DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN EL CAMPO A LA SOCIEDAD CIVIL RURAL

Resumen

En este ensayo se examina la existencia de una sociedad civil rural en México. Se muestra el vínculo primordial que une al estilo de vida citadino con la noción de sociedad civil. La oposición ciudad–campo ha frenado el reconocimiento de genuinas formas de acción colectiva en el medio rural. La misma literatura especializada sobre la sociedad civil ha hecho caso omiso de la organización pacífica de sectores de la ciudadanía rural para conseguir otros objetivos que no sean agropecuarios o la cancelación de un proyecto industrial en su territorio. A pesar de esta situación, mostramos que las organizaciones de la sociedad civil rural no siempre son expresiones locales de un proyecto citadino.

Abstract

This essay examines the existence of a rural civil society in Mexico. There is a basic link that joins the urban way of life with the notion of civil society. The opposition city - field has limited the recognition of genuine forms of rural collective action. The specialized literature on the civil society has ignored the pacific organization of sectors of the rural citizenship to obtain other aims that are not agricultural or the cancellation of an industrial project in his territory. In spite of this situation, we show that the organizations of the rural civil society are not always local expressions of an urban project.

Resumo

O seguinte ensaio examina a existência duma sociedade rural no México. Ele mostra o vínculo primordial que une o estilo da vida nas cidades com a noção da sociedade civil. A oposição cidade-campo tem frenado o reconhecimento das formas da ação coletiva no meio rural. A mesma literatura especializada sobre a sociedade civil não tem dado atenção para a organização pacífica dos setores da cidadania rural para conseguir outros objetivos que não sejam agropecuários ou o cancelamento dum projeto industrial no seu território. Além dessa situação, nós mostramos que as organização da sociedade civil rural não sempre são expressões locais dum projeto citadino.

Introducción

El estudio de las múltiples formas sociales de convivencia es esencial para entender el proceso de defensa del bien común. La participación de colectivos ciudadanos en el mejoramiento de la calidad de vida presenta características particulares que llegaron a cristalizarse en la categoría de Organizaciones de la Sociedad Civil (osc). La extrema diversidad de los agrupamientos que se proponen incidir de manera positiva sobre la vida cotidiana de la población marginada, ilustra a la vez el ambiente democrático y plural en el cual se desempeñan, así como la existencia de una voluntad común por participar (al margen del Estado) en la promoción del bienestar.

En la literatura especializada se ha documentado de manera amplia que las osc son expresiones citadinas, pero poco se ha dicho sobre las dispersas organizaciones del campo que defienden derechos y promueven valores. La tendencia general es aglutinarlas en un mismo rubro de manera indiscriminada. Llama la atención que, hasta la fecha, no se ha especulado sobre la inclusión de esas numerosas organizaciones en un único espacio de acción colectiva denominado “sociedad civil rural”. Si bien los escritos sobre el tema de sociedad civil son numerosos, son muy escasos los estudios que abordan formas autóctonas de reivindicación de los derechos ciudadanos. Parece ser que la prolongación del debate en torno a las diferentes aceptaciones semánticas de la expresión “sociedad civil”, y la falta de unanimidad en torno a la noción de “tercer sector”, no han permitido todavía explorar su existencia en el ámbito rural.²

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Las buenas prácticas organizativas

La invisibilización de la sociedad civil rural puede explicarse en términos generales por la dominación perenne de la ciudad sobre el campo. El término “ciudadanía”, empleado como sustantivo o adjetivo, se refería originalmente a los derechos y obligaciones propios a los hombres libres nacidos o radicados en una ciudad. Esta calidad de ciudadano se fue extendiendo en la época moderna al conjunto de hombres y mujeres que poseen derechos civiles, independientemente de si moran en una urbe o en el campo. La valoración de esta libertad para actuar a favor de los menos favorecidos en el marco de reflexiones sobre el Estado y la participación ciudadana, permitió la conceptualización de una acción colectiva autónoma.³ Es en Occidente (y en el marco de un pensamiento que se propagó desde las ciudades) que nació la noción de sociedad civil. El contexto de origen de dicho término encauzó sus posteriores interpretaciones, afianzando su íntima relación con el ámbito urbano. Los hechos empíricos validaron de manera amplia el implícito del pensamiento sobre la sociedad civil respecto del universo citadino. En efecto, asistimos a partir de la mitad del siglo xx a un aumento demográfico constante, un crecimiento de las ciudades y despoblamiento concomitante del campo: fenómenos enmarcados en el proceso histórico de civilización.⁴ El paulatino mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos ha hecho de la urbe la expresión más acabada de la libertad de acción colectiva. En consecuencia, los términos “sociedad civil” y “ámbito urbano” han llegado a ser casi indisociables.

Pero esta situación no es nueva: desde tiempos remotos y bajo todas las latitudes, los habitantes del campo han sido considerados como inferiores en cuanto a su manera de ser. La forma de vestir y de hablar, las reglas de vida y el tipo de saberes poseídos han sido utilizados por los dominantes, es decir los citadinos, para resaltar sus diferencias con la gente del campo.⁵ A este desprecio sociocultural que se ha expresado de muchas formas, se sumaban ciertos temores ante la posible explosión de una violencia repentina y siempre feroz por parte de los autóctonos. Los elementos antes señalados no sólo han funcionado en una oposición binaria ciudad-campo, sino que han permitido establecer diferencias sutiles (socialmente operantes) con respecto al estatus, género, edad, condición social y oficio de los individuos. Lo que rara vez se ha señalado es que este modelo ideal de conducta –que sólo los directores de conciencia y moralistas se han esmerado en poner por escrito– dibuja el tipo de sociabilidad deseable: el modelo de familia primero, pero también la pertenencia profesional, religiosa y gremial. No se trata de una regla inamovible, sino de prescripciones relativas al deber ser de los individuos en función de su clase social. Este “formar parte de” se ha erigido en un indicador simbólico de la posición en la jerarquía social que cobra sentido en relación con otros criterios de distinción. Elementos como el grado de exclusividad de la membresía y el prestigio de la organización no solamente reflejan el nivel social, sino también cierto grado de civilidad. No tienen las mismas significaciones el ser miembro honorario de una Cámara Nacional de la Agroindustria que ser integrante de un colectivo de jornaleros agrícolas, por ejemplo. Y es precisamente allí donde aparece la dicotomía ciudad-campo, porque se hace referencia a un tipo de civilidad (civilitas) que incluye el “arte de las buenas maneras organizativas”. Dicho “arte” remite a una pertenencia selectiva y simultánea a diversos círculos (organizaciones caritativas, asociaciones profesionales, organizaciones sociales, clubes deportivos, etc.) que tienden a reforzar la posición del individuo en la pirámide social. La identificación clasista se manifiesta en la pertenencia a determinadas organizaciones, así como en la acotada convivencia con individuos de perfil social análogo.⁶ La mayor diferenciación de clase social que existe en las urbes (a diferencia del campo) da a este juego estratégico de pertenencias un carácter ejemplar: la ciudad se ha erigido como el territorio de las sociabilidades de referencia. Los centros urbanos se han constituido en el espacio de las innovaciones, de lo diverso y moderno en cuanto a las formas institucionales de convivencia. A este entramado dinámico de sociabilidades urbanas, han sido opuestas las formas tradicionales de organización en el campo, basadas en un modelo históricamente establecido de pertenencia religiosa y ocupacional (mayordomía, cofradía, tequio, etc.). La complejidad de las pertenencias organizativas múltiples y simultáneas en las ciudades contrasta con la segmentación tradicional de la participación comunitaria, pero como lo recuerdan de manera acertada los investigadores Luiz Carlos Bresser Pereira y Nuria Cunill: “América latina también ha sido cuna de significativas redes e instituciones de solidaridad que datan de la cultura indígena y que continúan teniendo plena validez en los sectores populares, entre otros”.⁷

En suma, la dominación histórica de la ciudad sobre el campo se ha manifestado, entre otras formas, por el fomento de acciones racionales de corte empresarial. Quienes habitan fuera de las urbes se ven invitados, mediante diferentes artilugios administrativos, en copiar y asimilar formas reconocidas de acción colectiva llevadas a cabo en las ciudades. Las buenas prácticas organizativas están estandarizadas a partir de un modelo normativo que regula y diferencia los tipos de acción.

Fuentes de financiamiento

El gobierno mexicano acepta las pautas marcadas por los países industrializados en cuanto a la participación de diferentes sectores de la sociedad bajo el estandarte de una ciudadanía voluntaria y comprometida con los valores universales de la democracia.

La suma de esfuerzos por parte del gobierno y la sociedad civil permite la generación y el establecimiento de condiciones favorables para el despliegue de las capacidades productivas de las personas, las familias, las comunidades y las distintas regiones del país. Una efectiva promoción de la acción social sólo resulta posible si se establece una sinergia entre las instituciones de la administración pública y el cada vez más importante sector en el que confluyen las iniciativas ciudadanas, las organizaciones comunitarias y los grupos sociales reivindicadores de un conjunto de exigencias y necesidades muy diversas.

La conformación de una sociedad bien ordenada, regulada a partir de la suscripción de un contrato o pacto en el que convergen todos los actores sociales, es la base a partir de la cual la sociedad civil es aceptada como un pilar fundamental para la realización de acciones filantrópicas, de autoayuda, de desarrollo social y para la atención de problemas públicos de alta prioridad. Esta convergencia de actores sociales se configura como elemento esencial para el establecimiento de los vínculos sociales de confianza y cooperación entre las personas, que den lugar a alianzas y redes ciudadanas, a fin de construir una cultura de la corresponsabilidad social que sea impulsora de acciones orientadas al logro de objetivos comunes de la población y una más efectiva distribución de las oportunidades.⁸

En su discurso, la titular del indesol y Secretaría de la Comisión de Fomento de la Ley Federal de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, hizo hincapié en una sociedad civil que aglutine ciudadanos mediante un contrato, con el fin de garantizar la paz social. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, podemos leer que el Estado se dio como objetivo general: “ampliar y profundizar el diálogo con el sector privado, organismos del sector social y organizaciones de la sociedad civil”. En específico, en el mismo documento se insta a la sociedad civil a: apoyar las relaciones con Canadá, promover el desarrollo integral de los menores en materia de salud, participar en la defensa de los derechos de los discapacitados y ayudar a los migrantes en todos los ámbitos. Los documentos oficiales hacen mención repetidamente de una participación direccionada de la sociedad civil y, en los hechos, el Estado se esmera por supervisar las actividades de las organizaciones no gubernamentales mediante su fiscalización.

Para ser considerada como posible beneficiaria de recursos públicos, una osc debe de estar debidamente dada de alta en el registro, contar con la cluni⁹ y sus objetivos deben adecuarse a lo estipulado por la Ley de Fomento a las Actividades Organizaciones de la Sociedad Civil (lfaosc). Esta ley, aprobada en 2004 después de un largo cabildeo para clarificar la situación fiscal de las asociaciones sociales, culturales y sindicales, se enmarca en un proceso institucional de democratización de las instituciones.¹⁰ Adicionalmente, no todas las leyes estatales relativas a las actividades de las osc contemplan el apoyo a los pueblos indígenas, ni la cooperación para el desarrollo comunitario por lo que, de esta forma, eliminan casi toda posibilidad a las oscrs de obtener apoyos por esta vía.

El otorgamiento selectivo de recursos tuvo como consecuencia indirecta el hecho de que las corporaciones campesinas y organizaciones de tercer nivel crearán oscrs sólo con ese fin. Su incursión oportuna en el ámbito de la Sociedad Civil muestra cómo este sector plural y de contornos flexibles sirve de “zona de refugio económico” –para parafrasear a Manuel Gamio–. En la medida en que estos programas se dirigen a grupos organizados, los ciudadanos se ven obligados a multiplicar las asociaciones de productores sin cuidar la consolidación de su capacidad autogestiva. El ejercicio oportuno de su capacidad de agencia suele ser prioritario antes del análisis de la factibilidad de los proyectos. Crean múltiples figuras asociativas ad hoc con tal de captar la mayor cantidad de recursos públicos. En ocasiones, organizaciones de la sociedad civil rural creadas por agrupaciones gremiales de segundo y tercer nivel suelen captar de manera indebida recursos públicos en nombre de estas últimas, incurriendo en el delito de “autobeneficio” o “beneficio mutuo”.¹¹ Es decir, que la facultad que otorga la Ley de financiar las osc es aprovechada por la cúpula dirigente de las organizaciones campesinas (independientemente de su filiación política) para recibir recursos de manera indirecta. Sin embargo, este fervor por el asociacionismo no es particular de las organizaciones sociales campesinas, sino que compiten con iglesias, fundaciones y despachos que ofrecen sus servicios a los pobladores rurales, incluso empresas privadas y parafinancieras que crean sus propias figuras asociativas para integrar la producción campesina a su cadena productiva, vía el control de la intermediación de los programas oficiales entre el gobierno y los productores.¹²

La estrategia gubernamental de la época post-transición democrática –en la década de los noventa– ha sido distribuir recursos a organizaciones que manifiestan cierto grado de apoyo a las políticas públicas hacia el campo. Lo más frecuente es que este reparto de los fondos se hace sobre la base de relaciones amistosas y de parentesco entre funcionarios públicos y directivos de las asociaciones civiles. No sólo existe una concentración de los apoyos gubernamentales en unas pocas osc, sino que los apoyos del Programa de Coinversión Social del indesol, del dif y de otras dependencias se entregan con retraso y con poco tiempo para ejercerlos, además de que las formas de comprobación son excesivamente burocratizadas.¹³ En términos generales, en la actual sociedad fiscal predomina la lógica de la desconfianza. Esta situación provoca una “mayor competencia entre las osc y mayor necesidad de lograr un perfil alto y cobertura periodística para recaudar fondos y así facilitar el trabajo de incidencia política”.¹⁴ El simple hecho de recibir apoyos condicionados para llevar acciones a favor de las poblaciones rurales garantiza de manera anticipada cierto grado de colaboración de las osc, pero por otro lado esta competencia por asegurar ingresos externos suele permitir la operación de mejores proyectos a un menor costo, además de que las “organizaciones tienden a ser más exitosas cuando se trata de realizar proyectos en sectores o subsectores particulares en los que tienen experiencia y han desarrollado habilidades”.¹⁵

Debe agregarse que la orientación de los proyectos de desarrollo limita la intervención de las osc a espacios de acción “neutros”, desde los cuales tienen una remota posibilidad para poner en duda el bien fundado de la acción gubernamental. “En este caso, el gobierno solía abstenerse de imponer limitaciones políticas en la medida en que la acción colectiva se canalizara a proyectos locales que no cuestionaran al sistema político”.¹⁶ La transición a la democracia en México no liberó a la sociedad civil del yugo gubernamental ni de la competencia por los recursos. Las fuentes de financiamiento son diversas y varían según las osc, sus actividades y las decisiones de quienes las financian.¹⁷ No todos los recursos que captan las organizaciones de la sociedad civil provienen de fuentes gubernamentales, ya que empresas privadas, particulares e incluso fundaciones, dan también dinero a asociaciones sin fines de lucro. Además, los apoyos recibidos pueden ser en efectivo, en especie o por medio de la formación de recursos humanos. A pesar de que no existan datos sobre las cantidades y tipos de apoyos que reciben las asociaciones que tienen como objetivo apoyar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, sabemos que éstas representan menos de una cuarta parte de las osc registradas (4,702 de un total de 24,501), mientras que 5,035 dicen fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales y protección al ambiente.¹⁸

Una de las mayores paradojas de las osc es precisamente el hecho de que las organizaciones sin fines de lucro dedican gran parte de su tiempo en buscar fuentes de financiamiento y llevar a cabo los procedimientos bancarios y administrativos relacionados con la fiscalización de sus actividades.¹⁹ La búsqueda de dinero y la gestión del mismo, son actividades con frecuencia consideradas como cruciales por los directivos de las organizaciones civiles, siendo las osc asentadas en el medio rural las que menos posibilidades tienen –en términos de recursos humanos y económicos– de contar con personas dedicadas a la promoción y financiamiento. La carencia de recursos financieros y humanos, por un lado, y el subdesarrollo de las infraestructuras viales y de comunicación, por el otro, dificultan de manera significativa a las oscr competir de manera exitosa por recursos.

En suma, los lineamientos internacionales en materia de ayuda económica a la sociedad civil ejercen una influencia decisiva sobre la política interna de los países del sur. De forma conexa a la predeterminación del perfil jurídico y actividades de las asociaciones, las formas de financiamiento del tercer sector han contribuido también en opacar a las organizaciones de la sociedad civil rural. El condicionamiento de los apoyos externos y las estrictas reglas del modus operandi financiero tienden a marginalizar a las oscr que no cuentan con un equipo directivo capacitado.

Categorías rural/ urbano

Un último aspecto relacionado con la invisibilización de las organizaciones de la sociedad civil rural tiene que ver con los criterios tomados en cuenta para separar el espacio urbano del campo. Asimismo, al aceptar la idea de una sociedad civil urbana y una sociedad civil rural, se tiene inmediatamente que encontrar criterios objetivos de distinción. Uno de esos criterios (el más obvio) sería el número de pobladores por localidad. La decisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) de considerar una localidad rural con menos de 2,500 habitantes, reduce de manera drástica y arbitraria el volumen de población que reside en el campo. Según este organismo público, en 2010 la población rural representaba apenas el 22 por ciento de la población total. Esta subvaloración institucional del universo campesino refuerza la idea -que es también ideologíade una urbanización irremediable de la sociedad. En el marco de este paradigma, la vida citadina ilustraría un modelo ideal de buen vivir. Además, el umbral de 2,500 habitantes para designar por el lado inferior a los poblados rurales y por el lado superior a las urbes, está muy lejos de reflejar la realidad social en el campo. En muchos casos, poblados de 10,000 y más habitantes siguen conservando sus reglas matrimoniales prescriptivas, su organización religiosa tradicional, valores y principios de distinción social, así como una relación simbiótica con la naturaleza.²⁰ Incluso estos valores se exportan a través del proceso de migración rural–urbano. Aunque una parte significativa de los pobladores rurales ya no viven exclusivamente de la producción agropecuaria,²¹ la persistente dependencia de los habitantes con su entorno natural y el clima, alimenta todavía una hermenéutica práctica basada en la validación de experiencias colectivas acumuladas. Podemos suponer entonces que no se ha querido distinguir el sector urbano y rural en la reflexión sobre la sociedad civil porque se admite comúnmente que la desruralización es un efecto colateral –y hasta cierto punto necesario– del proceso histórico de modernización.

Al hablar de “sociedad civil rural”, abrimos la posibilidad de existencia de un sector plural de la sociedad localizado en el medio rural que luche por sus derechos y participe en la defensa del bien común. La anterior definición implica concebir una sociedad civil dinámica y heterogénea, dividida en dos sectores: urbano y rural. Si bien el aumento de los flujos migratorios ha transformado la organización tradicional con la presencia, por ejemplo, de clubes de migrantes, no obstante se ha logrado conservar en muchos lugares un pensamiento vernáculo. El sentimiento de pertenecer a un lugar y compartir una identidad territorial (incluso en el caso de emigración laboral) alimenta las formas tradicionales de sociabilidad. Lo anterior nos permite plantear que la cultura es ciertamente el elemento que mejor distingue lo rural de lo urbano.²² En efecto, la cultura rural (en sus diferentes vertientes: comunitaria, indígena, campesina y ranchera) puede diferenciarse de la cultura urbana, entre otros aspectos, por sus formas genuinas de organización. Por cultura rural nos referimos al conjunto de prácticas y valores que definen el modelo ideal de sociabilidad en una aldea o región. Al respecto, los ámbitos religioso y agrario siguen siendo espacios privilegiados (pero no exclusivos) de la sociedad rural porque estructuran formas genéricas de acción colectiva.

Después de haber considerado la posibilidad de existencia de una sociedad civil rural sobre la base de una determinación cultural, conviene plantear ahora lo que caracteriza a las Organizaciones de la Sociedad Civil Rural. Dos son los elementos susceptibles de identificar plenamente en una oscr: los sujetos que éstas involucran, por un lado, y los territorios en los cuales tienen presencia, por el otro. Operamos una distinción entre los miembros de la oscr y la población objetiva, ya que no siempre son los habitantes del campo quienes se reagrupan de forma exclusiva para defender sus derechos; la autarquía organizativa es un caso de excepción. Esas oscr autóctonas, regidas por principios endógenos, son generalmente efímeros movimientos de protesta en torno a una situación coyuntural. En otros casos, son organizaciones binacionales que operan simultáneamente en la comunidad de origen y la aldea de asentamiento de los inmigrantes. En todo caso, debemos de discernir las organizaciones cuyo objetivo prioritario es el beneficio propio (en sentido amplio) por sobre el beneficio compartido, de las organizaciones altruistas cuya población objetivo no corresponde a los integrantes de la misma.²³ Las primeras se apropian de un saber-hacer ajeno al crear una acción colectiva propia, mientras las segundas transmiten un saber-hacer propio en un ámbito ajeno: son las fundaciones nacionales y extranjeras que promueven conductas ciudadanas virtuosas entre la población rural. Debe distinguirse el beneficio esperado de una acción colectiva y el interés que motiva dicha acción. La profesionalización de la función de dirigente mediante la adquisición de habilidades especializadas y el pago de un salario, implica necesariamente una privatización de saberes específicos (financieros, administrativos, políticos y simbólicos). Según los casos, esos saberes pueden ocuparse en un menor o mayor grado para la defensa del bien común y la capacitación de las bases. La función de broker es la de servir como intermediario y gestor entre los beneficiarios locales y sujetos colectivos externos. El broker no es únicamente un miembro destacado de la comunidad que se encarga de transmitir peticiones de un lado y apoyos del otro,²⁴ sino que puede ser también un citadino o miembro de la diáspora que regresó a su lugar de origen, quien se abrogó la facultad de representar los intereses sociales de los aldeanos. La frecuente presencia en las oscr de profesionistas citadinos (directivos, asesores, técnicos y contadores) alimenta una división interna en las organizaciones entre una élite capaz y capacitada y los miembros de bases informados esporádicamente. La supuesta horizontalidad de las relaciones entre los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil constituye un ideal rara vez alcanzado en el proceso de acción colectiva. En esas interacciones entre promotores y beneficiarios, relucen las diferencias de clase social, nivel educativo y usos del tiempo también. La posesión de un saber heterónomo con pretensión universal nutre el sentimiento de superioridad cultural del donante sobre el recipiendario. En un artículo revelador sobre el trato despótico y racista de la responsable de una fundación que trabaja con migrantes mixtecos en Tijuana, la investigadora Carmen Martínez mostró que las osc no siempre responden positivamente a las condiciones de igualdad y democracia, mismas que posibilitan su acción. Incluso, el altruismo puede llegar a servir de pretexto para legitimar una explotación tanto de los beneficiarios como de los trabajadores de la organización.²⁵

De manera específica, otro aspecto concierne a las condiciones de ejercicio de las labores en las organizaciones de la sociedad civil. A los asalariados de tiempo completo -o parcialque en su inmensa mayoría no tienen prestaciones, se suman voluntarios que dan libre y de manera gratuita de su tiempo para la organización. Suele existir una relación de subordinación de los segundos por los primeros, debido a la variabilidad de su compromiso al carecer de contrato laboral.²⁶ En todo caso, “la participación en el voluntariado organizado en forma gratuita, vía la donación de tiempo y habilidades, parece entonces ser privativa de los sectores medios y acomodados de la población en contextos urbanos”.²⁷ Respecto a las faenas y el tequio, que son formas tradicionales de trabajo gratuito en ciertas comunidades, se trata de labores manuales ejecutadas por habitantes –sin siempre contar con la anuencia de los mismos– en beneficio de la colectividad. En este sistema coercitivo no podemos hablar de una organización genuina que reagrupa libremente a ciudadanos en torno a la defensa de valores y derechos. En cambio, suelen verse con más frecuencia a los campesinos como proveedores de insumos y servicios para agrupaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, es posible aseverar que el espacio de la sociedad civil rural está constituido por quienes intervienen del exterior y también por núcleos de población que, en determinadas circunstancias, se organizan solos, siguiendo una tradición o de forma espontánea para protestar en contra de algo que afecta su comunidad de interés. Asimismo, caracterizamos a la oscr como una organización cuyos miembros son oriundos de zonas urbanas o rurales, pero cuyos beneficiarios son siempre habitantes del campo.

Conclusiones

La sociedad civil rural es una realidad innegable. Consideraciones institucionales e intereses ideológicos no pueden ocultar un fenómeno que se despliega en los intersticios de lo citadino y lo rural. Por motivos propios, el Estado y la academia han privilegiado el considerar una sociedad civil única de corte urbano. El ocultamiento de las organizaciones de la sociedad civil rural no es el resultado de una voluntad acéfala, sino más bien la consecuencia práctica de un haz de factores diversos que convergen hacia la negación de su misma existencia.

Ahora bien, la normatividad relativa a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil marca la pauta institucional respecto a los ámbitos de la acción colectiva susceptibles de recibir financiamiento gubernamental. Acorde con los lineamientos de los organismos internacionales, la oficialización de la participación de las osc en el diseño y operación de programas de combate a la pobreza abrió la posibilidad de delegar responsabilidades, pero también de fiscalizar la acción de los organismos autónomos. Esta intervención para-institucional ha buscado imponerse por sobre la construcción “natural” de relaciones solidarias de intercambio. La legalización de organizaciones posibilita su financiamiento, pero asegura su vigilancia administrativa.

Frente al peligro de estas autonomías organizativas en el campo, se ha constituido un corpus de conductas colectivas deseables que propicia el Estado a través de los programas que manejan las dependencias gubernamentales. Las hemos denominado “buenas prácticas organizativas”. Se refieren al respeto cabal de reglas de operación, gestión administrativa y financiera. A menudo incluye también la noción de corresponsabilidad mediante la aportación de garantías financieras de los socios, además de temáticas prioritarias como la democracia interna, renovación periódica de los dirigentes y rendición de cuentas. Se trata de la promoción de un modelo ideal de gobernanza en las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el gobierno. Cabe precisar que existen significativas diferencias en la interpretación de las reglas a seguir, de una dependencia a la otra.

Finalmente, nos hemos dado a la tarea de definir la sociedad civil rural y las organizaciones que la conforman. Entendemos por “sociedad civil rural” al sector de la ciudadanía que, fuera del ámbito profesional, se dedica a mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo y su entorno natural. Esta necesaria precisión semántica se centró en el discernir lo rural de lo urbano desde la perspectiva cultural. Si bien se puede interpretar con diferentes matices lo que es la cultura rural, consideramos, no obstante, que esta propuesta supera las limitaciones de una categoría definida arbitrariamente por el número de habitantes. De manera más concreta, al lado de las intervenciones de desarrollo rural enfocadas en “urbanizar” a la población campesina, contemplamos también en nuestra definición de la sociedad civil rural acciones en defensa del bien común por parte de los mismos moradores del campo. Por lo tanto, consideramos que es momento de dejar la visión materialista hegemónica del desarrollo edificada desde la ciudad y abrazar la idea de acciones colectivas genuinas construidas desde el campo, para sus habitantes.