Con la finalidad de mejorar la comprensión de los factores de riesgo implicados en los delitos sexuales cometidos por adolescentes, se han recopilado datos de 63 menores infractores que habían cometido al menos un delito sexual y cumplido una medida de internamiento en la Comunidad de Madrid por estos hechos entre los años 2006 y 2015. Para explorar posibles diferencias se han establecido dos grupos atendiendo a la clasificación basada en la edad de la víctima, distinguiendo entre adolescentes que agreden sexualmente a niños menores (AM) y adolescentes que agreden sexualmente a iguales o adultos (AI). Los resultados indican que el grupo AM presenta un perfil caracterizado por una mayor victimización y aislamiento social, mientras que el grupo AI se caracteriza por una mayor presencia de otras conductas antisociales y agresivas. Finalmente se discuten las implicaciones de los resultados obtenidos para la intervención terapéutica con estos adolescentes.
In order to improve the understanding of risk factors involved in sexual crimes committed by adolescents, data was compiled about 63 young offenders who had committed at least one sexual offense and had served an internment judicial measure in Madrid Region for this crime between 2006 and 2015. To explore possible differences, two groups were established according to an age-based classification of the victim, distinguishing between adolescents who sexually offend children (AM) and adolescents who sexually assault peers or older victims (AI). The results indicate that the AM group presents a profile characterized by a higher victimization and social isolation, while the AI group is characterized by a greater presence of other antisocial and aggressive behaviors. Finally, the implications of the results for therapeutic intervention in these adolescents are discussed.
En el momento actual, la violencia sexual constituye una de las mayores preocupaciones en la sociedad occidental en lo que a comportamiento violento o delictivo se refiere. Esta preocupación viene determinada por los altos grados de victimización derivados de estos delitos (Barbaree y Marshall, 2006) y la enorme difusión mediática que conlleva este tipo de comportamientos.
La relevancia de los delitos sexuales cometidos por adolescentes ya ha quedado establecida en numerosos estudios en los que se ha encontrado que aproximadamente el 20% de las violaciones y entre el 30% y el 50% de los abusos sexuales a niños eran cometidos por menores (Barbaree y Marshall, 2006; Becker, Kaplan, Cunningham-Rathner y Kavoussi, 1984; Keelan y Fremouw, 2013; Lowenstein, 2006; Vandiver, 2006), lo que nos puede dar a entender la necesidad de ampliar nuestro conocimiento sobre esta realidad tan impactante.
En España, a la hora de analizar cualquier conducta infractora en la población adolescente con responsabilidad penal, es decir aquella con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, debemos tener en cuenta que donde mejor se refleja esta realidad es en las cifras incluidas en las memorias emitidas por la Fiscalía de Menores, ya que se trata de la entidad que instruye la totalidad de los hechos delictivos cometidos por menores y la que propone la adopción de las diferentes medidas judiciales o extrajudiciales que ofrece el catálogo de la Ley orgánica de la responsabilidad penal de los menores 5/2000, de 12 de enero. Según los datos incluidos en estas memorias, durante el año 2014 se incoaron un total de 1.081 procedimientos por delitos contra la libertad sexual, frente a los 1.124 de 2013, los 1.217 del año 2012, los 1.251 de 2011, los 1.363 de 2010, 1.513 de 2009 y 1.740 de 2008 (Fiscalía General del Estado, 2015). Desglosados por tipos delictivos de agresión sexual y abuso sexual, en 2014 fueron 440 los expedientes de Fiscalía abiertos por agresiones sexuales frente a 641 casos por abusos sexuales. En 2013 los expedientes abiertos por agresión sexual fueron 575, frente a los 537 de 2012 y los 594 de 2011. En 2013, por abuso sexual hubo 549 frente a los 680 de 2012 y los 657 de 2011. En relación a la relevancia del fenómeno de la delincuencia sexual en menores infractores podemos exponer el dato de que en el año 2014 los delitos sexuales supusieron el 3.93% del total de expedientes incoados en la jurisdicción de menores, siendo el 3.81% en el 2013. (fig. 1)
En relación a los datos obtenidos, podríamos concluir que la delincuencia sexual en adolescentes constituye un fenómeno que requiere de una atención considerable, dada la gravedad del mismo y la extraordinaria permeabilidad terapéutica que se deriva del momento evolutivo en el que nos encontramos, la cual facilitaría la minimización de la probabilidad de reincidencia si contáramos con intervenciones debidamente validadas y contrastadas a nivel científico (Heighes, 2014).
A la hora de comprender mejor las causas y características de los menores implicados en delitos contra la libertad sexual, debemos tener en cuenta que éstos no constituyen un grupo homogéneo, sino que la diversidad y la heterogeneidad son algunas de sus características principales (Andrade, Vincent y Saleh, 2006; Awad y Saunders, 1991; Chaffin, 2008; Hunter, Figueredo, Malamuth y Becker, 2003; Rajlic y Gretton, 2010; Ryan, Miyoshi, Metzner, Krugman y Fryer, 1996). Por lo tanto, estos adolescentes no se van a beneficiar de igual forma de los distintos tipos de intervención que podamos ofrecerles (Heighes, 2014), sino que un tratamiento eficaz necesariamente deberá tomar en consideración tal diversidad y atender tanto a los elementos comunes como a los aspectos diferenciales dentro de esta población.
Para tales propósitos se han establecido diferentes clasificaciones, una de las cuales ha sido aquella destinada a objetivar si existen realmente diferencias entre los menores de edad que cometen delitos no sexuales y aquellos que cometen delitos sexuales. Seto y Lalumiere (2010) han hallado evidencias que muestran la existencia de diferencias entre estos dos grupos, en especial en lo relacionado con rasgos antisociales de la personalidad, creencias y valores antisociales, problemas tempranos de conducta, problemas sociales, inteligencia y psicopatología. Así, en relación con los menores infractores que cometen delitos no sexuales, los agresores sexuales juveniles tienen un menor historial antisocial, se relacionan en menor medida con iguales disociales, presentan un menor abuso de drogas, una mayor victimización (sexual, emocional o física) y habrían sido expuestos en mayor medida a la pornografía o a la violencia en la propia familia, mostrando intereses sexuales desviados en mayor proporción que los menores infractores con delitos no sexuales.
Una vez establecidas estas diferencias, aún habría que clarificar si existían diferentes subtipos de agresores sexuales juveniles que pudieran presentar distintas necesidades criminógenas. Entre los distintos subgrupos establecidos en el análisis de los agresores sexuales juveniles se han hallado diferencias en función de la relación que mantuvieran con la víctima, pudiendo ser ésta una persona conocida, desconocida o familiar del agresor (Bartosh, Garby, Lewis y Gray, 2003). También se han diferenciado subgrupos a partir de la existencia de un historial de conducta antisocial previo (Becker y Kaplan, 1988; Seto y Barbaree, 1997). Por último, otra de las clasificaciones que se ha establecido para este efecto ha sido la que resulta de tener en cuenta la edad de las víctimas, distinguiendo entre adolescentes que abusan o agreden sexualmente a niños menores y adolescentes que abusan o agreden sexualmente a otros iguales o adultos. Sin embargo, el criterio para acordar cuándo se considera a una víctima como menor ha sido distinto en las diferentes investigaciones al respecto. En algunos estudios se utiliza exclusivamente la edad de las víctimas, por ejemplo, que éstas sean menores de 12 años, independientemente de la edad del agresor (Hsu y Starzynski, 1990; Hunter et al., 2003). Sin embargo en otras investigaciones lo que se tiene en cuenta es la diferencia de edad entre víctima y agresor, la cual suele situarse en los 4 años (Awad y Saunders, 1991; Fanniff y Kolko, 2012) o en los 5 años (Gunby y Woodhams, 2010; Hendriks y Bijleveld, 2004). Finalmente, otros trabajos utilizan un criterio combinado a partir de los dos anteriores, como es el caso de la propuesta de Aebi, Vogt, Plattner, Steinhausen y Bessler (2012), los cuales consideran que una víctima es menor cuando ésta tiene menos de 12 años y es al menos 3 años más joven que su ofensor. En la misma línea, Skubic-Kemper y Kistner (2007) y Worling (1995) también establecen que la víctima es menor cuando ésta tiene menos de 12 años, pero amplían la diferencia de edad entre víctima y agresor a 4 años.
Teniendo en cuenta la clasificación en función de la edad de la víctima, los resultados de diversas investigaciones en general señalan que existen diferencias significativas entre los agresores de menores y los agresores de iguales. Hunter et al. (2003) encontraron que los adolescentes abusadores sexuales de menores, en relación con los agresores de iguales, presentan mayores déficits en el funcionamiento psicosocial, mayores alteraciones emocionales de ansiedad y depresión y son más propensos a abusar de familiares que de desconocidos. Por su parte, Hendriks y Bijleveld (2004) hallaron diferencias significativas entre ambos grupos, presentando los agresores sexuales de menores un mayor índice de neuroticismo y una autoestima más deficiente; igualmente los agresores sexuales de menores aparecieron más frecuentemente como víctima de acoso escolar y presentaron un mayor aislamiento social. Sin embargo, Worling (1995) no halló diferencias significativas entre abusadores de menores y agresores sexuales de iguales en aislamiento social o autoestima. Es de destacar que no se han hallado estudios o investigaciones de ámbito nacional sobre los delincuentes sexuales juveniles que traten de objetivar diferentes perfiles que favorezcan la intervención con los mismos, por lo que el presente estudio puede facilitar la apertura de una línea de interés clave sobre el tratamiento de menores implicados en delitos de índole sexual.
Atendiendo a todo lo expuesto, el objetivo fundamental de la presente investigación es describir y analizar una serie de factores psicosociales, conductuales y emocionales que se consideran relevantes en la caracterización de los menores implicados en delitos contra la libertad sexual, definiendo dos perfiles en función del tipo de víctima a la que se agrede. Así, en el presente trabajo nos centraremos en la distinción entre adolescentes que abusan de niños menores o adolescentes o los agreden sexualmente y adolescentes que abusan de otros iguales o adultos o los agreden sexualmente.
En concreto, esperamos encontrar cómo los adolescentes que abusan de menores o los agreden sexualmente presentarán un patrón comportamental y emocional caracterizado fundamentalmente por la falta de habilidades de relación interpersonal, el aislamiento social y una mayor victimización, mientras que los adolescentes que abusan de iguales o adultos o los agreden sexualmente presentarán un perfil más antisocial, caracterizado por un mayor consumo de drogas, un mayor historial delictivo previo de delitos no sexuales y un repertorio de afrontamiento más agresivo.
MétodoProcedimientoLa presente investigación es un estudio retrospectivo en el que se comparan dos muestras de delincuentes sexuales juveniles, clasificados en función de la edad de sus víctimas, por lo que se han recogido los datos de los sujetos que han cumplido medidas de internamiento en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales “El Pinar” y “Teresa de Calcuta”, dependientes de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), por un delito de agresión o abuso sexual desde el año 2006 hasta el año 2015. En la recolección de datos no se aplicó ningún instrumento ad hoc, sino que se recopiló toda la información a partir del estudio completo del expediente administrativo-judicial de cada sujeto, previa autorización de ARRMI, que es la entidad encargada de custodiar la información relativa a los menores infractores. El expediente personal de cada menor consta de una codificación específica para preservar su anonimato. En dicho expediente administrativo-judicial encontramos tres tipos de documentos: los informes técnicos emitidos por los centros responsables de la ejecución de la medida judicial, el Historial Criminológico y Social, versión juvenil HCS-J (Graña y González, 2008) y el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes - IGI-J (Garrido, López y Silva, 2006). Estos tres tipos de documentos habían sido cumplimentados previamente a la realización de la presente investigación por los equipos técnicos (compuestos por educador/a, trabajador/a social y psicólogo/a) responsables de cada caso durante la ejecución de la medida judicial, ya que constituyen una parte del protocolo de evaluación que se aplica a todos los menores que ingresan en un centro de ejecución de medidas judiciales en la Comunidad de Madrid.
Los informes técnicos de evaluación inicial, seguimiento y valoración final, emitidos por el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales responsable de la ejecución de la medida en cada caso, constan de cuatro áreas fundamentales (adaptación al centro, socio-familiar, desarrollo personal y educativa), dando cuenta de una manera multidimensional de la situación del menor antes del ingreso y de su evolución durante la medida judicial de internamiento.
El Historial Criminológico y Social, versión juvenil - HCS-J (Graña y González, 2008) es un instrumento diseñado a instancias de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). Este instrumento es cumplimentado por los técnicos responsables del caso en el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales al inicio de la medida de internamiento y consiste en un registro de información estructurada que incluye datos judiciales y administrativos, datos familiares y socioeconómicos, datos escolares-formativos y laborales, datos sobre el grupo de relación, ocio y tiempo libre, conductas adictivas, salud mental y datos sobre personalidad y conducta.
Por último, el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes (IGI-J), de Garrido et al. (2006) es la adaptación española del Youth Level of Service/ Case Management Inventory (YLS/CMI), de Hoge y Andrews (2002). Se trata de un instrumento destinado a valorar y gestionar el riesgo de reincidencia general en conductas delictivas, examinando las áreas que se consideran más relevantes en la vida de los jóvenes. La primera parte del IGI-J consta de 42 ítems agrupados en 8 áreas o factores de riesgo: 1) delitos y medidas judiciales pasadas y actuales, 2) pautas educativas, 3) educación formal y empleo, 4) relación con el grupo de iguales, 5) consumo de sustancias, 6) ocio/diversión, 7) personalidad/conducta y 8) actitudes, valores y creencias. Cada uno de estos factores está dividido en una serie de ítems, operativamente definidos en la Guía de Utilización del propio instrumento, que deben ser valorados por los profesionales responsables del caso en una escala dicotómica de presencia/ausencia a partir de la información extraída de una entrevista semiestructurada, de la observación del sujeto, de la documentación que se tenga de él y de otras fuentes que resulten relevantes (entrevistas con familiares o con otros profesionales que hayan intervenido en el caso). Añadida a esta primera parte se incluyen otras áreas destinadas a valorar otros factores relevantes en cuanto a los progenitores o el menor, la valoración del riesgo y el establecimiento de una hipótesis explicativa del caso, el nivel de supervisión requerido y el establecimiento de objetivos generales y específicos y su evaluación. Este inventario es cumplimentado conjuntamente y de manera consensuada por los miembros del Equipo Técnico de cada menor internado (educador/a, trabajador/a social y psicólogo/a) al inicio de la medida judicial y es revisado periódicamente hasta que finaliza dicha medida judicial. Señalar que el personal técnico fue entrenado de manera específica en la cumplimentación de este instrumento, a través de la realización de un curso formativo. Por último indicar que en la presente investigación se han computado los datos de cada sujeto que fueron recogidos en la primera aplicación del instrumento al ingreso en el centro.
Una vez obtenida toda la información relativa a las variables estudiadas, se procedió a la tipificación de los datos y a su posterior análisis.
ParticipantesEn este estudio se recopiló información de un total de 63 adolescentes varones que habían cumplido una medida judicial de internamiento en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid “El Pinar” y “Teresa de Calcuta”, por la comisión de al menos un delito de agresión o abuso sexual, juzgados en el marco de la Ley 5/2000 de responsabilidad penal de los menores, entre los años 2006 y 2015. Los participantes, en el momento de la comisión de los hechos delictivos, tenían edades comprendidas entre los 14 y los 17 años (M=16.08, DT=1.08).
Teniendo en cuenta los propósitos del presente estudio, los sujetos fueron divididos en función del tipo de víctima, conformándose dos grupos: los adolescentes abusadores o agresores sexuales de menores (grupo AM) y los adolescentes abusadores o agresores sexuales de iguales o adultos (grupo AI). A este respecto, se consideró una víctima como menor cuando existía una diferencia de edad entre víctima y ofensor de al menos 4 años a favor de éste, siguiendo el criterio de otros estudios anteriores (Awad y Saunders, 1991; Fanniff y Kolko, 2012). De este modo los dos grupos quedaron definidos de la siguiente manera:
Grupo AM. Este grupo estaba constituido por 21 sujetos con una media de edad de 16.10 años en el momento de la comisión del delito (DT=1.14). Un 47.6% de estos sujetos tenía nacionalidad española, un 38.1% procedía de Latinoamérica, un 9.5% de Marruecos y un 4.8% tenían otras nacionalidades.
Grupo AI. El segundo grupo lo componían 42 participantes, con una media de edad en el momento de la comisión del delito de 16.07 años (DT=1.07). Con respecto a la nacionalidad, un 40.5% tenían nacionalidad española, un 21.4% procedían de países latinoamericanos, un 21.4% eran marroquíes, un 14.3% tenían nacionalidad rumana y un 2.4% provenían de otros países.
Comparando ambos grupos, podemos observar cómo no aparecen diferencias significativas en cuanto a la edad, t(61)=0.82, p>.05, ni en cuanto a la nacionalidad de los sujetos, χ2(4)=5.994, p>.05, por lo se considera que ambos grupos se distribuyen de manera homogénea en estas variables.
ResultadosCaracterización delictivaComo puede observarse en la tabla 1, se han encontrado diferencias significativas en todas las variables contempladas en este área. De esta manera, el grupo AI ha precisado del uso de la violencia para la comisión del delito en un porcentaje significativamente superior al grupo AM, 90.5% frente a 38.1% respectivamente, χ2(1)=19.496, p<.01. En cuanto al sexo de la víctima encontramos que, mientras que tan sólo un 14.3% de víctimas eran varones en el grupo AI, el porcentaje de víctimas varones asciende al 47.6% en el grupo AM, χ2(1)=8.210, p<.01. Por otra parte, también se encontraron diferencias significativas en cuanto a la relación que mantenían agresor y víctima, χ2(2)=23.610, p<.01; aunque en ambos grupos lo más común fue la existencia de algún tipo de relación previa, cabe destacar que más de la mitad de las víctimas del grupo AM eran familiares (52.9%) mientras ninguna víctima tenía este tipo de relación familiar con su ofensor en el grupo AI. En lo referente al número de ofensores, ningún miembro del grupo AM cometió el delito en grupo, mientras que en el grupo AI el 38.1% de los delitos fueron cometidos por varios ofensores, χ2(1)=10.723, p<.01). Por último, destacar que más de la mitad de los miembros del grupo AI (el 59.5%) presentaban otros delitos de carácter no sexual, descendiendo este porcentaje al 23.8% en el grupo AM, χ2(1)=7.159, p<.01).
Análisis de chi-cuadrado de las variables referentes a la caracterización de los delitos
| Total | Agresores sexuales de menores (AM) | Agresores sexuales de iguales (AI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | RTC | % | RTC | ||
| Violencia en el delito | ||||||
| Sí | 70.3 (n=46) | 38.1 (n=8) | -4.4 | 90.5 (n=38) | 4.4 | χ2(1)=19.496, p<.01 |
| No | 27.0 (n=17) | 61.3 (n =13) | 4.4 | 9.5 (n=17) | -4.4 | |
| Sexo de la víctima | ||||||
| Hombre | 25 (n=16) | 47.6 (n =10) | 2.9 | 14.3 (n=6) | -2.9 | χ2(1)=8.210, p<.01 |
| Mujer | 74 (n=47) | 52.4 (n =11) | -2.9 | 85.7 (n=36) | 2.9 | |
| Relación ofensor - víctima | ||||||
| Desconocida | 25.4 (n=16) | 4.8 (n=1) | -2.7 | 35.7 (n=15) | 2.7 | χ2(2)=23.610, p<.01 |
| Conocida | 60.3 (n=38) | 52.4 (n=11) | -0.9 | 64.3 (n=27) | 0.9 | |
| Familiar | 14.3 (n=9) | 52.9 (n=9) | 4.6 | 0 (n=0) | -4.6 | |
| Número ofensores | ||||||
| Individual | 74.6 (n=47) | 100 (n=21) | 3.3 | 61.9 (n=26) | -3.3 | χ2(1)=10.723, p<.01 |
| Grupal | 25.4 (n=16) | 0 (n=0) | -3.3 | 38.1 (n=16) | 3,3 | |
| Otros delitos no sexuales | ||||||
| Sí | 47.6 (n=30) | 23.8 (n=5) | -2.7 | 59.5 (n=25) | 2.7 | χ2(1)=7.159, p<.01 |
| No | 52.4 (n=33) | 76.2 (n=16) | 2.7 | 40.5 (n=17) | -2.7 | |
Nota. RTC: residuos tipificados corregidos.
En definitiva, podemos afirmar que los miembros del grupo AM tienden a seleccionar víctimas con las que tienen una relación de confianza o un vínculo familiar, sirviéndose habitualmente de estrategias no violentas para consumar el delito, el cual es cometido en solitario. Sin embargo, los integrantes del grupo AI suelen utilizar la violencia en mayor medida para llevar a cabo sus delitos sexuales, aumentando significativamente el porcentaje de agresiones a personas desconocidas y agresiones sexuales en grupo. Además, los integrantes del grupo AI son más proclives a presentar otras conductas delictivas no sexuales que el grupo AM.
Victimización sexualEn cuanto a la victimización por abuso sexual, tan sólo se ha podido confirmar la existencia de este tipo de abusos en un 15.9% del total de los participantes. Comparando los grupos AM y AI, encontramos cómo han aparecido diferencias significativas en esta variable, χ2(1)=11.649, p<.01, siendo el grupo AM el que ha presentado un mayor nivel de victimización: un 38.1% de los integrantes del grupo AM había sido víctima de abuso sexual, frente a un 4.8% en el grupo AI (ver tabla 2).
Análisis de chi-cuadrado de la victimización sexual
| Total | Agresores sexuales de menores (AM) | Agresores sexuales de iguales (AI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | RTC | % | RTC | ||
| Victimización sexual | ||||||
| Sí | 15.9 (n=10) | 38.0 (n=8) | 3.4 | 4.8 (n=2) | -3.4 | χ2(1)=11.649, p<.01 |
| No | 84.1 (n=53) | 61.9 (n=13) | - 3.4 | 95.2 (n=4) | 3.4 | |
Nota. RTC: residuos tipificados corregidos.
En relación a los aspectos familiares, como puede contemplarse en la tabla 3, no han aparecido diferencias significativas entre los grupos AM y AI en ninguna de las variables estudiadas. En todo caso, tomando estos datos en conjunto, podemos observar cómo la mayoría de los sujetos procedían de familias desestructuradas con estilos educativos inadecuados: sólo un 34.9% de los participantes provenía de una estructura familiar nuclear y un porcentaje aún menor (4.8%) presentaba un estilo educativo democrático/de apoyo, siendo lo más frecuente una elevada permisividad (39.7%) o negligencia en el establecimiento de normas (33.3%). Por otra parte, un porcentaje elevado de los sujetos había sido víctima de abandono familiar (entendiendo éste como la pérdida por abandono voluntario de al menos uno de los progenitores o una extrema negligencia que provocó una desatención grave de las necesidades básicas durante la infancia), habiendo aparecido esta condición en el 46% del total de los casos. El maltrato físico ha aparecido también frecuentemente, habiéndolo sufrido los sujetos de ambos grupos de manera similar, bien directamente como víctimas o bien indirectamente como testigos (un 23.8% del total de los casos en ambas variables).
Análisis de chi-cuadrado de las variables de índole familiar
| Total | Agresores sexuales de menores (AM) | Agresores sexuales de iguales (AI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | RTC | % | RTC | ||
| Estructura familiar | ||||||
| Nuclear | 34.9 (n=22) | 38.1 (n=8) | 0.4 | 33.3 (n=14) | -0.4 | χ2(4)=1.899, p>.05 |
| Monoparental | 34.9 (n=22) | 33.3 (n=7) | -0.2 | 35.7 (n=15) | 0.2 | |
| Reconstituida | 11.1 (n=7) | 14.3 (n=3) | 0.6 | 9.5 (n=4) | -0.6 | |
| Tutelado | 14.3 (n=9) | 14.3 (n=3) | 0.0 | 14.3 (n=6) | 0.0 | |
| Otros | 4.8 (n=3) | 0 (n=0) | - 1.3 | 7.1 (n=3) | 1.3 | |
| Estilo educativo | ||||||
| Negligente | 33.3 (n=21) | 28.6 (n=6) | - 0.6 | 35.7 (n=15) | 0.6 | χ2(4)=5.250, p>05 |
| Permisivo | 39.7 (n=25) | 57.1 (n=12) | 2.0 | 31.0 (n=13) | -2.0 | |
| Autoritario | 1.6 (n=1) | 0 (n=0) | 0.7 | 2.4 (n=1) | 0.7 | |
| Inconsistente | 20.6 (n=13) | 14.3 (n=3) | -0.9 | 23.8 (n=10) | 0.9 | |
| Democrático | 4.8 (n=3) | 0 (n=0) | -1.3 | 7.1 (n=3) | 1.3 | |
| Consumo de drogas en la familia | ||||||
| Sí | 30.2 (n=19) | 28.6 (n=6) | - 0.2 | 31.0 (n=13) | 0.2 | χ2(1)=0.038, p>.05 |
| No | 69.8 (n=44) | 71.4 (n=15) | 0.2 | 69.0 (n=23) | -0.2 | |
| Delincuencia en la familia | ||||||
| Sí | 17.5 (n=11) | 14.3 (n=3) | - 0.5 | 19.0 (n=8) | 0.5 | χ2(1)=0.220, p>.05 |
| No | 82.5 (n=52) | 85.7 (n =18) | 0.5 | 81.0 (n=34) | -0.5 | |
| Víctima de violencia familiar | ||||||
| Sí | 23.8 (n=15) | 28.6 (n=6) | 0.6 | 21.4 (n=9) | -0.6 | χ2(1)=0.394, p>.05 |
| No | 76.2 (n=48) | 71.4 (n =15) | -0.6 | 78.6 (n=33) | 0.6 | |
| Testigo de violencia familiar | ||||||
| Sí | 23.8 (n=15) | 23.8 (n=5) | 0 | 23.8 (n=10) | 0 | χ2(1)=0.000, p>.05 |
| No | 76.2 | 76.2 | 0 | 76.2 | 0 | |
| Víctima de abandono familiar | ||||||
| Sí | 46.0 | 52.4 | 0.7 | 42.9 | -0.7 | χ2(1)=0.511, p>.05 |
| No | 54.0 | 47.6 | -0.7 | 57.1 | 0.7 | |
Nota. RTC: residuos tipificados corregidos.
En cuanto a los aspectos escolares, en la tabla 4 se muestran cómo han aparecido diferencias significativas en el nivel de absentismo escolar, χ2(1)=5.864, p<.05, y en la victimización por acoso escolar, χ2(1)=7.192, p<.01. Esto indica en primer lugar que, aunque ambos grupos presentaban un elevado nivel de disrupción en el ámbito escolar, mostrando importantes porcentajes de conductas disfuncionales que habían sido motivo de expulsión, los integrantes del grupo AI eran significativamente más absentistas (un 88.1%) que los integrantes del grupo AM (61.9%). En cuanto a la victimización por acoso escolar, un tercio de los integrantes del grupo AM (33.3%) había sufrido acoso escolar, frente a tan sólo un 7.1% del grupo AI.
Análisis chi-cuadrado de las variables escolares
| TOTAL | Agresores sexuales de menores (AM) | Agresores sexuales de iguales (AI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | RTC | % | RTC | ||
| Nivel académico | ||||||
| EP–I | 6.3 (n=4) | 4.8 (n=1) | -0.4 | 7.1 (n=3) | 0.4 | χ2(3)=1.732, p>.05 |
| EP–C | 3.2 (n=2) | 4.8 (n=1) | 0.5 | 2.4 (n=1) | -0.5 | |
| ESO–I | 57.1 (n=36) | 66.7 (n=14) | 1.1 | 52.4 (n=22) | -1.1 | |
| PCPI | 33.3 (n=21) | 23.8 (n=5) | -1.1 | 38.1 (n=16) | 1.1 | |
| Conducta disruptiva | ||||||
| Sí | 55.0 (n=33) | 42.9 (n=9) | -1.4 | 61.5 (n=24) | 1.4 | χ2(1)=1.925, p>.05 |
| No | 45.0 (n=27) | 57.1 (n=12) | 1.4 | 38.5 (n=15) | -1.4 | |
| Absentismo escolar | ||||||
| Sí | 79.4 (n=50) | 61.9 (n=13) | -2.4 | 88.1 (n=37) | 2.4 | χ2(1)=5.864, p<.05 |
| No | 20.6 (n=13) | 38.1 (n=8) | 2.4 | 11.9 (n=5) | -2.4 | |
| Víctima de acoso escolar | ||||||
| Sí | 15.9 (n=10) | 33.3 (n=7) | 2.7 | 7.1 (n=3) | -2.7 | χ2(1)=7.192, p<.01 |
| No | 84.1 (n=53) | 66.7 (n=14) | -2.7 | 92.9 (n=39) | 2.7 | |
Nota. RTC: residuos tipificados corregidos, EP-I: educación primaria incompleta, EP-C: educación primaria completa, ESO-I: educación secundaria obligatoria incompleta, PCPI: programa de cualificación profesional inicial.
Tal y como puede observarse en la tabla 5, existen diferencias significativas entre los grupos AM y AI en relación al consumo de drogas, χ2(1)=5.399, p<.05. Un 64.3% de los integrantes del grupo AI consumían habitualmente drogas ilegales, como cannabis, cocaína u otras sustancias; sin embargo este porcentaje desciende al 33.3% en el grupo AM. Este último grupo consumía sólo alcohol o no consumía ningún tipo de droga de manera habitual en un porcentaje mayoritario (6.7%).
Análisis de chi-cuadrado del consumo de drogas
| Total | Agresores sexuales de menores (AM) | Agresores sexuales de iguales (AI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | RTC | % | RTC | ||
| Consumo de drogas | ||||||
| No/sólo alcohol | 46 (n=29) | 66.7 (n=14) | 2.3 | 35.7 (n=15) | -2.3 | χ2(1)=5.399, p<.05 |
| Consumo de otras sustancias | 54 (n=34) | 33.3 (n=7) | -2.3 | 64.3 (n=27) | 2.3 | |
Nota. RTC: residuos tipificados corregidos.
Los resultados relativos al grupo de iguales, es decir, el tipo de relaciones interpersonales que los sujetos mantenían en su medio natural antes de ingresar en el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales, muestran la existencia de diferencias significativas entre los grupos, χ2(3)=12.125, p<.01. El grupo de iguales más prevalente en el grupo AI ha sido la relación con grupos violentos/disociales (61.9%), mientras que casi la mitad de los integrantes del grupo AM (un 47.6%) mostraban importantes carencias relacionales, encontrándose socialmente aislados (ver tabla 6).
Análisis de chi-cuadrado para el tipo de grupo de iguales
| Total | Agresores sexuales de menores (AM) | Agresores sexuales de iguales (AI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | RTC | % | RTC | ||
| Grupo de iguales | ||||||
| Normalizados | 15.9 (n=10) | 14.3 (n=3) | -0.2 | 16.7 (n=7) | 0.2 | χ2(3)=12.125, p<.01 |
| Grupo violento /disocial | 52.4 (n=33) | 33.3 (n=7) | -2.1 | 61.9 (n=26) | 2.1 | |
| Pertenencia a bandas | 9.5 (n=6) | 4.8 (n=1) | -0.9 | 11.9 (n=5) | 0.9 | |
| Aislado | 22.2 (n=14) | 47.6 (n=10) | 3.4 | 9.5 (n=4) | -3.4 | |
Nota. RTC: residuos tipificados corregidos.
Por último, en cuanto a los aspectos personales, se han contemplado cuatro variables: la autoestima (baja, ajustada o inflada, entendiendo ésta última condición como la presencia de sentimientos acerca de la propia valía que exceden sustancialmente los propios logros, según la conceptualización de IGI-J), el estilo de afrontamiento (pasivo, agresivo o asertivo), la presencia de rasgos de insensibilidad emocional (concebida, según las directrices del IGI-J, como una profunda despreocupación por los sentimientos y el bienestar de los demás) y la existencia de un sistema de actitudes procriminales/antisociales (según el IGI-J, se trataría de actitudes acordes con un estilo de vida delictiva o poco convencional, así como la presencia de valores, creencias y racionalizaciones acerca de los delitos que resaltan la utilidad de los mismos y rechazan las reglas sociales o las leyes vigentes).
Como puede observarse en la tabla 7, en primer lugar, se puede resaltar la ausencia de diferencias significativas en cuanto a la presencia de insensibilidad emocional, χ2(1)=0.128, p>.05, ya que el porcentaje de sujetos que presentaban estos rasgos casi asciende a la mitad en ambos grupos (42.9% en el grupo AM y 47.6% en el grupo AI). Sin embargo, el grupo AI sí presenta un porcentaje significativamente mayor de sujetos con actitudes procriminales/antisociales, χ2(1)=3.889, p<.05, en relación con el grupo AM (64.3% y 38.1% respectivamente). También han aparecido diferencias significativas en cuanto al estilo de afrontamiento, χ2(2)=14.400, p<.01). El 71.4% de los sujetos del grupo AM presentaba un estilo de afrontamiento pasivo, caracterizado por la inhibición comportamental, mientras que el estilo de afrontamiento que aparece con una mayor frecuencia entre el grupo AI es el estilo agresivo (57.1%), lo cual indica que es más probable que este último grupo manifieste conductas agresivas en la solución de problemas sociales, mientras que el grupo AM es más probable que reaccione de una manera pasiva y evitativa ante los conflictos.
Análisis de chi-cuadrado para las variables personales
| Total | Agresores sexuales de menores (AM) | Agresores sexuales de iguales (AI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | RTC | % | RTC | ||
| Autoestima | ||||||
| Baja | 46 (n=29) | 66.7 (n=14) | 2.3 | 35.7 (n=15) | -2.3 | χ2(2)=5.557, p>.05 |
| Ajustada | 11.1 (n=7) | 4.8 (n=1) | -1.1 | 14.3 (n=6) | 1.1 | |
| Inflada | 42.9 (n=27) | 28.6 (n=6) | -1.6 | 50 (n=21) | 1.6 | |
| Estilo de afrontamiento | ||||||
| Pasivo | 39.7 (n=25) | 71.4 (n=15) | 3.6 | 23.8 (n=10) | -3.6 | χ2(2)=14.400, p<.01 |
| Asertivo | 12.7 (n=8) | 0 (n=0) | -2.1 | 19 (n=8) | 2.1 | |
| Agresivo | 47.6 (n=30) | 28.6 (n=6) | -2.1 | 57.1 (n=24) | 2.1 | |
| Insensibilidad emocional | ||||||
| Sí | 46 (n=29) | 42.9 (n=9) | -0.4 | 47.6 (n=20) | 0.4 | χ2(1)=0.128, p>.05 |
| No | 54 (n=34) | 57.1 (n=12) | 0.4 | 52.4 (n=22) | -0.4 | |
| Actitudes Procriminales / antisociales | ||||||
| Sí | 55.6 (n=35) | 38.1 (n=8) | -2.0 | 64.3 (n=27) | 2.0 | χ2(1)=3.889, p<.05 |
| No | 44.4 (n=28 | 61.9 (n=13) | 2.0 | 35.7 (n=15) | -2.0 | |
Nota. RTC: residuos tipificados corregidos.
Por último, aunque no han aparecido diferencias significativas en la autoestima, χ2(2)=5.557, p>.05, los residuos tipificados corregidos muestran cómo el porcentaje de sujetos que presentan una baja autoestima es mayor de lo esperado en el grupo AM (RTC=2.3), en comparación con el grupo AI. Así el 66.7% de los sujetos del grupo AM presentaban una baja autoestima, frente al 35.7% de los sujetos del grupo AI.
DiscusiónEn primer lugar, destacar que los resultados obtenidos avalan la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, AI y AM, en gran parte de las variables estudiadas, lo que conllevaría la necesidad de plantear modelos de intervención diferenciados entre estos subgrupos (Heighes, 2014; O’Reilly y Carr, 2006; Pullman y Seto, 2012).
Aquellos aspectos relacionados con la caracterización delictiva de los menores han ofrecido notables diferencias. La violencia empleada en la comisión del delito ha sido más elevada en los AI y AM, aspecto esperable si tenemos en cuenta que en los delitos cometidos sobre niños/as apenas sería necesario el uso de la violencia para superar las resistencias de la víctima, valiéndose generalmente del engaño o de cierto grado de intimidación. Estos resultados estarían en consonancia con los obtenidos por Hunter, Hazelwood y Slesinger (2000) y Hart-Kerkhoffs, Doreleijers, Jansen, van Wijk y Bullens (2009) en relación a un mayor uso de la violencia verbal y física en los agresores sexuales de iguales o adultos frente a los agresores sexuales de menores. Se estima que esta mayor utilización de la violencia puede estar relacionada con doblegar a la víctima, con la expresión de conductas externalizantes y también con determinados aspectos motivacionales relacionados con el poder y dominio (Keelan y Fremouw, 2013). Estos aspectos motivacionales deberán sin duda tenerse en cuenta a la hora de abordar los objetivos de tratamiento, considerándose una variable fundamental en la intervención con los agresores sexuales.
En relación al sexo de la víctima, son claras las diferencias hacia la elección de una víctima femenina en el caso de los AI, estando parejo el porcentaje de víctimas niños y niñas en el caso de los AM. Fanniff y Kolko (2012) y Gunby y Woodhams (2010) hallaron resultados similares a los obtenidos en nuestra investigación, estableciendo que estas diferencias pueden estar asociadas a aspectos coyunturales sobre la disponibilidad de la posible víctima, es decir, en el caso de los AM la víctima será aquella a la que resulte más fácil acceder, sin que esté relacionado con aspectos de orientación sexual.
Otro de los aspectos considerados relevantes en los que se han hallado diferencias estadísticamente significativas es la comisión del hecho delictivo en solitario o en grupo. En este caso es más probable que la agresión o abuso se cometa en grupo en los AI, siendo en solitario en la totalidad de los casos de los AM. El hecho de que el abuso sobre niños/as se cometa de forma individual está nítidamente asociado a que es una conducta claramente reprobable en cualquier contexto social, sobre la que los mecanismos de defensa desarrollados para llevar a cabo esta conducta serán absolutamente individuales y no compartidos. En el caso de las agresiones sexuales grupales en el contexto social adolescente, la influenciabilidad ante la presión grupal puede llevar a mecanismos de defensa desresponsabilizadores que faciliten la participación en la agresión. Además, otra de las claves de este tipo de agresión que le otorga una gran relevancia es el hecho de que suele conllevar un mayor grado de violencia que aquellas agresiones cometidas por un único individuo, por lo que las consecuencias físicas y psicológicas para la víctima pueden ser aún mayores (Hart-Kerkhoffs et al., 2009).
Otra de las variables en la que ha destacado el grupo de AI ha sido la existencia de un mayor historial delictivo previo. Estos resultados concuerdan con los de numerosos estudios que han detectado la presencia de un mayor número de conductas antisociales entre los agresores sexuales de iguales (Heighes, 2014; van Wijk, van Horn, Bullens, Bijleveld y Doreleijers, 2005) y pueden llegar a estar en consonancia con determinados autores que establecen una explicación generalista en la que la conducta delictiva sexual sería una expresión más del comportamiento antisocial de estos menores (Loeber y Farrington, 1999; Smallbone, 2006), si bien existe una gran evidencia que establece otros aspectos diferenciadores entre los AI y los menores infractores sin delitos sexuales (Buttler y Seto, 2002; Seto y Lalumiere, 2010; van Wijk et al., 2005).
A nivel familiar no se han hallado diferencias significativas entre los dos grupos en ninguna de las variables estudiadas, a pesar de que la influencia de la familia como factor de riesgo del desarrollo de conductas sexualmente delictivas ha quedado demostrada a lo largo de los años (Buttler y Seto, 2002; Seto y Lalumiere, 2010). Autores como Ford y Linney (1995) han hallado diferencias significativas entre los dos grupos atendiendo a la variable “problemática familiar”, en la que no se recogían concretamente las variables familiares analizadas por nosotros, por lo que los resultados no pueden ser comparados exactamente. Una hipótesis sería que nuestros datos estarían en la línea de Hsu y Starzynski (1990) en la que la familia no condicionaría tanto el tipo de víctima seleccionada sino el delito sexual en sí, siendo de especial relevancia en ambos grupos el modelo de vinculación que la familia ofrece y que condicionaría la forma de relacionarse posteriormente, destacando en este sentido el haber sido víctima o testigo de violencia en el ámbito familiar (Marshall y Barbaree, 1990; Ryan, 1999; Seto y Lalumiere, 2010; Smallbone, 2006). Obviamente, la intervención con la unidad familiar va a resultar primordial en el tratamiento de menores implicados en delitos contra la libertad sexual, ya que no solo será un factor de riesgo relevante en la génesis de la conducta delictiva, sino que será prioritario concienciar a los progenitores o tutores sobre la necesidad de supervisión y atención a la aparición de factores de riesgo asociados a la prevención de recaídas.
Otra de las variables analizadas y en la que hemos encontrado diferencias significativas entre ambos grupos, ha sido la victimización sexual previa. Los datos sobre victimización sexual en agresores sexuales juveniles varía desde el 11% al 75% (Ford y Linney, 1995; Hendriks y Bijleveld, 2004; Hunter et al., 2003; Richardson, Kelly, Bhate y Graham, 1997). En nuestro caso la probabilidad de ser víctima de abuso sexual es nueve veces mayor en el caso de los AM que en el de los AI, lo que avalaría aquellos modelos explicativos basados en la repetición del ciclo víctima-agresor, que tienen en cuenta el aprendizaje y/o el proceso de condicionamiento en el que el umbral de excitación fisiológica es vista como un componente de la experiencia de victimización (Barbaree y Langton, 2006; Ryan, 1999; Worling, 1995), añadiéndose también el efecto propio del modelado conductual derivado del abuso sexual sufrido (Laws y Marshall, 1990). Estos datos indican la necesidad de atender a los agresores sexuales juveniles, en especial a los AM, en su proceso de victimización sexual previa, como paso necesario en el tratamiento de la conducta sexualmente violenta (Burton, Miller y Shill, 2002)
Con respecto al ámbito escolar, el hecho de que se muestren menos absentistas los AM que los AI puede nuevamente tener que ver con la mayor similitud a nivel de perfil entre los AI y los menores infractores generales, entre los que el absentismo escolar es habitual, constituyendo una de las conductas más frecuentes que reflejan el desajuste ante entornos normativos (Andrews y Bonta, 2010).
En cuanto a la victimización por acoso escolar, Hendriks y Bijleveld (2004) también han encontrado que los AM obtienen mayores puntuaciones. Esta victimización puede ser resultado de algunos factores característicos que también se han obtenido en la presente investigación y que suelen estar asociados en este grupo de menores, como la baja autoestima, las dificultades de afrontamiento o el aislamiento social (Glowacz y Born, 2013).
La relación entre el consumo de drogas y la conducta antisocial ha quedado claramente establecida a lo largo de los años, constituyendo un factor desinhibidor de determinados comportamientos antisociales (Andrews y Bonta, 2010). El consumo de drogas es otro de los factores en los que hemos obtenido diferencias a favor de una mayor presencia en el caso de los AI. Nuevamente, el hecho de que esté presente en mayor medida en este grupo puede indicar una mayor similitud entre los AI y los delincuentes juveniles con delitos no sexuales (Seto y Lalumiere, 2010). En el caso del tratamiento de los agresores sexuales juveniles deberemos establecer la funcionalidad del consumo con respecto a la conducta sexual violenta, resultando uno de los objetivos clave de la intervención ante el grado de interferencia que podría producir en el abordaje de otros factores vinculados con la delincuencia sexual, en especial al utilizarse como mecanismo de desresposabilización, al asumir su culpabilidad (Pullman y Seto, 2012).
En la interacción con iguales se han hallado evidencias a favor de un mayor aislamiento social de los AM, aspecto que puede estar en consonancia con el estilo de afrontamiento pasivo también más presente en estos menores, configurando un repertorio de habilidades sociales muy deficitario y que condiciona la posibilidad de interacción con parejas normalizadas (Carpenter, Peed y Eastman, 1995; Heighes, 2014; Magari et al., 2015), por lo que dotar de un adecuado repertorio de habilidades sociales a estos menores será imprescindible si queremos que modifiquen sus patrones de interacción disfuncionales.
Al analizar la insensibilidad emocional hemos encontrado niveles similares entre ambos grupos, siendo muy relevante en ambos. La falta de empatía presente en estas conductas violentas sexuales impide la inhibición en estas situaciones y dificulta la asunción de la responsabilidad entendiendo el daño causado, por lo que su asociación con la posibilidad de reincidencia es elevada, de ahí que esté incluida en multitud de planteamientos de tratamiento distintos, en especial en aquellos de corte cognitivo-conductual (Fannif y Becker, 2006; Pullman y Seto, 2012)
En conclusión, a través de la presente investigación hemos objetivado la existencia de dos perfiles claramente diferenciados en función de la víctima en los agresores sexuales juveniles, los AM y los AI. Los AM presentan un menor historial antisocial, tienen mayores niveles de victimización previa (abuso sexual y acoso escolar), consumen menos drogas, están más aislados socialmente y presentan una baja autoestima y un estilo de afrontamiento generalmente pasivo. Por otro lado, los AI tienen un perfil semejante a los menores infractores generales sin delitos sexuales, al presentar un mayor historial delictivo, un mayor consumo de drogas, un grupo de iguales más disocial, peor ajuste escolar, actitudes y creencias más antisociales y un estilo de afrontamiento más agresivo.
Derivado de esta clasificación deberemos atender a distintos objetivos de tratamiento en los dos grupos, considerando siempre en primer lugar la necesidad de individualización de la intervención, prioritaria en estas edades. De este modo podremos maximizar los beneficios asociados a personalizar el riesgo presente en cada menor, ajustado a sus características (Andrews y Bonta, 2010; Pullman y Seto, 2012), evitando incluso ciertos efectos iatrogénicos que podrían resultar de planteamientos globalizadores (Glowacz y Born, 2013; Hunter et al., 2003).
De este modo, de los resultados obtenidos se podrían esbozar en el caso de los AI unas líneas terapéuticas destinadas a minimizar aquellas conductas más externalizantes y relacionadas con el comportamiento antisocial y violento general en adolescentes, como puedan ser la agresividad, la impulsividad y la búsqueda de sensaciones (Buttler y Seto, 2002; Hendriks y Bijleveld, 2004). Además será necesario trabajar sobre aquellos otros aspectos que estén dificultando su ajuste prosocial, como serán el grupo de iguales, el consumo de drogas y su proceso formativo y escolarización (Finkelhor, Ormrod y Chaffin, 2009). En el caso de los AM, el objetivo central de intervención debería ser la adquisición de un repertorio adecuado de habilidades sociales que favoreciera su integración social, aumentando su autoestima y mejorando sus expectativas en las interacciones sociales (Hendriks y Bijleveld, 2004). En ambos casos se deberá prestar especial atención a las distorsiones cognitivas que dificulten la asunción de responsabilidades derivadas de su comportamiento.
Limitaciones y perspectivas futurasDado lo expuesto, con la finalidad de continuar avanzando en la comprensión del fenómeno de la delincuencia sexual en los adolescentes, sería conveniente ampliar el número de participantes en posteriores investigaciones, incorporando nuevos sujetos procedentes de medidas judiciales en el medio abierto, pudiendo así obtenerse una mayor variedad y representatividad en la muestra.
Además, teniendo en cuenta que los resultados de la presente investigación muestran que los AI presentan un mayor comportamiento violento que los AM, sería conveniente controlar la influencia de esta variable incluyendo como grupo control a menores que hayan cometido otros delitos violentos no sexuales, de cara a clarificar las diferencias que pueden existir entre éstos y los AI (Glowacz y Born, 2013).
Por otra parte, señalar que el objetivo último de nuestro trabajo tiene un carácter eminentemente práctico y aplicado, por lo que se considera que los resultados y las conclusiones aquí presentadas podrán redundar en la mejora de los tratamientos que se llevan a cabo con este tipo de menores infractores. A este respecto, desde el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales “Teresa de Calcuta”, perteneciente a la Asociación GINSO y dependiente de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reducación y Reinserción del Menor Infractor, se lleva a cabo un programa de tratamiento específico con menores que han cometido algún delito de índole sexual. Este programa de tratamiento aborda la intervención desde una perspectiva multidimensional que toma en consideración los factores de riesgo generales y la peculiaridad de cada sujeto. Así, la intervención se articula desde tres niveles o ejes interconectados: intervención familiar, grupal e individual. En el eje familiar, se pretende conseguir la colaboración e implicación de la familia en el tratamiento, promoviendo cambios en los factores relacionales que influyen en el comportamiento delictivo del menor. La parte grupal de la intervención se lleva a cabo a través del Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Agresores Sexuales Juveniles (Redondo et al., 2012), el cual es un programa estructurado que se aplica en grupos reducidos y aborda las áreas de autoestima, educación sexual, habilidades sociales, distorsiones cognitivas, autocontrol emocional, empatía con las víctimas y prevención de recaídas. Por último, el tratamiento individual incide fundamentalmente en las necesidades particulares y en las relaciones funcionales concretas que presentan los diferentes factores de riesgo en cada sujeto. En todo caso, de cara al futuro será importante determinar, a través de estudios longitudinales, la efectividad de esta intervención con el fin de objetivar la efectividad en la disminución del riesgo de reincidencia delictiva.
Conflicto de interesesLos autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.
Nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación GINSO, a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y al CEMJ “Teresa de Calcuta” por su continuo interés y colaboración en la atención y el desarrollo de intervenciones eficaces en al ámbito de los menores infractores.
