La influencia del indianismo en la Asamblea Constituyente boliviana de 2006-2008. Observaciones críticas sobre la persistencia de una cultura política tradicional

Resumen

El autor ofrece un análisis sobre cómo se ha gestado el proceso de representatividad en el sistema político en Bolivia. Se considera que una de las principales causas para observar que se están dando pasos hacia la inclusión, ha sido la insurgencia consciente y militante de amplios sectores indígenas que anhelan terminar con conductas discriminadoras en la acción cotidiana. Además, debe considerarse la exigencia de amplios sectores de la sociedad boliviana de la conformación y redacción de una nueva Acta constitucional.

Abstract

The author offers an analysis of how it has evolved the process of representation in the political system in Bolivia. Is considered a major cause for consider that there are moves towards inclusion; it is that a large indigenous sectors has been aware and militant to end discriminatory behaviors in everyday action. Related with this, it is important to observe the demand of broad sectors of Bolivian society to form and draft a new Constitutional Act.

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El contexto problemático de la Asamblea Constituyente

En Bolivia, los procesos de gobernabilidad del sistema democrático representativo (1982-2005) ingresaron en una crisis aguda a inicios del siglo XXI. Una de las causas principales ha sido la insurgencia consciente y militante de amplios sectores indígenas que anhelaban terminar con todas las conductas discriminadoras en la praxis cotidiana.

Por otra parte, no es superfluo mencionar que aquella discriminación había existido, bajo diferentes formas, desde el inicio de la era colonial. A partir del gobierno del Partido Liberal (1899-1920), la legislación liberal-democrática fue eliminando progresivamente las discriminaciones abiertas de carácter jurídico, pero los fenómenos fácticos de discriminación cultural y social persistieron en la praxis cotidiana hasta comienzos del siglo XXI. La discriminación se expresó, por ejemplo, en la no aceptación efectiva de los valores e intereses indígenas y en la integración deficiente de los partidos y movimientos pro-indigenistas en la estructura político-partidaria boliviana. Esta discriminación sistemática de los indígenas creó el caldo ideal de cultivo para una dilatada resistencia cultural al modelo liberal-democrático y también para el ímpetu actual del multiculturalismo. El sistema liberal-democrático se convirtió, pese a sus logros parciales, en algo muy criticado y vilipendiado por dilatados sectores sociales a partir del año 2000. Esta consciencia colectiva de la necesidad de acabar con algo erróneo, foráneo y dañino conformaba la base de las demandas por una Asamblea Constituyente, que debería, por consiguiente, refundar el país según parámetros favorables a las culturas indígenas.

Desde los comienzos de este siglo se han multiplicado en territorio boliviano las exigencias de una nueva constitución. Varios factores adicionales propiciaron esta demanda: el constante desprestigio del sistema tradicional de partidos, el descrédito creciente del parlamento, la notable persistencia de la corrupción y la corruptibilidad en gran escala, la inalterada continuidad del prebendalismo y la poca confianza de la población en las instituciones públicas de las últimas décadas.¹ A partir del año 2000 se empezó a resquebrajar seriamente el consenso positivo a favor de la constitución que regía desde febrero de 1967, que había tenido importantes modificaciones posteriores (en 1994 y 2004).² Los partidos tradicionales, que en coaliciones cambiantes habían tenido la responsabilidad gubernamental hasta diciembre de 2005, practicaron un pragmatismo lindante en el cinismo, lo que generó el descrédito generalizado del sistema político, sobre todo de parte de los sectores indígenas. Con el nuevo siglo la mayoría de la población empezó a sentir la descomposición de la esfera política como una crisis mayor de legitimidad socio-histórica. En ese contexto surgió la demanda por una nueva Carta Magna,³ demanda que estaba parcialmente basada en la concepción muy generalizada de que una nueva constitución ayudaría a resolver los grandes problemas de la nación.

Esta fe en la racionalidad y eficacia de los textos escritos estaba muy arraigada en la cultura política boliviana, pese a numerosas experiencias de larga data que mostraban los modestos resultados prácticos de todo cambio constitucional. Paradójicamente, esta creencia ha estado y está limitada por una actitud también generalizada de desconfianza primordial frente a la ley escrita y a los códigos formales. De cualquier forma, la mencionada confianza en las bondades de una reforma constitucional tiene que ver con una antigua tradición cultural que se arrastra desde la época colonial: la inclinación a sobrerregular toda actividad humana por medio de estatutos legales. La sobreproducción de leyes y disposiciones, propensión que en Bolivia sigue vigente al comienzo del siglo XXI, y simultáneamente la desidia y lentitud administrativas, ocasionan la imposibilidad de aplicar racionalmente las leyes en la praxis, lo que conduce directamente al popular corolario: “Se acata, pero no se cumple”, como se dice desde la era colonial.

Ha resultado inevitable que surgieran sistemas extralegales para diluir la sobrerregulación centralista, sistemas válidos hasta hoy y que a su vez producen burocratismo: laxitud en la aplicación de las leyes, sobreposición de normas, duplicación premeditada de funciones, impunidad de los funcionarios, rutinas innecesarias y superfluas e, inevitablemente, la predisposición a ejecutar trámites al margen de las regulaciones existentes. El ciudadano busca la aprobación de su trámite o la resolución del tribunal fuera de la legalidad en sentido estricto. La praxis anómica es casi siempre el correlato de la sobreproducción de reglas. La actitud de desconfianza primordial ante los estatutos legales de todo tipo representa evidentemente uno de los rasgos fundamentales de la cultura política boliviana. Entre sus manifestaciones se hallan el bajo prestigio atribuido a los funcionarios del Poder Judicial, la escasa independencia de los tribunales y las fiscalías con respecto al Poder Ejecutivo y el mediocre desempeño de jueces y fiscales en todo sentido.

Se da entonces la situación que a primera vista parece como autocontradictoria: los mismos grupos sociales que veían en las leyes sólo formalismos engorrosos que pocos practicaban, se decantaron por la exigencia de una nueva Carta Magna como una posible solución a sus acuciantes problemas y carestías. Estas inclinaciones contradictorias se explican, sin embargo, porque estaban vinculadas al designio más importante y profundo de construir una democracia no discriminatoria, directa y participativa, en medio de una cultura política que no ha cambiado gran cosa con el paso de las décadas.⁴ Entre las características de esta última se encuentran la compulsión dirigida al consenso y el poco respeto por el derecho al disenso, la escasa tolerancia en lo relativo a opiniones diferentes a la propia, la poca importancia concedida al pluralismo ideológico y la baja estima por el Estado de derecho.⁵ Precisamente en este sentido es relevante señalar que en 2006, un 83% de los encuestados respondieron que era necesario cambiar la constitución (por consiguiente: un fuerte apoyo a la realización de una Asamblea Constituyente), aunque muy pocos ciudadanos sabían qué es una constitución y cuál es su contenido.⁶ El 45.8% de los encuestados opinó que los principales problemas del país continuarían después de realizada la Asamblea Constituyente y aprobado el nuevo texto constitucional, pero de todas maneras un 44.5% creía que la nueva constitución resolvería los problemas del país (y un 40,3% suponía que la Asamblea Constituyente debería solucionar “todos los problemas del país”).⁷

Como asevera Franco Gamboa Rocabado, en el periodo inmediatamente anterior a la convocatoria a las Asamblea Constituyente (2005-2006) y en casi todos los estratos sociales del país, la sociedad civil acariciaba expectativas de cambio referidas a soluciones contra la pobreza, la apertura de oportunidades equitativas para las mayorías y la creación de fuentes reales de empleo,⁸ expectativas que superaban las posibilidades efectivas de la Asamblea, pero que la población suponía que eran factibles mediante la labor de la misma. Desde un comienzo hubo una confusión entre la elaboración de un texto constitucional y la dictación de una amplia gama de políticas públicas de muy amplio alcance.

A comienzos del siglo XXI retornó la idea cíclica de que la nación debía dotarse de un nuevo texto constitucional, lo que derivó en un fuerte movimiento popular que consiguió finalmente la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 2006.⁹ Esta vez se podía constatar una poderosa corriente de opinión pública que alimentaba las promesas de mayor inclusión social, una clara visibilización de las nacionalidades indígenas, el mejor funcionamiento de las instituciones estatales y la exigencia de autonomías regionales. Estas demandas tuvieron un apoyo creciente, que desembocaron en la solicitud de refundar el país. Pese a la popularidad de la misma —había claramente una esperanza mesiánica y utópica, referida a un orden social auténticamente justo y equitativo—, el resultado global del trabajo de la Asamblea Constituyente fue más sobrio y modesto. Como en ocasiones anteriores, cuando se reformó la Carta Magna boliviana, los cambios fueron más simbólicos que reales. Muchas veces las grandes metas revolucionarias, de carácter reivindicacionista histórico, configuraban el intento de retornar a un pasado mítico (el ámbito indígena anterior a la colonia española) o de renovar los experimentos socio-políticos del pasado (como el nacionalismo revolucionario de medianos del siglo XX), cuyos resultados globales no fueron demasiado brillantes. En otras palabras, las llamadas rupturas revolucionarias conforman también una línea de continuidad tradicional, con sus paradigmas socio-políticos, sus leyendas pseudo-religiosas y sus ideologías populares.

Es muy interesante observar que después de la promulgación de la nueva constitución en 2009 se repitió un fenómeno que tuvo lugar en las Convenciones Nacionales de los años 1938 y 1944-1945 y durante el nacionalismo revolucionario: pese a las demandas por un nuevo orden revolucionario y socialmente justo —que debía romper con las cadenas oprobiosas del pasado—, algunos aspectos centrales del ordenamiento anterior, tanto en el plano jurídico como en el cultural y el valorativo, permanecieron vigentes, obviamente con alteraciones, pero intactos en su núcleo. Lo mismo sucedió con la última Asamblea Constituyente.

Entre estos aspectos que sufrieron pocos cambios es conveniente indicar los siguientes:

• Las relaciones de propiedad: los medios principales de producción (con algunas excepciones importantes: la reversión del “proceso de capitalización” de la era neoliberal) y el sector de los bienes raíces siguieron en manos de sus antiguos propietarios.

• El cuerpo principal de códigos legales, reglamentos y estatutos institucionales sufrió relativamente pocas alteraciones.

• Una gran parte de la administración pública, el aparato judicial y los órganos de orden público prosiguió con sus antiguas rutinas (con cambios radicales de personal, sobre todo en los escalones superiores, pero con preservación de procedimientos burocráticos y de actitudes repetitivas de los servidores públicos).

• La estructura social, la configuración del ámbito familiar y los valores sociales de orientación permanecieron casi intactos (aunque la asignación del prestigio social va cambiando paulatinamente, proceso que se había iniciado en la segunda mitad del siglo XX).

En suma: el contexto problemático de la Asamblea Constituyente puede ser visto como un intento más, en la ya larga historia republicana del país, de modificar la tensión entre principios universalistas y valores particularistas a favor de estos últimos, pero con resultados globales relativamente modestos. En la estructuración jurídica y administrativa de la nación han perdurado las normativas y los procedimientos generales que se derivan de la tradición racionalista occidental, aunque, por supuesto, han sido sometidos a procesos de transformación, como en toda cultura sincretista. Las grandes metas paradigmáticas de la evolución (la superación del subdesarrollo) siguen siendo dictadas por lo que ocurre en los grandes centros de la civilización occidental, pese a todas los postulados autoctonistas e indianistas que se debatieron en la comisión Visión País de la Asamblea Constituyente.

Pablo Stefanoni ha desplegado una interesante hipótesis que nos ayuda a comprender esta complicada disyuntiva. El discurso del gobierno y del Movimiento al Socialismo (MAS), así como la intensa discusión en el estamento intelectual progresista, giran en torno a la descolonización, al necesario juicio al Estado neocolonial y a la impugnación del imperialismo en todas sus manifestaciones, pero el partido oficial y sus varios apéndices representan una “vía de acceso” al aparato estatal y a sus conocidas ventajas, una vía que preserva viejas rutinas y convenciones sin grandes modificaciones.¹⁰ No es tanto un “partido de transformación” del orden social-político, sino más bien una organización compleja y cambiante para articular internamente los procesos políticos entre sus diversos adherentes, para la selección de los apetecidos cargos electivos del gobierno y para redistribuir las rentas estatales.¹¹ Aquí tenemos, si esta hipótesis es cierta, una situación recurrente en la historia boliviana y latinoamericana: la combinación de retórica revolucionaria y praxis conservadora, sobre todo si nos enfocamos en lo esencial y con la perspectiva del largo plazo. No hay duda, por otra parte, de que amplios sectores de la sociedad civil, sobre todo los más desfavorecidos, han tenido y tienen expectativas que van mucho más allá de la reforma constitucional, expectativas que a menudo adquieren un matiz revolucionario; pero en la praxis y fuera del momento de conmoción revolucionaria estos anhelos de justicia social se enfocan hacia la consecución de un empleo estable, la apertura de oportunidades equitativas para los más desfavorecidos y programas para solucionar la pobreza extrema. Como afirma Franco Gamboa Rocabado en un trabajo sobre la Asamblea Constituyente: las “aspiraciones irrefrenables” de los grandes sectores sociales están centradas en “beneficiarse de la modernidad”.¹² Y esto, casi siempre, tiende a la consolidación de lo ya alcanzado, evitando todo experimento revolucionario innecesario. Debemos considerar, además, la nueva mentalidad de los sectores juveniles, independientemente de su origen étnico: “Los grandes avances de la tecnología y su poderosa influencia en el estilo de vida moderno refuerzan las conductas conservadoras, sobre todo en los jóvenes que se encandilan con todo aspecto material y mercantil, antes que con la fuerza de cualquier idea política transformadora”.¹³ La juventud constituye el sector donde la inclinación a “beneficiarse de la modernidad” es más notoria, donde los entusiasmos revolucionarios resultan efímeros y superficiales y donde la fuerza normativa del sincretismo cultural (en el idioma utilizado, en las modas cotidianas y hasta en las ideologías aceptadas) es simplemente avasalladora.

Un ejemplo de la perdurabilidad de pautas normativas que vienen de muy atrás lo tenemos en el comportamiento cotidiano y reiterativo del Poder Judicial, pues pese a las reformas constitucionales, se han perpetuado y más bien intensificado sus rutinas de mal comportamiento ético y bajo desempeño técnico que arrastra desde la era colonial.¹⁴ En este sentido, el trabajo de la Asamblea Constituyente y la intensa discusión en la comisión Visión País pueden ser percibidos como ocupaciones y preocupaciones secundarias de la nueva élite gobernante, que sin dejar de lado algunas reformas bien publicitadas, anhelan una mayor porción de los beneficios del sistema imperante, sin modificar demasiado a este último.¹⁵

Existen otros factores que diluyen las tendencias aparentemente revolucionarias y que desdibujan los límites entre los principios universalistas y los valores particularistas; al mismo tiempo estos factores no anulan los esfuerzos teóricos y prácticos de la descolonización, pero los transforman en algo secundario y accesorio, es decir, en un conjunto de ideas y resoluciones que no afectan el funcionamiento del Estado y del gobierno, ni la vida cotidiana de la población, incluyendo a los sectores indígenas.¹⁶ Pueden parecer exageradas y no representativas las opiniones de algunos asistentes a los talleres del Viceministerio de Descolonización, pero su marcada reiteración nos dice algo de la naturaleza subalterna y secundaria de esos intentos: “Las clases dominantes están intactas pese a los cinco años que dice que existe el proceso de cambio”; “El aparato colonial del Estado no ha sido afectado en absoluto”; “Los sujetos que hoy están en el poder son los que siempre estaban en el poder, o sea, los patrones”.¹⁷ Con posterioridad a la conclusión de labores de la Asamblea Constituyente, opiniones similares han sido expresadas frecuentemente, lo que indica que se trata de una percepción muy difundida. Dentro del contexto indianista, Carlos Mamani Condori aseveró en 2011: “Con la aprobación de una nueva Constitución no se solucionó la opresión colonial del indio. Esto requiere nuevos procesos para la reconstitución, la reterritorialización de los ayllus y la refundación de la nueva República, donde el indio sea sujeto de la historia”.¹⁸

Este contexto —donde se entrecruzan anhelos profundos de la sociedad con las imposiciones derivadas de la globalización— se debe a la situación internacional, cuyas reglas de interacción y cuyos valores de orientación no pueden ser alterados fácilmente, y también a rutinas y convenciones del propio país, que poseen una inercia de funcionamiento de largo alcance. La discusión y luego la promulgación de un nuevo texto constitucional, que no es algo tan inusual en la historia boliviana, no bastan para anular factores como:

• a)

  La inmersión del país en la civilización moderna de la tecnología y la ciencia;

• b)

  La vigencia de contratos en el campo de la economía privada;

• c)

  La validez de derechos patrimoniales, que vienen de muy atrás y que afectan a todos los estratos sociales;

• d)

  La vigencia de convenios y regulaciones supranacionales.

Todos estos aspectos han limitado, a veces de manera indirecta, pero muy efectiva, la concepción muy generalizada de que la Asamblea Constituyente representaba un organismo originario, con poder soberano, no derivado de ningún otro poder del Estado, cuya función era precisamente la fundación de un Estado y un orden social enteramente nuevos. El Movimiento al Socialismo (MAS), los voceros del gobierno y, en general, las corrientes indianistas propagaron la tesis del carácter estrictamente originario (es decir, no derivado de ningún otro órgano estatal) y del poder soberano de esta asamblea,¹⁹ pero la realidad se encargó de reducir esta tesis hasta un nivel de mera retórica. De todas maneras: como lo expresó enfáticamente el presidente de la comisión Visión País de la Asamblea Constituyente y posterior Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, la Asamblea Constituyente debía tener una naturaleza originaria y soberana (y proclamarlo así) para llevar a cabo la obra magna de la misma: el juicio al Estado colonial y neoliberal.²⁰ Como se sabe, este designio no pudo ser llevado a cabo, pero la discusión correspondiente es muy interesante para los temas tratados en este texto.

Aquí es necesario mencionar que la crítica de las teorías de la descolonización es muy interesante e instructiva para comprender una de las dimensiones principales del proceso sociopolítico que vive Bolivia desde comienzos del siglo XXI. Los escritos de esta tendencia nos ayudan a entender las expectativas de importantes sectores sociales, como los urbanos de origen indígena y de urbanización reciente. Contribuyen, asimismo, a separar la noción de indigenismo del concepto de indianismo. Aunque se trata de una diferencia poco clara y cambiante segun los contextos culturales, se puede aseverar con reservas que el indianismo representa la tendencia existente entre los propios indios a la autonomía política y a la independencia cultural, mientras que el indigenismo constituye un intento paternalista surgido fuera de las étnicas aborígenes (“una literatura de mestizos”²¹) que propugna la mejora de las mismas mediante su aculturación y por medio de la imitación de los modelos occidentales.²² La evolución política y cultural del país desde el inicio del presente siglo ha fomentado, entre otras consecuencias, el florecimiento de una amplia gama de ideologías indianistas,²³ que se han fucionado con fragmentos de teorías revolucionarias y nacionalistas de aparición previa. Uno de los frutos de esta costelación es la doctrina de la descolonización, que con muchas variantes ocupa ahora un considerable espacio en la vida política y académica del país.

Es probable que la mayoría de los indianistas provenga de sectores universitarios de origen mestizo y de grupos indígenas de urbanización reciente, que están todos ellos expuestos a las corrientes intelectuales que en los últimos tiempos predominan en las instituciones de educación superior. Estas tendencias —desilusionadas con las formas tradicionales del marxismo— han adoptado una combinación de opciones izquierdistas con un retorno de ideologías nacionalistas y con un renacimiento de los valores telúricos de la tierra y las tradiciones prehispá-nicas.²⁴

2

La labor de la comisión Visión País

Esta constelación problemática, que se suscitó durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente (2006-2008) y especialmente en el seno de la comisión Visión País País (Comisión 1), es muy interesante, porque allí se pudo percibir:

• 1

  La colisión entre principios universalistas y valores particularistas.

• 2

  La confrontación entre las imposiciones del proceso globalizador y la defensa de la identidad nacional.

• 3

  El choque entre la identidad central boliviana y las identidades subnacionales.

No sólo en la comisión Visión País, sino en algunas otras se debatieron temas similares, como en la Comisión 4, Organización y Estructura del Nuevo Estado,²⁵ en la 10, Educación e Interculturalidad, y en la 11, Desarrollo Social Integral.²⁶ Como se sabe, no hubo una sesión plenaria de la Asamblea Constituyente consagrada a una discusión intelectual en torno a estos temas de importancia fundamental. En el testimonio de Félix Cárdenas, presidente de la comisión Visión País, queda claro el poco apego a una confrontación racional-discursiva de ideas:

Había que abandonar cuanto antes la cárcel de las plenarias fruto del conflicto por el sistema de votación; precisamente el hecho de romper con las plenarias como calabozo hizo que las comisiones tuvieran otra situación; a mí me tenían sin cuidado las determinaciones de la misma directiva porque de cualquier manera la Asamblea era un acontecimiento indio, y entre indios debía implementarse el juicio político al Estado neocolonial.²⁷

El gran tema de nuestra época (colisión entre principios universalistas y valores particularistas) no fue discutido de manera expresa, pero fue abordado de manera indirecta al tratar los llamados “ejes temáticos” que la Asamblea atribuyó a esta comisión Visión País: “Fines, tipo y carácter del Estado; valores, principios, símbolos, formas de gobierno y reli-giones”.²⁸ Este tema también fue mencionado cuando se debatieron asuntos como ordenamiento general de la estructura del Estado y tipos de justicia y al redactar una serie de enunciados básicos —como los contenidos del preámbulo y el artículo 1 de la nueva constitución—, enunciados que exhiben un carácter programático-filosófico y a veces ideológico.

La comisión Visión País fue vista desde un comienzo como “la instancia orientadora para el conjunto de los constituyentes por la necesidad de abrir el debate a través del esclarecimiento sobre el tipo de país que Bolivia ambicionaba”.²⁹ En enero de 2007 la comisión presentó una “propuesta metodológica” para el trabajo de toda la Asamblea Constituyente, pensada también para facilitar la redacción del texto constitucional definitivo. Aunque finalmente la actual Constitución salió de otras fuentes, no hay duda de que la comisión Visión País ejerció una cierta influencia sobre una asamblea que no se destacó precisamente por sus labores intelectuales. Es importante anotar que esta comisión generó varios documentos considerados como altamente políticos, cuya relevancia para este trabajo reside en el intento de “reescribir la historia de Bolivia, entendida como un ciclo de memorias largas que también trataban de adaptarse a un mundo globalizado, complejo y difícil como el escenario de las revoluciones tecnológicas, la crisis ecológica a escala mundial y la dramática competitividad de la economía de mercado”.³⁰

Aunque estos documentos representaban un memorial histórico de agravios, tenían como fin último explicar las causas del subdesarrollo boliviano. La tendencia indianista que permeó los documentos no dejó percibir otras realidades y necesidades de la sociedad boliviana, que tienen que ver con el hecho de que la colonización en sentido estricto ya terminó hace mucho tiempo y que la enorme diversidad actual de estratos sociales, proyectos políticos y visiones del mundo no puede ser comprendida mediante las categorías lógicas demasiado simples de los conceptos de colonialismo interno y externo. La insistencia de las doctrinas indianistas en utilizar estas categorías sólo acentúa el sentimiento de amargura de vieja data y refuerza el sentido de inferioridad de los sectores indígenas del país.

La comisión Visión País no logró, por lo tanto, analizar otros temas importantes, como la ampliación de los derechos ciudadanos, el análisis de la función contemporánea del comercio exterior y de los vínculos con otras culturas, los principios fundamentales de una educación moderna o los necesarios compromisos con otras visiones sobre el país, como las sustentadas por los partidos políticos de la oposición, cuya legitimidad, aunque parcial, estaba claramente demostrada por el voto electoral ciudadano. La comisión dio un mal ejemplo para las otras comisiones y para el pleno de la Asamblea al manipular votaciones y usar las triquiñuelas parlamentarias más acostumbradas.

El documento más interesante se titula Juicio al Estado Colonial, republicano y neoliberal, que fue introducido en marzo de 2007 por la agrupación de Félix Cárdenas —que poco después se fusionó totalmente con el MAS— y estaba basado en un documento previo del mismo presidente de la comisión.³¹ Este documento y otros similares que circularon en la Asamblea Constituyente representan un género literariohistórico que tiene una gran relevancia para comprender el trasfondo de la Asamblea y de los debates concomitantes. Para una consideración adecuada de estos documentos, no hay que atribuir importancia a la falta de consistencia lógica de los mismos o a sus evidentes carencias formales; tampoco hay que sobrevalorar sus incongruencias internas. Estos documentos expresan en primer término las “subjetividades silenciosas” de gran parte de la sociedad boliviana, las que intentan, de modo rudimentario pero valioso, “desbaratar la imagen identitaria construida por las élites locales”.³² Puede ser que estos documentos sean insostenibles desde un estricto punto de vista historiográfico, pero su intención es curar las vulneraciones producidas durante siglos por la colonialidad y mantenidas por la situación subalterna de las masas indígenas andinas hasta comienzos del siglo XXI. Y una de las vulneraciones más persistentes es el autodesprecio que existe aun en dilatados sectores sociales que no han gozado de los frutos positivos de la modernidad. En Bolivia, estos documentos exhiben un giro descolonizador radical, proclive a confrontaciones vehementes con el sistema imperante de valores, y a veces, como en toda narrativa social, favorable a inexactitudes y falsificaciones de la realidad con tal de fortalecer su propia posición. Se produce, por consiguiente, un choque con el “tiempo histórico de Occidente” e, inevitablemente, un intento de “reinscribir” el pasado en la comprensión del presente,³³ un intento que, se ha mencionado, no corresponde a parámetros racional-científicos de hacer historia, pero que brinda una clara lógica reparadora a aquel amplio sentimiento de discriminación secular que aún prevalece en el país. La legitimidad de estos curiosos juicios al Estado colonial y neoliberal reside en el intento de enaltecer la auto-estima y explicitar la compensación por los agravios sufridos.

Como se sabe, nunca se llegó a realizar el tal juicio al Estado neocolonial, pero las corrientes indianistas lo consideraron como un paso esencial consagrado al encuentro de la nación consigo misma. La intención central del juicio consistía en recuperar “la memoria del pueblo”, para no olvidar la identidad, para honrar a los mártires y, sobre todo, para “escribir en letras de oro la nueva historia de la nación” y recién así pasar, como fin normativo último, a la construcción del “nuevo Estado democrático incluyente, diverso y revolucionario”.³⁴ La “fundamentación” del juicio es una extensa y muy sentida recapitulación de hechos históricos, importante para la identidad de sus autores, pero exenta de rigor científico. Esta reconstrucción —o mejor dicho, interpretación —de la historia está basada en testimonios y teoremas de Eduardo Galeano y autores afines. Los llamados documentos probatorios son, en general, fragmentos de libros de historia que parecen congruentes con las teorías de la descolonización. Ningún estudio con resultados ligeramente divergentes es siquiera citado.

Sus ideas rectoras son muy simples: antes de 1492 prevalecían en estas tierras regímenes autónomos indígenas, caracterizados por la fraternidad, la solidaridad y la falta de fenómenos de alienación,³⁵ por un lado, y por una existencia de acuerdo a los principios pro-ecológicos de la Madre Tierra, por otro. Este ámbito justo y bueno fue destruido de manera violenta por la invasión española y por la edificación de un orden colonial, caracterizado por la destrucción de las formas institucionales originarias, la explotación inexorable de los indígenas y el robo de los recursos naturales. Después de la independencia formal (1825), este modelo, en lo sustancial, fue mantenido por la República y agravado en las últimas décadas por la instauración del neoliberalismo.³⁶ Este documento, relativamente desordenado en su estructuración interna y con curiosidades histórico-literarias,³⁷ tiene valor como un memorial de agravios seculares, que deberían ser reparados por el gobierno popular instaurado en enero de 2006.

La extensa parte titulada fundamentación del Juicio al Estado Colonial es especialmente interesante porque establece una estrategia para salir del subdesarrollo, cuyo primer paso es el someter a juicio a varios estados (acusados: España, Vaticano, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina), a organismos financieros internacionales, a empresas transnacionales (sobre todo petroleras), a numerosas reparticiones del Estado boliviano, a los empresarios privados nacionales y a los partidos políticos.³⁸ Este proceso tendría una enorme relevancia colectiva, puesto que mejoraría las posibilidades fundamentales del propio desarrollo: fortalecer la auto-estima colectiva y revigorizar la identidad nacional. Y, por supuesto, el juicio hubiera tenido la función material nada despreciable de conseguir una gran indemnización financiera por los sufrimientos del pasado.

Este juicio, con imputaciones formales, designación de abogados defensores (si los imputados no aparecían de manera voluntaria) y fallo final solemne y definitivo, debía tener lugar en pocas semanas: desde mediados de abril hasta el 23 de mayo de 2007.³⁹ Además de la pena del “eterno repudio” de los hallados culpables, los autores del documento exigen un amplio resarcimiento de daños por todos y cada uno de los crímenes cometidos, el cual debía ser pagado por todos y cada uno de los que sean declarados culpables.⁴⁰ La sentencia, dice el documento, debe ser fundamentalmente política y moral, pero debe incluir el resarcimiento material de las víctimas y así alcanzar “la posibilidad real de construir una nueva sociedad con un nuevo Estado y una nueva Constitución”.⁴¹ Se trata, obviamente, de la antigua ilusión de obtener una considerable compensación económica que sirva de importante base para un desarrollo acelerado, aunque el documento no señala en forma clara cuáles son las últimas metas normativas de la anhelada evolución ni tampoco cuál es el camino concreto a ese desarrollo pleno y justo.⁴²

De los documentos de la comisión Visión País se infiere que mediante el juicio al Estado colonial se puede esclarecer el tipo de país (es decir, de régimen político, social, económico y cultural) que Bolivia ambiciona —o debe ambicionar— de manera normativa. En el fondo, esta concepción no estaba tan lejos de la realidad: puesto que no se realizaron sesiones plenarias para debatir mediante argumentos racionales y procedimientos discursivos cuál debería ser el contenido de la nueva Constitución relativo a los principios organizativos del Estado. Estas ideas centrales surgieron parcialmente del trabajo de la comisión Visión País (preámbulo y artículo 1 del texto constitucional). El énfasis en parcialmente se debe, como se sabe, a que la mayor parte del texto constitucional fue redactado por comisiones externas a la Asamblea Constituyente y conformadas por el Poder Ejecutivo; la otra porción fue la negociada en el Parlamento entre el gobierno y los representantes de la entonces oposición política (2008-2009).

Félix Cárdenas mismo supuso que el juicio no llegaría a su etapa final de sentencia condenatoria, pero percibió su valor en una especie de pedagogía popular de masas:

[…] por lo menos habremos dado el primer paso para analizar desde el punto de vista histórico de dónde venimos, qué hemos hecho con nuestro Estado, qué recursos naturales nos han saqueado y hacia dónde nos proyectamos en el futuro como país, nacionalidades y culturas, especialmente para no repetir ciertos errores históricos”.⁴³

Otros documentos de la comisión Visión País, donde se plasman las discusiones entre las distintas tiendas políticas, presentan una concepción básica similar a la reseñada hasta aquí, sobre todo en los documentos donde se sedimentan las opiniones de la mayoría, conformada por representantes del MAS y partidos aliados. En los Alegatos para la interpelación al Estado colonial, republicano y neoliberal, donde se manifiestan las intervenciones de varios grupos políticos, es predominante la línea rectora ya mencionada y contenida en la fundamentación del Juicio al Estado neocolonial.⁴⁴ Con muy pocas excepciones, estas intervenciones reiteran las opiniones doctrinarias ya referidas:

• •

  El rol nefasto de la colonización española y de la Iglesia católica en la destrucción de las comunidades originarias.

• •

  La explotación y el saqueo de los recursos naturales por los colonizadores europeos y las empresas transnacionales.

• •

  La continuación de estas prácticas inicuas durante el periodo republicano y su agudización durante la etapa neoliberal.

• •

  Las estrategias de represión puestas en ejecución a través del Plan Cóndor y la doctrina de Seguridad Nacional.

• •

  Las pseudo-reformas políticas y administrativas durante el periodo neoliberal y sus consecuencias negativas.

• •

  Los daños causados por la erradicación forzosa de la sagrada hoja de coca.⁴⁵

Como se ve, estos puntos del alegato tienen una función reivindicativa, pero con evidentes manifestaciones retóricas, pues ningún grupo político pretende a comienzos del siglo XXI la instauración de un auténtico régimen socialista con el monopolio de la propiedad estatal sobre los medios de producción, con la eliminación del pluralismo ideológico y con el predominio de una sola clase social, por más dilatada que ésta sea. Hoy en día estos postulados han caído en desuso, pese al nombre oficial de las corrientes políticas. Lo que anhelan estas últimas, cuando se consideran parte del espectro político de izquierdas, es una mayor participación de las clases y etnias hasta ahora subalternas:

• a)

  En la toma de las grandes decisiones políticas.

• b)

  En la vida económica del país.

• c)

  En la creación de la cultura nacional.

La retórica radical sirve para brindar una fuerza de convicción más vigorosa y enérgica a los programas específicos, que como se menciona son relativamente moderados y, en el fondo, exentos de toda originalidad en términos comparativos históricos de largo plazo. Los alegatos no abogan por una revolución socialista, sino por una reforma nacionalista, cuyo elemento central es el regreso a un Estado empresarial vigoroso, que otra vez ejerza la propiedad sobre los recursos naturales y las empresas estratégicas y que, simultáneamente, promueva tendencias nacionalistas e indianistas en las esferas de la educación y la cultura.⁴⁶

El llamado Informe de la Mayoría, surgido del seno del Movimiento al Socialismo (MAS), contiene un acápite teórico: Crítica de la razón colonial.⁴⁷ Pese a su denominación kantiana, este breve acápite no reflexiona en torno a la situación boliviana frente a los valores rectores de la modernidad y la globalización, ni tampoco acerca de la constelación formada por principios universalistas y valores particularistas. Siguiendo estrictamente las modas postmodernistas del ambiente universitario y su estilo muy enrevesado, la Crítica de la razón colonial evoca el “espesor histórico y cultural” de la “historicidad política del presente”, sin esclarecer tal espesor, y pasa a condenar al “imperio” por las guerras en Irak, Afganistán y Yugoslavia y a criticar “la subordinación de los cuerpos y los territorios a nombre de los derechos de las soberanías cambiantes”,⁴⁸ subordinación que también permanece en una nebulosa conceptual. No resulta claro cuál papel juegan los “cuerpos que pasan por una especie de exorcismo político y civilizatorio”⁴⁹ en la formulación del articulado constitucional, ni qué tienen que ver “los diagramas del suplicio”, “la superficie como inscripción” y el “espesor como subjetivación” en la fundamentación de un texto constitucional.⁵⁰

El último acápite, la fundamentación de la propuesta, es verbalmente más moderado y políticamente muy conciliador desde el punto de vista político. Sus puntos centrales son:

• •

  El rechazo del neoliberalismo por ser una “imposición de la cultura occidental que ha marginado y debilitado nuestras culturas originarias y nuestros sistemas políticos y jurídicos”.⁵¹ Pero como las identidades ancestrales demostraron ser vigorosas, ahora ellas refundan la nación e instauran el “Estado Plurinacional Unitario”.

• •

  El cimiento del nuevo Estado es la descolonización en todos los campos. Y para ello lo más razonable resultan ser las “autonomías indígenas, originarias y campesinas”.

• •

  En el aspecto operativo y organizativo, la estructuración del nuevo Estado se limita a un paradigma convencional: los “Tratados Internacionales de Derechos Humanos” y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).⁵²

• •

  El respeto de diversas formas de representación política, el respeto a la libertad de culto y a los otros derechos humanos de proveniencia liberal.

• •

  El reconocimiento y el respeto a la iniciativa privada, junto con la promoción y protección de “todas las formas comunitarias y colectivas de organización económica”.⁵³

Este Informe de la Mayoría también quiere mostrar que el subdesarrollo y los problemas acuciantes del país se deben a la prevalencia de la lógica colonial de explotación despiadada y a su continuación por el Estado republicano y neoliberal. Reproduce, por consiguiente, las concepciones ya mencionadas del nacionalismo boliviano, pero no pretende como meta normativa una revolución socialista, sino una reforma nacionalista, que fomente un Estado empresarial fuerte y una educación con características indianistas, pero al mismo tiempo y en forma muy clara defiende un régimen económico pluralista con una iniciativa privada que debe ser respetada en el marco de una sociedad plural.

3

La producción de la comisión Visión País como respuesta ideológica a la modernidad

En cuanto a los resultados generales y a largo plazo, las labores de la comisión Visión País fueron semejantes a los trabajos de las otras comisiones de la Asamblea Constituyente. Se presentaron y se discutieron visiones parciales, altamente ideologizadas, pensadas en su mayoría para satisfacer intereses particulares y corporativos, sometidas a las presiones y hasta a las amenazas de diferentes grupos y del gobierno central. No hubo el intento de una reflexión por encima de los partidos, con una perspectiva de largo plazo, que hubiera englobado también la posición de la sociedad boliviana en el contexto mundial y hubiese pensado la situación de los valores indianistas en un contexto más amplio, dentro y fuera del país. En todas las comisiones de la Asamblea Constituyente hubo una mezcla confusa de distintas ideologías, a veces incongruentes entre sí, y una sobrecarga de demandas públicas que anhelaban ser consideradas de manera prioritaria. Las labores de todas las comisiones pueden ser calificadas de desordenadas y hasta caóticas, sin un nexo discernible con el fin que se proponían (insumos para ser utilizados en la elaboración del texto constitucional definitivo). La administración del tiempo de la Asamblea fue manifiestamente irracional; no se pudo concluir las labores con un resultado aceptable y dentro de los plazos que la misma Asamblea se puso.⁵⁴ “Cuanto más las comisiones se preguntaban si realmente se sabía qué debía cambiarse y cómo cambiarlo, tanto más se comprobaba que la principal respuesta era un desalentador ‘No’.”⁵⁵

Las aspiraciones de muchos grupos sociales eran enormes, pues ellos pensaban, de buena fe, que la nueva constitución iba a ser una especie de solución a muchos problemas cotidianos. Todo esto significó una sobrecarga inútil para el trabajo de los constituyentes, ya que por otra parte, la Asamblea se enfrentó a una “erupción de indefiniciones”:⁵⁶ la propia comisión Visión País dio un pésimo ejemplo por medio de sus discusiones cargadas de intransigencia ideológica y, simultáneamente, de confusión conceptual. La comisión se dedicó también a los juegos políticos clásicos de la manipulación de sus votaciones y a complicar innecesariamente los procedimientos internos.

La gran lección que se puede extraer de este entramado de dilemas y laberintos político es —como dice Franco Gamboa— que el proceso constituyente boliviano perdió su rumbo de manera prematura, tanto en la aprobación del reglamento de debates que cayó en un embrollo de seis meses, como en las labores de cada comisión donde casi todos los constituyentes fueron víctimas de los oídos sordos, soledad e incomunicación para solucionar las cuestiones más álgidas.⁵⁷

Antes de ser inaugurada la Asamblea Constituyente, el presidente de la comisión Visión País, Félix Cárdenas, enunció lo que él —y muchos como él— esperaban como frutos de la nueva constitución:

• •

  La eliminación de la pobreza, incluyendo la supresión de la desigualdad de oportunidades.

• •

  La consecución de una soberanía “real” para la nación.

• •

  El respeto efectivo a la diversidad de identidades originarias.

• •

  La participación plena de todos en la toma de decisiones.

• •

  El castigo justo para los que cometieron crímenes políticos.⁵⁸

Se trata, manifiestamente, de una lista de demandas muy sentidas y anheladas por amplios sectores sociales, pero que no pertenecen a un breve texto jurídico que intenta concertar la convivencia pacífica y razonable de varios millones de personas. La eliminación de la pobreza posee una indudable importancia y prioridad, pero es el objetivo de políticas públicas de largo alcance y de esfuerzos sistemáticos; no es algo que se pueda decretar mediante la ley de leyes. Lo mismo sucede con la soberanía nacional, postulado cada vez más problemático en un mundo altamente intercomunicado y globalizado. Existe una confusión entre demandas muy sentidas, como la recuperación de la salida al mar, y las modestas posibilidades de un texto constitucional consagrado a otros fines.

Las comisiones de la Asamblea Constituyente conformaron foros de activa discusión no sistemática y más bien casual sobre varios temas de gran actualidad, como:

• a)

  Los recursos naturales.

• b)

  La naturaleza de la democracia.

• c)

  La dignidad histórica del país.

Sin embargo, el nivel muy convencional de los debates y la carencia de una perspectiva de largo alcance, tanto temporal como espacialmente, contribuyeron a que las discusiones de este órgano no fueran muy fructíferas con respecto a nuestros puntos de estudio:

• a)

  Con respecto a los recursos naturales, el tenor general de las discusiones enfatizaba la necesidad de la propiedad estatal de los mismos, la que es complementada con la esperanza de una distribución adecuada de rentas entre los grupos con mayor capacidad de presión. Aquí se pudo percibir el resurgimiento de concepciones arcaicas y protorreligiosas en torno a la abundancia primigenia de recursos naturales, cuyos frutos económicos debían ser distribuidos democráticamente, como el maná bíblico, pero en la actualidad mediante la ayuda indispensable del aparato estatal. La proverbial pugna redistributiva estaba programada.

• b)

  En torno al concepto de democracia las discusiones reprodujeron la confrontación entre democracia participativa, comunitaria y directa, por un lado, y democracia representativa pluralista, por otro. La visión doctrinaria predominante fue la primera. Jorge Lazarte dice al respecto:

  La democracia participativa se convirtió en idea-fuerza de toda movilización social, e invadió el discurso político y social. A partir de ella sus vectores sociales se pensaron a sí mismos como mandantes, cuya condición “soberana” los ponía por encima de toda forma institucional, y también por encima de la misma Asamblea Constituyente.⁵⁹

  Pese a la relevancia social y movilizadora de esta posición, la concepción de la democracia directa ha tenido un efecto práctico-político relativamente modesto: ni las actuaciones gubernamentales posteriores ni la vida cotidiana en el seno de los partidos de izquierda se rigen por ella de modo estricto. En realidad la praxis política boliviana, por lo menos durante largos periodos históricos, ha estado signada por la lógica del enfrentamiento y la resistencia, antes que por la conciliación y la integración intersectorial.

  Siguiendo los debates de la comisión Visión País, se puede detectar una concepción fuerte y bien enraizada —aunque no bien articulada— acerca de la superioridad moral de los dominados y la inferioridad ética de aquellos que pertenecen al ámbito de lo criollo-mestizo. Esta idea matriz dificulta todo intento serio y prolongado de concertación entre partes, ya que una de ellas es vista a priori como carente de la moralidad indispensable para cerrar acuerdos con ella. Por lo tanto, un sistema político plural y complejo, donde están representados actores de muy disímil proveniencia étnico-cultural, incluyendo, por supuesto, los que no pertenecen al ámbito indígena, no goza de la confianza básica de extensos grupos que se encuentran en este último ámbito. Esta es, obviamente, la posición doctrinaria del indianismo radical, que no puede ser considerada como la única predominante en grupos indígenas. Pero aquí tropezamos con un grave dilema, que no fue tratado en la Asamblea Constituyente, aunque sus consecuencias entorpecieron gravemente sus deliberaciones y hasta hoy son notorias en la cultura política del país. No nos referimos necesariamente a la influencia directa de la mencionada concepción acerca de la superioridad moral de los dominados, sino a la existencia difusa pero permanente de la lógica de la resistencia a acuerdos con los adversarios políticos y, en general, con aquellos que piensan de manera diferente. No se niega toda posibilidad de reconciliación entre las etnias del país y los partidos que las representan, pero se dificulta todo entendimiento con el Otro por antonomasia y se complica innecesariamente todo esfuerzo por superar “las fracturas históricas” que soporta el país desde la era colonial, cuya “irresolución le ha impedido ser un país moderno y democrático”.⁶⁰

  La doctrina de la superioridad moral de los dominados impide, además, una percepción adecuada del mundo moderno, signado por la pluralidad de valores, ideologías y cosmovisiones; por lo tanto, entorpece el situarse convenientemente en un ámbito globalizado donde prevalecen principios universalistas. Si estas corrientes se deciden a participar en el juego democrático pluralista, lo hacen con una visión instrumental del mismo, según la cual no es indispensable el cumplimiento de los acuerdos logrados. Esta temática flotaba en todos los ambientes de la Asamblea Constituyente. En resumen: esta concepción no es genuinamente democrática ni tampoco favorece una relación sana con el mundo moderno.

• c)

  En lo relativo a la dignidad histórica de la nación, es indispensable retornar brevemente al meollo del asunto. Se trata de un tema emotivo, muy sentido en Bolivia, con una larga historia de agravios y con prejuicios colectivos que vienen de muy atrás, como en todos los casos similares a nivel mundial. Pero al mismo tiempo es una problemática difusa y gelatinosa, muy difícil de ser explicitada en términos objetivos. La dignidad mellada del pueblo es parte de una mentalidad todavía configurada por factores religiosos, expresada a menudo mediante imágenes bíblicas y en un estilo apocalíptico, que llegan a capas muy profundas del alma popular. Los debates en las comisiones de la Asamblea Constituyente tocaron a menudo esta problemática, pero su carácter casi sagrado no condujo a una discusión basada en argumentos provisionales, criticables y recusables, sino en certidumbres sólidas que por tanto no permiten dudas razonables. Este tipo de pensamiento lleva al establecimiento de oposiciones binarias excluyentes, del tipo patria/antipatria, que siempre han sido muy difundidas en regímenes populistas. Como la dignidad nacional es per definitionem algo imposible de negociar, se forman conceptos que sólo admiten una especie de veneración patriótica, aunque esta última no tenga significados y consecuencias prácticas. Uno de los peligros de esta posición es que en nombre de la dignidad histórica se pueden sacrificar los derechos humanos y las libertades democráticas, que toman entonces el carácter de un nivel ontológico inferior.⁶¹ Como ocurre frecuentemente en estos casos, las invocaciones a la dignidad histórica de la nación no tienen efectos prácticos discernibles, pero ayudan a fortalecer una identidad colectiva que ha sido vulnerada por los avances de la modernización y la globalización y, en general, por una historia de colonialismo y explotación.

Como resumen, se puede afirmar que en el seno de la Asamblea Constituyente se reprodujo una visión simplificada y simplificadora de toda la realidad social del país, visión que en forma elemental aparece en casi todos los testimonios de las corrientes indianistas radicales y que tomó la forma y los riesgos de una “lógica antinómica”,⁶² como la denomina Gustavo R. Cruz. Se opone —por ejemplo— una moralidad de los dominados, que per se tiene un valor muy superior a la moralidad de los dominadores, y que por ello se halla por encima de toda crítica académica y, en casos concretos, por encima de toda negociación política. Al ser una moralidad superior, también se la considera como parte esencial (es decir, inmutable al paso del tiempo) de una identidad colectiva de calidad excepcional, que por ello no admite análisis, modificaciones, actualizaciones o mezclas (como el mestizaje). Los más diversos elementos, asociados a esa moralidad e identidad superiores, permanecen entonces en un área protegida contra todo análisis crítico, como algo que sólo debe y puede ser protegido y guardado para las generaciones posteriores. En las comisiones de la Asamblea Constituyente se debatió superficialmente sobre distintos modelos democráticos, pero ha quedado la impresión de que la llamada democracia directa de las comunidades indígenas —las que no han sido tocadas por la modernidad— es percibida como un ordenamiento más valioso, más humano y más cercano al pueblo que las engorrosas construcciones de la democracia represen--tativa pluralista contemporánea, que a los ojos de sus críticos, adopta la impresión de un modelo importado de una civilización ajena, modelo que, además, tendría la desventaja de ser un mero procedimiento formal para cuestiones electorales y para la rotación ordenada de élites.⁶³ No se debatió nunca la posibilidad real de que la democracia directa y participativa haya sido una forma valiosa de ordenamiento social, pero adecuada probablemente, a sistemas socio-políticos arcaicos, alejados de la complejidad de las sociedades latinoamericanas modernas de hoy en día, inmersas cada vez más en los circuitos de la globalización.

Se trata también de una contraposición de valores de orientación, en la cual uno de los valores, generalmente el positivo, se adquiere mediante la negación del otro valor, sin una elaboración más o menos propia del mismo. Mediante la negación de las normativas atribuidas a la civilización occidental, emergen prístinos los valores básicos de la cultura indígena en el tema del ordenamiento socio-político. Así se llega a la idea —o a la ilusión— de que la democracia directa en las comunidades indígenas sería más incluyente, más solidaria y fraternal y más comprensible que la democracia representativa, que estaría contaminada irremediablemente por el egoísmo de los intereses individuales.

Frente a estas concepciones demasiado optimistas sobre los modelos propios, que florecieron en varias comisiones de la Asamblea Constituyente y que también pertenecen al imaginario colectivo, hay que enfatizar el ámbito de la prosaica realidad. La confrontación entre la esfera de la teoría, la ideología y los mitos políticos, por un lado, y el campo de la vida cotidiana en lo referente al funcionamiento del gobierno y de la administración pública, por otro, es uno de los principios de toda la tradición politológica de la llamada ciencia occidental. Y aquí nos encontramos con el comportamiento que podemos llamar realista y cotidiano de los propios portadores de concepciones radicales. Como lo reconoció el gran antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, uno de los inspiradores del indianismo radical boliviano, el fin último de esta corriente resulta ser muy modesto: lo que se exige, en el fondo, es una mayor participación política y una integración más amplia de los indígenas en el mundo moderno. Lo que se quiere alcanzar es, sobre todo, mejorar los “mecanismos de representatividad” para la delegación y el ejercicio del poder, para que la toma de decisiones refleje y respete la condición plural de la sociedad respectiva.⁶⁴ Es decir, una de las demandas centrales reside en la exigencia general de reconocimiento, lo que, en el fondo, es algo negociable y no está vinculado a una supuesta moralidad superior, que siempre resulta ser la propia. En un plano más modesto se solicita, por ejemplo, que los conocimientos propios, científicos técnicos y también las normativas éticas y estéticas sean apreciadas como valiosas de parte de los grupos y sectores de la exitosa modernidad occidental. En Bolivia lo que se anhela es que la perspectiva indígena sea incorporada a la nación mediante la visibilización político-institucional y el reconocimiento intelectual. En la prosaica realidad cotidiana los regímenes nacionalistas, populistas e izquierdistas, que son los principales portadores verbales de las tendencias reseñadas hasta aquí, tienden a consolidarse en un término intermedio moderado.⁶⁵ Esta constelación, que a primera vista parece autocontradictoria y poco creíble, es la encarnada por el partido gobernante boliviano, el Movimiento al Socialismo (MAS), y no representa algo inusual a lo largo de la historia universal: una retórica radical y una praxis convencional-rutinaria.

Como resumen, se puede aseverar que el valor real de los debates en el seno de la Asamblea Constituyente boliviana no consistió en insumos para la elaboración del nuevo texto constitucional, sino en dar a conocer importantes aspectos del imaginario colectivo, sobre todo de los sectores postergados secularmente y así visibilizar opiniones, anhelos y sueños que no son tomados en cuenta por aquellos que diseñan políticas públicas. Pero aun así, las largas discusiones de la Asamblea no lograron aportar ideas verdaderamente relevantes en torno a los grandes temas de nuestro tiempo, que giran en torno a la complicada disyuntiva entre globalización e identidad, entre principios universalistas y valores particularistas.