Francisco Reveles Vázquez y Adriana Báez Carlos (coords.) (2016), Reglas, votos y prácticas. ¿Hacia una representación política democrática en México?, México, unam-Cámara de Diputados.

Al referirnos al proceso de reformas políticas en México, estamos realizando un esfuerzo de orden y sistematización que parte, al menos desde 1977, con la ampliación de los espacios de ejercicio de la pluralidad y del poder político. Sin duda, un esfuerzo mayúsculo, ya que las propias fuerzas partidistas representadas en el Poder Legislativo están en continuo trabajo de adaptación de las reglas para lograr una no siempre eficaz transformación del orden legal que regule la ya permanente competitividad electoral mexicana.

La obra colectiva coordinada en conjunto con Adriana Báez Carlos, se suma a la sólida y prolífica obra de análisis de los fenómenos políticos en nuestro país que realiza Francisco Reveles.

En sus trabajos de investigación destaca una cualidad, ya que está presente una marcada inquietud por organizar, por dar orden a temas que la Ciencia Política discute mucho, de los que realiza preguntas y arroja algunos resultados descriptivos o interpretativos, pero no siempre con una perspectiva ordenada, esquematizada, de manera tal que logremos observar un panorama amplio y claro de los acontecimientos, como sí lo hace Reveles.

Lo anterior no es una cualidad menor en un libro como el que nos ocupa, debido a que vivimos y observamos un país con grandes y graves problemas, de los cuales los fenómenos político-electorales han ocupado un lugar central siempre, de manera especialmente marcada durante al menos los últimos cuarenta años. El orden, la mirada amplia que presenta la obra, da cuenta del extenso proceso de conflicto político, de las demandas de actores diversos, de los productos que arrojó el sistema como respuesta a lo anterior.

Convocados al trabajo, 16 académicos presentan los resultados de la revisión de 14 temas que ocuparon gran parte de la discusión de los actores políticos, particularmente aquellas fuerzas agrupadas en la coalición de concertación legislativa denominada Pacto por México durante los años recientes, mismos que produjeron una nueva reforma política y electoral en 2014, así como la descripción de los resultados de su implementación o puesta en práctica.

Alberto Escamilla, en su texto “La reforma político electoral de 2014: el reto de una nueva legislación electoral”, enumera puntualmente los aspectos que modificaron la Constitución Política: integración de autoridades electorales y las nuevas reglas de selección en el ine y el Tribunal Electoral; la conversión de los institutos locales en oples, así como la centralización de las facultades que éstos tenían y que recayeron total o eventualmente, fruto de la reforma, en el órgano administrativo nacional; las modificaciones al sistema de medios de impugnación, el financiamiento y la fiscalización, así como las cuatro variables del sistema electoral mexicano: candidaturas independientes, paridad de género 50/50%, elevación del umbral al 3% y la reelección de legisladores y alcaldes. El llamado gobierno de coalición y los nuevos órganos constitucionales autónomos, la ampliación de posibilidades de elección mediante voto extraterritorial y los nuevos mecanismos de democracia directa, cierran el listado de los principales elementos de la Reforma de 2014 que Escamilla enumera y de los cuales dice: “contiene avances, aunque ciertas zonas del sistema electoral se mantienen vulnerables. No se trató de cambios marginales, por el contrario, parecen tener largo alcance; sin embargo, habrá que esperar para evaluarla y conocer los resultados de su aplicación”.

Adriana Báez Carlos, en “Camino a la paridad de género en la representación política en México”, presenta el fortalecimiento que se realizó al mecanismo de acción afirmativa mediante la paridad de género en las candidaturas, al lograr si bien no la paridad en los cargos, sí un acercamiento positivo hacia la misma (la Cámara de Diputados integró con esta reforma 212 legisladoras, es decir, un 42.4%).

Martha Singer Sochet ofrece un breve pero exhaustivo panorama de cómo los pueblos y comunidades indígenas son una muestra de la unidireccionalidad que encontramos en nuestro país en la toma de decisiones o elección de los cargos públicos, en donde si bien los pueblos y comunidades no son el sector o grupo que en exclusiva padecen dicha situación, sí han quedado rezagados frente a otros actores o temas que se insertaron en la agenda pública, convirtiéndolos de nueva cuenta en invisibles, aunque fuera parcialmente en la discusión de nuevos mecanismos que logren vías más adecuadas de representación y deliberación.

Jacqueline Peschard Mariscal y Rosa María Mirón Lince, cada una en su propia visión, dan cuenta de la incipiente calidad de los sujetos obligados por parte de los partidos políticos para dar respuesta a los mecanismos de transparencia y accesos a la información, mediante la reforma al artículo sexto de la Constitución y sus leyes reglamentarias.

Francisco Javier Jiménez Ruiz analiza el caso alemán para dar forma a su texto “El financiamiento del Estado a partidos y candidatos”.

Karolina Gilas propone observar lo que denomina “Los claroscuros del nuevo modelo de fiscalización”, que según ella hacen evidente “cómo la fiscalización de una cantidad enorme de información en plazos breves, inevitablemente provoca una tensión entre el tiempo y la exhaustividad”, todo esto a partir de la inoperante en su momento llamada “fiscalización en tiempo real”.

Marco Arellano Toledo presenta una revisión de la efectividad del Procedimiento Especial Sancionador frente a la capacidad de penetración, impacto y saturación que tienen la publicidad, en general, y la negativa, en particular, respecto al modelo de comunicación político electoral vigente.

Por su parte, Luis Eduardo Medina Torres aborda lo que denomina “La falta de estabilidad en los criterios judiciales”, como el problema a resolver en el ámbito jurisdiccional electoral.

Complementariamente, en la segunda parte del libro, José Woldenberg, el propio Francisco Reveles, Gustavo Martínez Valdes, Marcela Bravo Ahuja Ruiz, Efrén Arellano, Rodolfo Ernesto Bernal, Karen Esmeralda Serranía, Lorenzo Arrieta y Luis Rubén Hernández, entregan seis textos que logran describir los saldos que algunas de las normas antes mencionadas tuvieron en la práctica durante la competencia electoral de 2015: la violencia y la delincuencia como nuevas variables centrales, así como las fracturas que esto ocasiona a la gobernabilidad; clientelismo, selección de candidatos sin efectiva democracia interna en los partidos; alternancias partidistas sin cambio en las formas de hacer política y ejercer el gobierno; aparición de nuevos actores, como serían organizaciones partidistas o candidaturas independientes, y los cambios e inestabilidad en el formato del sistema de partidos nacional y en los subsistemas estatales.

Todos son aspectos de nuestra vida política que debemos atender en el plazo inmediato, con una perspectiva que vaya más allá de los planteamientos tradicionales que intentan justificar los problemas como situaciones propias de la normalidad democrática. La mayoría de los trabajos que integran este libro, observados como un conjunto, permiten plantear como hipótesis futura el problema presente de la “cartelización” de la política a través de los partidos. La propia Jacqueline Peschard anota un pie de página al respecto sin ir más allá, al menos por el momento.

Parece que la revisión que hace ya más de veinte años realizaron Mair y Katz acerca de la naturaleza y evolución de los partidos políticos y su relación con la sociedad civil y el Estado puede ser un punto de partida. ¿Por qué? Porque el financiamiento público no nos ha ofrecido organizaciones políticas transparentes y sujetas al escrutinio ciudadano, sino actores opacos e irresponsables a pesar de las nuevas hipotéticas responsabilidades; porque el acceso de los partidos al dinero se incrementa de manera gigante cada año aun en tiempos de crisis real y evidente, como la presente. Porque los temas que introducen los partidos no siempre tienen que ver con aquellos que pueden fortalecer la búsqueda de mejores soluciones a los problemas públicos. Porque, en suma, la vía electoral tiene que ver con aspectos como todos los que enumera esta obra colectiva y con otros que ya en los próximos procesos electorales, particularmente a partir de las campañas de 2018, enfrentaremos en nuestro país: unos han existido y probablemente se agudizarán debido a la influencia del exterior, como el desafío populista de cualquier signo que puede disputar espacios a la clase política tradicional de los partidos, ya sea a través de nuevos actores desde la plataforma de las candidaturas independientes, la cual, por supuesto, no fue diseñada para ello, o desde los propios partidos políticos a través de viejos actores con aparentes nuevos discursos, o el propio riesgo de pasmo e incluso subordinación de los partidos ante las figuras carismáticas.

Debemos considerar que la realidad política se transforma de manera vertiginosa. Por ejemplo ¿quién vislumbraba durante el inicio de los trabajos del presente libro que la Iglesia Católica en México iba a intervenir abiertamente mediante la propagación de un mensaje de reto a la separación Iglesia–Estado; o si se previó, quién hubiera apostado que dicho mensaje iba a ser efectivo y capaz de movilizar capas muy amplias del electorado, como lo hizo en la elección de gobernador de Aguascalientes en 2016?

Una hipótesis propia para el caso mexicano como la que recojo del concepto desarrollado por Mair y Katz, acerca de la separación de los partidos modernos de la sociedad civil de la que nacieron hace tan sólo poco más de un siglo y su gradual y fuerte incorporación orgánica al Estado, es necesaria en futuros esfuerzos de análisis.¹

Los autores plantean y preguntan desde el título de la obra, Reglas, votos y prácticas. ¿Hacia una representación política democrática en México? La interrogante no es menor, ya que tiene que ver con las formas en que estamos haciendo y pensando la política en México. Salvo el caso de los avances en materia de género, en el resto de los temas en desarrollo se puede presumir –a pesar de que no lo hagan de manera explícita los autores- un panorama incierto o de plano parcialmente negativo. En su conjunto, los textos dan cuenta de un proceso de separación entre el concepto de democracia constitucional fortalecida a través de una continua vida reformista de nuestras instituciones, y lo que podríamos denominar una funcionalidad no efectiva de las propias instituciones públicas, en donde los partidos y los garantes de la participación ciudadana, como los organismos electorales y tribunales, no están siendo capaces de contener la mencionada separación entre sociedad civil y su participación vigorosa y democrática frente a los productos del sistema político. Mi respuesta a la interrogante, en síntesis, es no; no es lo suficientemente sólido el camino que se ha construido hacia la representación democrática, a pesar de lo largo y sinuoso del mismo.