AYOTZINAPA: NUESTRO RETRATO FRENTE AL ESPEJO

Resumen

El lamentable caso de Ayotzinapa nos pone frente al espejo para cuestionar los logros alcanzados por las autoridades e instituciones mexicanas en materia de seguridad, justicia, democracia, participación política, educación, trabajo, economía y desarrollo social. En 1917 se promulgó la Constitución, que en ese momento fue pionera en la protección de los derechos sociales. En la actualidad, bajo el neoliberalismo, la pobreza y la desigualdad social se expanden y profundizan. Aún entre los pudientes, son unos cuantos los que acumulan la riqueza, frente a una sociedad que ve adelgazar a la clase media y victimizar a los más vulnerables. Este texto, que nace en reacción al caso Ayotzinapa, es una reflexión sobre el contexto de violencia, corrupción, violación de los derechos humanos, impunidad, desigualdad y pobreza en México, al igual que sobre la situación de la democracia mexicana.

Abstract

The deplorable case of Ayotzinapa puts us in front of a mirror to question the accomplishments reached by Mexican authorities and institutions regarding security, justice, democracy, political participation, education, employment, the economy and social development. In 1917, the Mexican Constitution was enacted, which was groundbreaking at that time regarding the protection of social rights. Today, under neoliberalism, poverty and social inequality are expanding and becoming entrenched. Even among the well-off, there is only a small group that is accumulating the wealth, while society sees the middle-class weaken and the most vulnerable being victimized. This paper, which was born as a reaction to the Ayotzinapa case, is a reflexion on the context of violence, corruption, violation of human rights, impunity, inequality and poverty in Mexico, as well as on the state of affairs of Mexican democracy.

Resumo

O lamentável caso da Ayotzinapa nos pone frente ao espelho para questionar os logros avanzados pelas autoridades e as instituições mexicanas em matéria de segurança, justicia, democracia, participação política, educação, trabalho, economia e desenvolvimento social. Em 1917 foi promulgada a constituição, nesse momento foi a pioneira na proteção dos direitos sociais. Hoje, sob o neoliberalismo, a pobreza e também a desigualdade social se expandam e aprofundam. Ainda entre os abastados, são só uns quantos os que podem acumular a riqueza, frente uma sociedade que observa emagrecer a clase meia e vitimar os mais vulneráveis. Este texto, que nace como reação ao caso Ayotzinapa, é uma reflexão sobre o contexto da violência, corrupção, violação dos detritos humanos, impunidade, desigualdade e pobreza no México, como a situação da democracia mexicana.

Introducción

Al momento de redactar este texto, como una película de Hollywood, el capo Joaquín Guzmán Loera alias “el Chapo Guzmán” se fugaba por segunda ocasión de una prisión de máxima seguridad. Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto arribaba a París, Francia, junto con una amplia comitiva de 400 personas, invitadas por el Gobierno Federal para firmar más de 60 convenios de colaboración internacional.

El lector se preguntará, ¿qué tiene que ver la fuga de “el Chapo” con Ayotzinapa? Estos hechos se relacionan por la imperante corrupción en la sociedad y por supuesto en las instituciones del Estado. Demuestran la debilidad institucional y la permanente búsqueda de la justicia por las víctimas de la parálisis institucional. También muestran la actitud de negligencia y abandono por parte del Gobierno Federal ante los problemas más importantes que enfrenta el Estado mexicano.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron asesinadas seis personas y desaparecidos 43 estudiantes¹ de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.² Desde que se conocieron los hechos ocurridos en Iguala, una gran indignación sacudió al país, traduciéndose en grandes movilizaciones sociales no vistas en muchos años –podría sostenerse que en varias décadas.

Al cabo de los avances en la investigación federal y tras una fuerte presión internacional, el 27 de enero de 2015 el procurador Jesús Murillo Karam anunció en conferencia de prensa que había certeza legal “que los normalistas fueron muertos [sic]”.³ En la conferencia, que tuvo duración de una hora, el Procurador narró los hechos y al finalizar respondió algunas preguntas de los medios de comunicación.

El descontento ha sido tal que durante los mismos meses que lleva abierto el caso se han realizado un gran número de marchas en todo México, y especialmente en el Distrito Federal y en Guerrero, bajo el lema “Fue el Estado”.⁴ La indignación incluso traspasó las fronteras: las múltiples movilizaciones que tuvieron lugar en distintas ciudades del mundo –las “acciones globales por Ayotzinapa”,⁵ como se les llamó– demandaron verdad y justicia para las víctimas y sus familiares.

La presión nacional e internacional compelió al gobierno a aceptar una supervisión “independiente” en la averiguación previa del caso. De esta manera, se acordó que la investigación oficial sería acompañada por peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (eaaf), al igual que de la asistencia técnica de expertos independientes –que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei)– nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) está llevando a cabo una investigación especial sobre lo ocurrido en Ayotzinapa. Para agilizar los esfuerzos, se creó la Oficina Especial para el Caso Iguala bajo la titularidad del especialista José T. Larrieta.

De acuerdo con la investigación oficial (la verdad histórica, como le llamó el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam), los ataques ocurridos en Iguala se basaron en la co-participación del crimen organizado y elementos de seguridad pública municipal, los cuales habrían asesinado a seis personas en la ciudad de Iguala (entre ellos tres estudiantes de Ayotzinapa) y posteriormente secuestrado, asesinado e incinerado en un basurero a 43 estudiantes normalistas.

Desde que fue presentada a principios de 2015, la sociedad mexicana reflejó incredulidad e impotencia ante la verdad histórica, avivando una profunda indignación social. La investigación oficial fue desacreditada por reportes del giei, del eaaf, e incluso por científicos de la unam y la uam. De esta manera, prácticamente a dos años de los hechos, siguen existiendo profundas lagunas en la investigación: los motivos del ataque, los participantes, y lo más doloroso aún, el paradero de los normalistas.

Este texto, que nace en reacción al caso Ayotzinapa –aunque también a otros hechos recientes de violencia vinculados a las fuerzas de seguridad como Tlatlaya, Tanhuato, o Apatzingán–, presenta algunas reflexiones en torno a la violencia, las violaciones de los derechos humanos y la impunidad. Paralelamente se hará una reflexión en torno al desarrollo social, la educación y el estado de la democracia en México. Nuestra reflexión va encaminada a mostrar que México se encuentra en una encrucijada, donde la posibilidad de vivir en un Estado democrático de derecho se ha erosionado; sin embargo, está abierta la oportunidad de revisar con astucia y eficacia las estrategias que puede implementar el Estado para abonar al desarrollo social, la seguridad y la justicia en el país.

La violencia, la violación de los derechos humanos y la impunidad

México cuenta con un grave problema de violencia. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2007 se registraron 8,867 homicidios dolosos en México, es decir una tasa de 7.8 por cada 100 mil personas; llegando a un punto alto de 27,213 en 2011, con una tasa de 22.6; y bajando a 19,669 para 2014, es decir una tasa de 15.7, siendo aun así dos veces más alta que la tasa registrada siete años antes.⁶ En contraste, la tasa de homicidios dolosos a nivel mundial fue de 6.2 por cada 100,000 personas en 2013.⁷ De manera sorprendente, Guerrero demostró que podía prácticamente triplicar la tasa de homicidios a nivel nacional, registrando en el 2014 la más alta del país, con 42.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.⁸

En una comunicación personal, el especialista en seguridad Armando Rodríguez Luna⁹ señaló lo siguiente:

Estas cifras dan cuenta del incremento en los niveles de inseguridad, victimización y violencia en el país en el último lustro. Por ejemplo, de acuerdo con datos del inegi, el número de víctimas en México durante 2010 fue de 18.18 millones de personas, mientras que en 2013 alcanzó la cifra de 21.25 millones. Lamentablemente, el alza en estas cifras va en paralelo con mayor desconfianza hacia las autoridades para denunciar los delitos. El levantamiento 2014 de la envipe [Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública] advierte que mientras en 2010 se denunciaron el 12.29% de los delitos ocurridos, para 2013 se denunciaron 9.89%.

La realidad es que esta desconfianza se fundamenta por lo menos en dos variables muy importantes. En primer lugar, en la incapacidad sistémica del andamiaje institucional de procuración de justicia del país si tomamos en cuenta que, del total de delitos denunciados, solamente el 6% se traduce en la iniciación de la averiguación previa correspondiente y en el 2% de personas consignadas (pgr). En otras palabras, los altos índices de impunidad son el más importante incentivo para la comisión de delitos, el incremento de víctimas y la expansión de fenómenos de violencia social. En segundo lugar, la corrupción extendida entre las autoridades gubernamentales, particularmente en los niveles estatal y municipal.

Especial atención merecen aquellas entidades y municipios en donde la delincuencia organizada se ha establecido para controlar sus operaciones. En este sentido, el estado de Guerrero se convirtió en los últimos dos años en el epicentro del tráfico de heroína hacia Estados Unidos. […] De acuerdo con una investigación de El Universal y la Revista Esquire México, en el 40% del territorio guerrerense se cultiva 42% de la amapola del país, en un polígono que en realidad alcanza los estados de Michoacán y Morelos. En este espacio geográfico se ubican por lo menos cinco organizaciones criminales pequeñas: 1) Guerreros Unidos; 2) Los Rojos; 3) Cártel Independiente de Acapulco; 4) La Barredora; y 5) Los Granados.

A la par de la violencia ligada a la delincuencia y al crimen organizado, que se atizó en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, se ha acreditado con pruebas la incursión del Estado mexicano en graves violaciones a los derechos humanos. Así, el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes señala que:

23. La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del ministerio público de ampliar el plazo de detención (“retención” previo a la presentación judicial).

24. Es dificultoso conocer un número real de casos de torturas. No existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios. Asimismo, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Igualmente, el número de denuncias y quejas es muy alto. La cndh informó de 11,608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. La Comisión de Derechos Humanos del df, recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014. La sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014. Aunque puede haber casos repetidos, la cantidad es preocupante.¹⁰

Más adelante, acota:

26. El Relator Especial observó inquietantes coincidencias entre los testimonios. Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos electrónicos (“chicharra”, generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos. En oportunidades transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o se la presente ante la autoridad ministerial o judicial. Repetidamente, las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria, lo que constituye en sí trato degradante.

27. El Relator Especial conoció casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas padecidas, y casos donde la tortura acompaña ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Recibió preocupantes testimonios relativos a las excesivas demoras, errores, falta de información, estigmatización y hostigamiento que reciben los familiares de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda e identificación de restos, lo que también puede constituir malos tratos. Esto abarca delitos cometidos tanto por agentes estatales como por particulares.¹¹

La administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) no concordó con el informe elaborado por Naciones Unidas, motivo por el cual no reconoció las recomendaciones y, cuando tuvo la oportunidad, desacreditó al relator especial, Juan E. Méndez. Tres meses después del penoso incidente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el Informe Anual de Derechos Humanos 2014, el cual señala que en México:

Hubo numerosos informes de que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad. Los grupos delictivos organizados también fueron responsables de numerosos asesinatos, muchas veces actuando con impunidad y en alianza con funcionarios corruptos estatales, locales y de seguridad.

El 30 de junio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena) se enfrentaron con presuntos delincuentes en Tlatlaya en el Estado de México. Posteriormente, grupos de la sociedad civil pidieron al gobierno investigar el tiroteo en el que murieron 22 sospechosos, algunos presuntamente después de rendirse. La Oficina del Procurador General de la República (pgr) y la sedena iniciaron ambos sus investigaciones. La pgr acusó a Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leonides de homicidio, manipulación de pruebas y abuso de autoridad. La pgr acusó a un teniente y a cuatro soldados adicionales con cargos menores.¹²

Durante la noche del 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, participaron en manifestaciones que se tornaron violentas.¹³ En al menos tres eventos separados, policías locales y miembros de Guerreros Unidos, una banda del crimen organizado, atacaron a los estudiantes. Algunos de los estudiantes lograron escapar, pero otros fueron detenidos. Más tarde, tres de los estudiantes fueron encontrados muertos, entre ellos uno con la cara desollada y los ojos arrancados. Las balas perdidas durante los enfrentamientos mataron a tres transeúntes –un conductor de un autobús, un joven de 15 años de edad, y una mujer en un taxi. En los siguientes días, algunos de los estudiantes salieron de la clandestinidad, pero para el 2 de octubre, un total de 43 estudiantes permanecían desaparecidos.¹⁴

Durante su presentación en “Prospectiva del Mundo 2015”, evento que se realizó en junio de este año en la Ciudad de México, el célebre jurista español Baltasar Garzón fue contundente en su ponencia:

Me he pronunciado varias veces sobre el caso; es una vergüenza para la humanidad que no haya una respuesta contundente del Estado desde la justicia y en definitiva desde la comunidad en general a la demanda de justicia. No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda, y hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas [por los daños], sino para que no vuelva a suceder un hecho como Ayotzinapa.¹⁵

“Es una vergüenza para la humanidad que no haya una respuesta contundente del Estado desde la justicia”, dijo el juez Baltasar Garzón. Habían pasado nueve meses y no existía un informe del avance de la pesquisa, del paradero de los normalistas, ni de las líneas de investigación. Hasta el momento, la reacción institucional más importante ha sido de la Procuraduría General de la República, que a partir del 4 de octubre de 2014 atrae la investigación y envía a un grupo de agentes del Ministerio Público Federal para iniciar la búsqueda del paradero de los normalistas.

Reportes internacionales que ponen ante los ojos de la comunidad global la situación de violencia (política y criminal), violación de los derechos humanos e impunidad siguen acumulándose, no obstante, los redoblados esfuerzos del gobierno mexicano por desmentir la grave situación. Informes y declaraciones de la cidh,¹⁶ del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,¹⁷ de Human Rights Watch,¹⁸ de Amnistía Internacional,¹⁹ entre otros, coinciden en gran medida en sus señalamientos. Por ejemplo, después de su visita a México en 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró lo siguiente:

Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes.

Parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha gente en varios de los 32 estados de la República. Condeno sus acciones sin reservas. Sin embargo, muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.

El corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que movilizan estos grupos está cooptando o corrompiendo instituciones clave, y en algunas regiones, está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel. La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar.²⁰

Estos informes y declaraciones mencionan no sólo el caso Ayotzinapa como ejemplo notorio de las graves violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar en fechas recientes y que involucran a fuerzas de seguridad del Estado, sino también hechos como aquellos ocurridos en Tlatlaya (Estado de México), Apatzingán y Tanhuato (ambos en Michoacán), en 2014 y 2015, en los cuales miembros del Ejército y de la Policía Federal presuntamente cometieron asesinatos extrajudiciales.

La educación, la pobreza y la desigualdad

El caso Ayotzinapa también nos hace volcar nuestra mirada a la educación, la pobreza y la desigualdad. Las normales rurales, como la de Ayotzinapa, han sufrido el abandono estatal y un ahogo financiero, con la clara intención de desmantelar estas escuelas que han sido tradicionalmente lugares de enseñanza y de pensamiento crítico y de izquierda, de donde muchos luchadores sociales e incluso algunos guerrilleros han egresado. Así, de las 36 escuelas normales rurales que llegaron a existir en 1939, hoy quedan sólo 16.²¹

Es cierto que los sucesos en Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 obligaron al Presidente a comprometerse a apoyar a las normales rurales, y la Cámara de Diputados aprobó consecuentemente un presupuesto adicional de 400 millones de pesos para ellas;²² pero, como indica Alicia Civera:

Los problemas de las escuelas normales rurales no se van a arreglar sólo con este bono. Las solicitudes de ingreso en este año escolar bajaron drásticamente ante el escenario planteado por la reforma educativa, y el miedo a la represión ha ocasionado la deserción de un porcentaje alto de estudiantes normalistas rurales en todo el país. Los sucesos de Iguala del 26 y 27 de septiembre son, entre otras cosas, la explosiva y atroz culminación de años de hacer caso omiso de las dificultades de desarrollo y educación en las áreas rurales, de años de discriminación, de intolerancia y violencia hacia los jóvenes campesinos e indígenas y futuros maestros que hoy parecen desechables.²³

El abandono de las escuelas normales rurales es muy grave, sabiendo que los maestros que egresan de ellas son de los únicos que llegan a las comunidades más aisladas y pobres del país, sin mencionar que representan un mecanismo de movilidad social para los hijos de campesinos y de habitantes rurales.

Pero no son sólo las escuelas normales rurales las que han sido abandonadas por el Estado, sino también muchas escuelas primarias y secundarias públicas, especialmente en zonas rurales del sur del país. El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, cemabe2013, que levantó el inegi en conjunto con la sep, nos presenta con algunos datos sobre el lamentable estado de muchas escuelas públicas. Así, sabemos que 30% de las escuelas públicas carece de acceso a agua directa; 10.4% carece de energía eléctrica; 46% no dispone de drenaje; 11.3% no cuenta con baños o sanitarios; en 60.8% de las escuelas los alumnos no tienen acceso a un equipo de cómputo que sirva, y en 78.5% de ellas los estudiantes no tienen acceso a internet.²⁴ Al mal estado físico de las escuelas se suma la enorme falta y el gran deterioro de los materiales pedagógicos, que es imposible cuantificar.

Ante este contexto, a nadie debe sorprender el hecho de que maestros –en especial de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas– hayan reaccionado con fuerza ante la llamada reforma educativa de 2013 que, en un espíritu francamente revanchista, responsabiliza a los maestros de la calidad educativa en México y establece evaluaciones obligatorias para el acceso, la promoción y la permanencia en los puestos docentes, sin poner al centro de la discusión el grave deterioro de la infraestructura educativa, el cambio en los programas de estudio, el mejoramiento de las condiciones laborales de los maestros, o la descomposición de las condiciones sociales.

A este respecto, hay que preguntarse cómo es posible una educación de calidad cuando la pobreza afecta amplia y desproporcionadamente a los niños y adolescentes. En efecto, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval), en 2012, el 25.4% de la población menor de 18 años estaba por debajo de la línea de bienestar mínima (pobreza alimentaria)²⁵ y 61.3% por debajo de la línea de bienestar (pobreza patrimonial)²⁶ frente a 17.3% y 46.8% para la población de más de 18 años.²⁷

Los datos son preocupantes para los dos grupos de edad y para la población en su conjunto. Así, en 2012, los porcentajes de la población en situaciones de pobreza alimentaria y de pobreza patrimonial eran, respectivamente, de 19.7% y de 52.3%, afectando más, como es de esperarse, a la población en el ámbito rural (30.9% y 63.6%) que en el ámbito urbano (12.9% y 45.5%).²⁸ Contrario a los discursos oficiales que insisten en el mejoramiento de las condiciones de vida, la evidencia muestra otra situación. De esta manera, los porcentajes de pobreza alimentaria y de pobreza patrimonial de 1992 fueron prácticamente los mismos que en 2012, a saber, de 21.4% y 53.1%, y lo preocupante es que la pobreza se ha incrementado de manera gradual desde 2006 (en ese año, la pobreza alimentaria afectaba a 14% de la población y la pobreza patrimonial a 42.9%) y no hay indicios de que esto cambiará a corto o mediano plazos, visto los bajos niveles de crecimiento económico.²⁹ De hecho, las cifras sobre pobreza por ingresos para 2014 muestran otro incremento, aunque el cambio en los indicadores dificulta una comparación con datos anteriores a 2008.³⁰

Esta situación contrasta con aquella lograda durante el llamado “milagro mexicano”, entre las décadas de los cuarenta y setenta, en el cual amplios sectores de la población mexicana lograron salir de la pobreza, incluso consolidando una clase media. Así, según estimaciones de Miguel Székely, la pobreza patrimonial habría afectado a 88.4% de la población en 1950, cayendo en forma progresiva a 53% en 1984, momento a partir del cual se estanca este porcentaje, sólo para aumentar abruptamente a 69.6% en 1996 (después de la crisis económica de 1995), y volviéndose a situar en alrededor del 50% durante la década del 2000.³¹

En pocas palabras, han sido tres décadas perdidas en cuestión de disminución de la pobreza. Esto no puede entenderse más que como un efecto de la política económica neoliberal que se instauró en el país –y en la mayor parte del mundo– a partir de los años ochenta, y que contrasta con el modelo de participación del Estado en la economía y de consolidación del mercado interno que caracterizó al periodo del “milagro mexicano”.

El modelo neoliberal no sólo ha significado un estancamiento e incluso un aumento en los niveles de pobreza, sino también un incremento de la desigualdad. En un informe reciente para la oxfam, intitulado Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político, Gerardo Esquivel anota algunas ideas y algunos datos significativos y alarmantes sobre la desigualdad en México, que retomamos a continuación.³²

Esquivel cita un estudio que escribió en coautoría con Raymundo Campos y Emmanuel Chávez, en el cual estiman el ingreso correspondiente al decil de mayores ingresos en México para el periodo 1992-2012. Estos autores muestran que el ingreso que corresponde al decil superior pasó de representar menos del 50% de los ingresos totales en el país en 1992 a más del 55% en 2012, aumentando en alrededor de ocho puntos porcentuales. Esquivel cita otro estudio realizado por los tres autores, en donde muestran que en 2012 el 1% de la población con mayores ingresos concentró 21% de los ingresos totales, situando a México en el primer lugar de una lista de 24 países en cuanto a esta concentración de ingresos. Países como China, Dinamarca, Francia, España, India e Italia registraron una concentración menor al 10%.

Esos resultados tienen que ver con los ingresos, pero cuando se toma en cuenta la riqueza acumulada, la desigualdad es verdaderamente descomunal. Así, Esquivel cita un informe de Crédit Suisse de 2014 en el cual se señala que el 10% de las personas más ricas de México concentran 64.4% de la riqueza total. Cita también otro informe de Wealthinsight en el cual se revela que en 2012 había en México 145,000 individuos con una riqueza neta superior a un millón de dólares, quienes representando menos del 1% de la población concentraron 43% de la riqueza total del país, una cifra que supera por mucho el promedio en otros países estudiados, que fue de 29%.

Todavía más, estudiando sólo el caso de los cuatro principales multimillonarios –Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas–, Esquivel observa que hasta 2002 la riqueza de ese grupo representaba alrededor de 2% del pib nacional, aumentando a partir de 2003 de tal forma que para el lapso 2011-2014 alcanzó un promedio de 9% del pib. Este crecimiento de la desigualdad y esta formación de grandes fortunas están íntimamente ligados al giro en la política económica a partir de los años ochenta y a la instauración del modelo neoliberal, basado en gran parte en el retiro del Estado de su participación en la economía, en la privatización de amplios sectores económicos, en la desregulación, en una política fiscal regresiva, y en la contracción de los salarios, beneficiando al capital a costa del trabajo. Citemos a Gerardo Esquivel directamente:

¿qué es lo que tienen en común estas 4 personas? Que todas derivan una parte significativa de su fortuna de sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público. Carlos Slim incrementó masivamente su fortuna al controlar Telmex, empresa mexicana de telefonía fija privatizada allá por 1990. […] Germán Larrea y Alberto Bailleres tienen historias similares; entre otras cosas, son dueños de empresas mineras que explotan concesiones otorgadas por el Estado mexicano. […] Finalmente, Ricardo Salinas Pliego, quien obtuvo el control de una cadena nacional de televisión al adquirir la televisora pública Imevisión –hoy Tv Azteca– ha sido dueño o socio de Iusacell además de ser dueño de Banco Azteca.³³

Por otra parte:

Uno de los grandes problemas reside en que nuestra política fiscal favorece a quien más tiene. […] Por gravar consumo por encima del ingreso, las familias pobres, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso, terminan por pagar más que las ricas. La tasa marginal del isr –una de las más bajas de los países de la ocde–, el que no haya impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario, y el que tampoco los haya a herencias, entre otras cosas; son ejemplos de cómo el sistema tributario beneficia a los sectores más privilegiados.³⁴

En nuestro país la minería ha gozado de privilegios fiscales. Hasta 2013, por ejemplo, México era uno de los muy pocos países mineros en los que no se cobraba ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina. Esto alentó la extracción acelerada y asimismo favoreció desproporcionadamente a los concesionarios mineros mexicanos a costa del agotamiento de las riquezas minerales del país.³⁵

Finalmente:

el poder de compra del salario mínimo ha disminuido drásticamente a lo largo de las últimas décadas. Para 2014, alcanza para poco más de la cuarta parte de lo que pudo abarcar en su punto más alto (1976); representa, además, poco más de un tercio de lo que era hace 45 años (1969). […] Esta política de salario mínimo explica, en buena medida, el boom de desigualdad que de observó en México entre 1984 y 1996. […] Esta política, que en su momento se concibió como un mecanismo de contención inflacionario, ya no tiene ninguna razón de ser; pues no hay evidencia alguna de que los aumentos en el salario mínimo tengan efectos inflacionarios como en el pasado.³⁶

El aumento de la desigualdad es preocupante no sólo porque limita las posibilidades de crecimiento económico y de desarrollo, deprimiendo el mercado interno, sino también porque implica un verdadero golpe a la democracia –las élites económicas han capturado al Estado, como indica Gerardo Esquivel–, y porque ha sido vinculada a un aumento de la violencia y la criminalidad. Por ejemplo, Esquivel cita a un estudio que muestra que un aumento de un punto porcentual en el coeficiente de Gini a nivel municipal se asocia con un aumento de cinco muertes por cada 100,000 habitantes.³⁷

La democracia

Precisamente, es importante reflexionar sobre cómo se vincula la democracia en México con el caso Ayotzinapa y el contexto más general que hemos expuesto brevemente –de violencia, violación de los derechos humanos, impunidad, crisis del sector educativo, crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Esto parece ser una tarea titánica, pero podemos apuntar varias ideas clave.

Varios indicadores señalan la degradación de las condiciones democráticas y de la confianza y satisfacción con la democracia en México en años recientes. El Índice de Democracia del Economist Intelligence Unit (eiu), basado en 60 indicadores³⁸ y que divide a los países en cuatro tipos de régimen –democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios– sitúa a México como una democracia defectuosa, aunque con un índice no tan lejano de la categoría de régimen híbrido, muy por debajo de otros países de América Latina, en particular de Uruguay, Costa Rica, Chile, Panamá, Argentina, Brasil, y ligeramente debajo de la República Dominicana, El Salvador, Colombia y Perú.

Este índice para el caso mexicano muestra un decremento significativo entre 2013 y 2015, pues el país bajó de la posición 51 a la 66 a nivel mundial. El reporte del eiu de 2015 menciona dos hechos notorios que ayudan a explicar una amplia insatisfacción popular respecto a las instituciones: el caso Ayotzinapa y la sólida sospecha de corrupción en el caso “Casa Blanca”, que involucra al Presidente y su esposa, y a uno de los principales contratistas de la Federación.³⁹

Asimismo, las encuestas de opinión de Latinobarómetro destacan que en 2015 México fue el país –entre 18 países de América Latina– con la mayor insatisfacción con la democracia: 78.1% de los mexicanos entrevistados declararon estar nada o no muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia en el país. En contraste, 15 años antes, en el 2000, 61.1% de los mexicanos entrevistados declararon su insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en el país, estando en una posición intermedia respecto a los demás países latinoamericanos, y siendo muy cercano al porcentaje que se registró en el conjunto de la región (60.7%).⁴⁰

Regresando al caso Ayotzinapa, durante el periodo de elecciones intermedias de 2015, los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos llamaron a los ciudadanos a anular sus votos e incluso a boicotear los comicios, impidiendo la instalación de casillas o destruyéndolas como forma de protesta frente a la situación general de violencia y de descomposición social, en contra de los partidos políticos y como medio de presión para exigir justicia y la presentación de sus hijos.

La movilización para boicotear los comicios fue importante, más no como se había esperado. Por ejemplo, se impidió la instalación de 185 casillas y se suspendió la votación en 444, particularmente en localidades de Oaxaca y Guerrero. En relación con el número total de casillas proyectadas en los dos estados, el 1.8% de las casillas no se instalaron y se impidió la votación en 4.4% de ellas. El municipio en donde el boicot electoral tuvo la mayor fuerza fue en Tixtla, Guerrero, en donde se localiza la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El Tribunal Electoral del Estado anunció el 9 de julio que la elección en ese municipio quedaba anulada, al no instalarse 44% de las casillas, y que sería repetida.⁴¹

Ante las posibilidades de boicot electoral en varios municipios de entidades del sur del país, policías y militares se movilizaron para vigilar –o imponer, dirían algunos– los comicios. Hubo múltiples enfrentamientos y detenidos, y en el municipio de Tlapa, Guerrero, murió Antonio Vivar, activista y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, por un disparo de arma, presumiblemente por parte de la Policía Federal.⁴²

Es importante señalar que los comicios intermedios de 2015 han sido de los más violentos en la historia reciente. Además de ataques a sedes de los partidos políticos y autoridades electorales, hubo decenas de atentados a personas ligadas a los partidos y por lo menos 14 fueron asesinadas – incluyendo candidatos a diputados federales, candidatos a alcaldías y a regidurías, coordinadores de campaña, operadores políticos, y militantes.⁴³ Prácticamente ningún partido escapó de esta violencia. Estos asesinatos por lo general no han sido esclarecidos, pero sugieren un involucramiento cada vez más importante de grupos del crimen organizado en las elecciones.

El llamado a anular los votos, lanzado por los padres de los 43 y apoyado por maestros, activistas y algunos académicos, tampoco logró atraer el interés por parte de la ciudadanía que muchos habían esperado. En realidad, el porcentaje de votos nulos ha seguido una tendencia a la baja desde hace varios años: en 2009, se registró 5.4% de votos nulos, en 2012 se registró 5%, y en las elecciones intermedias de 2015 se contaron 4.8%.⁴⁴ El abstencionismo tampoco ha crecido, a diferencia de lo que se podría pensar. En las tres últimas elecciones intermedias, el abstencionismo bajó, pasando de 58.8% en 2003, a 55.4% en 2009, y a 52.3% en 2015.⁴⁵

Es posible que la caída en la importancia de los votos nulos y del abstencionismo esté ligada en parte al fortalecimiento de prácticas clientelares y de compra del voto, pero también puede ser el caso de un auténtico interés por parte de la ciudadanía por influir en la política del país a través de las elecciones. El resultado más notable de las elecciones intermedias de 2015 fue el castigo a los partidos tradicionales (pri, pan y prd)⁴⁶ y los avances electorales de los partidos nuevos o recientes –especialmente el Movimiento Regeneración Nacional (morena) y el Movimiento Ciudadano⁴⁷–, al igual que de los candidatos independientes, en particular Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien ganó la elección a gobernador de Nuevo León, así como Manuel Clouthier y Pedro Kumamoto, quienes ganaron en dichas elecciones el cargo de diputado federal y estatal, respectivamente.

Los tres grandes partidos tradicionales vieron mermada su popularidad por diversas razones, como la profunda corrupción (los escándalos más recientes implicando al mismo Presidente, su esposa y miembros de su gabinete); la violencia desatada por la guerra contra el crimen organizado desde 2006; las graves violaciones a los derechos humanos (incluyendo casos como el de Iguala y el de Tlatlaya); el bajo crecimiento económico; la persistencia de la pobreza; el crecimiento de la desigualdad; y la firma del “Pacto por México” entre los tres partidos, que llevó a aprobar reformas de corte neoliberal muy impopulares (en particular la educativa, la fiscal y la energética).

Debido a la falta de éxito de los llamados para anular los votos o boicotear las elecciones, no queda claro cual será la estrategia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y de los grupos que los apoyan para tener una influencia en el actuar del gobierno y en la política nacional en general. Por otra parte, las marchas en apoyo a los padres de los 43 se debilitaron ampliamente en 2015, en comparación con las marchas masivas que tuvieron lugar a finales de 2014. La posibilidad de que este movimiento social se disipe es real y debe ser motivo de preocupación y de ocupación para las personas que lo integran y que lo apoyan. La conformación de una organización más amplia con un programa político-económico podría ser una alternativa pertinente. A este respecto, el activista y poeta Javier Sicilia declaró lo siguiente en su “Carta abierta a los padres de Ayotzinapa”:

Desde que sucedieron sus tragedias personales me ha preocupado que ni ustedes ni las organizaciones que los acompañan directamente hayan abrazado, en el dolor de sus 43 hijos desaparecidos, el sufrimiento de las víctimas de toda la nación, y que a partir de allí no hayan buscado una unidad nacional para proponer un programa político-económico mínimo que en un mediano plazo nos permita encontrar un política de justicia, de seguridad y de paz que deje de producirlas y que pueda salvar la vida democrática de la nación.

Ustedes, queridos padres, son desde hace nueve meses la punta del iceberg no sólo de este infierno que no termina, sino de la criminalidad de un Estado y sus partidocracias que en su proyecto inhumano continúan reproduciéndolo y administrándolo. Son, por lo mismo, la punta de la flecha que debe convocar nuevamente a todas las víctimas del país y, a través de ellas, a la creación de un Frente o Comité de Refundación Nacional que, creando una mínima agenda, pueda devolvernos no sólo a todos los desaparecidos, sino, junto con ellos, a la justicia y la democracia que han asesinado en nuestros hijos.⁴⁸

Sin duda, hay una gran expectativa respecto al camino que seguirá el movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, porque el papel que podría jugar en la democracia mexicana es necesario y potencialmente de gran importancia, en especial si se articula con otros movimientos sociales que han surgido a raíz de la descomposición social de los últimos años.

Por lo pronto, el movimiento de los padres de los 43 ha rechazado firmemente todo lo que tiene que ver con las elecciones y con las posibilidades de crear alianzas políticas con candidatos o partidos, o de participar de manera directa en los comicios; sin embargo, esto lleva consigo el peligro de que los esfuerzos del movimiento se disipen conforme avanza el tiempo. Si el rechazo a la vía electoral es definitivo, el movimiento tendrá que concebir otras formas de ejercer poder, que permitan articular sus demandas de justicia.

Conclusiones

El caso Ayotzinapa nos coloca de frente al espejo para cuestionar los logros institucionales y analizar los graves problemas que enfrenta el Estado mexicano en materia de seguridad, derechos humanos, justicia, educación, pobreza y desigualdad social. También nos hace reflexionar sobre el futuro de la democracia en México, y sobre el proyecto de nación que queremos.

El caso Ayotzinapa –junto con los casos de Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán– refleja el grave deterioro social que vive el país. Refleja el incremento en los niveles de inseguridad y violencia; la influencia del crimen organizado; la corrupción extendida entre las autoridades; las repetidas violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad; los enormes niveles de impunidad; la incapacidad del Estado para enfrentar los principales desafíos; la falta de transparencia de las autoridades de todos los niveles; el deterioro de la educación y de la infraestructura educativa pública; la persistente pobreza, que afecta sobre todo a niños y jóvenes, y a áreas rurales; y la creciente desigualdad, caracterizada por la formación de grandes fortunas a costa de los trabajadores y de los bienes nacionales.

No obstante, el caso Ayotzinapa también refleja algunas señales de esperanza. Su enorme trascendencia ha puesto a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a su movimiento al centro del escenario. El papel que podría jugar este movimiento en la transformación de la democracia mexicana es de gran importancia. Sin embargo, ello requerirá de la iniciativa y seguimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos para conformar una coalición integrada por movimientos “hijos” del deterioro social. Esto será insuficiente si no hay una estrategia clara para contender por el poder o para ejercerlo, ya sea que esto implique la participación en los procesos electorales o que se forjen otras formas de ejercer el poder de forma democrática pero evitando el sistema electoral mexicano –el caso de Cherán, en Michoacán, es sin duda un ejemplo reciente de lo que se puede lograr a nivel local.

Los hechos ocurridos en Iguala nos obligan a ponernos de pie frente al espejo y reconocer que México está sumido no en una ola, sino en un estado gradual de descomposición social e institucional, donde factores como la corrupción, el quebranto de la norma jurídica, la impunidad y la delincuencia organizada suprimen no tan lentamente la posibilidad de vivir en un Estado de Derecho, que a su vez cuente en forma genuina con un sistema político-democrático que procure no sólo el respeto a los derechos humanos, sino la participación ciudadana en los asuntos públicos, y por supuesto, la igualdad de oportunidades en materia de desarrollo humano.

El caso Ayotzinapa, como dice Baltasar Garzón, es una vergüenza para la humanidad. También es una tragedia debido a la muestra de incapacidad por parte del Estado mexicano y los organismos autónomos nacionales e internacionales involucrados en la investigación. En ese sentido, la lección ha sido grande: no hay lugar para el egoísmo, pero sí para escuchar, dialogar y comprender nuestras carencias y fortunas, nuestros dolores y alegrías como sociedades que integran un proyecto de nación. Ese es un primer paso en la construcción de un régimen democrático, incluyente y participativo, el cual exija con vehemencia el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.