En un ambiente democrático, los políticos que integran el gobierno reaccionan o se anticipan a los reclamos de su electorado, a través de su intervención sobre el sistema económico, político y social bajo un conjunto de restricciones institucionales. El objetivo de este ensayo es describir y analizar las principales implicaciones de la teoría de Elección Pública y del Neoinsitucionalismo en el análisis de la acción gubernamental. El documento está dividido en dos apartados: en el primero se establecen los fundamentos teóricos de la elección pública que permiten analizar el comportamiento del gobierno, de los políticos, de los burócratas y los votantes. Esta teoría modela al gobierno como un agente racional que aplica políticas y programas públicos con el objetivo de ser evaluado de forma satisfactoria por sus electores. En el segundo apartado, se incorporan los elementos teóricos del Neoinstitucionalismo en tres de sus vertientes más importantes: histórico, sociológico y de elección racional; haciendo énfasis en el concepto de institución en cada una de ellas; y en especial en el análisis de la acción gubernamental.
In a democratic environment, the politicians who integrate the government respond or anticipate the claims of their electorate, through its intervention in the economic, political and social system under a set of institutional constraints. The aim of this paper is to describe and analyze the main implications of the Theory of Public Choice and Neoinstitutionalism in the analysis of government action. The document is divided into two sections: the first, theoretical foundations of Public Choice to analyze the behavior of the government, politicians, bureaucrats and voters are set. This theory models the government as a rational agent applying public policies and programs in order to be successfully evaluated by their constituents. In the second section, theoretical elements of neoinstitutionalism are incorporated in three of its most important streams: historical, sociological and rational choice; emphasizing the concept of institution in each of them; especially in the analysis of government action.
En las actuales sociedades democráticas, el desempeño global del gobierno está encaminado a producir un efecto positivo en la evaluación política de los ciudadanos. Los resultados electorales y algunos índices de popularidad han sido los principales indicadores del nivel de satisfacción de los votantes con relación a las políticas públicas implementadas en los diferentes niveles de gobierno: municipal, estatal o federal.
En un ambiente democrático, los políticos que integran el gobierno reaccionan o se anticipan a los reclamos de su electorado, a través de su intervención sobre el sistema económico, político y social bajo un conjunto de restricciones institucionales. Es decir, el gobierno enfrenta limitaciones políticas (la posibilidad de reelección o permanencia en el poder y la interacción con diferentes grupos y actores políticos que pueden afectar la estabilidad del sistema); restricciones económicas (el comportamiento de las diferentes variables económicas internas y externas, así como de los instrumentos de política económica que pueden afectar el desempeño de la economía); y por último las limitaciones legales y administrativas que restringen la acción del gobierno para emprender determinadas políticas que favorecerían sus resultados electorales.
El objetivo de este ensayo es describir y analizar las principales implicaciones de la teoría de Elección Pública y del Neoinsitucionalismo en el análisis de la acción gubernamental. El documento esta dividido en dos apartados: en el primero se establecen los fundamentos teóricos de la elección pública que permiten analizar el comportamiento del gobierno, de los políticos, de los burócratas y los votantes. Esta teoría modela al gobierno como un agente racional que aplica políticas y programas públicos con el objetivo de ser evaluado de forma satisfactoria por sus electores. Es decir, intentará obtener cierto nivel de rentabilidad electoral por el desempeño realizado en su gestión de gobierno. Los votantes, responderán en el mercado político electoral, dependiendo del nivel de beneficios que reciban por los programas y políticas aplicadas por el gobierno. Se crea un mercado político en el que gobierno es modelado como un empresario que espera cierto nivel de rentabilidad político electoral por las políticas públicas implementadas. Esta rentabilidad electoral dependerá de cómo los votantes perciben los beneficios del gobierno, en términos de algún incremento en su nivel de bienestar.
En el segundo apartado, se incorporan los elementos teóricos del Neoinstitucionalismo en tres de sus vertientes más importantes: histórico, sociológico y de elección racional; haciendo énfasis en el concepto de institución en cada una de ellas; y en especial en el análisis de la acción gubernamental. Sin embargo, se prioriza el Neoinstitucionalismo Económico (ne), como la corriente que mejor compagina con los supuestos de la elección pública. El ne define a las instituciones como el mecanismo que restringe y limita el comportamiento racional del gobierno, en la búsqueda de la eficiencia económica.
A) La Teoría de Elección Pública y la Acción GubernamentalLa Elección Pública o “Public Choice” se ha posicionado como una de las corrientes teóricas más importantes en la ciencia política contemporánea. Sus líneas de investigación se han diversificado en diferentes ámbitos de la ciencia política y de la economía, destacándose sobre todo en temas electorales y de votaciones.1
La elección pública ha experimentado una extrapolación de las hipótesis y metodología propias de la teoría económica para la explicación, análisis y predicción de fenómenos sociales, tradicionalmente reservados a la ciencia política (Musgrave, 1991:115). Estableciendo así un puente analítico, mediante el cual se consideran que los agentes privados del mercado son los mismos que intervienen en el ámbito público de la política, y que en ambas circunstancias, sus motivaciones y esquemas de comportamiento pueden ser análogas.
En general “Public Choice” puede ser visto como un campo de interés de los investigadores económicos y políticos, que pretenden hacer un estudio de la política a través de las herramientas analíticas de la economía y que se caracteriza fundamentalmente por el rigor teórico, las pruebas estadísticas y sus aplicaciones a los problemas políticos de las sociedades contemporáneas.
Los fundamentos básicos de la elección pública se establecieron en cinco trabajos magistrales: 1) la “Teoría del Votante Mediano” planteada por Duncan Black en 1948; 2) “La Elección Social y los Valores Individuales” de Arrow en 1950; 3) “La Teoría Económica de la Democracia” de Anthony Downs en 1957; 4) “El Calculo del Consenso” de Buchanan y Tullock en 1962; y 5) “La Lógica de la Acción Colectiva” de Mancur Olson en 1965 (Rowley y Schneider, 2004:3-5)
Supuestos Fundamentales de la Teoría de la Elección PúblicaLos investigadores afines a esta corriente pretenden explicar y predecir la conducta de los agentes políticos a través de los supuestos y técnicas de análisis de la economía pero, sobre todo apoyándose en los supuestos de la elección racional, creando modelos que explican la acción colectiva a partir de las conductas individuales en contextos fuera de los mercados económicos. Los principales elementos metodológicos del enfoque de la Elección Racional en la teoría política formal o positiva son: a) el supuesto del individualismo metodológico, alternativo al colectivismo u holismo sociológico; b) la consideración de seres humanos dotados de una racionalidad meramente instrumental o deliberativa; c) la acciones egoístas o auto-interesadas de los agentes políticos; y c) una extensa aplicación de las consecuencias no intencionadas de las acciones humanas, ajena a los esquemas armónicos de otros enfoques (Colomer, 1991: 11-18).
- a)
El individualismo metodológico explica los hechos colectivos en función de las decisiones individuales, se concibe “a los individuos como únicos responsables de la determinación de la acción del grupo así como de la acción privada” (Buchanan y Tullock, 1993:22). Se reconoce la capacidad humana de tomar decisiones voluntarias, aunque se considera que las alternativas para elegir son limitadas por las estructuras sociales, específicamente por el tipo de instituciones y reglas de decisión, así como por las interacciones con los otros agentes individuales (López, 2011).
- b)
La racionalidad es la característica que poseen los individuos para calcular y seleccionar los resultados que determina sus pautas de comportamiento en la búsqueda de maximización de la utilidad esperada. La teoría de la elección racional reconoce que los seres humanos enfrentan una motivación básica orientada a la consecución del interés propio, tomando decisiones de forma coherente con los fines que pretenden alcanzar (López, 2011).
- c)
El egoísmo o el interés personal es la principal guía de conducta de los actores, aunque la teoría reconoce que este interés personal no solamente puede ser económico, monetario o material, sino que se trata de una valoración de carácter subjetiva tendiente a la obtención de ciertos resultados, que puede variar según el campo de acción y del individuo de que se trate (López, 2011).
- d)
Consecuencias no intencionadas. La aparente contradicción de que los resultados de la acción colectiva no correspondan con las intenciones de los individuos, no contradice el supuesto de la coherencia sustentada por la teoría. Ya que existen factores externos a las decisiones individuales que pueden influir en los resultados.
El estudio y análisis del comportamiento del gobierno en su desempeño político-económico en las sociedades contemporáneas puede respaldarse tanto por la concepción de los modelos político-económicos, basados en la teoría de la elección pública; como en la tradicional concepción ortodoxa de la intervención gubernamental para solucionar las fallas del mercado en la búsqueda de la eficiencia económica.
En el enfoque de los modelos político-económicos los votantes-consumidores evalúan el desempeño del gobierno y con ello, la oportunidad de que este permanezca en el poder; que en general depende de las condiciones económicas y políticas que imperan en el momento de la elección y que han sido producto de la actuación anterior del gobierno. De ahí que desde este enfoque, el Gobierno busca manipular la economía con el propósito de permanecer en el poder; maximizando su función de utilidad. Entendiendo la maximización de la utilidad, como la maximización de la función de felicidad a lo largo del tiempo, que depende de la maximización del voto y la maximización de la función ideológica como caso especial, Frey y Lau (1968).2 Este tipo de comportamiento del gobierno ha conducido a algunos autores a pensar que los ciclos económicos son producto de la actividad política del gobierno (Frey, 1978).
En general, y atendiendo a todas las restricciones del gobierno el problema analítico que enfrenta es (Frey y Schneider 1981):
3
La maximización de una función de utilidad (U), sujeta a que en el tiempo de elección (T) la porción de votos obtenida por el gobierno (V) deberá alcanzar cierto nivel de votos (V*). Este nivel V* variará de acuerdo a ciertos factores, como son: el número de partidos del sistema político, las posibles coaliciones y las leyes electorales particulares de cada país, etc. La proporción de votos recibidos por el gobierno dependerá de las variables económicas y políticas4 (X1,...,Xn) las cuales están relacionadas en el modelo por un conjunto de ecuaciones F(X1,...,Xn)=0. No obstante, se debe aclarar que este problema es bastante complejo y difícil de resolver analíticamente y sólo se emplea en el análisis teórico, construyéndose modelos empíricos más sencillos y fáciles de probar por técnicas estadísticas o econométricas.
En el caso de la visión ortodoxa, las fallas del mercado sirven como justificación de la intervención gubernamental.5 Bator (1958), Baumol (1965), Head (1962) y otros6 proponen que la presencia de externalidades, la insuficiencia en la oferta de bienes públicos y en general, la existencia de todo tipo de fallas del mercado sirven para explicar el papel del gobierno en la economía7. Por ejemplo, la coerción gubernamental puede resolver el problema del gorrón (free rider), disminuir los efectos de terceros (externalidades), regular los monopolios naturales y además, restablecer la competencia en los mercados o sustituirla.
Sin embargo, a partir de la incorporación de los modelos de burocracia, regulatorios, de instituciones legislativas, de los enfoques de políticos y burócratas elegidos por grupos de presión, al enfoque ortodoxo de fallas del mercado, se ha planteado que las soluciones políticas a los problemas del mercado no necesariamente conducen a la eficiencia económica.
Las soluciones políticas en el mejor de los casos pueden suponer ganancias en la eficiencia pero, también pueden empeorar las fallas del mercado. Sin embargo, el tema común en estos modelos es que los actores políticos no reservan un lugar especial para la eficiencia económica en sus soluciones. Es decir, los actores políticos reaccionan o se anticipan a los reclamos de su electorado sin discriminar entre fallas del mercado o eficiencia del mercado.
La afirmación de que los políticos del gobierno reaccionan o se anticipan a los reclamos de su electorado, no es excluyente de los modelos político-económicos, que como se mencionó, suponen un gobierno que actúa sobre la economía en función de las percepciones que tiene su electorado. Actuación sujeta, por una parte, a las restricciones políticas, entendiendo esta como la posibilidad de reelección o permanencia en el poder;8 y por otra parte, regida también por la existencia de restricciones económicas, que en general, determinan como los instrumentos de política afectan la economía; y por último las restricciones legales y administrativas, en particular la existencia de las burocracias, que es el elemento característico de los gobiernos contemporáneos. Burocracias que en la mayoría de los casos se resiste a cambios estructurales en los programas de gasto, tanto como sea posible, y que por lo general tiene un continuo interés en el crecimiento de la inversión pública (Frey, 1979:311). Haciendo la a aclaración, que este planteamiento es válido sólo para la burocracia tradicional, dado que en el caso de algunos países latinoamericanos, ciertos sectores técnicos de la burocracia han promovido sustanciales cambios estructurales en el gastos públicos, en la búsqueda de un déficit fiscal mínimo.
Sin embargo, la diferencia básica entre el enfoque de fallas del mercado y los modelos político-económicos se establece a partir de los diferentes niveles de agregación, siendo los primeros un claro ejemplo de modelos microeconómicos mientras que los modelos político-económicos se refieren más al ámbito de las variables macroeconómicas. No obstante esta diferencia, lo que sí es común a ambos modelos, es que la actuación del gobierno en su desempeño económico está encaminada a emitir señales lo suficientemente perceptibles para el electorado, que no necesariamente significan que se ha incrementado la eficiencia económica o se ha corregido satisfactoriamente la falla de mercado.
Si bien es cierto, que la maximización del voto es vista como una restricción externa a la unidad global de decisión denominada Gobierno, y que como se menciona en los modelos político-económicos, limita o presiona su actuación, con la única finalidad de la búsqueda de popularidad;9 también es importante, aclarar que existen restricciones internas en torno al gobierno.
Estas restricciones internas son todas aquéllas que nacen dentro del gobierno como unidad decisora. El gobierno no es una unidad sólida, sino más bien es un conglomerado de subunidades tales como el ejecutivo, el gabinete, los líderes del partido, las diferentes categorías de los miembros del partido, etc. Tales unidades tienen intereses específicos pero, al mismo tiempo, todos ellos tienen un interés común que es permanecer en el poder. Por lo cual, forman una coalición con una típica mezcla de convergencias y divergencias de intereses (Frey, 1968:360).
Este planteamiento de la existencia de subunidades en el gobierno, permiten percibir que las soluciones políticas tanto de las fallas del mercado, como del desempeño de la economía en general tratado por los modelos político-económicos, no siempre conducen a la tan mencionada eficiencia económica. Esto es generalmente explicado por los altos costos de negociación entre los diversos agentes que intervienen en la solución de los problemas económicos y que de hecho conducen más a una eficiencia política que a una económica.
Es claro por tanto, que las políticas del gobierno se conducen estratégicamente y concentran su atención en la restricción crucial de la reelección dígase de un individuo o partido. Por tanto, cuando la corriente de popularidad del gobierno es más grande que la que se considera necesaria para ganar, el gobierno tiene la libertad de emprender políticas que incrementan su propia utilidad. Por otro lado, si su nivel de popularidad es muy bajo, el gobierno por miedo a perder las siguientes elecciones emprende políticas que incrementan su oportunidad de ganar. Sin embargo, en los últimos años los gobiernos se ven limitados por el control de las variables macroeconómicas: inflación, tipo de cambio, desempleo, tasas de interés, etc.
De ahí que las variables de las que depende la función de política podrían estar muy relacionadas con el gasto público en sus diferentes modalidades (transferencias al consumo, inversión pública, etc.), impuestos y el uso de al menos algún otro instrumento como tasas salariales o empleo en el sector público (Frey, 1978:205).
En general, existen algunas evidencias de que el gasto público se incrementa antes de cada elección, sobre todo cuando el gobierno no confía en ganar las elecciones.10 Así se ha comprobado que un incremento en las transferencias a las familias tiene un efecto positivo sobre la posición política del gobierno (Tufte, 1974).11 Esto es implícitamente explicado por todos los estudios que contemplan el crecimiento en el ingreso disponible como uno de los determinantes en los resultados electorales. Por lo tanto, esto implicaría que el bienestar social, como afirman los modelos político-económicos, no es visto como un fin del gobierno, sino como un medio para maximizar su utilidad.12 La pregunta que surge de este planteamiento es en qué medida la actuación fiscal del gobierno afecta directamente su nivel de popularidad y el éxito de las elecciones.
Por tanto, bajo los planteamientos de los modelos político-económicos se puede suponer, un gobierno monopolista de la autoridad pública que tiene varias ventajas en comparación con los partidos de oposición, pero la más importante es que el gobierno puede influir en el curso de la economía antes de las de elecciones.13 Además, la posibilidad del gobierno de poder crear coalición con los partidos en contra de los votantes, especialmente en periodos electorales, genera relativa autonomía de decisión al gobierno con respecto a su electorado (Frey, 1979:311). Sobre todo, pensando en que el riesgo de una derrota electoral es mínimo, es decir, su permanencia en el poder bajo estos supuestos está asegurada.
Esta relativa autonomía del gobierno, se plantea de una manera más desagregada, diferenciando entre casos específicos de políticos del gobierno: como por ejemplo, los legisladores y el presidente.14Moe (1990) menciona que los legisladores dependen de los restringidos intereses geográficos de sus distritos y estados, siendo por tanto sumamente sensibles a los reclamos de grupos especiales de interés. Mientras que el presidente, dado su heterogéneo electorado nacional no a tiende a reclamos especiales, sino que actúa y reacciona en términos más globales sobre los problemas sociales y de interés. Aunque estas afirmaciones, son completamente válidas para las democracias occidentales, sobre todo pensando en la reciprocidad político-votante, y por lo tanto, no se apegan completamente a la realidad latinoamericana; éstos planteamientos pueden apoyar que de alguna manera el presidente o el relevo del presidente en el caso de partidos tiene que atender a un electorado sumamente heterogéneo sobre todo en períodos estratégicos previos a las elecciones. Sin olvidar que en el caso latinoamericano, posiblemente tengan más peso algunos grupos específicos de presión o bases electorales muy bien delimitadas.
Considerando las afirmaciones anteriores, la elección de políticas públicas a emprender por los políticos del gobierno está en función básicamente de beneficiar a su electorado primario o base, antes que distribuir de manera justa y equitativa el bienestar social a toda la población (Cox, McCubbins y Sullivan, 1984:231). Es decir, los políticos, como agentes adversos al riesgo, tratan de asegurar la fidelidad de su concurrencia electoral. Esto implica, que el efecto de una política impondrá costos y conferirá beneficios sobre varios grupos del electorado, pero sobre todo, se tratará de que la política elegida centralice beneficios al electorado primario o base.
Los políticos del gobierno elegirán aquella política que les asegure una mayor cuota de votos de su base electoral, con el único objetivo de permanecer en el poder. Esto reafirma el supuesto de que el incremento del bienestar de un sector del electorado no es un fin sino un medio en la búsqueda de popularidad y que visto desde el enfoque de fallas de mercado, estas soluciones políticas a los problemas del mercado se vincularán más con la eficiencia política y no con la eficiencia económica. Eficiencia política relacionada con la maximización del voto.
Si los políticos pretenden más la eficiencia política que la económica, la política elegida por tanto, puede tener un conjunto de posibilidades en los resultados del problema, que en algunos casos puede acercarse a la eficiencia o en el peor de los casos puede empeorar la falla del mercado. Esto dependerá tanto de las interacciones de los agentes políticos, como de sus percepciones o de los recursos empleados en la solución de la falla. Estas tres consideraciones están estrechamente vinculadas, pero tienen como eje central los recursos empleados o herramientas del gobierno para solucionar los problemas públicos, Hood (1983). Herramientas que el gobierno utiliza tanto para captar información del mundo exterior, como para producir algún efecto o impacto deseado en el mismo.
No obstante, esta actuación racional del gobierno visto como un ente monolítico puede ser afectada por las restricciones institucionales, por ello es conveniente estudiar algunas de las corrientes más importantes del institucionalismo. Esta corriente de pensamiento, en gran medida ha complementado los estudios e investigaciones del programa de Elección Pública, encontrando una gran afinidad con el institucionalismo económico.
B) Elementos Teóricos del Nuevo Institucionalismo en el Análisis de la Acción Gubernamental.Las tres escuelas de pensamiento neoinstitucional más importantes en el ámbito de la Ciencia Política son: el Neoinstitucionalismo Histórico, el Neoinstitucionalismo Sociológico y el Neoinstitucionalismo de la Elección Racional, esta última muy vinculada al Neoinstitucionalismo Económico, ampliamente utilizada para analizar la actuación del gobierno.
El principal objetivo de estos enfoques es aclarar el papel que las instituciones juegan en la determinación de los resultados políticos y sociales. En este sentido, la acción gubernamental podría ser explicada por los tres enfoques teóricos:
a) El Neoinstitucionalismo Histórico destaca el “peso de las opciones institucionales de las primeras fases del desarrollo de una política o sistema político. Se menciona que las opciones iniciales (estructurales y normativas) tendrán efectos duraderos sobre las opciones políticas del futuro” (Peters, 1996:313); el propósito fundamental es explicar la persistencia en el tiempo de las instituciones y sus políticas, lo que importa es la dependencia de la trayectoria “path dependence”.15
Las instituciones se definen como los procedimientos formales o informales, rutinas, normas y prácticas insertadas en la estructura organizacional de la política. En general, las instituciones se asocian con las organizaciones y las reglas o convenciones proclamadas por una organización formal (Thelen y Steinmo, 1992; Hall, 1986; y Ikenberry,1988). Estos elementos son básicos en el análisis de la acción gubernamental, sobre todo al establecer las normas y prácticas que se realizan en este tipo de estructuras gubernamentales.
Este enfoque pone más énfasis en la persistencia y estabilidad de las organizaciones ya constituidas, y deja de lado su origen. Sin embargo, se resalta la manera como se incorporan las ideas en las estructuras que sustentan las instituciones.
El Nuevo Institucionalismo Histórico concibe al cambio como algo evolutivo pero, resalta la poca capacidad de prospectiva y por tanto de predicción del cambio; la explicación del cambio se hace a posteriori y no se puede observar cual fue la fuerza que produjo ese cambio (Peters, 1996 y 1999)
b) El Institucionalismo Sociológico. Este institucionalismo surgió dentro del campo de la teoría de la organización. Sus inicios se remontan a finales de los años 70's, cuando algunos sociólogos enfrentaron la diferencia entre una racionalidad formal de medios fines y un conjunto de prácticas asociadas con la cultura (Citado por López, 2011).
El institucionalismo sociológico discute las formas y procedimientos institucionales, aprovechadas por las organizaciones, no simplemente adoptadas por ser más eficientes para las tareas más simples, conforme a alguna racionalidad de trascendencia. Esta corriente menciona que muchas de estas formas y procedimiento deberían ser vistas como prácticas culturales específicas, parecidas a las ceremonias y mitos creados por muchas sociedades, y asimiladas dentro de las organizaciones. Donde no necesariamente se incrementaría la eficiencia en medios y fines formales, pero sí se verían como un resultado del proceso asociados con la transmisión de prácticas culturales más generalizadas (Citado por López, 2011).
Las características de este Institucionalismo son: 1) Se define a las instituciones no sólo como las reglas, los procedimientos o las normas formales, sino también como los sistemas simbólicos, las pautas cognoscitivas y los patrones morales que proporcionan los marcos de significación que orientan a la acción humana (Campbell, 1995; Scott, 1994). Esta definición elimina la concepción que divide a las instituciones y la cultura, pues ambas son complementarias; 2) La segunda característica importante es su comprensión sobre la relación entre las instituciones y la acción individual, que contiene algunos aspectos del enfoque cultural. Esta línea de análisis especifica la relación entre las instituciones y la acción, al asociar a las instituciones con roles, a los cuales las normas prescriptivas de comportamiento están sujetas. En esta perspectiva los individuos que han sido socializados en roles institucionales particulares, interiorizan las normas asociadas con estos roles, y de esta manera se llega a afirmar que las instituciones afectan el comportamiento. Esto se puede pensar como la dimensión normativa del impacto institucional; y 3) Respecto a cómo se originan y cambian las prácticas institucionales, se sostienen que las organizaciones a menudo adoptan una nueva práctica institucional, no sólo porque se progresa en la eficiencia de los medio y fines de una organización, sino porque también incrementa la legitimidad social de la organización o de sus participantes (Citado por López, 2011).
Estos son los principales elementos que tendrían que observarse en un estudio de la acción gubernamental, sobre todo en los elementos culturales de la organización gubernamental y la incorporación de ciertas prácticas ideológicas y culturales en la sociedad que permitan la legitimidad de la acción gubernamental.
c) Neoinstitucionalismo de la Elección Racional en este enfoque “las instituciones son un conjunto de reglas e incentivos que fijan condiciones para la racionalidad restringida y establece un espacio político dentro del cual pueden funcionar muchos actores interdependientes” (Peters, 1999:72). El individualismo metodológico y la racionalidad de los actores es parte fundamental de esta corriente. Postulan que los actores fijan un conjunto de preferencias y que se comportan instrumentalmente para maximizar su utilidad. Este es el enfoque más cercano a la elección racional y en específico a la elección pública, que intenta explicar como a través de reglas o instituciones se puede regular el comportamiento racional y egoísta de los agentes políticos (Citado por López,2011).
Entonces por un lado, las instituciones restringen (moldean) el comportamiento del individuo y por otro, “los individuos moldean el comportamiento de las instituciones, y por definición los individuos deben ser la causa de las actividades institucionales” (Peters, 1999:90).
El cambio de las instituciones es un elemento interesante pero, no prioritario, se menciona que los cambios no son bruscos y se dan de manera incremental, por lo que sus resultados se observan en largo plazo. Sin embargo, para esta corriente es importante el diseño de las instituciones, como mecanismos de control que regulan la racionalidad individual de los agentes o que permitan imponer la voluntad de un agente o un grupo sobre los demás. La buena institución es aquella que produce resultados eficientes o establece un patrón constante de maximización de la utilidad para algún grupo político. Desde la posición de la racionalidad limitada, sería aquella institución que reporta resultados satisfactorios para los ganadores del proceso político.
Entonces, en este institucionalismo se detectan dos elementos que conforman la estructura del modelo: la información y la racionalidad. Se considera que los agentes tienen una racionalidad limitada e información incompleta. Estos elementos estrechamente vinculados permiten a los individuos descifrar el medio en el cual van a interactuar y al mismo tiempo explican la importancia de las instituciones.
El Neoinstitucionalismo Económico de NorthPara North (1993:13-14) “las instituciones son las reglas del juego de una sociedad, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. En el lenguaje de los economistas, las instituciones definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos”.
Para destacar la importancia de las instituciones como fuente de información y cooperación North, mediante el juego del dilema del prisionero, intenta indagar porque los agentes racionales pudiendo obtener mayores beneficios a partir de la cooperación, por falta de información sobre las acciones que pueden emprender los participantes, no cooperan y todos obtienen un resultado poco satisfactorio. El papel de las instituciones permite disminuir la incertidumbre de los participantes al proporcionar mecanismos de información sobre los jugadores.16
Esta falla en la información esta asociada a los llamados costos de transacción, es decir costos de información sobre los atributos de lo que se esta intercambiando y del cumplimiento de los contratos o acuerdos entre los diferentes actores que se involucran en alguna relación de intercambio (North, 1993).
La teoría neoclásica tradicional se basa en el supuesto fundamental de la escasez y, por consiguiente, de la competencia; sus consecuencias armoniosas provienen de los supuestos de un proceso de intercambio sin fricciones en el cual los derechos de propiedad17 están definidos perfectamente y de manera gratuita por lo que no existen costos por adquirir información y por hacer cumplir un acuerdo sobre el intercambio de un bien. Sin embargo, en la vida real dado que la información no es perfecta y en algunas ocasiones no se han especificado los derechos de propiedad, existen elevados costos de transacción, tanto en los mercados económicos como en los políticos.
Una manera de disminuir los costos de transacción es a través de la construcción de instituciones que regulen la interacción de los individuos en los mercados económicos y políticos. Estas instituciones pueden ser formales e informales. Las instituciones informales son aquellas reglas no escritas en las que no existe una sanción física por un tercero y que regulan las interacciones diarias: códigos de conducta, normas de comportamiento, convenciones sociales, etc. Las normas formales son aquellas reglas escritas en las que puede existir una sanción física por el Estado:18 constituciones, leyes, reglamentos, códigos, contratos individuales, etc. El Estado hace obligatorio el cumplimiento de normas legales como una fuerza coercitiva capaz de monitorear derechos de propiedad y hacer cumplir los contratos.
En este contexto, los políticos del gobierno, en la búsqueda de la eficiencia política a través de la solución total o parcial de la falla del mercado o en general de una simple mejora del status quo, se apoyarán en aquellas instituciones que les asegurarán la eficiencia política que desean. Sobre todo, retomando el planteamiento de Moe (1990) que afirma que “las instituciones son los mecanismos por medio del cuales se disminuyen los conflictos entre los ganadores y perdedores por la política elegida (mitigan la acción colectiva), siendo que los perdedores no aceptarían los costos por su propia voluntad o bien, también es común identificar a las instituciones como armas de coerción y redistribución”. Estos planteamientos se refieren tanto a las entidades organizacionales, como a los acuerdos legales.
De tal suerte que los políticos del Gobierno, buscan los mecanismos de control y vigilancia de los aparatos administrativos y burocráticos, para poder realizar de manera eficiente sus objetivos. Implementando, supervisiones de tipo patrulla de policía, o bien del tipo de alarma de bomberos (Lupia y McCubbins, 1994:97) de acuerdo a sus preferencias y recursos; o en general emplean una combinación de ambos tipos de vigilancia.
En el caso de la supervisón del tipo patrulla de policía se utilizan mecanismos como lectura de documentos, comisiones de estudio, observaciones directas, etc; mecanismos que estaría vinculados a reglas o instituciones formales, principalmente. Mientras que con el procedimiento de alarmas de bomberos se establecen detectores que indiquen donde existen violaciones o se incorporan agentes interesados en el funcionamiento de la política que puedan encender las alarmas.
La incorporación del análisis institucional en las acciones de gobierno, implican establecer reglas, normas, procedimientos o rutinas tanto internas como externas al gobierno que influyen en su desempeño electoral; y que pueden impactar en el ámbito económico y político de un país al solucionar o agravar las fallas del mercado.
ConclusionesLa importancia del buen desempeño institucional que ejecutaran los políticos del gobierno depende de cubrir los objetivos de los programas y políticas públicas en los tiempos precisos y en las cantidades adecuadas, de tal forma de obtener la mayor rentabilidad político-electoral, así como el manejo político de los grupos perdedores y de grupos no beneficiados por la política.
Desde esta posición, las instituciones podrían ser visualizadas como mecanismos de control de la acción racional y egoísta del gobierno, que sólo busca la reelección o permanencia en el poder, y que bajo la acción de determinadas instituciones se podría alcanzar la maximización el bienestar social. O bien, como un mecanismo coercitivo que disminuye la acción colectiva, es decir, un instrumento que emplean los grupos ganadores en los mercado políticos para controlar a los grupos perdedores o por lo menos hacerlos que asuman los costos de determinadas políticas. En esta segunda posición, las instituciones no necesariamente conducirán a resultados más eficientes en el desempeño del gobierno y en el bienestar social como afirma el Neoinstitucionalismo Económico. Es posible que la actuación del gobierno agrave la falla de mercado que dio origen a su intervención o en el mejor de los casos que se mantenga el status quo, pero el gobierno o los agentes ganadores se verán beneficiados al implementar la institución que diseñaron para incrementar su utilidad individual o de grupo.
A lo largo del desarrollo de la Elección Pública han surgido nuevas generaciones de intelectuales e instituciones con líneas de investigación y métodos distintivos que no siempre corresponden a los de los fundadores. Tres escuelas de pensamiento han surgido como dominantes en este campo teórico, con diferentes contribuciones en la investigación de Elección Pública: a) Rochester, b) Chicago y c) Virginia (López, 2007).) La Escuela de Rochester. El principal representante de la escuela de Rochester es William Riker quien en 1962 realizó una critica a la “Teoría Económica de la Democracia” de Downs. El principal aporte de Riker es haber incorporado la teoría de juegos en el estudio de la Ciencia Política. Otros académicos destacados son: Ordeshook, Steven Brams, Melvin Hinich, Morris Fiorina, Shepsle y Weingast. Estos investigadores han aplicado con frecuencia la Ciencia Política positiva para el estudio de las elecciones, las estrategias de los partidos, la manipulación de la agenda del voto, la formación de coaliciones, y el desempeño de las legislaturas y las burocracias. Hasta principios de los ochentas, la mayoría de los trabajos de investigación de esta escuela fueron teóricos y abstractos, desprovistos del análisis de los detalles institucionales. Sin embargo, a mediados de los ochentas Shepsle y Weingast cambiaron la dirección de sus estudios y empezaron un programa de investigación de las instituciones basados en la legislatura y la burocracia federal en Estados Unidos; b) La escuela de Chicago. El programa de investigación de Chicago (cpe) fue establecido tardíamente por George Stigler en 1971 con su artículo sobre la regulación económica. Otros economistas de Chicago han respaldado el programa tanto en discusiones positivas como normativas. Aunque, cpe es abiertamente positivista, las afirmaciones de la mayor parte de sus trabajos se apoyan en lo que para ellos “es lo técnicamente eficiente”, al sostener que los economistas pueden observar, explicar y predecir, pero no pueden influir en el curso de la historia a través del derroche de los recursos escasos. Esta escuela ve al gobierno como un mecanismo, utilizado por individuos egoístas y racionales, para redistribuir la riqueza dentro de la sociedad; c) La escuela de Virginia. La escuela de Virginia tiene sus raíces en los economistas Frank Knight y Henry Simons de la escuela de Chicago, es el programa de mayor influencia en la Elección Social, y se considera controvertido por que sus adeptos no vacilaron en eliminar la línea que separa la Elección Social de la filosofía moral. James M. Buchanan y Gordon Tullock son los principales representantes de la escuela de Virginia, que ha establecido una posición opuesta a los economistas ortodoxos neoclásicos y a la Ciencia Política convencional.
Frey (1979) menciona que la Utilidad que los políticos del gobierno reciben por estar en el poder, es tener la oportunidad de cumplir sus programas políticos. Esta afirmación podria considerarse válida solo parcialmente, ya que contempla una parte de la función de utilidad del gobierno. Sin embargo, no se debe olvidar que los agentes del gobierno tienen otros objetivos como: el prestigio, el status social, las retribuciones pecuniarias, etc.
donde ∫ es la integral con limites inferior t=0 y límite superior t=∞ (infinito) que es la estructura de un problema de optimización dinámica.
Las variables económicas y sociales que afectan la política interna o externa de un país.
Shepsle y Weingast (1984:20) mencionan que existen una falla de mercado cuando el equilibrio del mercado es ineficiente.
Citado por Shepsle y Weingast (1984:417)
Op. cit. p. 417
Entendiendose por permanencia de un individuo o grupo en el poder, dependiendo de si es permitida la reelección de manera formal.
En el presente estudio se concibe a la popularidad como la percepción favorable o no del electorado con respecto al desempeño del gobierno, principalmente en el ámbito económico y que se concretiza en los resultados electorales. Aunque se debe aclarar que la popularidad del gobierno también depende de factores no económicos como: escándalos de política interna, la influencia de política externa, etc.
Frey (1979:317) menciona que todos los tipos de gobiernos representativos en los países y periodos estudiados hasta 1975 emprendieron políticas expansivas cuando temían no ganar las siguientes elecciones.
Citado por Frey (1978:205)
Esta es la posición básica de la Economía Política o del acercamiento de elección pública que es una de las visiones de la economía moderna de como promover el bienestar de la población en la sociedad y que por tanto consideran al gobierno como una parte endógena del sistema político económico Frey (1979:309).
A través de las clásicas herramientas del gobierno, como: tesoro, nodalidad, organización y autoridad que de alguna manera utiliza para causar un impacto favorable en la percepción de su electorado (Hood, 1984:4-5).
Esta afirmación se refiere a estudios realizados en democracias occidentales como la de los E.U.A. (Moe, 1990).
Citado por López (2011).
Los individuos que maximizan la riqueza hallarán con frecuencia que vale la pena cooperar con otros jugadores cuando el juego es repetido, cuando se posee información completa sobre las acciones anteriores de otros jugadores y cuando el número de jugadores es pequeño. O cuando exista un acuerdo que evite acciones oportunistas de alguno de los agentes que están interactuando (Citado por López, 2011).
Se entiende como derecho de propiedad “al derecho privado al uso y posesión de algún bien o servicio. Los derechos de propiedad son derechos de apropiación que tienen los individuos sobre su propio trabajo y sobre los bienes y servicios que poseen. La apropiación es una función de normas legales, de formas organizacionales, de cumplimiento obligatorio y de normas de conducta, es decir, el marco institucional” (North, 1993).