Los niveles de violencia e inseguridad en México crecieron en forma notable a partir de 2006. A la par, las defunciones femeninas con presunción de homicidio aumentaron de manera alarmante. Aquí daremos cuenta de algunos elementos contextuales sobre la violencia de género hacia las mujeres que forman parte de nuestro diagnóstico de la zona noreste del país (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas). Ofreceremos algunos indicadores de la posición que ocupan las mujeres en las relaciones de poder y producción en el marco de la hegemonía masculina. Abordaremos el fenómeno de la violencia social en el contexto de la creciente criminalidad, inseguridad pública y la presencia militar en algunas de esas entidades a causa de la declaración de guerra contra el narcotráfico. Todo lo anterior permitirá aproximarnos a definir el contexto como ese “conjunto específico de condiciones y situaciones culturales, económicas y políticas en los cuales se hace socialmente posible y racionalmente comprensible la presentación y el desarrollo de un fenómeno”.11 Franco Agudelo, Saúl (2003), “Momento y contexto de la violencia en Colombia”, Revista Cubana Salud Pública, vol. 29, núm. 1, La Habana, p. 24.
The levels of violence and insecurity in Mexico have grown significantly since 2006; while female deaths with presumption of homicide rose alarmingly. In this paper we will describe some contextual elements on gender-based violence against women of our diagnosis of the Northeastern region of the country (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas and Zacatecas). We will offer some indicators of the position that women occupy in relations of power and production within the framework of the male hegemony. We will address the phenomenon of social violence in the context of the growth of criminality, public insecurity and the military presence in some of the estates of the region as a result of the declaration of the war on drugs. The evidence we present will allow us to define the context as that “specific set of cultural, economic and political situations and conditions in which it is socially possible and rationally understandable the presentation and the development of a phenomenon”.1
Os níveis de violência e insegurança no México cresceram drasticamente a partir de 2006. Do mesmo modo, as mortes do sexo feminino com suspeita de assassinato aumentaram de forma alarmante. Aqui nós vamos apresentar alguns elementos contextuais sobre a violência de gênero contra as mulheres que são parte de nosso diagnóstico da região nordeste do país (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas e Zacatecas). Ofereceremos alguns indicadores da posição ocupada pelas mulheres nas relações de poder e de produção no contexto da hegemonia masculina. Analisaremos o fenômeno da violência social no período de aumento da criminalidade, a insegurança pública e a presença militar em alguns dos estados da região por causa da declaração de guerra contra o narcotráfico. Tudo isso ajudará a definir o contexto como o “conjunto específico de condições e situações culturais, econômicas e políticas nas quais é socialmente possível e racionalmente compreensível a apresentação e desenvolvimento de um fenômeno”.1
El presente trabajo ofrece una serie de elementos contextuales que pueden contribuir a explicar la violencia de género hacia las mujeres en la zona noreste2 de México (ZNE). Se expone una parte de los resultados producto del diagnóstico que se llevó a cabo para el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, coordinado por Florinda Riquer y Roberto Castro,3 el cual propuso una división entre “el alcance nacional y los estudios regionales”. Para ese proyecto se realizaron seis estudios regionales, cuyo objetivo central fue “indagar cómo, en contextos y territorios determinados, la subordinación de las mujeres se entrecruza con otras formas de dominación que reproducen de manera sistémica la violencia hacia las mujeres y le otorgan expresiones y dinámicas propias”.4 Adicionalmente, los estudios regionales explorarían si existe alguna interrelación o interacción –y de qué tipo– entre tales causas estructurales de la violencia de género y la violencia social.
Para el presente estudio de la ZNE, el diagnóstico –basado en un modelo que se tratará en el siguiente apartado– aborda la estructura de género con dos de las tres dimensiones de un plano de configuración de género: las relaciones de poder, las relaciones de producción y la catexis.5 Asimismo, incorpora algunos indicadores de la violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado (violencias institucional, en la docencia, en la comunidad y laboral), y el de la llamada violencia social,6 de particular importancia por la magnitud de las muertes de mujeres registradas en la ZNE, que coincide tanto con la confrontación entre las organizaciones dedicadas al narcotráfico –y de éstas con las fuerzas públicas local y/o federal– como con el aumento de actividades delincuenciales y el consecuente incremento en los niveles de inseguridad entre la población. Esta violencia constituye un elemento del contexto donde ocurren los tres tipos de relaciones mencionadas.
Dicho contexto nos muestra que el vigor con que opera la delincuencia organizada, el estado de impunidad que prevalece y las condiciones en que las mujeres están ubicadas en las relaciones sociales constituyen elementos para acercarnos a describir el contexto de la violencia contra ellas en esa zona del país.
Abordaje teórico-metodológicoPara el enfoque teórico del género que subyace en este trabajo existen mecanismos de orden simbólico que organizan la práctica social de representar lo masculino o femenino, así como todas las categorías que se le asocian. Hay una división del mundo social relacionada con la masculinidad y la feminidad. Dicha organización de la práctica social supone relaciones de desigualdad de los participantes, en especial respecto a la ubicación de las mujeres en el espacio social de género. Dado que el género es un eje de organización social y productor de distinciones, el valor social atribuido a las mujeres es, en la mayoría de las sociedades, inferior al de los varones. En este marco, la violencia se expresa mediante la lógica de la posición de subordinación femenina y la dominación masculina.
Con base en lo anterior, para llevar a cabo el diagnóstico se tomó un modelo teórico derivado de la sociología del género desarrollada por Robert Connell7 que contiene tres dimensiones:8 las relaciones de poder, las relaciones de producción (implicada la división social del trabajo) y la catexis. El modelo nos orientó a enfatizar la importancia analítica para entender la violencia hacia las mujeres a partir de lo que Connell y otros llaman masculinidad hegemónica.9 Si se recupera la noción gramsciana de hegemonía, ésta representa la capacidad de dirección y dominación tanto en términos políticos como culturales.10 Aplicada a las relaciones de género, la matriz de dominación masculina encuentra su espacio de reproducción gracias a una “relación del ideal cultural y el poder institucional, colectivo sino es que individual”.11 Las relaciones de poder representan un importante pilar de la práctica social de género.
Otro rasgo estructural del orden de género es la división social del trabajo, en la cual las mujeres ocupan un lugar inferior y marginal. Al interior de nuestras sociedades se gesta una distribución desigual de las actividades; en este proceso se dicta qué es lo indicado que realicen varones y mujeres, respectivamente. Se da un sistema de producción material en el cual las mujeres participan en desventaja en comparación a los varones. En el ámbito laboral se produce una división en los puestos, tareas y responsabilidades de los individuos según el grupo genérico. En la división de trabajo por género, las relaciones de producción nos son útiles para caracterizar las condiciones de las mujeres en el ámbito laboral.
A la par, en la estructura de género las relaciones catexicas se predefinen por rasgos específicos centrados en la sexualidad, el cuerpo y las emociones. En el diagnóstico original acotamos la catexis a la dimensión social que comprende las formas en que se organizan las emociones y el deseo hétero, bi u homosexual, así como las reivindicaciones sociales que se derivan.12 Haber explorado este eje de género nos proporcionó elementos contextuales de la violencia que ocurre hacia las mujeres.13
Cabe reflexionar si la violencia hacia las mujeres, como parte del sistema de dominación masculina, es también una medida de su imperfección, ya que, como sostiene Connell, si esta jerarquía estuviera fuertemente legitimada tendría menos necesidad de intimidar. El uso de la violencia señala tendencias hacia la crisis de un orden de género como un todo. Se trata de una fractura o transformación de la masculinidad dentro de un sistema de relaciones de género.14 Resulta importante para el presente trabajo atender la advertencia del autor acerca de las señales de las posibles crisis de la masculinidad como sistema.15
En este sentido, por medio de indicadores cuantitativos y percepciones de algunos agentes que ocupan un lugar en el espacio social (periodistas, funcionarias, activistas),16 nos aproximamos a la violencia de género poniendo especial atención en aquella que tiene como principal víctima a las mujeres. Intentamos inferir ciertos elementos que pudieran explicar parte del fenómeno.
Para dar cuenta de las dimensiones del análisis, en cada una de ellas incluimos varios indicadores con el ánimo de delinear algunas reflexiones en torno a las posibles fracturas del orden social de género. Para el caso de las relaciones de poder escogimos tres tipos de indicadores: el acceso a puestos de dirección o toma de decisión (puestos políticos, judiciales y directivos),17 y los índices de desarrollo humano, el relativo al género y el de potenciación de género.
De las relaciones de producción se consideraron tres aspectos: el nivel de ingreso, el índice de competitividad social y los parámetros relativos a la educación. En lo que respecta a las defunciones femeninas con presunción de homicidio, el referente utilizado fue el municipio repetidor (MR).18
Algunas características de la ZNEPara este diagnóstico utilizamos las regiones socioeconómicas clasificadas por el INEGI,19 para quien las entidades y municipios de la ZNE se encuentran distribuidas en siete diferentes estratos (ver cuadro 1). Así, COAH y NL están en el estrato 6, CHIH y TAM en el 5, y ZAC y DGO en el estrato 3. Al interior de cada entidad los municipios se encuentran situados en diferentes estratos: el 38.5% del total de municipios se encuentra en los estratos 6 y 7, pero con enormes distancias entre entidades. Por ejemplo, 78.4% y 71% de los municipios de NL y COAH, respectivamente, están en esos estratos, mientras que en DGO y ZAC se encuentran el 10.3% y 17.9%, respectivamente.
Regiones socioeconómicas por estratos de la ZNE
Entidad | Estrato de la entidad (de 1 a 7) | No. de mpios. Estrato 7 | No. de mpios. Estrato 6 | No. de mpios. Estrato 5 | No. de mpios. Estrato 4 | No. de mpios. Estrato 3 | No. de mpios. Estrato 2 | No. de mpios. Estrato 1 | Total mpios. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coahuila | 6 | 10 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Nuevo León | 6 | 12 | 28 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 51 |
Chihuahua | 5 | 3 | 13 | 0 | 33 | 3 | 3 | 10 | 67 |
Tamaulipas | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 14 | 3 | 0 | 43 |
Zacatecas | 3 | 2 | 8 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 57* |
Durango | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 | 4 | 2 | 3 | 39 |
Total | 36 | 78 | 5 | 119 | 32 | 10 | 13 | 295 | |
% del total de municipios | 12.20 | 26.44 | 1.69 | 40.33 | 10.84 | 3.38 | 4.40 | 99.28 |
Elaboración propia con información del INEGI. (*) Zacatecas tiene 58 municipios, pero aquí no se incluyó a Santa María de la Paz, pues, según el INEGI, no hay información censal.
Según el XIII Censo de población y Vivienda, en la ZNE habitaba el 15.3% (17,201,470) de la población nacional, en una porción del territorio equivalente al 37.7% del espacio continental (23.8 hab/km2 frente a 57.2 correspondiente al promedio nacional). El número de sus municipios equivale al 12% del total que tiene el país. CHIH, COAH, NL y TAM tienen 2,311.9 kilómetros, aproximadamente, de frontera con los Estados Unidos (EU), equivalentes al 73.6% del lindero norte, donde se encuentra poco más del 63% de los municipios fronterizos. En conjunto, en 2009 las entidades de la ZNE aportaron 18.8% al PIB nacional.20 De ese porcentaje, a NL corresponde 7.4%, a CHIH, TAM y COAH el 9.2% y a DGO y ZAC el 2.2%.
Una característica común de las entidades fronterizas de la ZNE es la concentración de su población en pocas ciudades y municipios urbanos: NL 95%, COAH 90%, TAM 88% y CHIH 84%. Así, en CHIH y COAH, en sólo dos ciudades vive el 62% y el 49% de la población, respectivamente.
El área metropolitana de Monterrey concentra el 83% de NL y en TAM en cuatro municipios reside el 55% de su gente. En cambio, en DGO y ZAC la población urbana está por debajo del promedio nacional (76.8%) con 69 y 59%, respectivamente. Aun así, en DGO tres municipios concentran al 64% de la población, en tanto que en ZAC sus cinco ciudades más grandes albergan al 30% de sus habitantes. Adicionalmente, se trata de entidades receptoras de población migrante –excepto DGO y ZAC–. Todas tienen conurbaciones interestatales; algunas comparten incluso fronteras internacionales.
Aunque cuatro entidades de la ZNE están más adheridas territorial y económicamente a los EU, especialmente a Texas, sus recursos naturales, económicos y políticos presentan diferencias en la forma de su integración o su relación con la economía estadounidense. De hecho, sus modos de industrialización y de organización empresarial son diferentes, pues mientras que en Ciudad Juárez, CHIH sobresale la maquila para la exportación, Monterrey se distingue por la producción industrial a gran escala.21 Cabe señalar que, por su magnitud, el asiento de un tipo de industrialización como la maquila influyó de manera determinante en la vida social incorporando a las mujeres al trabajo, pero sin hacerlas abandonar su papel en el hogar. Las consecuencias de este modelo dejaron una profunda y viva huella en ciudades como Ciudad Juárez. Así, la cercanía con la más grande economía capitalista del mundo representa una ventaja, pero también hace vulnerables a las mujeres a los ciclos de la economía estadounidense, a sus políticas migratorias y antidrogas.22
La posición geográfica convierte a México en un escenario dinámico de actividad migratoria; la frontera entre éste y EU constituye la zona de mayor intensidad migratoria en el mundo. Ocurren más de 30 millones de cruces legales e ilegales al año. Estas entidades son el paso obligado de migrantes hacia los EU; también significan puntos de arribo de flujos migratorios provenientes del sur del país y de Centroamérica, en virtud de su industria maquiladora o del trabajo agrícola.
La composición por sexo de los migrantes ha dejado de ser predominantemente masculina. 42% de los migrantes mexicanos son mujeres, de las cuales más del 30% migra por motivos de reunificación familiar, 47% en busca de empleo y 6% dice contar con un empleo en los EU.23 Se trata además de población joven, pues ocho de cada 10 migrantes en los últimos 15 años tenían entre 15 y 44 años de edad al momento de emigrar, con un promedio de 25 años en el año 2000 y con un incremento significativo a 31 años de edad promedio en el año 2004.
Como parte de este contexto, esta región constituye un paso obligado para el tránsito de drogas ilegales hacia los EU, aunque también para el consumo en las ciudades de las entidades fronterizas de México. En consecuencia, los grandes cárteles operan en esas regiones mediante una dinámica que ha provocado la creación de mini cárteles24 y bandas delincuenciales que se disputan los mercados locales y los territorios para su operación, luchan por el control de las ciudades y generan un estado de violencia social permanente.25 Este fenómeno ha ocasionado la emigración de la población de algunas ciudades, como Ciudad Juárez, localidad que pasó de 1.3 millones de habitantes a un millón.26
En 2010, el número de víctimas por cada 100 mil habitantes de la población de 18 años y más en CHIH, NL y COAH rebasó el promedio nacional (23,950): 34,826, 27,310 y 25,250, respectivamente. Sin embargo, los tres estados restantes de la ZNE se acercaron mucho al promedio nacional.27
Adicional a lo anterior, se encuentra la trata de personas. México es considerado un país de tránsito al mismo tiempo que de origen de víctimas –principalmente niños, niñas y mujeres– que son trasladadas a diferentes territorios con fines de explotación sexual y laboral. En el país se comete de manera reiterada este delito, pues además representa el destino de personas que son introducidas al territorio para los mismos fines de ex-plotación.28
Las ciudades con alta incidencia de trata de personas son Ciudad Juárez (CHIH), Nuevo Laredo (TAM) y Matamoros (TAM). Los puntos de intersección de las rutas de migración son las ciudades de Chihuahua, CHIH y Monterrey, NL. Las ciudades de paso de las redes son Delicias y Parral, CHIH; Torreón, Monclova y Saltillo, COAH; Ciudad Victoria y el puerto de Tampico, TAM, así como las ciudades capitales de Durango y Zacatecas. Las rutas atraviesan el territorio y tienen puntos de partida diferentes. Por ejemplo, por Guatemala hay una ruta que bordea los estados del Golfo de México y se conecta a Matamoros, TAM, aunque también ahí llega una ruta que atraviesa el centro del país. El puerto de Acapulco, Guerrero, es otro punto de arribo y salida que se bifurca y atraviesa estados del Bajío en dirección al norte y el noreste.29
A este panorama aportaremos más adelante algunas cifras generales sobre indicadores de violencia contra las mujeres, referentes comúnmente aceptados para dar cuenta de la violencia social.
Relaciones de poderEstas relaciones tienen como eje principal la total subordinación de las mujeres y la dominación de los hombres. El poder masculino se ejerce en todos los espacios sociales tanto privados como públicos, y adquiere la calidad de hegemónico. En el estudio diagnóstico incluimos algunos indicadores a propósito de las relaciones de pareja obtenidos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, especialmente los referidos al uso de la violencia hacia las mujeres dentro del hogar (ámbito privado) y fuera de él (ámbito público). En la ZNE la violencia contra las mujeres por parte de su pareja a lo largo de su relación fue mayoritariamente psicológica o emocional, con valores de 54% en DGO, 47% en CHIH, 42% en ZAC, 37% en NL, 35% en COAH y 29% en TAM. La violencia física y sexual alcanzó valores de hasta 20%.30 En otros estudios se empieza a analizar la relación de estas modalidades de violencia con la brecha de género en materia educativa u otros factores como el trabajo fuera del hogar. Dichas indagaciones pueden abonar en favor de la tesis que sostiene que a menor brecha de género la violencia contra las mujeres disminuye, aunque también hay elementos para sostener lo contrario sobre todo cuando al observar el factor educación en las ENDIREH 2006 y 2011 se infiere que “las mujeres con más educación que sus parejas están en mayor riesgo de sufrir violencia que a la inversa, las mujeres con menor educación que su pareja”.31 Esto puede interpretarse como una reacción masculina ante la sensación de amenaza a su poder derivada de la ruptura de las relaciones de desigualdad y el debilitamiento de su capacidad de dominación.
En el ámbito público, la violencia comunitaria es la más frecuente, seguida de la laboral y, en menor medida, la modalidad escolar (Gráfico 1.2). Sin embargo, las denuncias en la ZNE están en el rango de poco más del 10% a ligeramente arriba del 20% (Gráfico 1.1).32
Un indicador que muestra la dimensión de las relaciones de poder es la presencia de las mujeres en la esfera de gobierno. Al respecto, la representación femenina en los congresos locales de la ZNE no llega a superar la cuarta parte en promedio y solamente en TAM se ha alcanzado un poco más de la tercera parte de la representación.
Cifras más recientes muestran un ligero pero importante cambio en la composición de los congresos locales de la ZNE. De 2012 a 2013, el número de escaños ocupados por mujeres en la zona pasó de 42 a 52, lo que representó un avance del 21.4% al 26.5%. Esta última cifra resulta ligeramente inferior al promedio nacional que fue de 26.8%.
Los estados de CHIH, ZAC y TAM fueron los que registraron la mayor presencia de mujeres diputadas en sus congresos respecto al total de sus miembros: 42.4, 36.6 y 33.3%, respectivamente. En cuanto a los cargos de presidentas municipales, de 296 ayuntamientos de la ZNE solamente 15 eran mujeres en 2012, lo cual equivale al 5.0%, frente al 12.0% del promedio nacional.33
Como referencia de las relaciones de poder también tomamos tres índices: el de Desarrollo Humano (IDH),34 el de Perspectiva de Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG). En la ZNE los dos primeros son iguales o ligeramente mayores al promedio nacional –con excepción de ZAC–, pero el IPG además de ser el de más bajo valor entre los índices anteriores, lo es también en la mitad de las entidades de la ZNE (COAH, DGO y TAM), con niveles menores al promedio nacional (Gráfico 2).
Relaciones de producciónEl género como forma de ordenamiento de la práctica social está presente en las relaciones de trabajo y es determinante en las condiciones laborales de las mujeres. Tanto las condiciones como las relaciones del trabajo forman parte de la organización social basada en el género. La división del trabajo por género impacta en los ingresos y en la acumulación de las riquezas de uno y otro sexo. Además, los mercados de trabajo y las políticas sociales determinan tanto la condiciones de empleo como la precariedad, la informalidad laboral, el empleo infantil y la esclavitud, de igual manera que problemas de inseguridad en el trabajo, los salarios bajos o el trabajo en condiciones peligrosas.
Por otra parte, las relaciones de trabajo y los espacios han sido diseñados históricamente para los hombres y los estándares de salud y seguridad laboral se han desarrollado con base en modelos masculinos.35 Así, observamos que las tareas en las que se incorporan las mujeres en el mercado laboral nacional son en mayor porcentaje en servicios sociales y diversos que forman parte del sector terciario, en donde el 48% del personal es femenino, comparado con el 12% que corresponde al sector primario. De las que se incorporan al sector secundario, alrededor del 95% lo hacen en la industria manufacturera (maquila). En la ZNE los porcentajes de mujeres que trabajan en el sector terciario se distribuyen en un rango de 83.4 a 67%, y en el caso del sector primario la proporción oscila entre el 0.5 y el 4.7%.36
Otra forma en que se conocen las relaciones de producción es la desigualdad de los ingresos. En el último trimestre del 2012, en promedio el 54.4% de las mujeres de la ZNE que tienen trabajos subordinados y remunerados recibió entre uno y tres salarios mínimos. La distancia entre estos niveles y el de más de cinco salarios es de 46.6 puntos porcentuales. Con excepción de CHIH, los estados de la franja fronteriza presentan más desigualdad en los ingresos, con una diferencia de 2.2 puntos entre uno y otro sexo (Gráfico 3).
En cuanto al factor educación, la población femenina de esta zona tiene niveles elevados de educación formal (8.7) que superan la media nacional (7.9). El promedio de años de escolaridad es discretamente mayor en las mujeres en todos los estados de la zona: la desigualdad es de 0.8 a favor de las mujeres. Su comportamiento se aprecia en el Gráfico 4. Tanto el empleo como la educación son determinantes estructurales para el desarrollo humano.
Una manera de medir las relaciones que guardan las condiciones laborales con los niveles de desarrollo es el Índice de Competitividad Social (ICS), el cual permite visibilizar la brecha de la condición laboral de género. Su premisa central afirma que “es posible generar bienestar para los miembros de una sociedad cuando se logra que el mercado de trabajo actúe como catalizador para la construcción de capacidades básicas para el desarrollo humano. Lo que implica la ampliación de oportunidades para todos, hombres y mujeres”.37 Si bien todos los estados –excepto TAM– muestran un ligero ascenso del ICS femenino en el periodo 2005-2010, la brecha con el ICS masculino es muy grande, casi el doble en los casos de DGO y ZAC. Además de las desigualdades señaladas, en el ámbito de estas relaciones las mujeres deben enfrentar la violencia laboral.
En México, el 30.1% de las mujeres ocupadas reporta haber sufrido violencia laboral, de las cuales 79.2% son víctimas de discriminación y 41.4% de acoso laboral. En la ZNE la discriminación es la forma de violencia que la mujeres más reportaron haber sufrido (Gráfico 6).
Violencia social en la ZNEEn ese contexto de desigualdades socioeconómicas ocurre la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. Justamente un caso de violencia hacia las mujeres estudiado por distintos/as cientistas sociales es Ciudad Juárez, CHIH. En varias investigaciones se resaltan los determinantes estructurales que estarían favoreciendo la aparición de la violencia de género.38 Se documenta que las condiciones de migración, la violencia social (delincuencia organizada), la reconfiguración de las actividades económicas (la inestabilidad de la industria maquiladora y su mercado de trabajo feminizado), la espacialización de la pobreza y el crecimiento urbano, y el sistema político y jurídico arcaico se conjugan para ser telón de fondo de los crímenes hacia las mujeres. En este sentido, el caso de Ciudad Juárez es un ejemplo de cómo los determinantes estructurales abonan al contexto explicativo del fenómeno de la violencia de género.
Como sostienen Monárrez et al., “la desigualdad de género y las condiciones estructurales socioeconómicas son factores que condicionan un contexto de extrema violencia hacia las mujeres, como el maltrato por la pareja y el feminicidio en Ciudad Juárez desde la década de los años noventa”.39
Los procesos microsociales, como el cambio de las relaciones de género a partir de la inserción masiva de las mujeres al mundo del trabajo, junto con los procesos macrosociales, como las fluctuaciones de los flujos migratorios y el crecimiento demográfico de la ciudad, nos dan una idea respecto al carácter sistémico de la violencia de género, pues precisamente cuando Ciudad Juárez experimentó todos estos cambios –hacia el final de los años ochenta e inicio de los noventa del siglo pasado– es cuando se inició un reconocimiento y registro de los asesinatos de mujeres, llegándose a documentar para las subsiguientes décadas un aumento considerable de dichas muertes.
Dada la amplitud geográfica del estudio y, sobre todo, la variabilidad social, enseguida exponemos los rasgos generales de la violencia social asociada a la violencia contra las mujeres.
En primer lugar está el hecho de que la violencia social en la ZNE tiene mucho que ver con su posición geográfica. CHIH y DGO forman parte del llamado “triángulo dorado” dedicado a la producción de drogas ilegales, y cuatro entidades son las rutas por donde debe llegarse al mercado de consumidores de estupefacientes más grande del mundo. Desde hacía varias décadas, en dichos estados operaban bandas, llamadas posteriormente cárteles, cuya actividad era el trasiego de drogas y el contrabando. La disputa por las plazas y las rutas las confrontaba y el resultado eran pérdidas humanas que variaban en el tiempo según los acuerdos a los que aquellos llegaban o cuando lograban vencer unos a otros. En diciembre de 2006, con el arribo del nuevo gobierno a la Presidencia de la República, dio inicio la llamada guerra contra el narcotráfico y se llevaron a cabo operativos militares en algunos estados del país, incluidas entidades de la ZNE. Al analizar el efecto que éstos tuvieron en el comportamiento de las muertes femeninas, nos percatamos de que independientemente de si se llevaron o no a cabo las acciones militares, las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) crecieron en la mayoría de los estados o, como en ZAC, disminuyeron aún sin operativos. Los operativos militares se efectuaron en CHIH, DGO y TAM, y como se aprecia en el Gráfico 8, el porcentaje de DFPH aumentó seriamente, como también el de homicidios masculinos, con excepción de DGO, donde disminuyó. De 2007 a 2009 todas las entidades, menos ZAC, registraron incrementos porcentuales en las DFPH. Hasta ahora no se dispone de información suficiente para asegurar que las mujeres fueron víctimas de los cárteles (ya sea porque participaban en esas organizaciones, por venganza de aquéllas hacia sus esposos, amantes o familiares involucrados en la delincuencia, o al ser usadas como escudos) o que murieron en calidad de “daños colaterales” por la acción de la delincuencia y/o de las fuerzas del orden. La falta de información oficial limita establecer relaciones entre dichos fenómenos.
En el periodo 1985-2009 se registraron en México 34,176 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio; casi siete mil ocurrieron entre los años 2005 y 2009. En los años 2008 y 2009 hubo un repunte de 68% en la tasa de defunciones respecto a la tendencia que habían tenido de 1985 a 2007, al pasar de una tasa de 2.65 a otra de 3.40 por cada 100 mil mujeres.40 El homicidio es el indicador internacional de violencia social; incorporarlo en el análisis resulta de suma importancia toda vez que expresa el estado que guarda la violencia contra las mujeres.
El número de DFPH en la ZNE de 1985 a 2009 fue de 3,874, equivalente al 11.3% de las muertes de mujeres del país, 155 defunciones por año. Coincide que en los municipios repetidores de DFPH durante un lapso de cinco a 10 años en el periodo 2000-2009 vienen sucediendo los mayores enfrentamientos entre miembros de la delincuencia organizada y las fuerzas armadas. Asimismo, la mayoría de tales municipios se ubica en estratos favorables de rango siete a seis en la escala INEGI antes referida (Gráfico 8 y Cuadro 2).
DFPH en municipios repetidores de la ZNE
Estado | Municipios repetidores de DFPH | DFPH en municipios repetidores | DFPH ocurridas en la entidad | |
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Coahuila | Torreón, Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo. | 131 | 60.1 | 218 |
Chihuahua | Ciudad Juárez, Chihuahua. | 462 | 63.3 | 730 |
Durango | Durango y Gómez Palacio. | 59 | 66.3 | 89 |
Nuevo León | Apodaca, Guadalupe, Monterrey. | 107 | 50.0 | 214 |
Tamaulipas | Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa. | 230 | 63.0 | 365 |
Zacatecas | Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Pinos, Sombrerete, Tlaltenango, Villanueva, Zacatecas. | 55 | 55.4 | 99 |
Fuente: Estadisticas de mortalidad, INEGI.
El cuadro 3 muestra las tasas de DFPH en 2009 de la ZNE.41 En dichas entidades durante el periodo 2007-2009, el porcentaje de crecimiento de las tasas de DFPH por cada 100 mil mujeres fue: DGO 483.1, CHIH 325.1, TAM 169.3, NL 103.4, COAH 36.9 y ZAC -36.4. La tasa nacional fue de 68.2.42
Tasas y número de DFPH en entidades de la ZNE 2009
Posición | Entidad | Tasa (por 100 mil mujeres) | Número de defunciones |
---|---|---|---|
1 | Chihuahua | 12.73 | 212 |
4 | Durango | 6.72 | 53 |
7 | Tamaulipas | 4.32 | 69 |
Nacional | 3.40 | 1,858 | |
18 | Nuevo León | 2.17 | 48 |
27 | Coahuila | 1.60 | 21 |
31 | Zacatecas | 0.98 | 7 |
Fuente: Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009, ONU Mujeres, LXI Legislatura Cámara de Diputados, INM y COLMEX, México.
Una vieja frase cabalga de nuevo: la realidad (o lo concreto) es la síntesis de múltiples determinaciones. Para efecto del presente trabajo, la realidad de la violencia hacia las mujeres obedece a un conjunto de factores de orden estructural y coyuntural que constituyen la fuente y el origen de su producción y reproducción. El sistema de género, en términos analíticos, nos permitió acercarnos a la manera en que operan las desigualdades entre varones y mujeres, y constatar que se reproduce una matriz de subordinación femenina y exaltación de un determinado tipo de masculinidad. A su vez, mediante los tres pilares estructurales del género pudimos conocer cómo se configura un escenario propicio para la violencia hacia las mujeres.
En dicho sentido, en nuestro diagnóstico hay una serie de elementos socioeconómicos que caracterizan a la ZNE y que enmarcan la subordinación y violencia contra las mujeres. Uno de ellos es que las entidades de esta zona tienen niveles favorables de desarrollo, especialmente las ubicadas en la frontera norte, cuya población en su mayor parte se concentra en zonas urbanas, o bien, en ciudades conurbadas de desarrollo económico importante. Contra lo que pudiera pensarse respecto a que a mayor desarrollo correspondería una disminución de la violencia contra las mujeres, nos topamos con que es en municipios de ese perfil donde se registró un número significativo de defunciones con presunción de homicidio.
Asimismo, se observa que todas las entidades de la ZNE registraron índices de desarrollo humano superior al promedio nacional (con excepción de ZAC), y de desarrollo de género por encima del país (de nuevo con la excepción de ZAC y también de DGO). Sin embargo, sólo NL registró un índice de potenciación de género superior al nacional. Con todo y que las mujeres tienen niveles de educación iguales o superiores al promedio nacional de los hombres (de nuevo la excepción es ZAC), la desigualdad en materia salarial frente al ingreso masculino es evidente (el índice de competitividad social es revelador), lo mismo que su representación en cargos de elección popular.
Estas condiciones estructurales están históricamente determinadas en cada entidad por factores geográficos, sociodemográficos, económicos, etc., los cuales tendremos que analizar con detenimiento para saber la participación que han tenido en el desarrollo de la situación actual. Al respecto, el caso de ciudad Juárez resulta paradigmático, toda vez que muestra la conjunción de varios de estos factores y la generación de un contexto que la convirtió en una ciudad de pasiones terribles, para decirlo en términos del título de la obra de Judith R. Walkowitz que narra los peligros del Londres victoriano.
La violencia contra las mujeres y de género tiene, pues, una lógica que se asienta en la estructura. Como sostiene Martha Torres Falcón, se trata de un fenómeno estructural inherente a la hegemonía patriarcal, cuyos orígenes se encuentran en la desigualdad social, por una parte arraigada en la experiencia individual, la cultura y las estructuras sociales que se toman como normalidades, y, por otra parte, articulada con el sistema social en el que interactúan diversos componentes.43 Esta cualidad incrementa las posibilidades de que los varones puedan ejercerla en todos sus tipos y ámbitos, como lo muestran las ENDIREH, en correspondencia con los bajos niveles de denuncia de las mujeres atribuidos al miedo, la vergüenza y la ineficacia de las autoridades para impartir justicia, como se muestra en esas encuestas. Las DFPH expuestas en este trabajo son el extremo de la violencia; los niveles alcanzados en ciertas entidades no sólo rebasaron el promedio nacional, sino que, como en el caso de CHIH, llegaron al nivel de epidemia.44 Todo esto dentro de un marco de relaciones de poder que generan y reproducen diversos pactos patriarcales –entre (ex) esposos, (ex) novios, padres, padrastros, policías, jueces, patrones, tratantes, etc.
La violencia social de signo delincuencial generalmente identificada con el narcotráfico, pero donde caben mafias que venden seguridad, extorsionan, secuestran, trafican con personas, etc., se ha asentado en las ciudades y en la ZNE ha generado un clima de inseguridad y miedo exacerbados. Como lo hemos expuesto, a partir del año 2006, con motivo de la declaración de guerra del gobierno federal al narcotráfico, las cifras de homicidios de hombres y mujeres se elevaron como no había ocurrido en las últimas dos décadas.
Quienes han venido estudiando el comportamiento de la violencia en el país aseguran que las muertes por homicidio de mujeres responden a una lógica distinta a la de los hombres, siendo aquélla más de índole estructural. Sin embargo, la experiencia que se vive a partir de 2006 con el incremento de DFPH abre nuevas incógnitas y da pie a la formulación de hipótesis, con la limitación de que las estadísticas no ofrecen información acerca de quiénes fueron sus perpetradores y cuáles fueron los motivos.
En efecto, consideramos que faltan elementos para relacionar las DFPH con el involucramiento de las mujeres en actividades delictivas; por ahora nos atrevemos a pensar que, por una parte, el ambiente general de violencia que priva en los puntos repetidores de asesinatos de mujeres y, por otra, la desatención –atribuida a la incapacidad, colusión, indiferencia o temor– de las autoridades locales para investigar, encontrar y castigar a los homicidas, reduce la posibilidad de que estos últimos paguen las consecuencias de sus acciones.
Además, conviene pensar que el ambiente general se ha visto alterado por la militarización de varios municipios de la ZNE a partir de la guerra contra el narcotráfico. Como escribe Lucía Rayas, los ejércitos militares son por definición masculinos, y en el imaginario social la guerra es una actividad del dominio masculino en la que las mujeres pueden jugar el papel de víctimas, de espectadoras o de premios. Tanto en la violencia como en la violencia militar se suman altas dosis de violencia simbólica, primero, porque provienen del poder que tienen los ejércitos de representar la fuerza del Estado, y segundo, porque la experiencia dicta, entre ciertas comunidades, que tener al ejército cerca puede ser señal de violencia que se avecina de parte del ejército o de otros agentes. Rayas advierte que el militarismo se asienta sobre un denso entramado patriarcal, y, por su conexión con la violencia, favorece y legitima su ejercicio como medio para resolver conflictos y mantener las jerarquías, incluyendo las de género.45 Como lo mostramos en su momento en este trabajo, las DFPH en algunos estados de la ZNE se incrementaron durante y luego de los operativos militares (con la excepción de ZAC).46
Con todo, conviene aclarar, en sintonía con los trabajos de Connell,47que las masculinidades se expresan de maneras múltiples y existen distintas formas de ser varón, por lo que queda por explorar los tipos de masculinidad que estarían detrás de la imagen militar-viril del modelo narco-masculino, el cual estaría fomentado cierto tipo de violencia hacia las mujeres. Lo que sí se expresa de manera más o menos constante es una matriz transcultural e histórica de dominación masculina48 con la cual se nutren las distintas formas de masculinidad.
Finalmente, el fenómeno de la violencia contra las mujeres y de género también puede ser pensado como una guerra de posiciones en la que el poder masculino ve amenazada su hegemonía dentro de los espacios donde las mujeres han logrado colocarse y alterar la correlación de fuerzas en la estructura social. En ese sentido, intenta recuperarlos de diversas maneras, entre ellas, mediante el campo cultural, para asegurar la cosificación de la mujer, reforzar y exaltar la virilidad, así como afirmar su heterosexualidad. Dicho proceso se expresa con la salvedad de que no todos los varones se inscriben en el modelo hegemónico de masculinidad.
Sea cual sea su estatus social, la posición del varón, apunta Muchembled, se encuentra muy correlacionada con su virilidad, de tal forma que “las mujeres… deben mantenerse en su puesto para confirmar al hombre como tal”.49 Así, cuando por diversas causas, ciertos papeles femeninos no sólo no fueran inducidos por los masculinos, sino que los contravinieran, las manifestaciones de violencia contra las mujeres qua mujeres en los diferentes ámbitos y modalidades estarían indicando un desgaste de la hegemonía masculina expresando pura dominación. Frente a ello, como afirma Daniel Cazés, “el precio que pagan las mujeres por cuestionar al hombre no es la soledad sino la libertad”.50
Maestra en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Maestra de tiempo completo en el Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora
Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora. Profesor de asignatura B en la Universidad de Sonora
Maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Profesor-investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de Sonora
Franco Agudelo, Saúl (2003), “Momento y contexto de la violencia en Colombia”, Revista Cubana Salud Pública, vol. 29, núm. 1, La Habana, p. 24.
Abarca los estados de Chihuahua (CHIH), Coahuila (COAH), Durango (DGO), Nuevo León (NL), Tamaulipas (TAM) y Zacatecas (ZAC). Las entidades no integran, todas, una región, ya que estados como DGO y ZAC tienen serios contrastes con los de la frontera norte. En el estudio nacional se advirtió que el agrupamiento de estados respondía más a criterios formales. Una atención especial a las entidades de la frontera noreste se podrá leer en Mora, Felipe, María Elena Reguera y Eduardo Calvario (2014), “Muertes de mujeres y violencia social en tres entidades de la frontera norte de México”, Revista Región y Sociedad, núm. especial 4, El Colegio de Sonora, México, pp. 45-75.
Consultar Riquer, Forinda y Roberto Castro (coords.) (2012), Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, México. Dirección URL: http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Estudio_sobre_las_Fuentes. Dicho estudio fue encargado al CRIM-UNAM por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para cumplir con el Art. 42 fracción XII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Consultar la página Web arriba citada, p. 13.
Ibid., p. 2. “Objetivos”, p. 18. Las otras zonas estudiadas fueron la Noroeste, Centro, Occidente, Golfo y Sureste.
Por razones de espacio la dimensión catexis no se desarrolla en este trabajo, aunque más adelante se expone su función en el modelo.
Las modalidades de violencia corresponden a las establecidas y definidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
En un trabajo posterior agregó la dimensión simbólica, ver Connell, Robert (2000), The man and the boys, Allen & Unwin, Sidney.
Connell acuñó el término Masculinidad Hegemónica (MH) para referirse a “la configuración de la práctica de género que incorpora la respuesta aceptada, en un momento específico, al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres”. Connell (2003), op. cit., p. 117. Conceptualiza la MH para distinguirla de las Masculinidades Cómplice, Marginada y Subordinada, y para resaltar la condición de la mujer. En este trabajo nos apoyamos en dicho concepto para apuntalar la hipótesis de la relación entre la violencia masculina hacia las mujeres y la MH.
Gruppi, Luciano (1981), “El concepto de hegemonía de Gramsci”, en Hobsbawm, Eric, Hugo Portelli, Luciano Gruppi, Quintin Hoare, Massimo Salvadori y Umberto Cerroni, Revolución y democracia en Gramsci, Editorial Fontamara, Barcelona, pp. 39-56.
Además, este pilar del género se encarga de reproducir el orden sexual vigente en que el deseo heterosexual figura como el normal y se construyen nociones que cosifican el cuerpo femenino.
Estamos conscientes de las limitaciones del provisorio modelo, en vista de que se trata de un marco contextual cuyos componentes, que son relaciones, son definidos de manera muy general. Además, la noción de contexto implica los cambios en los patrones de género y los efectos de ciertas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura a lo largo de la historia que, por razones de tiempo, fue difícil abordar.
Este proceso puede promover intentos de restablecer la masculinidad hegemónica manifestados en el culto a la violencia o a los hombres violentos que se expone en la música, las películas, las revistas, etc., y que en la historia suele aparecer luego del avance de conquistas de espacios para las mujeres.
El diagnóstico original incluía entrevistas dirigidas a mujeres para indagar las percepciones en torno a los hechos significativos (hitos), los momentos de acción o movilización colectiva (intersecciones) y el entrelazamiento de varios procesos. Por razones de espacio no se incluyen en este trabajo.
En este trabajo exponemos solamente los puestos de elección popular (congreso y presidencias municipales).
Para el diagnóstico de contexto se identificaron los municipios de la ZNE que registraron al menos una defunción femenina con presunción de homicidio por cinco años en la base de datos de 10 años de las estadísticas de mortalidad del INEGI y la clasificación de tales municipios según los niveles de bienestar a manera de regionalización también elaborada por el INEGI.
El INEGI indica que con base en una serie de indicadores se construyen índices y de acuerdo al análisis de estados y municipios se integran estratos que ubican a las diferentes unidades político-administrativas según sea su situación de más a menos favorable. Apunta que “para facilitar el análisis de los resultados, se buscó, en la medida de lo posible, construir indicadores en sentido ‘positivo’, es decir, indicadores que se leen o interpretan de la siguiente manera: a mayor valor, mejor situación”. Consultado en INEGI (2013), “Regiones socioeconómicas de México”, dirección URL: http://sc.inegi.org.mx/niveles/index.jsp
INEGI (2010), Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2005-2009, comunicado núm. 421/10, 16 de diciembre, Aguascalientes. Consultado en: www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/.../Comunicados/.../comunica15.doc
Alba Vega, Carlos (2001), “Tres regiones de México ante la globalización: los casos de Chihuahua, Nuevo León y Jalisco”, Alba, C., I. Bizberg y H. Riviére d’Arc (compiladores), Las regiones ante la globalización. Competitividad territorial y recomposición sociopolítica, CEMCA, ORSTOM, COLMEX, México, pp. 189-261.
Cada entidad de la ZNE tiene una historia y explicación propias sobre la manera como se han desarrollado en ellas dinámicas poblacionales, económicas, sociales y políticas, y la forma en que han reaccionado ante fenómenos “nacionales” –las políticas centrales o su relación con el centro del poder político, por ejemplo– y, recientemente, ante una ola mayor como ha sido la llamada globalización, amén de otros eventos económicos y políticos de gran importancia (el llamado error de diciembre de 1994, la transición democrática del 2000, y la crisis financiera de los EU que estalló en 2008, entre otros).
CNDH, CEIDAS (2009), Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, CNDH, CEIDAS, México, p. 61.
Kruijt, Dirk (2011), “Drogas, democracia y seguridad. El impacto del crimen organizado en el sistema político en América Latina”, Instituto holandés para la democracia multipartidaria, La Haya, junio, p. 22. Consultado en: http://www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/OCOIM/pdf/Krujit_Drugs_Democracy_Security_June%202011.pdf
DGO, TAM y NL son las entidades con el mayor número de “ejecuciones”, según el informe “Radiografía de las ejecuciones”, de la SSPF. Ver López, Martha y Florinda Riquer (2012), “Violencia contra mujeres en Durango”, Mimeo, México, p. 22.
INEGI (2011), Resultados de la ENVIPE 2011, Boletín de prensa núm. 373/11, 20 de septiembre, Aguascalientes.
Al momento del estudio no se contaba con los resultados de la ENDIREH 2011; ahora se sabe que la violencia psicológica o emocional entre mujeres unidas de 15 años y más sigue siendo la más alta en el país (23.3%), aunque en menor medida que lo que reveló la ENDIREH de los años 2003 (34.5%) y 2006 (26.6%). Las otras modalidades de violencia también disminuyeron en 2011, siendo éste el orden: económica (16.1%), física (4.4%), sexual (2.8%) y de cualquier modalidad (27.9%). Desafortunadamente no disponemos de las cifras por entidad. Casique, Irene y Roberto Castro (2012), “Análisis comparativo de prevalencia de las violencias de pareja, y principales variables asociadas”, Retratos de violencia contra las mujeres en México. Análisis de resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, Instituto Nacional de las Mujeres, CRIM-UNAM, Cuadernos de trabajo núm. 35, México, p. 148.
Los resultados de la ENDIREH 2011 muestran que la violencia comunitaria frente a la laboral continuó siendo mayor en la ZNE con excepción de los estados de COAH y TAM: CHIH 33.0 y 29.2%, NL 31.2 y 26.2%, DGO 25.0 y 24.1%, ZAC 24.8 y 24.2%, COAH 24.7 y 26.5%, TAM 22.9 y 23.1%, respectivamente. INEGI (2013), Panorama de violencia contra las mujeres en México, ENDIREH 2011, México.
IDEA, PNUD, ONU Mujeres (2013), “Participación política de las mujeres en México. A 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino”, México. Las estimaciones para la ZNE son propias.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró varios índices para medir el desarrollo humano. El IDH está compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. El IDG ajusta el progreso medio para reflejar las desigualdades entre hombres y mujeres con tres aspectos: esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización de adultos y nivel de vida decoroso. El IPG expresa la participación de las mujeres en la vida pública. Se apoya en tres variables: oportunidades y participación en la adopción de decisiones políticas, acceso a oportunidades profesionales, y participación en la adopción de decisiones económicas.
Benach, Joan y Carles Muntaner (2010), Empleo, trabajo y desigualdades en salud: una visión global, Icaria, España.
INEGI (2012), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Indicadores estratégicos, Tercer trimestre de 2012, Aguascalientes.
Ver Monárrez, Julia, Luis E. Cervera, César Fuentes y Rodolfo Rubio (2010), Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, Porrúa, COLEF, México; y, Monárrez, Julia, et al. (2010), “La ciudad y el feminicidio en los textos académicos”, Monárrez, Julia, et al. (2010), op. cit., pp. 65-114.
ONU Mujeres, LXI Legislatura Cámara de Diputados, INM y COLMEX (2011), Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009, México, pp. 32-34.
Torres Falcón, Martha (2013), “Desigualdad social y violencia de género: hostigamiento, violación, feminicidios”, Agoff Carolina, Irene Casique y Roberto Castro, Visible en todas partes. Estudios sobre violencia contra mujeres en múltiples ámbitos de México, UNAMCRIM, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 23-48.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el nivel de epidemia se alcanza con la tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. PNUD (2013), Informe regional de desarrollo humano 2013-2014, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamá, p. 4.
Rayas, Lucía (2013), “Orden de género y violencia militar”, Agoff Carolina, Irene Casique y Roberto Castro, Visible en todas partes. Estudios sobre violencia contra mujeres en múltiples ámbitos de México, UNAM-CRIM, Miguel Ángel Porrúa, México.
Según el Informe regional de desarrollo humano 2013-2014 del PNUD, “en México, las misiones en seguridad en estados con altos niveles de violencia –como Guerrero, Michoacán y Chihuahua– han contado con el respaldo de las fuerzas armadas militares. Estas misiones no han logrado disminuir los niveles de violencia y, por el contrario han dado lugar a numerosas quejas sobre abusos a derechos humanos cometidos por algunos miembros de las fuerzas armadas”. PNUD (2013), op. cit., p. 117.
Ver autores franceses: Godelier, Maurice (1980), “Las relaciones hombre/mujer: el problema de la dominación masculina”, Teoría, núm. V, abril-junio, pp. 3-28; Heritier, Françoise (1996), Masculino/femenino, Ariel, Barcelona; y Bourdieu, Pierre (2000), La dominación masculina, Anagrama, Barcelona.
Muchembled, Robert (2010), Una historia de la violencia. Del final de la edad media a la actualidad, Paidós Contextos, Madrid, p. 33.