Dos meses después de la entrada en vigor de la actualización del listado de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, los Farmacéuticos de Atención Primaria como expertos en su gestión tendremos que valorar la puesta en marcha y su posible repercusión.
Sociedades científicas, como la nuestra, y expertos en el tema hicieron propuestas de los medicamentos a desfinanciar basándose en criterios científicos-técnicos. No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad procedió a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 85 ter.2 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La retirada de medicamentos de la prestación farmacéutica es una medida frecuente de racionalización del gasto farmacéutico y ha sido llevada a cabo por distintos países de la Unión Europea. En nuestro país hubo dos desfinanciaciones públicas de medicamentos, una en 1994 y otra en 1998. Desde nuestra propia experiencia y de la acontecida en los distintos países tenemos que considerar diferentes consecuencias negativas que se pueden dar y que debemos conocer para poder minimizarlas. Entre ellas están las siguientes:
1. El desplazamiento de la prescripción de los medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica a medicamentos financiados y que con frecuencia son más caros. El profesional prescriptor por una actitud paternalista hacia el usuario, o bien ante la persistente presión del mismo, puede llevarle a buscar alternativas que estén incluidas en la prestación farmacéutica. Puede ocurrir que dichas alternativas no sean totalmente equivalentes, y se utilicen para tratar síntomas menores medicamentos con indicaciones más amplias o que tengan un perfil de seguridad diferente. Además, si tenemos en cuenta el coste, esto conllevaría a no sólo no conseguir los objetivos marcados de racionalización del gasto farmacéutico sino que podría aumentarlos.
2. Búsqueda de remedios alternativos menos costosos y de dudosa eficacia y con el riesgo de producir efectos adversos. El usuario ante la no financiación del medicamento, y con objeto de minimizar su gasto puede recurrir a alternativas más baratas y de fácil acceso, que sin información alguna puede llevarle a obtener más riesgos que beneficios.
3. Dada la situación económica actual, puede cesar el tratamiento o disminución de la adherencia por no poder costearse el 100% del precio de venta el público. Al desfinanciarse los medicamentos el usuario puede decidir dejar de tomarlos para no pagarlos, o incluso tomarlos de forma incorrecta para que le dure más el envase. En función de para qué indicación esté prescrita las consecuencias del abandono del tratamiento pueden ser mayores o menores. En este sentido, en los Servicios de Farmacia de Atención Primaria nos están llegando notificaciones de pacientes que teniendo patologías graves se han quedado sin medicación financiada para síntomas menores. Aunque no son fármacos cruciales para su patología de base, si que les ayuda a mejorar su calidad de vida.
4. En el caso contrario, una mayor automedicación con el riesgo que puede conllevar. El acceso más libre a dichos fármacos puede hacer que los usuarios decidan por sí mismos la indicación o no de los mismos sin tener en cuenta al profesional prescriptor.
Todas estas situaciones deben ser conocidas por las autoridades sanitarias para buscar soluciones y corregirlas desde la buena práctica de prescripción y haciendo un seguimiento activo de la misma. El papel del prescriptor y de la gestión sanitaria es clave para ello, siendo el Farmacéutico de Atención Primaria uno de los profesionales sanitarios capacitados para el análisis, información y ser moderador de la situación.
Autor para correspondencia.
Correo electrónico:
rosam.ramos.sspa@juntadeandalucia.es (R. Ramos Guerrero)
Bibliografía recomendada
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