A partir del estudio de caso respecto de cómo se adoptaron medidas coyunturales de libre comercio, tanto en el puerto de San Blas como en otras zonas costeras del noroeste de Nueva España, durante el periodo de la guerra de Independencia, hemos podido dar seguimiento al conflicto desatado entre los comerciantes de los poderosos consulados de México y Veracruz y las autoridades y corporaciones de las regiones noroccidentales de Nueva España.
By developing a case study that analyzes how conjunctural measures allowing free trade were adopted in the port of San Blas and other coastal areas of northwestern New Spain during the period of the war of Independence, we were able to trace the history of the conflict that emerged between the merchants in the powerful consulates located in Mexico City and Veracruz and the authorities and commercial corporations in northwestern regions of New Spain.
Es sabido que a lo largo del siglo XVIII, pero sobre todo en su segunda mitad, el estado español aplicó políticas que propiciaban la instauración de algunas formas del libre comercio en sus dominios, sin embargo, en Nueva España, éstas se instrumentaron tardíamente y no sin reticencias, debido principalmente al control que ejercían en el comercio interno los miembros del Consulado de comerciantes de la ciudad de México y a su capacidad de negociación con la propia corona para mantener sus prerrogativas monopólicas.1
Diversos investigadores han tratado ya con prolijidad tanto a la corporación de los comerciantes mexicanos como los problemas que enfrentaron con las medidas económicas y administrativas instrumentadas por la corona al final del siglo XVIII.2 Por nuestra parte hemos querido rastrear las circunstancias específicas que dieron lugar tanto a algunas prácticas de libre comercio en las regiones occidental y noroccidental de la Nueva España, como a la defensa de éstas hecha por comerciantes, corporaciones y gobernantes de esas zonas, en un momento en el que las autoridades metropolitanas se empezaron a pronunciar a favor del comercio libre y en contra del monopolio ejercido por los poderosos mercaderes de la ciudad de México.
Nos ha parecido interesante dar seguimiento a este proceso porque es posible advertir en él que el gran poder que concentraron los comerciantes mexicanos a lo largo del periodo virreinal se empezó a deteriorar al emerger intereses comerciales regionales. Este fenómeno, aunque con antecedentes importantes en las últimas décadas del siglo XVIII, fue particularmente visible en las dos primeras décadas del siglo XIX, y de manera más específica en la coyuntura política de la guerra de Independencia.
El caso de las provincias del noroeste de la Nueva España puede servirnos para ejemplificar esa situación de marginalidad regional, pero a la vez de sometimiento al dominio de los comerciantes mexicanos, de manera que el desenvolvimiento de las actividades productivas y comerciales en dichas regiones dependía de los avíos de aquéllos. Esto llevaba a que dichos avíos debían ser pagados por lo regular con plata de la región, y donde no había ésta con los sínodos y sueldos de misioneros y soldados presidiales, de manera que la circulación de moneda era escasa pues las necesidades se cubrían principalmente con las mercancías solicitadas por los aviadores de las minas o por los encargados de la habilitación de misiones y presidios.
Las consecuencias desastrosas que este sistema tenía para la reproducción del propio dominio hispano fue detectado tempranamente por algunas autoridades enviadas a mediados del siglo XVIII al noroeste. En sus informes plantearon la necesidad de que el comercio se flexibilizara para facilitar la incorporación de dichas provincias a la Nueva España, lo que además se pensaba garantizaría su poblamiento y su defensa ante posibles ataques enemigos.3 En los hechos estas ideas se fueron concretando en disposiciones que se consideraron adecuadas para integrar de manera efectiva los territorios septentrionales americanos a los dominios de la monarquía hispana. Es conocido, por ejemplo, que en 1768, cuando el visitador José de Gálvez propuso un proyecto para la colonización del noroeste novohispano, uno de sus primeros pasos fue el establecimiento del puerto de San Blas, base naval que fue indispensable para reconocer y poblar el territorio de la Alta California, y del cual pensaba que se derivarían mayores beneficios comerciales y fiscales para España.4
Entre los planes del visitador se encontraba también la fundación de puertos en la península californiana y la realización de ferias de comercio en Loreto y Guaymas, que no llegaron a concretarse.5 Si bien las acciones de Gálvez fueron de apertura de nuevos territorios y de los puertos que debían conectarlos, era en el entendido de que los beneficios que generaran eran para España y por lo tanto no implicaban en estricto sentido la liberación absoluta de su comercio; antes bien la obsesión del visitador por reglamentar nos indica su preocupación por la regulación que debía ejercer el estado: de las formas de la colonización, los lugares a colonizar, del abasto, los precios, las ferias, etcétera.6
El afán controlador de Gálvez no tuvo sin embargo mucho éxito, ni para detener a otras naciones interesadas por irrumpir en el noroeste americano, ni para que se cumplieran las reglas impuestas para garantizar, por parte de España, la colonización y el abasto que requerirían los nuevos pobladores, de ahí que vecinos y autoridades de las regiones abiertas a la colonización empezaron a realizar acciones de contrabando para sobrevivir.7 Pocos años después de la visita de Gálvez al noroeste ya eran claras las incongruencias de sus planes y las situaciones contradictorias y problemáticas que se habían generado en materia de abasto y comercio. Esa situación, más las experiencias de navegación y comercio por el Pacífico, por momentos legales y por muchos más de manera subrepticia que se habían dado entre puertos del sur de América con Acapulco y otros puertos menores a lo largo de los siglos coloniales, generaron siempre la expectativa de reactivar de manera formal dicho comercio,8 de manera que al final del periodo virreinal no eran novedad las ideas acerca de permitir e incluso propiciar el comercio de España y de algunas de sus colonias del sur de América con las provincias del noroeste de la Nueva España.
Eso explicaría que después de Gálvez importantes funcionarios del régimen borbónico se manifestaran por impulsar algunas medidas de apertura comercial por el Pacífico, como fue el caso, estudiado por Carmen Yuste, de Francisco Leandro de Viana, cuyo conocimiento y experiencia sobre el tráfico transpacífico lo llevaría a proponer su liberalización como una forma de eliminar los abusos y contrabandos.9 En otro ejemplo, expuesto por Guadalupe Pinzón, el visitador del Perú, Antonio de Areche, se manifestó hacia 1779 por la apertura comercial entre los puertos peruanos y San Blas, medida que no se llevó a cabo en esos momentos porque el puerto neogallego no estaba habilitado para comerciar.10 La propuesta de Areche sería retomada más adelante, primero en los años ochenta, aunque sin éxito, debido a la oposición del Consulado de comerciantes de México.11 Posteriormente fue reconsiderada cuando se otorgaron los permisos de 1796 y 1797 a San Blas para el comercio con Guayaquil, Perú, Realejo y Sonsonate.12
Es posible advertir en las propuestas antes mencionadas la claridad de perspectivas de estos funcionarios coloniales de primera línea en relación con las ventajas que podrían adquirir algunas provincias de adoptarse un cierto liberalismo comercial dentro de los márgenes de defensa de los intereses imperiales españoles. Sus planteamientos, sin embargo, sufrieron todavía los embates del poderoso Consulado de los comerciantes de México, así como lo serían algunas de las medidas tomadas por la propia corona al final del siglo XVIII.13 De manera que aunque empezaban a menguar los privilegios del poderoso gremio de comerciantes de la ciudad de México, sus privilegios, aunque amenazados, seguían vigentes a principios del siglo XIX.14
Las circunstancias de la apertura comercial de san blas durante la guerra de independenciaEn el lejano noroeste el dominio mercantil de los almaceneros de México había generado, como en otras zonas del país, relaciones muy desiguales debido a que controlaban el abasto y los precios, los que aumentaban de manera exorbitante por las distancias, los problemas de los caminos y la especulación que se hacía con algunos productos que podían escasear.15 Fue por ese control y abuso de los comerciantes monopolistas que tanto los habitantes como algunas autoridades de aquellas latitudes vieron como una buena opción el desarrollo del comercio marítimo por San Blas.
Hemos dicho que desde el segundo lustro de los años noventa San Blas obtuvo permisos para la introducción legal de algunas mercancías procedentes de puertos hispanoamericanos,16 lo que también obedecía al hecho de haber sido reconocido con anterioridad el gremio de comerciantes de Guadalajara.17 Ambos hechos contribuyeron a fortalecer los nexos comerciales entre Guadalajara, San Blas y el noroeste, en detrimento del dominio de los comerciantes mexicanos. Sin embargo, fue durante la guerra de Independencia que hubo un incremento notable del comercio marítimo por este puerto, lo que motivó un conflicto de intereses entre los consulados de comerciantes de México y Veracruz, por un lado, y los del Consulado de Guadalajara, asociados a las autoridades de Nueva Galicia y de las Provincias Internas, por otro. Estos últimos defendieron la entrada de efectos extranjeros y la salida de plata por San Blas y otros puertos del noroeste, como Guaymas, con motivo del comercio realizado por panameños y peruanos durante el conflicto.18
Las conexiones mercantiles entre Panamá y San Blas empezaron a forjarse en 1809, cuando ante la toma de Nueva Granada por fuerzas insurrectas, los comerciantes del istmo panameño consiguieron permisos especiales de las autoridades españolas para comerciar con “colonias amigas”.19 Producto de ellos, a partir de 1810 empezaron a realizar dichos comerciantes la travesía por el Pacífico, pero al no poder desembarcar en Acapulco por los asedios del que fue objeto este puerto entre 1810 y 1813 hasta su toma final en este último año por las fuerzas de Morelos, las embarcaciones de comercio, incluyendo la nao de Filipinas, debieron continuar hasta San Blas. Durante el tiempo que Acapulco estuvo bajo poder insurgente el asedio de los realistas no le permitió a Morelos aprovechar de manera estratégica el puerto como hubiera querido. En 1814 volvería a quedar bajo el poder real.20
Los diversos grupos de insurgentes levantados en armas en esos años trataron de dislocar, a través de la toma de puertos, el comercio y comunicaciones que resultaban estratégicas para el desenvolvimiento de la Nueva España y particularmente para sus relaciones con España y Filipinas. Asimismo, al interior del territorio novohispano, fue común “la intercepción de los caminos, la interrupción del tráfico comercial, la escasez de dinero…” por lo que las autoridades de varias regiones se lamentaban del caos generado por la guerra.21
Por su parte, el puerto de San Blas, perteneciente en ese entonces a la Intendencia de Nueva Galicia, había sido recuperado en febrero de 1811 por el comandante general José de la Cruz, después de dos meses de haber permanecido en manos insurgentes.22 Esta situación brindó la oportunidad a los realistas neogallegos de aprovechar el comercio marítimo que no podía llevarse a cabo por Acapulco.
La guerra generó situaciones especiales que facilitaron transacciones comerciales en lugares que no tenían permisos para realizarlas o donde éstos eran muy limitados, pero en los que desde antes se buscaba la manera de obtenerlos. En un ambiente económico y político en el que la propia corona impulsaba de tiempo atrás algunas medidas de liberación comercial, la coyuntura generada por la guerra facilitó que esas transacciones “de hecho” fueran respaldadas mediante permisos especiales por las autoridades, bajo la premisa de que eran temporales. Así sucedió en el caso de Panamá, cuya autorización se había dado a semejanza de otra otorgada a La Habana con anterioridad.23 Bajo circunstancias similares, De la Cruz permitió la introducción de mercancías a San Blas, en un inicio con libertad de derechos, para garantizar el abasto de la jurisdicción, razón por la que fue aplaudido por las corporaciones locales de Nueva Galicia.24 Poco tiempo después, el incremento en el comercio del puerto lo llevó a instrumentar un reglamento que le permitió obtener recursos por la vía del cobro de algunas imposiciones para enfrentar los gastos de la guerra, lo que indicaba que el comercio libre de derechos autorizado inicialmente fue modificándose conforme las circunstancias lo requerían.25
El acuerdo de José de la Cruz con las corporaciones más importantes de la Nueva Galicia para la obtención de recursos por la vía del comercio se alcanzó en octubre de 1813, cuando convocó a dos reuniones para discutir el asunto. En la primera les informó a los asistentes que su gobierno había permitido a los comerciantes llevarse de regreso grandes cantidades de moneda, a algunos incluso plata pasta por falta de aquélla, como producto de sus negociaciones, pese a que había tenido la oposición del fiscal. Deseando llegar a una solución dio a conocer en la reunión los expedientes de los comerciantes que habían solicitado la extracción.26
Después de analizar la situación, en la que se consideró tanto “la escasez de géneros en el reino”, provocada por la obstrucción de los caminos por las “gavillas de rebeldes”, como el cuidado y protección que debían darse a la industria y las artes locales, las autoridades coincidieron en la necesidad de mantener el comercio por San Blas tomando en cuenta las reales órdenes que establecieron el libre comercio y la extracción de moneda. Los asistentes —con excepción del fiscal— determinaron que el jefe político podía permitir la extracción de moneda “no sólo a los comerciantes del otro reino como precio de sus mercaderías; sino también a los que estando establecidos en éste soliciten permiso para ir a comerciar con sus caudales en los puertos del Perú, pues la libertad de comercio debe ser recíproca…”.27
Para regular la extracción propusieron algunas reglas a seguir, como la prohibición de exportar plata en pasta; la limitación de su extracción si se veía que disminuía notoriamente el numerario; asegurar que los comerciantes del reino que fueran a comerciar al Perú volviesen; que todos pagasen los respectivos derechos establecidos, además del prevenido en el Real Decreto de 22 de diciembre por la extracción de oro y plata en moneda; y, por último, la prohibición de extraer dinero menudo.28
Dado que en esa primera reunión sólo se había aprobado la extracción de metálico, José de la Cruz citó ocho días después a otra, de carácter extraordinario, con el objeto de acordar algún tipo de imposición sobre dicha extracción. A manera de información introductoria el intendente señaló a los concurrentes que los referidos comerciantes de Panamá tenían pendientes las solicitudes “para conducir a dicho puerto el producto de sus negociaciones, cuyo total importe pasa de setecientos mil pesos”.
Posteriormente, la máxima autoridad de la Nueva Galicia manejó dos argumentos que darían como resultado la aceptación, por los asistentes, del cobro de algunos derechos. En el primero de ellos señalaba que de continuar dicha extracción podía llegar a faltar el numerario que se necesitaba para la “circulación y subsistencia del reino”, a lo que añadía la escasez del erario público, debida a gastos que ocasionaba la “espantosa rebelión” y los requerimientos que con el mismo motivo le solicitaban de México. En el segundo exponía la idea de que “era tan grande la libertad del indicado comercio”, pues los comerciantes sólo satisfacían los “muy moderados y extraordinarios de importación de 4½ %”, que se justificaba que hubiera algún tipo de derecho que “conciliara dicha libertad con la grave necesidad en que se haya [el gobierno de Nueva Galicia] de proporcionar arbitrios para subvenir a los cuantiosos gastos de la guerra.”29
Resulta interesante advertir que si en un primer momento la necesidad hizo que se aceptara la introducción de mercancías libre de derechos, es decir realmente como comercio libre, al ver el éxito de las introducciones de los comerciantes panameños y la evidencia de que el pago de éstas se hacía con plata, rápidamente la autoridad empezó a planear la manera de allegarse recursos que en esos momentos no se podían obtener de otras fuentes dada la situación de guerra y la afectación de varias actividades económicas.
Así que ante los argumentos del comandante general los concurrentes aceptaron el establecimiento del que llamaron derecho de retención, que consistía en un 10% sobre las extracciones de metálico, aunque por las resistencias que presentaron los comerciantes afectados (ellos proponían a cambio hacer un préstamo o donativo) se determinó que si el rey no aprobaba la medida se reintegraría a los comerciantes el monto que hubieran afianzado sobre dicho derecho.30
Cuando las resoluciones de las autoridades neogallegas llegaron al virrey de la Nueva España, Félix María Calleja, éste declaró su conformidad con un primer dictamen de la Junta de Guadalajara respecto de permisos ya concedidos para la exportación de platas pastas a Panamá. Señaló que dicha extracción estaba “lejos de ser contraria a las reglas y disposiciones del caso”, y la consideraba “conforme a las leyes que habilitaron para el comercio recíproco del Perú al puerto de San Blas”;31 sin embargo, el virrey determinó que debían devolverse a Olazagarre, uno de los comerciantes panameños que habían extraído plata en moneda y en pasta, los 43 000 pesos que había depositado como fianza, mientras las autoridades reales tomaban una resolución.
Calleja agregó, además, que lo que se pretendía cobrar sobre las extracciones de plata y oro en pasta no se podía considerar como derecho de amonedaje, pues éste sólo se podía realizar en el “ingenio o casa donde se amonedasen dichas pastas”.32 Podemos advertir que mientras la junta de Guadalajara puso la limitante de que la extracción de plata no se hiciera ya en pasta, sino sólo en moneda, el virrey justificó y aceptó con sus declaraciones la libre extracción de plata en pasta sin ningún cobro de derechos.
Casi un año después, y en sintonía con la postura del virrey, la Secretaría y Despacho de Indias, por medio del contador general José Manuel de Aparici, dictaminó que no debía aprobarse el acuerdo de la junta extraordinaria de Guadalajara relativo al cobro del 10% de retención sobre la extracción de metálico. Su parecer era que el gobernador debía proponer otros arbitrios que no fueran incompatibles con la libertad de comercio “tan útil a aquellos reinos” y se pronunciaba porque el intendente de Guadalajara aceptara el donativo que los comerciantes estaban dispuestos a dar.33
Aparici estuvo de acuerdo en que no debía obstaculizarse la extracción de metálico debido a que estaba vigente el artículo cuarto de la Real Cédula de 17 de enero de 1774, que permitía el comercio recíproco entre Nueva España y Perú, Tierra Firme y Guatemala, y en la cual se establecía “que en el caso de que los efectos de Nueva España (que se extraen) no alcancen a cubrir el importe de la cargazón introducida se conceda el embarcar en plata acuñada el residuo de su valor”. El contador general agregaba que, en “las actuales circunstancias y estado de aquel reino se puede autorizar al comandante de Guadalajara para que con anuencia de los oficiales reales, del fiscal y de su asesor, conceda los permisos de extraer moneda en los casos en que lo exija el mejor surtido de aquel reino”,34 lo que venía a ser, de hecho, una convalidación de lo que desde un año antes había aprobado la junta extraordinaria de Guadalajara.
Como podemos advertir, tanto la postura de Calleja como el dictamen del contador general del Despacho de Indias son una prueba de que las máximas autoridades no valoraron como ilegal el comercio por San Blas, al cual consideraron “útil para aquellos reinos”, y que incluso se manifestaron por no gravar la extracción de plata que había propuesto José de la Cruz para obtener mayores recursos de dicho comercio.
Debido a la oposición que suscitó el impuesto a la extracción de metales y sobre todo por la necesidad de establecer un orden fiscal que le permitiera a la hacienda neogallega contar con recursos para enfrentar la guerra y otras necesidades, en 1815 el intendente del reino propuso un “nuevo sistema de arreglo de derechos” que eliminaba el controvertido 10% de retención (desautorizado desde 1814) y el 5% de Diputación Provincial (esta institución ya había desaparecido) y su sustitución por otros.35
Con el argumento de que dichas imposiciones serían para el sostenimiento de la defensa de la monarquía frente a los rebeldes, en momentos en que era difícil obtener recursos de otras fuentes, el intendente De la Cruz sostenía que el comercio por San Blas no podía ser considerado ilícito, pues, advertía, “sin tales auxilios, no hubiera podido progresar la pacificación ni aun conservarse las poblaciones restablecidas al buen orden; ni mucho menos se habrían podido socorrer como se ha hecho en diversas ocasiones con tropas, sumas de dinero, municiones, pertrechos y víveres las indicadas provincias de Guanajuato, Valladolid y puerto de Acapulco que debían ser auxiliadas de México”.36
El conflicto por el libre comercioAlgunas de las introducciones de mercancías por San Blas en esos años fueron en efecto cuantiosas y beneficiaron muy particularmente a los comerciantes asentados en Guadalajara, por ser aquella ciudad el centro urbano de mayor importancia al que estaba ligado el puerto, y desde la cual se redistribuía la mayor parte de los efectos hacia su zona de influencia inmediata.37
Como era de esperarse, los comerciantes mexicanos y veracruzanos protestaron por la permisividad de las autoridades reales con dicho tráfico, al que consideraron ilegal y fraudulento, por lo que llamaron la atención en sendas representaciones sobre “las ruinosas consecuencias” de ese comercio que, según sus informes, estaba compuesto por numerosas expediciones que “están continuamente llegando a aquel puerto”, y cuyos cargamentos, en su mayor parte integrados por géneros ingleses de Jamaica, valían cinco o seis millones de pesos.38
Agregaban que este comercio hacía perder derechos al tesoro público sobre los bienes y géneros extranjeros de algodón a su introducción, internación y extracción de los puertos habilitados de España, y tres cuartas partes de los que rendirían entrando por Veracruz, debido a que por diversas disposiciones estaban limitados en los de la Mar del Sur, con inclusión de la alcabala, a la cuarta parte de su importe. Finalmente aludían a que el incentivo de los metales preciosos y la imposibilidad de cargar frutos territoriales ocasionaba que los retornos se hicieran con oro y plata y ésta no siempre amonedada sino en pasta, con lo que según su parecer perdía el país, por la mayor ley de las barras, entre otros factores.39
En esa controversia las autoridades y la corporación de comercio neogallegas se mostraron defensoras de un “libre comercio”, ya respaldado de hecho en esos momentos por las autoridades superiores, que las favorecía frente al monopolio de los comerciantes mexicanos y veracruzanos. Era ésta una postura pragmática, más que doctrinaria, favorecida por las circunstancias y coyuntura de la guerra y que admitía la introducción de efectos extranjeros bajo la idea de que se pagaba por su nacionalización en el primer puerto de su introducción (Portobelo) y luego los derechos correspondientes para su venta en el puerto de destino (San Blas)
Era pragmática porque se asumió como una vía para garantizar el abasto de la región y, desde luego, porque beneficiaba a los comerciantes que manejaban el comercio en esa zona y que desde tiempo atrás trataban de que los comerciantes de México respetaran su región de influencia, no sólo la inmediata sino la que tenía que ver con el norte del país; era pragmática porque fácilmente era modificada según las circunstancias, de manera que al poco tiempo también se pensó, en una actitud un tanto contradictoria, como una oportunidad para obtener recursos extraordinarios por la vía de gravar tanto las introducciones como la extracción de plata (si bien esto último como hemos visto no tuvo éxito).
Más que referirse a un cuerpo de ideas sostenido teóricamente o como política de estado, lo que sí se empezó a hacer en el Consejo de Indias e incluso en el Ayuntamiento de la ciudad de México,40 las autoridades neogallegas justificaban la realización del comercio de productos extranjeros en el hecho de que ya se hacía, tanto por los comerciantes gaditanos en la propia península, como por los de Veracruz y México en Nueva España. Les interesaba ahora que se reconociera y admitiera su práctica entre los mercaderes de Panamá, Guadalajara y San Blas, a los cuales se sumarían los comerciantes de los pequeños puertos del noroeste. Así lo expuso el Ayuntamiento de Guadalajara en 1815 al defender las medidas impositivas determinadas por las autoridades neogallegas y gracias a las cuales, decían los miembros de esta corporación, se apoyó a las tropas de diversos lugares del virreinato, con lo que se había logrado detener a los rebeldes.41
Como bien temían los miembros de los consulados de México y Veracruz, el comercio de los panameños con San Blas no se restringió a la Nueva Galicia, sino que se extendió al golfo californiano, de ahí que desde 1812, a poco tiempo del inicio de estos negocios, el subdelegado de Real Hacienda y administrador de alcabalas del real minero del Rosario, solicitaba se reconocieran a Mazatlán, el puerto más cercano, los mismos privilegios que a San Blas.42 Ante las demandas de habilitación de otros puertos para el comercio en cuestión, las Cortes decretaron en 1814 la concesión a Guaymas, con exención de pago de derechos por diez años y la celebración de una feria anual (como lo había previsto Gálvez), medida esta última que si bien nunca se llevó a cabo, ocasionó gran disgusto entre los comerciantes de Veracruz y México.43
Los argumentos de los comerciantes de los consulados más poderosos de la Nueva España no pudieron detener la introducción que se hacía por vía marítima en las costas del Pacífico, y así tenemos que continuó tanto por San Blas como por Guaymas y otros puertos del noroeste. Fue debido a ello que los comerciantes mexicanos promovieron tanto el comiso de mercancías como la prohibición de dicho comercio, lo que finalmente alcanzaron en julio de 1816 cuando el virrey Félix María Calleja emitió un bando al respecto.44
La medida afectaba principalmente los intereses de comerciantes de la Nueva Galicia y, en segunda instancia, de los de Sonora y Sinaloa, por lo que el comandante general de Provincias Internas, Bernardo Bonavia,45 manifestó su inconformidad con el bando porque según su parecer era contrario al permiso concedido por el rey a Panamá, además de que lesionaba los intereses de sus gobernados. Argumentaba asimismo que los buques que habían arribado a la jurisdicción bajo su mando llevaban papeles oficiales y los comerciantes habían actuado de buena fe, sabedores de los permisos concedidos por la autoridad máxima. Finalmente, admitía no haber publicado el bando en su jurisdicción por las causas explicadas y solicitaba se admitieran las embarcaciones que llevaran los registros en regla para comerciar. La postura de Bonavia contra el bando prohibitivo del comercio entre Panamá y San Blas —transcrita a su vez por el fiscal de Real Hacienda—, refleja sin duda su defensa de los intereses del comercio de su amplia jurisdicción.46
Desde tiempo atrás, los habitantes de las Provincias Internas estaban sometidos a las condiciones impuestas por los grandes mercaderes agrupados en el consulado de México, que encarecían fuertemente los productos con el pretexto de la distancia y la escasez. Esto había llevado a que en diversos momentos los comerciantes locales vieran con buenos ojos la posibilidad de comprar mercancía de contrabando, como cuando en 1809, ante el arribo de una embarcación bostonesa a Guaymas y a Mazatlán que consiguió permiso de la autoridad regional para rematar su mercancía, llegaron de lugares distantes (se decía que desde Chihuahua) comerciantes interesados por los bajos precios a los que se ofrecían los textiles.47 Aunque dicho suceso fue de los más sonados no fue con seguridad el único y hay constancia de que numerosas embarcaciones, bostonesas e inglesas, principalmente, solían acercarse a los pueblos costeros ofreciendo mercancía barata.48
No resulta extraño entonces que apenas unos años después de ese hecho de contrabando, por cierto muy combatido por el Consulado de Comercio de México, Bernardo Bonavia protegiera un comercio similar pero manejado por comerciantes de puertos hispanoamericanos y que había logrado respaldo oficial. En 1813, en un documento dirigido a los habitantes de la Provincias Internas de Occidente, luego de expresar su preocupación por la situación económica de su jurisdicción con motivo de la guerra y de manifestarse contra los rebeldes, hizo alusión al problema de la obstrucción de las comunicaciones y sus efectos en los ramos productivos, por la falta, decía, “de habilitación de unos y de salida de otros”.49 En cierto modo ese tipo de declaraciones generaban el ambiente que necesitaba para apoyar al comercio marítimo de los panameños, que según su parecer venía a resolver el problema del desabasto que sufría el territorio norteño y sobre todo respaldaba a los comerciantes locales que encontraron en dicho comercio la oportunidad de obtener mercancías a bajo precio sin tener que depender del comercio de la ciudad de México.
Esto último se evidencia cuando admite que temía que de llevarse a cabo lo señalado en el bando se dañarían los intereses de comerciantes locales, como en el caso de Mateo Picaza, vecino y comerciante del Real del Rosario, quien le había asegurado haber invertido en dos tratos con los panameños 150 000 pesos.50
Pero el intento del comandante Bonavia por defender el comercio marítimo libre hacia el noroeste enfrentó otros escollos. El 31 de diciembre de 1816 la Junta de Real Hacienda lo conminó a que debía publicar el bando emitido por el virrey Calleja meses antes en los puertos de su jurisdicción; además, debía avisar a México del arribo de barcos procedentes de Panamá, sin permitir la descarga. Y como con anterioridad el comandante había declarado que al no estar enterados de la nueva disposición, los comerciantes panameños posiblemente descargarían en playas desiertas con el objeto de introducir las mercancías por tierra a los pueblos, la Junta admitió dar un plazo de tres meses en el cual se enviaría el bando a Panamá para enterar a los comerciantes de los riesgos que corrían de llevar su mercancía, ahora considerada ilícita, a la Nueva España.51
Aunque no sabemos si continuó la controversia, parece ser que tanto De la Cruz como Bonavia siguieron el consejo usual de la época de obedecer, es decir admitir oficialmente lo que la autoridad de México les obligaba a hacer, pero a la vez todo indica que incumplieron la disposición pues mantuvieron en los hechos el respaldo a los comerciantes panameños y a los locales, pues varias embarcaciones procedentes de Panamá, Guayaquil y Perú siguieron no sólo descargando en San Blas, sino que continuaron sus travesías al interior del golfo, hasta Guaymas, y por el Pacífico hasta la Alta California.52
En 1818, cuando el tráfico de los panameños empezaba a declinar, el Consejo de Indias emitió por fin su parecer sobre este asunto y resolvió que el comercio de Panamá con San Blas podía continuar; determinó además que se agregaran como habilitados los puertos de Punta Arenas (en Nicaragua) y Guaymas, en Sonora; asimismo aceptó que una vez introducidos los efectos y pagados los derechos establecidos por la Junta de Guadalajara circularan libremente en toda la Nueva España y Guatemala, lo que sin duda fue un duro golpe para los consulados de México y Veracruz;53 finalmente establecía que el pago de dichos artículos a los comerciantes se hiciera en oro y plata amonedados, los cuales podían extraer libres de derechos.54
Leandro Viana, quien como sabemos ya había mostrado su inclinación por el libre comercio en los años sesenta del siglo XVIII, para estos momentos era integrante del Consejo de Indias que aprobó el decreto de 1818, el cual admitía la apertura de Guaymas y la introducción de mercancías por los panameños a dicho puerto y al de San Blas.55 Lo cierto es que podemos observar que las autoridades españolas ligadas a la política indiana eran cada vez más proclives a admitir la necesidad del libre comercio, sin embargo, en la Nueva España los comerciantes de los poderosos consulados de México y Veracruz lucharon hasta el final contra éste, pues iba contra sus intereses establecidos mucho tiempo antes. De hecho con sus presiones hicieron dar marcha atrás en 1816 al virrey Calleja, quien ya había admitido con anterioridad que el comercio por San Blas era legal.
La corporación de los comerciantes mexicanos llegó a decir, en alguno de sus manifiestos más conservadores en cuanto a la defensa de sus intereses monopólicos, que aun cuando se derrotara a los insurgentes el comercio “fraudulento” por San Blas y Tampico contribuiría a quitarle a España “el comercio de su América y los retornos de plata y oro” con lo que, agregaban, “los rebeldes lograrían la independencia a que aspiran”.56 En realidad dichos argumentos iban más en el sentido de no querer compartir con otros grupos comerciales en ascenso, tanto el comercio legal, hasta esos momentos de carácter monopólico y que ellos controlaban, como el irregular y muchas veces fraudulento, en el cual también participaban.57
ConclusionesLa apertura del comercio de Panamá con San Blas y otros puertos novohispanos del Pacífico, con el objeto de la venta de productos extranjeros, se puede considerar como surgida de una situación coyuntural, sin embargo no hubiera encontrado el apoyo que tuvo sin el anterior reconocimiento de que su práctica ya se realizaba en los hechos y de que resultaba benéfica para la comunicación y planes de integración de las regiones del noroeste, lo que llevó a la discusión y elaboración de propuestas de algunos miembros de la burocracia hispana sobre la necesidad de promover el comercio en las regiones periféricas de la Nueva España.
Esas propuestas se empezaron a ejecutar, no sin alguna tibieza y dificultad, con base en un reconocimiento de los problemas de abasto y comercio que se vivían cotidianamente en las lejanas zonas de frontera y que daban pie a que existiera el contrabando. Observadores y visitadores habían considerado que la promoción del comercio entre puertos de diversas regiones del Imperio facilitaría la colonización e integración de zonas recién exploradas a los dominios hispanos, lo que debía servir de freno a la expansión de otras naciones y al comercio ilegal. Con seguridad que en ese espíritu se generó el todavía restrictivo reglamento de 1774, que autorizaba el comercio de ciertos productos entre Nueva España y Perú; asimismo los permisos especiales para que comerciantes españoles hicieran expediciones de comercio a las Californias en los inicios de los noventa y, de manera más precisa, las órdenes reales que permitieron el comercio por San Blas en el segundo lustro de los años noventa, los cuales constituyeron una base legal para la autorización de dicho comercio en el periodo de la guerra.
En las posturas de los miembros de la burocracia española que aceptó la legalización del libre comercio en el periodo de la guerra también estaba presente la necesidad de quitar poder a la corporación de los comerciantes de México mediante el apoyo a un paulatino proceso de liberalización comercial, el cual como hemos visto se intensificó durante el conflicto. Por supuesto esta política avanzaba y retrocedía en función de las presiones de los contendientes en ese proceso y por lo mismo a veces se contradecía, como en el caso de la aceptación, en un primer momento, por parte del virrey de la Nueva España, del comercio de los panameños e incluso de la extracción de plata pasta por ellos, para luego, forzado por la presión de los comerciantes mexicanos y veracruzanos, emitir el bando prohibitivo de dicho comercio.
Bajo circunstancias de carácter coyuntural generadas en el transcurso de la guerra de Independencia, los comerciantes de Panamá y San Blas obtuvieron permisos para comerciar apoyados en argumentos que tenían que ver con situaciones de hecho y que eran de carácter pragmático: el desabasto y la toma de caminos y puertos, que agudizaron lo que ya se vivía con anterioridad en el occidente y el noroeste de la Nueva España, como escasez y encarecimiento de productos. Esa situación permitió a los comerciantes y autoridades realistas del occidente y el noroeste novohispanos defender, ante los consulados de México y Veracruz, una postura liberal pragmática en materia de comercio (no encontramos evidencias de que tuvieran un apoyo teórico de carácter liberal) que los beneficiaba económicamente al poder comprar directamente a los de Panamá mercancías inglesas a menor valor, además de lo que obtenían por vía de impuestos las autoridades locales.
Este comercio generó nuevos circuitos mercantiles que favorecieron a comerciantes y habitantes de las localidades cercanas a las costas del noroeste y en consonancia con ello las autoridades regionales tendieron a ver la apertura comercial como favorable para la obtención de ingresos con los cuales enfrentar las necesidades de la guerra y también como un incentivo a la actividad económica local.
Ambos grupos de interés defendieron posturas a ultranza guiadas más que nada por la necesidad, unos, de afianzar sus intereses en ascenso, y los otros, de no perder su predominio; no cabe duda, sin embargo, que la declinación del monopolio de los comerciantes mexicanos estaba cercana: habían surgido grupos de comercio regionales que por la coyuntura de la guerra fueron obteniendo más poder para defender sus intereses, lo que se dio en el marco de una disminución del apoyo de la corona a los comerciantes mexicanos (no siempre efectiva y coherente) en la contienda por el comercio libre en el Pacífico.
Doctora en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora-investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha realizado muchos trabajos sobre la región en torno del golfo de California en los siglos XVIII y XIX publicados en instituciones de México y el extranjero.
Varios ministros españoles del siglo XVIII elaboraron propuestas y proyectos en los que un cierto liberalismo comercial, dentro de los márgenes del imperio, era asumido como una necesidad para la modernización de la monarquía hispana. Véase Eduardo Arcila Farías, Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España, v. I, México, SepSetentas, 1974; Joseph Fontana, El comercio libre entre España y América (1765-1824), Madrid, Fundación Banco Exterior, 1987, 324 p.; John R. Fisher, Relaciones económicas entre España y América hasta la Independencia, Madrid, mapfre, 1992, 280 p.; Guillermina del Valle Pavón, “Antagonismo entre el consulado de México y el virrey Revillagigedo por la apertura comercial de Nueva España, 1789-1794”, Estudios de Historia Novohispana, v. 24, enero-junio de 2001, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, p. 111-137, p. 112-116.
El trabajo que nos parece más completo al respecto es el de Guillermina del Valle Pavón, Finanzas piadosas y redes de negocios: los mercaderes de la ciudad de México ante la crisis de la Nueva España 1804-1808, México, Instituto Mora, México, 2012, 262 p. Un panorama de la situación de diversos consulados de comerciantes en Bernd Hausberger y Antonio Ibarra (coords.), Comercio y poder en América colonial. Los consulados de comerciantes, siglos XVII al XIX, Madrid, Frankfurt, Vervuert Verlag, Instituto Mora, 2003, 238 p.
Matías de la Mota Padilla y el visitador José Rodríguez Gallardo, en distintos momentos, mencionaron la importancia que tendría para la Nueva Galicia y para una colonización más estable del noroeste que se promoviera el comercio marítimo. Matías de la Mota Padilla, Historia de la conquista de la Nueva Galicia, México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Imprenta del gobierno, en Palacio, a cargo de José María Sandoval, 1870 [1742], 523 p., p. 321; “Informe sobre Sonora y Sinaloa del visitador Rodríguez Gallardo, 1750”, consultado en Biblioteca Pública de Sonora, Colección Pesqueira, Documentos para la Historia de Sonora, tomo i, serie 3. Véase también, Juan Domingo Vidargas del Moral, Navegación y comercio en el golfo de California 1740-1824, México, tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, unam, 1982, 313 p., p. 34-66.
Sobre el proyecto de Gálvez para el noroeste véase Luis Navarro García, Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias Internas del norte de la Nueva España, Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1965, 602 p., p. 131-168; también José Enrique Covarrubias, En busca del hombre útil. Un estudio comparativo del utilitarismo mercantilista en México y Europa, 1748-1833, México, unam, Instituto de Investigaciopnes Históricas, 2005, 472 p., p. 297-310; respecto del puerto de San Blas véase Enrique Cárdenas de la Peña, San Blas de Nayarit, México, Secretaría de Marina, 1968, 284 p.; Juan Domingo Vidargas, Navegación…, p. 184-193; Pedro López González, “San Blas. Surgimiento y decadencia”, en Jaime Olveda y Juan Carlos Reyes (coordinadores), Los puertos noroccidentales de México, México, El Colegio de Jalisco, Universidad de Colima, 1994, p. 89-101, p. 94-101; Guadalupe Pinzón Ríos, Acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur. Desarrollo portuario del Pacífico novohispano a partir de sus políticas defensivas, 1713-1789, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas/ Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2011, 391 p., p. 162-166.
Dení Trejo, “Comercio marítimo y nacimiento de los puertos del golfo de California”, en Lourdes de Ita (coordinadora), Organización del espacio en el México colonial. Puertos, ciudades y caminos, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2012, p. 273- 301, p. 283.
Sobre las intenciones de Gálvez de ejercer un control excesivo véase Ignacio del Río, “Los sueños californianos de don José de Gálvez”, Revista de la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de México, v. XXVI, n. 5, enero 1972, p. 15-24.
Dení Trejo, “El puerto de San Blas, el contrabando y el inicio de la internalización del comercio en el Pacífico noroeste”, Tzintzun. Revista de Estudios históricos, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, n. 44, julio-diciembre de 2006, p. 11-36, p. 26 y 3034.
Guadalupe Pinzón, “Una descripción de las costas del Pacífico novohispano del siglo XVIII”, Estudios de Historia Novohispana, v. 39, julio-diciembre de 2008, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, p. 157-182, p. 159-160.
Carmen Yuste, “Las ideas de Francisco Leandro de Viana acerca del comercio transpacífico, 1760-1778. Una tentativa de liberalización”, en María del Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Historia del pensamiento económico: testimonios, proyectos y polémicas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas / Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2009, p. 141-158.
De hecho, desde 1774 una real cédula permitió el comercio de algunos productos entre puertos de Guatemala, Nueva Granada y Perú con los de la Nueva España, pero San Blas quedó fuera por no estar habilitado para el comercio en esos momentos. Humberto Tandrón, El comercio de Nueva España y la controversia sobre la libertad de comercio, 1796-1821, traducción de Susana Liberti, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1976, 147 p., p.10.
Guadalupe Pinzón, “Apertura comercial entre los puertos peruanos y San Blas. La propuesta del visitador Antonio de Areche en el pensamiento económico español (1779-1789)”, en María del Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Historia del pensamiento…, p. 159-186.
Según el ministro Gardoqui, en atención a la representación de Areche, que señalaba como ventajoso el comercio entre los puertos del sur y los de las provincias de Sinaloa, Sonora y las Californias, y a la solicitud de permisos especiales concedidos a comerciantes de España y de Guayaquil, se emitió la real orden de 2 de mayo de 1796 que permitió a San Blas llevar a cabo este comercio. La orden está inserta en Archivo General de Indias (en adelante agi), Estado, 25, n. 43, doc. 2, México, 26 de septiembre de 1796, “Gardoqui al marqués de Branciforte, virrey de Nueva España”; Referencias a la real orden de 1797, en agi, Guadalajara, v. 532, exp. 3.
Guillermina del Valle Pavón, “Antagonismo…” p. 114-116. En este artículo la autora expone cómo se opusieron los miembros del Consulado de comerciantes de la ciudad de México a las medidas de libre comercio impulsadas por la corona para la Nueva España, en particular bajo la gestión del virrey Revillagigedo.
No obstante que para mediados de los años noventa del siglo XVIII surgieron otras dos corporaciones comerciales importantes, que respondían al desarrollo de los intereses mercantiles, en Veracruz y Guadalajara, los grandes comerciantes de México, a pesar de que perdieron algunas de sus prerrogativas, siguieron controlando buena parte del comercio regional a través de sus nexos con negociantes locales y la habilitación de los mineros, lo que les garantizaba la concentración de la plata producida en el país. Una muestra de este predominio de los mexicanos se puede advertir todavía en 1809, en las cartas enviadas por comerciantes de Sonora y Sinaloa a los de México, con motivo de la llegada a sus costas del buque angloamericano Dromo. En ellas explicaban su situación afectada por la mucha mercancía y sus bajos precios, que ponía en riesgo el dominio del trasiego mercantil ejercido hasta entonces por los comerciantes mexicanos. Sobre el contrabando del Dromo, agi, Guadalajara, v. 532, exp. 23.
La ruta de las mercancías procedentes de Europa iba de Veracruz a la ciudad de México, de ahí a Guadalajara y luego a San Blas, para más tarde, por tierra o por mar, continuar hacia los pueblos de Sinaloa, Sonora y las Californias.
Sobre las introducciones a Guadalajara por tierra y por mar mediante los registros de avería véase Antonio Ibarra, “Plata, importaciones y mercado colonial. Circulación interior de importaciones de Guadalajara al septentrión novohispano (1798-1818)”, Siglo XIX. Cuadernos de Historia, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, año VI, n. 16, sept-dic. de 1996, p. 2-37, p. 23. Es posible advertir un aumento de las introducciones y del movimiento marítimo de San Blas en la primera década del siglo xix. En los años de 1806 y 1808 buques procedentes de Manila, Panamá, Guayaquil y El Callao se hicieron presentes en Acapulco y San Blas, Miguel Lerdo de Tejada, Comercio Exterior de México, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, 1967, 63 p., docs. 19, 20 y 21.
La emergencia del Consulado de comerciantes de Guadalajara a partir de 1795 ha sido estudiado por José Ramírez Flores, El real Consulado de Guadalajara. Notas históricas, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1976; Antonio Ibarra, “El Consulado de Comercio de Guadalajara, 1795-1821. Cambio institucional, gestión corporativa y costos de transacción en la economía novohispana”, en Nikolaus Böttcher y Bernd Hausberger (editores), Dinero y negocios. Contribuciones a la historia económica de América Latina en homenaje de Reinhard Lierh, Biblioteca Americana, Vervuet Iberoamericana/Frankfurt am Main, 2000, p. 231-263, y del mismo autor “El Consulado de comercio de Guadalajara: entre la modernidad institucional y la obediencia a la tradición, 1795-1818”, en Guillermina del Valle Pavón, Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España en el siglo XVIII, México, Instituto Mora, 2003, p. 310-333.
Jaime olveda, El comercio entre Guadalajara y Panamá, México, El Colegio de Jalisco, Secretaría de Relaciones Exteriores, Unidad de Asuntos Culturales Embajada de México en Panamá, 2003, 92 p.; Dení Trejo, “Del Caribe al Mar del Sur. Comercio marítimo por el Pacífico mexicano durante las guerras de Independencia”, en Moisés Guzmán (coordinador), Entre la tradición y la modernidad. Estudios sobre la Independencia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 2006, p. 353-380.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 2, parte 1, sin lugar, 24 de abril de 1809, “Nota al margen en el expediente que contiene la solicitud del comandante Juan Antonio de la Mata para establecer el libre comercio entre Panamá y las colonias amigas”; agi, Guadalajara, 532, exp. 2, parte 2, Panamá, 30 de diciembre de 1811, “Acuse de recibo de la real orden reservada en que se autoriza temporalmente el comercio de Panamá con las colonias amigas”; agi, Guadalajara, v. 532, exp. 2, parte 2, Panamá, junio 20 de 1812, “Carta del virrey Benito Pérez”. Hay que decir que aunque varios comerciantes eran en efecto panameños, los hubo también de Perú, Quito y Guayaquil.
Ernesto Lemoine, Morelos y la revolución de 1810, México, Gobierno del Estado de Michoacán, 1984, p. 278 y 285; Raúl Alberto González Lezama, “José María Morelos y la toma de Acapulco”, inehrm, www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-toma-de-acapulco-articulo (consultado el 25 de marzo de 2014); Andrés del Castillo, “El fuerte de San Diego, el galeón de Manila y los insurgentes de Morelos. Las relaciones México-Filipinas durante el movimiento de independencia de México”, XI Congreso Internacional de Aladaa, http://ceaa.colmex.mx/aladaa/imagesmemoria/andresdelcastillo.pdf (consultado el 25 de marzo de 2014.
Moisés Guzmán, “Las economías de guerra en la Independencia de México, 1810-1821”, en Moisés Guzmán, (coordinador), Entre la tradición y la modernidad. Estudios sobre la Independencia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 2006, p.315-351, p. 317-319.
Enrique Cárdenas de la Peña, San Blas de Nayarit, México, Secretaría de Marina, 1968, p. 210-222.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 2, parte 1, Panamá, 23 de octubre de 1808, “Carta del comandante general de Panamá, Juan Antonio de la Mata”. En dicha carta, De la Mata hace referencia a que tomó ejemplo para hacer su solicitud de los permisos otorgados a Puerto Rico y La Habana.
El comandante De La Cruz fundamentó su decisión en que dicho puerto estaba habilitado por varias disposiciones: la Real Cédula de 17 de enero de 1774, la Real orden de 5 de junio de 1789, la de 20 de febrero de 1796, la de 2 de mayo del mismo año, la de 28 de junio de 1797; la Real Resolución de 8 de agosto de 1801, comunicada en Real Orden de 1º de enero de 1802, y la Real cédula de 18 de setiembre de 1803, todas mandadas cumplir y observar por el virreinato de México en bando de 5 de octubre de 1804. agi, Guadalajara, 532, expediente 3, Guadalajara de Indias, 6 de octubre de 1815, “Josef de la Cruz al Exmo. Sr. secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias”.
agi, Guadalajara, v. 532, expediente 3, Guadalajara de Indias, 6 de octubre de 1815, “Josef de la Cruz …”
Figuraban Pedro olazagarre, Juan Perrault, Josef Medina y Narciso Boet; Julián María Borguido, solicitando llevar a Panamá 98 000 pesos en moneda, plata en pasta y oro quintado; también don Francisco Ibarrondo, establecido en Nueva Galicia, que llevaría 80 000 pesos en moneda; finalmente se agregaban don Juan de la Pedraja, don Francisco Vega y don Josef León de Quevedo, del comercio de Guanajuato, con 85 barras de plata con el mismo objeto. agi, Guadalajara, v. 532, exp. 8, Guadalajara, octubre 22 de 1813, “Copia del acta de la Junta citada por el gobernador de Nueva Galicia”.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 8, Guadalajara, octubre 22 de 1813, “Copia del acta de la Junta…”
Ibidem.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 2, parte 3, Guadalajara, noviembre 12 de 1813, “Copia del Acta de la Junta extraordinaria de Hacienda Pública citada por el gobernador de Nueva Galicia, José de la Cruz”.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 2, parte 3, Guadalajara, noviembre 12 de 1813, “Copia del Acta de la Junta extraordinaria …”
Concretamente mencionaba la Ley 32, título 3, Libro 9 de la Recopilación de Leyes de Indias y las Reales cédulas, órdenes y bando de 1788, 2 de mayo y 2 de noviembre de 1796. agi, Guadalajara, v. 532, exp. 8, México, 13 de julio de 1814, “Félix María Calleja al Ministro de Hacienda”.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 8, México, 13 de julio de 1814, “Félix María Calleja…”
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 2, parte 3, Madrid, 22 de septiembre de 1814. “Dictamen del contador general José Manuel de Aparici dirigido al Secretario de Indias”.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 2, parte 3, Madrid, 22 de septiembre de 1814. “Dictamen del contador…”
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 3, Guadalajara, abril 18 de 1815, “Testimonio del expediente formado sobre arreglo de derechos que deben pagar los efectos que se introducen por el puerto de San Blas”. Los derechos cobrados hasta ese momento eran: medio por ciento de préstamo patriótico, dos por ciento de convoy, dos por ciento de contribución de guerra, diez por ciento de retención, cinco por ciento de Diputación Provincial, medio por ciento de avería extraordinaria y uno y medio por ciento de subvención de guerra. Además, los interesados debían afianzar un uno y medio por ciento o cuarta parte del seis por ciento de alcabala de que estaban dispensadas las introducciones por San Blas, como puerto menor.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 3, Guadalajara, abril 18 de 1815, “Testimonio del expediente formado sobre arreglo de derechos que deben pagar los efectos que se introducen por el puerto de San Blas”.
Jaime olveda, El comercio…, p. 40-41.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 1, Veracruz, 25 de mayo de 1814, “Representación del Prior y cónsules del Consulado de Veracruz fecha 26 de mayo próximo pasado No. 61 en que refiere los abusos que se cometen en la reexportación de efectos de Europa de un puerto a otro de América y el fraudulento comercio que se hace desde Portobelo y Panamá con el puerto de San Blas en Nueva España”.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 1, Veracruz, 25 de mayo de 1814, “Representación del Prior y cónsules del Consulado de Veracruz…”
Hemos mencionado ya a algunos personajes del Consejo de Indias y de la burocracia enviada a América, como Leandro de Viana, José Manuel de Aparici y Antonio de Areche, que de alguna manera contribuyeron a delinear en estos años una política liberal en cuanto al comercio de ultramar. Respecto del Ayuntamiento de la ciudad de México, en su estudio sobre el abasto de alimentos en la ciudad de México, Gisela Moncada señala que por estos mismos años se discutía en dicha corporación la pertinencia de la libertad de comercio de alimentos haciendo alusiones a Jovellanos y al mismo Adam Smith, La libertad comercial: el sistema de abasto de alimentos en la ciudad de México, 1810-1835, México, Instituto Mora, 2013, 231 p., p.62-69.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 4, Guadalajara, 10 de octubre de 1815, “Representación del Ayuntamiento de Guadalajara sobre la continuación de dicho comercio”. Algunas de las posturas de las principales corporaciones de Nueva Galicia sobre este asunto en “Testimonio del expediente formado a consecuencia del Bando del excelentísimo señor virrey de 12 de julio último sobre prohibición del comercio de Panamá por los puertos del Mar del Sur”, en Joaquín Ramírez Cabañas, Comercio extranjero por el puerto de San Blas en los años de 1812 a 1817, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1944, 174 p., p. 144-161.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 23.
La fecha del decreto de habilitación de Guaymas es de 26 de marzo de 1814. Dicho decreto se encuentra reproducido en agi, Guadalajara, v. 532, exp. 23.
La postura de los comerciantes del Consulado de México en agi, Guadalajara, 532, exp. 5, testimonio 1, México, diciembre 31 de 1815, “Testimonio de la representación hecha por este Real Tribunal del Consulado de México sobre que no se admitan por los puertos que refiere los buques que conducen cargamentos de lícito o ilícito comercio a no ser por el de Veracruz”, f. 266, 267v y 268. El bando de Calleja que prohibía la introducción de mercancías a San Blas y las Provincias Internas por los panameños, en agi, Guadalajara, v. 532, exp. 23.
Bernardo Bonavia fue gobernador de Durango de 1796 a 1813 y comandante de las Provincias Internas de occidente de ese último año hasta 1817, Sergio Antonio Corona, “Las Provincias Internas o la otra Nueva España”, Mensajero del Archivo Histórico de la uia Laguna, http://sitio.lag.uia.mx/publico/seccionesuialaguna/publicaciones/mensajero/Edicion-089.pdf (consultado el 13 de septiembre de 2010).
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 19, “Expediente relativo a la Representación del comandante general de las Provincias Internas occidentales reclamando la prohibición del comercio de Panamá con San Blas”.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 23, México, 24 de enero de 1809. “Representación de vecinos y comerciantes de las Provincias Internas de Sonora”.
En otro trabajo hemos dado noticia de numerosas embarcaciones extranjeras que se acercaron a las costas novohispanas del noroeste entre 1793 y 1820. Dení Trejo, “El puerto de San Blas, el contrabando y el inicio de la internalización del comercio en el Pacífico noroeste”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, n. 44, julio-diciembre de 2006, p.25.
Archivo Histórico del Colegio de San Ignacio de Loyola, de Parras, en el Centro de Investigaciones Históricas de la uia-Torreón, Edictos y Proclamas, exp. 743. El Comandante de las Provincias Internas de Occidente, a sus fidelísimos habitantes. Reproducido en línea por Sergio Antonio Corona, “Las Provincias Internas o la otra Nueva España”, Mensajero del Archivo Histórico de la uia Laguna, http://sitio.lag.uia.mx/publico/seccionesuialaguna/publicaciones/mensajero/Edicion-089.pdf (consultado el 13 de septiembre de 2010).
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 19. “Expediente relativo a la Representación del comandante…”.
Ibidem.
Sabemos que por lo menos entre 1811 y 1816 arribaron a San Blas 53 embarcaciones, varias de las cuales luego visitaron Guaymas, Loreto y Alta California. “Testimonio del expediente formado a consecuencia del Bando del excelentísimo señor virrey de 12 de julio sobre prohibición del comercio de Panamá por los puertos de la Mar del Sur”, en Joaquín Ramírez Cabañas, Comercio extranjero…, p. 102-111.
Resulta claro que por diversos flancos el Consulado de comerciantes de México se vio afectado en su monopolio, particularmente en la coyuntura de la guerra de Independencia. En su estudio, Gisela Moncada, La libertad comercial…, p.163- 164, expone cómo en ese periodo el Ayuntamiento de la ciudad de México fue liberando el abasto y los precios de los alimentos, lo que generó compras de granos y alimentos por parte de los grandes comerciantes e intermediarios, antes de su introducción a la ciudad, para mantener el control sobre dicho comercio. Por otra parte, Guillermina del Valle explica cómo con anterioridad se fue rompiendo el monopolio del abasto de carne a la ciudad (el obligado), lo que entre otras medidas generó la enemistad del poderoso grupo de comerciantes con el virrey Iturrigaray. Guillermina del Valle, Finanzas piadosas…, p. 142-146.
agi, Guadalajara, v. 532, exp.10, “Acuerdo del Consejo de Indias de 20 de agosto de 1818”.
Esta medida se tomó pese a la oposición de dos miembros del Consejo de Indias que seguían viendo en el libre comercio un peligro para el dominio español. agi, Guadalajara 532, exp.10, “Acuerdo del Consejo de Indias de 20 de agosto de 1818”.
agi, Guadalajara, v. 532, exp. 5, testimonio 1, México, diciembre 31 de 1815, “Testimonio de la representación hecha por este Real Tribunal del Consulado de México sobre que no se admitan por los puertos que refiere los buques que conducen cargamentos de lícito o ilícito comercio a no ser por el de Veracruz”, f. 268.
Sobre el llamado comercio “irregular” véase Matilde Souto Mantecón, Mar abierto. La política y el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso del sistema imperial, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 349 p., p. 179-180.