"><p id="sp0050" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Dentro de los ciento veinte d&#237;as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto&#44; el Congreso de la Uni&#243;n realizar&#225; las adecuaciones que resulten necesarias al marco jur&#237;dico&#44; a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto&#44; entre ellas&#44; regular las modalidades de contrataci&#243;n&#44; que deber&#225;n ser&#44; entre otras&#58; de servicios&#44; de utilidad o producci&#243;n compartida&#44; o de licencia&#44; para llevar a cabo&#44; por cuenta de la naci&#243;n&#44; las actividades<a name="p29"></a> de exploraci&#243;n y extracci&#243;n del petr&#243;leo y de los hidrocarburos s&#243;lidos&#44; l&#237;quidos o gaseosos&#44; incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares&#44; <span class="elsevierStyleItalic">en t&#233;rminos de lo dispuesto por el art&#237;culo 27 de esta Constituci&#243;n</span>&#46; En cada caso&#44; el Estado definir&#225; el modelo contractual que mejor convenga para <span class="elsevierStyleItalic">maximizar los ingresos de la naci&#243;n</span>&#46;</p><p id="sp0055" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">&#8230;<span class="elsevierStyleItalic">La naci&#243;n escoger&#225; la modalidad de contraprestaci&#243;n atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo</span>&#46; Asimismo&#44; la ley establecer&#225; las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas del Estado o los particulares y regular&#225; los casos en que se les impondr&#225; el pago a favor de la naci&#243;n por los productos extra&#237;dos que se les transfieran&#46;</p></span></p><p id="p0635" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se elimina la restricci&#243;n de que &#8220;los contratos para exploraci&#243;n y extracci&#243;n se regular&#225;n &#40;<span class="elsevierStyleItalic">exclusivamente</span>&#41; por lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento&#8221;&#46;</p><p id="p0640" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Esta eliminaci&#243;n deja la puerta abierta a que los contratos puedan ser regulados por diversa legislaci&#243;n&#44; incluso extranjera&#44; en los t&#233;rminos de los tratados internacionales en materia comercial&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0125"><span class="elsevierStyleSup">23</span></a> Esta pr&#225;ctica puede dar pie a que se le est&#233; proveyendo de competencia indirecta a tribunales internacionales para la resoluci&#243;n de controversias&#46;</p><p id="p0645" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las experiencias internacionales nos pueden dar luz al respecto&#44; como el caso argentino en la &#233;poca de Menem&#44; gener&#243; una nueva Ley de Inversiones Extranjeras y se adhiri&#243; al CIADI&#44; reasignando la soberan&#237;a jurisdiccional nacional en su trato con las inversiones extranjeras&#44; mediante<a name="p30"></a> Tratados de Promoci&#243;n de Inversiones &#40;TBI&#41;&#46; Los TBI se firmaron con una duraci&#243;n de 10 a&#241;os&#44; pero si no se expresa o &#8220;denuncian&#8221;&#44; se prorrogan autom&#225;ticamente por un a&#241;o&#44; dos&#44; y as&#237; sucesivamente&#46; Estos tratados ofrecen fundamentalmente derechos de protecci&#243;n con un est&#225;ndar m&#237;nimo&#58; trato justo y equitativo &#40;trato nacional&#41;&#44; compensaci&#243;n en caso de expropiaci&#243;n y libre transferencia de divisas al exterior&#46;</p></span><span id="s0120" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">22</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0140">Derecho a la libre determinaci&#243;n y al desarrollo</span><p id="p0650" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 1o&#46; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol&#237;ticos prev&#233; los derechos a la libre determinaci&#243;n y al desarrollo de los pueblos&#46; En su parte conducente&#44; el precepto indica&#58; &#8220;Para el logro de sus fines&#44; todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos na-turales&#8230; para promover su desarrollo econ&#243;mico&#44; social y cultural&#8221;&#46; Igual precepto se repite en el art&#237;culo 1o&#46; del Pacto de Derechos Econ&#243;micos&#44; Sociales y Culturales&#46;</p><p id="p0655" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Lo anterior significa que los intereses de la naci&#243;n y de la colectividad prevalecen sobre los intereses individuales y cualquier acto de explotaci&#243;n de esos recursos debe orientarse hacia los fines sociales&#46;</p><p id="p0660" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En el mismo sentido&#44; la Declaraci&#243;n sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General de la Organizaci&#243;n de Naciones Unidas en su resoluci&#243;n 41&#47;128&#44; del 4 de diciembre de 1986&#44; postula en el p&#225;rrafo segundo de su primer art&#237;culo que&#58;<span class="elsevierStyleDisplayedQuote" id="dq0035"><p id="sp0060" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">El derecho humano al desarrollo implica tambi&#233;n la plena realizaci&#243;n del derecho de los pueblos a la libre determinaci&#243;n&#44; que incluye&#44; con sujeci&#243;n a las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos humanos&#44; el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberan&#237;a sobre todas sus riquezas y recursos naturales&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0130"><span class="elsevierStyleSup">24</span></a></p></span></p><p id="p0665" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En estas condiciones&#44; tanto la reforma constitucional energ&#233;tica como la legislaci&#243;n secundaria&#44; limitan los derechos a la libre determinaci&#243;n y al desarrollo del pueblo de M&#233;xico&#46;<a name="p31"></a></p></span><span id="s0125" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">23</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0145">Modificaciones a la Ley de Inversi&#243;n Extranjera</span><p id="p0670" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Son para permitir la inversi&#243;n extranjera al 100&#37; en toda la cadena de la industria de hidrocarburos&#46;</p></span><span id="s0130" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">24</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0150">Modificaciones a la Ley Minera</span><p id="p0675" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Implican que la miner&#237;a ya no sea la actividad preferente&#46; La industria de los hidrocarburos y la el&#233;ctrica tienen ahora ese car&#225;cter&#46;</p></span><span id="s0135" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">25</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0155">Modificaciones a la Ley de Asociaciones P&#250;blico-Privadas</span><p id="p0680" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es para que este esquema no pueda utilizarse en la exploraci&#243;n y extracci&#243;n de hidrocarburos&#46;</p></span></span><span id="s0140" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">III</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0160">Ley de la Industria El&#233;ctrica</span><p id="p0685" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En cuanto a su contenido&#44; la Ley de la Industria El&#233;ctrica propone la desarticulaci&#243;n de la industria el&#233;ctrica nacional&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0135"><span class="elsevierStyleSup">25</span></a> El art&#237;culo d&#233;cimo transitorio de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica de 2013 previ&#243; la separaci&#243;n legal de la industria el&#233;ctrica&#46; La Ley va m&#225;s all&#225; y de manera inconstitucional establece la separaci&#243;n operativa de la industria el&#233;ctrica que hasta ahora funciona como un todo integrado&#46; Las finalidades de esta desarticulaci&#243;n de la industria el&#233;ctrica nacional son&#58; 1&#41; el reparto de las etapas de la industria &#8212;generaci&#243;n&#44; transmisi&#243;n&#44; distribuci&#243;n y comercializaci&#243;n&#8212; entre muchos operadores privados&#44; principalmente extranjeros&#59; 2&#41; el incremento de los precios finales por la participaci&#243;n de una pluralidad de operadores en cada uno de los tramos de la industria el&#233;ctrica&#59;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0140"><span class="elsevierStyleSup">26</span></a> 3&#41; las posibilidades de conflicto entre los distintos operadores que participar&#225;n en cada fase de la industria&#59; y&#44; 4&#41; los problemas de desabasto<a name="p32"></a> que propicia la participaci&#243;n de m&#250;ltiples operadores en la industria&#46;</p><p id="p0690" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Constitucionalmente&#44; la Ley de la Industria El&#233;ctrica tiene en t&#233;rminos generales las siguientes deficiencias&#58;</p><p id="p0695" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se priva al Congreso de facultades&#46; El Congreso tiene facultad para legislar en materia de contribuciones &#8212;art&#237;culo 73&#44; fracciones VII y XXIX&#46;5 a&#41;&#44; de la Constituci&#243;n&#8212;&#44; para legislar en materia de comercio &#8212;art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n IX&#44; de la Constituci&#243;n&#8212; y para legislar en materia de electricidad &#8212;art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la Constituci&#243;n&#8212;&#46; Sin embargo&#44; la Ley de la Industria El&#233;ctrica contiene disposiciones que otorgan inconstitucionalmente a la Secretar&#237;a de Energ&#237;a o a la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a este tipo de atribuciones&#44; pues estas entidades&#44; seg&#250;n la Ley&#44; pueden emitir normas generales y abstractas en materia de energ&#237;a&#44; comercio y contribuciones&#46;</p><p id="p0700" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se vulneran los derechos de las autoridades locales&#44; se trata de una ley antifederalista&#46; El art&#237;culo 7o&#46; de la Ley no concede competencia alguna a las autoridades municipales ni a las estatales&#46; Existe en la ley una clara orientaci&#243;n antifederalista&#44; pues en contravenci&#243;n al art&#237;culo 115 de la Constituci&#243;n&#44; el art&#237;culo 39 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica&#44; faculta a transportistas y a distribuidores a realizar trabajos en espacios p&#250;blicos &#8212;calles&#44; calzadas&#44; jardines&#44; plazas&#8212; sin recabar previamente las autorizaciones municipales&#46;</p><p id="p0705" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La ret&#243;rica del contenido nacional&#46; Diversas disposiciones de la Ley contienen normas para garantizar los porcentajes m&#237;nimos de contenido nacional para supuestamente beneficiar a la industria nacional &#8212;por ejemplo&#44; art&#237;culo 11&#44; fracci&#243;n XXI&#44; y 30 de la Ley&#8212;&#46; Esas disposiciones son contrarias a los art&#237;culos 1106 y 1110 del Tratado de Libre Comercio de Am&#233;rica del Norte &#40;el primero proh&#237;be los porcentajes de contenido nacional entre los pa&#237;ses que forman parte del TLC y el segundo establece salvaguardas a la inversi&#243;n extranjera&#41;&#46; Los tratados internacionales tienen jerarqu&#237;a superior a la ley&#46;</p><p id="p0710" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se privatiza la red de transmisi&#243;n y de distribuci&#243;n de energ&#237;a el&#233;ctrica&#46; El art&#237;culo 35 de la Ley permite que particulares realicen aportaciones para obras&#44; ampliaciones o distribuci&#243;n de la red de energ&#237;a el&#233;ctrica&#46; La red queda privatizada y el control del gobierno se limita&#44; entre otras cosas&#44; porque los empresarios recibir&#225;n ingresos por la venta de las obras en los t&#233;rminos de las reglas del mercado&#46;<a name="p33"></a></p><p id="p0715" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Violaci&#243;n al debido proceso&#46; El art&#237;culo 41 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica permite&#44; en algunas hip&#243;tesis&#44; a los transportistas y a los distribuidores suspender a los usuarios finales el servicio de energ&#237;a el&#233;ctrica&#44; sin intervenci&#243;n previa de autoridad alguna&#46; Lo anterior violenta&#44; entre otros&#44; los art&#237;culos 14&#44; 16 y 17 de la Constituci&#243;n&#46; No existe garant&#237;a del debido proceso&#46;</p><p id="p0720" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Servidumbre legal para fines privados&#46; El art&#237;culo 42 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica permite las servidumbres legales para beneficiar a los transportistas y distribuidores&#46; La propiedad privada&#44; p&#250;blica&#44; social o ind&#237;gena queda subordinada a la actividad energ&#233;tica&#46;</p><p id="p0725" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La consulta a los pueblos originarios no es vinculante&#46; El art&#237;culo 117 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica establece el derecho a la consulta&#44; en caso de ocupaci&#243;n de tierras o servidumbres que afecten a las tierras de los pueblos originarios&#44; pero sin garantizar los principios del Convenio 169 de la OIT&#46; La Ley no establece que la consulta sea vinculante&#44; no la distingue del consentimiento previo&#44; libre e informado&#59; tampoco se&#241;ala que los pueblos originarios recibir&#225;n un porcentaje amplio de los beneficios que reciban las empresas por sus negocios&#46; De manera inconstitucional se permite que en la consulta participen los particulares que van a afectar las tierras de los pueblos&#46;</p><p id="p0730" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley implicar&#225; la entrega de la industria el&#233;ctrica al capital extranjero&#58; estadounidense y espa&#241;ol&#46; El Estado mexicano perder&#225; el control de la industria&#46; Los precios de la electricidad no disminuir&#225;n y&#44; por la multiplicidad de agentes en la industria con participaci&#243;n en tramos diferenciados&#44; existe alta probabilidad de desabasto con afectaci&#243;n a los consumidores y al pueblo de M&#233;xico&#46;</p><p id="p0735" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Si particularizamos las violaciones constitucionales&#44; se&#241;alamos lo siguiente&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="l0025"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0110"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0740" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Violaciones a las competencias del Congreso&#46; El Congreso tiene facultad para legislar en materia de contribuciones &#8212;art&#237;culo 73&#44; fracciones VII y XXIX&#46;5&#8212;&#44; para legislar en materia de comercio &#8212;ar-t&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n IX&#8212; y para legislar en materia de electricidad &#8212;art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#8212;&#46; Sin embargo&#44; la Ley de la Industria El&#233;ctrica contiene disposiciones que otorgan inconstitucionalmente a la Secretar&#237;a de Energ&#237;a o a la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a este tipo de atribuciones&#46;<a name="p34"></a></p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0115"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0745" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 3o&#46;&#44; fracci&#243;n XVII&#44; alude a las bases del mercado el&#233;ctrico&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0120"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0750" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 3o&#46;&#44; fracci&#243;n XLIX&#44; se refiere a las tarifas o contraprestaciones &#8212;contribuciones&#8212; que ser&#225;n determinadas por la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a para los servicios de transmisi&#243;n&#44; distribuci&#243;n&#44; operaci&#243;n de los suministradores y operaci&#243;n del Centro Nacional para el Control de Energ&#237;a&#46; Se trata de competencias fiscales que son del Congreso de la Uni&#243;n que no deben estar sujetas al mercado o a las determinaciones de una autoridad administrativa&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0125"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0755" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 6o&#46; de la ley confiere facultades de regulaci&#243;n a la Secretar&#237;a de Energ&#237;a y a la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0130"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0760" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 10 de la Ley se&#241;ala que la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a emitir&#225; disposiciones administrativas generales para regular la informaci&#243;n&#46; Lo anterior infringe el art&#237;culo 6o&#46; de la Constituci&#243;n en materia de reserva de ley sobre acceso a la informaci&#243;n y transparencia&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0135"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0765" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 11&#44; fracci&#243;n XL&#44; de la ley faculta a la Secretar&#237;a de Energ&#237;a para expedir disposiciones administrativas de car&#225;cter general en relaci&#243;n con las atribuciones que le confiere la ley&#46; Lo anterior es contrario al art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la Constituci&#243;n que otorga al Congreso la facultad de legislar en materia de electricidad&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0140"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0770" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 12&#44; fracci&#243;n XVII&#44; de la Ley de la Industria El&#233;ctrica faculta a la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a para emitir la regulaci&#243;n que valida la titularidad de los Certificados de Energ&#237;as Limpias&#44; lo que es contrario al art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la Constituci&#243;n&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0145"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0775" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Igualmente las fracciones XXVI&#44; XXVII y XLV del art&#237;culo 12 de la ley confieren atribuciones de regulaci&#243;n general a la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a en oposici&#243;n al art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la Constituci&#243;n&#44; pues el Congreso tiene facultades para legislar en materia de energ&#237;a&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0150"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0780" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 132 de la Ley faculta a la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a&#44; a establecer normas generales en materia de estandarizaci&#243;n y normalizaci&#243;n del servicio el&#233;ctrico nacional cuando se trata de competencias del Congreso&#44; seg&#250;n lo determina la fracci&#243;n X del art&#237;culo 73 de la carta magna&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0155"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0785" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se exceden las previsiones del art&#237;culo 8o&#46; transitorio de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica que se&#241;ala que s&#243;lo la transmisi&#243;n<a name="p35"></a> y distribuci&#243;n de energ&#237;a el&#233;ctrica son de inter&#233;s social y de orden p&#250;blico&#46; El art&#237;culo 8o&#46; transitorio de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica&#44; publicada el 20 de diciembre de 2013&#44; s&#243;lo indica que la transmisi&#243;n y distribuci&#243;n de energ&#237;a el&#233;ctrica&#44; se consideran de inter&#233;s social y orden p&#250;blico&#46; Sin embargo&#44; el segundo p&#225;rrafo del art&#237;culo 40&#46; de la Ley dice que las actividades de generaci&#243;n&#44; transmisi&#243;n&#44; distribuci&#243;n&#44; comercializaci&#243;n y el control del sistema el&#233;ctrico nacional son de utilidad p&#250;blica&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0160"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0790" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Car&#225;cter complementario y supletorio del derecho mercantil y del derecho civil federal&#46; Privatizaci&#243;n jur&#237;dica de lo p&#250;blico&#46; El p&#225;rrafo segundo del art&#237;culo 5o&#46; de la ley dice&#58; &#8220;En lo no previsto por esta Ley&#44; se consideran mercantiles los actos de la industria el&#233;ctrica&#44; por lo que se regir&#225;n por el C&#243;digo de Comercio Y&#44; de modo supletorio&#44; por las disposiciones del C&#243;digo Civil Federal&#8221;&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0145"><span class="elsevierStyleSup">27</span></a></p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0165"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0795" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Ley antifederalista&#46; El art&#237;culo 7o&#46; del dictamen no concede competencia alguna a las autoridades municipales ni a las estatales&#46; Existe en el dictamen una clara orientaci&#243;n antifederalista&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0170"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p0800" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Desvertebraci&#243;n de la industria el&#233;ctrica nacional&#46; El art&#237;culo d&#233;cimo transitorio de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica &#8212;20 de diciembre de 2013&#8212; prev&#233; la separaci&#243;n legal para fomentar el acceso abierto y la operaci&#243;n eficiente del sector el&#233;ctrico pero no la separaci&#243;n contable&#44; operativa o funcional como lo hace el art&#237;culo 8o&#46; de la Ley&#46; Las finalidades de esta desarticulaci&#243;n de la industria el&#233;ctrica nacional son&#58; 1&#41; la desarticulaci&#243;n la industria&#59; 2&#41; el incremento de los precios finales por la participaci&#243;n de una pluralidad de operadores en cada uno de los tramos de la industria el&#233;ctrica&#59; 3&#41; las posibilidades de conflicto entre los distintos operadores que participar&#225;n en cada fase de la industria&#59; y&#44; 4&#41; los problemas de desabasto que propicia la participaci&#243;n de m&#250;ltiples operadores en la industria&#46;<a name="p36"></a></p></li></ul></p><p id="p0805" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Lo anterior es contrario al p&#225;rrafo tercero del art&#237;culo 28 de la Constituci&#243;n que garantiza el abasto de materias o productos que se consideren necesarios para la econom&#237;a nacional o el consumo popular&#46;</p><p id="p0810" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las causas de separaci&#243;n legal de un operador de la industria no incluye las violaciones al medio ambiente&#44; a la salud&#44; a los derechos de los trabajadores o a los derechos de los pueblos originarios&#46; El art&#237;culo 9o&#46; de la ley no contempla las causales anteriores para separar a un integrante de la industria el&#233;ctrica nacional&#46; Lo que puede ser violatorio de los art&#237;culos 2o&#46;&#44; 40&#46; y 123 de la Constituci&#243;n as&#237; como al Convenio 169 de la OIT&#46;</p><p id="p0815" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Contenido nacional&#46; Diversas disposiciones de la ley de la Industria El&#233;ctrica contienen normas para garantizar los porcentajes m&#237;nimos de contenido nacional &#8212;por ejemplo&#44; los art&#237;culos 11&#44; fracci&#243;n XXIII&#44; y 30 de la Ley&#8212;&#46; Esas disposiciones son contrarias a los art&#237;culos 1106 y 1110 del Tratado de Libre Comercio de Am&#233;rica del Norte que establecen salvaguardas a la inversi&#243;n extranjera y que restringen los porcentajes de contenido nacional&#46;</p><p id="p0820" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El gobierno pierde el control de la industria el&#233;ctrica&#46; De acuerdo con los art&#237;culos 14 y 15 de la Ley&#44; el Estado ejercer&#225; el control operativo del sistema el&#233;ctrico nacional a trav&#233;s del Centro Nacional de Control de Energ&#237;a&#44; mismo que podr&#225; formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que presten servicios &#8220;auxiliares&#8221; a la operaci&#243;n del mercado el&#233;ctrico mayorista&#46; Es decir&#44; el gobierno compartir&#225; el control de la industria el&#233;ctrica nacional con particulares en franca violaci&#243;n del p&#225;rrafo cuarto del art&#237;culo 25 de la Constituci&#243;n que determina que ser&#225;n las empresas productivas del Estado las que deben tener ese control&#46;</p><p id="p0825" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Centrales el&#233;ctricas privadas que pueden operar sin permisos&#46; El primer p&#225;rrafo del art&#237;culo 17 y los art&#237;culos 21&#44; 22 y 25 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica establece que hay centrales el&#233;ctricas de cualquier capacidad que pueden operar sin permiso en emergencias o interrupciones en el suministro el&#233;ctrico&#46; Lo anterior significa tambi&#233;n la p&#233;rdida de control del gobierno federal en tramos y actividades de la industria el&#233;ctrica nacional en oposici&#243;n al p&#225;rrafo cuarto del art&#237;culo 25 de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0830" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las reglas del mercado se hacen equivaler al inter&#233;s p&#250;blico&#46; Distintos preceptos de la ley &#8212;los art&#237;culos 17 o 23&#44; por ejemplo&#8212; aluden a reglas de mercado que se considera son de cumplimiento necesario por los operadores de la industria el&#233;ctrica&#46; Las reglas del mercado son de inter&#233;s<a name="p37"></a> p&#250;blico y representan el fundamento del funcionamiento de la industria el&#233;ctrica&#46; Ni los derechos de los consumidores ni el abasto ni los principios econ&#243;micos de la Constituci&#243;n que a&#250;n subsisten en los art&#237;culos 25&#44; 26&#44; 27 y 28 de la carta magna son fundamento de la industria el&#233;ctrica&#46;</p><p id="p0835" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Tarifas que son expedidas por la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a y no por el Congreso de la Uni&#243;n&#46; La Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a establecer&#225; las tarifas por la prestaci&#243;n del servicio p&#250;blico de transmisi&#243;n y distribuci&#243;n de la energ&#237;a el&#233;ctrica&#46; Se trata de las contraprestaciones que pagan los prestadores de los servicios y los usuarios&#46; De acuerdo con las fracciones VII y XXIX&#46;5 a&#41; del art&#237;culo 73 de la Constituci&#243;n&#44; las contribuciones sobre energ&#237;a el&#233;ctrica son competencia del Congreso de la Uni&#243;n&#46; En la Ley de la Industria El&#233;ctrica&#44; las tarifas &#8212;contribuciones&#8212; son competencia de una instancia del Ejecutivo y est&#225;n sujetas a los vaivenes del mercado&#46; Son contribuciones que no satisfacen las condiciones de generalidad y equidad que deben establecer las leyes&#44; lo que es opuesto al art&#237;culo 31&#44; fracci&#243;n IV&#44; de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0840" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por otra parte&#44; se transgrede el p&#225;rrafo tercero del art&#237;culo 28 de la Constituci&#243;n que indica&#58;<span class="elsevierStyleDisplayedQuote" id="dq0040"><p id="sp0065" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Las leyes fijar&#225;n las bases para que se se&#241;alen precios m&#225;ximos a los art&#237;culos&#44; materias o productos que se consideren necesarios para la econom&#237;a nacional o el consumo popular&#44; as&#237; como para imponer modalidades a la organizaci&#243;n de la distribuci&#243;n de esos art&#237;culos&#44; materias o productos&#44; a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto&#8230;</p></span></p><p id="p0845" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Lo que significa que a&#250;n si las tarifas no se entienden como contribuciones&#44; s&#243;lo por ley es posible establecer las bases que las norman&#46; Es decir&#44; s&#243;lo el Congreso puede regular las bases de la determinaci&#243;n de una tarifa&#46; No es una competencia de las instancias del Ejecutivo y mucho menos de los particulares&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0150"><span class="elsevierStyleSup">28</span></a></p><p id="p0850" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Entre otros&#44; los art&#237;culos 137 a 147 de la Ley establecen la regulaci&#243;n de las tarifas a favor de la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a&#46;</p><p id="p0855" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los transportistas y los distribuidores no tendr&#225;n responsabilidad por los costos que ocurran en el mercado el&#233;ctrico mayorista&#46; El art&#237;culo 28 de<a name="p38"></a> la Ley exime a los transportistas y a los distribuidores de responsabilidad por los costos que ocurran en el mercado el&#233;ctrico mayorista como resultado de caso fortuito o fuerza mayor&#46; La Ley no se&#241;ala qu&#233; autoridad es competente para determinar el caso fortuito o la fuerza mayor&#46; Este tipo de disposiciones contribuyen a reducir las exigencias gubernamentales y&#44; por tanto&#44; el control a los particulares sobre el servicio p&#250;blico de energ&#237;a el&#233;ctrica&#46; La norma es indicativa de la privatizaci&#243;n de lo p&#250;blico porque somete a las reglas del derecho privado el tratamiento del servicio p&#250;blico de energ&#237;a el&#233;ctrica&#46;</p><p id="p0860" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se privatiza la red de transmisi&#243;n y de distribuci&#243;n de energ&#237;a el&#233;ctrica&#46; El art&#237;culo 35 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica permite que particulares realicen aportaciones para obras&#44; ampliaciones o distribuci&#243;n de la red de energ&#237;a el&#233;ctrica&#46; La red queda privatizada y el control del gobierno se limita&#44; entre otras cosas&#44; porque los empresarios recibir&#225;n ingresos por la venta de las obras en los t&#233;rminos de las reglas del mercado&#46;</p><p id="p0865" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El Centro Nacional de Control de Energ&#237;a asume competencias hacendarias&#46; De acuerdo con el art&#237;culo 36 de la ley&#44; la Cenace administrar&#225; los derechos financieros de transmisi&#243;n&#44; en los t&#233;rminos que establezcan las reglas del mercado&#46; Para la administraci&#243;n de las finanzas p&#250;blicas nacionales existe una p&#233;rdida en el control y supervisi&#243;n de las autoridades hacendarias del pa&#237;s en favor de un organismo que administra esos derechos financieros bajo reglas de mercado&#46;</p><p id="p0870" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se faculta a los transportistas y a los distribuidores a realizar obras y trabajos en espacios p&#250;blicos sin las autorizaciones de los municipios&#46; En contravenci&#243;n al art&#237;culo 115 de la Constituci&#243;n&#44; el art&#237;culo 39 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica faculta a transportistas y a distribuidores a realizar trabajos en espacios p&#250;blicos &#8212;calles&#44; calzadas&#44; jardines&#44; plazas&#8212; sin recabar previamente las autorizaciones municipales&#46;</p><p id="p0875" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Violaci&#243;n al debido proceso&#46; El art&#237;culo 41 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica permite&#44; en algunas hip&#243;tesis&#44; a los transportistas y a los distribuidores suspender a los usuarios finales el servicio de energ&#237;a el&#233;ctrica&#44; sin intervenci&#243;n previa de autoridad alguna&#46; Lo anterior violenta&#44; entre otros&#44; los art&#237;culos 14&#44; 16 y 17 de la Constituci&#243;n&#46; No existe garant&#237;a del debido proceso&#46;</p><p id="p0880" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 108&#44; fracci&#243;n XXVII&#44; de la Ley faculta al Centro Nacional para el Control de la Energ&#237;a a restringir o suspender la participaci&#243;n en<a name="p39"></a> el mercado el&#233;ctrico a los participantes en &#233;l&#44; sin que se garantice el debido proceso&#46;</p><p id="p0885" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Servidumbres legales para fines privados&#46; El art&#237;culo 42 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica permite las servidumbres legales para beneficiar a los transportistas y distribuidores&#46; La propiedad privada&#44; p&#250;blica&#44; social o ind&#237;gena queda subordinada a la actividad energ&#233;tica&#44; en cumplimiento del octavo transitorio de la reforma constitucional energ&#233;tica de 20 de diciembre de 2013&#44; pero en oposici&#243;n a los art&#237;culos 2o&#46; y 27 de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0890" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los art&#237;culos 71 a 89 de la ley regulan las servidumbres y existen art&#237;culos como el 78 que autorizan las servidumbres legales por v&#237;a administrativa en violaci&#243;n al art&#237;culo 17 de la Constituci&#243;n que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva&#46;</p><p id="p0895" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La servidumbre legal que prev&#233; la Ley &#8212;art&#237;culos 79 y 82&#8212; es excesiva y contraria al art&#237;culo 22 de la Constituci&#243;n por desproporcionada&#46; Cualquier actividad de la industria el&#233;ctrica puede dar motivo a la constituci&#243;n de una servidumbre&#46;</p><p id="p0900" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los acuerdos sobre los predios entre los due&#241;os o poseedores y las empresas privadas no se consideran nulos &#8212;art&#237;culos 87 y 88 de la ley&#8212; cuando se violen derechos humanos en materia de medio ambiente&#44; salud&#44; derechos de los trabajadores o derechos de los pueblos originarios&#46; Todo ello en violaci&#243;n a los art&#237;culos 2o&#46;&#44; 40&#46; y 123 de la Constituci&#243;n y en oposici&#243;n al Convenio 169 de la OIT&#46;</p><p id="p0905" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los privilegios de los usuarios calificados&#46; De acuerdo con el art&#237;culo 59 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica&#44; existen usuarios calificados&#44; los que tendr&#225;n un tratamiento diferenciado de los usuarios de suministro b&#225;sico&#46; La distinci&#243;n&#44; entre unos y otros&#44; corresponde a la Secretar&#237;a de Energ&#237;a y a la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a y se basa en el consumo o la demanda de energ&#237;a&#46; La distinci&#243;n puede constituir un privilegio&#44; o bien&#44; una discriminaci&#243;n por razones sociales&#44; opuesta al principio de igualdad que garantiza el art&#237;culo 1o&#46; de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0910" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Peque&#241;os sistemas el&#233;ctricos sin control del gobierno&#46; Los art&#237;culos 65 a 67 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica regulan los peque&#241;os sistemas el&#233;ctricos que no se encuentran conectados a la red nacional de transmisi&#243;n&#46; Aunque los peque&#241;os sistemas el&#233;ctricos suministran energ&#237;a al p&#250;blico en general no forman parte de la red y por tanto tienen autonom&#237;a de ella&#46; Lo anterior violenta el principio de control del gobierno sobre los procesos<a name="p40"></a> de la industria el&#233;ctrica&#46; La rector&#237;a econ&#243;mica del Estado sobre el desarrollo nacional que garantiza el art&#237;culo 25 constitucional desaparece&#46;</p><p id="p0915" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las tarifas pueden ser cobradas por los transportistas y los distribuidores&#46; El art&#237;culo 146 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica&#44; adem&#225;s de facultar inconstitucionalmente a la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a&#44; a establecer tarifas &#8212;facultad que corresponde al Congreso seg&#250;n la fracci&#243;n VII y XXIX&#44; 5 a&#41; del art&#237;culo 73 de la Constituci&#243;n&#8212; faculta a los privados &#8212;transportistas y distribuidores&#8212; a cobrarlas&#46; Es decir&#44; los transforma en autoridades recaudadoras del fisco nacional&#46;</p><p id="p0920" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El pretendido fomento a la industria nacional&#46; Las disposiciones previstas en los art&#237;culos 90 a 93 de la Ley proponen proteger las inversiones de la industria nacional&#46; Se trata de normas ret&#243;ricas que no asumen plenamente el contenido del art&#237;culo 1110 del Tratado de Libre Comercio de Am&#233;rica del Norte y de otros tratados que protegen las inversiones extranjeras&#46; La regulaci&#243;n de la Ley de la Industria El&#233;ctrica a este respecto&#44; pasa por alto que no se pueden imponer requisitos de desempe&#241;o a la inversi&#243;n extranjera&#46;</p><p id="p0925" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La operaci&#243;n del mercado el&#233;ctrico mayorista se sujeta a las reglas del mercado&#46; Los art&#237;culos 94 a 106 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica establecen que el mercado el&#233;ctrico mayorista se sujeta a las reglas del mercado y no a los principios de rector&#237;a econ&#243;mica del Estado para el desarrollo nacional&#44; lo que constituye una violaci&#243;n al cap&#237;tulo econ&#243;mico de la Constituci&#243;n&#44; principalmente al art&#237;culo 25&#46;</p><p id="p0930" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La excepcionalidad en materia de adquisiciones es contraria al art&#237;culo 134 de la Constituci&#243;n&#46; El art&#237;culo 106 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica establece que las adquisiciones que el sector p&#250;blico realice dentro del mercado el&#233;ctrico mayorista no est&#225;n sujetas a las reglas generales de la ley correspondiente&#46; Esta disposici&#243;n es violatoria del art&#237;culo 134 de la Constituci&#243;n porque las compras del sector p&#250;blico deben realizarse mediante licitaciones p&#250;blicas&#46; El art&#237;culo 106 de la Ley ser&#225; fuente de corrupci&#243;n&#46;</p><p id="p0935" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La obligaci&#243;n para garantizar el servicio universal de energ&#237;a es del gobierno federal y no de los particulares&#46; El art&#237;culo 113 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica determina que la electrificaci&#243;n de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas es del gobierno federal&#46; Es decir&#44; las obligaciones son para el gobierno federal y los negocios para los inversionistas privados&#46; En esta norma se sintetiza la privatizaci&#243;n del sector el&#233;ctrico nacional&#58; privatizaci&#243;n de los beneficios y socializaci&#243;n de las p&#233;rdidas&#46;<a name="p41"></a></p><p id="p0940" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La consulta a los pueblos originarios no es vinculante y tampoco se establecen beneficios y reparto de ellos a los ind&#237;genas por la ocupaci&#243;n de sus tierras&#46; El art&#237;culo 119 de la ley establece el derecho a la consulta pero sin garantizar los principios del Convenio 169 de la OIT&#46; La ley no establece que sea vinculante&#44; no la distingue del consentimiento previo&#44; libre e informado y tampoco se&#241;ala que los pueblos originarios recibir&#225;n el 50&#37; de los beneficios que reciban las empresas&#46; De manera incorrecta permite que en la consulta participen los particulares&#46;</p><p id="p0945" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las competencias de energ&#237;as limpias son ret&#243;ricas y transgreden las competencias del Congreso&#46; Los art&#237;culos 121 a 129 de la Ley regulan obligaciones medioambientales para las empresas&#46; Dichas normas son violatorias de los art&#237;culos 40&#46; y 73&#44; fracci&#243;n XXIX G&#44; porque la competencia para dictar normas generales en materia de medio ambiente es del Congreso y no de la Secretar&#237;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales&#46;</p><p id="p0950" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Permisos&#46; Los art&#237;culos 130 y 131 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica regulan los permisos&#46; Cabe decir que el art&#237;culo 27&#44; p&#225;rrafo sexto&#44; de la Constituci&#243;n&#44; cuando alude a la participaci&#243;n de particulares en la industria el&#233;ctrica&#44; establece la figura de contratos para esos efectos y no la de permisos&#46; Los permisos devienen del d&#233;cimo transitorio de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica publicada en el <span class="elsevierStyleItalic">Diario Oficial de la Federaci&#243;n</span> del 20 de diciembre de 2013&#46;</p><p id="p0955" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los permisos violentan el art&#237;culo 134 de la Constituci&#243;n porque se otorgan sin licitaci&#243;n p&#250;blica y son&#44; por su discrecionalidad&#44; fuente de corrupci&#243;n&#46;</p><p id="p0960" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se restringen las inversiones de las empresas productivas del Estado&#46; De acuerdo con el art&#237;culo 150 de la Ley&#44; las empresas productivas del Estado pueden ser limitadas a efecto de no realizar inversiones&#44; lo que restringe sus posibilidades de competencia&#46; Esa disposici&#243;n violenta las reglas del libre mercado que dice impulsar la Ley y trastoca el principio de igualdad con las trasnacionales dedicadas al ramo el&#233;ctrico&#44; principio que garantiza el art&#237;culo 1o&#46; de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0965" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las figuras de la intervenci&#243;n y la requisa son inconstitucionales&#46; Estas figuras se prev&#233;n en los art&#237;culos 151 a 156 de la Ley de la Industria El&#233;ctrica y son inconstitucionales porque infringen el debido proceso&#46; Son violatorias de los art&#237;culos 14&#44; 16&#44; 17 y 29 de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p0970" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Transparencia&#46; El art&#237;culo 159 de la Ley permite que la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a y el Centro Nacional de Control de Energ&#237;a regulen<a name="p42"></a> las modalidades de informaci&#243;n m&#237;nima&#46; Esa norma dota de facultades cuasi legislativas a la CRE y es violatoria del art&#237;culo 6o&#46; de la Constituci&#243;n y del 13 de la Convenci&#243;n Americana sobre Derechos Humanos que establecen un principio de reserva de ley en materia de transparencia&#46;</p><p id="p0975" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Sanciones&#46; Los art&#237;culos 162 a 169 contienen&#44; entre otras&#44; las siguientes deficiencias&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="l0030"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0175"><span class="elsevierStyleLabel">a&#41;</span><p id="p0980" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Nunca establecen como causa de sanci&#243;n la violaci&#243;n a los derechos fundamentales de los pueblos originarios&#44; al medio ambiente&#44; a la salud o al trabajo&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0180"><span class="elsevierStyleLabel">b&#41;</span><p id="p0985" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Establecen c&#243;digos de &#233;tica que son violatorios de los art&#237;culos 109 y 113 de la Constituci&#243;n porque las responsabilidades deben ser materia de ley y no de normas administrativas&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0185"><span class="elsevierStyleLabel">c&#41;</span><p id="p0990" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las sanciones consisten en multas que no son proporcionales a las conductas realizadas&#46; No se garantiza el principio de proporcionalidad del art&#237;culo 22 de la Constituci&#243;n&#46;</p></li></ul></p><p id="p0995" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Transitorios&#46; El quinto transitorio que crea el Centro Nacional de Control de Energ&#237;a violenta los art&#237;culos 90 y 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la carta magna&#46; S&#243;lo por ley pueden regularse organismos p&#250;blico descentralizados en materia de energ&#237;a&#46; El quinto transitorio establece que ser&#225; un decreto del Ejecutivo&#46;</p></span><span id="s0145" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">IV</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0165">Ley de Energ&#237;a Geot&#233;rmica y reformas a la Ley de Aguas Nacionales</span><p id="p1000" class="elsevierStylePara elsevierViewall">No tiene fundamento constitucional el car&#225;cter preferente de explotaci&#243;n de la energ&#237;a geot&#233;rmica&#46; El art&#237;culo 40&#46; de la Ley de Energ&#237;a Geot&#233;rmica que regula el car&#225;cter preferente para la explotaci&#243;n de la energ&#237;a geot&#233;rmica es inconstitucional porque no tiene fundamento en la carta magna&#46; El art&#237;culo 8o&#46; transitorio de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica &#8212;<span class="elsevierStyleItalic">Diario Oficial</span> del 20 de diciembre de 2014&#8212; s&#243;lo otorga el car&#225;cter de preferente a la exploraci&#243;n y extracci&#243;n de los hidrocarburos y al servicio p&#250;blico de transmisi&#243;n y distribuci&#243;n de energ&#237;a el&#233;ctrica&#46; No existe&#44; por tanto&#44; base constitucional para considerar preferente la generaci&#243;n de energ&#237;a el&#233;ctrica a trav&#233;s de la geotermia&#46;</p><p id="p1005" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se permite explotar inconstitucionalmente subproductos sin concesi&#243;n&#46; De acuerdo con el art&#237;culo 5o&#46; de la Ley se podr&#225; aprovechar los subproductos que se descubran con motivo de las actividades que prev&#233;<a name="p43"></a> la Ley sin concesi&#243;n&#46; Seg&#250;n el p&#225;rrafo sexto del art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n&#44; la explotaci&#243;n&#44; uso o el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo s&#243;lo podr&#225; realizarse mediante concesiones&#46; Es decir&#44; el aprovechamiento de los subproductos de la geotermia &#250;nicamente puede ser aprovechado mediante concesiones&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0155"><span class="elsevierStyleSup">29</span></a></p><p id="p1010" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los permisos y registros que regula la Ley son antin&#243;micos con el p&#225;rrafo sexto del art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0160"><span class="elsevierStyleSup">30</span></a> Los art&#237;culos 8o&#46; a 25 de la Ley de Energ&#237;a Geot&#233;rmica se oponen al p&#225;rrafo 6o&#46; del art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n&#44; pues la explotaci&#243;n&#44; uso o el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo s&#243;lo podr&#225; realizarse mediante concesiones y no mediante registros o permisos&#46; Es verdad que el art&#237;culo 10 transitorio de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica de diciembre de 2013 faculta a la Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a a expedir permisos respecto a la generaci&#243;n de electricidad&#46; Sin embargo&#44; en el caso de la geotermia&#44; la facultad&#44; seg&#250;n la Ley&#44; es de la Secretar&#237;a de Energ&#237;a&#44; lo que demuestra el car&#225;cter inconstitucional de sus competencias en esta materia&#46;</p><p id="p1015" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Mercado inconstitucional de las concesiones&#46; El art&#237;culo 29 de la Ley permite la cesi&#243;n de derechos de las concesiones sin que se obtenga una nueva concesi&#243;n &#8212;bastar&#225; una autorizaci&#243;n de la Secretar&#237;a de Ener-g&#237;a&#8212;&#46; La norma propiciar&#225; la compraventa de las concesiones y es adem&#225;s inconstitucional porque el p&#225;rrafo sexto del art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n determina que la explotaci&#243;n&#44; uso o el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo s&#243;lo podr&#225; realizarse mediante concesiones y no mediante autorizaciones&#46;</p><p id="p1020" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las causas de terminaci&#243;n de las concesiones no establecen como motivo de su fin la violaci&#243;n a los derechos de los pueblos originarios&#44; la afectaci&#243;n al medio ambiente o a la salud&#46; El art&#237;culo 38 de la Ley prev&#233; las causas que dan lugar a la terminaci&#243;n de una concesi&#243;n&#46; Sin embargo&#44; a pesar de su importancia&#44; no son causa de terminaci&#243;n de las mismas la violaci&#243;n a los derechos de los pueblos originarios &#8212;se viola el Convenio<a name="p44"></a> 169 de la OIT&#8212; ni las afectaciones al medio ambiente o a la salud&#44; lo que transgrede el ordenamiento jur&#237;dico nacional y convencional a ese respecto&#46;</p><p id="p1025" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El procedimiento para la revocaci&#243;n y caducidad de las concesiones viola el debido proceso&#46; Seg&#250;n el art&#237;culo 40 de la Ley&#44; la revocaci&#243;n y caducidad de las concesiones geot&#233;rmicas son declaradas administrativamente por la Secretar&#237;a de Energ&#237;a&#46; Es decir&#44; se trata de un procedimiento que es resuelto por la autoridad administrativa y no por un juez&#44; a trav&#233;s de las reglas del debido proceso&#46; Lo anterior violenta los art&#237;culos 14&#44; 16 y 17 de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p1030" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se viola el principio <span class="elsevierStyleItalic">nulla poena sine lege</span>&#46; El art&#237;culo 62 de la Ley establece que las infracciones a la Ley y a sus disposiciones reglamentarias podr&#225;n ser sancionadas administrativamente&#46; Esa norma viola el p&#225;rrafo tercero art&#237;culo 14 de la Constituci&#243;n&#44; pues las sanciones de car&#225;cter punitivo s&#243;lo pueden ser previstas en ley y no en reglamentos&#46;</p><p id="p1035" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Privatizaci&#243;n del derecho p&#250;blico&#46; El art&#237;culo 66 de la Ley considera que es aplicable supletoriamente la legislaci&#243;n mercantil y la civil&#44; lo que diluye el car&#225;cter de derecho p&#250;blico de la materia geot&#233;rmica&#46; Se trata de la privatizaci&#243;n del derecho p&#250;blico como en el resto de la reforma energ&#233;tica&#46;</p><p id="p1040" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Violaci&#243;n del art&#237;culo 81 de la Ley de Aguas nacionales al p&#225;rrafo sexto de la Constituci&#243;n&#46; El art&#237;culo 81 de la Ley de Aguas Nacionales regula permisos de obra para los pozos exploratorios&#46; El p&#225;rrafo 6o&#46; del art&#237;culo 27 de la Constituci&#243;n determina que cualquier uso o aprovechamiento de los recursos del subsuelo debe darse a trav&#233;s de la figura de concesi&#243;n y no de permisos&#46;</p></span><span id="s0150" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">V</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0170">Ley de Petr&#243;leos Mexicanos y Ley de la Comisi&#243;n Federal de Electricidad</span><p id="p1045" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La reforma energ&#233;tica 2013-2014 significa la demolici&#243;n de los art&#237;culos 25&#44; 27 y 28 de la Constituci&#243;n&#44; que establecen que la naci&#243;n es la propietaria de los hidrocarburos&#44; y que se&#241;alaba que &#233;stos en exclusiva deb&#237;an ser explotados por el Estado a trav&#233;s de sus organismos p&#250;blicos&#46;<a name="p45"></a></p><p id="p1050" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La reforma propone eliminar cualquier independencia energ&#233;tica de nuestro pa&#237;s&#44; lo que implicar&#225; subordinarnos a la pol&#237;tica energ&#233;tica hegem&#243;nica de los Estados Unidos&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0165"><span class="elsevierStyleSup">31</span></a></p><p id="p1055" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El modelo privatizador y desnacionalizador de la reforma recomendada por la OCDE&#44; se resume en tres elementos&#58; 1&#41; privatizaci&#243;n de los objetivos de la industria energ&#233;tica nacional&#59; 2&#41; privatizaci&#243;n de sus estructuras&#59; y&#44; 3&#41; privatizaci&#243;n de los instrumentos de operaci&#243;n&#46; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0170"><span class="elsevierStyleSup">32</span></a></p><p id="p1060" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Primero&#46; Los objetivos de la industria energ&#233;tica nacional se privatizan porque asignan a Pemex y a CFE caracter&#237;sticas corporativas de empresa privada&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0175"><span class="elsevierStyleSup">33</span></a> Se diluye el car&#225;cter p&#250;blico de Pemex y CFE&#44; se homologan sus objetivos y la de los organismos del sector a los de las empresas privadas&#46; En &#233;stas el objetivo es extraer y vender recursos energ&#233;ticos con la mayor rapidez para &#8220;maximizar la ganancia&#8221;&#46; Pemex y CFE ya no mantendr&#225;n su naturaleza p&#250;blica con el fin de ser la palanca del desarrollo nacional sino empresas cuasi privadas que no se guiar&#225;n por el principio orientador de salvaguarda del inter&#233;s general sino por el derecho privado y por las disposiciones de los tratados comerciales y de inversi&#243;n for&#225;nea&#46;</p><p id="p1065" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Dicen los art&#237;culos 40&#46; de ambas leyes que las empresas productivas tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales&#46; En esas leyes se prescinde de los fines constitucionales&#44; que son&#58; el Estado mantiene la rector&#237;a econ&#243;mica&#59; la naci&#243;n conserva la propiedad originaria&#44; directa&#44; inalienable e imprescriptible sobre los recursos naturales &#40;los hidrocarburos&#41;&#59; los hidrocarburos en el subsuelo son&#44; en cualquier caso&#44; propiedad de la naci&#243;n&#59; los particulares pueden intervenir en el &#225;rea estrat&#233;gica de los hidrocarburos pero sin tener la rector&#237;a de la industria de hidrocarburos&#44; el control y la administraci&#243;n de las empresas productivas del Estado &#8212; art&#237;culo 25&#44; p&#225;rrafo 40&#46;&#8212;&#59; las modalidades a la propiedad y a la intervenci&#243;n de los particulares en las &#225;reas estrat&#233;gicas las dicta el Estado y deben<a name="p46"></a> responder a los fines del desarrollo nacional &#8212;art&#237;culo 26 constitucio-nal&#8212;&#59; las actividades de exploraci&#243;n y extracci&#243;n de hidrocarburos son de inter&#233;s social y orden p&#250;blico&#44; es decir&#44; no est&#225;n o no deben estar&#44; sujetas al mercado&#59; los hidrocarburos al salir del subsuelo son de la naci&#243;n porque la participaci&#243;n de los particulares en la industria es para que el Estado obtenga ingresos y con ello se contribuya al desarrollo de largo plazo de la naci&#243;n&#44; no para que los particulares obtengan en primer lugar beneficios &#8212;p&#225;rrafo 7o&#46; del art&#237;culo 27&#8212;&#59; los hidrocarburos no son &#8220;commodities&#8221; sino recursos para el desarrollo nacional&#46;</p><p id="p1070" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Segundo&#46; Se privatizan las estructuras porque se privatiza la organizaci&#243;n&#46; Las nuevas leyes de Petr&#243;leos Mexicanos y de CFE constituyen un r&#233;gimen jur&#237;dico de excepci&#243;n&#46; Pemex y CFE tendr&#225;n un r&#233;gimen de adquisiciones&#44; presupuestal y patrimonial espec&#237;fico&#44; distinto al resto del sector p&#250;blico nacional&#46; Se crea un Consejo de Administraci&#243;n en ambas empresas productivas&#44; cuyos &#8220;consejeros independientes&#8221; est&#225;n regulados de forma distinta al resto de los servidores p&#250;blicos en materia de rendici&#243;n de cuentas&#44; transparencia&#44; salarios&#44; responsabilidades e inmu-nidades&#8212;&#46; Esta estructura es para que el Estado y el gobierno pierdan el control sobre la industria energ&#233;tica nacional y para que &#233;sta se gu&#237;e por objetivos empresariales&#44; desvinculados del inter&#233;s p&#250;blico del Estado&#44; aunque el presidente de la Rep&#250;blica mantendr&#225; su control personal&#58; participa en el nombramiento de los consejeros&#44; del director de Pemex y CFE&#46;</p><p id="p1075" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La finalidad del r&#233;gimen especial &#8212;art&#237;culo 1o&#46; de la Ley de Pemex y de CFE&#8212; en la naturaleza jur&#237;dica&#44; remuneraciones&#44; adquisiciones&#44; bienes&#44; responsabilidades&#44; dividendo estatal&#44; autonom&#237;a presupuestaria y deuda&#44; tiene por prop&#243;sito limitar y reducir los controles que el resto de las instituciones de la administraci&#243;n p&#250;blica reciben de otras instituciones del Estado &#40;C&#225;mara de Diputados o Auditor&#237;a Superior de la Federaci&#243;n&#41;&#46; Tratar a Pemex y CFE como entidades casi ajenas a la administraci&#243;n p&#250;blica bajo esquemas m&#225;s de derecho privado que de derecho p&#250;blico es para resaltar su car&#225;cter de empresas cuasi privadas&#46;</p><p id="p1080" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La reforma autoriza la creaci&#243;n de m&#250;ltiples subsidiarias y filiales por los consejos de administraci&#243;n&#44; lo que desarticular&#225; la visi&#243;n nacional de una industria energ&#233;tica integrada&#46;</p><p id="p1085" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los consejos de administraci&#243;n de Pemex y CFE asumen competencias legislativas anticonstitucionales&#46; Se les faculta para emitir normas generales<a name="p47"></a> en materia energ&#233;tica en oposici&#243;n al art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la Constituci&#243;n&#44; el que se&#241;ala que corresponden al Congreso&#46;</p><p id="p1090" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Tercero&#46; Se privatizan los instrumentos de operaci&#243;n porque a trav&#233;s de contratos&#44; concesiones&#44; permisos y autorizaciones se entregar&#225;n los recursos energ&#233;ticos del pa&#237;s a empresas trasnacionales&#44; las que obtendr&#225;n los principales beneficios econ&#243;micos&#46; La renta energ&#233;tica dejar&#225; de pertenecer a la naci&#243;n en exclusiva y la compartiremos con intereses for&#225;neos&#46;</p><p id="p1095" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El esquema de las leyes de Pemex y CFE es para limitar la importancia de estos organismos en la econom&#237;a nacional&#44; para que en un futuro desaparezcan y para que empresas trasnacionales obtengan los principales beneficios por la explotaci&#243;n de los recursos energ&#233;ticos&#46;</p><p id="p1100" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En concreto&#44; las leyes de Pemex y CFE contienen los siguientes elementos inconstitucionales&#58;</p><p id="p1105" class="elsevierStylePara elsevierViewall">R&#233;gimen especial&#46; La finalidad del r&#233;gimen especial &#8212;art&#237;culo 1o&#46; de la Ley de Pemex y de CFE&#8212; en la naturaleza jur&#237;dica&#44; remuneraciones&#44; adquisiciones&#44; bienes&#44; responsabilidades&#44; dividendo estatal&#44; autonom&#237;a presupuestaria y deuda&#44; tiene por prop&#243;sito limitar y reducir los controles que el resto de las instituciones de la administraci&#243;n p&#250;blica reciben de otras instituciones del Estado &#40;C&#225;mara de Diputados o Auditor&#237;a Superior de la Federaci&#243;n&#41;&#46; Tratar a Pemex y CFE como entidades casi ajenas a la administraci&#243;n p&#250;blica bajo esquemas m&#225;s de derecho privado que de derecho p&#250;blico es para resaltar su car&#225;cter de empresas cuasi privadas&#46;</p><p id="p1110" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Autonom&#237;a t&#233;cnica&#44; operativa y de gesti&#243;n de Pemex y CFE &#40;art&#237;culo 2o&#46; de ambas leyes&#41;&#46; No es tal&#44; la Secretar&#237;a de Hacienda y Cr&#233;dito P&#250;blico y la Secretar&#237;a de Energ&#237;a tutelan su funcionamiento&#46;</p><p id="p1115" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Fines de las empresas productivas&#46; Dicen los art&#237;culos 40&#46; de ambas leyes que las empresas productivas tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales&#46; En esas leyes se prescinde de los fines constitucionales&#44; que son&#58; el Estado mantiene la rector&#237;a econ&#243;mica&#59; la naci&#243;n conserva la propiedad originaria&#44; directa&#44; inalienable e imprescriptible sobre los recursos naturales &#40;los hidrocarburos&#41;&#59; los hidrocarburos en el subsuelo son&#44; en cualquier caso&#44; propiedad de la naci&#243;n&#59; los particulares pueden intervenir en el &#225;rea estrat&#233;gica de los hidrocarburos pero sin tener la rector&#237;a de la industria de hidrocarburos&#44; el control y administraci&#243;n de las empresas productivas del Estado &#8212;art&#237;culo 25&#44; p&#225;rrafo cuarto&#8212;&#59; las modalidades a la propiedad y a la intervenci&#243;n de los particulares en las &#225;reas estrat&#233;gicas las dicta el Estado y deben responder a los fines del desarrollo nacional &#8212; art&#237;culo<a name="p48"></a> 26 constitucional&#8212;&#59; las actividades de exploraci&#243;n y extracci&#243;n de hidrocarburos son de inter&#233;s social y orden p&#250;blico&#44; es decir&#44; no est&#225;n o no deben estar&#44; sujetas al mercado&#59; los hidrocarburos al salir del subsuelo son de la naci&#243;n porque la participaci&#243;n de los particulares en la industria es para que el Estado obtenga ingresos y con ello se contribuya al desarrollo de largo plazo de la naci&#243;n&#46; No para que los particulares obtengan en primer lugar beneficios &#8212;p&#225;rrafo s&#233;ptimo del art&#237;culo 27&#8212;&#44; y los hidrocarburos no son &#8220;commodities&#8221; sino recursos para el desarrollo nacional&#46;</p><p id="p1120" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Legislaci&#243;n mercantil y com&#250;n &#40;art&#237;culo 7o&#46;&#44; p&#225;rrafo 2&#44; de las leyes de Pemex y CFE&#41;&#46; Es para que Pemex y CFE pierdan su potestad de entidades p&#250;blicas y que los t&#233;rminos de contrataci&#243;n se rijan por el principio de la autonom&#237;a de la voluntad y no por los principios del derecho p&#250;blico que salvaguardar&#237;an jur&#237;dicamente la posici&#243;n jer&#225;rquica&#44; de supra a subordinaci&#243;n de Pemex y CFE con las empresas privadas&#46;</p><p id="p1125" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Booking&#46; En el p&#225;rrafo 2o&#46; del art&#237;culo 8o&#46; de la Ley de Pemex se da un giro que no est&#225; expresado de la misma forma en la Ley de Hidrocarburos&#46; Las empresas pueden reportar el inter&#233;s econ&#243;mico para efectos contables y financieros que represente el contrato sin tener que registrar el contrato ante las instituciones crediticias y financieras&#46;</p><p id="p1130" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Gobierno corporativo &#40;art&#237;culos 11 y 12 de la Ley de Pemex y 10 y 11 de la Ley de CFE&#41;&#46; La estructura y organizaci&#243;n de las empresas productivas del Estado se rigen por los principios de las empresas privadas y no por los fines de las empresas p&#250;blicas&#46; La exposici&#243;n de motivos reconoce que las caracter&#237;sticas del gobierno corporativo de Pemex y CFE est&#225;n tomadas de la OCDE&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0180"><span class="elsevierStyleSup">34</span></a></p><p id="p1135" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Violaciones al art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la Constituci&#243;n&#46; Diversas disposiciones de la Ley de Pemex&#44; por ejemplo&#44; el art&#237;culo 13&#44; y 12 de la Ley CFE que se refieren a las competencias del Consejo de Administraci&#243;n de ambas empresas&#44; facultan a &#233;stas para emitir lineamientos y normas de car&#225;cter general en materia de precios&#44; remuneraciones&#44; cancelaci&#243;n de adeudos&#44; pagos extraordinarios&#44; enajenaci&#243;n de bienes&#44; etc&#233;tera&#44; que en los t&#233;rminos del art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; corresponden en exclusiva al Congreso de la Uni&#243;n&#46; El Congreso de la Uni&#243;n no tiene competencia para delegar esas atribuciones de naturaleza legislativa&#46;<a name="p49"></a></p><p id="p1140" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los consejeros independientes&#46; El art&#237;culo 15&#44; fracci&#243;n III&#44; de la Ley de Pemex alude a cinco consejeros independientes designados por el titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado de la Rep&#250;blica por las dos terceras partes de los presentes &#40;en la Ley de CFE se encuentra prevista la regulaci&#243;n en el art&#237;culo 14&#44; fracci&#243;n III &#8212;en esta Ley son cuatro consejeros independientes y un consejero designado por el sindicato&#41;&#44; de tiempo parcial que no tendr&#225;n car&#225;cter de servidores p&#250;blicos&#46; Lo anterior viola el art&#237;culo 108 de la Constituci&#243;n que se&#241;ala que es servidor p&#250;blico cualquier persona que desempe&#241;e un empleo&#44; cargo o comisi&#243;n en las instituciones del pa&#237;s&#46; Los &#8220;consejeros independientes&#8221; no pueden ser independientes si los nombra el Ejecutivo y son consecuencia&#44; por la participaci&#243;n del Senado&#44; del reparto de cuotas partidistas entre los partidos mayoritarios y no realizar&#225;n sus funciones con rigor si son designados de tiempo parcial&#46;</p><p id="p1145" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El Consejo de Administraci&#243;n de Pemex no sesiona en p&#250;blico&#46; Ni el Consejo de Administraci&#243;n de Pemex ni el Consejo de Administraci&#243;n de CFE sesionar&#225;n en p&#250;blico&#46; Lo anterior constituye una violaci&#243;n al principio de m&#225;xima publicidad a que alude el art&#237;culo 6o&#46; de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p1150" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Remuneraciones de los consejeros independientes y del gobierno federal que no sean servidores p&#250;blicos&#46; El art&#237;culo 24&#44; p&#225;rrafo segundo&#44; de la Ley de Pemex &#8212;en la Ley de CFE es el art&#237;culo 23&#44; p&#225;rrafo segundo&#8212; prev&#233; un comit&#233; especial que fijar&#225; las remuneraciones de los consejeros independientes y de los consejeros que no sean del gobierno federal en funci&#243;n de las remuneraciones del mercado&#46; Lo anterior constituye una violaci&#243;n evidente al art&#237;culo 127 de la Constituci&#243;n que fija las reglas y los principios de las remuneraciones de los servidores p&#250;blicos&#46;</p><p id="p1155" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Obligaciones de confidencialidad de los consejeros y funcionarios del Consejo de Administraci&#243;n &#40;art&#237;culos 28 y 29 de la Ley de Pemex y art&#237;culos 27 y 28 de la Ley de CFE&#41;&#46; Esas obligaciones son contrarias al art&#237;culo 6o&#46; de la Constituci&#243;n que prev&#233; el principio de m&#225;xima publicidad&#46; Las leyes de Pemex y de la CFE deben precisar con claridad los supuestos de informaci&#243;n reservada y confidencial&#44; porque las excepciones a la publicidad deben ser estrictas&#44; contempladas en una ley&#44; y estar justificadas&#46; La secrec&#237;a de la informaci&#243;n no puede ser general ni puede quedar confiada a la interpretaci&#243;n del Consejo de Administraci&#243;n&#46;</p><p id="p1160" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Impunidad en materia de responsabilidades&#46; Los art&#237;culos 36 de la Ley de Pemex y 35 de la Ley de la CFE&#44; establecen la impunidad de los<a name="p50"></a> miembros del Consejo de Administraci&#243;n&#46; Se trata de un privilegio inaceptable en el marco del Estado de derecho&#46; Todo servidor p&#250;blico es y debe ser responsable por sus actos u omisiones&#46; Esta disposici&#243;n infringe el t&#237;tulo IV de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p1165" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Facultades excesivas al director general&#46; Los art&#237;culos 46&#44; fracci&#243;n V&#44; de la Ley de Pemex&#44; y 45&#44; fracci&#243;n V&#44; de la Ley de CFE&#44; prev&#233;n que el director general puede autorizar pagos extraordinarios&#44; donativos y donaciones a nombre de Pemex&#44; CFE y sus subsidiarias&#46; Se trata de una facultad que implica patrimonializar para fines privados recursos p&#250;blicos&#46; Se le otorgan competencias para el saqueo&#46;</p><p id="p1170" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Reglas de vigilancia y auditor&#237;a promover&#225;n la opacidad&#46; Los art&#237;culos 50 a 58 de la Ley de Pemex y 49 a 57 de la Ley de CFE&#44; que se refieren a las auditor&#237;as y a la rendici&#243;n de cuentas&#44; pretenden sustituir las atribuciones de control del Congreso de la Uni&#243;n&#46; Cabe la pregunta&#44; si sobre las empresas productivas del Estado puede proceder la creaci&#243;n de alguna comisi&#243;n de investigaci&#243;n en los t&#233;rminos del art&#237;culo 93 de la Constituci&#243;n&#46; Igualmente&#44; las competencias de la Auditor&#237;a Superior de la Federaci&#243;n quedan limitadas por el r&#233;gimen de excepci&#243;n de Pemex y CFE&#44; tal como se desprende de los art&#237;culos 58 de la Ley de Pemex y 57 de la Ley de CFE&#46; Desde luego&#44; la Secretar&#237;a de la Funci&#243;n P&#250;blica carece de competencias en la materia y la rendici&#243;n de cuentas a la sociedad consistir&#225;&#44; en todo caso&#44; en la publicaci&#243;n de informes escuetos sobre los estados financieros de las empresas productivas&#44; sus subsidiarias y filiales&#46; La opacidad ser&#225; la divisa de estas empresas productivas&#46;</p><p id="p1175" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las filiales pierden su naturaleza p&#250;blica&#46; De acuerdo con los art&#237;culos 61 de la Ley de Pemex y 60 de la Ley de CFE&#44; las empresas filiales no ser&#225;n entidades paraestatales y se organizar&#225;n conforme al derecho privado&#46; Es decir&#44; las extremidades de las empresas productivas del Estado pasan a ser totalmente privadas&#46; Esta trasmutaci&#243;n jur&#237;dica prueba la privatizaci&#243;n del sector energ&#233;tico del pa&#237;s&#46; Como empresas privadas&#44; los controles del Estado&#44; incluidos los que tienen que ver con vigilancia y auditor&#237;a&#44; quedan eliminados&#46;</p><p id="p1180" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La creaci&#243;n de empresas subsidiarias y filiales no pasa por la aprobaci&#243;n del Congreso de la Uni&#243;n en franca violaci&#243;n del art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la Constituci&#243;n&#46; Los consejos de administraci&#243;n resuelven a ese respecto&#44; junto con las Secretar&#237;as de Energ&#237;a y Hacienda y Cr&#233;dito P&#250;blico&#44; seg&#250;n lo determinan los art&#237;culos 64&#44; 65&#44; 66 y siguientes de la Ley<a name="p51"></a> de Pemex y 60&#44; 61&#44; 62&#44; 63&#44; 64 y 65 de la Ley de la CFE&#46; Se trata de un cercenamiento de atribuciones del Congreso de la Uni&#243;n&#46;</p><p id="p1185" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El r&#233;gimen especial de adquisiciones&#44; arrendamientos&#44; servicios y obras es violatorio del art&#237;culo 134 de la Constituci&#243;n&#46; Todo este r&#233;gimen especial transgrede el principio de reserva de ley&#46; Seg&#250;n los art&#237;culos 75 de la Ley de Pemex y 77 de la Ley de CFE&#44; el Consejo de Administraci&#243;n establece las disposiciones generales en la materia&#46; Nuevamente al Congreso de la Uni&#243;n se le privan de facultades constitucionales&#46; Las finalidades del r&#233;gimen especial en materia de adquisiciones son para flexibilizar la contrataci&#243;n&#44; lo que implicar&#225; que en muchos casos no se realicen licitaciones p&#250;blicas&#46; Es un r&#233;gimen especial para evadir responsabilidades y promover la corrupci&#243;n&#46;</p><p id="p1190" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La transmutaci&#243;n jur&#237;dica en materia de contrataciones&#46; El art&#237;culo 80 de la Ley de Pemex y 82 de la Ley de CFE se&#241;alan que&#44; hasta el fallo que adjudica un contrato&#44; la naturaleza de los actos es administrativa&#46; Sin embargo&#44; una vez adjudicado el contrato&#44; rige la legislaci&#243;n mercantil o civil&#46; Esta disposici&#243;n es para favorecer a los proveedores en detrimento de Pemex y CFE&#44; sus subsidiarias y filiales&#46; Es decir&#44; estamos frente a una legislaci&#243;n que protege el inter&#233;s privado por encima del inter&#233;s p&#250;blico&#46;</p><p id="p1195" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Bienes&#46; El r&#233;gimen especial de bienes &#8212;art&#237;culos 87 a 89 de la Ley de Pemex y 89 a 91 de la Ley de CFE&#8212; vulnera el art&#237;culo 134 de la Constituci&#243;n que establece que en materia de patrimonio del Estado&#44; la regulaci&#243;n debe ser legal y que los fines del patrimonio p&#250;blico est&#225;n vinculados con el inter&#233;s de la naci&#243;n&#46; La legislaci&#243;n secundaria&#44; sin embargo&#44; establece que la regulaci&#243;n de los bienes de las empresas productivas del Estado se regir&#225; por la legislaci&#243;n com&#250;n&#44; salvo el caso de los bienes inmuebles&#44; en donde el Consejo de Administraci&#243;n podr&#225; desincorporar bienes inmuebles del r&#233;gimen de dominio p&#250;blico y autorizar la enajenaci&#243;n de los bienes inmuebles de Pemex y de CFE&#46;</p><p id="p1200" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Impunidad en materia de responsabilidades a todo el personal&#46; Los art&#237;culos 92 y 93 de la Ley de Pemex y 94 a 95 de la Ley de CFE extienden la impunidad en materia de responsabilidades al personal de Pemex y sus subsidiarias en contra de lo dispuesto por el t&#237;tulo IV de la Constituci&#243;n&#46; Se trata de privilegios que no existen para el resto de los servidores p&#250;blicos&#46;</p><p id="p1205" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Dividendo estatal&#46; Los art&#237;culos 97 a 99 de la Ley de Pemex y 99 a 101 de la Ley de CFE disminuyen las competencias del Congreso y de la<a name="p52"></a> C&#225;mara de Diputados en materia de ingresos y egresos&#44; en contra de lo dispuesto por el art&#237;culo 74 de la Constituci&#243;n&#46; La Secretar&#237;a de Hacienda y Cr&#233;dito P&#250;blico determina ese dividendo&#46;</p><p id="p1210" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Transparencia&#46; Indebidamente&#44; los art&#237;culos 101 de la Ley de Pemex y el 103 de la Ley de CFE se&#241;alan que los consejos de administraci&#243;n a propuesta de sus comit&#233;s de auditor&#237;a y previa opini&#243;n de los directores generales de Pemex y de CFE determinar&#225;n discrecionalmente la informaci&#243;n que se pondr&#225; a disposici&#243;n del p&#250;blico&#46; Lo anterior violenta los principios de reserva de ley y de m&#225;xima publicidad previstos en el art&#237;culo 6o&#46; de la Constituci&#243;n&#44; pues s&#243;lo por ley y no por decisiones discrecionales se determina cu&#225;ndo la informaci&#243;n debe ser reservada o confidencial y en caso de que la ley taxativamente no indique que la informaci&#243;n es restringida&#44; &#233;sta debe ser totalmente p&#250;blica&#46;</p><p id="p1215" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Derecho extranjero&#46; Los art&#237;culos 115 de la Ley de Pemex y 118 de la Ley de CFE permiten la aplicaci&#243;n del derecho extranjero y la intervenci&#243;n de instancias arbitrales trasnacionales&#46; La p&#233;rdida de competencias para el Poder Judicial federal es evidente y se realiza con violaci&#243;n a los art&#237;culos 94 y siguientes de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p1220" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Utilidades para los trabajadores&#46; El art&#237;culo 118 de la Ley de Pemex y 121 de la CFE niegan este derecho laboral en violaci&#243;n al art&#237;culo 123 de la Constituci&#243;n&#44; aunque s&#237; establecen que se puede otorgar a los trabajadores cualquier incentivo&#44; compensaci&#243;n&#44; bono&#44; gratificaci&#243;n o comisi&#243;n por el desempe&#241;o de sus labores&#46;</p></span><span id="s0155" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">VI</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0175">Ley de los &#243;rganos Reguladores Coordinados en Materia Energ&#233;tica y Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protecci&#243;n al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos</span><p id="p1225" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los &#243;rganos reguladores coordinados &#8212;Comisi&#243;n Nacional de Hidrocarburos y Comisi&#243;n Reguladora de Energ&#237;a&#8212; son muy d&#233;biles y ser&#225;n incapaces de controlar a las trasnacionales&#46;</p><p id="p1230" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley de los &#211;rganos Reguladores Coordinados en Materia Energ&#233;tica es producto de la corrupci&#243;n pol&#237;tica&#46; Se propone que la Secretar&#237;a de Hacienda y la C&#225;mara de Diputados pierdan competencias&#46; El art&#237;culo 3o&#46; de la Ley indica que los &#243;rganos reguladores coordinados en materia<a name="p53"></a> energ&#233;tica podr&#225;n disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos&#44; lo que implica que estar&#225;n exceptuados de enterar esos recursos a la Tesorer&#237;a de la Federaci&#243;n&#46; Esta norma entra&#241;a p&#233;rdida de control de la SHCP y ser&#225; seguramente fuente de corrupci&#243;n&#46;</p><p id="p1235" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El nombramiento de los comisionados en los &#243;rganos reguladores coordinados en materia energ&#233;tica y en la agencia nacional de seguridad industrial&#44; tambi&#233;n ser&#225;n fuente de corrupci&#243;n pol&#237;tica&#46; Los nombramientos son para repartir cuotas entre los partidos&#46;</p><p id="p1240" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La regulaci&#243;n de los conflictos de inter&#233;s y las medidas anticorrupci&#243;n previstas no son suficientes&#46;</p><p id="p1245" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se les dota de atribuciones que son inconstitucionales porque invaden competencias de los poderes p&#250;blicos&#46; Por ejemplo&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="l0035"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0190"><span class="elsevierStyleLabel">1</span><p id="p1250" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La fracci&#243;n II del art&#237;culo 22 de la Ley de &#211;rganos Reguladores les faculta a expedir normas generales administrativas&#44; lo que viola el art&#237;culo 89&#44; fracci&#243;n I&#44; de la Constituci&#243;n&#44; pues la facultad reglamentaria corresponde al Ejecutivo&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0195"><span class="elsevierStyleLabel">2</span><p id="p1255" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La fracci&#243;n VI del art&#237;culo 22 de la Ley de los &#211;rganos Reguladores les faculta para disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan para financiar su presupuesto&#44; lo que implica una violaci&#243;n a la fracci&#243;n IV del art&#237;culo 74 de la Constituci&#243;n&#44; pues quien define constitucionalmente el gasto en M&#233;xico es la C&#225;mara de Diputados&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0200"><span class="elsevierStyleLabel">3</span><p id="p1260" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La fracci&#243;n XVIII del art&#237;culo 22 de la ley de los &#243;rganos Reguladores les faculta a expedir las normas sobre el servicio profesional&#44; lo que viola las atribuciones del Congreso &#8212;art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la Constituci&#243;n y la fracci&#243;n XIII del apartado B del art&#237;culo 123 de la carta magna&#8212;&#46;</p></li></ul></p><p id="p1265" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los comisionados de los &#243;rganos reguladores son servidores p&#250;blicos de excepci&#243;n que gozan de prestaciones que no tienen el resto de los servidores p&#250;blicos ni a&#250;n el presidente de la Rep&#250;blica&#46; Esas prestaciones violentan el art&#237;culo 127&#44; fracci&#243;n II&#44; de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p1270" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es contradictorio que los &#243;rganos reguladores sean parte de la administraci&#243;n p&#250;blica centralizada y que al mismo tiempo se les considere &#243;rganos desconcentrados con autonom&#237;a t&#233;cnica&#44; operativa y de gesti&#243;n&#46;<a name="p54"></a></p><p id="p1275" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley de la Agencia es parte de la corrupci&#243;n y de los acuerdos pol&#237;ticos no p&#250;blicos entre el PRI y el PVEM&#46; Es una ley que no prevendr&#225; la afectaci&#243;n al medio ambiente&#46; La Agencia no tiene competencias para dar por terminado un contrato&#44; licencia o permiso en materia de hidrocarburos por violaci&#243;n a las disposiciones legales en materia de medio ambiente&#46; Respecto a las cr&#237;ticas concretas a la Ley de los &#243;rganos reguladores Coordinados en Materia Energ&#233;tica&#44; encontramos las siguientes deficiencias constitucionales&#58;</p><p id="p1280" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se priva de atribuciones a la Secretar&#237;a de Hacienda y Cr&#233;dito P&#250;blico&#46; El art&#237;culo 3o&#46; de la Ley indica que los &#243;rganos reguladores coordinados en materia energ&#233;tica tendr&#225;n autonom&#237;a t&#233;cnica&#44; operativa y de gesti&#243;n &#8212;sin embargo&#44; contradictoriamente son parte de la administraci&#243;n p&#250;blica centralizada&#8212; y podr&#225;n disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos&#44; lo que implica que estar&#225;n exceptuados de enterar esos recursos a la Tesorer&#237;a de la Federaci&#243;n&#46; Esta norma entra&#241;a p&#233;rdida de control de la SHCP y ser&#225; seguramente fuente de corrupci&#243;n&#46;</p><p id="p1285" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Nombramiento de los comisionados entra&#241;a reparto de cuotas entre los partidos&#46; El art&#237;culo 6o&#46; de la ley de los &#211;rganos Reguladores Coordinados en Materia Energ&#233;tica regula la designaci&#243;n de los siete comisionados propuestos por el Ejecutivo en terna al Senado y designados por &#233;ste por el voto de las dos terceras partes de los presentes&#46; Es un esquema para el reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios&#46;</p><p id="p1290" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El titular del Ejecutivo escoge entre los comisionados al presidente del &#243;rgano regulador &#8212;art&#237;culo 7o&#46;&#8212; lo que significa una limitaci&#243;n de la pretendida autonom&#237;a de los &#243;rganos&#46;</p><p id="p1295" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Conflictos de inter&#233;s&#46; El art&#237;culo 8o&#46;&#44; fracci&#243;n VI&#44; de la Ley indica que los comisionados no deben haber ocupado&#44; en el a&#241;o previo a su designaci&#243;n&#44; ning&#250;n empleo&#44; cargo o funci&#243;n directiva en las empresas que est&#233;n sujetas a la regulaci&#243;n de los &#243;rganos reguladores&#46; Se trata de un lapso muy corto&#44; el lapso debiera ser mayor &#8212;cinco a&#241;os&#44; por ejemplo&#8212; para evitar que los comisionados sean representantes de los intereses de los poderes f&#225;cticos&#46;</p><p id="p1300" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Suspensi&#243;n de derechos pol&#237;ticos&#46; El art&#237;culo 9o&#46;&#44; fracci&#243;n I&#44; de la Ley de los &#211;rganos Reguladores Coordinados establece que los comisionados podr&#225;n ser removidos por haber perdido sus derechos como ciudadanos o haber sido suspendidos en el ejercicio de los mismos&#46; La norma parece<a name="p55"></a> estar fundamentada en el art&#237;culo 38&#44; fracci&#243;n II&#44; de la Constituci&#243;n que establece la suspensi&#243;n de derechos pol&#237;ticos desde que se dicta el auto de formal prisi&#243;n&#44; pero olvida el principio de presunci&#243;n de inocencia se&#241;alado en el art&#237;culo 20&#46;B&#44; fracci&#243;n I&#44; de la carta magna&#44; pues toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad&#46; Por lo tanto&#44; s&#243;lo mediante sentencia firme es posible que una persona quede suspendida o pierda sus derechos fundamentales&#46;</p><p id="p1305" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El voto a favor de los comisionados de los &#243;rganos reguladores no se funda ni motiva&#46; El art&#237;culo 10 de la Ley indica que s&#243;lo el voto en contra debe ser razonado cuando los art&#237;culos 14 y 16 de la Constituci&#243;n obligan a todas las autoridades a fundar y motivar sus decisiones&#44; sin importar el sentido que revistan&#46; Es decir&#44; el sentido del voto no debe condicionar la obligaci&#243;n constitucional de fundar y motivar todas las decisiones&#46;</p><p id="p1310" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se viola el principio de reserva de ley en materia de transparencia&#46; El art&#237;culo 11 de la Ley de los &#211;rganos Reguladores Coordinados indica que podr&#225; haber informaci&#243;n reservada o confidencial pero no precisa que el car&#225;cter confidencial o de reserva debe estar necesariamente previsto en ley&#46; Si una disposici&#243;n administrativa general establece condiciones de informaci&#243;n reservada o confidencial&#44; se violan el art&#237;culo 6o&#46; de la Constituci&#243;n y el art&#237;culo 13 de la Convenci&#243;n Americana sobre Derechos Humanos que establecen el principio de reserva de ley&#58; s&#243;lo por ley en sentido material y formal se puede restringir la naturaleza p&#250;blica de la informaci&#243;n gubernamental&#46;</p><p id="p1315" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Causales de impedimento muy escasas&#46; El art&#237;culo 12 de la Ley establece cuatro causas de impedimento para que un comisionado se excuse de participar en alg&#250;n asunto&#46; Deben extenderse las causales de impedimento y recusaci&#243;n para garantizar la independencia e imparcialidad de los comisionados&#46; En esta materia&#44; la Ley debe referir a las mismas causas de impedimento de los jueces civiles federales &#8212;las que establezca el C&#243;digo Federal de Procedimientos Civiles&#8212;&#46;</p><p id="p1320" class="elsevierStylePara elsevierViewall">C&#243;digos de conducta&#46; Los c&#243;digos de conducta que prev&#233;n los art&#237;culos 15 a 18 de la ley de &#211;rganos Reguladores Coordinados violentan el art&#237;culo 113 de la Constituci&#243;n&#44; pues s&#243;lo por ley pueden establecerse conductas&#44; procedimientos y sanciones susceptibles de responsabilidad administrativa&#46; En el caso de la responsabilidad penal&#44; s&#243;lo por ley pueden establecerse las conductas que constituyan delitos y las penas o sanciones<a name="p56"></a> correspondientes &#8212;art&#237;culo 14 de la Constituci&#243;n&#8212;&#46; Los c&#243;digos de conducta no son ley y violan la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p1325" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las sesiones del Consejo de Coordinaci&#243;n del Sector Energ&#233;tico no son p&#250;blicas&#46; El art&#237;culo 21 de la Ley se refiere a dichas sesiones y no establece su car&#225;cter p&#250;blico al momento de la deliberaci&#243;n&#46; Lo anterior implica una violaci&#243;n al art&#237;culo 6o&#46; de la Constituci&#243;n que establece el principio de m&#225;xima publicidad&#46;</p><p id="p1330" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Atribuciones inconstitucionales de los &#243;rganos reguladores coordinados&#46; La fracci&#243;n II del art&#237;culo 22 de la ley les faculta a expedir normas generales administrativas&#44; lo que viola el art&#237;culo 89&#44; fracci&#243;n I&#44; de la Constituci&#243;n&#44; pues la facultad reglamentaria corresponde al Ejecutivo&#46;</p><p id="p1335" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La fracci&#243;n VI del art&#237;culo 22 de la Ley de los &#211;rganos Reguladores Coordinados les faculta para disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan para financiar su presupuesto&#44; lo que implica una violaci&#243;n a la fracci&#243;n IV del art&#237;culo 74 de la Constituci&#243;n&#44; pues quien define constitucionalmente el gasto en M&#233;xico es la C&#225;mara de Diputados&#46;</p><p id="p1340" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La fracci&#243;n XVIII del art&#237;culo 22 de la Ley de los &#211;rganos Reguladores Coordinados les faculta a expedir las normas sobre el servicio profesional&#44; lo que viola las atribuciones del Congreso &#8212;art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#44; de la Constituci&#243;n y la fracci&#243;n XIII del apartado B del art&#237;culo 123 de la carta magna&#8212;&#46;</p><p id="p1345" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Acuerdos delegatorios de las facultades de los presidentes de los &#243;rganos reguladores &#40;art&#237;culo 23&#44; fracci&#243;n XII&#44; de la Ley&#41;&#46; Se violan las atribuciones del Congreso &#8212;art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n X&#8212; dado que las atribuciones otorgadas por el Congreso en la materia no pueden delegarse a voluntad de los presidentes de los &#243;rganos reguladores&#46; El Congreso habilita a los funcionarios para ejercer competencias&#46; Un acuerdo delegatorio &#8212;nor-ma inferior a la ley&#8212; no puede delegar lo que el Congreso expresamente no ha facultado&#46; Existe violaci&#243;n al art&#237;culo 16 de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p1350" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Con cargo al erario se pagan los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal &#40;art&#237;culo 26 de la Ley&#41;&#46; Los comisionados de los &#243;rganos reguladores son servidores p&#250;blicos de excepci&#243;n que gozan de prestaciones que no tienen el resto de los servidores p&#250;blicos ni a&#250;n el presidente de la Rep&#250;blica&#46; Esas prestaciones violentan el art&#237;culo 127&#44; fracci&#243;n II&#44; de la Constituci&#243;n&#46;<a name="p57"></a></p><p id="p1355" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se viola la sistem&#225;tica jur&#237;dica&#46; El art&#237;culo 27 de la ley se&#241;ala que las decisiones de los &#243;rganos reguladores s&#243;lo pueden ser impugnados mediante juicio de amparo indirecto y no ser&#225;n objeto de suspensi&#243;n&#46; Lo anterior implica que una ley que no es reglamentaria de los art&#237;culos 103 y 107 de la Constituci&#243;n establezca regulaciones sobre el amparo que le son impropias&#46;</p><p id="p1360" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las disposiciones presupuestarias violentan el art&#237;culo 74 de la Constituci&#243;n&#46; Los art&#237;culos 29 a 32 de la Ley otorgan a los &#243;rganos reguladores competencias en materia de presupuesto que son de la C&#225;mara de Diputados&#46; Los preceptos de la Ley se apropian del poder de bolsa de la c&#225;mara baja&#46; Se infringe con ello el art&#237;culo 74&#44; fracci&#243;n IV&#44; de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p1365" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo 31 de la Ley propone la creaci&#243;n de fideicomisos que se conformar&#225;n con los ingresos excedentes&#44; lo que augura la prevalencia de opacidad y corrupci&#243;n en ellos&#46;</p><p id="p1370" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las declaraciones de utilidad p&#250;blica&#46; El art&#237;culo 33 de la ley va en contra del art&#237;culo 8o&#46; transitorio de la reforma constitucional en materia energ&#233;tica y considera actividades de utilidad p&#250;blica &#225;mbitos como el tendido de ductos y construcciones que no quedan comprendidas en el texto del transitorio de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p1375" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se otorgan facultades recaudatorias a los &#243;rganos reguladores&#46; Los &#243;rganos reguladores recabar&#225;n contribuciones como si fuesen autoridades hacendarias&#46; La Secretar&#237;a de Hacienda y Cr&#233;dito P&#250;blico no tendr&#225; control pleno sobre esa recaudaci&#243;n&#46;</p><p id="p1380" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es contradictorio que los &#243;rganos reguladores sean parte de la administraci&#243;n p&#250;blica centralizada y que al mismo tiempo se les dote de autonom&#237;a t&#233;cnica&#44; operativa y de gesti&#243;n&#46; Constituyen un sinsentido las modificaciones a los art&#237;culos 1o&#46; y 2o&#46; de la Ley Org&#225;nica de la Administraci&#243;n P&#250;blica Federal&#44; que considera a los &#243;rganos reguladores parte de la administraci&#243;n p&#250;blica centralizada y que&#44; al mismo tiempo&#44; el art&#237;culo 3o&#46; de la Ley los dote de autonom&#237;a t&#233;cnica&#44; operativa y de gesti&#243;n&#46;</p><p id="p1385" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En cuanto a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci&#243;n al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos&#44; podemos se&#241;alar las siguientes insuficiencias&#58;</p><p id="p1390" class="elsevierStylePara elsevierViewall">No se precisan las v&#237;as para solucionar los conflictos de competencia entre la Secretar&#237;a del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Agencia&#46; La Ley no establece ning&#250;n procedimiento para determinar en caso de antinomia qui&#233;n tendr&#225; prevalencia&#46;<a name="p58"></a></p><p id="p1395" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La creaci&#243;n de la Agencia implica una estructura administrativa innecesaria&#46; No existe raz&#243;n econ&#243;mica para la creaci&#243;n de la agencia&#46; Su creaci&#243;n es consecuencia de la alianza del PRI con el PVEM&#46; La dirigencia del PVEM solicit&#243; esta estructura administrativa a cambio del apoyo al PRI para aprobar la reforma energ&#233;tica&#46; Las competencias que se confieren a la agencia podr&#237;an ser ejercidas por la Secretar&#237;a del Medio Ambiente y Recursos Naturales y con ello se ahorrar&#237;an importantes recursos presupuestales&#46;</p><p id="p1400" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es una estructura centralista que violenta el art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n XXIX G&#44; de la Constituci&#243;n&#46; De acuerdo con la Constituci&#243;n&#44; la protecci&#243;n&#44; preservaci&#243;n y restauraci&#243;n del medio ambiente es una competencia concurrente &#40;de Federaci&#243;n&#44; estados y municipios&#41;&#46; La Ley confiere todas las competencias en la materia &#8212;regular y supervisar la seguridad industrial&#44; operativa y protecci&#243;n al ambiente respecto a los hidrocarburos&#8212; a un &#243;rgano desconcentrado de car&#225;cter federal &#8212;la Agencia&#8212;&#46; Es decir&#44; Estados y municipios carecen de atribuciones en la materia&#44; lo que viola el art&#237;culo 73&#44; fracci&#243;n XXIX G&#44; de la Constituci&#243;n&#46;</p><p id="p1405" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se vulneran las atribuciones del Congreso y con ello se infringe el art&#237;culo 73&#44; fracciones X y XXIX G&#44; de la Constituci&#243;n&#46; En materia de energ&#237;a y de medio ambiente es el Congreso el que tiene facultades para legislar&#46; Sin embargo&#44; la Ley &#8212;art&#237;culo 5o&#46;&#44; fracciones VI&#44; XIX y XX&#8212; le confiere atribuciones legislativas a la Agencia para emitir lineamientos generales en materia de conservaci&#243;n&#44; preservaci&#243;n y restauraci&#243;n del medio ambiente en el sector hidrocarburos&#46; El Congreso est&#225; indebidamente delegando competencias legislativas que le corresponden&#46;</p><p id="p1410" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Agencia&#44; sin embargo&#44; no tiene competencia para dar por terminado&#44; rescindido o revocado un contrato para exploraci&#243;n o extracci&#243;n de hidrocarburos por violaci&#243;n a la ley&#46; Seg&#250;n el art&#237;culo 5o&#46;&#44; fracci&#243;n XVIII&#44; de la Ley&#44; la Agencia puede suspender&#44; revocar o negar licencias&#44; autorizaciones y permisos&#44; pero exclusivamente en materia ambiental y no respecto a los contratos&#44; licencias y permisos en materia de hidrocarburos&#46; Es decir&#44; no tiene competencias suficientes para que la violaci&#243;n a las disposiciones ambientales implique la rescisi&#243;n&#44; revocaci&#243;n o terminaci&#243;n de un contrato sobre hidrocarburos&#46;</p><p id="p1415" class="elsevierStylePara elsevierViewall">No existe desarrollo ni precisi&#243;n sobre las indemnizaciones que deben pagar al Estado y a terceros&#44; los regulados&#44; y que sean consecuencia de<a name="p59"></a> accidentes&#44; da&#241;os y perjuicios en materia medioambiental&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0185"><span class="elsevierStyleSup">35</span></a> El principal objetivo de la ley debiera ser el desarrollo pormenorizado del pago de las indemnizaciones por accidentes&#44; da&#241;os y perjuicios al Estado y a terceros&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0190"><span class="elsevierStyleSup">36</span></a> La ley de manera escueta &#8212;art&#237;culo 23&#8212; alude al pago de esas indemnizaciones y reenv&#237;a a lo que las leyes determinen&#44; lo que vulnera el principio de certeza que debe observar una ley de estas caracter&#237;sticas&#46; Si el objeto fundamental de la ley no est&#225; regulado&#44; carece de sentido la estructura administrativa creada&#46;</p><p id="p1420" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El C&#243;digo de Conducta previsto vulnera el art&#237;culo 113 de la Constituci&#243;n&#46; El art&#237;culo 28 de la Ley contempla la existencia del C&#243;digo de Conducta que alude a las obligaciones que deben observar los servidores p&#250;blicos de la Agencia&#46; De acuerdo al art&#237;culo 113 de la Constituci&#243;n&#44; las obligaciones&#44; conductas sancionables y sanciones deben estar necesariamente previstas en la ley y no en una norma administrativa&#46;</p><p id="p1425" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El director ejecutivo de la Agencia tiene atribuciones reglamentarias que violentan el art&#237;culo 89&#44; fracci&#243;n I&#44; de la Constituci&#243;n&#46; El art&#237;culo 31&#44; fracci&#243;n IV&#44; de la ley&#44; determina que el director ejecutivo tiene competencia para expedir las reglas y disposiciones de car&#225;cter general en la materia&#46; Esa competencia s&#243;lo puede ser competencia del titular del Poder Ejecutivo&#46;</p><p id="p1430" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se vulnera el principio de m&#225;xima publicidad y de reserva de ley&#46; El &#250;ltimo p&#225;rrafo del art&#237;culo 32 de la Ley de la Agencia se&#241;ala que el Consejo T&#233;cnico de la Agencia se regir&#225; en cuanto a las condiciones y caracter&#237;sticas de sus sesiones por lo que disponga el Reglamento Interior de la Agencia&#46; Esa norma es contraria al art&#237;culo 6o&#46; de la Constituci&#243;n que obliga a la m&#225;xima publicidad de los actos p&#250;blicos y&#44; a que en materia de derecho a la informaci&#243;n y transparencia&#44; sea la ley y s&#243;lo la ley&#44; la que establezca los casos de reserva y confidencialidad&#46;<a name="p60"></a></p><p id="p1435" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Privilegios de los servidores p&#250;blicos de la Agencia violatorios del art&#237;culo 1o&#46; de la Constituci&#243;n&#46; El art&#237;culo 35 de la ley se&#241;ala que los servidores p&#250;blicos de la Agencia contar&#225;n con un seguro de responsabilidad civil y asistencia legal para el caso de responsabilidades&#46; La mayor parte de los servidores p&#250;blicos del Estado no cuentan con ese beneficio&#46; Ello violenta el principio de igualdad&#44; que se deriva del art&#237;culo 1o&#46; de la Constituci&#243;n y&#44; adem&#225;s infringe el art&#237;culo 127 de la carta magna&#44; el que indica que ning&#250;n servidor p&#250;blico puede recibir prestaciones superiores a las del presidente de la Rep&#250;blica&#46;</p><p id="p1440" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El fideicomiso que se deriva del art&#237;culo 19 transitorio de la reforma constitucional energ&#233;tica de diciembre de 2013 y que se regula en los art&#237;culos 36 a 38 de la Ley de la Agencia&#44; vulnera competencias de la C&#225;mara de Diputados&#46; De acuerdo con el art&#237;culo 74&#44; fracci&#243;n IV&#44; de la carta magna&#44; el poder de bolsa para disponer del presupuesto es competencia de la c&#225;mara baja&#46; Es indebido que una ley secundaria se&#241;ale que el poder de bolsa en esta materia ya no es totalmente de la C&#225;mara de Diputados&#46; La existencia de este fideicomiso promover&#225; la corrupci&#243;n y la opacidad porque la Agencia tendr&#225; discrecionalidad en la administraci&#243;n de los recursos autogenerados&#46;</p></span><span id="s0160" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">VII</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0180">La legislaci&#243;n fiscal y presupuestal energ&#233;tica</span><p id="p1445" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los aspectos financieros de la reforma energ&#233;tica quedaron plasmados en los dict&#225;menes que se votaron en el Congreso respecto a&#58; la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos&#44; las reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley Coordinaci&#243;n Fiscal&#44; la expedici&#243;n de la nueva Ley del Fondo Mexicano del Petr&#243;leo para la Estabilizaci&#243;n y el Desarrollo&#44; as&#237; como en las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Deuda P&#250;blica&#46;</p><p id="p1450" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos contiene dos reg&#237;menes fiscales&#58; uno para Pemex y otro para los contratistas privados&#46; El r&#233;gimen fiscal de Pemex es muy similar al que ha estado vigente hasta ahora&#44; pues seg&#250;n el mismo&#44; Pemex seguir&#225; aportando al fisco mexicano aproximadamente el 30&#37; de los recursos fiscales del Presupuesto de Egresos de la Federaci&#243;n&#46; Adem&#225;s&#44; ese r&#233;gimen fiscal resulta desigual para Pemex en relaci&#243;n con las empresas privadas y es mucho m&#225;s gravoso que el que la Ley de Ingresos<a name="p61"></a> sobre Hidrocarburos prev&#233; para los contratistas privados&#44; los que aportar&#225;n al fisco mexicano magros recursos&#46;</p><p id="p1455" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los contratistas privados no pagar&#225;n contribuciones al fisco mexicano sino contraprestaciones&#44; las que se determinar&#225;n seg&#250;n se acuerde en cada caso concreto&#46; Adicionalmente pagar&#225;n a la hacienda p&#250;blica el impuesto sobre la renta&#46; Sin embargo&#44; sus aportaciones est&#225;n muy lejos y&#44; desde luego&#44; a la baja de las que le corresponder&#225; pagar a Pemex&#46;</p><p id="p1460" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las contraprestaciones que las empresas privadas pagar&#225;n al Estado no se estiman tributos o contribuciones&#44; sino que se regir&#225;n por las reglas del derecho privado&#46; Ese principio jur&#237;dico&#44; totalmente ajeno al derecho mexicano&#44; vulnera lo previsto en el art&#237;culo 31&#44; fracci&#243;n IV&#44; de la Constituci&#243;n&#44; pues las contribuciones no pueden ser materia de convenios o contratos sino que deben preverse en la ley y poseer al menos las caracter&#237;sticas de generalidad y certidumbre&#46;</p><p id="p1465" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La supervisi&#243;n de los aspectos financieros de los contratos en relaci&#243;n con las contraprestaciones no ser&#225; vigilada por los ciudadanos&#44; y los t&#233;rminos de la fiscalizaci&#243;n no ser&#225; conocida por &#233;stos durante los procedimientos de auditor&#237;a&#46; Es decir&#44; la supervisi&#243;n de la administraci&#243;n de los aspectos financieros de los contratos relacionados con las contraprestaciones se realizar&#225; en la opacidad y seguramente ser&#225; fuente de corrupci&#243;n y componendas&#46;</p><p id="p1470" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En la ley Federal de Derechos se derogan los art&#237;culos 254 a 261 de la Ley para pasar esas normas a los art&#237;culos 38 a 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos&#46; La diferencia ahora es que esas contribuciones no se enterar&#225;n a la Tesorer&#237;a de la Federaci&#243;n&#44; sino que se enviar&#225;n al Fondo Mexicano del Petr&#243;leo&#46;</p><p id="p1475" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley de Coordinaci&#243;n Fiscal se modifica para mantener el porcentaje de ingresos por derechos que es participable bajo el nuevo esquema de ingresos petroleros&#46; Se sigue considerando que ser&#225; participable el 85&#46;31&#37; de la recaudaci&#243;n obtenida por la suma del derecho ordinario sobre hidrocarburos&#44; del derecho especial sobre hidrocarburos y del derecho adicional sobre hidrocarburos&#46; La diferencia consiste en que las transferencias se ingresar&#225;n al Fondo Mexicano del Petr&#243;leo y no a la Tesorer&#237;a de la Federaci&#243;n&#46; A este monto se le va a agregar el impuesto sobre la renta que se genere por los contratos&#44; estableciendo un coeficiente participable en 79&#46;73&#37;&#44; para con ello minimizar el impacto sobre el monto<a name="p62"></a> que se transfieren a las entidades federativas por sus participaciones en los ingresos petroleros&#46;</p><p id="p1480" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El Fondo Mexicano del Petr&#243;leo para la Estabilizaci&#243;n y el Desarrollo es un fideicomiso que ser&#225; dirigido por un Comit&#233; dominado por funcionarios del gobierno federal pero las disposiciones que regulan a los fideicomisos p&#250;blicos no le ser&#225;n aplicables&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0195"><span class="elsevierStyleSup">37</span></a> Dicho Fondo ser&#225; presidido por el secretario de Hacienda&#46; Cuando se estableci&#243; el Fondo en la Constituci&#243;n en 2013&#44; se quiso imitar al Fondo petrolero que existe en Noruega&#44; el que mantiene como reservas para las generaciones futuras&#44; a la totalidad los recursos de la renta petrolera de ese pa&#237;s&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0200"><span class="elsevierStyleSup">38</span></a> A diferencia del caso noruego&#44; en la ley mexicana los recursos que integren el Fondo Mexicano del Petr&#243;leo se destinar&#225;n de manera preponderante al gasto corriente&#46; Esos recursos no se destinar&#225;n a garantizar el desarrollo de la planta industrial y productiva de la naci&#243;n ni al apoyo de las peque&#241;as y medianas empresas&#59; tampoco se destinar&#225;n a la compensaci&#243;n de las desigualdades sociales y regionales&#59; e igualmente&#44; no se destinar&#225;n a cubrir de manera preferente al desarrollo del capital humano&#46;</p><p id="p1485" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La nueva Ley del Fondo Mexicano del Petr&#243;leo para la Estabilizaci&#243;n y el Desarrollo determina las asignaciones al Fondo con un orden de prelaci&#243;n&#44; lo que elimina la flexibilidad&#46; Las aportaciones al Fondo son&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="l0040"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0205"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p1490" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Pago de las asignaciones y contratos&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0210"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p1495" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Transferencias a los fondos de estabilizaci&#243;n de ingresos petroleros y de los ingresos de las entidades federativas&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0215"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p1500" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Transferencias al fondo de extracci&#243;n de hidrocarburos&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0220"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p1505" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Transferencia a la Tesorer&#237;a de la Federaci&#243;n de recursos necesarios para que los ingresos petroleros se mantengan en 4&#46;7&#37; del Producto Interno Bruto&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0225"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p1510" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Destinar recursos al ahorro de largo plazo&#46;<a name="p63"></a></p></li></ul></p><p id="p1515" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley indica que&#44; &#250;nicamente cuando el saldo de las inversiones de ahorro p&#250;blico de largo plazo&#44; sean iguales o mayores al 3&#37; del PIB del a&#241;o previo al que se trate&#44; se podr&#225;n destinar los recursos del Fondo&#46; Esos recursos se destinar&#225;n a&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="l0045"><li class="elsevierStyleListItem" id="o0230"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p1520" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Pensiones universales&#44; hasta 10&#37; del incremento respecto del a&#241;o anterior&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0235"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p1525" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Investigaci&#243;n e innovaci&#243;n&#44; hasta 10&#37; del incremento respecto del a&#241;o anterior&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0240"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p1530" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Veh&#237;culos de inversi&#243;n en proyectos petroleros &#40;y en su caso en inversiones para el desarrollo nacional&#44; es decir&#44; esto es opcional&#41;&#44; hasta 30&#37; del incremento respecto del a&#241;o anterior&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="o0245"><span class="elsevierStyleLabel">&#8212;</span><p id="p1535" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Becas universitarias y de posgrado&#44; hasta 10&#37; del incremento respecto del a&#241;o anterior&#46;</p></li></ul></p><p id="p1540" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria propone dotar a Petr&#243;leos Mexicanos y a la Comisi&#243;n Federal de Electricidad de un r&#233;gimen especial que les otorgue autonom&#237;a presupuestaria&#44; sustray&#233;ndolas de los controles y reglas asociados al proceso presupuestario&#44; manejo de la deuda y control del gasto&#44; a las que hab&#237;an estado sujetos&#46;</p><p id="p1545" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Ley General de Deuda P&#250;blica determina&#44; en contra de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos&#44; que el llamado pasivo laboral de Pemex y de CFE se pague con cargo al Presupuesto&#46; El argumento del pasivo laboral ha sido indebidamente empleado para cuestionar la viabilidad financiera de Pemex y de CFE y para aludir a los privilegios y la corrupci&#243;n de los l&#237;deres sindicales&#46; Sin embargo&#44; el pasivo laboral de Pemex y de CFE&#44; a pesar de que pueda ser estimado alto en relaci&#243;n con otras dependencias y entidades del sector p&#250;blico&#44; es expresi&#243;n de los derechos constitucionales de car&#225;cter laboral de los trabajadores y representa montos relativamente peque&#241;os&#44; en comparaci&#243;n por ejemplo&#44; con la renta petrolera de Pemex&#46; En cuanto a la corrupci&#243;n y los privilegios en Pemex y CFE&#44; la v&#237;a no consiste en combatirla afectando los derechos y las prestaciones de los trabajadores&#44; sino en enfrentarla a trav&#233;s de la imputaci&#243;n de los hechos delictivos que hayan realizado los dirigentes de los sindicatos&#46;</p><p id="p1550" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En materia de financiamiento se propone otorgar a las empresas productivas del Estado flexibilidades adicionales &#40;se adiciona un art&#237;culo 22<a name="p64"></a> bis de la Ley General de Deuda P&#250;blica&#41;&#46; Los pasivos de las empresas productivas del Estado &#8212;Pemex y CFE&#8212; se estiman deuda p&#250;blica&#44; lo que implica que las grandes empresas trasnacionales privadas que entren al negocio energ&#233;tico por la v&#237;a de los contratos&#44; no compartir&#225;n el riesgo&#44; sino s&#243;lo las utilidades&#44; cargando al erario p&#250;blico los pasivos de Pemex y CFE como deuda p&#250;blica y en &#250;ltima instancia al pueblo de M&#233;xico&#44; que pagar&#225; con mayores impuestos el endeudamiento de Pemex&#46;</p><p id="p1555" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los aspectos financieros de la reforma energ&#233;tica evidencian de manera palpable la consecuencia m&#225;s negativa de la reforma energ&#233;tica&#46; Esa consecuencia consiste en la entrega de un porcentaje muy importante de la renta petrolera a las empresas extranjeras en dem&#233;rito de la hacienda p&#250;blica nacional&#44; lo que provocar&#225; un enorme hoyo fiscal que ser&#225; cubierto con endeudamiento&#44; con reducci&#243;n del gasto p&#250;blico o con el incremento de los impuestos a cargo de los mexicanos&#46;</p></span><span id="s0165" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">VIII</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="st0185">Conclusiones</span><p id="p1560" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La reforma energ&#233;tica&#44; tanto la constitucional como la legal secundaria y los actos de aplicaci&#243;n de la misma&#44; son expresi&#243;n del modelo neoliberal y geoestrat&#233;gico de dominaci&#243;n mundial&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0205"><span class="elsevierStyleSup">39</span></a></p><p id="p1565" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los principales contenidos de la reforma energ&#233;tica obedecen a un modelo que ha sido dise&#241;ado desde los centros de dominaci&#243;n mundial y que podemos caracterizar&#44; entre otros&#44; por los siguientes elementos&#58;</p><p id="p1570" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleItalic">Desmantelamiento del Estado</span>&#46; El Estado mexicano es amputado por la reforma y reducido a m&#237;nimos para favorecer al mercado internacional&#46; Para comprobarlo&#44; podemos decir que los principales instrumentos de financiaci&#243;n y operaci&#243;n del Estado son suprimidos o limitados&#58; a&#41; Pemex y CFE modifican su naturaleza jur&#237;dica&#44; de organismos p&#250;blicos descentralizados a empresas productivas&#44; dichas empresas responden a los criterios del gobierno corporativo determinadas por la OCDE y consisten principalmente en la administraci&#243;n de Pemex y de CFE como si se tratara de empresas privadas&#59; b&#41; el r&#233;gimen de excepci&#243;n de Pemex y CFE en materia de presupuesto&#44; deuda&#44; responsabilidades&#44; transparencia&#44; fiscalizaci&#243;n o adquisiciones&#44; es para que los instrumentos de control parlamentario o<a name="p65"></a> gubernamental no operen como en el caso del resto de los poderes y de las dependencias y entidades gubernamentales&#44; es decir&#44; son la evidencia de la migraci&#243;n de Pemex y CFE a la condici&#243;n de empresas cuasi privadas &#8212;est&#225;n saliendo de la esfera p&#250;blica&#8212;&#59; c&#41; el hoyo fiscal que producir&#225; la reforma&#44; por el r&#233;gimen fiscal especial del que gozar&#225;n los contratistas&#44; privar&#225; a la hacienda p&#250;blica de recursos para el gasto p&#250;blico y obligar&#225; al Estado al endeudamiento&#44; la reducci&#243;n del gasto p&#250;blico o el incremento de impuestos para colmar el d&#233;ficit fiscal que generar&#225; la reforma &#8212;pone al Estado de rodillas&#8212;&#59; d&#41; la afectaci&#243;n al principio del dominio directo de la naci&#243;n sobre los recursos naturales del subsuelo &#8212;al compartir la renta petrolera&#8212; implicar&#225; p&#233;rdida de soberan&#237;a&#59; y e&#41; la ocupaci&#243;n temporal de la propiedad privada&#44; p&#250;blica y social a favor de las empresas trasnacionales implica el fin del derecho de propiedad de los mexicanos&#46;</p><p id="p1575" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleItalic">Privatizaci&#243;n del derecho p&#250;blico</span>&#46; Esta privatizaci&#243;n se manifiesta en&#58; a&#41; el fin de la cl&#225;usula Calvo porque las controversias que se susciten con motivo de la reforma no ser&#225;n resueltas por los tribunales nacionales sino por instancias de arbitraje internacional&#59; b&#41; la protecci&#243;n de las inversiones extranjeras sobre las nacionales &#8212;art&#237;culos 1103&#44; 1106 y 1110 del TLC&#8212; implica que el derecho p&#250;blico mexicano y la propiedad de los nacionales queda subordinado al derecho internacional de car&#225;cter comercial&#59; c&#41; la aplicaci&#243;n del derecho privado de manera supletoria en la materia&#59; d&#41; el r&#233;gimen fiscal de los contratos que no es tratado como contribuci&#243;n fiscal sino como contraprestaci&#243;n regida por el derecho privado&#59; e&#41; el Fondo Mexicano del Petr&#243;leo que no se rige por las reglas de los fideicomisos p&#250;blicos sino como fideicomiso <span class="elsevierStyleItalic">sui generis</span> al margen de los controles estatales que operan en el resto de los fideicomisos&#59; f&#41; las expropiaciones simuladas bajo la figura de ocupaciones temporales o servidumbres que se realizar&#225;n&#44; no para garantizar una causa de utilidad p&#250;blica&#44; sino para satisfacer el inter&#233;s privado de los contratistas&#59; g&#41; el &#8220;booking&#8221; que permite que las reservas de hidrocarburos de la naci&#243;n se otorguen como garant&#237;a para la obtenci&#243;n de cr&#233;ditos en la banca internacional&#59; h&#41; la bursatilizaci&#243;n de las reservas nacionales en las bolsas de valores del extranjero&#59; y&#44; por &#250;ltimo&#44; i&#41; la subordinaci&#243;n de la propiedad ejidal e ind&#237;gena a los fines de la reforma energ&#233;tica&#46;</p><p id="p1580" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleItalic">Desmantelamiento del Estado de bienestar</span>&#46; Esta caracter&#237;stica se manifiesta en lo siguiente&#58; a&#41; la consideraci&#243;n de los derechos de los trabajadores de Pemex y CFE como pasivo laboral y no como aut&#233;nticos derechos humanos&#59; b&#41;<a name="p66"></a> la negaci&#243;n del derecho al desarrollo de los pueblos previsto en los art&#237;culos 1o&#46; del Pacto de Derechos Civiles y Pol&#237;ticos y del Pacto de Derechos Econ&#243;micos y Sociales de la ONU&#44; al subordinar este derecho humano a los intereses de los inversionistas extranjeros&#59; c&#41; la subordinaci&#243;n de los derechos de los pueblos originarios a las inversiones privadas porque los resultados de los procedimientos de consulta no son vinculantes en caso de una negativa de las comunidades a las inversiones&#59; d&#41; la violaci&#243;n de los derechos al abasto social de la electricidad y de los hidrocarburos porque los organismos p&#250;blicos &#8212;Pemex y CFE&#8212; no ser&#225;n responsables de ese abasto y el Estado no lo podr&#225; garantizar por la multiplicidad de agentes econ&#243;micos&#59; y&#44; e&#41; la reducci&#243;n de los contenidos de los derechos fundamentales a la propiedad social porque &#233;sta se subordina al car&#225;cter preferente de las actividades energ&#233;ticas&#46;</p><p id="p1585" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleItalic">Subordinaci&#243;n del Estado mexicano a los intereses geoestrat&#233;gicos de los Estados Unidos</span>&#46; La reforma estructural energ&#233;tica entra&#241;a la sustituci&#243;n definitiva del modelo de desarrollo que se hab&#237;a conformado en M&#233;xico despu&#233;s de la expropiaci&#243;n petrolera de 1938&#46; Los hidrocarburos primero y la electricidad despu&#233;s constituyeron durante d&#233;cadas no s&#243;lo las principales fuentes de ingresos fiscales para el pa&#237;s sino que tambi&#233;n fueron los sectores alrededor de los que el resto de la industria y la econom&#237;a nacionales giraban&#44; se nutr&#237;an&#44; se desarrollaban y robustec&#237;an&#46; Tan importante era el sector energ&#233;tico como palanca de desarrollo nacional&#44; que ese &#225;mbito&#44; qued&#243; excluido en beneficio de M&#233;xico del Tratado de Libre Comercio con Am&#233;rica del Norte con la finalidad de que siguiera siendo considerado por el orden constitucional mexicano como un &#225;rea estrat&#233;gica&#44; es decir un sector de exclusiva explotaci&#243;n por parte del Estado&#44; tal como se preve&#237;a en el p&#225;rrafo cuarto del anterior art&#237;culo 28 constitucional&#46;</p><p id="p1590" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La reforma constitucional y legal energ&#233;tica de 2013 y 2014 fue dise&#241;ada desde el exterior &#8212;desde los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales&#8212; para entregar los recursos energ&#233;ticos de la naci&#243;n a intereses for&#225;neos&#46; Con esa reforma&#44; la naci&#243;n pierde parte de sus riquezas naturales y el Estado mexicano abdica de sus antiguas competencias para explotar en exclusiva los recursos energ&#233;ticos de los mexicanos&#44; tanto de esta generaci&#243;n como de las futuras&#46; La reforma ha sido impuesta por el gobierno para beneficiar los intereses for&#225;neos y se realiz&#243; a trav&#233;s del aparato propagand&#237;stico del duopolio televisivo que acall&#243;<a name="p67"></a> o silenci&#243; a las voces opositoras&#46;</p><p id="p1595" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En s&#237;ntesis&#44; el modelo que representa la reforma energ&#233;tica significa la p&#233;rdida de las visiones de Estado y de naci&#243;n en beneficio de una globalizaci&#243;n impuesta de arriba a abajo que constituye una aut&#233;ntica revoluci&#243;n de los ricos del mundo para los ricos del mundo&#46;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn0210"><span class="elsevierStyleSup">40</span></a></p></span></span>"
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Información del artículo

ISSN: 00418633
Idioma original: Español

DOI:10.22201/iij.24484873e.2015.143.4940

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