Sres. Directores: En el editorial de su Revista, correspondiente al número 2 del volumen 16, de Bustos1 se hace una revisión de las vacunas conjugadas contra Haemophilus influenzae tipo b (HiB) a raíz de la reciente comercialización en España de estas vacunas.
Además de revisar las principales características de las vacunas se hacen una serie de consideraciones acerca de cuáles pueden ser las estrategias de utilización de éstas, básicamente la estrategia de vacunación de los grupos de riesgo y la vacunación general de los lactantes.
El autor parece inclinarse por la segunda estrategia teniendo en cuenta que, si bien puede no ser coste-efectiva según la incidencia estimada en España, el considerar el alto coste humano y social de las vidas perdidas y las secuelas podría justificar la elección de esta estrategia.
En este sentido cabría hacer varias consideraciones.
En relación con la incidencia de la enfermedad, el autor2 recoge los datos de un estudio retrospectivo realizado en 1994. En el mencionado estudio se concluye, entre otras cosas, que la incidencia estimada para meningitis producidas por HiB en menores de 5 años sería del 7,6 por 100.000. Sin embargo, cuando se analizan los cálculos según los datos aportados en el estudio (tabla 1) la incidencia estimada se situaría en 5,81 por 100.000. Estas diferencias pueden ser debidas a que los autores sólo facilitan datos de 2.617 casos de meningitis, pero, al realizar el cálculo de la incidencia valoran datos de 643 casos adicionales sobre los que indican que se recogió información con posterioridad. Por otro lado, indican que sólo se recogió información de un 30,7% de centros hospitalarios que representaban el 37,5% de las camas pediátricas del Estado Español. No se indica que se realizara ninguna valoración de la representatividad de la muestra y, según se deduce del estudio, la participación de los centros fue de carácter voluntario a partir de la invitación planteada por los coordinadores del estudio.
Una revisión reciente de Huerta3 sobre el tema recoge información sobre diversos trabajos en los que la incidencia de meningitis por HiB en menores de 5 años oscila entre el 2,5 y el 13 por 100.000.
En definitiva, en este momento la información disponible sobre la incidencia en España es lo suficientemente contradictoria como para poder tomar decisiones en cuanto a la conveniencia o no de incluir la vacunación contra el HiB en los calendarios sistemáticos.
Respecto a los criterios de inclusión de la vacuna en calendarios oficiales, valorar el coste social y humano en la toma de decisiones para la incorporación de una vacuna en los calendarios sistemáticos siempre es un tema difícil.
Si se considera de forma independiente cualquier medida puede obtener resultados positivos, aunque sólo sea por el efecto placebo, lo que justifica la valoración de los efectos de forma comparada. Véase como ejemplo el trabajo de Colton4 en el que se valora la necesidad de utilizar placebos en los ensayos clínicos.
Es mas correcto realizar el análisis considerando el coste de oportunidad, entendido como aquello a lo que se está dispuesto a renunciar para conseguir el efecto deseado5, sobre todo si se tiene en cuenta que nos encontramos en un período de restricciones económicas.
En este sentido, y en el supuesto de que se demostrara que desde un punto de vista de costes es más barato tratar los casos no evitados por la vacunación contra HiB que la vacunación en sí, debería valorarse qué otras actividades se estaría en disposición de no realizar para llevar a cabo la vacunación.
Considerando como coste de la vacuna el precio de venta a laboratorio (1.756 ptas. para la vacuna más barata de las comercializadas en España) y que existen aproximadamente 39.000 nacimientos por año en la Comunidad Valenciana6, el coste anual aproximado de la vacunación sería de 70 millones de pesetas. La cuestión sería, pues, si tendría un coste social y humano mayor la vacunación sistemática contra el HiB o, pongamos por caso la desaparición de aproximadamente 14 plazas de pediatría en la Comunidad Valenciana (el sueldo medio de un pediatra se sitúa en unos 5 millones de pesetas al año).
