Frecuentemente apelamos a principios bioéticos para los conflictos éticos. El respeto por la autonomía se ejemplifica en el consentimiento informado y el documento de voluntades anticipadas (DVA). En salud mental hemos de partir de que los pacientes quieren y pueden participar en las decisiones sanitarias1,2. En ocasiones rechazan tratamientos eficaces porque no están bien informados. En ese caso, los profesionales tienen la obligación moral de «hacerles autónomos y competentes» informándoles. En casos de incompetencia, el representante ha de mantener un diálogo con los profesionales para que se respete, en lo posible, al paciente.
En ese diálogo también se constata la no-maleficencia, que es la obligación de no dañar intencionadamente. Hemos de evitar actitudes violentas mediante contención (farmacológica, mecánica, etc.). Pero también, privar, injustificadamente, del derecho a la autonomía supone un daño moral, pues se impide que se lleve a cabo sus intereses. Además, resulta un daño el paternalismo injustificado que infantiliza a los pacientes, estigmatizando y discriminándolos. Es necesario buscar su mayor beneficio. El DVA comporta repercusiones positivas en su recuperación3–7. Finalmente, las decisiones justas pueden permitir ahorrar en gasto sanitario si los pacientes piden que no se les prolongue la vida más allá de lo razonable. Los que padecen demencia pueden responder a ese perfil.
Estos principios quedan ejemplificados en el contenido y utilidad del DVA.
Wilder et al.8 y Srebnik et al.9 muestran que las personas con enfermedades mentales aceptan mejor los neuromoduladores y los antipsicóticos atípicos, rechazando con más frecuencia antipsicóticos clásicos y litio. Muchos profesionales creen que los pacientes rechazarán todos los fármacos; sin embargo, este hecho no suele darse8. Las razones de rechazo farmacológico son: efectos negativos, sentirse dopados e incapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana9.
En cualquier caso, la libre elección del tratamiento, el conocimiento de sus contraindicaciones y la importancia de su seguimiento tienen una mejora en la adherencia farmacológica, lo cual reduce el número de recidivas, pues supone una motivación para su seguimiento9. Es también motivo de elección o rechazo decisiones sobre la hospitalización o personas de contacto mientras esté ingresado10.
El uso del DVAP reduce el empleo de medidas coercitivas al haber una confianza entre equipo médico y paciente. Por otro lado, si deja anotado un representante hay más posibilidad de respeto por la voluntad del paciente y con ello que la persona se sienta empoderada.
Por todo ello, conseguimos un respeto por la persona (autonomía), buscamos mayor beneficio (mayor adherencia farmacológica, etc.) y evitamos futuros daños (recidivas, medidas coercitivas…). La libre elección de tratamiento puede contribuir a una reducción de la aplicación de tratamientos no deseados, lo cual es de justicia que ocurra.
Este artículo forma parte del proyecto becado por la Fundació Víctor Grífols i Lucas sobre bioética (2013-2014).