La concepción más moderna de la empresa introduce nuevas formas de hacer negocio como la Responsabilidad Social Empresarial (RSC), considerando a la empresa como un ente social donde los grupos de interés se convierten en el objetivo principal de la estrategia corporativa, no se concibe empresa sin entorno (De la Cuesta, 2004).

A lo largo del siglo XX, las posturas encontradas entre autores como Bowen (1953), Porter y Kramer (2003) que abogan por defender la unión entre el valor social y el económico y los beneficios que generan y, Hayek (1960) y Friedman (1970) quienes consideran que el único objetivo empresarial es maximizar el valor de los accionistas, permitieron abrir un amplio debate sobre si se debe o no implantar políticas de RSC en las empresas. Teniendo en cuenta las posturas a favor de la implantación de la RSC, la empresa debe incorporar en su estrategia la distribución del valor no solo a los accionistas sino a todos grupos de interés que se vean afectados por su ámbito de actuación bajo un criterio de sostenibilidad global (Canyelles, 2011).

En lo que respecta al sector público, la propia finalidad de esta, tiene ya un marcado carácter de responsabilidad ante la sociedad, dado que las decisiones tomadas en dicho ámbito superan la racionalidad económica. Dichos organismos deben tener la capacidad de producir resultados positivos e impactos sostenibles en el ámbito donde prestan su actividad (Canyelles, 2011; Navarro, Ruiz, de los Ríos y Tirado, 2014).

La sociedad exige que las actuaciones de las entidades públicas sean sostenibles, eficientes y transparentes en su gestión (Piotrowski y Van Ryzin, 2007; Navarro, Alcaraz y Ortiz, 2010). Exigencias que han derivado, tanto en la aprobación, a nivel nacional, de la Ley de Transparencia1 como en iniciativas2, a nivel europeo, que abogan por la importancia de la difusión de información de RSC en dichas entidades (Navarro et al., 2014).

En este marco, el estudio de la RSC en el sector del transporte público urbano cobra mayor importancia debido al impacto medioambiental que supone su actividad en el entorno y los beneficios sociales que generan.

El objetivo de este trabajo tiene una doble contribución, por un lado analizar el estado del arte de la RSC arrojando luz sobre la definición y debate sobre su implantación, y por otro lado empresarial por la relevancia que en el sector público está adquiriendo la transparencia, observando si las empresas de transporte público urbano divulgan información sobre RSC a través de sus páginas web así como conocer la accesibilidad a la información e identificar qué acciones desarrollan en cada una de las dimensiones: social, medioambiental y económica. La muestra de la investigación está determinada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece obligatoria la prestación de servicio de transporte público urbano a partir de 50.000 habitantes, analizando únicamente aquellas que prestan el servicio mediante gestión directa a través de sociedades mercantiles locales. La estructura metodológica aplicada, y en la línea de trabajos como Andrikopoulos y Kriklani (2013), Kuo, Yeh y Yu, 2012, Pérez-Bustamante et al. (2011)Navarro et al. (2010), Rodríguez et al. (2009) pero realizando una adaptación al sector, es la técnica de análisis de contenidos de las páginas web de las empresas de la muestra. La estructura del artículo se compone por un lado, de una revisión de la literatura sobre RSC y las dimensiones. Por otro lado, una segunda parte define la muestra, metodología de la investigación, el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas del estudio. La principal contribución de la investigación pone de manifiesto que la información sobre RSC que ofrecen es escasa, siendo las acciones medioambientales las más contempladas. En conclusión, el estudio muestra que más de un 75% de las empresas de transporte público urbano bajo la titularidad pública mantienen un nivel de divulgación de RSC baja o nula.

A la hora de abordar la RSC se presenta la existencia de numerosas definiciones y teorías, tal y como se muestra en la tabla 1, lo cual nos lleva a encontrarnos ante una gran falta de consenso (Garriga y Melé, 2004; Alvarado, Bigné y Currás, 2011).

Teniendo en cuenta dichas definiciones, se considera que la RSC se centra en «la integración voluntaria por parte de la empresa, tanto en su forma de gobierno como de gestión, de las preocupaciones sociales, medioambientales, económicas y del respeto de los Derechos Humanos derivadas de las relaciones que mantiene la empresa con sus grupos de interés directos, así como con cualquier persona que se vea afectada por el desarrollo de la actividad económica de la misma» (Escamilla, Jiménez y Prado, 2013).

A lo largo del siglo XX se debatió en profundidad cuál era el rol de empresa y sociedad, si era posible priorizar el valor social sobre el económico, o podían ir de la mano y vincularlo con el objetivo de la empresa. El debate surge a raíz de la publicación que realiza Bowen (1971) en cuanto a la interacción de ambos conceptos considerando que la función de la empresa no es únicamente económica sino que debe atender las necesidades de los grupos de interés de los que se rodea. A continuación en la tabla 2 se exponen las principales investigaciones a favor y en contra de la implantación de políticas de RSC.

El comienzo del nuevo milenio supone un cambio drástico para la sociedad mundial, el desarrollo sostenible empieza a ser cuestión fundamental en la actividad empresarial. El papel de instituciones internacionales como la ONU, OCDE, u OIT en la protección de la sociedad, del medio ambiente y en los Derechos Humanos se hace más patente. A su vez, el impacto de los modelos empresariales e industriales sobre los recursos naturales terrestres, añadido con el efecto de la globalización ha supuesto crecer a niveles exponenciales, que en algunos casos eran insostenibles (Stiglitz, 2002) y ello ha tenido como consecuencia la introducción de valores éticos en las estrategias empresariales y al desarrollo de unas capacidades y actividades que vayan encaminadas a sostener al medio ambiente (Senge, 2001).

Por ello, toda institución pública o privada debe tener conocimiento de cuáles son las demandas de la sociedad así como un funcionamiento operativo que contribuya al desarrollo sostenible (Mcguire, 1963; Sethi, 1975; Carroll, 1979; Wood, 1991; Robbins, 1994). Un comportamiento socialmente responsable tiene efectos positivos a largo plazo dado que ayudan a garantizar la sostenibilidad de la empresa y de la sociedad (Porter y Kramer, 2003), refuerzan su posición competitiva por la mayor aceptación de su imagen (De la Cuesta, 2006) y, por tanto, minimiza su riesgo reputacional (Porter y Kramer, 2003; Méndez, 2005; Valderrama, 2007) ayudando a la empresa a adquirir ventajas competitivas (Husted y Allen, 2000; Rodríguez, Ricart y Sánchez, 2001).

En el caso de las instituciones públicas, la incorporación y divulgación de la RSC en la política de empresa, viene motivada no solo por la «responsabilidad de estas en producir resultados positivos e impactos sostenibles en el ámbito de sus funciones afectando a las condiciones económicas, sociales y ambientales de su área de influencia» (Canyelles, 2011:86) sino por la mayor exigencia de los ciudadanos en la eficiencia y la transparencia en la gestión de dichas entidades (Piotrowski y Van Ryzin, 2007; Navarro et al., 2010). Exigencias motivadas, en algunos casos, por la crisis de confianza en las instituciones públicas (Melle, 2007).

Bajo este prisma, el crecimiento de Internet, y la posibilidad de ofrecer información en las páginas web, aparecen como una nueva herramienta para la rendición de cuentas y como canal de comunicación por parte de dichas instituciones (Cameron, 2004; Meijer, 2007; Tagesson, Blank, Broberg y Collin, 2009).

A pesar de la importancia del tema de estudio, cabe destacar que muchos autores han tratado el tema de la RSC en las instituciones públicas (Burrit y Welch, 1997; Bowerman y Hutchinson, 1998; Ball, 2005; Marcuccio y Steccolini, 2005; Larrinaga-González y Pérez-Chamorro, 2008; Guthrie y Farneti, 2008; Larrán y López, 2009, Navarro et al., 2010, 2014) pero son pocos los estudios que se han publicado respecto a la divulgación de información sobre RSC en las instituciones públicas (Navarro et al., 2010, 2014), menos aún en el caso del sector del transporte público urbano en España.

En este sentido, a la hora de identificar las prácticas de divulgación de información de la RSC que deberían contener las páginas web de cualquier entidad pública, se ha tenido en cuenta las dimensiones generalmente aceptadas de la RSC: la social, económica y medioambiental (Carroll, 1979; De la Cuesta y Valor, 2003; Méndez, 2005; Ramírez, 2006; Muñoz, 2008).

Tradicionalmente, la dimensión social se asociaba al carácter filantrópico que suponía la donación que realizaban las empresas a instituciones de carácter benéfico, lo cual era interpretado por parte de la sociedad como una obligación moral que esta tenía con la misma. En la actualidad, esta dimensión viene marcada por todas las conductas cuyo impacto vaya dirigido al cuidado del capital intelectual y humano de la empresa (U.E., 2001; Vaca, Moreno y Riquel, 2007; Rodrigo y Arenas, 2008), aquellas llevadas a cabo por la empresa dirigidas a mejorar el bienestar social y económico de la sociedad, así como las encaminadas a «respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y a la conservación de sus activos culturales» (Martínez, Pérez y Rodríguez, 2012: 150)

A su vez, la gestión del activo intangible como es la reputación a través de la RSC (Olcese, Rodriguez y Alfaro, 2008) permite ser conductora de ventajas competitivas (Atkinson, Waterhouse y Wells, 1997; Hillman y Keim, 2001; Dentchev, 2004) y de creación de valor al ser un activo que posee un gran valor estratégico (Hall, 1992, 1993; Shamsie, 2003; López e Iglesias, 2006, 2010, Martínez y Olmedo, 2010). La percepción que tengan los consumidores sobre las acciones de RSC que lleva a cabo la empresa puede influir en las decisiones de compra (Sen y Bhattacharya, 2001; Bigné et al., 2005; Bigné, Andreu, Chumpitaz y Swaen, 2005; Bigné, Alvarado, Andreu, Aldás, y Curras, 2009; Currás, Bigne, y Alvarado, 2009).

En la dimensión económica, no solo se tiene en cuenta la maximización de los beneficios generados Friedman (1970), sino para poder ofrecer una dimensión económica socialmente responsable teniendo como objetivo crear valor en los diferentes grupos de interés, se debe considerar a los accionistas: utilización adecuada de las inversiones realizadas así como la exigencia de una mayor transparencia en sus actuaciones que permita trasladar confianza a la empresa y al propio mercado (De la Cuesta y Valor, 2003; Bañon, Guillén, Hoffman y Mc Nulty, 2011); clientes: atendiendo sus necesidades y ofreciendo productos y servicios con una buena relación calidad - precio (Kliksberg, 2006); proveedores: importante eslabón dentro de la cadena de valor para la buena marcha de la empresa, necesitan confianza y seguridad para establecer una estrategia dentro de la compañía (Grant, 1991). Para ello se realizará un pago óptimo por sus servicios o productos; sociedad: actividades económicas desarrolladas por las empresas para que tengan una viabilidad a largo plazo y que sea correctamente distribuido (Martínez, Pérez y Rodríguez, 2012), además de garantizar un comportamiento ético en todas sus acciones a través de un compromiso permanente y explícito con los grupos de interés (González y García, 2006).

Con respecto a la dimensión medioambiental, se debe tener en cuenta que para las empresas todas las decisiones tomadas tendrán una consecuencia directa en el medioambiente, ya no solo consumiendo los recursos naturales sino también en el impacto directo que su actividad genere. Por ello, el mantenimiento de una postura proactiva dentro de la gestión medioambiental será bien visto por la sociedad (Piñeiro, Quintas y Caballero 2009) bien sea mediante medición de emisiones directas e indirectas (Hamilton, 1995; Hart y Ahuja, 1996), indicadores como Toxic Release Inventory (Piñeiro, 2009; Angla y Setó, 2011), la obtención de la certificación ISO 14001 (Cañón y Garcés, 2006) o bien por el establecimiento de estrategias corporativas de medioambiente (Carmona, Céspedes y de Burgos, 2004; Bansal, 2005; Garcés, Rivera y Murillo, 2006, García y Armas, 2007).

Al realizar la recogida de los datos se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para las empresas de transporte público urbano la disposición de una página web donde puedan informar a sus clientes sobre los recorridos, paradas, tarifas, etc. El 100% sí dispone de página web (tabla 5).

En cuanto a la información que divulgan de RSC en sus páginas web, en líneas generales es muy escasa. El acceso directo a información de RSC en las páginas web, solo está disponible en el 35,29% de los casos. De aquellas empresas de la muestra que no tienen acceso directo, se analizó la facilidad de acceso a la información objeto de estudio. Se consideró establecer como acceso complejo a la información cuando se tuvieran que pasar por más de tres pantallas diferentes para llegar a la información que nos interesa en el ámbito de la investigación. En tal caso, el 47,06% sí disponen de facilidad de acceso a la información sobre RSC. Dentro de este primer bloque, se dispuso a observar si las empresas de la muestra publicaban memoria de RSC, el 76,47% de las empresas no publican memoria de RSC. El resultado obtenido evidencia la necesidad por parte de las empresas de transporte público urbano de involucrarse en la transparencia de sus acciones encaminadas a divulgar a todos sus grupos de interés la implantación de políticas de RSC.

A continuación se procedió a realizar el análisis de la información que ofrecían sobre las dimensiones de la RSC. El bloque de la dimensión social pone de manifiesto que el 47,06% de las empresas no presentan ningún tipo de información que haga referencia a acciones cuyo impacto sea la sociedad y los diferentes grupos de interés con los que se relaciona.

Tal y como se observa en el figura 1, de las empresas que sí informan sobre sus políticas incorporadas dentro de la dimensión social, la importancia que tiene para ellas mantener una seguridad y salud laboral y conocer la satisfacción de sus clientes es alta, siendo un 41,18% las que ponen de manifiesto dicha información en la web. La formación continua y la igualdad de oportunidades son otros dos ítems importantes dado que el 35,29 y 23,53% de las empresas respectivamente disponen de información al respecto. Un dato a considerar es el que hace referencia a la contratación a personas discapacitadas, ninguna de las empresas de la muestra informan sobre dicho proceso de apoyo a la sociedad. De las empresas analizadas el 17,65% ofrecen información sobre los planes de asistencias y beneficios sociales, además de planes de conciliación de la vida laboral y familiar. En cuanto a la realización de acciones de patrocinio y mecenazgo solo el 11,76% manifiesta información en la página web.

Figura 1.

Dimensión social.

Fuente: elaboración propia.

(0.1MB).

Dentro de la dimensión social se incluyó una variable de otros donde solo 2 empresas disponen de otro tipo de acciones diferentes a las mencionadas como:

Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U. colaboraciones con universidades,

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A, colaboraciones y convenios con universidades que fomenten el progreso profesional y la investigación; colaboraciones con UNICEF, Cruz Roja donde establecen acuerdos de protección a los niños así como de ayuda la población en situación de exclusión social.

El bloque de la dimensión medioambiental constata la importancia que tiene mitigar el impacto medioambiental para las empresas de la muestra, debido al origen propio de la actividad de las empresas. De las empresas analizadas en la muestra, solo el 35,29% de ellas no presentan información acerca de su política medioambiental, el resto (64,71%) informan de esta, o bien en la propia página web o en su caso en la publicación de la memoria de RSC.

La figura 2 dimensión medioambiental muestra que el nivel de concienciación sobre la responsabilidad que tienen estas empresas con el entorno es media, el 58,82% han obtenido la certificación ISO en los autobuses que utilizan para el transporte de viajeros. El 47,06% tienen proyectos de innovación que permiten mejorar la calidad del servicio prestado y reducir el impacto que su actividad tiene sobre el medioambiente y el entorno que les rodea, o bien mediante la investigación en sus propias instalaciones o con convenios con proveedores. En cuanto a la gestión de residuos y los programas de ecoeficiencia están presentes en el 41,18 y 35,29% de las empresas respectivamente. Además, la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. y Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM) realizan auditorías ambientales e imparte formación medioambiental a sus empleados.

Figura 2.

Dimensión medioambiental.

Fuente: elaboración propia.

(0.09MB).

En cuanto a la realización de otro tipo de acciones diferentes a las variables estudiadas, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. disposición de la certificación UNE-EN 13816, la empresa Autobuses de Córdoba, S.A.M. (Aucorsa) lleva a cabo una política de adquisiciones de material móvil enfocada a la adquisición de unidades cuyas motorizaciones presentaban mejores niveles en relación con la contaminación atmosférica así como colaboraciones específicas con proveedores. La apuesta que hace la empresa de Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM) por el medioambiente la ha llevado a ser la primera empresa municipal de transportes en obtener declaración medioambiental por parte de AENOR conforme al Reglamento Europeo 1221/2009 EMAS.

En cuanto al análisis del bloque de la dimensión económica de la RSC hace referencia desde la inclusión de valores, principios de RSC hasta la transparencia informativa, entendiendo esta como la disposición por parte de la empresa de información relativa a la evolución de la compañía, publicación de informes, información sobre RSC o específica sobre alguna dimensión en las páginas web. De las empresas analizadas en la muestra el 35,29% no presenta ningún tipo de información relativa a las variables analizadas. El resto (65,71%) sí que presenta información.

La figura 3 en el primero de sus ítems muestra cómo el 47,06% ofrece información sobre la inclusión dentro de la misión, valores y visión de la empresa del concepto de RSC en su página web. En cuanto al grado de transparencia informativa, entendiendo esta como el nivel de información ofrecido a los grupos de interés (clientes, proveedores, sociedad, etc.), se observa que el 64,71% tienen un alto grado de transparencia informativa. Además cabe destacar que solo 2 empresas (11,76%) manifiestan una reducción en costes por la aplicación de políticas medioambientales, Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U. y Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. y solo dispone de un código ético y de conducta aplicable a la empresa, Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM). En cuanto a si las empresas de la muestra están adheridas al Global Compact, únicamente Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM) en 2008 y Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. en 2011 lo están.

Figura 3.

Dimensión económica.

Fuente: elaboración propia.

(0.1MB).

En cuanto al establecimiento del ranking de empresas sobre el nivel de divulgación de políticas de RSC es el que se puede observar en el anexo I. Además en cuanto a la especificación de los niveles de RSC, se pone de manifiesto que la preocupación por divulgar las acciones sobre RSC a los grupos de interés a través de las páginas web es muy escaso dado que el 76,47% mantienen un nivel bajo o nulo (tabla 6).

Los efectos positivos que pueden aportar a la competitividad de la empresa las políticas de RSC son innegables (Dentchev, 2004), ya que implica reconocer adecuadamente el valor de aspectos como el capital humano (Rodrigo y Arenas, 2008; Clacher y Hagendorff, 2011), la estrategia empresarial y arquitectura organizativa (Guadañillas y Donate, 2008), las estrategias cooperativas con proveedores (Lai, Chiu, Yang y Pai, 2010) y los activos intangibles como la reputación (Martínez y Olmedo, 2010).

Una adecuada gestión de las políticas de RSC en las empresas mejora su imagen tanto interna como externa (Saxton y Dollinger, 2004; Rindova, Wiliiamson, Petkova y Sever, 2005; Rodríguez y García de Madariaga, 2011), y por tanto su reputación (Olmedo y Martínez, 2011). En este sentido, el sector público y concretamente, las empresas que son objeto de nuestro estudio, deberían utilizar la divulgación, ya no solo como una manera de justificar o hacer más transparente su gestión, sino como un elemento diferenciador. Una forma de manifestar el interés por cuidar la reputación e imagen es la adhesión al Global Compact de Naciones Unidas, siendo el reto de las empresas de transporte público urbano adherirse a dicha iniciativa internacional debido a que tan solo 2 empresas de la muestra están adheridas.

A partir de los resultados obtenidos y dando respuesta al objetivo principal planteado se puede concluir que las empresas de la muestra no contemplan dentro de su estrategia la divulgación de políticas de RSC, puesto que el 35,29% no informa sobre si lleva a cabo o no dichas políticas. Con respecto a las empresas que sí divulgan la información, el 35,29% tienen acceso directo a ella y el 47,06% facilitan el acceso.

En relación a las dimensiones analizadas, se puede destacar el mantenimiento de una postura proactiva en las empresas de la muestra, dado que el 64,71% tienen políticas medioambientales establecidas. En lo relativo a la dimensión social, se tiene una clara visión sobre la seguridad y salud laboral pero en cuanto al establecimiento de programas que ayuden a aumentar la satisfacción de los empleados son muy pocas las que informan sobre planes asistenciales y beneficios sociales para poder fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar. Dentro de la dimensión económica, el ítem más divulgado es la transparencia informativa con un 64,71%. Cabe destacar que a pesar de la relevancia que supone disponer de códigos éticos y de conducta, tan solo una empresa dispone de él. El conocimiento de dichos códigos por parte de los empleados y extensivo a los proveedores es fundamental, dado que cualquier acto que realicen afectará a la reputación e imagen de la empresa.

En cuanto a los niveles de RSC contemplados en nuestro estudio, las empresas de la muestra presentan un nivel muy bajo pues solo el 23,53% mantienen un nivel medio o alto.

Como consecuencia del análisis realizado y dada la importancia que tiene el sector del transporte público urbano en la sociedad, nuestros resultados plantean que es necesario sensibilizar a los gerentes sobre las ventajas que supone la divulgación de la RSC ya no solo como una forma de hacer transparente los beneficios que su servicio ofrece a la ciudadanía sino como una forma de obtener una ventaja competitiva. La realización de inversiones en RSC no supone malgastar el dinero invertido, si se mantiene una visión a largo plazo, al contrario podrán adquirir unas capacidades y habilidades generadoras de fuentes competitivas que las permitirá mejorar su reputación, mejorar las relaciones con la sociedad o la comunidad donde desarrolle su actividad, incrementar la satisfacción de todos los grupos de interés así como aumentar la motivación de los empleados y reforzar los valores de la cultura empresarial de la empresa.

Las futuras líneas de investigación que se plantean son establecer el estudio sobre el conjunto de las empresas de transporte público urbano por superficie en España, con independencia del tipo de gestión que se realice sobre ellas para conocer si existe asociación entre empresa pública y privada en cuanto al nivel divulgación ofrecida por las mismas. Asimismo, realizar una comparativa con otro país de la UE.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.