Victoria Gueto Rubio, Centro de Salud Mendillorri, Navarra. Coordinadora GdT abordaje Tabaquismo, semFYC

En fechas recientes, ha sido difundido por la prensa española el borrador del inminente Plan Integral para el control del Tabaquismo en España. Se trata de un plan necesario y ambicioso que ha sido muy bien recibido por las sociedades científicas y por la mayoría de la población. Siendo una muy buena noticia, desde nuestra sociedad creemos que cabe realizar algunas consideraciones, no tanto sobre el contenido, sino relativas al calendario de implementación de dicho plan con medidas reguladoras, normativas y legislativas efectivas. Ya desde la década de los 90 han sido varios los países que han implementado políticas preventivas para el control del tabaquismo con una perspectiva integral. En España, en 2003, se aprobó el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaco, que comportó la adopción de una agenda integral de prevención común entre las autoridades sanitarias. Aunque el plan no cristalizo en ninguna medida concreta, facilitó en junio de 2005, firmar y ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, lo que sin duda hizo posible la aprobación de las nuevas regulaciones 1. El 1 de enero de 2006 entró en vigor la Ley 28/2005. La nueva ley sustituía las regulaciones previas y ampliaba la prohibición de la publicidad directa, la promoción y el patrocinio, además de regular los puntos de venta permitiendo solo la venta en estancos y máquinas expendedoras. También en ella se dio un primer paso hacia el ordenamiento de la asistencia para dejar de fumar. Uno de los principales objetivos de la ley fue proteger a la población de la exposición al humo de tabaco y de sus efectos nocivos para la salud. Para ello, la ley prohibió el consumo en todos los lugares públicos y en el entorno laboral con excepciones en los locales de hostelería. Este modelo de ley fue fomentado por la industria tabaquera como un ejemplo a seguir para aquellos países que debían implementar nuevas políticas de espacios libres de humo. Diversos estudios demostraron que la Ley tuvo una amplia aceptación por parte de la población y que se había conseguido reducir de forma notable la exposición al humo ambiental del tabaco (HAT) en los espacios cerrados de uso público de manera general. También se pudo comprobar que había tenido un impacto positivo en la salud de la población 2. El 2 de enero de 2011 entró en vigor la Ley 42/2010 que modificaba la Ley 28/2005, prohibiendo fumar en todos los espacios públicos cerrados, incluyendo los locales de hostelería. Además, esta ley extendió la prohibición de fumar a algunos espacios al aire libre, como los recintos de los parques infantiles, centros docentes y formativos dedicados a menores de 18 años, así como a los recintos de los centros sanitarios 3. Estas leyes tuvieron un impacto sanitario muy positivo 4–6. Esta regulación de los espacios exteriores fue una de las más avanzadas de Europa hasta 2013, pero la falta de nuevas medidas en la última década y su cumplimiento desigual tienen como resultado el retroceso de España en el ranking de políticas para el control del tabaco, pasando del séptimo puesto al que llegó en 2010, hasta el décimo puesto en 2019 7. Han sido más de diez años de parón, que no sólo han supuesto falta de avance. En determinados momentos, incluso se frenó al obstaculizarse el cumplimiento de compromisos pactados previamente, como la directiva de la UE 8, que se traspuso, sin una justificación razonable, con casi dos años de retraso y en la que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, se desaprovechó la oportunidad de que incluyera otros avances legislativos como el empaquetado neutro o genérico. En 2020 se aprobó la financiación de algunos fármacos eficaces en la cesación tabáquica, pero la pandemia ralentizó en gran medida esa nueva oportunidad para los fumadores que precisaban ayuda para dejarlo 9. El nuevo Plan integral que nos presenta el Ministerio aborda el tabaquismo desde la Salud Pública, recogiendo todos los puntos indicados por el Convenio Marco para el Control del tabaco (tabla 1). Entre las medidas a implementar, el plan incluye algunas de gran calado, como el empaquetado neutro. Con este tipo de empaquetado se prohíbe en el 100% del envase el uso de logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional que no sea el nombre de la marca con un color, tipo y tamaño de letra estandarizados. Este empaquetado reduce el atractivo de los productos del tabaco, y limita el envasado y el etiquetado engañoso, imposibilitando la promoción y publicidad, y aumentando la efectividad de las advertencias sanitarias. Es una medida por la cual la OMS apuesta firmemente y que ya fue implementada con éxito en Australia en 2012, observándose sus efectos positivos en la reducción del consumo de tabaco. Tras Australia, once países más, entre ellos Reino Unido y Francia, la han implementado posteriormente, y muchos otros gobiernos están considerándola 10. Es de sumo interés que el documento plantea explícitamente la necesidad de coordinación entre ministerios y otras administraciones públicas, admitiendo que no todo depende del Ministerio de Sanidad, lo que puede suponer una dificultad añadida para su implementación. Como ejemplo, la medida aislada más eficaz para reducir el consumo de tabaco es incrementar los impuestos (Un 10% de aumento del precio del tabaco supone una reducción del consumo de entre un 3 y un 5%), siendo su ejecución dependiente del Ministerio de Hacienda 11. Asimismo, la sustitución de cultivos de tabaco, debe realizarse en colaboración con el Ministerio de Agricultura que a menudo sigue otros caminos por su relación con la llamada Mesa del Tabaco (patronal de la industria tabaquera). En suma, se trata de un plan completo y bien elaborado, que puede sentar las bases para volver a avanzar en el control del tabaco en nuestro país. Sin embargo, si no se establece una hoja de ruta clara, puede quedarse en una mera declaración de intenciones, similar al plan integral de 2003 12. Para evitar esto, es necesario el compromiso del cumplimiento de un cronograma para la materialización de las medidas propuestas en forma de leyes claras y efectiva