Desde principios de año el panorama mundial se ha centrado de forma unísona en la pandemia producida por la enfermedad COVID-19 y su propagación a otras ubicaciones geográficas después del brote en Wuhan, China, originando un gran sufrimiento tanto físico como psicológico1. Tras lo sucedido se hace necesario reflexionar sobre las posibles repercusiones que puede sufrir España, en cuanto a la salud mental, tras declarar el primer estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y sus sucesivas ampliaciones. La situación de COVID-19 en España durante el estado de alarma, según los datos extraídos del Gobierno de España, muestra un total de 177.633 casos infectados por SARS-CoV-2, siendo la Comunidad de Madrid la más afectada con más de 49.000 casos y Cataluña con más de 36.000 casos, seguidas muy por debajo del País Vasco con más de 11.000 casos2.
En primer lugar, podemos exponer que una de las situaciones más estresantes para la población general es la imprevisibilidad y la incertidumbre que genera la situación a nivel sanitario, económico y social, la falta de control de la enfermedad, el número de infectados y los riesgos derivados de la misma. En segundo lugar, la desinformación, o las creencias de bulos pueden aumentar la preocupación entre las masas. Las epidemias y pandemias generan graves estresores como el miedo a la muerte, sentimientos de soledad y desgaste social entre las personas que están en cuarentena3. España presenta un deficiente apoyo psicológico de salud pública. Este dato se apoya en la última convocatoria de psicólogos públicos, donde se convocaron 189 plazas para toda España4, extremadamente insuficiente para situaciones normales. Si a esta situación de precariedad le sumamos una pandemia, la salud mental de los españoles se resentirá y las consecuencias se verán después de la pandemia.
Otra evidencia que respalda esta tesis es que el Defensor del Pueblo inició una acción de oficio con el Ministerio de Salud, con todas las comunidades autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión de la Salud (INGESA) para averiguar si la oferta existente de atención clínica psicológica en la salud pública se adaptaba a las necesidades reales de la población. El informe del documento de estudio del Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud realizado en 2010 recoge la proporción de 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes y estima las necesidades de provisión, para aproximarse al menos a la media europea (18/100.000), en unos 7.200 profesionales. En los últimos años, las convocatorias anuales de formación especializada en salud han sido de 120-130 plazas para psicólogos internos residentes, muy por debajo del promedio europeo5.
Es importante recalcar que controlar la propagación del virus es muy costoso a todos los niveles. Una de las principales medidas para el bienestar general sería invertir en un sistema integral público de salud en el que todas las acciones, incluidas las medidas psicológicas, repercutan especialmente en los colectivos más vulnerables, como el personal sanitario, las poblaciones de riesgo según la edad, las patologías físicas y las psicopatologías.
Autores cuyos países ya han pasado por esta situación proponen que realizar programas para la detección de trastornos psiquiátricos, incluida la ansiedad y depresión, en población general y en población de riesgo, parece necesario debido a la gravedad de la vulnerabilidad especialmente en casos de cuarentena6.
