La actual estructura política del México contemporáneo no se puede entender cabalmente sino mediante el análisis histórico del origen de los que configuran una de sus principales instituciones: los partidos políticos. En tal virtud, este documento presentará una breve caracterización del proceso de transición democrática nacional a fin de vincularlo con la génesis paralela de opciones partidarias distintas de los grandes partidos nacionales desde el ámbito local.
The current political structure of contemporary Mexico cannot be understood but through an historical analysis of those who form one of its main institutions: political parties. Thereby this paper will present a brief characterization of the national democratic transition process in order to link it up with the parallel genesis of different partisan options at the local level.
La actual estructura política del México contemporáneo no se puede entender cabalmente sino mediante el análisis histórico del origen de quienes configuran una de sus principales instituciones integrantes: los partidos políticos.
Por un lado, recurrimos a dicho análisis del pasado remoto con una finalidad práctica, esto es, buscar en ella una orientación que nos permita definir con claridad el presente de dichas instituciones —lo que Ortega y Gasset definió como el aprovechamiento de los posibles frutos del análisis histórico, es decir, “la actitud de urgencia pragmática” (1941: XVII)— a fin de tratar de entender una parte de la historia política del país.
Por otro lado, en virtud de la necesidad de elaborar ese corte de cuentas histórico, del pasado político de nuestro país se tomarán tan solo ciertos hechos que consideramos decisorios para la descripción de nuestro objeto central de estudio, a saber, los momentos fundacionales de los partidos políticos locales en diversos Estados el país, de tal forma que la simplificación histórica que se presentará obedece a dos criterios: el primero porque inferimos que de ciertos momentos concretos de la vida política nacional dependieron —positiva o negativamente— la emergencia de alternativas políticas desde lo local; y el segundo porque deducimos a partir de la periodización propuesta, que el transcurso de dichas fundaciones partidistas desde lo local aparecen así articuladas en unas cuantas, muy pocas, coyunturas que a su vez inauguraron una cierta inflexión de la vida política nacional.
Así entonces, a pesar de que la aparición de este tipo de instituciones políticas ha sido una respuesta a diversos y variados factores que difieren según el Estado de origen y sus contextos particulares, así como a las reglas del juego imperantes en cada entidad y las coyunturas histórico-políticas individuales en cada una de ellas, surge la necesidad establecer periodizaciones y tendencias generales para poder hablar del contexto político nacional, por un lado, y de las especificidades de la génesis de los partidos políticos locales, por otro, que haga posible el registro de continuidades y rupturas entre ambos y la identificación de rasgos comunes para el conjunto de éstos.
De tal manera, este documento se encuentra trazado por los siguientes momentos: el primer apartado desarrollará de manera muy general cómo ha sido el tratamiento que la literatura especializada ha dado al tema de la génesis de los partidos políticos; en la sección subsiguiente se delineará el trayecto histórico que ha recorrido la configuración de la estructura política del México contemporáneo, lo que permitirá delinear el proceso de transición democrática nacional y su vinculación con la generación paralela de opciones partidarias distintas de los grandes partidos nacionales desde el ámbito local, y a su vez consentirá la presentación final del ejercicio de periodización del origen de los partidos políticos locales propuesto.
IILa génesis de los partidos políticos desde la literatura especializadaEl continuo desarrollo de los fenómenos políticos en general, y de las instituciones políticas —en nuestro caso, los partidos políticos locales— en particular, ha evolucionado de tal forma que las más de las veces su sentido y sustancia se diluye en los velos de la historia. El tener en claro cuáles son las condiciones que han permitido el surgimiento de estas instituciones permite entender de manera más clara sus atributos, propiedades, función, composición e ideología.
Uno de los primeros intentos teóricos sobre el origen de los partidos políticos lo encontramos en las elaboraciones teóricas de Duverger, para quien el partido político surge como derivación de las prerrogativas instauradas por el parlamentarismo del siglo XIX, así como del sufragio popular, que fortalecieron las asambleas legislativas y los grupos parlamentarios resultantes de la afinidad de ideas e intereses entre los diputados que los integraban. De forma paralela, la extensión del sufragio trajo consigo la necesidad de organizar a los votantes a fin de hacer llegar de manera más ordenada los programas políticos de sus futuros representantes y canalizar su potencia electoral (Duverger, 1957: 15), surgiendo de esta forma los comités electorales desde la gran masa que así se comenzaba a organizar.
En síntesis, por un lado, la emergencia de grupos parlamentarios constituidos por representantes con ideas afines y, por otro, la ordenación de las masas hacia quienes se había ampliado el sufragio, hacía necesaria una articulación o correa de comunicación entre ellos, lo que daría origen a la noción moderna de partido político. Dichos factores de afinidad que habrían permitido la integración tanto de los grupos parlamentarios como de los comités electorales lo constituían, evidentemente, la ideología política, la procedencia geográfica, la clase social y el interés político que se perseguía.
Hasta aquí sería la categorización endógena del origen de los partidos políticos planteados por Duverger. Sin embargo, éste también distingue del origen parlamentario-electoral de dichas instituciones diversas causas extra parlamentarias que contribuyen a la formación del partido, “cuya actividad propia se sitúa fuera de las elecciones y del parlamento” (Duverger, 1957: 22), como lo serían la existencia de sindicatos de obreros, colectivos de pensamiento, la iglesia, entre una gran variedad de asociaciones cuya actividad permite su constitución en partidos políticos.
Ante esta diferenciación por cuanto a su origen, Duverger caracteriza el tipo de partido que se configuraría, distinguiendo así la organización centralizada que identifica a los partidos cuyo origen es exterior, frente al carácter descentralizado de aquellos de fuente parlamentario-electoral, ya que los primeros se encuentran predeterminados por un núcleo preexistente y los segundos provienen precisamente de una multiplicidad de elementos constituyentes (parlamentarios, electores).
Otro de los elementos diferenciadores del carácter de este tipo de partidos según su origen vendría a ser la supuesta mayor disciplina de los de origen exterior al tener éstos mayor relación con sus células de base (Duverger, 1957: 22), que contrasta con el papel predominante que juega, en el caso de los de origen parlamentario-electoral, el desempeño de los representantes electos.
Esta primera clasificación de los orígenes de los partidos políticos resulta en la actualidad evidentemente insuficiente para dar cuenta de la génesis de este tipo de instituciones que no se corresponden con las de democracias parlamentarias industrializadas o que no cuentan con tradiciones de prácticas democráticas como las estudiadas por Duverger.
Ante esto, a finales de la década de los sesenta, Janda (1968) habría de mostrar que en una gran cantidad de países en vías de desarrollo existían partidos políticos que no se ajustaban con la clasificación propuesta por Duverger, al distinguir, de entre el gran universo de partidos que hubo de analizar empíricamente, instituciones que surgieron incluso por la escisión o fusión de partidos ya existentes. Con ello haría patente la necesidad de recopilar información sustantiva que permitiera sistematizar los datos básicos necesarios para poder categorizar las categorías conceptuales pertinentes para dicho estudio (Janda, 1970).
Dentro de esta corriente de pensamiento que habría de renovar el marco teórico bajo el cual se colocaba el análisis del origen de los partidos políticos, destaca el trabajo de LaPalombara & Weiner (1966), y la categorización en diversas teorías la explicación de su génesis, a saber: las institucionales, las de las crisis históricas y las desarrollistas (LaPalombara, 1974: 515).
Se encuentran dentro de las teorías institucionales los trabajos ya referidos de Duverger además de los de Weber (1967), para quien los partidos políticos modernos son resultado de la evolución de las asambleas legislativas mediante la intervención de las clases aristocráticas y los grupos de notables. Sin embargo, algunos de los partidos contemporáneos de mayor importancia en el mundo tuvieron sus génesis en estrecha relación con las crisis —de legitimidad y de participación— motivadas por el proceso de construcción de naciones (
Hasta aquí, sin embargo, y sin dudar del gran aporte de estas teorías para la categorización del origen de los partidos políticos en los países industrializados, o en procesos recientes de democratización tanto en países africanos o latinoamericanos, se hacía necesario indagar de manera paralela en qué grado la adopción de tal o cual sistema electoral influía en la configuración consecuente de un sistema de partidos en particular, pues aquel después de la introducción del sufragio universal se constituye como el elemento institucional decisivo para la estructuración no sólo de las preferencias del electorado, sino también de los sistemas de partidos políticos, siendo pionero en esta nueva veta de estudio Nohlen (2004).
La pregunta central que guiaría este tipo de trabajos vendría a ser expresada en términos de tratar de indagar qué factores resultan más importantes para el desarrollo de los partidos políticos de un país, si son los factores sociopolíticos —tales como la estructura social o los patrones dominantes de canalización de conflictos— o si resultan serlo las reglas electorales adoptadas en un país determinado. De aquí que el análisis de la evolución del régimen jurídico electoral de los partidos políticos en el mundo se vuelva un asunto central.
Ya desde inicios del siglo XX, esta tradición comenzaría a ser cultivada por aquellos que se interesaban en determinar las etapas históricas del régimen jurídico de los partidos políticos, entre los que es posible enlistar las clasificaciones clásicas de Triepel (1980)2 o Biscaretti di Ruffía (1973),3 e incluso las contemporáneas de Ferrando (1977)4 y De Andrea (2002).5
En suma, independientemente del enfoque teórico sobre la génesis de los partidos políticos que se adopte, cualquier selección particular encontrará un sesgo explicativo, ya que en el nacimiento de estas instituciones políticas convergen condiciones de tipo económicas, sociológicas, políticas y jurídicas; por ello, a efecto de poder entender de manera comprehensiva este fenómeno, habremos de intentar explicar su origen mediante un enfoque multidisciplinario que incluya algunas de las más importantes aportaciones que la disciplina ha brindado.
IIIEl origen de los partidos políticos locales: un ejercicio de periodizaciónALa configuración histórica de las primeras instituciones políticas en el paísLos orígenes de la actual estructura política del México contemporáneo, si tratamos de hacer un ejercicio de representación histórica, los podemos encontrar a partir de la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 (Córdova, 1972; Reyna, 1974). Es a partir de la fundación de dicho partido cuando podemos hablar de la etapa formativa del Estado mexicano (Meyer, 1977), es decir, del momento donde se institucionalizan los orígenes de las actuales formas de control político,6 pues previo a este momento histórico, en la etapa post-revolucionaria denominada de dispersión partidista (1917-1929), “no son las elecciones ni los partidos, los espacios y los mecanismos que definen realmente la sucesión. El ejército revolucionario es el verdadero sustento del poder y sus principales mandos la balanza del mismo” (Woldenberg, 1993: 85).
Tras la crisis política de 1928 que amenazaba con mermar la vida política del país post-revolucionario —que se presentaba así tras el asesinato del recién electo presidente Álvaro Obregón y la muerte de dos estandartes de la Revolución como lo habrían sido Francisco Villa y Venustiano Carranza—, Plutarco Elías Calles, entonces presidente de la República restaurada, habría de enfrentar ese escenario con la intención de contribuir a la construcción de una identidad nacional que emanara de los ideales plasmados por los Constituyentes en 1917, interés éste que se delinearía con la ocasión de su último informe de gobierno en septiembre de 1928, bajo la consigna de que: [l]a misma circunstancia de que quizá por última vez en la historia se enfrenta México con una situación en que la nota dominante es la falta de “caudillos”, debe permitirnos, va a permitirnos, orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurar pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de “país de un hombre” a la de “nación de instituciones y leyes” (Caso, 1975: 3).
No es casual que dicho proyecto de país tuviera como uno de sus principales ejes de apoyo la conformación de un partido político nacional que agrupara bajo su ideario y disciplina a las principales fuerzas políticas sobre las cuales se apoyaba el régimen revolucionario, esto es, “con los cientos de partidos y organizaciones políticas que agrupaban en todo el país a la clase política, para que aceptaran formar parte del nuevo partido” a través de un “manifiesto en el que se invitaba a todas las organizaciones con 'credo y tendencia revolucionaria' a conformar el gran partido de la revolución” (Meyer, 1977: 457), el cual pudiera reunir a “todos los elementos revolucionarios” (Garrido, 1986: 81): es decir, el Partido Nacional Revolucionario (PNR).
Sin embargo, toda inclusión colectiva bajo una misma idea general implica, necesariamente, la eliminación del adversario a través de su exclusión y la limitación del pluralismo, que en el caso mexicano se produce por la vía de la centralización de las decisiones políticas nacionales mediante la disolución de los partidos regionales que formaron entonces el PNR (Báez, 2002) y el control de los poderes locales y las agrupaciones populares. Decimos necesariamente como consecuencia inesperada —pero quizá previsible— de la fragmentación del poder que sufriría el gobierno central por causa del resurgimiento y regeneración de una antigua conocida institución: el caciquismo, que desafiaba no solo militarmente sino políticamente al poder central, por un lado; y las actividades de los sindicatos obreros y organizaciones campesinas, que en tanto agrupaciones de clase no encontraron cabida, en un principio, dentro de la gran coalición nacional de partidos que confluían en el PNR.7
A la par de estos instrumentos de regulación política (disolución y control) —aunque quizá, con menor modestia, de cooptación política— el PNR se habría de valer de otro tipo de herramientas para el establecimiento del entonces sistema autoritario que lo sostenía, a saber: el establecimiento de la disciplina partidaria, “como medio para imponer sus directivas a todos, o casi todos, los integrantes de la amplia coalición gubernamental” (Meyer, 1977: 469) y la afirmación del poder presidencial como eje de apoyo de la nación mexicana.
Estas serían las bases sobre las que Calles habría de asentar el Estado Mexicano y sobre las que, más tarde, llegado su momento, habría de consolidar Cárdenas en 1938 con el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), al destruir de manera definitiva los viejos partidos8 y convertirlos en organizaciones de masas llamadas a constituirse en correas de transmisión entre los conductores del régimen y sus bases, el cual se constituyó así en la forma principal de representación política en el país y permitió construir un complejo sistema de intermediación entre las bases sociales y las dirigencias, entre las diversas facciones políticas y entre los grupos de poder de todas las regiones del país (Paris, 2000: 108).
En los términos de esta manera expuestos, la eliminación de los adversarios políticos y la cooptación de los poderes locales por un único gran partido nacional supondría —a la par de su rol como elemento estabilizador del sistema post-revolucionario— un elemento legitimador del propio sistema que se configuraría sobre bases no democráticas, sino autoritarias, ya que “a más de la reducción de los conflictos y las tensiones, el partido tenía por objeto la preservación en el poder de la nueva élite política a través de la unificación de los muchos grupos que se disputaban las primicias del éxito revolucionario”, iniciativa la cual coincidió con “la necesidad de crear una organización que legitimara dicha centralización” (Loaeza, 1974: 354).
También, por otra parte, lo anterior vendría a suponer la culminación de “la labor centralizadora del Estado mexicano, gracias a una compleja organización de las bases sociales y a la representación corporativista en el aparato del partido”, fundando la legitimidad estatal “en la idea de una identidad nacional monolítica” (Paris, 2000: 108) y como su consecuencia inmediata, un proceso de limitación de intereses entre el centro y la periferia, como contrapeso a los poderes regionales (Heredia, 2002: 183), mediante la estructuración de un “pacto informal entre el centro y los liderazgos regionales” (Reynoso, 2002: 4).
No obstante los anhelos de estabilización política que perseguía como proyecto nacional el PNR en sus orígenes, incorporada por el PRM y conseguida de la mano del predominio del PRI —que lo sustituyó en 1946—, su continuidad se encontraba condicionada por la necesidad de implantar, disciplinar y legitimar a su vez a nuevos actores en el sistema, que bajo esta aparente contradicción de apertura del sistema a nuevas expresiones políticas, no hacía más que autoafirmarse y asegurar su propia prolongación, dentro de un marco de pluralismo limitado, con “el afán de representar un pluralismo social enmascarado que no se expresa en un pluralismo político real” (Loaeza, 1974: 356).
Es así que sería posible el arribo a la arena política de distintas organizaciones partidistas de oposición, como fue el caso del Partido Acción Nacional (PAN) en 1939, el Partido Popular Socialista (PPS) en 1948, o el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) en 1954.9
A pesar de este hecho, este período bajo un esquema nacional de partido hegemónico (Aziz, 2000: 527), de hegemonía del “partido casi único” (Woldenberg, 1993: 87-90), o simplemente hegemónico (Horcasitas, 1991) —configurado así como atenuante de la orientación predominante bajo la cual se había constituido el partido oficial, mediante el ofrecimiento a la sociedad de distintas opciones políticas en vía de sufragio compatibles con la dimensión nacional que se pensaba entonces existía en el país—, no se correspondería al paso del tiempo con la ordenación social diferenciada que se venía instaurando a lo largo del territorio, sobre todo en los ámbitos municipales, locales y regionales.
Ante ello, se hizo latente la necesidad de replantear la vigencia de dicho esquema y la validez de su discurso frente a la diversidad y pluralidad de crecientes organizaciones regionales y corrientes políticas locales que se plantearon la necesidad de articular nuevas u olvidadas luchas sociales populares a través de la participación electoral respetando los cauces institucionales,10 como respuesta a la marginación a la que se habían visto sometidos por causa de la distribución política, sus formas de representación y el tipo de participación corporativa que, en el esquema institucional del partido oficial, provocó “fuentes de frustración para los pequeños líderes y para las élites locales” (Paris, 2000: 123), además de una “enorme conflictividad social que […] no tenía correspondencia con lo que sucedía en la esfera institucional de los partidos y las elecciones” (Woldenberg, 1993: 90-91).11
No resulta extraño pues, que frente a la falta de una verdadera competencia político-electoral que caracterizó al período ubicado desde la crisis de la hegemonía del partido dominante hasta la segunda mitad de los setenta, el cual imposibilitó encauzar el malestar de esas élites regionales a través de otros cauces institucionales —partidos políticos— que no fueran los tradicionales, a lo largo del país comenzaran a surgir procesos democratizadores desde el ámbito de lo local —o democratización desde la periferia (Campos, 2012: 24)— impulsados por un proceso paralelo de liberalización política, la descentralización,12 lo cual supuso, en términos de Martínez (1992), “el despertar de las regiones”, o de “insurrección municipal” (Labastida, 2000: 252).
Esta estimulación política de las regiones se correspondió con un largo y lento proceso de reformas políticas que fue dominante desde 1977 a 2000, período durante el cual “la convivencia y competencia se instalaron, paso a paso, como valores positivos, y la pluralidad empezó a aparecer como una virtud más que como desgracia”,13 lo que permitió “colocar en los primeros lugares de la orden del día nacional los temas de la democracia, los partidos políticos, las elecciones” (Woldenberg, 1993: 93-94); aunque, por otra parte, los resultados que arrojaban los comicios presidenciales que se sucedieron en 1976, 1982, 1988 y 1994 —en los cuales el PRI siguió obteniendo la mayoría de los votos—14 aun cuando fueron decreciendo, no daban cuenta de significativas experiencias provinciales donde la competitividad iba en aumento.
Bajo este contexto de liberalización política que se dio bajo el auspicio de dicho proceso de reformas electorales —aunque no exclusivamente—, las elecciones de 2000 supusieron la alternancia del partido titular del Poder Ejecutivo Federal con el principal partido de oposición, el PAN, lo cual, en estricto sentido, marcó el fin de la transición mexicana al sucumbir los pilares de dominación que caracterizaron a la forma de ordenación política del periodo anterior ya descrita (Cansino, 2000) —que dio por concluido un “ciclo de dominación” (González, 2009)—15 inaugurándose así un nuevo período de pluralidad política denominado por la literatura especializada de “instauración democrática”.16
Si el período anterior a la alternancia estuvo principalmente caracterizado por el dominio de un partido hegemónico no competitivo y el poder ilimitado y extra-constitucional que delineó los rasgos distintivos del presidencialismo mexicano,17 esta fase de instauración democrática en el país inauguró un “proceso de establecimiento y adaptación firme de las estructuras democráticas, de normas y relaciones entre el régimen y la sociedad civil” (Cansino, 2005: 22).
A su vez, en lo que respecta a la composición del sistema de partidos tanto en el ámbito nacional como en el estatal se presentan algunas transformaciones: en la primera etapa de este período —que se podría ubicar desde las elecciones presidenciales del año 2000 hasta las federales de 2003— se presentó un realineamiento que modificó de manera importante el escenario partidista en ambos escenarios, entre los que se destacan signos de estabilidad, como “la clara y creciente tendencia de competitividad electoral, el apego a las nuevas reglas del juego y la falta de mayorías”, y signos de cambio, como “la incorporación de nuevos partidos a la competencia electoral, el fortalecimiento del vínculo entre partidismos y orientaciones ideológicas y una importante volatilidad electoral, lo que supone cambios en las preferencias electorales”; en la segunda etapa —que importarían las elecciones federales de 2003 hasta las presidenciales de 2006— se puso de manifiesto “la fuerte polarización política y particularmente partidista e ideológica que existe en el país” (Méndez de Hoyos, 2007: 64), polarización que habría de expresarse en los márgenes mínimos por los que se definió la contienda presidencial más cerrada de la historia política de México en 2006,18 aunque, según lo observaron Moreno & Méndez, “la de 2006 fue una contienda menos partidista que su antecedente previo […] y esto no se explica por una baja movilización, sino por una pérdida más generalizada de identificación partidista en el electorado en su conjunto” (2007: 69), es decir, por la volatilidad de las preferencias políticas evidenciada en dichos comicios (Castañeda & Ibarra, 2011) como consecuencia de la configuración del pánico moral en las campañas electorales que la antecedieron (Treviño, 2009).
Por último, las elecciones presidenciales de 2012, que redundaron en el regreso del PRI a la cabeza del Poder Ejecutivo federal después de 12 años de haber permanecido en la oposición, habrían de marcar, para algunos, una mezcla entre restauración autoritaria, regresión o alternancia de regreso —o tal vez incluso el establecimiento de un segundo “ciclo de dominación”—, en tanto que para otros tal vez una victoria de la nostalgia conjuntada con la ingeniería mediática producto de tres elementos: [E]l primero fue la profunda frustración producida por las dos administraciones del PAN que no solo no respondieron a las expectativas creadas, sino que llevaron al país a unas cotas de descrédito internacional inauditas. El segundo fue la incapacidad del candidato de la izquierda, Manuel López Obrador, de restañar las heridas internas presentes en su propia formación (el PRD) y distanciarse de la imagen de “radical” que crearon sus adversarios antes y después de las elecciones de 2006. Y el tercero fue la nostalgia de muchos mexicanos por un pasado hoy idealizado que se gestó en la década de los treinta y que pervivió hasta los años ochenta de la mano del PRI (Martí, 2012: 17-18).
Cualquiera que sea la lectura de estos períodos del sistema político mexicano, sobre todo aquel que tenga como finalidad exponer las dinámicas institucionales del país, así como las relaciones que se establecerán a partir de esta nueva alternancia, habrá de tener en consideración hasta qué grado el largo y sinuoso proceso de transición democrática mexicana que se ha delineado líneas atrás se encuentra en estrecha vinculación con la generación paralela de opciones partidarias distintas de los grandes partidos nacionales desde el ámbito estatal y local, y cuáles son sus implicaciones para la efectiva consolidación democrática en nuestras fronteras.
BTiempos fundacionalesA pesar de que la aparición de este tipo de organizaciones políticas ha sido una respuesta a diversos y variados factores que difieren según el Estado de origen y sus contextos particulares, así como a las reglas del juego imperantes en cada entidad y las coyunturas histórico-políticas individuales en cada una de ellas, surge la necesidad establecer periodizaciones y tendencias generales para poder hablar del contexto político nacional —por un lado— y de las especificidades de la génesis de los partidos políticos locales —por otro— que haga posible el registro de continuidades y rupturas entre ambos y la identificación de rasgos comunes para el conjunto de éstos.
Por ello, y toda vez que el continuo de fundaciones de los partidos políticos locales mexicanos abarca cuando menos una generación entera (Imagen 1) se hace necesario dividirlos en tres franjas temporales: la primera de ellas la constituirían aquellos partidos locales surgidos durante los años 1977-2000, período que, como ya fue mencionado, supuso, en términos de Martínez (1992), “el despertar de las regiones”, o de “insurrección municipal” (Labastida, 2000: 252), conocido como el período de asentamiento de un “sistema de partidos”.
La primera de las consecuencias de esta periodización es una ordenación que permite destacar alguna de las particularidades de la génesis de los partidos locales en México. Por un lado, no escapa a la atención del examen fundacional de dichas instituciones políticas una disparidad en la distribución cronológica y espacial en función de la periodización propuesta. Ya desde el análisis de la representación gráfica de las partidas de nacimiento presentada es posible advertir que la aparición de partidos locales no se corresponde necesariamente en el tiempo y espacio, pues en ningún caso coincide el registro simultáneo en un mismo Estado de dos o más partidos locales —salvo el caso reciente de Coahuila en el 2012 donde obtienen el registro el PRC, el PJ y el PUDC en esa entidad en ese mismo año. Lo evidente es la sucesión de fundaciones de partidos locales a lo largo del territorio mexicano que se presenta sin obedecer a una lógica regional.
La segunda de ellas la integrarían aquellos partidos locales que obtuvieron su registro durante el período de “instauración democrática” que abarca del año 2000, hasta las elecciones presidenciales del 2012, cuando habría de recuperar la Presidencia de la República el PRI; y la última de dichas franjas temporales la completarían aquellos partidos locales de formación posterior a dichas elecciones presidenciales de julio de 2012 (ver Cuadro 1).
Sin embargo, en un segundo nivel de análisis, la periodización propuesta (Cuadro 2) nos permite presumir que la aparición de estas instituciones políticas encuentra una correlación con la lógica del cambio político en México, es decir, la insurgencia regional de nuevas opciones partidistas —destacando de entre ellas el PRSN en Nayarit y el PCP en San Luis Potosí por ser al día de hoy las únicas opciones políticas locales con registro vigente con al menos 15 años en el sistema de partidos de su entidad—19 habría sido una de las condiciones que impulsaron el proceso de reformas políticas dominante en la primera de las etapas previstas, lo que a su vez habría supuesto la estimulación política de las demás regiones en las que aún no se habían originado estas experiencias, pues no sería sino hasta la etapa siguiente donde se haría explícita la efectiva pluralidad política imperante en el país —coronada con la alternancia del partido gobernante en el Ejecutivo nacional—, encontrándose aquí la génesis del mayor número de partidos locales con registro vigente en la actualidad.
Periodizacion del origen de los partidos politicos locales mexicanos
| Acrónimo | Partido | Nacimiento |
| Partidos locales surgidos entre 1977-2000 | ||
| Vigentes al 2012 | ||
| PRSN | Partido de la Revolución Socialista de Nayarit | 1993 |
| PUDC | Partido Unidad Democrática de Coahuila | 1996 |
| PCP | Partido Conciencia Popular | 1997 |
| Sin vigencia | ||
| PCDPC | Partido del Comité de Defensa Popular de Chihuahua | 1988 |
| PCDPD | Partido del Comité de Defensa Popular de Durango | 1989 |
| PRTZ | Partido Revolucionario de los Trabajadores Zapatistas | 1990 |
| NPP | Nava Partido Político | 1993 |
| PCM | Partido Civilista Morelense | 1993 |
| PEG | Partido Ecologista de Guerrero | 1993 |
| PFCPC | Partido del Frente Cívico Popular Chiapaneco | 1995 |
| PDC | Partido Democrático Chiapaneco | 1995 |
| PPM | Partido del Pueblo Mexiquense | 1996 |
| Total 121 | ||
| Partidos locales surgidos entre 2000-2012 | ||
| Vigentes al 2012 | ||
| PDu | Partido Duranguense | 2000 |
| PEBC | Partido Estatal de Baja California | 2003 |
| PUP | Partido Unidad Popular | 2003 |
| PRSud | Partido Renovación Sudcaliforniana | 2005 |
| PES | Partido Encuentro Social | 2006 |
| PAC | Partido Alianza Ciudadana | 2006 |
| PS | Partido Socialista | 2006 |
| PD | Partido Demócrata | 2008 |
| PCCi | Partido Cruzada Ciudadana | 2008 |
| PPC | Partido Primero Coahuila | 2010 |
| PAV | Partido Alternancia Veracruzana | 2011 |
| POC | Partido Orgullo Chiapas | 2011 |
| PCV | Partido Cardenista Veracruzano | 2012 |
| Partidos locales surgidos entre 2000-2012 | ||
| Sin vigencia | ||
| PC | Parlamento Ciudadano | 2000 |
| PAY | Partido Alianza por Yucatán | 2000 |
| ADC | Asociación por la Democracia Colimense | 2002 |
| PBS | Partido Barzonista Sinaloense | 2001 |
| PUM | Partido Unión México | 2004 |
| PAG | Partido Alianza por Guerrero | 2004 |
| PRV | Partido Revolucionario Veracruzano | 2004 |
| PCC | Partido Cardenista Coahuilense | 2005 |
| Total 212 | ||
| Partidos locales surgidos después de 2012 | ||
| Vigentes al 2012 | ||
| PRC | Partido dela Revolución Coahuilense | 2011 |
| PJ | Partido Joven | 2011 |
| Total 2 | ||
El PCDPC conserva su registro durante 10 años hasta que lo pierde en 1998; el PRTZ el mismo año del otorgamiento de su registro lo pierde; el NPP conserva su registro durante 7 años hasta que lo pierde en 1000; el PCM conserva su registro durante 20 años hasta que lo pierde en 2003; y el PPM conserva su registro durante 1 año hasta que lo pierde en 1997. No se consignan aun las fechas de pérdida de registro del PCDPD, el PEG, el PFCPC y el PDC por no contar hasta el momento con el dato cierto, el cual se espera recabar durante el trabajo de campo.
El PC conserva su registro durante 3 años hasta que lo pierde en 2003; el PAY conserva su registro durante 10 años hasta que lo pierde en 2010; la ADC conserva su registro durante 10 años hasta que lo pierde en 2012; el PBS conserva su registro durante 3 años hasta que lo pierde en 2004; el PUM conserva su registro durante 2 años hasta que lo pierde en 2006; el PAG conserva su registro durante 4 años hasta que lo pierde en 2008; el PRV Conserva su registro durante 6 años hasta que lo pierde en 2010; y el PCC conserva su registro durante 7 años hasta que lo pierde en 2008.
Toma sentido, según esta caracterización preliminar, que el proceso de democratización del país no solo estuvo coronado por la alternancia del partido gobernante, pues siguiendo la crítica de Schedler respecto a la no existencia de momentos fundacionales en el proceso de transición mexicana, y en particular la ausencia de un escenario central de la democratización, lo que podemos observar es la emergencia en distintos sitios del país “transformaciones acumulativas de la realidad política” (2000: 28), ya desde la primera etapa de la periodización propuesta, pero con mucha mayor intensidad en el lapso de pluralidad política que ocupó la segunda de dichas fases.
De ello podemos colegir además que, si después de la elección presidencial de 1988 “pareció evidente que México ya no cabía bajo el manto de un solo partido”, reflejado por su parte por la recién insurgencia de algunos partidos locales durante ese período, “esa tendencia se siguió constatando en muy distintas elecciones locales” (Woldenberg, 1993: 94), pues ya en el período siguiente en las boletas electorales estatales, cada vez con mayor incidencia aparecerían opciones partidistas locales distintas a las candidaturas cobijadas bajo el manto de partidos nacionales, ya que como se dijo anteriormente, es la etapa donde se ubica la partida de nacimiento de la mayoría de los partidos locales vigentes.
Sin embargo, de manera paralela, es destacable que si bien el surgimiento paulatino de los partidos locales ha jugado un papel importante en el proceso de transición a la democracia, en contrapartida resulta llamativo el hecho de que “el sistema se distingue por el aumento en el número de partidos que compiten en las elecciones y desaparecen después de ellas”, pues tan solo poco menos de la mitad de los partidos políticos locales surgidos durante los períodos descritos perdió su registro después de haber participado en un promedio de dos procesos electorales.
IVConclusionesLos partidos políticos locales han sido vistos habitualmente como partes subsidiarias de organizaciones políticas de mayor relevancia dentro de toda una gama de instituciones representativas, esto es, como filiales de partidos políticos de alcance nacional. Sin embargo, desde los orígenes de la actual estructura política del México contemporáneo, diversos Estados de la República han presenciado la emergencia de partidos políticos desde lo local que no tienen vínculos formales con partidos nacionales.
En tal virtud, toda vez que la existencia de dichas organizaciones políticas ha sido percibida como una anomalía política,20 sabemos poco acerca de cómo se organizan y operan los partidos políticos locales (Geser, 1999; Saiz & Geser, 1999) y no sólo ello, pues si bien existe en la literatura especializada algunos estudios que versan sobre partidos políticos locales en el país,21 no se cuenta aun con un estudio sistematizado que dé cuenta de cómo estos se forman, cuáles son sus singularidades, particularidades, similitudes y diferencias entre ellos y sus semejantes, las condiciones y factores que inciden en su permanencia o desaparición del sistema político, por citar solo algunas de las más representativas cuestiones que habría que responder en lo inmediato.22
Quizá como consecuencia de ello, la mayor parte de la literatura sobre partidos políticos existente en el país ha tendido a ignorar la dimensión local casi por completo, ya que los tres partidos políticos centrales del sistema político mexicano —Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI)— han sido y continúan siendo dominantes tanto en el ámbito estatal como en el nacional, lo que, aunado al sistema electoral contemporáneo, pone en desventaja a los partidos políticos locales,23 pues deviene dicha particularidad del sistema en una falta de éxito electoral por parte de éstos últimos; aunque como bien lo han apuntado Copus, Clark & Bottom (2008: 261) esto subestima los efectos evidentes que los partidos políticos locales tienen en áreas geográficas específicas. En tal virtud, los partidos políticos locales —como objeto de estudio— resultan relevantes a causa del impacto que tienen en el ámbito local y la reacción que pueden provocar de los partidos centrales y viceversa.
De acuerdo con lo anterior, el presente documento se ha articulado con la pretención de responder a un par de preguntas centrales: ¿en qué momento temporal han surgido partidos políticos desde el ámbito de lo local? y ¿cuál es la correspondencia de sus fundaciones con el trayecto histórico de la estructura política del México contemporáneo?
Si entendemos a todo período como un capítulo de la historia, también debemos de concebirlos como ficciones necesarias construidas a efecto de destacar particularidades, diferencias, heterogeneidades, fluctuaciones, discontinuidades y conflictos de ciertos momentos históricos que nos permiten entender las etapas del pasado. Sin estas categorizaciones o períodos no podríamos pensar de manera clara el transcurso de la configuración de nuestras instituciones políticas, en particular la génesis de partidos políticos desde el ámbito local, con respecto al cambio político paralelo transcurrido en el país.
Así entonces, la periodización propuesta nos ha permitido deducir en cierta medida que la aparición de estas instituciones políticas encuentra una correlación con la lógica del cambio político en México, es decir, la insurgencia regional de estas opciones partidistas habría sido una de las condiciones que impulsaron el proceso de reformas políticas dominante en la primera de las etapas previstas (1977-2000), lo que a su vez habría supuesto la estimulación política de las demás regiones en las que aún no se habían originado estas experiencias, pues no sería sino hasta la etapa siguiente (2000-2012) donde se haría explícita la efectiva pluralidad política imperante en el país —coronada con la alternancia del partido gobernante en el Ejecutivo nacional—, encontrándose aquí la génesis del mayor número de partidos locales con registro vigente en la actualidad. Sobre aquellos partidos surgidos después de la alternancia de 2012 se vuelve dificultoso su análisis por su reciente aparición y falta de información, aunque el regreso del PRI al poder central y su afianzamiento en los gobiernos locales podría representar una nueva inflexión en la configuración del poder político y de la dinámica del sistema de partidos en los distintos estados.
Quedan, por supuesto, un gran número de cuestiones adicionales por responder, entre las que cabría enlistar las siguientes: ¿qué son los partidos políticos locales?, ¿cuál es su función?, ¿cuáles son sus actividades?, ¿cómo se componen?, ¿cómo están organizados?, ¿cuáles son sus objetivos?, ¿cuáles son los rasgos que comparten entre sí?, ¿cuáles sus diferencias?, ¿cuál es su orientación ideológica?, ¿qué representan?,24 ¿qué explica su presencia o no en el México contemporáneo?
No obstante ello, toda investigación que se emprenda desde esta hoja de ruta habrá de precisar algún tipo de calendarización o esquema de periodización que permita enmarcar cualquier explicación posible sobre dichos fenómenos bajo ciertos momentos fundacionales que haga posible el registro de continuidades y rupturas entre las especificidades de la génesis de los partidos políticos locales y las coyunturas histórico-políticas nacionales y la ponderación de rasgos comunes para el conjunto de éstos.
Éste se constituye así entonces en un primer ejercicio de periodización posible, que si bien deberá someterse al rigor de la verificación empírica, pretende abonar al análisis de este tipo de instituciones —los partidos políticos locales— cuyo estudio ha sido, hasta ahora, más una curiosidad académica que una veta de exploración constante y sistemática por parte de la disciplina.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestro en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por El Colegio de San Luis, San Luis Potosí. Doctorante en el Programa de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
Se relacionan con la crisis de legitimidad movimientos que pusieron en tela de juicio el status quo como el que culminó con la Revolución Francesa, o los de corte nacionalista de los años setenta del siglo XX; y con la crisis de participación, los partidos políticos surgidos por la participación en los procesos políticos de sindicatos de trabajadores o cooperativas.
Fases: prohibición, ignorancia, reconocimiento jurídico e incorporación (1980: 187-188).
Fases: oposición, agnosticismo y disciplina ius-publicista (1973).
Fases: oposición, agnosticismo, regulación jurídico-constitucional e integral incorporación (1977: 299-300).
Fases: prohibición, tolerancia, reconocimiento indirecto a nivel ley ordinaria, constitucionalización y ley reglamentaria (2002: 310).
Entendidas como “la capacidad de las autoridades para regular y dirigir la forma y contenido de las demandas y apoyos políticos al sistema, así como la naturaleza de los actores del mismo” (Meyer, 1977: 453).
Un detalle que ilustra esta exclusión de clase reside en el hecho de que el Partido Laborista (PL) no participó en el PNR y la Liga Nacional Campesina (LNC) desdeñara su labor como partido nacional (Meyer, 1977: 466).
La mayoría de los cuales se encontraba vinculada con la acción de caudillos militares (Garrido, 1986: 43-47).
Además de estos partidos de oposición no se desconoce la existencia, desde 1919, de uno de los partidos disidentes que actuaban en la clandestinidad al no reconocer las reglas del momento, como fue el caso del Partido Comunista Mexicano (PCM), el cual no sería reconocido legalmente sino hasta 1979.
Al respecto cabe mencionar que no obstante que durante el mandato de Francisco I. Madero fue promulgada la primera Ley Electoral (1911) que por primera vez regularía a los partidos políticos —nacionales—, no sería sino hasta 1946, cuando se federalizó la estructura electoral mediante la creación simultánea de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y las comisiones electorales en los Estados durante el mandato de Manuel Ávila Camacho, que serían introducidos cambios sustantivos en materia de partidos, al pasar de un esquema flexible a otro más rígido (TEPJF, 2011), constituyendo así “la base jurídica del sistema de partidos moderno”, esto es, el establecimiento legal de “la correlación entre representación política y organizaciones partidistas” (Prud’homme, 2010: 124).
De aquí que este período se le conozca como de “crisis política y no correspondencia con el mundo partidista”, pues frente a “una sociedad cada vez más plural en lo ideológico, un país secularizado políticamente hablando, la aparición de nuevos actores que no quieren ni pueden reconocerse en el entramado tradicional del quehacer político, hacen imposible organizar al país bajo las coordenadas de “revolucionarios” vs “contrarrevolucionarios” que cada vez expresan menos lo que realmente sucede” (Woldenberg, 1993: 91).
Aquí el elemento a destacar de dicho proceso fue la reforma al artículo 115 constitucional en 1983, cuyo objetivo fue “asegurar al municipio libertad política, económica, administrativa y de gobierno” (Hernández, 1991: 1534).
Por mencionar algunos de los más sobresalientes fenómenos que se sucedieron en este período de asentamiento de un “sistema de partidos” (Woldenberg, 1993: 95) encontramos: 1. La reforma política de 1977 que tuvo como finalidades estabilizar el sistema político, reforzarlo ante la crisis económica, ampliar la representación nacional, auspiciar la tolerancia entre los diversos sectores y corrientes de pensamiento, legitimar la representación política, promover la participación ciudadana en la vida política, fortalecer al Legislativo y captar la pluralidad nacional en la representación popular (Carpizo, 1979); 2. La reforma electoral “preventiva” de 1986, que permitió el paso a un verdadero sistema mixto con dominante mayoritaria, en donde mayoría y minoría actuaban en ambas “pistas”, introdujo la denominada “cláusula de gobernabilidad”, y creó el primer Tribunal de control jurisdiccional en la materia (Alcocer, 1997); 3. El desarrollo del neo-cardenismo en 1988, como expresión política estimulada por la crisis del período anterior (Guillén, 1989); 4. La reforma político-electoral de 1989/1990 —surgida poco más de un año después de haber sido publicado el Código Federal Electoral de 1987— cuyo eje principal fue la delegación del poder electoral a través de la creación de un nuevo cuerpo autónomo para su administración: el Instituto Federal Electoral (IFE), lo cual, junto con la vasta incorporación de nuevas reglas en la materia, significó una serie de cambios de gran calado en el diseño de las instituciones y en los procedimientos electorales mexicanos (Córdova: 2008: 661); y 5. La reforma de “liberaliza-ción política” (Rodríguez & Sirvent, 2005) de 1996, que definió los ejes que hoy marcan las coordenadas de un sistema electoral competitivo y democrático (Andrade, 1997; Woldenberg, 2007: 78), y que por su trascendencia para el proceso político contemporáneo, Nohlen (2004) la habría de calificar como de avance democrático.
A pesar de que en esta última el PRI hubiere obtenido el 48.69% de los votos, que supuso la votación presidencial más baja en la historia del partido, hasta antes de la alternancia presidencial del 2000.
Según la propuesta de González, quien toma como base teórica el análisis de Pempel (1990). Dichos ciclos se caracterizan por el establecimiento claramente diferenciado de un período durante el cual un solo partido político consigue mantenerse ininterrumpidamente en el poder por largo tiempo, período que comprende tres etapas o fases: 1. Su establecimiento, 2. Sus desafíos, y 3. Su preservación o pérdida (González, 2009: 48-48).
De entre la profusa literatura transicionalista existente, destacamos las obras de Morlino (1980; 2007), O'Donnell & Schmitter (1986) y Cansino (2002).
Respecto a estas cualidades sobre las que se sostenía el régimen de dicho período, véanse los textos de Cosío (1972), Carpizo (1978) y Krauze (2002).
El gran cúmulo de literatura que se publicó durante estas elecciones es profuso y escapa a las intenciones de lo que aquí se discute. Una oportuna compilación de ella quedó registrada por Alarcón (2007) y en los dos volúmenes temáticos de dichas elecciones que preparó la revista Política y gobierno, que fueron publicados en 2009.
El PCDPC en Chihuahua, el PCM en Morelos y el NPP en San Luis Potosí, fueron partidos políticos que también surgieron durante dicha etapa y que resultaron relevantes pues representaron en su momento opciones políticas que sobrevivieron en el sistema de partidos de sus respectivas entidades durante una década, para el caso de los primeros dos, y cerca de siete años para el caso del partido potosino.
Pues al no tener lazos vinculantes con los partidos políticos nacionales, siguiendo a Boogers (2008: 51), juegan un rol distinto en la política local, ya que se encuentran más enfocados en lo que se discute en ese ámbito que las filiales de los partidos nacionales, lo que los convierte en un fenómeno extraordinario de la política en dicho espacio.
Como lo recogen —ya sea de manera directa o coyuntural— textos de Cuenca (2008), Larrosa & Valdés (1994; 1995), López (2010), Martínez (2004), Rionda (1998) o Spenser (1988).
Y desde ya coincidimos con Dalton & Wattenberg (2002) en el sentido de que hace falta una sistematización sobre cómo el estatus de los partidos está cambiando en las democracias —y no sólo de aquellas democracias industrializadas más avanzadas, sino también de las emergentes o recientes, como sería el caso de México—, así como un análisis de las múltiples consecuencias de las tendencias de los partidarios.
Esto se menciona tan solo como argumento que sostiene la viabilidad del enfoque que se presenta, sin pretender indicar con ello una hipótesis del mismo ni colocarnos en el camino de la investigación sobre la importancia que revisten los sistemas electorales en un contexto determinado a la luz de la evidencia empírica que demuestra las implicaciones verdaderas y divergentes que sobre el sistema de partidos tiene cualquier establecimiento y/ o modificación a las leyes electorales, pues cierto es, además, que éste no es el único efecto observable en el análisis del binomio sistema electoral-sistema de partidos.