Un año después de aprobación por amplia mayoría en el Parlamento de la nueva Ley del tabaco 42/2010 de 30 de diciembre de 2010, en vigor desde el 2 de enero del 2011, hay acuerdo de que ha supuesto un gran avance en la protección de la salud de los ciudadanos en nuestro país. El tabaco es un carcinógeno ambiental para el cual no hay un nivel seguro de exposición. Cualquier cantidad es peligrosa y perjudicial. La ciencia ha demostrado sin duda ninguna que el humo de tabaco ambiental es capaz de causar enfermedades como el cáncer de pulmón o el infarto cardiaco en no fumadores sanos. Hay muchos motivos para dejar la ley del tabaco como está. La ley esta funcionado y su impacto en el consumo es evidente. Durante 2011 se han consumido 600 millones menos de cajetillas, lo que supone un descenso del 17% según el Comisionado para el Mercado de Tabacos dependiente del Ministerio de Hacienda. Y menos tabaco equivale, sin duda, a más salud. La ley esta ha sido aceptada con naturalidad por los españoles como demuestra un apoyo superior al 60% y un cumplimento muy alto, salvo incidentes puntuales como cualquier otra norma1. Las leyes que son claras y no dan resquicio a la interpretación se cumplen mejo y consumen menos recursos de inspección; así lo han entendido en países como Chile, Hungría, Bulgaria o Brasil, que están cambiando sus leyes imitando la ley española. Hay una satisfacción generalizada sobre sus beneficios, incluso entre la población fumadora que, no olvidemos, desean dejar de fumar en un 70% de los casos. La contaminación en el interior de los locales por las partículas finas del humo del tabaco en el aire (PM2,5), peligrosas para la salud, ha pasado de 233,3μg/m3 antes de la ley a 23,3μg/m3 lo que supone un descenso del 90%2. A la espera de los datos oficiales, el Grupo de Tabaco de semFYC ha estimado que, al menos, 600.000 fumadores se han desenganchado definitivamente del tabaco en 2011 y que la ley puede ayudar a muchos miles más a dejarlo o a no recaer en los próximos 10 años. Los menores se están iniciando menos en el consumo de tabaco al desnormalizar su consumo en lugares públicos cerrados3. Los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio se van a reducir probablemente más de un 10% en 2011 y, además, los ingresos por asma infantil se reducirán más de un 15% porque los menores no inhalan humos nocivos en locales de ocio y también se ha reducido la exposición en los hogares por una mayor consciencia social de los riesgos que eso supone para ellos4. Las mejoras en salud tienen además implicaciones importantes en ahorro de costes sanitarios y sociales. Además, el dinero que los ex fumadores gastaban en tabaco no se evapora del circuito económico, sino que se utiliza en otros productos y servicios que generan empleo y otros beneficios sociales. La ley no ha generado ni conflictos, ni disputas, ni ha alterado la armonía social. Solo algunas informaciones catastrofistas, poco fundamentadas e interesadas, han asustado y preocupado al sector de la hostelería. La mayoría de los trabajadores y también empresarios de hostelería apoyan la ley cuando pueden manifestar individual y libremente su opinión. Por el contrario, un retroceso o modificación legislativa daría motivos a disputas, conflictos y problemas puesto que grandes colectivos sociales: menores, personas frágiles, embarazadas, trabajadores y otros verían retroceder su salud de forma inmediata. La sociedad ha optado por una convivencia en espacios más saludables, anteponiendo los intereses de salud de todos, a los posibles intereses personales de algunos en fumar en determinados lugares. La ley no ha tenido efectos negativos en la frecuentación a bares y restaurantes ni en el turismo que ha aumentado un 7,7% en 2011 en el conjunto del Estado. Cualquier excepción o paso atrás pondrá en riesgo no solo los logros ya obtenidos, sino todos sus potenciales beneficios futuros. A pesar de todos estos avances, queda mucho camino por recorrer. Mientras España tiene más de un 25% de población fumadora, otros territorios como Canadá, California, Australia, Nueva Zelanda o Suecia tienen menos del 15% porque han tomado más medidas y más pronto que nosotros. Pero no podemos quedarnos aquí. Hay que alinear la fiscalidad del tabaco de liar con lo cigarrillos que actualmente es muy baja. Hay que avanzar, junto con la UE, hacia un etiquetado uniforme de las cajetillas y productos de tabaco. Hay que promover la formación de los profesionales y dar asistencia adecuada a los fumadores que quieren dejar de fumar pero su adicción se lo impide. Hay que denunciar la promoción y publicidad ilícita del tabaco que sigue haciéndose de forma sutil y encubierta. Hay que informar de forma adecuada y sistemática a la población sobre los verdaderos riesgos del tabaco, como se hace desde la Dirección General de Tráfico para prevenir los accidentes de tráfico5. Los médicos de familia y los demás profesionales de la salud que vemos cada día lo que ocurre en las consultas y en los centros sanitarios apoyaremos todas las medidas encaminadas a reducir el impacto devastador del consumo de tabaco en nuestros pacientes.
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