Precios fijos y raciones: la Anaconda Copper Company en Chile entre 1932 y 1958

Resumen

Este artículo examina las características del sistema de precios fijos para los productos de primera necesidad impuesto por las filiales de la empresa norteamericana Anaconda Copper Company en Chile. Entre 1932 y 1958, las filiales de Anaconda matuvieron un generoso sistema de precios fijos que garantizó a los trabajadores acceso a productos básicos en un contexto nacional de fuertes presiones inflacionarias. Junto a razones económicas, los precios fijos fueron parte de un sistema más amplio de beneficios y prácticas socio-laborales. Así, influida por las ideas de paternalismo industrial, Anaconda utilizó los precios fijos como una forma de influir sobre la mano de obra y garantizar una cierta paz y estabilidad laboral en sus campamentos. En la práctica, sin embargo, las contradicciones y el mal funcionamiento de las llamadas pulperías motivaron innumerables conflictos laborales y sociales en los campamentos del cobre, provocando una ardua campaña sindical para mejorar y ampliar estos beneficios. Hacia 1958, el sistema se había vuelto demasiado costoso y poco práctico, siendo remplazado por una compensación económica que se pagaba directamente al trabajador.

Abstract

This article examines the characteristics of the system of food rations and fixed-prices established by U.S-owned Anaconda Copper Company and its subsidiaries in Chile. Between 1932 and 1958, Anaconda's subsidiaries maintained a generous system of fixed prices that guaranteed workers’ access to inexpensive food in a context of rising inflation. In addition to economic reasons, the fixed prices were part of a larger system of social and labor benefits. Thus, influenced by ideas of Welfare Capitalism, Anaconda also used this benefit as a way to influence the labor force and maintained a certain level of labor stability. In the long run, the contradictions and shortcomings of the company stores (Pulperías) led to countless labor and social conflicts in the copper camps, and the local labor unions exerted enormous pressures to improve and expand the benefits. By 1958, the system had become too expensive and unpractical, and the company and the unions agreed to replace it by an economic compensation paid directly in cash to the workers.

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Introducción

La organización de sistemas de abastecimiento de alimentos y la satisfacción de las necesidades de consumo de la población local cumplieron un papel esencial en la configuración de las relaciones económicas, sociales y laborales de la industria minera latinoamericana. El aislamiento geográfico, la gran distancia entre los campamentos mineros y los centros urbanos, la alta concentración de mano de obra y el desarrollo de complejas y populosas comunidades obreras obligaron a las empresas mineras a intervenir tempranamente en la organización de redes de abastecimiento y en la distribución de productos de primera necesidad. Estos servicios se convirtieron en parte integral del modelo de ciudad-empresa o company-town que dominó el desarrollo de la minería a lo largo de la primera mitad del siglo xx, complementando con ello la entrega de habitación y la dotación de infraestructuras urbanas y servicios sociales (escuelas, servicios de salud, redes de transporte, canchas de deporte, etc.)¹. Sin embargo, estas «responsabilidades» patronales no estuvieron libres de contradicciones y, en la práctica, al igual que en otros sectores productivos, constituyeron poderosas herramientas para disciplinar la mano de obra, aumentar la dependencia del trabajador hacia la empresa, limitar su movilidad geográfica y controlar las demandas salariales.

Las condiciones económicas, sociales y políticas a nivel local y nacional influyeron en el tipo de sistema de abastecimiento y compra-venta de productos de consumo, notándose importantes diferencias regionales y temporales. Así, por ejemplo, el uso de la ficha salario, vales y deudas, los almacenes administrados directamente por la empresa, las tiendas concesionadas a comerciantes privados y las cooperativas organizadas por los propios trabajadores y sindicatos se plantearon como soluciones en distintas etapas de la historia y a lo largo del continente. Estas se fueron adaptando también a las cambiantes necesidades y condiciones económicas (tanto locales como nacionales), al rol del Estado, la legislación social vigente, las ideologías patronales y las relaciones de poder entre capital y trabajo.

En este artículo se analizan las formas de abastecimiento y consumo desarrolladas por la compañía norteamericana Anaconda Copper Company en sus campamentos mineros en Chile (Chuquicamata y Potrerillos) durante el tiempo en que rigieron los llamados precios fijos (1932-1958). Durante este período, Anaconda mantuvo un sistema de precios fijos que en parte protegió a los trabajadores del impacto devastador del alza descontrolada en el costo de vida que afectaba al resto del país. Pero al mismo tiempo, este sistema fue una forma de controlar las demandas salariales de los trabajadores e implementar algunos de los principios y estrategias del paternalismo industrial, una estrategia que a su vez buscaba influir sobre una mano de obra fuertemente sindicalizada². En otras palabras, las pulperías³ en Chuquicamata y Potrerillos combinaron algunos elementos de control como también aspectos de beneficio laboral y social. La complejidad de intereses alrededor de la pulpería y su sistema de precios tensionaron fuertemente las relaciones laborales, inspirando numerosos conflictos locales y motivando la intervención mediadora del Estado. Hacia el final del período estudiado (década de 1950), los trabajadores habían logrado ejercer cierta presión sobre la empresa para expandir y mejorar el sistema de abastecimiento y de precios, limitando enormemente sus aspectos más coercitivos.

Este análisis se centra en el rol económico, laboral y social que cumplieron estos almacenes mantenidos por Anaconda y su impacto en las relaciones laborales y las experiencias de vida de los trabajadores del cobre y sus familias, observando un problema económico (sistema de precios) desde la perspectiva de la historia social y laboral. Por un lado, las características de las fuentes no nos permiten una reconstrucción minuciosa del desempeño económico de estas instituciones, ni evaluar, por ejemplo, cuánto costaba a la empresa mantener el sistema de precios fijos o qué representaba en términos económicos este beneficio para los trabajadores. Por otro lado, es importante destacar que el tema de los alimentos y consumo tiene un alto grado de subjetividad que escapa al análisis estrictamente económico, siendo imprescindible incorporar sus dimensiones sociales, políticas y culturales. Por ejemplo, temas tales como la calidad de los productos, la cantidad de la ración alimenticia o las experiencias cotidianas en los almacenes influían enormemente en la forma en la cual los trabajadores y sus familias cuestionaban los supuestos beneficios del sistema. Es así, que este artículo busca sobre todo contribuir a entender las percepciones de un elemento clave de la vida económica de los trabajadores del cobre en Chile y su impacto en las relaciones laborales.

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Abastecimiento, consumo y endeudamiento en la industria minera latinoamericana

La relación entre el control de los precios de los alimentos, las prácticas de consumo, el nivel de vida y los salarios ha sido una pregunta importante en la historiografía latinoamericana sobre el período colonial y el siglo xix y, en menor medida, sobre el siglo xx⁴. Desde la perspectiva de la historia del mundo del trabajo, el tema se inserta en el debate más amplio sobre formas de control laboral, peonaje, endeudamiento y reclutamiento de la mano de obra a través del sistema de enganche y de la deuda. Se ha demostrado que tanto para las faenas mineras, agrícolas, como en ciertas incipientes actividades industriales (como fue el caso de la industria textil), los patrones mantuvieron un estricto control sobre las relaciones y transacciones comerciales que establecían sus trabajadores. Las trabas para el desarrollo del comercio libre, el monopolio de las tiendas mantenidas por las compañías y hacendados, el uso de fichas salarios que solo podían ser usadas en los almacenes de los campamentos y el endeudamiento de los trabajadores por el adelanto de mercancías fueron algunos de los mecanismos más comunes usados por hacendados, mineros y empresarios. Estas prácticas fueron además básicas en el proceso de proletarización, estabilización y disciplinamiento de la mano de obra local.

Un análisis de los principales aportes historiográficos sobre el desarrollo de la industria minera sugiere importantes cambios en los sistemas de aprovisionamiento y una estrecha relación con los sistemas de reclutamiento y control de la mano de obra. Marcello Carmagnani, en uno de los primeros estudios sobre la vida de los trabajadores mineros en América Latina, analizó detalladamente el surgimiento del trabajo asalariado en las minas del norte de Chile durante el período colonial. Además de explicar los sistemas de reclutamiento de la mano de obra y las condiciones de trabajo, Carmagnani estudió el tema del salario y el consumo. Especialmente importante es su mención del rol de los llamados habilitadores de mercancías y la práctica común del endeudamiento de los trabajadores mineros (Carmagnani, 1963). Otros estudios sobre minería colonial hispanoamericana registran prácticas similares a las descritas por Carmagnani. Enrique Tandeter señalaba que el endeudamiento de los trabajadores mitayos en la minería de la plata en Potosí reducía considerablemente su salario real. Los bajos salarios de los trabajadores de la mita y de los trabajadores libres no calificados los obligaban a adquirir productos a crédito en las pulperías y chicherías del ingenio minero a precios más altos que en las tiendas de la ciudad (Tandeter, 1999). En el caso de la minería en el Virreinato de Nueva España, un temprano proceso de proletarización habría convertido el adelanto de mercancía y la tienda de raya más en un mecanismo para atraer trabajadores que en una forma de control, sugiriendo la relación que existía entre las características de la mano de obra disponible (su mayor o menor inserción en el mercado y/o grado de proletarización) y los niveles de coerción de las llamadas tiendas de raya (Randall, 1972).

Estas prácticas habrían cambiado lentamente durante el siglo xix, aunque se notan importantes diferencias regionales. En un contexto de mayor movilidad de la mano de obra, la tienda de raya operó como una institución que explotaba, abusaba y buscaba controlar a los trabajadores. En el caso de la minería metálica de mediados del siglo xix en Chile, los pequeños y medianos empresarios mineros habrían continuado con las prácticas del período colonial, haciendo uso del adelanto de parte del salario y el pago en mercancías para retener a una mano de obra especialmente volátil (Pinto, 1997; Ortega, 2009). Pero fue en el caso del salitre donde la pulpería se convirtió en una institución especialmente odiosa, formando parte de un sistema más amplio de reclutamiento y disciplinamiento de una mano de obra en transición que comenzaba con el sistema de enganche. Durante la era del salitre (1880-1920), los llamados enganchadores viajaban al sur del país prometiendo atractivos trabajos en las oficinas salitreras ubicadas al norte del país y, muchas veces, adelantando el pago de los pasajes. Dadas las enormes distancias, este sistema garantizaba la migración de mano de obra en forma casi permanente. Una vez en las salitreras, las condiciones de trabajo eran duras y arriesgadas, y en general los trabajadores eran compensados con una ficha salario que solo podía ser usada en las pulperías del campamento. Los altos precios de los productos que se vendían en estos recintos y la prohibición de ejercer el libre comercio agravaban la explotación del obrero salitrero. Pero sobre todo, limitaba la movilidad del trabajador y su capacidad de resistencia, convirtiéndose rápidamente en una estrategia más amplia de proletarización de la mano de obra⁵.

El rol de la pulpería como instrumento coercitivo queda en evidencia en las demandas de las primeras organizaciones obreras de fines del siglo xix y comienzos del siglo xx. Así la pulpería, la ficha salario y el endeudamiento adquirieron trascendental importancia, inspirando muchos de los más importantes movimientos huelguísticos de esos años. Luis Emilio Recabarren, dirigente obrero y fundador del Partido Socialista Obrero de Chile, denunciaba en 1905 las condiciones a que se veían sujetos los trabajadores del salitre: «dejando para el trabajador como pago de su valor y de su esfuerzo una miserable ficha que no se recibe sino en la misma emisora, perdiendo todo su valor fuera de aquellos recintos» (Recabarren, 1905). Pero el precio de los alimentos no era un problema exclusivo de los trabajadores del salitre, el alza en el coste de la vida se había convertido en un problema serio en Chile desde fines de la Guerra del Pacífico (1879-1883), motivando numerosas protestas a lo largo del país, incluyendo la famosa semana roja de octubre de 1905. Es así que una parte importante del debate sobre la legislación social y laboral de las primeras décadas del siglo xx se centró tanto sobre el tema del salario (cantidad y forma de pago) como sobre los precios de los productos de primera necesidad.

La legislación social y laboral que surgió en las décadas de 1920 y 1930 en América Latina limitó en parte el uso de la deuda y el poder absoluto o monopólico de las empresas sobre el comercio y abastecimiento, exigiendo que el salario fuese pagado en moneda de curso legal. Con ello se respondía tanto a la demanda de los trabajadores como a los intereses de algunos pequeños comerciantes que buscaban expandir sus redes comerciales. En parte también, el Estado y las clases dominantes reaccionaban ante la peligrosidad del estallido social y la centralidad que los problemas del costo de la vida tenían en la vida de los trabajadores y por ende en los movimientos sociales y laborales de la época⁶. En Chile, la Ley sobre «Contrato del Trabajo» (Ley 4053) de 1924, posteriormente incorporada en el primer Código del Trabajo de 1931, prohibió el uso de la ficha salario y estableció la obligatoriedad del pago del salario en moneda corriente, garantizó la libertad de comercio en los campamentos mineros, salitreros e industriales y controló los precios que se podían cobrar en las pulperías⁷.

A partir de este momento, la Dirección General del Trabajo comenzó una ardua labor de inspección de campamentos mineros, faenas de construcción de caminos, tranques y líneas férreas y recintos industriales, muchas veces respondiendo a denuncias efectuadas por los propios trabajadores y sus recién formadas instituciones sindicales. Estas inspecciones nos sugieren el nuevo protagonismo del Estado como agente fiscalizador, como así también las diferentes prácticas y abusos que se comentían en la expedición y venta de alimentos y productos de primera necesidad. Así por ejemplo, cuando en 1929 el Inspector del Trabajo visitó el campamento minero Disputada de las Condes ubicado en la Provincia de Santiago, descubrió que la pulpería estaba a cargo de un comerciante particular que había sido contratado por la empresa. Dentro de los muchos abusos que pudo constatar en su visita y numerosas entrevistas con los trabajadores, el Inspector denunció descuentos salariales para pagos de la pulpería, precios mucho más caros que en el mercado libre e irregularidades en el sistema de pesos y medidas de los productos⁸. En septiembre de 1930, el Inspector del Trabajo de los Andes se encontró con una situación similar; la pulpería que abastecía a los trabajadores de la construcción de los canales Chacabuco, Polpaico y Vilcuya continuaba pagando con vales a sus trabajadores y existía un recargo de hasta el 100% en el precio de algunos de los artículos de primera necesidad⁹. Asimismo, el Inspector de la sureña provincia de Valdivia denunció en 1931 que la firma Vallejo, Fernández y Cía que tenía a su cargo la construcción del camino Valdivia-La Unión violaba abiertamente la legislación social al pagar a sus trabajadores en vales y mantener precios «exorbitantes» en las pulperías que abastecían a sus trabajadores¹⁰.

Si tal como sugieren los ejemplos mencionados, la acción reguladora del Estado y el surgimiento de un movimiento sindical moderno impusieron límites al monopolio y abusos de las antiguas pulperías, la creciente estabilidad de la mano de obra fue volviendo los antiguos mecanismos de control innecesarios. En otras palabras, a medida que se fue consolidando tanto el proceso de proletarización de las clases trabajadoras como sus respuestas a las fuerzas del mercado, fueron desapareciendo –o al menos transformándose– antiguas prácticas tales como el enganche o el endeudamiento. Para las propias empresas los economatos pasaron a ser un costo eludible cuando ya no era necesario atraer, reclutar o atar al obrero al lugar de trabajo y el comercio se volvía más fluido. Sin embargo, la pulpería subsistió en el paisaje minero. Por un lado, las recurrentes crisis económicas y sobre todo el impacto de la crisis económica mundial de 1929 motivaron el establecimiento de sistemas de control de precios (tanto de parte del Estado como de empresas privadas) como una forma de mantener cierta seguridad económica y garantizar condiciones mínimas de nutrición o salud. Por otro lado, e inserto en la transición hacia el paternalismo industrial, la entrega de beneficios tales como los subsidios en la pulpería se pueden ver ya no como un instrumento de proletarización sino de co-optación de un movimiento obrero cada vez más radicalizado. Así, las condiciones de dependencia económica que creaban los economatos de la empresa eran herramientas efectivas que podían ser usadas en tiempos de huelga y la entrega de beneficios un argumento muchas veces eficaz para no acceder a las demandas salariales de los sindicatos (Zapata, 1977).

Los casos de los minerales de Potrerillos y Chuquicamata en Chile nos permiten examinar con detalle la complejidad de factores tanto económicos como sociales y políticos que llevaron al establecimiento de las pulperías y a la instalación de un sistema de control de precios. Entre 1932 y 1958, las condiciones geográficas y sociales de la minería del cobre, las cambiantes coyunturas económicas, el rol del Estado y del movimiento sindical, las ideologías patronales y la posición de las empresas del cobre en Chile influyeron en la configuración de los sistemas de abastecimiento y consumo en los campamentos. A través de este ejemplo podemos acercanos también a una mayor comprensión de la evolución del sistema de pulperías a lo largo del siglo xx.

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La Gran Minería del Cobre en Chile

Para entender el sistema de pulperías en los campamentos de Potrerillos y Chuquicamata es importante describir brevemente las caracteristicas de la Gran Minería del Cobre en Chile. La explotación de cobre a gran escala comenzó en Chile con la llegada de dos empresas norteamericanas, Anaconda Copper Company y Kennecott Copper Corporation, en las primeras décadas del siglo xx. Mientras Anaconda adquirió 2 yacimientos ubicados en el norte del país –Potrerillos (Andes Copper Company) en 1917 y Chuquicamata (Chile Exploration Company) en 1923–, Kennecott, por su lado, explotó el mineral de El Teniente ubicado en Rancagua, al sur de la ciudad de Santiago¹¹. Hacia finales de la década de 1920 estos 3 yacimientos producían cerca de 419.000 toneladas de cobre fino al año, convirtiéndose en los principales productores de cobre del país (Mamalakis y Reynolds, 1965). En las próximas décadas el cobre se consolidó como el principal producto de exportación, creando una compleja dependencia hacia el mercado externo y el capital extranjero, relaciones que dominaron el debate político y económico chileno hasta la nacionalización del cobre en 1971. En 1960, por ejemplo, la Gran Minería del Cobre producía el 90% del cobre chileno, generaba cerca del 80% de las divisas del país y el 20% de los ingresos del Estado (Meller, 1996, pp. 32-36).

Las experiencias de vida y de trabajo en la Gran Minería estuvieron condicionadas por la importancia del cobre para la economía nacional, la presencia del capital extranjero, las condiciones de aislamiento geográfico de los campamentos mineros y el desarrollo de un poderoso e influyente movimiento sindical. Anaconda y Kennecott habilitaron los yacimientos y construyeron las plantas y campamentos de acuerdo a las más avanzadas ideas de explotación minera y administración industrial, incorporando la tecnología necesaria para convertir depósitos de baja ley en empresas rentables y competitivas internacionalmente. Los problemas de transporte, energía y comunicación fueron solucionados con la construcción de centrales eléctricas, ferrocarriles privados y, en el caso de Anaconda, instalaciones portuarias en Barquito (mineral de Potrerillos) y Tocopilla (Chuquicamata).

Para controlar y crear una mano de obra estable, se construyeron elaborados campamentos (siguiendo el modelo de los company town), promoviendo la llegada de trabajadores casados con familias y la organización de una variada gama de servicios urbanos y sociales como escuelas, canchas deportivas, servicios de salud y programas para las mujeres y dueñas de casas¹². Ubicados en lugares remotos y aislados, con el paso del tiempo, los campamentos del cobre se convirtieron en verdaderas ciudades –y muchas veces controvertidas ciudades privadas–: más de 45.000 personas habitaban en los campamentos de la Gran Minería del Cobre a comienzos de la década de 1960, generando grandes desafíos para el mantenimiento de la población. La tabla 1, elaborada con los datos obtenidos de los censos de población entre 1907 y 1999 nos demuestra la importancia demográfica de dichos campamentos.

Tabla 1.

Población campamentos mineros de la GMC, 1907-1992

Año	Sewell (El Teniente)	Potrerillos	El Salvador^a	Chuquicamata	Total
1907				317	317
1920	6.307	2.043		9.715	18.065
1930	7.566	8.030		13.346	28.942
1940	11.761	11.203		19.132	42.096
1952	9.023	4.587		24.017	37.627
1960	10.866	6.168	3.511	24.798	45.343
1970	8.919	5.801	7.586	22.126	44.432
1982	211	4.808	12.012	16.891	33.922
1992	1.409	5.715	10.437	12.722	30.283

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (s/f). Población de los centro poblados de Chile, 1875-1992. Santiago: Instituto Nacional de Estadística.

a

El campamento del Salvador fue inaugurado en 1959. A este se trasladó la población que vivía en La Mina «vieja» de Potrerillos.

Las duras características de las condiciones de trabajo y de vida en los campamentos mineros motivaron los primeros esfuerzos de organización sindical en la década de 1920. Influidos por el gran activismo laboral que sacudía al país en esos años y la influencia de organizaciones obreras como la Federación Obrera de Chile (FOCH), los trabajadores del cobre organizaron las primeras huelgas y jornadas de protesta, las cuales se centraban fundamentalmente en demandas económicas y condiciones de trabajo. Al igual que en el resto del país, las compañías del cobre reprimieron severamente estos primeros esfuerzos, despidiendo a los trabajadores que participaban en huelgas y creando listas negras de activistas. En la década de 1930, los trabajadores del cobre se sindicalizaron siguiendo las nuevas regulaciones del recientemente aprobado Código del Trabajo (1931), el cual garantizaba el derecho a formar sindicatos, participar en procesos de negociación colectiva y convocar a una huelga. A través de la negociación colectiva, la huelga y la movilización, los trabajadores del cobre mejoraron sus salarios, beneficios económicos y sociales y condiciones de trabajo, logrando a comienzos de la década de 1950 los más altos salarios dentro del país.

La importancia del cobre para la economía nacional dio a sus trabajadores un poder e influencia política enorme, mientras el estatus de propiedad extranjera consolidó tempranamente una conciencia y discurso nacionalista. Hacia finales de la década de 1950, los trabajadores del cobre contaban con uno de los movimientos obreros más exitosos e influyentes del país, poder que se fortaleció con la promulgación del Estatuto de los Trabajadores del Cobre en 1956, el cual reconoció las características únicas de trabajo y de vida que existían en esta industria y otorgó derechos especiales a los sindicatos del cobre en cuanto a la negociación colectiva y derechos económicos (Vergara, 2008).

Dada la vital importancia del cobre para la economía nacional y el Estado chileno, las relaciones entre Anaconda, Kennecott y el Estado de Chile fueron siempre complicadas y conflictivas. Como compañías extranjeras, estas estaban sujetas a una legislación y régimen tributario especial. Hasta la Gran Depresión, los impuestos se mantuvieron bajos y las empresas extranjeras gozaron de un trato bastante favorable. A medida que el cobre se consolidó como el principal sector exportador del país, los impuestos y regulaciones crecieron con miras a obtener los recursos necesarios para sostener el proceso de industrialización del país. Asumiendo que el cobre jugaba un papel fundamental en el desarrollo económico de Chile, el Estado desarrolló diversos mecanismos para aumentar sus propios ingresos (incluyendo divisas) y creando el llamado puente entre la industria del cobre y la economía nacional. Junto con el aumento de los impuestos y las contribuciones, el Estado comenzó a intervenir en la Gran Minería del Cobre a través de un sistema cambiario discriminatorio para estas empresas. A partir de 1932 (y en vigencia hasta la Ley del Nuevo Trato de 1955), las empresas del cobre debían retornar al país el costo legal de la producción, que se calculaba sobre la base de un cambio fijo de 19,37 pesos por dólar; la diferencia entre el cambio fijo y el cambio real beneficiaba al fisco (Vera, 1961). En 1955, en lo que se conoció como el «Nuevo Trato» se impuso una tasa de impuesto fija equivalente al 50% de las ganancias y una tasa variable equivalente del 25% ajustable de acuerdo a los niveles de producción e inversión. La creciente dependencia chilena del cobre y las limitantes de las políticas económicas fueron consolidando una visión para la nacionalización definitiva y la estatización en 1971¹³.

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Pulperías y precios fijos en Potrerillos y Chuquicamata

La organización de los sistemas de abastecimiento y consumo en la Gran Minería del Cobre estuvo históricamente determinada por 4 factores: 1) las dificultades de abastecer a los pueblos mineros geográficamente aislados; 2) la carestía de los productos básicos ya sea por los costos de transporte, la especulación o los altos índices de inflación del país; 3) la legislación laboral vigente –a partir de 1924– que garantizaba la libertad de comercio en los campamentos; y 4) las demandas de los trabajadores y los contratos colectivos que periódicamente redefinían el funcionamiento de las tiendas mantenidas por las compañías. En respuesta a estos desafíos, Anaconda organizó un elaborado sistema de pulperías y redes de abastecimiento local e internacional y al mismo tiempo facilitó el establecimiento y funcionamiento de casas comerciales privadas en los campamentos mineros.

Los casos de Potrerillos (Andes Copper) y Chuquicamata (Chile Exploration Company) nos aproximan al funcionamiento diario de las pulperías y de las redes de abastecimiento. Las primeras descripciones de estos establecimientos mineros dan cuenta de la construcción de campamentos y servicios básicos para los obreros y los empleados y de la transformadora presencia del capital extranjero. Junto con casas, escuelas y centros de salud, se construyeron las pulperías, las cuales aparecieron rápidamente como elementos centrales del paisaje y de la vida del campamento. Las razones para el establecimiento de las pulperías eran similares a otras empresas mineras, la necesidad de garantizar el abastecimiento y mantener una comunidad estable eran consideradas claves para expandir la producción. Es importante insertar estas prácticas en una época en que las ideas sobre paternalismo industrial se habían vuelto influyentes y, así, invertir en el bienestar de los trabajadores traería beneficios a largo plazo. Tal como se señalaba en una descripción de Potrerillos publicada en 1932, «el obrero bien protegido, sano, alegre y bien alimentado, desarrolla naturalmente, mayor energía que otro deprimido y mal cuidado» (Ramírez y Navarrete de Ramírez, 1932).

En los campamentos de Potrerillos y Chuquicamata, los Departamentos de Bienestar estaban a cargo de la administración de las pulperías, sugiriendo el lugar que estas cumplían en la organización de un paquete de beneficios sociales para los trabajadores y sus familias que caracterizarían a esta actividad económica. Las pulperías, en cumplimiento con las disposiciones del Código del Trabajo y a diferencia de las experiencias previas en la industria salitrera por ejemplo, no tenían el monopolio del comercio ni tampoco fueron entregadas en concesión a comerciantes privados. Por ejemplo, en el caso del campamento de Potrerillos, ya en 1932 existían varias casas comerciales privadas tales como «La Mina de Oro» que vendía ropa, zapatos y artículos de paquetería y la «“Sastrería Boston» que ofrecía trajes y servicios de arreglo de ropa (Ramírez y Navarrete de Ramírez, 1932), así como también cantinas y restaurantes donde los trabajadores podían comprar comida preparada o recibir pensión. Una situación similar existía en Chuquicamata, donde el Inspector del Trabajo de Atacama señalaba que «son muy numerosas las concesiones comerciales de todo género, en las cuales, como asimismo en las 3 grandes pulperías que mantiene la compañía para el consumo de sus empleados y obreros, los precios no exceden del recargo establecido en el párrafo tercero del art. 40 de la Ley 4053»¹⁴.

Años más tarde, un artículo publicado en el Boletín de Minas y Petróleos destacaba las virtudes del sistema de pulperías en Potrerillos y la organización y mantención de complejos sistemas para abastecer el mineral. Publicado por el Ministerio de Fomento, el artículo nos presenta la perspectiva del Estado, que simpatizaba con las obras de ingeniería y progreso social que representaba la Gran Minería en aquel entonces. La compañía, de acuerdo al artículo vendía la mayoría de los productos a: «precio de costo; con excepción de los de primera necesidad que se expenden por debajo de éste. Para evitar abusos se fija a cada individuo una cuota máxima de consumo, de acuerdo con sus familiares» (González, 1935). El Boletín de Minas y Petróleos hacía referencia a la existencia del sistema de precios fijos o congelados que Anaconda estableció en Chile entre 1932 y 1958.

En 1932, las pulperías de Potrerillos y Chuquicamata instituyeron un complejo sistema de tarjetas de raciones y precios congelados o fijos para los productos considerados de «primera necesidad». El sistema se estableció en la coyuntura económica precisa y particular de la Gran Depresión. Chile fue uno de los países más afectados por la crisis económica mundial de 1929, y esta crisis internacional tuvo un impacto devastador en el sector exportador, la balanza de pagos, los ingresos del Estado y en su acceso a créditos externos. La caída de los precios internacionales forzó a las empresas del cobre a reducir la producción; una parte considerable de los trabajadores fueron despedidos y quienes continuaron trabajando vieron sus jornadas y salarios disminuidos considerablemente. En el caso de Chuquicamata, su Gerente General, Burr Wheeler, señalaba en 1932 que «la compañía ha estado trabajando a mitad de su capacidad» y que tanto los salarios como la jornada de trabajo habían sido reducidos¹⁵.

Si los primeros años de la crisis estuvieron marcados por la deflación a lo largo de todo el país, en 1932 se comienzan a sentir las dramáticas consecuencias de la inflación. Es también a partir de 1932 cuando el Estado empieza a intervenir más enérgicamente a través de la organización de programas de empleo, comedores populares y auxilio para las masas de cesantes y sus familias. Entre estos servicios se destacó la creación del Comisariato de Subsistencias y Precios durante la brevísima presidencia de Carlos Dávila (1932), el cual dentro de otras múltiples funciones tenía la atribución de fijar precios máximos a los productos de primera necesidad. El Comisariato fue revitalizado durante el primer gobierno del Frente Popular (1938-1942), transformándose en una importante herramienta redistribuidora y volvería a resurgir durante el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) (Wright, 1982).

El sistema de precios fijos surgió así en un contexto económico y político específico y con un objetivo probablemente bastante preciso: garantizar el poder adquisitivo de la población trabajadora y su acceso a los productos de primera necesidad. Asimismo, no se distancia mucho de lo que estaba pasando en otros sectores económicos o de las prácticas del propio Estado, lo cual explica la simpatía con la cual los funcionarios públicos describirían siempre el sistema de pulperías¹⁶. Es interesante notar además que el Estado chileno veía con cierto interés la fijación de precios para los alimentos básicos y apoyó las demandas obreras. Por un lado, el Estado mostraba una creciente preocupación por temas de salud pública y alimentación, dentro de lo cual el tema del costo y acceso a los alimentos tenía un papel central. Tal como señalaba Manuel de Viado, médico del Ministerio de Salubridad quien visitó Potrerillos a finales de la década de 1930, la pulpería podía ser una forma de inculcar hábitos de consumo y alimentación en una población obrera que era percibida como «irresponsable» (De Viado, 1941).

Si la instalación del sistema no nos debería llamar la atención y pareciera ser una de las múltiples medidas que fueron diseñadas para sobrevivir el impacto de la crisis económica mundial, es necesario examinar cómo funcionaba el sistema y por qué este perduró hasta 1958. Durante todo el período, el sistema de pulperías funcionó basándose en raciones y combinando precios fijos para los productos de primera necesidad y precios de mercado para el resto de los productos. De esta forma todos los trabajadores directamente contratados por Andes Copper y Chile Exploration recibían una ración que les permitía adquirir los productos alimenticios sujetos al sistema de precios fijos. Junto a su propia ración, el obrero recibía una ración completa por su esposa y cada hijo mayor de 12 años que aún viviera en el hogar (las raciones de los niños menores de 12 años se calculaban proporcionalmente a la edad). Los trabajadores solteros que vivían en pensiones traspasaban la ración a la dueña o dueño de la pensión. Las pulperías ofrecían a la venta otros artículos (alimento y tienda) que no estaban racionados y se vendían al precio del mercado; sin embargo, existía un límite a las adquisiciones totales que podía realizar el trabajador en la pulpería, el cual estaba determinado por su salario y antigüedad, y el derecho a comprar a crédito estaba limitado a la categoría de empleados¹⁷. Había también un racionamiento (pero no de tipo precio fijo) sobre los productos más escasos; y, al menos en Potrerillos, el consumo de vino y cerveza (las únicas bebidas alcohólicas autorizadas en los campamentos) estaba limitado a medio litro semanal. La empresa también se hacía cargo del abastecimiento de carne, pan, carbón y leña. En Potrerillos, estos productos se vendían sin limitaciones y a precios del mercado, y para ello se contaba con un matadero y panadería, lo cual abarataba los costos.

Uno de los aspectos más llamativos del sistema, tal como muestra la tabla 2, era la gran brecha que existía entre los precios fijos y los precios del mercado. Brecha que sugiere la razón por la que los trabajadores apoyaron el sistema —a pesar de sus quejas respecto a la calidad y cantidad de los productos— como también las posibilidades de las compañías de utilizarlo como argumento para controlar las demandas salariales del personal. En la tabla 2, elaborada tomando como base los datos provenientes del convenio colectivo de 1958 firmado por la Andes Copper Mining Company y los sindicatos, se incluye el precio fijo del producto (1932) y el precio costo del mismo producto en 1958. La quinta columna incluye el precio fijo como porcentaje del precio costo para demostrar la gran diferencia que existía hacia finales del período estudiado. Los precios y productos que se vendían en Chuquicamata eran similares, con algunas leves diferencias. La tabla no incluye las raciones, ya que estas variaron a lo largo del período y estaban determinadas por el tamaño (y edad) del grupo familiar.

Tabla 2.

Precios en las pulperías de Andes Copper Mining Company

Producto	Medida	Precio fijo 1932	Precio costo 1958	Precio fijo como porcentaje del precio costo en 1958
Aceite	Litro	3,2	518	0,62
Aceitunas	Kilo	2	158	1,27
Ají pimentón	Kilo	6	557	1,08
Ampolletas	Unidad	2,5	330	0,76
Arroz	Kilo	1,8	145	1,24
Arvejas	Tarro	0,8	77	1,04
Avena	Kilo	2	157	1,27
Azúcar	Kilo	1	168	0,6
Azulillo	Barra	0,2	7	2,86
Café tostado	Kilo	8	1657	0,48
Cholgas	Tarro	1	159	0,63
Choritos	Tarro	1	145	0,69
Cominos	Kilo	9	535	1,68
Fideos	Kilo	1	162	0,62
Fósforos	Paquete	0,5	59	0,85
Frejoles	Kilo	0,9	148	0,61
Garbanzos	Kilo	0,8	207	0,39
Harina flor	Kilo	0,9	78	1,15
Harina tostada	Kilo	1	140	0,71
Huesillos	Kilo	0,8	198	0,4
Huevos	Unidad	0,4	39	1,03
Jabón	Barra	0,8	22	3,64
Leche cremora	Tarro de 500 g	1,5	137	1,09
Leche lechero (condensada)	Tarro de 400 g	1,6	128	1,25
Leche marina (polvo)	Tarro de 1 kg	16	633	2,53
Lentejas	Kilo	1,2	290	0,41
Maíz	Kilo	0,6	138	0,43
Mantequilla	Libra	4,2	375	1,12
Mermelada	Tarro	2	104	1,92
Papas	Kilo	0,4	57	0,7
Parafina	Litro	1	66	1,52
Pasta tomate	Tarro	0,5	34	1,47
Pimienta	Paquete (100 g)	2	51	3,92
Porotitos	Kilo	0,9	72	1,25
Sal	Kilo	0,3	34	0,88
Sémola	Kilo	1,2	134	0,9
Te	Kilo	14	746	1,88
Tomates	Tarro	1	111	0,9
Trigo	Kilo	0,8	77	1,04
Trigo majado	Kilo	0,9	137	0,66
Trigo mote	Kilo	1	143	0,7
Vinagre	Litro	0,9	106	0,85
Yerba mate	Kilo	4,6	436	1,06

Fuente: Convenio, Archivo Nacional de la Administración del Estado (ARNAD), Fondo Dirección General del Trabajo, Sub-Fondo Providencias, año 1958, volumen 25.

¿Cuál era la importancia de los productos de precio fijo en la canasta de consumo de los trabajadores de Chuquicamata y Potrerillos? La mayoría de las descripciones e informes de la época concluyen que los trabajadores compraban la mayor parte de los productos de primera necesidad (alimentos) en la pulpería a precio fijo y solo una mínima parte en el mercado libre; aunque, como se demuestra en la última sección de este artículo, esto no significa que los trabajadores estuviesen satisfechos con el sistema o con los productos. Por otro lado, aunque no contamos con estadísticas completas sobre los aumentos de sueldos y salarios durante estos años, algunos datos dispersos sugieren que los reajustes salariales (sobre todo en la década de 1940) fueron menores al alza en el costo de vida. Por ejemplo, el contrato colectivo entre Andes Copper y los sindicatos industriales en Potrerillos de 1953 estableció un alza general de salarios entre el 32 y el 48% dependiendo de la escala del trabajador; ese mismo año la variación del Índice de Precio del Consumidor fue de un 56%¹⁸. Es importante destacar que la negociación del año 1953 fue una de las más exitosas y producto de una huelga conjunta de los sindicatos de Potrerillos y Chuquicamata (Vergara, 2008). Estos datos, aunque dispersos, nos sugieren que los precios fijos fueron una forma de mantener el éstandar de vida de la población trabajadora en un contexto de fuertes presiones inflacionarias y pueden ser considerados, tal como señalara Ignacio Aliaga en 1946, «una forma de pago de salario» (Aliaga, 1946, p. 233).

Las razones de Anaconda para mantener el sistema de precios fijos habrían sido también variadas. En el marco del conflicto colectivo de 1947, esta señalaba:

«(…) Han pasado ya dieciocho meses desde que fue firmado el último convenio y, a través de dicho lapso, los obreros han continuado percibiendo efectivos aumentos de salarios, derivados del progresivo aumento en el costo de los artículos de primera necesidad, que han continuado adquiriendo a precios ínfimos en las pulperías, lo que, lógicamente, les ha protegido de la inflación y del aumento constante del costo de la vida (…) la Empresa, al proveer a sus obreros en la forma que lo ha hecho, ha significado en la práctica un constante aumento de salarios»¹⁹.

Asimismo habría que tomar en cuenta que las empresas del cobre contaban con sus propios medios de transporte. En el caso de Potrerillos, era dueña del ferrocarril entre el puerto de Barquito y Chañaral y entre Pueblo Hundido y la mina de Potrerillos, reduciendo enormemente los costos de transporte de productos de consumo (un problema que sí afectaba a los comerciantes minoristas). Por otro lado, el sistema de cambio discriminatorio que afectaba a las grandes empresas del Cobre levanta también una serie de interrogantes. El cambio discriminatorio de 19,37 pesos por dólar aumentaba enormemente los costos de producción (al menos de aquellos costos que se efectuaban en pesos). Una de las interrogantes que queda sin resolver es el origen de los alimentos y productos que se vendían en la pulpería. Por ejemplo, en el caso del té, el informe del Manuel de Viado nos señala que Anaconda importaba su té directamente de Batavia, «con disponibilidades de la Comisión de Control de Cambios» (De Viado, 1941)²⁰. Igualmente, el cronista local Héctor Maldonado recuerda cómo en la década de 1940 en la pulpería de Potrerillos, «se podían adquirir algunos artículos importados de excelente calidad, como son comestibles, telas, juguetes, bebidas, etc.» (Maldonado, 1983, p. 28). Aunque es poco probable que todos los productos de consumo fuesen importados directamente por Anaconda, algunos sí eran traídos por Anaconda para el consumo de los campamentos.

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Conflicto social y fin de los precios fijos

A pesar de los esfuerzos de Anaconda por presentar las pulperías como un beneficio, estas provocaron serios y continuos conflictos sociales en los campamentos, desde manifestaciones espontáneas de las personas que esperaban ser atendidas (generalmente lideradas por las dueñas de casa) a reclamos formales de los sindicatos, huelgas y paros. Los sucesos ocurridos en agosto de 1946 son característicos de las tensiones que el sistema de pulpería generaba en la vida cotidiana de los campamentos. A fines de agosto de 1946, la pulpería anunció la llegada de un cargamento de azúcar, producto que estaba estrictamente racionado y era escaso en Chile desde comienzos de la Segunda Guerra Mundial. La llegada del azúcar motivó una masiva presencia de consumidoras en las puertas de la pulpería central de Potrerillos; pero, señalaba el diario local La Usina, «como la cantidad era insuficiente para tantas raciones, se originó serios desórdenes debido a que todos querían alcanzar tan escaso artículo». Las enfurecidas clientas protestaron en las puertas del local, lo cual motivó la intervención de la policía quien «las emprendiera con las dueñas de casa, que sin respetarles el sexo puso orden a empujones y palos»²¹. Aunque el incidente pareciera ser bastante anecdótico y la descripción de La Usina incluso un poco sarcástica, este tipo de hechos sugieren el grado de conflictividad que creaba el sistema de pulpería y racionamiento.

Uno de los problemas más comunes era la larga espera para ser atendidos, de acuerdo a un estudio realizado por 2 visitadoras sociales en el yacimiento de Chuquicamata, las dueñas de casas de este mineral pasaban cerca de 2 horas diarias esperando para ser atendidas en la pulpería (Galaz Toledo y Alvear Fuenzalida, 1957). En Potrerillos, La Usina se refería a la pulpería como el «Caserón de las Colas», donde era necesario «tener una paciencia de asno para estar en las filas que no terminan nunca»²². El sistema era especialmente lento, ya que las llamadas listeras (empleadas de las pulperías) debían revisar la tarjeta de consumo de cada trabajador. Asimismo, existían reiteradas quejas sobre la calidad de la atención y el servicio.

Otro de los temas que planteaban los trabajadores era la mala calidad de los productos que se vendían racionados y a precios fijos. A pesar de que los precios eran bajos, muchos trabajadores se encontraban insatisfechos con el sistema debido a la mala calidad de los productos y por lo limitado de la oferta se veían obligados a consumir únicamente lo que estaba incluido en la lista, ya que no podían costear los productos que se vendían a precio de mercado. En 1953, los obreros de Chuquicamata explicaban que los precios congelados no eran un privilegio, ya que «en la práctica nos encontramos que la calidad de los productos que allí se venden es tan mala que la mayor parte de lo que necesitamos debemos adquirirlo en el comercio libre, donde existe una desenfrenada especulación que escapa a cualquier control»²³.

El conflicto de 1954 también es emblemático de cómo la calidad de los productos que se vendían generaba graves tensiones en los campamentos. El día 28 de agosto de 1954 cerca de 2.200 obreros y 450 empleados de la empresa Andes Copper Company dieron comienzo a una controvertida huelga de carácter ilegal en el campamento minero de Potrerillos. Los trabajadores protestaban contra lo que se consideraba una medida inaceptable por parte de la compañía: reemplazar el suministro de carne fresca por carne congelada en las raciones que se vendían en los almacenes de la compañía. A comienzos de 1954 Andes Copper había señalado que era prácticamente imposible garantizar «un abastecimiento constante y seguro de carne», la cual tradicionalmente se obtenía en el sur de Chile y norte de Argentina y se faenaba en el matadero del campamento; y, por lo tanto, se veía obligada a importar carne congelada desde México²⁴. Hacia junio de 1954 cerca del 50% de la carne consumida por los trabajadores, explicaba la Dirección General del Trabajo, venía congelada. Aunque los inspectores del Servicio Nacional de Salud aseguraron que esta carne cumplía con los requisitos básicos de higiene y salubridad, los trabajadores insistían en su mala calidad y defendían su derecho a tener acceso a carne fresca. Luego de intensas negociaciones y una huelga de casi 4 semanas, Andes Copper se comprometió a otorgar raciones mixtas: 50% de carne fresca y 50% de carne congelada proveniente de Argentina²⁵.

Si los precios de los productos eran claramente beneficiosos, cuál era la cantidad justa y cómo y quién debía determinar la ración era tema de permanente discusión. Por un lado, la empresa consideraba que el establecimiento de un estricto racionamiento era el único mecanismo para prevenir abusos o la reventa de productos por parte de los obreros y empleados. Por ejemplo, en 1943, el vice-presidente de la Andes Copper Mining señalaba que «un programa estricto de racionamiento y un control explícito de distribuciones» era la única forma de «evitar los abusos que este sistema ha producido en el pasado». Una situación similar notaban las visitadoras sociales en Chuquicamata, donde se señalaba que los habitantes del campamento tendían a enviar encomiendas de mercancías y alimentos a sus parientes en otras ciudades. Para el Estado, por otro lado, las raciones debían estar «científicamente» determinadas para poder garantizar una dieta balanceada y sana. Un ejemplo claro de este conflicto fue la discusión sobre el racionamiento de aceitunas, arroz, avena, fósforos y jabón en 1944. Por ejemplo, en el caso de las aceitunas, los trabajadores pedían aumentar la ración de 250 g a 1 kg, ya que «las consumen los que entran a la mina en el lunch, que lleva aceitunas, cebolla, carne picada. Que hay muy pocos artículos luncheros. Que esto no se consume solo en el hogar sino dentro del trabajo»²⁶. Sin embargo la empresa consideraba este un aumento innecesario y creía que los obreros las revenderían a los comerciantes locales; por otro lado, el representante del gobierno explicaba que era necesario enviar los datos al Departamento Nacional de Alimentación para realizar un estudio. Luego de largas negociaciones, la ración fue aumentada a 500 g mensuales.

Frente a estos conflictos, el movimiento sindical se concentró, tal como ya señalaba el Pliego de Peticiones de 1940, «en mantener los actuales precios de pulpería y la calidad de los artículos» y en mejorar las raciones. Por un lado, como señala el conflicto de 1944, los sindicatos negociaban qué tipo y cantidad de artículos se incluía en la ración. Por otro, se abocaron a aumentar las raciones de los niños, quienes solo tenían derecho a un porcentaje de la ración adulta. A través de la negociación colectiva, se fue aumentando este porcentaje y hacia la década de 1950 todos los mayores de 12 años tenían derecho a una ración completa, incluso aquellos niños que estaban estudiando fuera del campamento.

Con el tiempo, los precios fijos se convirtieron en un problema constante y en cada negociación colectiva Ananconda intentó —o al menos amenazó con ello— desmantelar el sistema. Por ejemplo, en 1946, propusieron a los sindicatos reemplazar el sistema por un aumento salarial de $20.00 pesos y colocar «a las pulperías a precios de Comisariato (Comisariato de Precios y Subsistencia)»²⁷. Sin embargo, los sindicatos rechazaron cualquier medida que pusiera fin al sistema, reafirmando los precios fijos como importante beneficio inalterable. Los constantes problemas con el sistema de precios fijos y raciones y los esfuerzos de Anaconda por reducir sus costos llevaron a la abolición del sistema durante la negociación colectiva de 1958. En septiembre de 1958, se suprimió el sistema de precios bajos y fijos congelados, el cual fue reemplazado por pagos en efectivos por ración y por una compensación por cargas familiares (esposa, hijos legítimos menores de 18 años, madres viudas o abandonadas y padres inválidos o discapacitados), y lo reemplazó por compensaciones en dinero, también conocidas como la «compensación de la mujer». Las compensaciones eran pagos en dinero que se calculaban de acuerdo a los precios de los productos en el mercado y el número y edad de las cargas familiares²⁸. Una de las innovaciones importantes del sistema fue que la mujer y la madre o padre del trabajador recibían directamente la compensación que les correspondía, lo cual alteró los roles de género y de poder dentro de los matrimonios.

Las pulperías continuaron operando y, de acuerdo al convenio colectivo de 1958, conservaban la responsabilidad de salvaguardar el abastecimiento «completo de los artículos de abarrotes, tienda, leña, carbón y carne (…) Asimismo, mantendrá un abastecimiento suficiente de frutas y verduras de temporada». Se acabaron los racionamientos y se estableció un sistema de venta libre de todos los artículos, pero la compañía se reservaba el derecho (con acuerdo de los sindicatos) a racionar algún producto en caso de escasez o consumo “desmedido”²⁹. Esta responsabilidad fue confirmada en los sucesivos convenios colectivos a lo largo de la década de 1960. Por otro lado, los salarios continuaron subiendo, manteniendo—y muchas veces mejorando—el ingreso y el nivel de vida de los trabajadores en un contexto de fuertes presiones inflacionaria.

¿Qué llevó a las filiales de Anaconda y a los sindicatos a reemplazar el sistema de precios fijos por una compensación en dinero? Por un lado, la llamada Ley del Nuevo Trato de 1955 abolió el sistema de cambio discriminatorio, haciendo posible aumentar los sueldos y salarios en forma real. Por otro, mejoras sustanciales en los medios de transporte y comunicaciones facilitaron la llegada de nuevos almacenes y negocios que tenían un surtido más amplio de productos (incluidos una variada gama de productos fabricados por industrias nacionales tales como cocinas, refrigeradores, radios) y los viajes fuera de la mina, abriendo nuevas posibilidades de consumo a los trabajadores. Con ello Anaconda comenzó a asemejarse a otras empresas que otorgaban asignaciones familiares en dinero para suplementar los salarios, ahorrándose el manejo cotidiano y conflictivo del abastecimiento y consumo.

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Conclusiones

Las pulperías jugaron un papel fundamental en la vida social y económica de los campamentos de la Gran Minería del Cobre en Chile. Dadas las características de la industria del cobre en Chile, las empresas del cobre tuvieron que asumir la responsabilidad de proveer a la población, para lo cual organizaron complejas redes de abastecimiento y distribución de productos. En 1932, los altos precios de los alimentos y la inflación motivaron a las filiales de Anaconda en Chile a establecer un sistema de precios fijos que garantizaba a los trabajadores el acceso a productos de primera necesidad. Aunque el sistema parecía ser relativamente costoso, era un mecanismo para controlar las alzas salariales, complementando otros beneficios tales como la entrega gratuita de habitación y una serie de bonos (tanto en dinero como en servicios) que mejoraban sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores del cobre. Así, los precios fijos en las pulperías y otros beneficios sociales que otorgaba Anaconda en Chile complementaban un salario, que no siempre, lograba equipararse al alza en el costo de vida.

Más que en razones puramente económicas, el sistema se insertaba en las prácticas del paternalismo industrial, que llevaba a la empresa a ver las llamadas regalías como una forma de mantener una mano de obra eficiente, satisfecha y comprometida con el trabajo. Sin embargo, la administración de las pulperías muchas veces intensificaba el conflicto social y laboral en los campamentos, y la escasez de productos, su mala calidad o la mala atención motivaron frecuentes huelgas, manifestaciones y protestas. En la práctica era menos relevante el monto del beneficio que la forma en que los trabajadores del cobre percibían el sistema. Hacia 1958, el sistema ya no era rentable ni necesario. Y Anaconda, de común acuerdo con los sindicatos, reemplazó los precios fijos por un bono de alimentación pagado directamente a los trabajadores y sus familiares directos.