Venturas y desventuras de las actuales integraciones latinoamericanas

Resumen

Los procesos que en se han desarrollado en América Latina a partir de la década de los noventa y el primer lustro del presente siglo se han caracterizado por un saldo elevado de costos económicos para los países dicha región a partir de la configuración delo que se conoce como regionalismos abiertos; así mismo han sido variados lo impactos al desarrollo económico que se han desprendido por otra parte con la implementación de modelos de regionalismo posliberal. Dos escenarios que han servido de ruta para la conformación de la actual América Latina, han sido también el punto clave para comprender las estructuras económicas que la implantación de diversos modelos de integración han confi y como consecuencia han evidenciado más desventajas que soluciones reales a los problemas económicos de la región y de cada uno de los países que la conforman. El presente trabajo hace un breve análisis de losprincipales programas producto de los procesos de integratorios que muestran los esfuerzos dirigidos a la atención del desarrollo económico en los países de América Latina.

Abstract

The processes that have been developed in Latin America since the nineties and the first half of this century have been characterized by a high balance of economic costs for countries that region from the configuration model is known as open regionalism; likewise the economic development impacts that have been shed on the other hand with the implementation of models of post-liberal regionalism have varied. Two scenarios have been the path for the formation of the current Latin America have also been the key point for understanding the economic structures that implementation of various models of integration have configured and as a result have shown more disadvantages than real solutions to problems economic from the region and each of the countries that form. This paper makes an analysis of the main integrating processes that show the efforts to attend of economic development in Latin America programs.

Introducción¹

La globalización y la crisis se manifiestan en América Latina mediante la configuración de por lo menos dos tipos de regionalismo. El objetivo de este ensayo consiste en demostrar por una parte, los altos costos que han implicado los regionalismos abiertos; y por otro lado, pretende señalar explícitamente, los impactos en el desarrollo económico de los regionalismos posliberales.

En primer lugar, se presentan los llamados nuevos regionalismos; después se realiza un balance de lo que se denominara como la “larga noche neoliberal” para América Latina. Posteriormente se analiza la oposición a los tlc “neoliberales”; es decir, los Tratados de Libre Comercio Posliberales (TLCPL). Se muestran también las políticas económicas que asumen actualmente los países integrantes de los TLCPL en relación directa con el desarrollo económico. Por esta razón se abordara en primer lugar el ALBA-TCP, luego se centrara la atención en las venturas del Mercosur y la Unasur.

Finalmente el presente ensayo concluye con un análisis del alto costo de las desventuras del tlcan y los demás regionalismos abiertos; sintetizando éste análisis en las conclusiones, con algunas ideas que pueden ser alternativas para redefinir el crecimiento equilibrado y con equidad, que sólo se presenta con el desarrollo económico.

II. El nuevo regionalismo latinoamericano

América Latina se caracterizó, en la década de los noventa y el primer lustro del presente siglo, por la euforia de implantar lo que muchos llamaron: “el regionalismo abierto” (De Lombaerde (2005), Garay (2006), Bouzas (2005), Devlin y Giordano (2004), Devliny. R, y Estevadeordal, A. (2001), Duran Lima y Maldonado (2005)). Los ejemplos más configurados de este tipo de regionalismo son: 1) el Mercosur, firmado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y, 2) el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), signado por Canadá, Estados Unidos y México en 1994.

Se renovaron así las antiguas integraciones que sobrevivieron en la “década perdida” de los ochenta (can, Caricom, mcca), el Plan Puebla Panamá, o Iniciativa Mérida, o Plan Mesoamericano, firmado en 2001 por los nueve Estados del sureste mexicano y siete países de América Central, posteriormente se contempló a Colombia (González R.I. 2012). El Mercado Común de la Comunidad del Caribe (Caricom) modificado en 2001 (Desse y Dupy (2008)); posteriormente en el año 2004 Estados Unidos propone un Acuerdo de Libre Comercio con América Central (Aleac). Un año antes, 2003, se había configurado dr-Cafta (Dominican Republic American Free Trade Agreement, en inglés) o el tlc (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, en español), conformado por Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos.

Se había formado también La Comunidad Andina de Naciones (can), creada en 1988, antes llamado el Pacto Andino que data de 1969. La Unión de Naciones Suramericanas Unasur, que proviene de la Comunidad Suramericana de Naciones (2004); la Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe ALBA, antes llamada “Alternativa” (hasta el 24 de junio de 2009), formada en 2001 por Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, se integraron después Bolivia (2006), Nicaragua (2007), Honduras (2008); pero se retiró en 2010, después del golpe militar al presidente constitucional Manuel Celaya, y Ecuador (2009), también se han adherido varios pequeños países caribeños (Antigua y Barbuda, Dominica, S. Vicente y las Granadinas); el Tratado de Comercio de los Pueblos tcp (2006), propuesto por el presidente Evo Morales, como un agregado al ALBA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe Celac (2011), en donde participa la comunidad latinoamericana sin Canadá, ni Estados Unidos; la Alianza Pacífico (2011), firmada inicialmente entre México, Colombia, Perú y Chile, con dos socios observadores: Costa Rica y Panamá.

Naturalmente esta euforia por generar mayor apertura tiene que ver con el fracaso del viejo “patrón de acumulación” llamado Industrialización por sustitución de importaciones (isi), el cual tuvo dos claras etapas: la que va de principios de siglo veinte, impulsado radicalmente por la crisis de los años treinta y, eclipsado posteriormente, por la segunda gran conflagración mundial y particularmente después de la revolución cubana (González, R.I. 1988, 2012, 2014); esta isi eminentemente nacionalista, que alcanzaron muchos países de la región, tiene que ver con la producción de bienes de consumo. La segunda isi a mediados de la década de los setenta, donde la producción de bienes de capital sólo la alcanzarán los países más grandes de la región Brasil y México, los demás hicieron los más grandes esfuerzos, pero se vieron limitados por la estreches de sus mercados internos, los tipos de cambio sobrevaluados, los proteccionismos que favorecían a las inversiones extranjeras directas (ied), lo que naturalmente limito la competencia en el ámbito internacional.

Por este motivo, los organismos internacionales de posguerra en particular la cepal, en 1959, plantearon la creación de un mercado común latinoamericano, con la finalidad de obtener la libre circulación, de bienes, servicios y los factores de la producción (trabajo y capital). De esta idea nace en 1960, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (alalc), luego llamada la Asociación Latinoamericana de Integración (aladi, desde 1980), también el Mercado Común Centroamericano (mcca) y después el Pacto Andino. Esto era lo deseable, frente al déficit en cuenta corriente, el saldo negativo de la balanza comercial, por el deterioro de las exportaciones, el aumento de las importaciones y las galopantes inflaciones regionales (Bulmer Th., 1998).

La realidad de estos esfuerzos fue que la integración que se concebía como un instrumento de apoyo al modelo isi, promovió una integración que, en los hechos, limitaba el comercio exterior, impedía resarcir el déficit, postergaba el cumplimiento de los acuerdos y la disminución de los aranceles del comercio entre vecinos y las tarifas arancelarias eran muy altas (mayores a 40% y con una alta dispersión estándar). Nunca se llegó al propuesto arancel externo común y menos a un mercado libre, como llegó a proponer la can para el 2005 (Quenan, C. 2001, Peixoto, J y Delich, V. 2010), puesto que la concepción de la isi, en contradicción con esta propuesta, protegía de los mercados internos. Tal vez quien tuvo una mayor apertura externa fue el mcca.

La integración se promovía fundamentalmente a través del comercio de mercancías, no se incluía el comercio de servicios, ni las compras gubernamentales, o la propiedad intelectual y la legislación nacional limitaban la inversión extranjera directa (ied); aunque se fomentaba la creación de empresas en sociedad con empresas multinacionales, se condicionaba la ied a porcentajes menores a 50% de la propiedad y se vigilaba remisión de utilidades. En síntesis, el “viejo regionalismo” se estructuró con una pesada burocracia, ineficiente y sin poder para la aplicación del marco jurídico en la resolución de controversias (Gutiérrez, A. 2012).

III. Antecedentes de una nueva configuración multipolar y los referentes del nuevo regionalismo latinoamericano

El fracaso de la segunda isi, obligó a aceptar el financiamiento externo en el segundo lustro de la década de los setenta, condujo a la crisis de la deuda externa y obligó a la adopción de reformas económicas supervisadas y apoyadas financieramente por los organismos multilaterales (fmi, Banco Mundial, bid) y la banca privada internacional. Se le impusieron los ajustes de primera generación: la reducción del gasto público, las devaluaciones y el control de la inflación, para recuperar la liquidez y la puntualidad en los pagos del servicio de la deuda externa.

Después, en el contexto de la desaparición de la Unión Soviética (1991), y el fracaso de la planificación central de las economías de Europa oriental, se presentaron los ajustes de segunda generación, que se tradujeron en políticas y reformas que seguían las recomendaciones del llamado Consenso de Washington (Williamson, 1990; González, R.I. 2012, Gutiérrez, A. 2012). Se implantaron reformas fiscales, privatización de empresas públicas, liberación de precios y libre movilidad de capitales externos, reformas de los mercados laborales (flexibilización), financieras y de la política comercial. Esto significó un cambio radical con respecto a la estrategia de desarrollo basada en la isi, lo que muchos (Haggeard, Lee y Maxfield, 1993; Madeiros, 2009; Madeiros, 2013) llaman actualmente la entrada del “neoliberalismo” en la región. Además, los países Latinoamericanos se incorporaron al gatt y firmaron los acuerdos de la Ronda de Uruguay del gatt (1994), que dio origen a la creación de la Organización Mundial de Comercio (omc).

Por su parte la cepal presentó su propuesta de “Transformación Productiva con Equidad” en la década de los noventa, en la cual sostenía que la apertura requería un tipo de cambio estable, además había que redimensionar los acuerdos de integración vigentes, respetar las asimetrías, e impulsar la inserción internacional de la región, favorecer la articulación productiva, las interacciones entre el sector público y privado y conseguir apoyo de la población (Gutiérrez, A. 2012).

Por otro lado, la necesidad de fomentar el comercio de los servicios, el deseo de crear un ambiente propicio para las empresas transnacionales de Estados Unidos en los temas de protección de inversiones y de propiedad intelectual, fueron los elementos de geopolítica y seguridad que sustentaron el cambio de la política exterior de Estados Unidos hacia el regionalismo latinoamericano (Hilaire y Yang, 2003, citados por Gutiérrez, A. 2012). Institucionalmente, en 1994, en la Cumbre de las Américas (Miami), se propuso un acuerdo de libre comercio para todo el continente americano, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (alca), fracasado en 2005.

México, por su lado, propuso un acuerdo de libre comercio a los países del norte, Estados Unidos y Canadá, en 1993; acuerdo que se firmará un año más tarde, configurando lo que algunos llamaron el regionalismo abierto (Duran Lima y Maldonado 2005;Gutiérrez, A. 2012). Este es el mejor ejemplo de integración entre países grandes con países pequeños y con asimetrías en los niveles de desarrollo. Lo mismo ocurre con el Plan Puebla Panamá, el Caricom y la Aleac, que se da entre países no necesariamente cercanos geográficamente.

El regionalismo abierto impulsa la liberación casi total de la vieja estructura arancelaria, en muchos países superiores a 40%, son reducidos a 15%, o menos. Naturalmente, se incluyen protocolos que exigen el cumplimiento de las normas de origen, la liberación del intercambio, no sólo incluye mercancías, también está el “comercio de servicios, la facilidad para el movimiento de factores de producción y la atracción de inversión extranjera directa, participación de empresas originarias de países socios en compras gubernamentales, propiedad intelectual, cumplimiento de normas laborales y ambientales y compromisos de fidelidad a la democracia y de respeto a los Derechos Humanos” (Gutiérrez, A., 2012, P.241). Con excepciones claras al respecto, que no se pueden dejar de señalar: los recientes golpes de Estado en Honduras a Manuel Zelaya (2009), y a Fernando Lugo en 2012 (en un controvertido juicio político) en Paraguay; o misma la intervención militar en Haití en 2006.

El nuevo regionalismo impone el mercado como regulador y el sector privado como protagonista y por supuesto la disminución del papel del Estado, como inversionista o promotor de políticas industriales. Se reduce la burocracia, no sólo nacional, sino también la encargada de regular la integración, se disminuye el papel del mercado interno y se privilegia el crecimiento por exportaciones. Se incluye un tratamiento especial y diferenciado a los países de menor desarrollo, esto usualmente se concreta a través del otorgamiento de plazos de desgravación más largos, algunas excepciones para productos considerados sensibles, creación de fondos de convergencia estructural y otras modalidades (Gutiérrez, A., 2012, P.241).

IV. La larga noche neoliberal y los tratados de libre comercio pos-liberales

Muchos países latinoamericanos están entendiendo la gran desventura de haber remplazado la política por el mercado (Ferrer, A. 2013; Dénis, J. 2013; Palazuelos, A., 2013; Patiño, R., 2013; Naviero de León 2013; García, Zamora. R, 2013; González R.I. 2012; Vidal, G., 2013, Gillen, A., 2013; Sunkel, O., y Infante, R., 2013), pues son conscientes del panorama actual de crisis sistémica del capitalismo, igualmente de que la lógica de funcionamiento continúa siendo la del capital financiero y las grandes corporaciones, hay una interminable recesión de la economía de Estados Unidos, de la Unión Europea y el mismo Japón. Obviamente, hay un remplazo de la locomotora mundial económica por los llamados países emergentes del sur, en particular por China. Todo esto, sin que haya cambiado la lógica del capitalismo, este se ha trastocado tanto, que los centros hegemónicos de posguerra, las instituciones financieras internacionales, como el mismo patrón de acumulación de posguerra, están en crisis.² Se presenta entonces un nuevo ciclo histórico mundial (Déniz, J., 2013), lo que genera incertidumbre con algunas nuevas tendencias y actores en la configuración de cambios en las relaciones multilaterales y las políticas de desarrollo económico.

Después de más de dos décadas de neoliberalismo, de la gran concentración de poder y de la riqueza, y ante el desproporcionado aumento de la corrupción, el desempleo, la informalidad laboral, la pobreza e indigencia, la inseguridad y el desastre ecológico del medio ambiente, algunos países de América Latina y el Caribe están construyendo alternativas de desarrollo diferentes a las que proponen los actuales centros de poder empresariales, financieros y políticos. Muchos países de América del Sur y el Caribe están priorizando el mercado interno y el papel del Estado para cambiar las asimetrías profundas de la distribución del ingreso, tanto con la promoción y el apoyo al financiamiento de complejos productivos industriales, como con la disminución de la pobreza, atención a la educación y la salud, en un contexto de desarrollo sustentable; lo que necesariamente, les permitirá una integración regional más adecuada.

Conscientes de la crisis y sus altos costos económicos y sociales, se promueve por lo tanto, un regionalismo posliberal o Tratado de Libre Comercio Posliberal (TLCPL), que centra su atención en temas de desarrollo y de equidad (Da Motta Veiga y Rios, 2007:28, citado por Gutiérrez, A., 2012); recuperan el papel del Estado como promotor del desarrollo económico territorial y el énfasis en el mercado interno. De acuerdo con Sanahuja (2010:95-96), se promueve la agenda de desarrollo territorial impulsada y dirigida por los Estados, mientras que se reduce y legisla el rol de la empresa privada, se apartan de las políticas del Consenso de Washington y el regionalismo abierto. Se colocan en primer plano los temas sociales, las asimetrías, la construcción y el desarrollo conjunto de proyectos de infraestructura, de seguridad y energía. Se promueven la creación de Instituciones de políticas supranacionales. Se privilegia la integración sur-sur en aspectos no sólo económicos, sino que también se incluyen los Derechos Humanos, la paz y seguridad regional.

Tanto la globalización, como los ajustes de primera y segunda generación, garantizaron en los países de América Latina la necesidad de mantener un equilibrio macroeconómico, que difícilmente permitiría volver a lo que fue el antiguo regionalismo y menos al estructuralismo de la isi.

Entre los países que encabezan los TLCPL están los que conforman la ALBA, el tcp, en primer lugar; los que están integrados en el Mercosur, la Unasur y algunos de los que integran la Celac. Por estas razones, se resumirán solamente los cambios más relevantes en las políticas económicas y sociales de estas integraciones, con toda la intención de hacer explicitas, lo que aquí se denominan las “venturas” de estas integraciones. Para este propósito, no se mostraran las estadísticas que señalan el incremento de las exportaciones intrarregionales (Quenan, C., 2001; Machinea, 2010; González, R.I., 2012), que fue una tendencia en la última década del siglo pasado en los países de la can, el Mercosur y el mcca; sólo se mensionaran de manera sintética los datos de población, extensión territorial, o pib de cada uno de los países que configuran estas integraciones (Déniz, J., 2013).

El trabajo pretende hacer mayor énfasis en las políticas sociales implantadas de manera regional y caracterizar lo que hoy se conoce como: la economía popular y solidaria, los proyectos productivos participativos, el desarrollo económico territorial a través de complejos industriales productivos, la organización de economías duales, el nuevo “patrón de desarrollo” (como una construcción colectiva que se aleja del Modelo Primario Exportador), y la segmentación de las economías en por lo menos dos sectores: el estratégico de carácter estatal (vinculado a las integraciones y el mercado mundial), y otro que tiene que ver con la permanencia de diferentes formas de propiedad y trabajo, vinculado al mercado interno (fundamentalmente, salvo algunas excepciones) y con la gran preocupación de superar los viejos rezagos de pobreza y concentración del ingreso.

V. Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe-Tratado de Comercio de los Pueblos

Los ocho países que actualmente componen el ALBA tienen un pib aproximado a los 697.37 mil millones de dólares según datos del Banco Mundial para el año 2013. El 62.85% del pib es de la República Bolivariana de Venezuela (438.3 mmdd), a Cuba le corresponde el 17.9% (125.5 mmdd), Ecuador 12.9% (90.02 mmdd) y Bolivia 4.3% (30.6 mmdd), el resto lo comparten Nicaragua con 1.6% (11.26 mmdd), con las otras pequeñas islas del Caribe (Antigua y Barbura con 0.2% (1734 mdd), Dominica con 0.1% (473.2 mdd) y S. Vicente y las Granadinas con 0.15% (725.6 mdd), con una población de 74 millones 951 mil habitantes (jóvenes en más de 60%) y, abundantes recursos naturales, grandes extensiones de tierras cultivables y una excelente biodiversidad.

El ALBA cuenta con las mayores reservas de petróleo de América y actualmente es la octava productora mundial, tiene las mayores reservas de gas natural y de litio, enormes reservas de aluminio, cobre, coltrán, hierro, níquel y oro. Son grandes productores de azúcar, banano, cacao, café, quinua y soya.

El ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos no es de “libre comercio”, es un tratado que centra el comercio en “ventajas cooperativas” entre sus integrantes para así disminuir las asimetrías que aún existen entre ellos.

Estas naciones se integran por medio de los Proyectos Gran Nacionales (PGN) y las Empresas Gran Nacionales (EGN). Los primeros se fundamentan en “los principios de solidaridad, reciprocidad, transferencia tecnológica, aprovechamiento de las ventajas de cada país, ahorro de recursos, y además incluyen convenios crediticios para facilitar los pagos y los cobros. Una de estas EGN es Petrocaribe, que asiste de petróleo a las islas del Caribe a cambio productos de la agricultura tropical (…) Los pgn son los que materializan los procesos de integración, abarcan desde lo económico, industrial, científico, social, cultural y político” (Déniz J. 2013). Las “EGN, son las grandes empresas opuestas a la concepción de la Empresas Multinacionales porque, como afirma Déniz (2013), se orientan a la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas, rompiendo la lógica de la ganancia y la acumulación de capital. (…) Las EGN son la expresión de encadenamientos productivos que permiten establecer capacidades estructurales conjuntas de redes de producción, distribución y comercialización” (Déniz J., 2013, P 277).

Entre los PGN destaca el Banco del ALBA, que se crea en Caracas el 26 de enero de 2008, fundamental para el financiamiento de los más diversos programas propuestos, tales como: alfabetización regional, infraestructura, minería, industria, medio ambiente, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, turismo, comercio justo, alimentación, salud y cultura. El Banco del ALBA surge antes del Banco del Sur, firmado por los países que integran el Mercosur el 9 de diciembre de 2007.

El SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) se configura como la primera expresión monetaria común, para los países del ALBA, el 26 de noviembre de 2009 se acordó la configuración de una zona monetaria regional con la introducción de la Unidad de Cuenta Común llamada SUCRE (con minúsculas para diferenciarlo de cualquier otro Sistema de Unidad Monetaria, que se escribe con mayúsculas). Se crean instituciones monetarias como la Cámara Central de Compensación de Pagos, Consejo Monetario Regional del SUCRE y el Fondo de Estabilización, Reserva y Desarrollo y se firma el Tratado constitutivo del SUCRE, el 16 de octubre de 2009, que entró en vigor el 27 de enero de 2010.

En principio esta moneda será virtual, no habrá emisión física y se utilizará para compensar los intercambios comerciales y servirá como medio de cambio entre los bancos centrales de los países. Su tipo de cambio está basado en una canasta de monedas de los países participantes de ALBA, se espera que los intercambios comerciales, que sustituirán el dólar por el sucre entre los países miembros, alcancen poca más de la quinta parte de sus transacciones externas (Déniz J., 2013).

Los países que integran el ALBA están convencidos de que el desarrollo no proviene exclusivamente del sector externo, por eso retoman el papel del Estado como promotor de la industrialización y valoran el mercado interno; no excluyen el papel de la Inversión Extranjera Directa, pero la condicionan a que respete las leyes, reinvierta las utilidades y resuelva sus controversias con el Estado lo mismo que cualquier inversionista nacional. Fomentan también la asociación de empresas estatales con las inversiones de los países integrantes del ALBA en la EGN, hacen explícita en una serie de principios, firmados en los artículos de la integración, la protección de los derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas, el respeto a la Madre Tierra, la necesidad de favorecer a las comunidades, comunas, cooperativas, empresas de producción social, pequeñas y medianas empresas, el desarrollo con respeto a la soberanía nacional, la seguridad alimentaria, el respeto a la vida, la libre movilidad de las personas como un Derecho Humano, la integración energética y la socialización del conocimiento.

La venturas de esta integración, no son sólo propuestas deseables, la República Bolivariana de Venezuela, según el último informe (2013) de Alicia Bárcenas, directora de la cepal, fue el único país de América Latina que redujo la pobreza y disminuyó la concentración de la riqueza, superando a los que históricamente han estado por encima en la región, como Costa Rica y Uruguay.

También, este país, el más grande del ALBA, ha desarrollado e incrementado la producción agropecuaria, regularizando tierras cultivables, aumentando la superficie cultivada e incrementando en consecuencia el consumo de alimentos y el empleo en el campo. Los efectos del proceso bolivariano se han sentido en el incremento del empleo y la disminución de la informalidad, pues de 15% de desempleo en el último año del siglo pasado, se redujo a menos del 8% en el año 2011, para la misma época del siglo pasado más de 50% de la población económicamente activa estaba en la informalidad, en el 2011 es menos de 43%. No obstante de que buena parte de la población ocupada en el sector formal, también ejerce alguna actividad en la informalidad para incrementar sus ingresos.

El salario mínimo, que es uno de los más altos de América Latina, desde el año 2011, ha estado por encima del valor de la canasta básica alimentaria. La inflación, que puede ser la más alta del subcontinente, en el siglo pasado llegó a 103% (1996), actualmente se sitúa alrededor de 40.6% (2013). La atención a la salud pública expresa en la Misión Barrio Adentro, con una amplia cobertura en el territorio venezolano, con atención y medicinas gratuitas, con médicos viviendo en las propias comunidades. En este aspecto sanitario, se ve la ventura particular de la integración del ALBA, con la participación de médicos cubanos a cambio de petróleo para la Isla, de acuerdo a los requerimientos nacionales de cada uno de los miembros de esta integración.

En cuanto a la educación, también puede notarse que se han dejado sentir los cambios, con un aumento sensible en la matrícula en todos los niveles, en cuanto a la primaria que a principios de siglo no superaba 80%, en la primera década presente siglo alcanzó 90%, en la matrícula universitaria, actualmente cubre 100%, representando la quinta tasa universitaria mundial y, hay que señalarlo, las mujeres representan más de 60% de esta matrícula.

En el caso de Bolivia, es donde más se presentan casos de “procesos económicos participativos”, surgidos desde abajo, como nuevos procesos articulados desde lo municipal, con comunidades campesinas, pueblos indígenas, cooperativas de productores, movimientos sociales, asociaciones civiles, políticas y juntas vecinales. Este proceso participativo se ha legislado en el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien” de 2007 y en la nueva Constitución Política del Estado, de 2009.

Como bien lo sintetiza Naviero, O de L. (2013, P 293): “Tanto el Plan como la Constitución definen una organización económica dual. Por un lado, se definen los recursos estratégicos, destinados a la exportación y, por tanto, fuentes de divisas y excedente general de la economía del país, en manos del Estado boliviano. Por otro, se caracteriza la llamada “economía productiva”, enmarcada en criterios sectoriales (cadenas de valor) y territoriales (desarrollo local), cuya función es fortalecer el tejido productivo, generar empleo, añadir valor a los productos y, en definitiva, crear la base material del “vivir bien” o “buen vivir”.

Primero, por medio de los “Diálogos Sociales” (realizados en 1997, 2000, 2002 y 2003), se ha llevado a cabo un acercamiento del pueblo en general al Estado; estos Diálogos buscaron reunir a líderes sociales y políticos para recoger las demandas más urgentes para construir una Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, que se recogieron en tres aspectos: económico, social y político; con el apoyo internacional, se implantaron con la colaboración municipal, departamental y nacional.

Después, con el nuevo liderazgo de un indígena de la etnia aymara, Evo Morales (2006), se elabora el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien 2006-2011”. En este Plan destaca el nuevo papel del Estado creando e impulsando empresas públicas que concurran en el desarrollo sectorial, reinvierta y transfiera excedentes a otros sectores de la economía que permita la equiparación productiva en un contexto de “sostenibilidad medioambiental”. El Plan enfatiza, en primer lugar, la atención al medio rural, puesto que se reconoce que el subdesarrollo y la pobreza se encuentran en este sector.

En segundo lugar, para disminuir la profunda heterogeneidad estructural de la economía boliviana, propone los Complejos Productivos Industriales (cpi), con los cuales ubica los grupos de actividades productivas complementarias o competitivas que pueden complementarse entre sí, para apoyarlas desde el Estado, en su imbricación en la economía regional y nacional. El Estado colabora con los cpi generándole la infraestructura necesaria, como red de comunicaciones, asistencia técnica y financiamiento.

En tercer lugar, está el papel de las cooperativas, reconocidas (en el Art. 310 Constitucional, 2009) como “formas de trabajo solidario y de cooperación sin fines de lucro”, serán protegidas y promovidas por el Estado, particularmente las campesinas, las de pequeños productores urbanos, las de los trabajadores independientes, las de micro y pequeñas empresas y, las de artesanos. En síntesis, lo que se busca es mejorar, en primer término las condiciones de producción y de vida, así como encontrar relaciones alternativas de economía participativa, más allá del mercado y la sociedad competitiva.

De la misma manera, en el caso de Ecuador, recuperan explícitamente el papel del Estado como protagonista del proceso de industrialización, acumulación y (re)distribución del ingreso, en el nuevo texto constitucional (Palazuelos, A., 2013). La nueva Agenda de Desarrollo Social (2009-2011) estableció cuatro ejes: 1) programas de alimentación, educación, salud y emigrantes; 2) mejora de la calidad de educación, salud y malnutrición; 3) construcción de hábitat e infraestructura social, para aproximar la producción de bienes básicos a los mercados; 4) disminución de la pobreza con más y mejores empleos.

Los ecuatorianos definen su sistema económico como “social y solidario”, en el cual se establece un equilibrio entre sociedad, Estado y mercado, así como con diversas formas de propiedad (“las comunitarias, cooperativas, familiares, domésticas y autónomas”) con la preocupación de incluir a todos los sectores de la producción existentes. Rompen claramente con las políticas neoliberales, y con la estrategia del mercado como motor del desarrollo, situando al ser humano, a la población y la sociedad como centro del desarrollo, y al Estado como impulsor y promotor.

El Estado, en esta concepción popular y solidaria, debe participar en el sistema de fijación de precios, sistema fiscal y tributario, inversión y consumo, soberanía alimentaria e energética, debe utilizar la estructura financiera para que el ahorro financie los ciclos de producción y reproducción colectiva de los territorios. Es función del Estado desarrollar y reorientar todo el sistema de ciencia y tecnología.

Finalmente, en cuanto a la integración regional, reducen la dependencia de los socios tradicionales e incrementan de manera novedosa tanto sus relaciones con el ALBA, el Mercosur, la Celac y la Unasur, como con nuevos mercados tales como los actuales integrantes del brics (Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica). Más aún, refuerzan sus posiciones soberanas con la expulsión de las tropas estadunidenses, con el cierre de la Base de Manta y el rechazo a los tlc neoliberales, o “regionalismo abierto”. (Patiño, R., 2013).

VI. Mercado Común del Sur y la Unasur

Autores como Valentina Delich, Juliana Peixoto (2010), consideran que en América Latina se está reconfigurando una integración de acuerdo a dos modelos: las autoras dicen que el primer modelo de integración sigue la línea del Pacífico y el otro que se orienta hacia el Atlántico. El proyecto del Pacífico va de México a Chile, pasando por Perú y Colombia que son los países que han establecido acuerdos con los Estados Unidos y tienen interés en profundizar su relación con Asia. El otro modelo consiste en el proyecto atlántico, que tiene como modelo el Mercosur que está organizado en torno al eje BrasilArgentina y sigue reflejando aún hoy la ambigüedad de su creación: crear un mercado común que requiere reglas comunes y asegurar la coordinación macroeconómica con instituciones intergubernamentales (Valladao, 2006, citado por Delich., y Peixoto).

Sin embargo, podría afirmarse que no hay tal división: atlántico versus pacífico. En todo caso hay dos integraciones diferentes: la neoliberal, abierta, patrocinada por Estados Unidos, y la posliberal, promovida por el Mercosur y el ALBA en América del sur y el Caribe (González, R.I., 2012). También la integración que se lleva a cabo, en mayo de 2008, en la ciudad de Brasilia, con la Comunidad Sudamericana que dio lugar a la Unión de Naciones del Sur (Unasur), espacio integrado en lo político, social, cultural, económico financiero, ambiental y en la infraestructura Suramericana. Una instancia que integra todo el subcontinente, y entre cuyos objetivos figura el desarrollo económico (territorial), con la ventura de retomar el papel del Estado como su promotor; además, Unasur enfatiza en el rol del mercado interno, para resolver los rezagos de empleo, distribución y concentración del ingreso.

Unasur propuso dos iniciativas: el Banco del Sur y el Consejo de Defensa. El Acta fundacional del Banco del Sur se firmó a finesde 2007 entre los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Con sede en Caracas, el Banco funcionaría en principio como banco de desarrollo y tiene como propósito fundamental la creación de una moneda común, que podría ser el mencionado SUCRE (Sistema Único de Compensaciones Regionales). Sin embargo, mientras esta moneda se hace realidad, Brasil y Uruguay firmaron el 31 de octubre de 2014, un convenio para establecer un Sistema de Pagos en moneda local que permite prescindir de operaciones en dólares en el comercio bilateral. El Sistema también permitirá que se paguen jubilaciones y pensiones, así como remesas de pequeño valor. Está previsto que el nuevo mecanismo entre estos vecinos suramericanos y socios en el Mercosur comience a operar en diciembre de 2014.

En cuanto al Consejo de Defensa Suramericano (CDS), guiado por el Conjunto de Consejos Sectoriales que conforman Unasur, responde a un gabinete ministerial, donde están las áreas de política exterior, economía, educación, ciencia y tecnología, infraestructura, salud, seguridad, etc. Por primera vez la defensa regional empieza a ser una realidad en el subcontinente, superando en primer lugar, las viejas políticas de defensa a través de la hipótesis de conflictos para ser reemplazado por la elaboración de políticas de defensa en nuestros países a partir de escenarios de confluencia, cooperación y de integración con los vecinos. En segundo lugar, la conducción conjunta de las políticas de defensa y del instrumento militar. Es por esto que el órgano Superior del CDS lo constituyen los doce ministros de defensa, no los jefes militares de ninguna de las fuerzas de Estado Mayores conjuntos. En tercer lugar, el CDS es un foro de diálogo, concertación y cooperación en esta materia entre los doce países que conforman el proyecto integracionista.

El propósito es trabajar para la generación, la articulación de un pensamiento geoestratégico netamente suramericano. Una gran ventura de este CDS, es el de generar una doctrina de defensa propia, el mantenimiento de la paz regional, para lo cual se están llevando a cabo ejercicios anuales de gabinete, para después pasar a ejercicios en terreno, compartiendo experiencias y doctrinas con la idea de avanzar hacia a la adopción de denominadores comunes, actuar en situaciones de catástrofes y desastres naturales, otorgar mayores márgenes de autonomía, no sólo desde el punto de vista doctrinario, sino también desde el punto de vista tecnológico científico. Se está trabajando, en la futura articulación en una suerte de base industrial regional en materia de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo asociado a la defensa.

Obviamente, el CDS hace obsoleto e inoperante al Tratado Interamericano de Defensa (tiar), que ya lo era desde la desafortunada guerra de las Malvinas. Lo mismo se puede decir de los Tratados de Libre Comercio “neoliberales”, o “regionalismos abiertos”, que son una profunda desventura y atentan contra la seguridad de América Latina, en la medida que no incorporan valor agregado a los recursos estratégicos naturales que actualmente son el grueso de las exportaciones regionales.³

Otra de las venturas del Mercosur y la Unasur, tiene que ver con el desarrollo de infraestructura regional a partir de la Iniciativa de Integración Regional Suramericana (iirsa), esta propuesta que parte del Mercosur, se proyecta en un sistema de líneas de construcción de infraestructura regional, vial, fluvial e hidrovías: uno de ellos lo constituye el sistema fluvial Paraná-Tieté, tiene de largo 6.900 km e integra una parte del Paraguay, el noreste de Argentina, Bolivia meridional y el sureste brasileño. Otra hidrovía es la de ParaguayParaná, que ya existe el cual permite reducir de 36 a 10 días el trayecto desde Bolivia hasta el Atlántico; solamente la porción brasileña es operacional: une sobre 1.600 km Sao Paulo a Iguazú (Desse & Dupuy., 2008, pp 182-183; González, R.I., 2012). Brasil ha tratado de avanzar hasta el océano Pacífico, al prolongar las vías transamazónicas hasta Perú y Bolivia.

Las construcciones de carreteras transandinas unirían partes apartadas y olvidadas de Perú, Bolivia y Colombia. La carretera interoceánica que une el estado brasileño de Rondonia con el departamento boliviano del Beni, constituyen los ejes andino y amazónico. Finalmente está la modernización de la vía carretera que une Argentina y Chile a través de la cordillera de los Andes. La financiación de los proyectos es pública y privada con participación del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), de la Corporación Andina de Fomento (caf), del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (fonplata) y algunos grandes bancos brasileños.⁴

Los movimientos cíclicos de la larga noche neoliberal, de las décadas ochenta y noventa perdidas en América Latina, generaron profundas diferencias macroeconómicas entre los dos grandes socios del Mercosur, fue evidente cuando Brasil devaluó su moneda en enero de 1999, mientras Argentina continuaba con la convertibilidad.

A finales del siglo pasado y los primeros años del presente, el Mercosur atravesó por su peor crisis, la persistente inestabilidad cambiaria entre Argentina y Brasil, agudizó las dificultades económicas, la gravedad de la crisis en el 2000 y el llamado “corralito” del 2001, propiciaron la contracción de los flujos comerciales y de inversión, y el aumento de las diferencias en el ámbito comercial, entre las dos grandes partes de esta integración.

Con el cambio de la concepción de las políticas económicas, particularmente con la retoma del papel del Estado, el mercado interno y los TLCPL, en la recuperación económica de los dos países, la llegada al poder del llamado “liberalismo social”, con Néstor Kirchner y Lula da Silva como presidentes de los gobiernos de Argentina y Brasil, el mercosur fue “relanzado” en la Cumbre de Asunción de mediados de 2003, con la participación de Bolivia, Chile y Venezuela como países invitados. Como bien lo señalan las autoras Peixoto y Deciancio, (2010).

La expansión de la demanda de los países asiáticos en América Latina, se convirtió en uno de los factores vitales de la recuperación económica señalada del Mercosur, lo que permitió, de alguna manera, que la crisis financiera del 2008 afectara menos y sirviera como tabla de salvación por lo menos para los países grades de la integración.

La aplicación del arancel externo común, siguen vigentes, en algunas sectores que tienen trato especial como los bienes de capital, los calzados, tejidos y confecciones, así como los bienes de informática y tecnología. En cuanto a este proteccionismo vigente en el Mercosur, hay que señalar, como una ventura el “Mecanismo de Adaptación Competitiva” que prevé la fijación de aranceles sobre productos provenientes de otro país que amenazara o provocara competencia desleal a la industria nacional; se ideó en Argentina con algunos sectores: textiles, juguetes y calzado. Del lado brasileño, el mecanismo serviría a sectores como: el arroz, las harinas y los vinos (Peixoto y Deciancio, 2010).

Desde su relanzamiento el Mercosur se ha propuesto tres grandes tareas, definidas actualmente como: el Mercosur comercial, Mercosur político y el Mercosur social. El primer Mercosur tiene como tarea fundamental la reducción de las asimetrías, impulsando básicamente pordos socios menores:

Paraguay y Uruguay. El segundo Mercosurse propone el respeto de la democracia, como principio fundamental de la integración, la libertad de movilidad y residencia de las personas, el derecho al trabajo, el combate a la pobreza y el desarrollo con equidad. El tercer Mercosur, el social, trabaja por el respeto de los Derechos Humanos, la cultura, la equidad de género y la protección del medio ambiente, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y partidos políticos, entre otros (Peixoto y Deciancio, 2010).

El “ParlaSur”, que también formaría parte del tercer Mercosur, se inauguró en año 2007 y, en esta primera fase, sus representantes fueron escogidos por los parlamentos nacionales. Es un propósito del Mercosur social el que sus representantes sean producto del voto secreto de cada uno de los socios de la integración (desde el próximo año 2015). Finalmente, la otra institución del bloque, consiste en el “Observatorio de la Democracia del Mercosur”, la cual realizar un seguimiento de los procesos electorales de la región (Peixoto y Deciancio, 2010).

No obstante, de estas venturas de este bloque de TLCPL, el Mercosur no pudo dirimir las diferencias graves que confrontaron a Argentina y Uruguay por la planta de Botnia y que se fue hasta la Corte Internacional de Justicia. Por eso, después se crearon distintos mecanismos bilaterales, o la permanencia del diálogo periódico de alto nivel entre Argentina y Brasil, para zanjar otras diferencias entre Argentina y Brasil.

La prosperidad e impacto en el desarrollo económico del Mercosur,⁵ como de cualquier otro bloque de TLCPL, tiene que ver tanto con la forma como se inserte en el sistema global y la posibilidad de construir estructuras productivas y organizaciones sociales capaces de asimilar el conocimiento, innovar e impulsar los procesos de acumulación internos. “Hay que pensar globalmente y actuar localmente”.⁶ Cuanto más sólida es la “densidad nacional”⁷ de los países, sostiene A. Ferrer (2013), más eficaz es el Estado en la promoción del desarrollo.

VII. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Los países que no asumen los TLCPL y que se mantienen en los “regionalismos abiertos” y además continúan firmando de tlc's extra-regionales con Estados Unidos, la Unión Europea, Asia y otros países se encuentran: Colombia, Chile, México, Perú y en general los países que conforman el mcca. Aunque, en esta integración centroamericana, debe tenerse en cuenta la volubilidad de Nicaragua que, no obstante de integrar el tlc con el mcca y República Dominicana (Cafta y rd) y Estados Unidos, se ha adherido al ALBA.

En cuanto al tlcan, la gran desventura consiste en la profunda dependencia de su relación externa con Estados Unidos: El comercio se ha profundizado con los estadounidenses al grado de llegar a 90% del total, mientras que Canadá apenas si llega a 3%. El mismo comportamiento se presenta en la ied, con una participación de alrededor de 70% de Estados Unidos y sólo 2.5% desde Canadá. De manera que, más que una integración trilateral, lo que se ha logrado son dos bilateralismos (Estados Unidos-Canadá y Estados UnidosMéxico) (Correa, M.A., 2012).

El crecimiento del comercio con Estados Unidos se ha dado en un contexto de total apoyo a las empresas extranjeras amparadas por la negociación del capítulo xi del tlcan, que da amplio margen de establecimiento a las empresas de los tres países, en condiciones de total asimetría con México. Incluso otorga a las empresas la capacidad de demandar al Estado cuando algunas de las disposiciones de política fiscal, ambiental o social reducen la utilidad de las mismas. México ha recibido 15 demandas, de las cuales 2 fallos en contra y las otras se encuentran en proceso (Correa, M.A., 2009).

El TLCAN, si bien es un tlc signado por el Congreso mexicano, implícita y explícitamente es un acuerdo que expresa la estrategia de comercio e inversión de los empresarios, tal y como se puede ver en las negociación pos tlcan, en el seno de la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (aspan), desde 2005, en la cual es el Consejo de Competitividad de América del Norte el que negocia abalado por el tlcan, e informa a las Secretarías de Estado, a sus pares en los tres países (es decir, a cada uno de sus Ministros de Economía, Gobernación y Relaciones Exteriores, los que sólo reciben el informe de lo que el Consejo de Competitividad de América del Norte ha resuelto (Correa, M.A., 2009).

La negociación de la aspan, después del ataque a las Torres Gemelas, tiene como objetivo, según declaraciones del presidente Bush de Estados Unidos en 2005 “la protección de las fronteras y avanzar en medidas coordinadas sin fisuras dentro y más allá de nuestras fronteras para ofrecer a los ciudadanos protección contra terroristas, criminales y desastres naturales comunes” (aspan, 2005). El Plan Mérida, Puebla Panamá, o Plan Mesoamericano, como una gran desventura regional, quedó convertido en un plan de combate al narcotráfico y al crimen organizado (García Zamora, R., 2013). Implicó la ayuda estadounidense a México de 1400 millones de dólares para la militarización de la frontera sur de México, la modernización de sus fuerzas militares y policiales, compra de equipo de Estados Unidos y capacitación impartida por agencias de Estados Unidos (Correa, M.A., 2009).

Después de veinte años de firmado el tlcan, la desventura de esta integración, pocos la festejan y muchos la lamentan. La concentración del comercio con Estados Unidos hizo muy vulnerable la economía mexicana, la destrucción de las cadenas productivas nacionales aceleraron el desempleo y la informalidad en el trabajo de los mexicanos. La emigración, las maquiladoras y el narcotráfico, cada día se convierten en el drama de sobrevivencia de la mayoría de la población. Por otro lado, la concentración del ingreso provocó que unos cuantos mexicanos entren en la lista de los hombres más ricos del mundo.

El abandono del campo y la dependencia alimentaria de las importaciones, castigó drásticamente el poder adquisitivo de los ingresos de más de la mitad de la población. La devastación medio ambiental, de las agroindustrias y la minería de exportación, están generando un verdadero ecocidio irreversible y de grandes magnitudes.

Más del 77 por ciento de las exportaciones mexicanas van hacia el país del norte, y no obstante que el balance comercial con Estados Unidos es positivo, si le resta al mismo el petróleo, las ventas de las maquiladoras⁸ (que son más compras y ventas intra-firmas, con poco valor agregado nacional y nulo consumo de materias primas locales) y las remesas de los migrantes, este saldo comercial se hace negativo. En el año 2012, las exportaciones de petróleo y las maquiladoras representaron 85% de las exportaciones hacia Estados Unidos.

Con la privatización de la empresas estatales, el incremento de la Inversión Extranjera Directa (principalmente especulativa, en la bolsa de valores y maquiladoras), se destruyeron las cadenas productivas, se incrementó el desempleo, se golpearon las asociaciones gremiales, se incrementó la informalidad (que hoy representa más de 40% de la población económicamente activa) y la precariedad o “flexibilidad” en las fuentes de empleo fue legalizada con una reforma laboral. La cepal, el 28 de septiembre de 2014, afirmó que la participación de los salarios mexicanos alcanzó sólo 27% del pib; en 1975 la proporción era de 40.2 por ciento.

Muchas ciudades mexicanas viven de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. Lo que obviamente significa la imposibilidad de generar empleo y arraigo local. México ocupó, en 2013, el cuarto lugar en recepción de remesas en el mundo: 22 mil millones de dólares. Sólo después de la India, donde se recibieron 71 mil millones, China 60 mil millones y Filipinas con 26 mil millones, según cifras del Banco Mundial. Las estadísticas de población señalan que los indocumentados mexicanos en Estados Unidos alcanzaron un millón 70 mil y, en 2013, podían llegar a los 2 millones. En los últimos veinte años, entre 200 000 y 500 000 mexicanos emigraron anualmente a Estados Unidos,⁹ de los cuales por lo menos 10% queda en el intento, son deportados o sufren accidentes mortales.

El drama del campo alcanza magnitudes alarmantes, el precio del maíz cayó más del 66 por ciento, debido a que las importaciones provenientes de Estados Unidos aumentaron 400%. Lo mismo ocurrió con las exportaciones del país del norte hacia México de soya, trigo, algodón y arroz. Se importa 95 por ciento de la soya, 60 de arroz, 49 de trigo, 25 de maíz, 40 de la carne que se consume en el mercado interno. Y aunque las exportaciones de hortalizas de México a Estados Unidos aumentaron, la balanza agropecuaria no pudo equilibrarse por el peso de los alimentos básicos. México importa hoy 60% del trigo y 70 del arroz que consume. Antes del tlcan sólo dependía de 8% de las importaciones de maíz, hoy representa más del 32 por ciento.

La producción de los principales granos, gracias al diferencial de productividad y los subsidios de la producción agropecuaria de Estados Unidos cayeron 12 por ciento, las carnes rojas, 33, y los productos maderables, 37. El pib agropecuario se estancó 1.8 por ciento al año y su participación en el pib nacional se ha ido disminuyendo: 3.57% en 2000; 3.55 en 2006 y 3.39 en 2011. El precio de la canasta básica aumentó 257%, en los veinte años del tlcan.

Esta situación de abandono del campo, afirma la prensa mexicana, “permitió que el crimen organizado entrara desde los años 90 ocupando los vacíos que dejó el Estado al retirarse como financiador, comprador, inversionista, regulador y promotor de la economía rural. Emprendió la explotación ilegal de recursos naturales, como es el caso de los bosques de Chihuahua y Michoacán, diversificó sus acciones más allá de la venta de estupefacientes: robo de maquinaria y equipo; despojo de la nómina a quienes contratan trabajadores agrícolas y extorsionó a productores y comerciantes.”

Se asiste a una devastación medioambiental que está terminando con los recursos naturales por el abuso de los agroquímicos. Se están sobreexplotando los mantos acuíferos. En pocas palabras, de los 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64% están degradadas por la erosión hídrica y eólica. “La ocde, en el mes de enero de 2014, señaló que México es el país de esa organización que más pierde bosques, con una devastación de 155 mil hectáreas de vegetación tan sólo entre 2005 y 2010”.¹⁰

México es el único país de América Latina en donde aumentó la pobreza, 60.6 millones de mexicanos que viven bajo la línea mínima de bienestar, lo afirma Alicia Bárcenas, Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (cepal), en el Panorama social de América Latina y el Caribe del 2013. De once países de la región, la pobreza bajó en seis; Venezuela fue donde más cayó.

Paradójicamente, el Secretario de Estado Norteamericano John Kerry elogió el desarrollo económico y democrático de las Américas como la relación de “iguales” entre Estados Unidos y los países del hemisferio: “Celebro, dice el Secretario, que el crecimiento económico de América Latina es nutrido por políticas sanas, programas sociales innovadores y mayor comercio e inversión internacional”falta la cita. Señaló que el comercio de Estados Unidos hacia la región se ha triplicado en la última década y vinculó eso con que 73 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza. Sin embargo no se sabe cuáles son las fuentes estadísticas en las que él se basa para hacer estas afirmaciones.

Lo que sí es conocido es que los beneficiarios del tlcan son básicamente 500 empresas en las que se concentran el 70 por ciento de las exportaciones manufactureras mexicanas. También se sabe que los multimillonarios elevaron su riqueza en 524 mil millones de dólares en el 2013, equivale a poco menos de la mitad del valor de la economía mexicana. En pocas palabras: Es una gran desventura que sean pocos los que tienen que festejar las dos décadas de neoliberalismo y tlcan, al resto del país no le ha servido de nada ser un gran exportador de petróleo, drogas y gente.

VIII. Los demás Regionalismos Abiertos

En cuanto a estos regionalismo abiertos, inspirados en las doctrinas neoliberales, podemos señalar en primer lugar, al desventurado y ya analizado tlcan, El Plan Puebla Panamá, o Iniciativa Mérida o Plan Mesoamericano (ppp), La Alianza Pacífico (ap), lo que va quedando de la can, el mcca, Aleac y Cafta. En cuanto al ppp, que pretendía crear un corredor comercial, desde su inauguración (2001), con los nueve estados del sur de México y las siete repúblicas centroamericanas (González, R.I., 2012), se ha convertido en un verdadero plan de seguridad para Estados Unidos (García Zamora, R., 2013) y está logrando básicamente desarrollar la infraestructura necesaria para detener las corrientes migratorias centroamericanas hacia los Estados Unidos, así como aproximar la producción de hidrocarburos y el producto de las maquilas a los grandes mercados del tlcan.

La actual inseguridad que se vive en Centroamérica y en especial en Honduras, ha provocado una emigración de menores de edad, sin acompañantes hacia Estados Unidos, entre el 2013 y 2014 alcanzaban más de 55 000 niños. Ellos se mueven a través del territorio mexicano por un tren llamado “la bestia”, muchos se caen y sufren mutilaciones o mueren, existe todo tipo de delincuencia organizada responsable de abusar de estos migrantes. Se ha comprobado maltratos, esclavitud, enrolamiento en el narcotráfico, abuso sexual, violaciones o las masacres que se han detectado últimamente, por el hallazgo de las fosas comunes, en muchos Estados del sur mexicano.

En 1994, año en que firma el tlcan y se prometía a México entrar a formar parte de los países desarrollados y por supuesto la “posmodernidad”, surge el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (ezln), como una gran respuesta de la presencia indígena del sur de México; paradójicamente como un llamado al mundo de la profunda discriminación y atraso económico y social en que viven estas comunidades indígenas. Sin embargo, como una desventura para todo el sureste mexicano y el istmo centroamericano, el ppp ha provocado el abandono de las tierras de muchas comunidades campesinas e indígenas, lo que ha significado la modernización y ampliación de carreteras, puertos y aeropuertos, hasta llegar a convertir en una real opción el istmo centroamericano, al canal de Panamá (con carreteras transístmicas).

Uno de los regionalismos más golpeados puede ser la can. Primero con la salida de la República Bolivariana de Venezuela en 2006 y la ya señalada creación del ALBA,¹¹ en donde obviamente no están los antiguos socios de la can, a excepción de Ecuador. Segundo por la preocupación de generar un bloque contra el Mercosur, encabezado por México y seguido por Colombia, Chile y Perú (tres de los antiguos socios de la can), el tlc llamado “Alianza Pacífico”.

Este acuerdo es más político que económico, pues México, en primer lugar, tiene un comercio muy reducido con estos países suramericanos, su inserción en el tlcan absorbe más del 85 por ciento de su comercio exterior; en segundo lugar, la libre movilidad de población es sólo para turistas y comerciantes, no para trabajadores o profesionales con intenciones de radicarse en el país. Si no hay suficientes empleos para más de 8 millones de jóvenes mexicanos excluidos y donde existe una pobreza de más de 50 millones (García Zamora, R., 2013), menos habrá oportunidades para extranjeros suramericanos. En tercer lugar, los aranceles comunes del tlcan imposibilitan la correspondencia con aranceles externos cero de muchos países suramericanos; en cuarto lugar, la can que parecía la mejor integración suramericana, por su alto grado de institucionalización (Quenan, C., 2001) y que prometía un mercado libre para el 2005 (Quenan, C., 2001; Peixoto y Deciancio, 2010) quedó en sólo buenos deseos de las reuniones de políticos de turno.

La can, con un Consejo Presidencial Andino, un Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, una Secretaría General de la Comunidad Andina, un Tribunal de Justicia, un Parlamento Andino, una Cooperación Andina de Fomento, un Consejo Consultivo Empresarial y hasta una Universidad llamada Simón Bolívar, quedó todo en el papel. Lo que actualmente funciona son los tlc bilaterales de estos países con Estados Unidos, o los bilaterales entre ellos u otros países o bloque de la región.

Por estas razones la Alianza Pacifico (ap) busca un acercamiento al Mercosur (25 de noviembre 2014), en una posible integración gradual y flexible, pero todavía no arancelaria, pues son dos integraciones distintas sobre el libre comercio, ambos bloques son vistos actualmente como antagónicos. La presidencia actual de Chile reconoce que la convergencia gradual y programática de los dos bloques, otorgaría importantes beneficios a las dos integraciones. A parte de los aranceles se busca la movilidad de personas, integración energética y de infraestructura, la ap alcanzó la desgravación de más de 90% de sus productos de sus miembros, el Mecosur tiene un aec (Arancel Externo Común), variable entre 0 y 20%. Además no debe perderse de vista que el Mercosur tiene libre circulación de bienes y servicios entre sus miembros.

Por otro lado, los Derechos Humanos y la paz regional, son principios básicos del Mercosur y Colombia en particular, después de dos años de negociaciones (se inician en Cuba en 2012) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Ejército de Liberación Nacional (eln), dos de las guerrillas existentes en ese país. Además de más de 50 años de guerra no reconocida, 220 mil muertos y 5.6 millones de desplazados. Con siete bases militares estadounidenses en su territorio, no ha podido pacificar al país. También se ha sumado a las diferencias regionales las constantes violaciones a la soberanía nacional de sus vecinos, con la justificación de la persecución de los jefes guerrilleros.

La inseguridad, el narcotráfico, la pobreza extrema, alta concentración del ingreso, la corrupción y la falta de oportunidades de empleo, son características de Colombia, Perú, Centroamérica y México. Son elementos que se suman a las desventuras de los tratados de libre comercio “neoliberales” y que se olvidaron de la importancia del Estado y el mercado interno, como factores centrales de la promoción del desarrollo económico.

El futuro de la mcca se parece mucho al de la can, pues de tener una gran institucionalización (que contaba desde reuniones periódicas Presidenciales, Consejo de Ministros de Integración Económica, Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano, Corte Centroamericana de Justicia, Parlamento Centroamericano, Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie) y Comité Consultivo Multilateral (C. Quenan, 2001, p. 21)), primero, tuvo un relanzamiento en el protocolo de Guatemala en 1993; después, a los cinco países del inicial mcca (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador) se sumaron dos más: Panamá y Belice, constituyéndose una nueva regionalización, el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). La República Dominicana fue admitida en calidad de socio observador (González, R.I. 2012). Luego, se integraron al ppp y después Estados Unidos les propuso en el 2004 un tratado de libre comercio Aleac. Es decir, privilegiar TLC “neoliberales”, o retomar la fracasada alca, pues creemos que Washington no abandona la idea y en el Caribe será su próximo paso con el Caricom¹² (González, R.I., 2012 y Desse & Dupuy, 2008). En el 2012 y 2013 se han propuesto, de manera unilateral, Panamá y Costa Rica como socios observadores de la ap, con lo cual queda completamente dividida y enterrada la vieja integración del mcca.

A la Celac, que excluye a Estados Unidos y a Canadá, se le augura una vida corta, por lo menos en la permanencia de los países que mantienen tlc “neoliberales”, pues su lanzamiento, en diciembre de 2011, incluye preceptos básicamente de los TLCPL. Hacen énfasis en el rechazo al bloqueo estadounidense a Cuba, el combate a la especulación financiera, los derechos de los migrantes, el desarrollo sostenible, la superación de la condición mediterránea de Bolivia, la recuperación de la Malvinas, la eliminación de las armas nucleares y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La defensa de la democracia, el orden institucional y la paz en la región (González, R.I., 2012).

Para el caso de Chile, tal vez el país más exitoso de ap, en cuanto al crecimiento económico (5.5 por ciento entre 1996 y 2007) podemos señalar que, además de la concentración del ingreso y del mal funcionamiento del mercado de trabajo dada la heterogeneidad productiva de su economía,¹³ se ha obstaculizado el llamado “crecimiento con equidad”, lo que impide la mejor convivencia y la misma democracia. Las empresas de alta productividad producen el 85 por ciento de las exportaciones totales, mientras que las empresas medianas tienen el 8.5 por ciento y las pequeñas sólo 6.5 por ciento.

Sobre la base de estos antecedentes, nos dice Sunkel, “es posible comprender por qué la apertura comercial que ha logrado el país no se ha traducido en beneficios directos para las empresas pequeñas y medianas: a) el conjunto de las empresas de tamaño reducido (pequeñas y medianas) tiene escasa participación en el total de las exportaciones (15 por ciento); b) si llegara a aumentar las exportaciones de estos sectores, la debilidad del tejido productivo conduciría a que solo 26% del consumo intermedio de las empresas pequeñas y medianas proviniera del sector de igual tamaño, y el restante 74 de las empresas grandes; y c) cuando aumenta la producción de las empresas de alta productividad –por ejemplo, para abastecer el mercado externo-, su demanda de insumos recae preferentemente en empresas de igual tamaño (un 78%).” Sunkel termina la idea diciendo: “Cuando la estructura productiva es heterogénea, la estrategia de crecimiento centrado en las exportaciones (…) ha demostrado ser claramente insuficiente para lograr un desarrollo equilibrado y equitativo” (Sunkel, 2013, p. 326).

Finalmente, con respecto al mercado de trabajo, “se observa una alta concentración de los salarios y del excedente bruto de capital en las grandes empresas, en unas circunstancias en las que la gran mayoría de la población que trabaja en las empresas de tamaño pequeño y mediano (76.4%) percibe una proporción muy reducida del valor agregado (23.3%)” (Sunkel 2013, p 327). Esto quiere decir, como el mismo Sunkel concluye: que la economía chilena se encuentra dividida y diferenciada en mundos poco articulados. “El primero, de alta productividad, es el que impulsa la economía y paga buenos salarios, mientras que los restantes, de mediana y baja productividad, no influyen mayormente en el crecimiento por mucho que absorban la mayor parte del empleo. Por tanto, (…) la heterogeneidad se reproduce incluso en condiciones de crecimiento económico acelerado” (Sunkel, 2013, p. 328).

Una gran desventura de esta integración la ap y el tlc “neoliberal” en Chile, tiene que ver con que cerca de 60% de los trabajadores que pertenecen a los hogares menos favorecidos carecen de un trabajo que tenga un buen nivel de productividad y una remuneración digna. El mercado no ha sido capaz de transferir recursos a los sectores menos favorecidos y por el contrario ha polarizado la productividad y la riqueza.

IX Conclusiones

Sería reiterativo hacer énfasis en las grandes desventuras de los tratados de libre comercio “neoliberales” o “regionalismo abierto”. Algunos analistas sostienen que el México actual atraviesa por la peor crisis política y social de su historia, creen que el “Estado fallido”, como lo caracteriza actualmente el Pentágono de Estados Unidos, y lo confirma su nuevo embajador, responde a una destrucción del tejido social por parte del neoliberalismo y la guerra al narcotráfico, que corrompió de manera grave a la clase política (García Zamora, R., 2013). Demandan urgentemente un nuevo “pacto social” (Cordera, C.R., 2011) que recupere el Estado como factor fundamental de la política social, industrial, de combate a la pobreza y la concentración del ingreso.

Los tlc neoliberales, casi con los mismos términos de los TLCPL, están discutiendo la necesidad de colocar en el centro de la elaboración de políticas públicas con los “diálogos sociales” para garantizar los derechos fundamentales, la calidad de los empleos, las convergencias productivas, la utilización de los recursos fiscales y el ahorro nacional en el desarrollo territorial incluyente, con la sustentabilidad financiera necesaria, para garantizar el crecimiento equilibrado y equitativo.

No sólo los países que se han incorporado al nuevo bloque de TLCPL están reconociendo el papel del Estado y su equilibrio con el mercado y la sociedad, para cambiar las asimetrías que genera la heterogeneidad productiva y su impacto en la distribución del ingreso. Es el caso particular de Chile analizado por Sunkel e Infante, puede asegurarse la idea de apoyar los actuales Complejos Productivos Industriales (cpi) en el desarrollo territorial, los clúster regionales cuya estructura local sólo se puede sostener con una institucionalidad sólida que pueda habilitar la capacidad innovadora; a estos cpi, sólo el Estado les puede proporcionar la infraestructura necesaria, la red de comunicaciones, la asistencia técnica y el financiamiento.

El diálogo social exige readecuar las instituciones apoyadas por organizaciones sociales de base, para garantizar desarrollo inclusivo con mayor calidad de empleo y equidad. En pocas palabras, sólo el Estado lo puede hacer, el mercado ha mostrado su incapacidad y, lo más grave, es que está profundizando las asimetrías sociales, económicas y políticas de los Latinoamericanos.

Es necesario volver los ojos al abandonado sector rural, centro del subdesarrollo y la pobreza, en casi todos los países de la región. Reconocer, financiar y asistir con todo tipo de recursos las diferentes formas de trabajo, cooperativas, trabajo solidario, economías populares y solidarias, proyectos productivos participativos, manteniendo diferentes formas de propiedad y trabajos vinculados al mercado interno, con el principal objetivo de superar urgentemente los viejos rezagos de pobreza y concentración del ingreso.

Son una gran ventura en los TLCPL los PGN y las EGN, como el Banco del ALBA, el Banco del Sur, la moneda única el SUCRE, lo mismo que el CDS, el Observatorio de la Democracia del Mercosur, el Parlasur, la libre movilidad de población, con los mismos derechos laborales y sociales de cada una de las naciones de la integración. Son instituciones y principios que trabajan de manera continental en disminuir las asimetrías, garantizar primero la integración sur-sur y retomar la senda del desarrollo regional, en democracia, respeto de los Derechos Humanos, las soberanías nacionales, la seguridad alimentaria, el derecho a la vida y el medio ambiente, en un contexto de paz regional.

Finalmente, cabe hacer énfasis en los TLCPL y los bloques regionales, porque en casi toda América Latina, es el sector externo el que provee los bienes de capital y el progreso tecnológico de los países desarrollados. Por esta razón, es importante la forma como se insertan las economías en el mercado regional y mundial, el tipo de exportaciones, el valor agregado que conllevan; pues de ellas dependen en buena medida tanto el crecimiento, como el impacto en el desarrollo económico interno.