LUCHAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO. REFLEXIONES DESDE LOS CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES EN MÉXICO

Resumen

En la defensa del territorio ¿desde dónde se reclama el territorio defendido?, ¿qué está en disputa en esas contiendas?, ¿Qué proyectos se delinean a través de su defensa?

En el presente trabajo se busca acercar, desde estas interrogantes, al análisis de los casos de conflictividad socio ambiental que plantean reivindicaciones territoriales. Me interesan varios puntos: por un lado, problematizar el propio concepto de territorio, para no darlo como algo dado y preexistente a la confrontación, por otro, conocer las diversas argumentaciones desde donde se justifica la defensa y comprender así el lugar que los protagonistas reclaman a partir de ellas y, por último, dar cuenta de las acciones y los horizontes socio históricos que se trazan y construyen a partir de estos procesos. Considero que, si bien estos reclamos se insertan en procesos de larga duración, no aluden a un sujeto atemporal, fijo en el tiempo y el espacio, que sólo busca afirmarse a través de estas luchas, ni tampoco a un territorio preexistente y claramente delimitado como objeto de defensa. La hipótesis de la que parto es que tanto el sujeto como el territorio, que se implican mutuamente, se construyen en la acción conflictiva, se (re) definen, se (re) afirman y se proyectan social y temporalmente. Así, entonces, el objetivo de este trabajo es acercarme a los contenidos de estos procesos de constitución del sujeto-lugar.

Abstract

When territorial conflicts arise, from what positions are territories being defended? What is in dispute? What projects are carried out through the conflict? To answer to these questions, the present work offers an analysis of cases of socio-environmental conflict that pose territorial claims. I am interested in several points: firstly, to problematize the concept of territory, not to give it as something given and preexistent to the confrontation; Secondly, to know the various arguments upon which the defense is justified and to understand the place that the protagonists claim to have, and finally, to give an account of the actions and socio-historical horizons that are drawn and constructed from these processes. I consider that although these demands are inserted in long-term processes, there is no timeless subject - fixed in time and space-that seeks self-assertion through these struggles, nor there is a preexisting and clearly delimited territory as an object of defense. The hypothesis of departure is that both the subject and the territory, which are mutually involved, are constructed in the conflictive action, are (re) defined, are (re) affirmed and projected socially and temporally. Thus, the objective of this work is to understand the processes of constitution of the place-subject.

Resumo

Na defensa do território, desde onde se reclama o território defendido? O que está em disputa nessas contendas? Quais projetos se apresentam mediante a sua defensa?

O presente trabalho é uma aproximação de essas interrogantes ao análisis dos casos da agitação sócio ambiental que apresentam reivindicações territoriales. Estou interesada/o em problematizar o próprio conceito de território, para não explicarlo como algo dado e preexistente à confrontação, e também conhecer as diversas argumentações de onde se justifica a defensa, e assim compreender o lugar que os protagonistas reclamam delas, e finalmente conhecer as ações e horizontes sócio históricos que se constroem com esos processos. Ainda que esos reclamos são processos de larga duração, não tem um sujeto atemporal, fixo no espaço ou tempo, que procura se afirmar nestas lutas, nem um território preexistente, e claramente está delimitado como un objeto de defensa.

Minha hipóteses é que tanto o sujeto como o território, que existem mutuamente, se constroem em relação na ação conflitiva, se (re) definen, se (re)afirmam e se projetam social e temporalmente. Assim, o objetivo desse trabalho é me aproximar à os contenidos dos contenidos dos processos de constituição do sujeto-lugar.

Introducción

En los últimos años, el deterioro del ambiente se ha venido configurando como un importante detonador de conflictividad social en México. De norte a sur, en zonas tanto urbanas como rurales, diversos grupos, individuos, organizaciones y comunidades se han movilizado en contra de proyectos de extracción minera, de generación de energía eólica, térmica o hídrica, de construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, centros comerciales, desarrollos turísticos e inmobiliarios y otras obras de infraestructura, por los daños socio ambientales que provocan o podrían provocar. A esta lista se suman también los conflictos que surgen por la contaminación generada por la industria, la instalación de rellenos sanitarios y los tiraderos de basura a cielo abierto.¹

En muchos de estos casos es el agua el eje en torno al cual se articulan las demandas de la población y los grupos agraviados; también la lucha contra la destrucción de tierras de cultivo, bosques, humedales y ecosistemas costeros impulsa movilizaciones. En otros casos, empero, la defensa del territorio se esgrime como el motivo principal de la confrontación. ¿Desde dónde se reclama el territorio defendido?, ¿qué está en disputa en esas contiendas?, ¿qué proyectos se delinean a través de su defensa?

Conflictos socio ambientales y la defensa del territorio: ¿Cuál territorio?

Entre enero del 2009 y diciembre del 2013, la prensa nacional reportó más de 160 casos de conflictividad generados en torno a alguna situación de afectación socio ambiental (o de riesgo de afectación): contaminación, destrucción, deterioro, sobreexplotación y/o despojo. 34 de ellos (el 21% de un total de 162 casos registrados), se definieron como luchas en defensa del territorio y en contra de los proyectos que atentan contra él y amenazan con el despojo y la destrucción: emprendimientos mineros, construcción de aeropuertos, autopistas, carreteras y libramientos; construcción de presas hidroeléctricas, parques eólicos y acueductos; siembra de transgénicos; procesos de urbanización, así como también decisiones de gestión pública y disputas locales por los bienes naturales. La mayoría de estos casos de conflicto se presentaron en pueblos indígenas (ver cuadro 1).²

Cuadro 1.

Luchas en defensa del territorio registradas entre 2009 y 2013, su localización, grupo étnico que la protagoniza y organización que la respalda localmente, según causa de la amenaza

Amenaza	Caso	Localización	Grupo étnico	Organización
Minería	Proyecto minero Comunidad de Zacualpan	Colima	Comunidad Nahua	Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan
	Proyectos mineros Montaña de Guerrero	Guerrero	Comunidades MePhaa y Na'Savi	Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio
	Minera del Norte	Oaxaca	Comunidad Zapoteca	Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
	Minera Cuzcatlán	Oaxaca	Comunidad Zapoteca	Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán
	Mina Natividad	Oaxaca	Comunidad Zapoteca	Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
	Minera Plata Real	Oaxaca	Comunidad Zapoteca	Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
	Mina La Lupe	Puebla	Comunidad Nahua	Consejo Tiyat Tlali En defensa de nuestro territorio
	Mina Espejeras	Puebla	Comunidad Nahua	Consejo Tiyat Tlali En defensa de nuestro territorio
	Minera Real Bonanza	San Luis Potosí	Comunidad Wixárika	Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta, Frente de Defensa de Wirikuta Tamtasima Wahaa
Obras de Infraestructura (carreteras, aeropuertos, presas de almacenamiento, acueductos)	Autopista San Cristóbal Palenque	Chiapas	Comunidades Tsotsiles y Tseltales	Movimiento en Defensa de la Vida y del TerritorioPueblo Creyente
	Arco Sur Milpa Alta	Distrito Federal	Comunidad Nahua	Comunidad Indígena Agraria de Villa de Milpa Alta
	Carretera Bolaños- Huejuquilla	Jalisco	Comunidad Wixárika	Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta
	Autopista Toluca Naucalpan	Estado de México	Comunidad Ñañu	Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra
	Autopista La Pera – Cuautla	Morelos	Mestizos habitantes de Tepoztlán	Frente de Defensa de Tepoztlán, Asamblea de Pueblos de Morelos
	Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México	Estado de México	Mestizos ejidatarios de San Salvador Atenco y Tocuila	Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
	Presa Pilares	Sonora	Comunidad Guarijía
	Acueducto Independencia	Sonora	Tribu Yaqui	Tribu Yaqui
Industria de la Energía	Presa Hidroeléctrica La Parota	Guerrero	Comunidades nahuas y mestizas	Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (cecop)
	Presa Hidroeléctrica Las Cruces	Nayarit	Comunidades Náyheri y Wixárika	Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta
	Presa Hidroeléctrica Paso de la Reina	Oaxaca	Comunidades chatinas, mixtecas, afromestizas y mestizas	Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (copudever)
	Presa Hidroeléctrica Río Ajajalpan	Puebla	Comunidad Tutunaku	Consejo Tiyat Tlali En defensa de nuestro territorio
	Hidroeléctrica Zongolica	Veracruz	Comunidad Nahua	La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (lavida)
	Parque Eólico Juchitán	Oaxaca	Comunidad Binizaa	Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
	Parque Eólico San Dionisio del Mar	Oaxaca	Comunidad Ikoots	Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
	Gasoducto PIM	Tlaxcala, Puebla y Morelos	Comunidades mestizas	Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos; Frente Indígena y Campesino de México
Desarrollos Turísticos	Agua Azul	Chiapas	Comunidad Tseltal	Sexta Declaratoria de la Selva Lacandona, adherentes
	Barrancas del Cobre	Chihuahua	Comunidad Raramuri	Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara
	Desarrollo Turístico Isla del Rey	Nayarit	Comunidad Náyheri y comunidad Wixárika	Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta
Proyectos de Gestión Pública del Territorio	Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado	Sonora y Baja California	Comunidad Cucapá	Sociedad Cooperativa del Pueblo Indígena Cucapá, s.c. de r.l. de c.v.
	Reserva de Biosfera de la Montaña de Guerrero	Guerrero	Comunidades Me’Phaa y Na'Savi	Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio
Urbanización	Walmart Cuetzalan	Puebla	Comunidad Nahua	Comité de Ordenamiento Territorial Integral
	Desarrollo Inmobiliario geo Cerro de la Tortuga	Morelos	Comunidad Nahua	Bienes Comunales de Tetelpa; Asamblea de Pueblos de Morelos
Disputa de Recursos	Cherán	Michoacán	Comunidad Purépecha	Consejo de Bienes Comunales
Siembra de Transgénicos	Siembra Soya Transgénica	Yucatán, Campeche y Quintana Roo	Comunidad Maya	Colectivo Kabi Habin; Colectivo Much’kanan I’inaj; Colectivo Apícola Chenero

Fuente: elaboración propia.

Algunos de estos 34 casos colocaron al territorio como objeto de central de la disputa desde el principio de la confrontación;³ otros fueron construyendo la demanda en torno a él y se articularon en su defensa a través de diversas formas organizativas a lo largo del proceso de lucha. Todos coinciden, empero, en que defender su territorio es defender el ambiente, es defender su vida.

La defensa de territorios indígenas no es una novedad, estas luchas son de largo aliento.⁴ Los pueblos han resistido y han dado la batalla en diferentes momentos de la historia frente a las amenazas de conquista y despojo. Lo particular de estas manifestaciones es que (re) surgen en momentos en que se había anunciado el fin de los territorios y del apego a los mismos por el influjo de la globalización y la diáspora. ¿A qué viene entonces defender el territorio ahora?, ¿cuál es el territorio que se defiende? Estamos sin duda frente un modelo que se construye en el marco de sus paradojas: mientras más se abre, más tiende a cerrarse; mientras más busca la homogeneidad, se generan más espacios de reivindicación de lo diverso; mientras impulsa la deslocalización privilegiando los flujos por sobre el arraigo, se generan procesos de territorialización. La defensa del territorio da cuenta de estos procesos.

A lo largo del siglo xx las luchas de pueblos indígenas y campesinos de México se articularon en torno a la tierra, a su demanda, a su disputa. El Estado mexicano posrevolucionario, a través del reparto agrario, impuso su territorialidad basada en el control del territorio, sus recursos y las instituciones de gestión. Tierras, bosques, aguas y riquezas del subsuelo se definieron como propiedad de la nación; así quedó plasmado en el artículo 27 de la Constitución. Ejidos y comunidades agrarias podían hacer uso de los primeros bajo el tutelaje del Estado, quien se los daba en usufructo, siempre con la vigilancia de uno de los máximos órganos de control: la Secretaría de la Reforma Agraria. Si en los siglos anteriores la Corona Española, la Iglesia Católica y los hacendados habían comandado procesos de desterritorialización-reterritorialización a los que fueron sometidas las comunidades indígenas y campesinas del país, en el siglo xx fue el turno del Estado; éste repartió, organizó, otorgó, controló y concesionó las tierras, los bosques y las aguas del territorio nacional, como parte de sus prerrogativas como soberano. Las comunidades campesinas e indígenas encontraron, no obstante, formas de territorializarse dentro (y no al margen) del sistema hegemónico; nombraron, significaron y, para dar soporte espacial a sus prácticas y a sus interacciones sociales, adoptaron y adaptaron las formas organizativas y de gobierno de base agraria, como lo hicieron también en tiempos coloniales. A lo largo de casi todo el siglo xx, las demandas se tejieron en torno a la tierra; sin embargo, una vez decretado el fin del reparto agrario en 1992 –y con el desmantelamiento del sistema de control estatal sobre las comunidades campesinas e indígenas, en un contexto de liberalización de tierras, expansión de mercados, despojo capitalista neoliberal y economía extractivista,–⁵ emergió una nueva consigna: la defensa del territorio.

Pero ¿de qué territorio hablamos? Rogério Haesbaert refiere a cuatro concepciones recurrentes: 1) la que se construye desde la tradición jurídico política y que lo define como espacio de control, gestión y planificación; delimitado y delimitable; estructurado y objetivo; 2) la concepción naturalista que destaca las características físicas y biológicas como aspectos que delimitan; 3) la que lo presenta como fuente de recursos y base material de la existencia, producto de las relaciones sociales y de los procesos de producción; y 4) aquella que llama la atención sobre la dimensión cultural y destaca sus contenidos simbólicos.⁶

La noción jurídico-política del territorio, que lo define como espacio concreto (cartesiano), constituido por límites y fronteras, centra la atención en él como objeto de control, de planificación y gestión: un territorio, una territorialidad (por lo general la del Estado); un poder que se impone espacialmente y se naturaliza a través de la propia concepción de territorio, de su soberanía. Desde esta visión se niegan-prohíben-invisibilizan otras territorialidades y otros poderes.⁷ Tampoco hay, en esta perspectiva, alguna consideración sobre aspectos subjetivos. El territorio se entiende como espacio delimitado sobre el que se actúa, no espacio pensado, imaginado, significado.

El territorio, definido desde sus características bio-geo-físicas, ha sido una noción ampliamente difundida y aceptada junto con la definición jurídicopolítica. La concepción naturalista del territorio alude a éste como algo dado, pre-existente, natural. Espacio físico apropiado, delimitado y defendido por los seres humanos (y los animales). Soporte material de la vida. Algunos autores se refieren a esta definición como la cosificación de territorio,⁸ en tanto que sólo se considera el carácter instrumental del mismo.

Desde un enfoque también materialista, pero que destaca la dimensión económica, el territorio se reivindica como ámbito de producción y reproducción; “… área defendida en función de la disponibilidad y garantía de los recursos necesarios para la reproducción material de un grupo”.⁹ En esta definición se destacan las variables de uso y acceso y el papel de las relaciones sociales, pero sigue dominando el carácter instrumental. El territorio económico es el territorio ocupado, útil, aprovechable. No son sólo economistas quienes han defendido esta definición; desde la antropología, Maurice Godelier lo define como

… la porción de la naturaleza, y por tanto del espacio, sobre el que una sociedad determinada reivindica y garantiza a todos o a parte de sus miembros derechos estables de acceso, control y uso de la totalidad o parte de los recursos que allí se encuentran y que dicha sociedad desea y es capaz de explotar.¹⁰

A estas definiciones que destacan el carácter material, estructural y productivo, se opone una visión cultural que subraya la dimensión subjetivasimbólica. El territorio es reivindicado desde este enfoque como espacio construido simbólicamente, valorado y significado, y que a su vez da soporte a la identidad y el sentido de pertenencia;¹¹ su sentido está dado por quien lo habita, a través de sus acciones y de sus representaciones, por ello se plantea que no hay territorio sin sujeto. La perspectiva cultural del territorio enfatiza su dimensión inmaterial ausente en las otras definiciones, pero corre el riesgo de propiciar esencialismos si no se considera que las valoraciones y significaciones también se generan (y disputan) en el marco de las relaciones sociales.

Haesbaert¹² sugiere superar las oposiciones material-inmaterial, objetivosubjetivo en la comprensión del territorio, en tanto que todas ellas lo presentan de una manera fragmentada, y propone optar más bien por una visión integradora, relacional, que dé cuenta no sólo de las diversas dimensiones que lo constituyen (económica, política, física y simbólica), sino de las interacciones entre éstas. Tal acercamiento nos permite comprender el territorio no como un objeto delimitado y fijo, sino como una construcción social que se produce a través de su uso,¹³ su apropiación y significación,¹⁴ y su control, en el marco de las múltiples relaciones de poder que lo construyen, y no únicamente la referida al Estado.¹⁵ La noción de territorio como constructo, nos permite pensar asimismo en el sujeto que lo produce en tanto productor y producto del mismo. No existe territorio sin sujeto ni tampoco, como nos lo recuerda Haesbaert,¹⁶ sujeto desterritorializado. El punto importante aquí es poder dar cuenta de un territorio y un sujeto que se implican mutuamente, no esencializados, pero tampoco contingentes. Es alrededor de estas ideas que me interesa hilar mis reflexiones en torno a las luchas en defensa del territorio.

El territorio en disputa

En esta que podríamos denominar la nueva fase de luchas en defensa del territorio, un aspecto a destacar es el de la destrucción (o amenaza de destrucción). Mineras, carreteras, presas hidroeléctricas, así como desarrollos turísticos y urbanísticos no sólo ocupan, desalojan, despojan, sino también, y especialmente, destruyen: los bosques son talados, las montañas dinamitadas, los valles y barrancas inundadas, las aguas contaminadas, las tierras de cultivo sepultadas. No hay punto de retorno frente a estos proyectos. Junto a la destrucción de las bases materiales del territorio se destruyen también lugares rituales, formas de vida, de trabajo y de organización societaria.

Como mencionamos antes, de los 34 casos de conflictividad socio ambiental reportados durante el periodo estudiado, nueve de ellos reivindicaron la defensa del territorio desde el inicio su movilización, y en torno a esta demanda articularon su lucha bajo argumentos tanto socioculturales como políticos. Los otros 23 conflictos comenzaron oponiéndose a los impactos socio ambientales de diversos proyectos de inversión (extractivos, turísticos, urbanos, de infraestructura, de generación de energía eléctrica, de agroindustria), y no tardaron en sintetizar agravios y amenazas como atentados contra el territorio, y entonces convertir su defensa en el principal objetivo. Al parecer, el territorio se objetiviza a partir de la percepción de su amenaza y de la subjetivación política de quien lo defiende.

El territorio defendido, en los casos que nos ocupan, no es preexistente a su defensa, sino producto de las interacciones antagónicas, del conflicto. Se construye, pues, en el marco de las relaciones de confrontación con el Estado y con los proyectos de inversión; pero se construye, también, en el marco de las relaciones de poder que se visibilizan a partir del conflicto: entre varones y mujeres; entre poseedores de derechos agrarios y avecindados y/o posesionarios; entre jóvenes y viejos. Desde estas relaciones también se negocia, define, valora y significa. Y en este proceso se va construyendo asimismo el sujeto que lo defiende: ni aislado, ni puro, ni homogéneo.

En los casos revisados encontramos que el territorio es definido a partir de cinco características: 1) la dimensión colectiva, que alude tanto a la forma de organización social y la tenencia social de la tierra, como a los sistemas de gobierno. Pertenencia, control y autodeterminación son los ejes que articulan esta dimensión; 2) la dimensión productiva y reproductiva, como ámbito de trabajo y fuente de sustento; 3) la dimensión ecológica, que refiere a los bienes naturales, el paisaje, los seres vivos y los servicios ambientales; 4) la dimensión patrimonial, en tanto herencia de los ancestros y legado para las generaciones futuras; y 5) la dimensión sagrada, referente de cosmovisión. El territorio no es la suma de estas dimensiones, sino la expresión de su unidad en interacción.

Las modificaciones al artículo 27 constitucional de 1992 que otorgaron a los poseedores de la tierra de ejidos y comunidades derechos de propiedad sobre ella y abrieron la posibilidad de impulsar su comercialización, generaron en muchos lugares un efecto contrario al esperado por el mercado. Los casos que nos ocupan dan cuenta de ello. En contra de la mercantilización de la tierra y la disolución de ejidos y comunidades, las luchas en defensa del territorio reivindican los derechos colectivos: defienden la tenencia social, las formas de organización y la autodeterminación. Así lo manifestaron desde el 2012 los miembros del Consejo Tiyat Tlali¹⁷ reunidos en Ahuacatlán, Puebla, en un foro convocado para discutir sobre los proyectos mineros e hidroeléctricos que se querían imponer sin su consentimiento:

Nos pronunciamos por el derecho a la consulta, por el derecho a la decisión individual de los afectados, pero, sobre todo, el derecho a la decisión colectiva, pues nuestro territorio no tiene un solo dueño, es de todos (…) Unánimemente declaramos:

Sí a las montañas vivas. No a la minería a cielo abierto. Sí a los bosques y ríos fuentes de vida. No a las hidroeléctricas. Sí a la vida comunitaria. No a las ciudades rurales. Sí a nuestros modos de vida serranos. No a la imposición de las formas de vida urbana (las cursivas son mías).¹⁸

Así lo reiteraron también en Ejutla de Crespo, Oaxaca, los representantes de 48 comunidades y 30 organizaciones de los valles centrales, sierra sur, costa, istmo y cañadas, en la Declaratoria de Cerro de las Huertas que suscribieron tras el Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones Contra la Minería, realizado los últimos días de enero del 2016:

A los pueblos se nos violenta nuestro derecho a la información, ya que existen en nuestros territorios concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal sin el consentimiento de nuestras asambleas comunitarias, además la información que existe sobre las concesiones es manipulada, parcial y poco accesible. Esta condición vulnera otros derechos fundamentales como son la autonomía, el territorio y violenta nuestros sistemas comunitarios en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales (las cursivas son mías).¹⁹

Durante todo el periodo postrevolucionario, hasta 1992, el Estado mexicano decidió sobre el destino de ejidos y comunidades. Los archivos agrarios dan cuenta de incontables casos de expropiación para fines diversos en diferentes puntos del país, sin que ello suscitara rebeliones y levantamientos. No podía ser de otra forma, la tierra no le pertenecía a los campesinos. Las reformas de 1992 y la salida de los promotores agrarios abrieron la puerta a las demandas sobre la autodeterminación territorial y el respeto a los órganos colectivos de decisión. Estas luchas se enmarcan también, por supuesto, en la agenda del movimiento indígena de nuestro país, que se ha visto fortalecido en las últimas décadas a partir del levantamiento neozapatista de 1994. La defensa del territorio es, definitivamente, una demanda política y un claro posicionamiento de ejidos y comunidades en sus exigencias de autodeterminación frente al Estado, al tiempo que expresa sus responsabilidades con respecto a los bienes y el lugar que defienden, por ello algunos autores denominan estas movilizaciones como luchas por lo común.²⁰

Salvador Campanur, comunero de Cherán, sintetiza con claridad esta diada: frente a la demanda de la autodeterminación y del control colectivo del territorio, la responsabilidad de cuidarlo:

Nosotros denominamos territorio toda el área donde podemos tener el mando a través de nuestra autoridad tradicional y que podamos realizar, tanto de los recursos naturales y de todo lo que existe ahí, tener esa responsabilidad de cuidarlos, ser los guardianes de nuestro territorio (las cursivas son mías).²¹

Otro aspecto a resaltar en la defensa del territorio, es la dimensión productiva y reproductiva que está muy presente. Lo expresan de forma abierta ejidatarios tzotziles y tseltales de Chiapas que se oponen a la construcción de la autopista San Cristóbal – Palenque porque destruiría tierras de cultivo; también se manifiestan en este sentido las comunidades que integran el Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio que luchan contra proyectos mineros y las que conforman el Consejo Tiyat Tlali. En defensa de nuestro territorio, que se oponen a represas y minería en diferentes puntos del estado de Puebla, entre otros. La dimensión productiva no se reivindica sólo desde la producción para autoconsumo, también se destaca en los casos de producción comercial (agricultores, apicultores), lo que pone en evidencia las tensiones entre el proyecto dominante y los proyectos de los productores independientes. Y de nueva cuenta se presenta el tema de la autodeterminación:

El desarrollo no puede entenderse a costa de los pueblos y comunidades campesinas, indígenas y pescadoras, por lo que en sesiones solemnes de cabildo hemos declarado nuestros territorios prohibidos para proyectos extractivos, sean minería, presas, eólicos o cualquier otro proyecto que afecte nuestros territorios. Tenemos derecho a seguir defendiendo nuestros territorios y que se respete nuestra decisión sobre el desarrollo de los mismos (las cursivas son mías).²²

El territorio se defiende como espacio de trabajo productivo, pero también como ámbito de reproducción social, política y cultural. Territorio sustento y patrimonio construido. Pasado, presente y futuro conjugado en un mismo lugar a través de la historia y el trabajo. Sentido de diferencia y de pertenencia que construye identidad en la interacción y/o el continuum sociedad-ambiente y al mismo tiempo sitúa a pueblos y comunidades frente al espacio, el Estado y la sociedad nacional. Las palabras de Lino Leyva, ex gobernador Guarijío en contra de la construcción de la presa Pilares-Bicentenerio en el cauce del Río Mayo en Sonora, muestran claramente la complejidad de esta concepción:

… el problema en mi comunidad es la defensa del territorio, se habla de la presa Los Pilares, se van a perder la vegas del río para la siembra que son las mejores tierras, nos afecta la vivienda, el trabajo y la escuela, sería una gran pérdida, por 30 años hicimos trámites para tener lo que tenemos, lo que comemos va a quedar bajo el agua, a los blancos no les gusta lo que comemos y por eso no lo toman en cuenta, se van a perder las aguas termales y los lugares sagrados que nos dejaron nuestros antepasados y Dios, vamos a perder su sabiduría, el gobierno dice que esos lugares sagrados no valen, ahí están los lugares arqueológicos para darnos cuenta que los guarijíos venimos de mucho antes, hay panteones que tienen 4,888 años, las aguas limpias se ensuciarán y no la vamos a poder tomar, no habría agua buena, se perderán los charcos y el río, no habrá fruta; perdería lo que más estimo, la vegetación, los pescados se van a ir como pasó con la presa Mocúzarit, por eso la presa no es viable, nos afecta mucho, el gobierno aprueba los proyectos y no le importan los indígenas, los blancos tienen todo, los indígenas son los primeros pobladores del mundo.²³

La dimensión sagrada no está siempre presente en todos los casos de defensa del territorio, pero en los que está, se convierte en el argumento central de la defensa. Así, comunidades náyheri y wixárika, frente a la amenaza de las concesiones mineras en Wirikuta y Real de Catorce, en San Luis Potosí; la construcción de la presa Las Cruces en el cauce del río San Pedro en Nayarit y Jalisco; la construcción de la carretera estatal Bolaños-Huejuquilla en el corazón de la Sierra Huichola y de los desarrollos turísticos en la Isla del Rey en Nayarit, se han aliado y articulado para defender los sitios rituales en peligro: Wirikuta, Tatei Haramara, Tatei Niwesika, Huaxa Manaka y Teekata.²⁴ Esto no significa ni una visión parcial del territorio, ni tampoco la exotización de la lucha. Desde la defensa de lo sagrado wixaritari y náyheris definen el territorio, se definen a sí mismos y no dejan dudas sobre su rechazo definitivo a los proyectos que los amenazan:

Para nuestros pueblos wirikuta/teimatáa, tatei aramara/villantaá y el río San Pedro representan no sólo un espacio geográfico, sino una extensión de nuestra cosmovisión del mundo ya que ahí se encuentra fundamentada el origen de nuestra existencia como pueblos originarios, por lo que rechazamos enérgicamente los proyectos de concesiones turística que fueron otorgadas en la isla del rey en San Blas Nayarit, ya que el lugar sagrado de aramara no se reduce a un ririki (casa de oración), rechazamos enérgicamente las concesiones mineras otorgadas en el territorio sagrado de wirikuta, rechazamos enérgicamente la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces que la Comisión Federal de Electricidad pretende construir sobre el río San Pedro, estos proyectos atentan contra la ruta sagrada de la peregrinación y lugares sagrados que en ellos se encuentran y rechazamos cualquier folklorización de nuestra cultura como objeto de mercantilización turística.²⁵

Los diversos testimonios dejan claro el carácter holístico y relacional en la concepción del territorio y expresan, como sugiere Raffestin,²⁶ las múltiples dimensiones como las colectividades lo viven y lo conciben: “En nuestra mirada de la realidad no puede estar separada la tierra, el bosque, de los que en ella vivimos junto con todas las costumbres y creencias”.²⁷ La defensa del territorio es entonces también la defensa del ser, del hacer, del estar en el mundo; lo que se disputa a través de las luchas es su conceptualización, su valorización, su uso, su disfrute y su gobierno, lo que va ligado a formas específicas de vida que se resisten a la invisibilidad y la precarización. Dicho de otra manera, se disputa la construcción socio espacial del territorio (material y simbólica) y su control; se disputa la territorialidad. Vale la pena preguntarnos aquí ¿cuál territorialidad?, ¿la de quién?

De la defensa del territorio a las territorialidades en disputa

El concepto de territorialidad es sin duda menos elusivo que el del territorio, menos romántico, menos esencialista y más relacional. Remite al sujeto y el espacio; a las acciones y a las relaciones. Remite al control, no sólo de la espacialidad, sino del significado que se le otorga y de las decisiones que se toman sobre ella; al control de la vida en el territorio, de las formas societarias que la hacen posible de determinada manera y del tipo de relaciones que esto implica: las que incluyen y las que excluyen. La territorialidad disputada tiene esta dimensión de control material, simbólico y social.²⁸ La territorialidad es un proceso de construcción continua, a ratos negociada, a ratos impuesta y siempre disputada, en el que se construye y vincula el qué (el territorio), el quién (el sujeto) y por qué (los sentidos y los motivos), a través del cómo (acciones y relaciones). Haesbaert indica que no hay una sola territorialidad, sino múltiples que coexisten y se sobreponen; pero también llama la atención sobre la dimensión de poder que las atraviesa y las constituye como territorialidades hegemónicas, unas, y subalternas, otras.

En estas líneas he tratado de rescatar el sentido que desde las luchas se otorga al territorio. Lo he hecho retomando las voces colectivas que emiten declaratorias en un proceso de acción y reflexión. Estas voces, sin embargo, si bien consensadas en un discurso único, no dan cuenta efectivamente de los procesos de confrontación y negociación que les subyacen y nos presentan un sujeto unitario que se construye y define en oposición a los proyectos neoliberales. La realidad es más compleja. Los conflictos que han surgido a partir de los proyectos de expansión capitalista han generado, sin duda, procesos de reflexividad en pueblos y comunidades y también de construcción de identidades colectivas, en el sentido que proponen Alberto Melucci y Georg Simmel, y que permiten fijar posiciones y límites frente al contrincante.²⁹ Pero estos procesos de confrontación y reflexividad, así como el propio contexto socio histórico, han abierto también la puerta a otros actores y otras voces que, sin derechos de posesión sobre la tierra y sin estar vinculados productivamente a ella, se pronuncian en “defensa del territorio” y cuestionan las formas hegemónicas de territorialidad, tanto las impuestas como las asumidas y naturalizadas de manera interna.

A partir de las resistencias socio ambientales, pueblos y comunidades organizados en redes, consejos, frentes y colectivos, se confrontan de manera directa con el capital y su proyecto expansivo. Se le resisten, lo denuncian, lo retan. Se enfrentan también con el Estado; a éste le reclaman reconocimiento de derechos: a la información, la consulta, la autodeterminación. Se enfrentan asimismo con viejos y nuevos contrincantes: con los terratenientes de siempre, como es el caso de los rarámuris en Chihuahua, y con el crimen organizado, territorial y violento, en Guerrero y Michoacán. Pero lo menos visible son, sin duda, las confrontaciones internas que se generan a raíz del conflicto y que han llevado, en múltiples casos, a develar y confrontar relaciones internas de poder y sus consecuentes expresiones de exclusión. Así, en muchos lugares el protagonismo de las mujeres en las luchas, y su expresa demanda de participar en la toma de decisiones, ha venido a cuestionar una naturalizada territorialidad masculina, característica de ejidos y comunidades agrarias. Los jóvenes sin derechos agrarios (varones y mujeres por igual), universitarios muchos de ellos, otros con oficios y formas urbanas de vida, disputan también la construcción del territorio a defender frente al modelo capitalista depredador, así como frente a los viejos esquemas y formas de organización social que no los tomaban en cuenta. De igual forma lo hacen, en fin, aquellos y aquellas que por décadas fueron excluidos del control del territorio por no tener derechos colectivos de tenencia sobre la tierra.³⁰ Habrá que estudiar y documentar a fondo estos procesos, baste por ahora dar cuenta de ellos, aunque sea de forma somera, a fin de llamar la atención sobre la complejidad del proceso de construcción del sujeto-lugar.

Como se ha insistido en estas líneas, el territorio que se defiende no es preexistente al conflicto, como tampoco lo es el sujeto. En el proceso de confrontación éste se construye, aparece unitario hacia fuera, pero enfrenta el reto de construirse internamente desde la diversidad, desde sus propias tensiones y contradicciones. Esto, no cabe duda, es el principal desafío en la construcción de nuevas territorialidades anticapitalistas, autónomas, colectivas, incluyentes, como nuevos horizontes sociopolíticos.