La cooperación para el desarrollo del sector público se considera parte de la Estrategia de Acción Exterior como un reflejo del carácter solidario de la sociedad española, y como una expresión del compromiso de nuestro país con la Agenda 2030.
En este marco conceptual, el Plan Director de la Cooperación Española (2018) dibuja las líneas maestras que permiten identificar al Ministerio de Justicia como uno de los actores esenciales de la Cooperación Española, asumiendo como propio el ODS 16 de la Agenda 2030 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas).
Para alcanzar esos objetivos específicos, la Cooperación Española en materia de justicia desarrolla proyectos bajo las más diversas formas, en coordinación con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) y en la mayoría de las ocasiones con la colaboración de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Así, además de colaboraciones más o menos puntuales a través de asistencias técnicas –que suponen un amplio despliegue a final de año de expertos y expertas españolas– destacan los proyectos de hermanamiento, en los que una institución de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) realiza un apoyo muy directo y por un período sostenido (entre 6 meses y 3 años) a una institución de un país candidato o de la vecindad UE. Como novedad, desde 2021, la Comisión Europea ha empezado a proponer la ejecución de hermanamientos en otros países del mundo.
En el ámbito de las ciencias forenses, el Ministerio de Justicia ha liderado 2 proyectos de hermanamiento en Turquía, un primer twinning (2011-2013) dirigido a la mejora de las capacidades forenses y un segundo proyecto, aún en ejecución, dirigido a reforzar la investigación criminal en estas organizaciones.
En los últimos años, la cooperación europea tiende al diseño y la adjudicación a consorcios de Estados miembros de grandes proyectos de cooperación delegada; en muchas ocasiones, de impacto regional. Estos proyectos permiten diseñar marcos lógicos de cooperación más ambiciosos y en muchas ocasiones a más largo plazo.
El proyecto ICRIME, «Cooperación en Investigación Criminal en Centroamérica para combatir la delincuencia y el tráfico de drogas a nivel internacional», es un ejemplo de este tipo de programas.
Para entender el alcance de este proyecto es necesario introducir el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), constituido en 1991 como marco institucional para la integración. En este contexto, los países de la región adoptan una estrategia común para enfrentar la violencia y promocionar la seguridad de los ciudadanos, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA).
A través de la ESCA, el SICA ha realizado un trabajo continuo de colaboración con la comunidad internacional para concretar acciones de seguridad dirigidas a reforzar sus distintos componentes o líneas estratégicas. El proyecto ICRIME forma parte de las actividades propuestas para trabajar sobre el componente de combate al delito.
La estructura organizativa del proyecto es compleja. Dividido en 4 resultados, la UE, no solo asigna la ejecución del proyecto a diferentes actores, sino que lo hace siguiendo distintas modalidades de ejecución. Por un lado, el primer componente con los resultados 1 y 2, se asigna al consorcio establecido entre la FIIAPP y la Agencia de Cooperación Francesa, siguiendo un modelo de ejecución directa, mientras que el segundo componente, integrado por los resultados 3 y 4, se rige por un acuerdo de delegación para ser desarrollado por la AECID.
La Secretaría General del SICA, se encargará de dar coherencia a toda la intervención coordinando las acciones de los 4 resultados.
El primer resultado, liderado por el Ministerio de Justicia, se dirige exclusivamente al desarrollo de los Institutos de Medicina Legal y de los Laboratorios de Investigación Criminal en 7 países (Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana). Desde el proyecto, se trabaja con 10 instituciones que presentan distintos modelos de gestión y gran heterogeneidad en relación a sus instalaciones, organización, equipamiento, cartera de servicios o capacitación del personal.
Aunque en este resultado, la temática a tratar es muy extensa, se podría agrupar en 2 grandes objetivos: el desarrollo organizativo y la coordinación interinstitucional.
El apoyo dirigido a reforzar las organizaciones beneficiarias se basa fundamentalmente en el desarrollo de sus sistemas de calidad, estando previsto el acompañamiento para la acreditación ISO de sus distintos servicios. Se propone además trabajar en otras áreas de mejora, incluyendo la gestión de los centros, la revisión y la validación de los métodos de análisis e incluso la implementación de nuevas técnicas. Para el apoyo de estas actividades, se asigna una dotación presupuestaria dirigida a la adquisición de equipamiento.
Con el objetivo de ejecutar las acciones previstas a través del intercambio de experiencias con las administraciones públicas, se diseñan distintas actividades en las que participan expertos de corto plazo de las instituciones forenses españolas dependientes de los Ministerios de Justicia y del Interior. Esta acción multidisciplinar permite que las acciones del proyecto impacten no solo en las organizaciones beneficiarias, sino en los propios expertos que también se enriquecen de este trabajo conjunto.
En relación a la coordinación interinstitucional, se tratará de afianzar la relación entre los centros facilitando el uso de la prueba forense en la persecución transnacional del delito. Con este objetivo, se crea la Red Centroamericana de Servicios Forenses de los países SICA como una nueva instancia de coordinación regional.
A pesar de no ser muchas las ocasiones en las que las instituciones forenses se convierten en beneficiarias de proyectos de cooperación, en los últimos años desde el Ministerio de Justicia ha tratado de impulsar la participación en este tipo de propuestas. La intervención de estos profesionales en materias tan variadas y complejas como la mejora de la seguridad de los ciudadanos, la investigación y la judicialización del delito, la atención a las víctimas, la intervención en los casos de violencia contra la mujer, su participación en las grandes catástrofes con víctimas múltiples, la problemática derivada de los movimientos migratorios o la identificación de personas desaparecidas, pone de manifiesto la importancia de las ciencias forenses en el contexto de la cooperación internacional.