Tras leer el trabajo original titulado Tendencias de la mortalidad por suicidio en España, 1980-20161, consideramos importante plantear una reflexión sobre los datos empleados para su realización, y sobre los cambios que ha habido en los registros durante el período de análisis que pueden afectar a los casos de suicidio contabilizados en el país.
Por un lado, debe tenerse en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística (INE), fuente de los datos empleados en el mencionado estudio, tradicionalmente ha contabilizado un número inferior de suicidios a los que realmente ocurrían en España2–4, lo que se ha atribuido, entre otras variables, que hasta enero de 2020 no era el médico forense el responsable de rellenar el Boletín Estadístico de Defunción con Intervención Judicial (BEDJ), sino un funcionario del registro civil que, en ocasiones, no contaba con toda la información sobre la causa de la muerte. Un trabajo publicado en 2014 por Giner y Guija4, tras comparar los datos registrados en varios IML con los registrados en el INE en un período de 5 años, concluyó que la tasa media de suicidios era un 15% superior que la que señalaba el INE. Por otro lado, en Málaga, provincia con mayor tasa estandarizada de suicidios de España5, Moreno-Küstner y González Sánchez encontraron que en el año 2017 solo el 27% de los suicidios se habían identificado como tal en el BEDJ6; ciertamente, en este trabajo la fuente principal de información fueron las familias, no el IML, que es la fuente directa más fiable.
Si bien los autores mencionan este infrarregistro en la discusión, a nuestro entender debe tenerse muy en cuenta cuando en los resultados se llega a tasas de incidencia que pueden ser comparadas con las que se publican en otros países europeos.
Por otro lado, en relación con la tendencia descrita por Cayuela et al. es necesario destacar que durante los años que analizan ha habido cambios en el sistema de recogida de los datos de muertes violentas. Hasta 2009 las muertes con intervención médico-legal requerían de un documento de declaración adicional, el MNP.52 (Movimiento Natural de Población), en el que se especificaba el motivo de la defunción y, junto al Boletín Estadístico de Defunción, era rellenado por el funcionario del Juzgado y se remitía al Registro Civil y posteriormente al INE. En enero de 2009, con el objetivo de mejorar la calidad de la certificación, el MNP.52 fue sustituido por el BEDJ, que es directamente rellenado en el registro civil7. Estos cambios pueden repercutir en la notificación final de los casos afectando a la tendencia encontrada en el período estudiado.
Para acabar, de manera específica en la Comunidad de Madrid (que tiene el 14,2% de la población de España), hasta el año 2013 el INE no tuvo acceso a los datos del Instituto Anatómico Forense de Madrid, y a partir de este año se produjo un cambio metodológico, variando en algunos aspectos la forma de asignar la causa de defunción en las muertes con intervención judicial5. Debe tenerse en cuenta que entre 2010 y 2012, atendiendo a los datos que nos ha facilitado el INE, la tasa promedio anual de suicidio en Madrid fue de 1,8 suicidios por 100.000 habitantes, pasando a ser de 5,1 suicidios por 100.000 habitantes en 2013. Las peculiaridades de algunas autonomías pueden afectar a los resultados hallados en relación con la tendencia.
En conclusión, si bien consideramos que el incremento en la tendencia de la tasa de suicidio descrito por Cayuela et al.1 debe llevar a nuevos estudios detallados, y aunque indudablemente es una fortaleza el largo período analizado en el trabajo, el registro de las muertes violentas ha sido muy deficiente en España, y las tasas de suicidio oficiales en nuestro país son inferiores a las que realmente existen, pero cada vez se van mejorando y esto puede explicar en parte el incremento de la tasa en nuestro país.
En futuros trabajos que realicen un análisis temporal deberá tenerse en cuenta que desde enero de 2020 el BEDJ ha comenzado a ser rellenado por el médico forense, lo que previsiblemente lleve a un aumento mayor en los suicidios registrados, sin que necesariamente implique un incremento en los acontecidos.
Solo con un buen registro de los casos se podrán hacer estudios epidemiológicos de calidad suficiente y desarrollar campañas preventivas eficientes.