Es frecuente hablar de los problemas generados por la violencia en numerosos foros, como por ejemplo los medios de comunicación, las tertulias, los ambientes políticos, las universidades, las asociaciones de víctimas y, sobre todo, entre los profesionales que tratan tanto con las víctimas como con los agresores y las autoridades responsables de la prevención de la violencia. Por lo general estas conversaciones tienen un tono pesimista y exigente. Pesimista porque cada suceso violento, como un atentado terrorista, un feminicidio o cualquier noticia de abusos sexuales a menores, nos parece un paso atrás en los logros alcanzados de bienestar y una vida social pacífica. Consideramos la violencia algo intolerable, a eliminar, aunque la realidad parece resistirse a todas las acciones preventivas. Afortunadamente la sociedad es exigente, cada vez más intolerante con la violencia, y ya hay una gran unanimidad en el rechazo de este fenómeno.
De repente, o casi, en distintos entornos profesionales aquí en España (y en cierto sentido esto es extensible a muchos países latinoamericanos) se ha introducido la valoración del riesgo de violencia como una práctica más. Las demandas de prevención de la violencia han llegado en forma de alud, interpelando a los profesionales, a quienes se les reclama que su acción sea realmente efectiva, que evite la violencia y, sobre todo, la repetición de los hechos violentos cometidos por agresores ya identificados. Lo que hace un tiempo era solamente una exigencia, más o menos explícita, de predecir la violencia cometida por personas con trastornos mentales graves o circunscrita a entornos penitenciarios, se ha desbordado, extendiéndose a muchos otros profesionales que tan solo unos pocos años antes ni se lo hubiesen imaginado. Solo hace falta analizar lo que ha representado en los últimos 15 años la generalización de la lucha contra la violencia de género en cuanto a la variedad de profesionales implicados en ella (Muñoz-Vicente y López-Ossorio, 2016).
Las demandas sociales de prevención de la violencia han producido un efecto de innovación técnica y de incorporación a la práctica profesional de nuevos procedimientos preventivos. ¿En qué se ha avanzado profesionalmente? En muchas cosas que podemos resumir brevemente. La tecnología de valoración del riesgo de violencia es un conjunto de procedimientos que ayudan a la toma de decisiones de los profesionales en todas y cada una de sus intervenciones en las que el pronóstico futuro sea relevante tanto porque así se explicite como si no. Por ejemplo, un policía que debe intervenir después de recibir una denuncia de violencia de género o una psiquiatra que debe reubicar un paciente atendiendo a la posible conducta violenta del mismo. También un trabajador social que tiene que gestionar una medida de libertad vigilada de un joven infractor, el equipo de tratamiento de un centro penitenciario que ha de emitir un informe de libertad condicional de un recluso, una psicóloga forense que ha de valorar las secuelas de los malos tratos en una mujer víctima de la violencia de género. Todos estos son ejemplos de la variedad de situaciones en las que a los profesionales se les requiere elaborar pronósticos para prevenir la violencia. Las decisiones de los profesionales siempre comportan estimar, directa o indirectamente, qué podría pasar en el futuro inmediato con el caso en el que están actuando.
El mensaje central de la tecnología de la evaluación del riesgo de violencia ya ha calado en el campo de muchos profesionales, entre ellos los operadores jurídicos. Este mensaje no es otro que distinguir y clasificar los riesgos en cuatro niveles: bajo, medio, alto o extremo. Esta categorización tiene como finalidad esencial poder gestionar esos riesgos de forma adecuada. Era lógico que se produjese esta innovación entre los profesionales que tratan la violencia, porque esto es ya habitual en muchos otros campos (meteorología, sismología, salud pública, riesgo de incendios, etc.) donde la prevención es la guía de actuación. Lo primero que han de hacer los profesionales es identificar el riesgo del tipo de suceso que quieren prevenir. Ahora casi ningún profesional que se precie de hacer bien su trabajo, sea del gremio que sea, olvida pronosticar el futuro en clave de riesgos categorizados.
Incorporar la valoración del riesgo entre las competencias profesionales es un avance importante que requiere conocer sus técnicas particulares y disponer de las habilidades para realizar estos pronósticos. Para esta de cualquier profesional que se enfrente a la prevención de la violencia, el Manual de Evaluación del Riesgo de Violencia que analizamos en esta reseña será de enorme utilidad. Quien quiera saber todo lo que envuelve a la práctica profesional, los fundamentos técnicos y los recursos disponibles, encontrará en este Manual la oferta actual de guías, protocolos y otros instrumentos de valoración de riesgo útiles para prevenir cualquier tipo de violencia.
La evaluación del riesgo de violencia es un procedimiento técnico para estimar la probabilidad de aparición futura de conducta violenta atendiendo a los condicionantes pasados, presentes y futuros. Consiste en seleccionar información relevante y significativa para cada caso particular, a fin de conocer las condiciones que pueden aumentar o disminuir el riesgo de violencia. Para estimar eficientemente la probabilidad de que una persona se comporte de manera violenta en un futuro deben tenerse en cuenta diversos elementos, como por ejemplo el tipo de conducta a predecir, los factores de riesgo específicos, las tasas de prevalencia, los escenarios de riesgo y, sobre todo, el intervalo temporal del pronóstico (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). Atendiendo a estas variables, no sólo se alcanza una estimación de la probabilidad de ocurrencia de violencia en el futuro, sino también la identificación de los focos de la intervención y las orientaciones para diseñar el plan de tratamiento y seguimiento (Arbach-Lucioni et al., 2015).
Desde 2005, cuando se publicaron en castellano el HCR-20, el SVR-20 y el SARA, hasta hoy, se han producido muchas iniciativas en España que han favorecido el desarrollo de la tecnología de la valoración del riesgo de violencia y su introducción en el mundo profesional. Destacan, además de las aportaciones propias de los grupos de investigación universitarios (de la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valencia), las realizadas por otras instituciones que muy pronto se comprometieron con estas innovaciones. Así el Ministerio del Interior del Gobierno de España impulsó el proyecto VIOGEN, que contiene unas herramientas nuevas, el VPR y el VPER, de uso generalizado por parte de los cuerpos policiales para prevenir la violencia de género. La policía del País Vasco desarrolló en Euskadi el EPV-R, un protocolo pionero en la valoración policial del riesgo de violencia contra la pareja. El Circuito de Barcelona contra la Violencia de Género construyó el RVD-BCN para que todos sus profesionales que se ocupan de la prevención de la violencia de género dispusiesen de una herramienta ágil y válida en el cribado del riesgo de violencia contra la mujer ejercida por sus parejas y exparejas varones. Simultáneamente la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña adaptó el SAVRY para su uso en el campo de la Justicia Juvenil y desarrolló, en colaboración con el GEAV de la Universidad de Barcelona, el RisCanvi, un protocolo de valoración del riesgo de violencia específico para el entorno penitenciario. También han surgido otras iniciativas, como la adaptación del ERASOR por parte de la consultora Justa Mesura de Barcelona. Hay que destacar la importancia también de la publicación, por parte de TEA Ediciones, de la PCL-R. Así, en menos de quince años se ha pasado de una situación en la cual la disponibilidad de instrumentos de valoración del riesgo de violencia era inexistente, a estar en unas condiciones similares a las de muchos otros países del entorno occidental avanzado (Arbach-Lucioni y Andrés-Pueyo, 2016). Esta disponibilidad de instrumentos en español ha facilitado el contacto y el intercambio masivo con los profesionales de Latinoamérica que, si bien tenían sus propias iniciativas, como las desarrolladas con tanto éxito por Folino y León en Argentina, Brasil y Ecuador (Singh, Condemarín y Folino, 2013), se han combinado a la perfección con las surgidas en España en estos años.
Es cierto que, a pesar de estos avances, la mayoría de las “evaluaciones” del riesgo de violencia, incluso cuando se hacen explícitamente–como en los informes forenses o los informes penitenciarios–siguen estando basadas en el juicio clínico de los profesionales. La tradición clínico-forense de las peritaciones y la aplicación de los programas de tratamiento para poblaciones en riesgo de realizar comportamientos violentos predomina entre los profesionales que, debido a la formación recibida, no utilizan todavía los nuevos protocolos o guías de valoración de riesgo de forma habitual. Creemos que es cuestión de tiempo que, para mejorar la eficacia de su trabajo y garantizar la trasparencia de sus decisiones pronósticas, vayan incorporando a su quehacer profesional guías y protocolos de valoración de riesgo (actuariales o de juicio clínico estructurado), si bien estos cambios son lentos y requieren tiempo. El único inconveniente proviene de las demandas sociales de mejora en la prevención de la violencia que, como vemos a diario en el caso de la violencia de género, son muy exigentes para con el trabajo de los profesionales implicados, ya sean policías, psicólogos o jueces. Para con la violencia se reclaman soluciones urgentes y eficaces, y las técnicas de valoración del riesgo, sin ser una “bala de plata” para resolver este complejo problema, mejoran de forma sustancial la eficacia de las intervenciones que tanto se demandan.
Hace unos meses, con mi colega Karin Arbach (Arbach-Lucioni y Andrés-Pueyo, 2016), preparé un trabajo, publicado en un libro editado en inglés por Jay Singh y Sheena Fazel en el que recogíamos la realidad y desarrollo actual de la práctica profesional de la valoración del riesgo de violencia en España. En 2014-2015 se realizó una encuesta internacional–en el marco del proyecto Iris (International Risk Survey)– para conocer la realidad de la práctica profesional de la valoración del riesgo de violencia por parte de los distintos profesionales que la realizan. Esta vez se incluyó también a los países de habla hispana, por lo que tenemos una primera imagen de esta situación. La conclusión por lo que respecta a la situación en España nos indica que, de manera similar al resto del mundo, en contextos profesionales encabezan la lista de instrumentos la PCL-R de Robert Hare, seguido del HCR-20. Ambos están disponibles en versiones adaptadas en español. Recientemente se ha traducido, adaptado y distribuido la nueva versión del HCR-20, la V3, en cuya traducción y adaptación colaboró el autor de este manual, que analizamos y presentamos en esta reseña.
Las exigencias sociales a los profesionales de la prevención de la violencia y la responsabilidad de éstos no solamente han potenciado la incorporación de estas técnicas a la tarea diaria de gestionar el riesgo de violencia, sino que han requerido un rigor y una transparencia elevada en la tarea técnica de elaboración de estos pronósticos. Para ello los profesionales necesitan formación y entrenamiento que les permita avanzar en el uso adecuado de las técnicas de valoración del riesgo, para lo cual la verdad es que no hay muchos recursos. Desgraciadamente, como pasa en tantas ocasiones, formación, experimentación y uso profesional se hacen simultáneamente. Sin embargo, la formación es indispensable. Hoy hay algunos recursos formativos que están al alcance de la mano de muchos profesionales, entre los cuales destacan numerosos artículos en inglés y algunos en castellano que se ocupan de este tema, los seminarios intensivos presenciales o por medio de internet (webinars), talleres en el contexto de los congresos especializados, documentos en internet, etc. No obstante, los libros siguen ocupando un espacio imprescindible para la formación y el avance en el conocimiento que los profesionales requieren para desarrollar sus servicios con calidad. Hasta ahora no había ningún texto monográfico, simple, ágil, práctico y bien escrito en castellano para estos profesionales. El Manual de Evaluación del Riesgo de Violencia de Ismael Loinaz viene a cubrir este vacío y permitirá una generalización de los conocimientos y las habilidades profesionales de enorme trascendencia.
Este Manual se estructura en tres partes y un anexo, además de las referencias–unas seiscientas muy bien seleccionadas, actualísimas, con la inclusión de las de producción nacional–y un índice analítico que incluye a los autores mencionados en el texto. Estas tres partes abarcan 13 capítulos que se ocupan de repasar la actualidad de la valoración del riesgo de violencia, tanto desde un punto de vista histórico como metodológico, procedimental y aplicado, con especial énfasis en la aproximación analítica que he mencionado en los párrafos anteriores.
En la primera parte se analizan, a lo largo de dos capítulos, los temas esenciales del origen y desarrollo de la tecnología de la valoración del riesgo de violencia: los enfermos mentales y los delincuentes violentos. En la segunda parte, en seis capítulos, se exponen los fundamentos de la valoración del riesgo y una detallada descripción de cómo se fue configurando la técnica del juicio clínico estructurado y las diferentes guías de valoración del riesgo de violencia, para exponer después la cuestión de los factores de riesgo, los conceptos claves de la valoración del riesgo y el procedimiento de aplicación práctica de esta tecnología predictiva. En este último capítulo es donde se describe la práctica fundamental de aplicación a todos los instrumentos, el denominador común de utilidad de las técnicas de valoración del riesgo para los profesionales. La tercera parte, en otros seis capítulos, presenta un descriptivo “catálogo” de los protocolos y las guías de valoración del riesgo de violencia de utilidad internacional, adaptados (casi todos ellos) al español. Lo que hace unos quince años era una lista de apenas una docena de instrumentos y guías ahora se ha convertido en un extenso–y útil–listado de más de treinta y cinco protocolos y guías para valorar el riesgo de violencia.
En la actualidad, se dispone a escala internacional de unas 150 herramientas, guías y/o protocolos para evaluar el riesgo de violencia, siguiendo la técnica del juicio clínico estructurado (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). Estos instrumentos son diferentes según atendamos a los tipos de violencia, a las poblaciones a valorar o a los entornos profesionales en que se aplican. Así, existen protocolos para valorar el riesgo de violencia física en prisiones, instituciones psiquiátricas y en otros centros de internamiento para adultos (HCR-20, START, OASys, LSI-R, COMPAS…), para jóvenes (SAVRY, IGI-J, SAPROF-YV…), para valorar el riesgo de violencia sexual (SVR-20, RSVP, J-SOAP, ERASOR…), para valorar el riesgo de violencia contra la pareja o doméstica en cualquier entorno profesional (SARA, ODARA, B-SAFER, EPV-R, RVD-BCN, SAM, DASH…), también para violencia en el contexto laboral (WRA-20, WAVR-21…), para casos de violencia radical y terrorista (VERA-2, TRAP-18…) y otros protocolos muy especializados, como son los propios para poblaciones de mujeres internadas (FAM) o los casos de crímenes de honor (PATRIARCH). Prácticamente todos ellos están descritos y referenciados en este Manual de I. Loinaz que venimos analizando.
El autor, al que conozco y aprecio personal y profesionalmente, tiene la formación, la vocación y el talento suficiente para ser garantía de la calidad del libro que comentamos. Ha estudiado Psicología en la Universidad del País Vasco, alcanzando el grado de doctor teniendo como director de tesis a uno de los mejores expertos en este campo, el profesor E. Echeburúa, académico destacado por su gran experiencia en el campo de la Psicología Clínica y pionero en nuestro país en el estudio de los problemas de la violencia doméstica, de pareja y similares. Ismael Loinaz amplió sus estudios con la Licenciatura de Criminología en la Universidad de Barcelona, donde realizó además una primera formación especializada en la aplicación de estos procedimientos. Más tarde amplió sus competencias directamente con los pioneros de estas técnicas en la Universidad Simon Fraser, en Canadá. El autor no es solamente un académico–al que le toca vivir los malos tiempos de la Universidad española–sino que mantiene un continuo contacto con el mundo profesional. Ha trabajado en proyectos conjuntos con la policía del País Vasco, con profesionales penitenciarios y de otros ámbitos, como son los servicios sociales y sanitarios que se ocupan de la gestión directa de los problemas que genera la violencia. Como es natural, su actividad académica y profesional está bien sustentada en la actividad investigadora, que desarrolla en los últimos años en el GEAV de la Universidad de Barcelona. Este libro es un buen ejemplo de su labor y crecimiento profesional que, estoy seguro, constituirá un gran recurso formativo para los estudiantes avanzados y para los profesionales en su afán por prevenir la violencia allí donde ejerzan su labor técnica.
