Este trabajo analiza la actividad inversora del Banco de Crédito Local de España en las instituciones locales españolas, tanto en Ayuntamientos como en Mancomunidades y Diputaciones. El período estudiado comprende desde su fundación en 1925 hasta 1936. Este análisis permite conocer las principales actividades en las que centró su actividad financiera: obras para el abastecimiento de agua potable y saneamiento, desarrollo de la red viaria, construcción de escuelas, mataderos, mercados y cuarteles, etc. Asimismo, se describe la evolución que experimentó el volumen de créditos concedidos en los diversos escenarios políticos de esos años. Por último, se detallan las ciudades y regiones que centraron más atención del banco. Asimismo, permite vislumbrar la estrecha relación entre el poder político y las élites económicas y explicar el carácter de la banca como motor económico de primer orden.
The aim of this paper is to analyse the investment activity of the Banco de Crédito Local de España in the Spanish local institutions, including municipalities, and commonwealths, and regional governments. The period studied ranges from its founding in 1925 until 1950. This analysis helps to determine the main activities in which the Bank focused its financial activity: works for drinking water supply and sanitation, development of roads, building schools, abattoirs, markets and barracks, etc. A description is also presented of the changes that occurred in the volume of loans in the various political scenarios during those years. Finally, cities and regions that focused more attention of the Bank are detailed. It also presents a glimpse of the close relationship between political power and economic elites, and explains the nature of the bank as an economic engine of the first order.
La historiografía de las últimas décadas ha prestado gran atención al proceso de modernización de la banca en España, con el objetivo de conocer el grado de contribución del sistema financiero al desarrollo económico del país (García-Ruiz, 1993; Arroyo Martín, 2003; Tortella y García-Ruiz, 2003; Malo de Molina y Martín-Aceña, 2011). Los argumentos utilizados para explicar el funcionamiento de los mercados bancarios han sido variados. En primer lugar, se han utilizado factores macroeconómicos como el grado de desarrollo del sistema financiero, la inflación o las coyunturas de algunos ciclos económicos. En segundo, se ha hecho hincapié en las relaciones específicas de los bancos con otros agentes económicos, resaltando su presencia en la industria o el papel que han jugado en la deuda pignorada del Estado. La tercera motivación señalaba la estrategia empresarial de los bancos, sobre todo las decisiones referidas al grado de especialización (banco comercial o industrial) y a la expansión a través de redes de sucursales. Por último, se han comentado los factores de tipo político, con particular referencia al intervencionismo y la regulación (Pueyo, 2006b, p. 53; Pérez, 1997; Pons Brias, 2001; Martín-Aceña et al., 2016).
Este trabajo estudia la actividad inversora del Banco de Crédito Local de España (BCLE) en instituciones españolas como los Ayuntamientos, las Mancomunidades y las Diputaciones. A lo largo de esta descripción se hace una breve referencia a la historia del banco, con el fin de conocer el contexto en el que nació y la evolución experimentada en su relación con las entidades locales. Desde el punto de vista cronológico, se ha escogido un período que abarca desde su creación (1925) hasta el comienzo de la guerra civil española (1936). El banco nació en plena Dictadura del general Primo de Rivera, sufrió los efectos de una devastadora guerra y continuó su devenir con el régimen dictatorial de Franco. Por otra parte, la intrahistoria de esta entidad financiera permite vislumbrar la compleja red existente entre los diversos agentes sociales, manifestada en la estrecha relación entre el poder político y las élites económicas. En esencia, su creación muestra el carácter de la banca como motor económico primordial y el interés por invertir en proyectos de utilidad pública que impulsen activamente el crecimiento (Baskin y Miranti, 2000; Arroyo Martín, 2004, 2007 y García-Ruiz, 1999).
Las fuentes, documentación y bibliografía utilizadas han sido variadas. En el archivo histórico del Banco Bilbao Vizcaya se conservan las memorias, libros de inventarios y fondos contables del Banco de Crédito Local de España, 1928. La fuente utilizada para la confección de las tablas estadísticas ha sido la serie de memorias anuales editadas por la propia entidad (Banco de Crédito Local de España, 1925-1961). Dichas publicaciones recogen de manera muy detallada la evolución de las principales magnitudes y su pormenorizada explicación. Cabe resaltar el esfuerzo realizado por los sucesivos gestores del banco, que manifestaron un elevado nivel de transparencia corporativa en la conservación y divulgación de estos expedientes. El informe anual reflejaba de forma prolija la evolución social y económica de los propios Ayuntamientos, así como la descripción minuciosa de las operaciones realizadas.
Esta documentación aporta datos precisos sobre los sucesivos años, tanto en lo referente a la información puramente financiera —balances, cuentas de resultados y cuadros de gestión macro—, como a las principales actuaciones de sus gestores. Se ha prestado especial atención a las operaciones crediticias que llevó a cabo el banco: se muestra una relación exhaustiva de todas las actuaciones realizadas durante cada ejercicio. Las relaciones reseñan localizaciones geográficas, importes, destino de los contratos, etc. Toda esta indagación posibilita un seguimiento completo de la actividad financiera del banco, su distribución provincial y regional, así como un detallado análisis cualitativo y cuantitativo. Asimismo, la documentación analizada proporciona información sobre la estructura de los órganos de gobierno, los directivos y consejeros que ocuparon cargos representativos en la entidad. Estos expedientes han permitido profundizar en su organización empresarial y han sido un pilar fundamental para conocer las redes empresariales existentes en España durante esos años.
Además, existen trabajos sobre el BCLE. Hace varias décadas se realizaron estudios de carácter general sobre la financiación local (Moris Marrodán, 1972) y algo después, Sole Villalonga (1975) materializó uno sobre la historia de la entidad y aportó un buen número de datos financieros y contables. En esta línea, Alió (1996) desarrolló un excelente y completísimo trabajo sobre la actividad del banco en sus comienzos, su vinculación con la urbanización del territorio y la financiación municipal. Más cerca en el tiempo se han realizado algunos acercamientos al tema. Núñez y González (2008) analizaron los primeros años del banco y mostraron con precisión su estructura de funcionamiento. Por su parte, Arroyo Martín (2008) elaboró un detalladísimo artículo sobre los precedentes, marco financiero de la época y los 4 primeros ejercicios. La información que aportan estos trabajos es valiosísima y muy completa.
Con todo este bagaje se ha efectuado un análisis exhaustivo de la actividad financiera del banco. La vasta relación de operaciones realizadas se ha clasificado atendiendo a criterios geográficos (poblaciones, provincias, regiones), finalidades (construcción de escuelas, obras de abastecimiento de agua, red viaria, etc.) y a la cuantía de los préstamos concedidos. Este conjunto de datos permite ofrecer una síntesis detallada sobre su modo de funcionamiento y unas conclusiones sobre los efectos que tuvo la actividad del banco en la economía de los municipios. El análisis geográfico (provincial y regional) ha permitido conocer las poblaciones y zonas más atendidas por el banco y la consiguiente influencia económica y social que tuvo en esas regiones. Asimismo, ha proporcionado datos relevantes sobre las preferencias inversoras de la entidad, que estaban bastante determinadas por las circunstancias políticas de cada etapa.
En cuanto al estudio por finalidades se han establecido 8 grandes grupos para clasificar las distintas operaciones: 1) construcciones y reparaciones, 2) red viaria, 3) aguas y saneamiento, 4) sanidad, 5) tesorería, 6) energía, 7) transportes y 8) varios. En cada uno se han contabilizado las operaciones vinculadas con esas actividades. El capítulo de «Varios» es el más amplio por 2 motivos. El primero porque esos expedientes de concesión del crédito especifican fines diversos y resulta complejo delimitar la cuantía destinada a cada uno de ellos. Por ejemplo, por citar solo unos casos, cuando un municipio recibe un crédito en el que se especifica para «construcción de la escuela y abastecimiento de agua», o «matadero municipal y obras de saneamiento», etc. E incluso, en ocasiones, el agrupamiento de tareas es todavía mucho más confuso. El segundo motivo, porque muchas veces el expediente no manifestaba de forma clara la finalidad a la que se destinaba el crédito concedido a un Ayuntamiento determinado. En cualquier caso, la posibilidad de delimitar el destino de la mayor parte de los apuntes contables es bastante clara y proporciona información sobre los sectores económicos hacia los que se dirigió la capacidad prestamista del banco.
Este conjunto de datos, tanto desde el punto de vista geográfico como cronológico, ha sido el eje sobre el que ha discurrido este estudio. En buena medida, ese análisis describe la evolución económica de las corporaciones locales en España y las diversas coyunturas por las que han atravesado.
El texto se ha divido en varios apartados. Tras esta introducción, un segundo epígrafe analiza el régimen local desde la perspectiva de la legislación, el proceso de modernización bancaria que se estaba desarrollando en el período de entreguerras, así como el crecimiento urbano como punto de partida de la demanda de servicios públicos. El tercer apartado es una incursión en la creación del banco, donde se describen los primeros pasos, la estrategia empresarial practicada en estos años iniciales y un breve análisis del consejo de administración. En este entorno se analiza, en el cuarto epígrafe, los avances de la entidad a lo largo de estas primeras etapas de la Dictadura de Primo de Rivera y la II República. Por último, se extraen unas breves conclusiones.
2Régimen local y modernización bancaria en un contexto de desarrollo urbanoEn este epígrafe se estudian 3 aspectos que encuadran el nacimiento del BCLE. Por un lado, el desarrollo urbano y el crecimiento de las ciudades, que exigieron unas cuantiosas inversiones para mejorar las infraestructuras urbanas y los servicios públicos; por otro, una normativa municipal más acorde con los nuevos tiempos y, por último, un proceso de modernización bancaria que contemplaba a los Ayuntamientos como unos clientes preferentes. En la confluencia de estas 3 cuestiones se produjo el nacimiento de la nueva entidad bancaria. En buena medida surgió como fruto de la búsqueda de nuevas herramientas financieras de carácter oficial que impulsaran el desarrollo de un sistema bancario en expansión.
En España el primer tercio del siglo XX contempla el crecimiento de numerosas ciudades y poblaciones. Esto obliga a sus Ayuntamientos a buscar fórmulas que permitan la modernización urbanística. Derrumbe de murallas, ensanches, transportes colectivos, red de abastecimiento de agua y alcantarillado, nuevas carreteras, construcción de mercados, escuelas, centros de atención sanitaria, etc., son algunas de las tareas a las que destinaban gran parte de sus presupuestos.
Las ciudades dinámicas fueron muchas, tanto en el norte como en el sur, pero Barcelona y Madrid (especialmente la primera) son ejemplos palpables de la estrecha interacción entre expansión local, activismo municipalista y mundo de los negocios (Núñez, 2008, 2013 y González y Núñez, 2008). En la década de 1920ha sido descrita minuciosamente la presencia de hombres de negocios en la «tierra de frontera entre la Administración municipal y los intereses privados», hasta el punto de que se aprecia su progresiva toma de control del Ayuntamiento y de la Diputación de Barcelona (Tafunell, 2005; Núñez y González, 2008). Asimismo, la Ciudad Condal no solo se convirtió en un foco irradiador de impulsos empresariales a nivel regional, sino que también se erigió en un motor de influencia a escala nacional. Esto permitió a un buen grupo de empresarios participar activamente en iniciativas financieras y mercantiles. El caso del BCLE es paradigmático en ese sentido.
Por otro lado, desde 1900 la deuda de los Ayuntamientos era una pesada losa que ahogaba a los municipios y que no cesaba de agravar su situación (Comín, 1988). Los ambiciosos programas de reformas urbanísticas exigían unas inversiones que superaban ampliamente la capacidad económica de las entidades locales. En diversos países europeos habían surgido entidades crediticias con esta finalidad, e incluso en España, algunas cajas de ahorros municipales desarrollaron la faceta de prestar en condiciones favorables a los Cabildos y Diputaciones.
A comienzos de la década de 1920, el sistema bancario y las entidades municipales y provinciales (Ayuntamientos y Diputaciones), no contaban con una institución u organismo que les permitiera acceder al crédito en unas condiciones favorables. En esta situación se encontraban especialmente los pequeños y medianos municipios (García-Ruiz, 2009).
La Ley de Ordenación Bancaria de 1921 estableció un marco legislativo adaptado a la nueva situación económica y social de España. Dos objetivos esenciales marcaron esta norma: convertir el Banco de España en un auténtico banco central y ordenar la banca privada estableciendo un modelo regulatorio para todo el sistema financiero. En esta línea, el Gobierno dispuso diversas medidas para el control y supervisión de las entidades financieras. En esencia, definió el concepto de banco y los requisitos necesarios para obtener la aprobación gubernamental: mínimo de capital, limitaciones en los tipos de interés según se tratara de cuentas corrientes o depósitos, establecimiento de unas tarifas y, por último, proporcionalidad entre recursos propios y ajenos (Pons, 2011, pp. 93-95).
La banca durante la Dictadura de Primo de Rivera mantuvo la posición hegemónica alcanzada en las décadas anteriores. La política de esos años tuvo un elevado carácter corporativista, que convirtió entidades privadas en organismos semipúblicos. El intervencionismo respaldó los intereses de grupos determinados y fomentó las prácticas monopolistas. La consolidación de los grandes bancos se hizo efectiva gracias a la expansión de la red de sucursales, la absorción de bancos y las prácticas colusivas desarrolladas por el Consejo Superior Bancario (Pueyo, 2006b, p. 28).
El panorama bancario español estaba configurado por 6 relevantes entidades1, una importante banca regional y local, así como por bancos extranjeros. Los «seis grandes» presentaban características de «holding», gracias a una red de consejeros comunes y se convirtieron en el núcleo de un diversificado grupo de empresas mineras, industriales, de transporte y energía (Hernández-Marco, 2008). Junto a este conglomerado, existían un buen número de casas de banca y comerciantes banqueros que jugaban un significativo papel en lugares todavía inaccesibles para la banca más moderna. Por otra parte, se encontraban el Banco de España y el Banco Hipotecario, que conjugaban su carácter «oficial» y «privado» con la regulación de las emisiones de moneda y del crédito hipotecario. La evolución del sector bancario en el período de entreguerras tuvo una relación directa con el crecimiento general de la economía. El programa de inversiones de la Dictadura pudo estimular la industria pesada (muy vinculada a los grandes bancos) y facilitó la expansión de estas entidades (Pueyo, 2006b, p. 34).
En las primeras décadas del siglo XX, el crédito a las Diputaciones y Ayuntamientos se estructuraba esencialmente de 2 maneras: obteniendo préstamos de las entidades financieras privadas y mediante emisiones de deuda pública local. Los préstamos del sector financiero privado se concedían a través del Banco Hipotecario, banca privada, compañías de crédito territorial y cajas de ahorro. La fuente más importante era el Banco Hipotecario, que intervenía en áreas desvinculadas del crédito territorial y más bien relacionadas con la industria y la financiación de instituciones administrativas. A pesar de su existencia, se apreciaba la ausencia de mecanismos financieros «oficiales» que permitieran regular esa actividad de forma especializada.
En Cataluña y el País Vasco existían 2 entidades importantes para el crédito local: la Caja de Crédito Comunal de la Mancomunidad de Cataluña y la Caja Provincial de Ahorros de Guipúzcoa. La primera fue consecuencia de la constitución en 1914 de la mancomunidad catalana. La segunda, algo posterior en el tiempo, fue el modelo que se empleó en la región para cubrir las necesidades de expansión local en ese territorio (Alió, 1996, p. 55; Magaldi Mendaña, 2010, p. 563; Magaldi Mendaña, 2012, pp. 281-287; Calvo Sotelo, 1931/1974, p. 42).
A pesar de acudir a las entidades crediticias, las corporaciones locales padecían la escasez de los recursos ordinarios y esta situación las conducía a la emisión de deuda en una cuantía considerable. Por tanto, en este proceso de modernización del sistema financiero (tanto privado como oficial), fue donde se planteó cubrir la perentoria necesidad que padecían Ayuntamientos y Diputaciones.
La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1929) provocó un cambio político significativo que afectó de forma relevante al régimen de las corporaciones locales. José Calvo Sotelo fue nombrado director general de la Administración Local en 1923 y en pocos meses se proyectaron normas que buscaban una mayor autonomía de las Haciendas locales. Este programa concluyó con la promulgación del Estatuto Municipal y del Estatuto Provincial. El economista Antonio Flores de Lemus fue uno de los encargados de redactar los capítulos dedicados a la fiscalidad y se terminó convirtiendo en el artífice de la estructuración y modernización de la Hacienda local española. En la propia exposición de motivos del estatuto se recalcaba la necesidad de afrontar el problema del crédito municipal, con el fin de «oxigenar la vida municipal». Existía conciencia clara del excesivo centralismo y del perverso sistema de intromisión gubernativa en los asuntos locales. En cualquier caso, la reforma hacendística propugnada generó abundantes críticas. Se le achacaba la escasa regulación del crédito municipal y de los presupuestos extraordinarios, así como la excesiva rigidez, que impedía aumentar los ingresos. Por otro lado, se le reprochaba la ausencia de originalidad fiscal y la eliminación del control gubernativo de las cuentas municipales.
A pesar de los reparos, resultó bastante innovador al plantear la posibilidad de recurrir al crédito público. En esencia, se postulaba que los Ayuntamientos podían apelar a esta práctica financiera emitiendo empréstitos a largo o corto plazo. En unos casos, librando letras de cambio y, en otros, expidiendo pagarés a la orden con vencimiento no superior a 90 días contra la Caja Municipal. La promulgación del Reglamento de la Hacienda Municipal (23 de agosto de 1924) dejaba claro que el objetivo preferente del estatuto era la promoción del crédito municipal y por ese motivo se crearía en el menor plazo posible el Banco de Crédito Comunal con la «misión de facilitar las operaciones crediticias de los Ayuntamientos».
El régimen jurídico de las Haciendas locales se mantuvo casi inalterable desde el Estatuto Municipal de 1924 y el Estatuto Provincial de 20 de marzo de 1925. Durante la etapa republicana y los años de la Guerra Civil, no se contemplaron cambios sustanciales. Un paso importante lo supuso la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945, que agrupó en un mismo texto legislativo a los Ayuntamientos y Diputaciones (Sole Villalonga, 1975, pp. 15-18 y 88).
En este contexto se produjo la aparición de una serie de bancos oficiales de crédito con el fin de responder a la demanda de financiación de algunos sectores económicos determinados. Estas instituciones surgieron propiciadas por el capital privado, pero con el respaldo del Gobierno y con el amparo de una normativa que les otorgaba ciertos privilegios. En orden cronológico, en 1920 nació el Banco de Crédito Industrial, aunque desde 1907 se estaba intentando impulsar la financiación de las iniciativas industriales. En 1925 se fundó el BCLE (con el objetivo de hacer frente a las necesidades financieras de las corporaciones locales), en 1926 el Banco de Crédito Agrícola y en 1929 el Banco Exterior de España, con la finalidad de canalizar el comercio con otros países (Titos-Martínez, 2013).
Estos bancos fueron de capital privado hasta su nacionalización en 1962, aunque tuvieron un alto grado de regulación y control por parte del Estado. Este nombraba al gobernador que los presidía, incluso a algunos miembros del consejo de administración, y estableció normas administrativas más complejas para sus operaciones bancarias. Los recursos de estos bancos no procedían de los depósitos de particulares, sino de ordenamientos especiales como el Tesoro público, o los privilegios otorgados por el Gobierno como la emisión de títulos para la captación de fondos que contaban con el aval del Estado. El capital de estos bancos llegó a ser importante en la década de 1920 y similar al de otras entidades plenamente privadas, hasta el punto de que en 1929 se codeaban en igualdad de condiciones con otros de primera magnitud.
En esa fecha el número de bancos superaba los 200 y los oficiales se encontraban entre los 12 primeros. Este dato certifica su importancia a finales de la década y, por volumen de recursos ajenos, destaca el cuarto puesto que ocupaba el BCLE en 1929 (Martín-Aceña, 2011, pp. 132-133). Si se acude al volumen de créditos concedidos, el puesto del nuevo banco evidencia 2 etapas claramente diferenciadas: antes y después de la Guerra Civil. Para su mejor visualización se han diferenciado estos periodos en 2 gráficos (figs. 1 y 2). En los años iniciales muestra unos parámetros superiores al Banco de Crédito Industrial, que había surgido pocos años antes; pero se encuentra por debajo de entidades más consolidadas como el Bilbao o el Banco de Vizcaya. Es especialmente significativa la escasa actividad crediticia del BCLE en los años de la República. Dos puntos esenciales explican esa situación. Por un lado, las diferencias notorias y ostensibles con el gobierno republicano y, por otro, la crisis generada por la suspensión de pagos del Banco de Cataluña (fig. 1).
Evolución de los créditos concedidos por BCLE, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya y Banco de Crédito Industrial (1925-1935).
Fuente: Elaboración propia con datos de Sole Villalonga (1975, p. 132), Arroyo Martín (2003, p. 157), González et al. (2007, pp. 659, 677 y 732) y Núñez y González (2008, pp. 373-395).
Evolución de los créditos concedidos por BCLE, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya y Banco de Crédito Industrial (1940-1960).
Fuente: Elaboración propia con datos de Sole Villalonga (1975, p. 132), Arroyo Martín (2003, p. 157), González et al. (2007, pp. 659, 677 y 732) y Núñez y González (2008, pp. 373-395).
En la etapa posterior a la contienda civil, el BCLE intentó recuperar el nivel de sus primeros años de actuación. Pero excepto algunos pequeños repuntes en la década de 1940, la actividad de la entidad se mantuvo en unos valores relativamente bajos comparada con otros grupos bancarios (fig. 2).
En cualquier caso, cabe valorar la entidad no solo por el puesto ocupado en una clasificación de bancos sino por el nuevo panorama que presentaba a las corporaciones locales. Su actividad en estos primeros años fue menor que la de otros grupos bancarios ya consolidados y de larga trayectoria. Pero su aparición en el horizonte financiero permitió (especialmente en los años posteriores a la Guerra Civil), que su presencia tuviera unos efectos altamente positivos para los municipios y Diputaciones.
En esencia, estas fueron las principales líneas de actuación que señalaron el marco legislativo de Ayuntamientos y Diputaciones y su relación con el acceso al crédito.
3Los precedentes y la creación del Banco de Crédito Local de España (1924-1925)Durante la Dictadura de Primo de Rivera, la banca experimentó un desarrollo significativo tras superar la crisis de reajuste que se produjo en los años de la Primera Guerra Mundial (García-Ruiz, 2007a). En ese contexto se produjo el nacimiento del BCLE. En este apartado, se analiza su proceso de creación, gracias a la iniciativa del Banco de Cataluña y su capacidad para promover una entidad de estas características. A su vez, se traza la estrategia empresarial que desarrollaron en estos primeros momentos los hombres de negocios vinculados al banco. Por último, se cita un breve elenco de los miembros del consejo de administración, que impulsaron una vasta red de relaciones entre políticos, banqueros y constructores.
3.1Los primeros pasos y las directrices inicialesEn el nacimiento del BCLE, cabe destacar el interés de los grupos ligados al Banco de Cataluña con 2 objetivos esenciales. En primer lugar, fomentar «el progreso de los municipios» y, en segundo, canalizar recursos estatales hacia las poblaciones que tuvieran especiales necesidades de inversión para proyectos y reformas urbanísticas. La entidad catalana surgió de la iniciativa de 3 comerciantes de Reus: los hermanos Eduardo y Francisco Recasens y Evaristo Fábregas. Este último había hecho fortuna como naviero y transportista, aprovechando la privilegiada neutralidad española en la Primera Guerra Mundial. La sociedad colectiva que habían constituido (Fábregas y Recasens) comenzó a controlar pequeños bancos de la provincia de Tarragona (Reus y Tortosa, entre otros). En 1920 constituyeron como sociedad anónima el Banco de Cataluña, dirigido por Eduardo Recasens hasta la suspensión de pagos de 1931. A su alrededor se erigió un reducido grupo de bancos de carácter local (Arroyo Martín, 2003, p. 56; Cabana, 2003b; Sudrià, 2007).
El Banco de Cataluña pretendió convertirse en referente nacional y desarrolló una política expansiva durante la década de 1920. Aunque su actividad inicial se dirigió hacia la banca comercial, rápidamente se erigió en un banco de negocios, hasta el punto de que contribuyó a la creación de bastantes empresas de sectores muy diversos. En esta línea, lideró varios procesos de creación de bancos «oficiales» como el Exterior de España y el de Crédito Local. Es conocida la instancia de Eduardo Recasens, director gerente del banco catalán, a la presidencia del Directorio en junio de 1924. En ella expone la necesidad de crear una entidad que facilite el crédito a los pequeños y medianos municipios. Planteaba que el Banco Municipal de España se estableciese para auxilio de las entidades locales, para prestarles la colaboración financiera y con la facultad de emitir cédulas municipales. En septiembre de ese mismo año se constituyó una comisión para el estudio y creación de un banco municipal. Recasens, en su propuesta, planteaba erigir una nueva institución que pudiera abrir líneas de crédito a los municipios, o que actuara de intermediario en la contratación de los préstamos de esas mismas entidades. A cambio, el nuevo banco tendría el privilegio de emitir títulos con la denominación de cédulas municipales.
Estos propósitos se asentaban en estrategias empresariales que buscaban buenas oportunidades para obtener ganancias. En fechas aledañas se crearon otros bancos de carácter público, que muestran los intereses mercantiles de hombres de negocios que asentaban su actividad económica en sus relaciones con las administraciones locales. La modernización de las ciudades estaba alcanzando una envergadura desconocida hasta esos años y proporcionaba la ocasión adecuada para que estas élites político-económicas se erigieran en las promotoras de tales iniciativas. Su ventaja competitiva era evidente y se cimentaba en las estrechas vinculaciones que existían entre el poder político y los empresarios privados. El negocio bancario era claro, puesto que pretendía gestionar con eficiencia y aportar soluciones para cubrir la demanda de préstamos y créditos que realizaban las entidades locales. Con este fin se creaba un producto que absorbiera los recursos necesarios del mercado (la emisión de cédulas), para realizar su labor de intermediación entre el dinero que captaba y el que prestaba a las diversas instituciones. Como en toda actividad bancaria, en el primer aspecto se pagaba un interés con lo obtenido de los rendimientos de las cédulas y, en el segundo, se cobraba un rédito a las entidades a las que prestaba. De esta forma se dinamizaba el crédito local a medio y largo plazo y se fortalecía la gestión económica de Ayuntamientos y Diputaciones (Comín, 2011; García-Ruiz, 2013).
La aprobación del Reglamento de Hacienda Municipal en agosto de 1924 confirmó que el Gobierno pretendía crear un «banco de crédito comunal», que en su denominación rememoraba al existente en Bélgica desde 1860. El objetivo esencial se resaltaba claramente: facilitar la financiación de los Ayuntamientos. La comisión que estudió su constitución consideró 2 posibilidades. Por un lado, la creación de una entidad de carácter privado a la que se concediera el privilegio de la emisión de cédulas. Por otro, fundar un organismo oficial y de carácter corporativo. La fórmula adoptada fue la primera, es decir, erigir un banco privado que asumiese la función de conceder créditos a las corporaciones locales.
Para tal fin se abrió un concurso al que se presentaron 3 propuestas. La presentada por Eduardo Recasens, director del Banco de Cataluña, fue la seleccionada. Con esta adjudicación se comprometía a suscribir y desembolsar el 60 por 100 del capital de la nueva entidad. El 40 por 100 restante debía correr a cargo de Ayuntamientos y Diputaciones, pero, si no se cubría, debía sufragarlo el propio banco catalán. Para establecer el interés de las cédulas de crédito local se tomaron como referencia las del Banco Hipotecario, al mismo tiempo que se exigía la autorización del Gobierno para cualquier variación del capital social. La nueva entidad se adjudicó al Banco de Cataluña por 50 años, el domicilio social se estableció en Madrid y la prórroga de su actividad quedaba a criterio del Gobierno.
Como se puede apreciar en la tabla 1, la mayor parte de las acciones las adquirió el Sindicato de Banqueros de Barcelona, mientras que el resto se distribuyó entre un buen número de hombres de negocios (catalanes y baleares, especialmente) y el representante de la firma Rotschild en España, Alfredo Bauer Landauer.
Banco de Crédito Local de España (1925) n (distribución del 60 por 100 del capital)
| Entidad/persona | Número acciones | Pesetas |
|---|---|---|
| Sindicato de Banqueros de Barcelona | 3.000 | 3.000.000 |
| Juan March Ordinas | 2.000 | 2.000.000 |
| Banco Hispano Colonial | 1.800 | 1.800.000 |
| Soler y Torra Hermanos | 1.200 | 1.200.000 |
| Banco de Descuentos y Préstamos | 1.200 | 1.200.000 |
| Banco de Tortosa | 1.000 | 1.000.000 |
| Bauer y Compañía | 1.000 | 1.000.000 |
| José Juan Dómine | 1.000 | 1.000.000 |
| Francisco de la Roda Matoses | 1.000 | 1.000.000 |
| Duque de Bivona | 1.000 | 1.000.000 |
| Ernesto Anastasio Pascual | 1.000 | 1.000.000 |
| Carlos Maristany Benito | 600 | 600.000 |
| Ramón Albo Martí | 200 | 200.000 |
| Francisco Lacambra Lacambra | 200 | 200.000 |
| Francisco Pons Plá | 200 | 200.000 |
| Eduardo Recasens y Mercadé | 200 | 200.000 |
| Francisco Recasens y Mercadé | 200 | 200.000 |
| Total | 16.800 | 16.800.000 |
Fuente: Tomada de Arroyo Martín (2008).
La participación de Ayuntamientos y Diputaciones para suscribir el capital del BCLE fue bastante numerosa. En estos primeros pasos se adscribieron 118 corporaciones que abarcaban toda la geografía peninsular e insular, aunque destaca la presencia de municipios andaluces. A la suscripción se sumaron tanto grandes capitales de provincia como pequeños municipios, así como un buen número de Diputaciones (fig. 3). A grandes rasgos se pueden establecer 4 áreas geográficas bien definidas: Sur (Andalucía y Extremadura), Levante, Madrid y País Vasco. También se aprecian otros núcleos más aislados como Asturias, Galicia, Castilla y Aragón. Un análisis más detallado señala el contexto esencialmente rural de las corporaciones, aunque también existan grandes urbes como Madrid, Bilbao o Valencia. Asimismo, se ha querido ver en esta suscripción el mapa de adhesión a la Dictadura primorriverista por parte de los miembros de la Unión Patriótica, que dominaban en Ayuntamientos y Diputaciones, así como la preeminencia de la oligarquía rural de actuaba a remolque de los grandes grupos financieros catalanes (Alió, 1996, pp. 66 y 67).
Municipios y Diputaciones accionistas del Banco de Crédito Local de España (1925).
Fuente: Elaboración propia con datos de Sole Villalonga (1975) y Núñez y González (2008).
Este apoyo generalizado muestra la potencialidad de la nueva entidad bancaria y reafirmaba la urgencia que tenían las ciudades de acudir a un crédito regulado. La modernización financiera no solo era bien acogida, sino que se interpretaba como la herramienta más adecuada para llevar a cabo los procesos de reforma urbana y la implantación de los servicios públicos.
3.2Estrategia empresarial y oportunidades de negocioEl BCLE, en sus años iniciales, tuvo algunos privilegios para acceder al mercado de capitales y operó con determinados monopolios legales en actividades financieras. La primera emisión de cédulas de crédito local se anunció el 16 de octubre de 1925 y fue rápidamente absorbida por el mercado. Las relaciones de las corporaciones locales con el banco eran muy estrechas, hasta el punto de que muchas de ellas eran accionistas de la entidad financiera, e incluso algunos políticos formaron parte de su consejo de administración. Estos vínculos con los gestores de las Haciendas locales provenían de sus constantes inversiones y de la consiguiente necesidad de acudir al crédito. El respaldo político y financiero que recibía del Gobierno minimizaba sus posibles riesgos, puesto que existía un control directo sobre los posibles prestatarios. El Estado concedía ayudas económicas a los Ayuntamientos para la construcción de infraestructuras y servicios públicos que, en ocasiones, eran muy elevadas, como ocurrió con las Exposiciones de 1929 en Sevilla y Barcelona. Los créditos privilegiados que se concedieron fueron muy cuantiosos y las oportunidades de negocio, para empresarios de la construcción e intermediarios financieros, florecieron de forma significativa. Esta vinculación generó aspectos negativos como la corrupción, pero también facilitó las reformas urbanísticas de muchas poblaciones, la implantación de nuevos servicios públicos y la multiplicación de negocios que tenían como clientes preferenciales a los Ayuntamientos y Diputaciones.
El BCLE se enfrentaba a 2 cuestiones primordiales. Por un lado, recabar garantías suficientes para la concesión de los préstamos, teniendo en cuenta que la situación de las Haciendas locales era bastante deficiente. Por otro, establecer un tipo de interés adecuado, que no fuera muy bajo y generara problemas de estabilidad financiera, ni muy alto y se convirtiera en una gravosa carga para los corporaciones locales. Sin embargo, el banco (a pesar de su carácter oficial) aplicó las estrategias propias de una empresa privada y estableció un riguroso control administrativo sobre los Ayuntamientos que solicitaban sus créditos. A su vez, efectuaba una estricta revisión de las cuentas municipales y vigilaba su situación financiera. Esta supervisión (clave para garantizar su reputación) era defendida continuamente por los gestores de la institución. Los propios consejeros (entre los que se encontraban un buen número de alcaldes y concejales) defendían abiertamente la necesidad de aplicar estos criterios para garantizar la supervivencia del banco.
Las normas de funcionamiento estaban muy delimitadas en los propios reglamentos del banco. El director gerente tramitaba las solicitudes y realizaba la apertura del expediente administrativo para analizar la situación económica del Ayuntamiento solicitante. A continuación el consejo de inspección ratificaba o desestimaba las condiciones de la operación. La concesión de préstamos se realizaba exigiendo diversas garantías como los ingresos de la corporación o las hipotecas de los inmuebles públicos. El Ayuntamiento de Papiol (Barcelona) fue el primer prestatario del banco, con un préstamo de 50.000 pesetas destinado al abastecimiento de aguas, ampliado poco tiempo después con otro de 24.000 pesetas para la misma finalidad. Además de este municipio, en la primera reunión del consejo de administración (23 de julio de 1925), se aprobó la concesión de varios créditos a otras poblaciones como Blanes, Olvera y Palafrugell. Asimismo, se dejó constancia de que otros tantos se estaban estudiando por parte de la inspección. Varios aspectos cabe destacar de esta primera reunión. El primero, la rapidez en la concesión de las ayudas; el segundo, el protagonismo de los municipios catalanes en estos momentos iniciales y, por último, se constata que había muchas más operaciones iniciadas en distintas regiones de España. Todo parece indicar que existía una fuerte demanda que esperaba la puesta en marcha de este mecanismo de financiación municipal y provincial.
Desde la sección de operaciones se gestionaba la cartera del banco, que actuaba sobre títulos, efectos, letras y pagarés, tanto de vencimiento fijo como de propiedad de la entidad financiera. Actuaba con los parámetros de la más estricta ortodoxia bancaria, aunque tamizada por su carácter oficial y el privilegio de la emisión de cédulas. La creación de su cartera comenzó en 1926 con la adquisición de unos 4 millones de pesetas en obligaciones del Tesoro. En 1927 se adentró en títulos de deuda, buscando especialmente las nuevas emisiones que se lanzaban al mercado. Las pérdidas de ese año rondaron el 20%, por lo que en 1928 se desprendió de los títulos de menor cotización y reordenó su cartera en los años siguientes (Arroyo Martín, 2008).
3.3El consejo de administraciónEl consejo de administración del banco, presidido por el gobernador nombrado por el Gobierno (José Calvo Sotelo en su primera etapa), estaba configurado por representantes de las corporaciones locales y por personalidades relevantes del mundo de los negocios. Resulta evidente la conexión que tuvo el banco con los ámbitos financieros y empresariales del país y especialmente de Barcelona (fig. 2) (Pueyo, 2003 y 2006a).
Los datos aportados tras analizar los inventarios oficiales del banco son elocuentes a este respecto. En 1925 el Banco de Cataluña ocupa un puesto preferente como banquero del BCLE y, aunque la participación de otras entidades con sede social en Barcelona es algo menos relevante, recalca el protagonismo catalán. Son los casos del Banco Hispano Colonial, el Sindicato de Banqueros de Barcelona, la firma Solé Torre Hermanos. Asimismo, hay que añadir Bauer y Compañía, representante de los intereses de los Rotschild en España, domiciliada en Madrid pero supervisora de la Banca Arnús de Barcelona. En los años siguientes se aprecia la presencia de otras entidades (catalanas y de otras regiones) como banqueros del BCLE: la Banca de Tortosa, el Banco de Reus, el Banco Pastor, el Banco de Aragón, etc. (Cabana, 2003a).
Al revisar los componentes del consejo de administración que provenían del sector privado, desde sus inicios hasta el estallido de la Guerra Civil, se aprecia que todos formaban parte de importantes empresas vinculadas al mundo de la banca, el ferrocarril y la construcción. Cabe reseñar casos como el de Ramón Albó (1926-1931), que era presidente del Banco de Cataluña, y también era consejero de compañías como Ferrocarriles M. Z. A. y Cubiertas y Tejados. Papel similar ocupaba Ernesto Anastasio Pascual, que presidió la sociedad Española de Contratas y era consejero en Electro Metalúrgica. Una de las figuras más relevantes era Eduardo Buxaderas de la Cantera, que fue consejero del BCLE hasta 1942 y que simultaneó su presencia en sociedades como la Banca Arnús, Banca López Bru, Banco Exterior de España, Banco Hispano Colonial, Ferrocarriles de Cataluña, Técnica de Construcción o Urbanizadora Barcelona, por citar solo algunas de las principales. Otra prominente figura fue Carlos Maristany Benito, vicepresidente del Banco de Cataluña, quien, al igual que los anteriores, ocupó puestos distinguidos en un buen número de compañías. El protagonismo de los hermanos Recasens y Mercadé fue significativo, especialmente el de Eduardo, que era director del Banco de Cataluña y del Banco de Tortosa y consejero (entre otras) en Compañías y Ferrocarriles.
La crisis del Banco de Cataluña tuvo efectos sobre la composición del consejo de administración, al provocar la reducción del número de componentes del sector privado y la salida en 1931 de los consejeros más vinculados a la entidad catalana como Albó, Recasens o Maristany. Por otro lado, la crisis institucional de ese año generó, al menos en un primer momento, un cambio en las relaciones que el BCLE mantenía con Ayuntamientos y Diputaciones. El nuevo escenario político (caída de la Dictadura de Primo de Rivera, desaparición de la monarquía y la aparición del régimen republicano) afectó a las conexiones tan estrechas que existían entre el banco y las corporaciones locales.
4La etapa inicial del Banco de Crédito Local de España (1925-1936)En este epígrafe se realiza un breve estudio de los primeros años del BCLE: desde su creación hasta el estallido de la Guerra Civil. Se ha dividido en 2 períodos. El primero abarca los intervalos de la Dictadura de Primo de Rivera y la apostilla de los 2 años siguientes hasta la proclamación de la República. El segundo ilustra las consecuencias generadas por la crisis del Banco de Cataluña y la actuación de la entidad durante la experiencia republicana.
4.1El Banco de Crédito Local durante la Dictadura (1925-1931)En los inicios, la actividad del banco muestra una débil operatividad. Sin embargo, aunque los comienzos fueron lentos y de consolidación, 2 aspectos resaltan en esta primera etapa: el número de solicitudes tramitadas y las emisiones de cédulas locales. En este período las corporaciones locales atravesaban una difícil situación financiera, especialmente en los gastos de inversión. Las cifras de los presupuestos municipales son un claro exponente de ese escenario. En este período su aumento fue escaso y su participación porcentual en la renta nacional, más bien baja. Analizando los gastos de inversión, su porcentaje no alcanza el 0,50% de la renta nacional durante todo el período, y también son significativos los porcentajes de los gastos de inversión sobre el total de los gastos.
Por este motivo, la cantidad de operaciones que realizaba anualmente es un indicador significativo de la actividad del banco. El número de solicitudes de crédito aprobadas cada año superaba las 150, mientras que en las décadas siguientes la cantidad de expedientes resueltos descendió ostensiblemente. Como se puede observar en la figura 4, sobre créditos formalizados en estos primeros años, la presencia del banco en la vida municipal fue bastante importante, sobre todo en 1929 (Sole Villalonga, 1975, pp. 47 y 132).
Banco de Crédito Local de España: créditos formalizados (1925-1936).
Fuente: Elaboración propia con datos de BCLE. Memorias y Sole Villalonga (1975, pp. 47 y 132).
El saldo de la cartera de créditos del banco se multiplicó por 3, hasta el punto de que su labor como agente de financiación local superó ese crecimiento. El ejercicio de 1925, que tan solo fue de unos meses, se cerró con unos saldos crediticios por encima de los 24 millones de pesetas. El año siguiente (el primero completo), lo culminó en una cifra cercana a los 100 millones de pesetas. Frente a los 12 contratos de los primeros 6 meses, en 1926 se llegó a los 118. Esta tendencia ascendente se multiplicó por 4 en 1929 y los saldos de créditos a los Ayuntamientos y Diputaciones superaron los 425 millones de pesetas. Ese mismo año tenía cerrados 570 contratos. Los datos muestran la consolidación que estaba alcanzando en estos primeros años y la progresión que estaba teniendo el crédito local, regulado de forma oficial pero con gestión bancaria privada. Aunque las cifras son todavía modestas, la amplitud del número evidencia que el crédito se estaba generalizando y llegando a un buen número de poblaciones de diverso tamaño, tanto grandes como pequeñas (fig. 4).
Entre 1925 y 1929 los recursos propios pasaron de 3,75 a 7,1 millones de pesetas. Por un lado, este aumento respondía al rendimiento generado por la concesión de créditos, que le permitió alcanzar en 1929 un saldo superior a las 800.000 pesetas. Y, por otro, al incremento en el desembolso de su capital, que pasó de 3,75 a 6,25 millones de pesetas. Los datos señalan unos resultados muy positivos: aumento en el número de operaciones, captación de recursos ajenos e incremento de los propios, así como una extensión de los préstamos y créditos (fig. 5).
Banco de Crédito Local de España (1925-1929): relación entre recursos e inversión.
Préstamos y créditos: saldo agregado de préstamos y créditos concebidos. Recursos totales: recursos y capital no desembolsado; Recursos: recursos propios y ajenos.
Fuente: Elaboración propia con datos de Sole Villalonga (1975) y Núñez y González (2008).
En estos primeros años, el banco tuvo como objetivo facilitar a los Ayuntamientos el crédito a largo plazo. Algunos municipios habían realizado emisiones de deuda municipal con el fin de obtener recursos para sus inversiones. Pero las dificultades de la gestión de esas emisiones y la escasa estabilidad de los mercados financieros locales otorgaron al BCLE grandes posibilidades para alcanzar una buena posición en la emisión de cédulas locales. Entre 1925 y 1930, la financiación de las corporaciones locales, aun siendo muy escasa a través de la deuda local, era marcadamente superior a la financiación ofrecida por el BCLE. La situación de inferioridad de las cédulas de crédito local se debe a que el BCLE se encontraba en proceso de consolidación y las cédulas no estaban todavía introducidas en el mercado financiero (Sole Villalonga, 1975, p. 46).
En la tabla 2 se puede apreciar que las cédulas emitidas por el banco tenían un papel muy pequeño con respecto al cómputo global de la deuda pública; e incluso bastante secundario en proporción con la deuda local. Sin embargo, se advierte un progresivo incremento en esa relación. Si en el momento de la creación de la entidad estas operaciones suponían el 3,28% del total de la deuda local, en 1930, las cédulas de crédito local ya suponen el 34,29%, cifra bastante considerable y que supone un crecimiento bastante significativo (González et al., 2007, pp. 140 y 676).
Deuda pública, deuda local y cédulas de crédito local (1925-1930) en millones de pesetas
| Año | Deuda pública | Deuda local | Total de deuda local | Cédulas del BCLE | BCLE/deuda local (%) | BCLE/deuda pública (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipios | Diputaciones | ||||||
| 1925 | 17.635,8 | 805,8 | 108,6 | 914,4 | |||
| 1926 | 18.558,7 | 924,4 | 112,4 | 1.036,8 | 30,0 | 3,28 | 0,17 |
| 1927 | 19.402,7 | 944,6 | 186,2 | 1.130,8 | 75,0 | 6,63 | 0,38 |
| 1928 | 20.044,8 | 1.079,0 | 183,6 | 1.262,6 | 185,3 | 14.67 | 0,92 |
| 1929 | 21.677,8 | 1.378,0 | 209,0 | 1.597,0 | 279,9 | 17,52 | 1,29 |
| 1930 | 21.679,7 | 1.259,4 | 242,9 | 1.502,4 | 415,2 | 34,29 | 1,91 |
Fuente: Elaboración propia con datos de: Revista de Economía y Hacienda (1932, p. 2), Sole Villalonga (1975, p. 45), Núñez (2008, p. 123), Núñez. y González (2008, p. 375) y González et al. (2007, pp. 140 y 676).
A pesar de esos inicios titubeantes, las cédulas de crédito local constituyeron la principal fuente de financiación del banco. El 16 de octubre de 1925 se emitieron 100.000 cédulas de crédito local. La suscripción de emisiones se cubrió rápidamente. De este modo, el banco resolvía el gran problema que padecían los Ayuntamientos, facilitando el crédito tanto a los grandes como a pequeños y medianos municipios.
En sus comienzos, la rentabilidad del banco parece estar fuera de toda duda. Si en 1925 los beneficios alcanzaron la discreta cifra de 37.000 pesetas; en 1929 crecieron hasta los 2,7 millones de pesetas (fig. 6). La rentabilidad obtenida por la empresa pasó del 4% en el primer año, hasta el 38% en 1929. Todos los datos apuntan a un gran dinamismo y explican que en este último año la tasa de autofinanciación rondara el 14%. El banco podía cubrir el pago de cupones, incrementaba su actividad y los resultados habilitaban el reparto de dividendos al capital (Arroyo Martín, 2008).
Banco de Crédito Local (1926-1929). Recursos, reservas y beneficios.
Fuente: Banco de Crédito Local: memorias y libro oficial de inventarios número 1 del Banco de Crédito Local de España, Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA). Arroyo Martín (2008).
Desde 1928 cabe destacar la relevancia que adquirieron los créditos concedidos a las Diputaciones provinciales, tanto a nivel individual como en mancomunidades, hasta el punto de que se convirtieron en uno de los segmentos de negocio preferidos por el banco. Las Diputaciones recibían del Estado una subvención anual de 22,5 millones de pesetas, que se destinaban a la construcción de caminos vecinales. Para solucionar el problema de las comunicaciones se planteó capitalizar esta aportación estatal, con el fin de acometer la solución del grave problema de la red de carreteras. A su vez, este proceso significaba la explotación de las riquezas minerales, agrícolas y forestales. Por esta razón se crearon las Mancomunidades, organismos con capacidad legal suficiente para emitir empréstitos y contratar créditos debidamente autorizados por el Estado. Esta situación derivó en la emisión de cédulas de crédito local interprovincial, que tenían la consideración de efectos públicos y eran cotizables en las Bolsas oficiales, hasta el punto de que su contratación en la de Madrid experimentó un notable aumento en esos años. Entre 1926 y 1930, los aumentos registrados fueron espectaculares para todo el período, con una media de crecimiento anual de 66,28%. Esto contribuyó al desarrollo de la actividad crediticia del banco, puesto que accedía más fácilmente al mercado financiero que la mayoría de los ayuntamientos y supuso una importante fuente de financiación para las entidades locales. Los créditos formalizados fueron creciendo progresivamente y se fueron estabilizando hacia el final de estos años. Para la puesta en marcha de las reformas urbanísticas y la implantación de algunos servicios públicos, las entidades locales encontraban importantes ventajas al acudir a la financiación bancaria. En buena medida, se debía a su falta de experiencia, a la ausencia de contactos y a las limitadas garantías que ofrecían en el mercado del crédito. La reputación que adquirió el banco fue significativa y permitió colocar en el mercado financiero entre 90 y 100 millones de pesetas anuales en títulos de deuda a largo plazo. E incluso en 1929 alcanzó los 169 millones de pesetas.
El destino que se otorgaba a los créditos era muy variado, pero destacaban los dedicados a sufragar la instalación de la red de agua potable, la construcción de mercados y mataderos, así como la municipalización del alumbrado. Otras necesidades como el establecimiento de industrias, la urbanización, las comunicaciones, la higiene y sanidad, también ocupaban un puesto relevante entre los créditos concedidos. La crisis económica internacional de 1929 y la caída de la Dictadura de Primo de Rivera en 1930 provocaron serios problemas en la actividad crediticia de la entidad. En primer lugar, por la paralización de las actividades municipales, que eran consecuencia del cambio político experimentado en el país. Y en segundo, por el constante deterioro de la peseta, que dañaba aún más la maltrecha economía de los Ayuntamientos. Las medidas que adoptó el Gobierno provisional aminoraron tanto la actividad del banco como de las propias corporaciones locales. Entre otras cuestiones se prescribía que los Ayuntamientos debían contar con autorización oficial para la concesión de préstamos y se exigía la aprobación administrativa de los presupuestos municipales. En cualquier caso, es evidente que en estos años se incrementaron las posibilidades de acceso al crédito de los municipios y no solo de los grandes, que eran los que contaban con un mercado propio.
En definitiva, el examen de los créditos concedidos por el banco muestra que estaban muy concentrados. En primer lugar, porque se privilegió a unos pocos grandes prestatarios y, en segundo, porque las operaciones superiores a un millón de pesetas (apenas un 20% del total) recibieron más del 70% del cómputo total de las inversiones.
4.2La etapa de la República (1931-1936)Con la llegada de la República se comenzaron a sentir los efectos de la crisis económica de 1929 y se produjo la etapa más quebrantada del banco. Las posibilidades de expansión se frenaron y se estancó el crecimiento de la entidad. A pesar de las dificultades, también experimentó un proceso de consolidación que sentó las bases del futuro próximo.
En un primer momento, la crisis de 1929 provocó el encarecimiento de los mercados bursátiles, por las trabas para realizar emisiones de cédulas. Posteriormente, con el agravamiento de la crisis, las entidades prestatarias contemplaban la reducción de sus ingresos y la imposibilidad de incrementar el volumen de endeudamiento. Por otra parte, el cambio de régimen supuso en buena medida cierta paralización de la vida municipal. Esto no fue óbice para que el banco formalizara ayudas a las corporaciones locales para frenar la hemorragia del paro obrero. En cualquier caso, los frecuentes cambios en el cargo de gobernador son muestra de la inestabilidad que experimentó el banco en esos años.
En 1931 la suspensión de pagos del Banco de Cataluña fue el detonante del severo trance que atravesó el BCLE a partir de ese momento. Estos años contemplan el florecimiento de la banca madrileña frente a la decadencia de la catalana. Si en 1920 habían quebrado el Banco de Barcelona y el Banco de Tarrasa, al comienzo de la experiencia republicana en España lo hizo el Banco de Cataluña (Blasco, 2007; García-Ruiz, 2007a). Las turbulencias políticas del momento provocaron la caída del banco de los hermanos Recasens, así como el cierre de otros 2 (Reus y Tortosa) muy relacionados con el primero. Tras 10 años de crecimiento espectacular, la proclamación de la II República sumió al banco en un complicado aprieto. Los hermanos Recasens habían sido muy proclives a la Dictadura de Primo de Rivera y habían prestado una gran colaboración al régimen político. Incluso habían colaborado activamente en la promoción de CAMPSA, que en última instancia dependía del Ministerio de Hacienda. Ante el nuevo escenario, era obvio que las autoridades republicanas se distanciaran del banco catalán y de sus directivos. El nuevo ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, ordenó la retirada de los fondos que la compañía petrolera tenía depositados en el banco (más de 4 millones de pesetas) y provocó el colapso de la entidad. Este gesto era toda una declaración de intenciones, no solo por la elevada suma del capital retraído, sino porque mostraba ante el mercado financiero y los clientes del banco el claro alejamiento con el Gobierno republicano y las serias dificultades que iba a encontrar en los siguientes meses (Sudrià, 2007, p. 282).
Estos descalabros provocaron serios perjuicios al BCLE, hizo dimitir a un grupo importante de consejeros, repercutió negativamente en su funcionamiento y generó un considerable descenso en su valor bursátil. A la vinculación con el Banco de Cataluña y la caída de este, se sumaron una serie de irregularidades que generaron cierta desconfianza de las instituciones republicanas. Además, el descenso de la aportación de capitales desde 1930 dificultó la emisión de cédulas. A pesar de todos los contratiempos, se hizo evidente la solidez de la entidad, puesto que afrontó con firmeza las obligaciones con los cedulistas e incluso se produjeron pequeñas subidas que permitieron un restablecimiento de la confianza económica, del ahorro y de la inversión.
Para salir de la crítica situación buscó el apoyo del Gobierno y solicitó un crédito al Banco de España. En febrero de 1932 realizó la primera emisión de fondos públicos que se llevó a cabo durante la República. Además, imitando experiencias de otros países y con el objetivo de incentivar la compra de nuevos títulos del banco, se realizó la emisión de 25.000 cédulas amortizables con primas o lotes (Sole Villalonga, 1975, p. 57). Las nuevas emisiones de cédulas de crédito local en los años siguientes (1933, 1934 y 1935) manifiestan su recuperación hasta el punto de que rebajó las condiciones de los préstamos y canceló la cuenta de crédito que tenía en el Banco de España.
Durante la República la actividad crediticia fue bastante baja. La crisis económica, el cambio de régimen y la suspensión de pagos del Banco de Cataluña fueron la causa de esta situación. Por otra parte, las entidades locales no cumplían con el pago de la deuda. Gracias al apoyo del Gobierno, en 1933 se incrementó de forma considerable la cuantía de las operaciones contratadas y 1934 contempló el mejor ejercicio de la etapa republicana. Sin embargo, 1935 fue otro año complicado por el retraso que los Ayuntamientos padecieron en el cobro de la recaudación. Estos incrementaron su participación en la renta nacional y gozaron de una política de cierta autonomía; sin embargo, no contaron con el explícito apoyo financiero y hacendístico. El aumento de las obligaciones en circulación de los Ayuntamientos y Diputaciones fue bastante notable hasta 1930, pero se aprecia una disminución de la cuantía a partir de ese año; aunque curiosamente también supuso un punto de inflexión para el incremento de las cédulas en circulación del BCLE.
En resumen, la crisis política y financiera de esos años afectó muy negativamente y provocó una reducción importante del número de créditos concedidos. El banco se estaba alejando de su objetivo inicial y encontraba dificultades en sus expectativas de negocio. Si en los momentos iniciales el banco se orientó hacia la diversificación de nuevas inversiones y a una gran dispersión sin que predominaran las grandes operaciones sobre el total, a partir de 1930 la tendencia cambió de forma radical. Desde ese año el número de trasferencias se redujo drásticamente y su montante bajó de manera ostensible.
5Las operaciones crediticiasEn este epígrafe se lleva a cabo una minuciosa descripción de las finalidades a las que iban destinados los préstamos que realizó el BCLE, tanto de la distribución geográfica como de las aplicaciones a que se destinaban.
Entre 1926 y 1939 las inversiones habían ocupado un amplio espectro que abarcaba las acometidas para las redes de agua potable y alcantarillado, compra de terrenos y construcción de cuarteles para la guardia civil, escuelas, mataderos, mercados, hospitales y el plan de caminos vecinales. Sevilla y Barcelona recibieron importantes créditos para las obras de modernización con motivo de las Exposiciones de 1929. Los datos de las memorias del banco indican que sus aportaciones promovieron sustanciales inversiones en los municipios y agilizaron el proceso de modernización de muchas poblaciones.
Las cifras recogidas en la tabla 3 son ilustrativas. El número de operaciones es abundante en los primeros años y disminuyen de forma notable a partir de 1930. A partir de ese año la tendencia comenzó a cambiar significativamente. De forma simultánea, descendió la cuantía de los créditos concedidos. En este período se concedieron más de 600 créditos a municipios. Un análisis detallado sobre su adjudicación (según el tamaño de población de los municipios) indica 2 claras tendencias (tabla 4).
Créditos concedidos por el Banco de Crédito Local (1925-1936)
| Año | Total (millones de pesetas) | Grandes créditos (> 1 millón de pesetas) | Pequeños créditos (< 1 millón de pesetas) | Proporción de los grandes prestatarios sobre el total |
|---|---|---|---|---|
| Importe total | Importe total | Importe total | Importe total (%) | |
| 1925 | 24 | N. d. | N. d. | N. d. |
| 1926 | 97 | 82 | 15 | 84,54 |
| 1927 | 99 | 75 | 24 | 75,76 |
| 1928 | 95 | 68 | 27 | 71,58 |
| 1929 | 169 | 139 | 30 | 82,25 |
| 1930 | 93 | 90 | 3 | 96,77 |
| 1931 | 22 | 20 | 2 | 90,91 |
| 1932 | 4 | 2 | 2 | 50,00 |
| 1933 | 38 | 37 | 1 | 97,36 |
| 1934 | 46 | 30 | 16 | 65,21 |
| 1935 | 14 | 9 | 5 | 64,28 |
| 1936 | 25 | n. d. | n. d. | n. d. |
Fuente: Elaboración propia. BCLE. 1926-1936, Memorias. Sole Villalonga (1975, p. 132); Núñez y González (2008, p. 363).
Banco de Crédito Local de España (1925-1936): Distribución del crédito según tamaño de los municipios
| Tamaño de la población | Número de créditos | Número de municipios | Total de pesetas | Pesetas/municipio | Pesetas/habitante |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.000 | 67 | 61 | 1.623.052 | 27.607,41 | 41,40 |
| 1.000-2.000 | 97 | 90 | 4.549.520 | 50.550,22 | 34,98 |
| 2.001-5.000 | 179 | 147 | 18.026.871 | 122.631.78 | 38,52 |
| 5.001-10.000 | 134 | 107 | 34.080.186 | 318.506,41 | 43,32 |
| 10.001-20.000 | 99 | 67 | 48.467.393 | 723.393,93 | 52,27 |
| 20.001-50.000 | 57 | 36 | 73.452.145 | 2.040.337,36 | 70,69 |
| 50.001-100.000 | 19 | 9 | 50.774.783 | 5.641.642,56 | 78,01 |
| 100.001-250.000 | 5 | 4 | 110.943.042 | 27.735.760,50 | 166,95 |
| >250.000 | 1 | 1 | 52.000.000 | 52.000.000,00 | 51,71 |
| Total | 658 | 522 | 393.916.992 | 754.630,25 | 68,97 |
Fuente: Alió (1996, p. 92).
La primera muestra una orientación progresiva hacia los grandes prestatarios y va dejando de lado las pequeñas operaciones, que cada vez se reducen más. En este sentido, 1933 es un año paradigmático, puesto que la distribución del crédito se centró en las ciudades grandes del sistema urbano español, que eran las que recibían la mayor parte de la atención del banco. Asimismo, muestra que los municipios medianos y pequeños demandaban una importante cantidad de créditos, debido en buena medida a la existencia de un notable número de poblaciones en ese rango de la jerarquía urbana.
La segunda tendencia, considerando el volumen de los préstamos, ratifica lo expuesto anteriormente: las ciudades grandes reciben partidas más cuantiosas, tanto en pesetas por municipio como por habitante. Por otro lado, también se verifica que las ciudades intermedias fueron las que recibieron más atención del banco, sobre todo los núcleos de población entre 2.000 y 5.000 habitantes, que suponían una tercera parte de todos los municipios. Asimismo, el escalón que no superaba los 10.000 habitantes también contó con un buen número de créditos. Los municipios intermedios (entre 5.000 y 20.000 habitantes) fueron los que más demandaron los préstamos del banco. Estas poblaciones (ciudades medianas) actuaban como mercados y aglutinaban las funciones inexistentes en otros enclaves más pequeños. Estas características se daban bastante en las zonas del sur y sudeste de España, donde los núcleos de población (relativamente grandes) se caracterizaban por la elevada proporción de la actividad agrícola. En un nivel superior se advierte que los municipios mayores de 20.000 habitantes también ocupaban un puesto destacado.
Las grandes capitales contaban con entidades bancarias que financiaban las obras públicas y, por este motivo, el BCLE se centraba en las poblaciones que ocupaban estadios intermedios. Eran ciudades menos importantes, pero presentaban potencialidades interesantes desde el punto de vista de la inversión, sin olvidar que constituían el primer nivel urbano en un país eminentemente rural y con predominio de las actividades agrícolas (Alió, 1996, pp. 91-92, 100-101).
Como muestra la figura 7 las concesiones de créditos copaban en buena medida un conjunto de acciones que abarcaban desde la construcción de la red viaria, la implantación de la red de agua potable y alcantarillado, hasta la construcción de mataderos, escuelas, edificios públicos, etc. En ese amplio apartado de «varios» se mezclan tareas diversas que comprenden la recogida de basuras, los gastos de la Exposición internacional, el material para sofocar incendios, instalación de un horno de pan, la construcción de un embarcadero, el servicio de limpieza municipal o la amortización de títulos. Es evidente que la administración municipal realizaba una amplia gama de actividades, algunas incipientes todavía, que resultaban difíciles de catalogar en la enmarañada estructura administrativa.
La concesión de créditos que llevó a cabo el banco alcanzó a buena parte del territorio nacional, aunque la distribución no fue muy homogénea, como se puede apreciar en la tabla 5. Existe un primer apartado en el que se han incluido los créditos concedidos a Mancomunidades y Diputaciones, que engloba un amplio espectro de difícil clasificación. Pero el análisis de los datos concretos por poblaciones y comunidades permite entrever las ciudades y zonas que contaron con una mayor atención por parte del banco. Algunas regiones como País Vasco y Navarra no accedieron a esta modalidad de financiación, debido a la consideración foral de sus instituciones y a que con frecuencia (Ayuntamientos y Diputaciones) apelaban a la deuda pública. También se aprecia que Ceuta y Melilla se encontraban fuera de este circuito financiero. Por otra parte, destaca la escasa de actividad que tuvo el banco con regiones como Baleares y Cantabria. Entre las grandes ciudades, solo Barcelona recibió un crédito extraordinario en 1930, que estuvo justificado por las obras de la Exposición Universal. Por el mismo motivo, el Gobierno acordó una subvención de 2 millones de pesetas al Ayuntamiento de Barcelona para contribuir a sufragar los gastos del certamen. Poco después concedió una segunda colaboración de 3.600.000 pesetas para hacer efectivas en 34 anualidades. A su vez, el 18 de enero de 1930 se formalizó un convenio entre el Ayuntamiento y el BCLE por el que se emitían unos bonos específicos con el fin de liquidar las cuentas pendientes de la Exposición. En 1930 el volumen de bonos emitidos ascendió a 52 millones de pesetas.
Banco de Crédito Local de España: Créditos concedidos por regiones (1925-1936)
| Pesetas | Población en 1930 | Pesetas/habitante | |
|---|---|---|---|
| Mancomunidades y Diputaciones | 257.234.996,99 | N. d. | N. d. |
| Andalucía | 203.675.273,83 | 4.609.879 | 44,18 |
| Cataluña | 75.317.364,95 | 2.791.292 | 26,98 |
| Canarias | 26.641.775,85 | 555.128 | 47,99 |
| Valencia | 26.419.844,90 | 1.896.738 | 13,92 |
| Galicia | 25.532.195,79 | 2.230.281 | 11,44 |
| Aragón | 21.637.342,46 | 1.031.559 | 20,97 |
| Murcia | 14.438.476,95 | 645.449 | 22,36 |
| Castilla León | 13.588.795,17 | 2.477.324 | 5,48 |
| Extremadura | 12.779.683,10 | 1.152.174 | 11,09 |
| Madrid | 12.744.314,29 | 1.383.951 | 9,20 |
| Castilla La Mancha | 8.135.185,59 | 1.827.196 | 4,45 |
| Asturias | 6.717.245,74 | 791.855 | 8,48 |
| La Rioja | 4.284.089,46 | 203.789 | 21,02 |
| Cantabria | 827.000,00 | 364.147 | 2,27 |
| Baleares | 700.900,00 | 365.512 | 1,91 |
Fuente: Elaboración propia. Banco de Crédito Local de España (1925-1936); Memorias. Censo 1930.
Similar situación disfrutó Sevilla (por la Exposición Iberoamericana) para la construcción del alcantarillado, implantación de servicios de abastecimiento de agua potable y la construcción de mataderos, mercados, escuelas, infraestructuras para el alumbrado, etc. Sin embargo, la ciudad de Madrid no recibió ningún crédito, aunque sí lo obtuvieron poblaciones aledañas.
La distribución regional de la concesión de créditos muestra el perfil urbano de España en las primeras décadas del siglo XX. Las zonas que contaban con mayor número de ciudades son las que se encontraban inmersas en un notable proceso de modernización y, por tanto, demandaban créditos para llevar a cabo diversas reformas. Aparte de un gran conglomerado de créditos concedidos a Mancomunidades y Diputaciones (los apuntes contables no especificaban entre unas y otras), Andalucía y Cataluña son las regiones que acaparaban la atención del BCLE en comparación con el resto de los territorios (fig. 8).
Un segundo bloque, a cierta distancia en volumen total de créditos concedidos, lo ocupan Canarias, Valencia, Galicia y Aragón. Zonas muy diversas en su población, estructura económica y en su ubicación geográfica, pero que se mueven en un entorno similar en cuanto a los créditos obtenidos. En un escalón inferior se encuentran Murcia, Castilla-León, Extremadura y la provincia de Madrid. Por último, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y Baleares ocupan rezagados puestos en su conexión con el banco.
Al analizar la concesión de créditos con relación a las pesetas por habitante, se aprecia una situación bastante similar a la expuesta, aunque con algunos matices. Canarias destaca en un primer puesto en ese apartado. Asimismo, Andalucía continúa siendo una de las principales receptoras de las prestaciones del BCLE. Los municipios del valle del Guadalquivir son los que cuentan con mayor número de créditos. Las campiñas cordobesa y sevillana, la zona de las marismas, diversos enclaves de las provincias de Huelva y Cádiz, así como poblaciones mineras cercanas a Sierra Morena forman un conjunto importante. Se trata de poblaciones por encima de los 5.000 habitantes, centradas en los sectores agrícola y minero.
Por su parte, Cataluña (aunque también muestra la tendencia anteriormente señalada) se encuentra en un escalón inferior y en un rango similar al de Murcia, La Rioja y Aragón. Estas regiones, con un número de habitantes muy inferior, se hallan proporcionalmente casi al mismo nivel que los municipios catalanes en la obtención de créditos. En un estadio intermedio se sitúan Valencia, Galicia, Extremadura, Madrid y Asturias, en las que las pesetas por habitante percibidas muestran unas cantidades bastante pequeñas. Por último, las 2 Castillas, Cantabria y Baleares cuentan con unas cifras muy reducidas.
El predominio andaluz se puede explicar por varias causas. En primer lugar, porque la red urbana andaluza contaba con un número apreciable de ciudades grandes. En 1900, existían 6 ciudades con más de 50.000 habitantes: Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera y Córdoba. Frente a los sistemas urbanos del País Vasco, Cataluña o Valencia, que tenían una ciudad que lo dominaba todo, en Andalucía estaba diversificada (Reher, 1994, pp. 10-12; Tafunell, 1989, p. 262). Por su parte, Cataluña era una de las regiones que manifestaba uno de los índices más altos de urbanización. Barcelona había sido desde siempre una de las ciudades más importantes de la Península y aclara ese alto nivel de captación de préstamos (Camps-Cura, 1990, pp. 310-317; Tafunell, 1992, pp. 4-5).
En segundo lugar, cabe recordar que los municipios y Diputaciones andaluzas tuvieron un papel destacado en la compra de las acciones del banco y, por tanto, su predisposición a solicitar los préstamos era mayor que en otras regiones. El mapa de esa distribución puede explicar esta cuestión (fig. 3). Una tercera causa podría estar relacionada con la menor presencia de bancos en Andalucía que en otras regiones españolas (Arroyo Martín, 2003, p. 155). Por ejemplo, un análisis de los empréstitos municipales tramitados en 1924 (antes de la creación del BCLE) muestra que Madrid y Barcelona y las provincias del norte se erigen en las áreas más receptivas del crédito. Sevilla es una excepción y otras provincias como Valencia, Albacete y Murcia se mantienen con niveles intermedios, pero a más distancia. Esta distribución parece responder a las 3 áreas principales de la banca española esos años: País Vasco, Barcelona y Madrid.
A partir de 1925 esta situación cambió. En el período estudiado las provincias que más créditos recibieron (en pesetas por habitante) fueron Sevilla, Canarias, Cáceres, Badajoz, León, Zamora, La Coruña, Pontevedra, Orense, Huesca, Ciudad Real, Ávila y Valladolid. En un segundo estadio, pero muy cerca de las anteriores se encuentran: Córdoba, Cádiz, Jaén, Granada y Huelva. Si el análisis se lleva hasta los municipios, se aprecia que el predominio del sur (Murcia y Andalucía) sigue siendo incontestable.
Otra de las razones que puede dilucidar esta concentración del crédito en esas zonas guarda relación con la expansión de la banca catalana en Andalucía y el litoral mediterráneo. Algunos de estos grupos financieros formaban parte del consejo de administración del BCLE y podrían haber actuado como sus impulsores en esas regiones. El propio banco reconocía la importancia que tenía la «experiencia ajena» para que otros pueblos afrontaran la solicitud de los préstamos. Alió (1996) ha destacado la presencia de la banca barcelonesa en los proyectos de modernización agraria y de urbanización de ciudades andaluzas2. En esta misma línea, García-Ruiz (2007b, p. 119) —analizando la actuación del Banco Hispano Americano— ha subrayado la «temprana y destacada presencia de las plazas andaluzas como receptoras de créditos» y lo extiende no solo a los enclaves principales, sino también a aquellos que contaban con menos sucursales. Entre 1901 y 1936, Andalucía recibió aportaciones considerables de crédito, incluso en mayor cuantía que alguna otra región más desarrollada y es una muestra de la fuerte implicación del Banco Hispano Americano con la industria agroalimentaria de esta región. En este sentido, la actividad del BCLE con Andalucía estaba en consonancia con la de otros bancos privados que tenían a esta zona del país como una región primordial de sus operaciones crediticias.
En definitiva, la existencia de una importante red urbana, especialmente en Andalucía, y el fuerte crecimiento de la macrocefalia barcelonesa explican la distribución geográfica del crédito local. Las diferencias con el resto de las regiones es ostensible, e incluso Madrid se encuentra en un nivel de financiación por debajo de la media de las regiones españolas.
Las obras para implantar la red de suministro de agua potable y alcantarillado eran las principales actividades a las que se destinaban los créditos otorgados por el banco. Andalucía continuaba siendo en este aspecto la región que más acaparaba este tipo de prestaciones (fig. 9). De manera proporcional, Barcelona y Madrid no recibían esta atención con tanta prodigalidad. Quizá se deba a las características que desarrollaron ambas ciudades en la implantación del suministro de agua. La Ciudad Condal apostó sobre todo por un régimen de concesiones a empresas privadas, aunque también existió durante largo tiempo un suministro de agua potable gestionado por el propio Ayuntamiento. Pero este abastecía una zona reducida de la ciudad, frente a la progresiva implantación de la compañía Aguas de Barcelona. Por su parte, la capital del reino contaba desde el siglo XIX con un explícito apoyo estatal para sufragar las obras de abastecimiento de agua y saneamiento, por lo que tampoco su Ayuntamiento necesitaba de manera especial acudir a los préstamos del banco para realizar este tipo de infraestructuras. Sorprende que otras regiones como Valencia, con un gran dinamismo urbano, no recibieran importantes créditos para este tipo de actuaciones. Las razones pueden estar relacionadas con la fuerte presencia de compañías privadas, especialmente extranjeras, en las poblaciones más importantes de la zona, lo que permitía a los Ayuntamientos prestar su atención a otro tipo de actividades como la construcción de escuelas, mataderos o el desarrollo de la red viaria (Heredia, 2013; Ruiz-Villaverde, 2013; González-Reglero, 2014; Matés-Barco, 2014).
En Andalucía no existió un modelo único en la implantación del suministro domiciliario de agua potable. En algunas poblaciones se apostó por las empresas privadas y en otras, desde fecha temprana, fue el propio Ayuntamiento el que se encargó de instalar el servicio. La presencia de las empresas privadas no fue muy significativa en toda la región: 41 municipios cedieron la construcción y gestión a estas compañías y solo 10 iniciaron la prestación entre 1925 y 1936 (Matés-Barco, 2014). Este panorama parece indicar que los municipios se encontraban con importantes deficiencias en el suministro de agua potable y que, en el momento de acudir al crédito, esta era una de sus operaciones principales. Los nuevos paradigmas de salud, bienestar y desarrollo urbano así lo exigían y es una de las razones principales que llevaba a los próceres locales a solicitar la ayuda del BCLE para realizar estas obras de infraestructura hidráulica y saneamiento.
Los créditos concedidos por el banco a las corporaciones locales para diversas obras de construcción ocuparon la segunda partida en importancia (fig. 10). En este caso, Andalucía también ocupa el puesto destacado en la obtención de créditos, seguida por una variopinta y dispareja serie de Mancomunidades y Diputaciones repartidas por toda la geografía nacional. Sigue llamando la atención la escasa relevancia de Madrid respecto a otras regiones que contaban con ciudades menos importantes, pero que recibían una sustancial atención por parte del banco. Son los casos de algunas poblaciones extremeñas y otras diseminadas por la amplia meseta castellana (fig. 11).
El análisis de otras partidas como los créditos concedidos para la construcción de la red viaria, la sanidad y los transportes, aportan datos significativos (fig. 11). En primer lugar, que la diferencia con las otras finalidades (obras de abastecimiento y construcciones en general) es muy grande en cifras absolutas y relativas. Y, en segundo, que solo 3 regiones como Andalucía, Madrid y Cataluña destacan por la preeminencia que tuvieron las concesiones de préstamos para la construcción de la red viaria. En el resto de las regiones, esta partida no contó con especial relevancia.
6ConclusionesEl cambio organizativo que estaban experimentando los municipios españoles en el primer tercio del siglo XX propició que Ayuntamientos y Diputaciones acudieran al crédito a largo plazo con el fin de afrontar las reformas urbanísticas que pretendían realizar. A su vez, la implantación de nuevos servicios públicos (en cantidad y calidad) exigía grandes inversiones, que la limitada capacidad presupuestaria de esas corporaciones no podía soportar.
En esta búsqueda surgieron nuevas estrategias que las entidades locales fueron desarrollando progresivamente. La primera, el establecimiento de una administración pública más eficaz que adoptara los mecanismos de las empresas privadas. La segunda, la ampliación del mercado financiero para obtener recursos suficientes. El papel de las élites locales, políticas y económicas, en este doble juego de interacción entre lo público y lo privado, tuvo un protagonismo relevante.
En un contexto de creciente bancarización de la economía y de acusado corporativismo social y económico, surgió el BCLE como instrumento especializado en la financiación de las administraciones locales. Esta iniciativa provino del ámbito financiero de Barcelona y permitió que muchos municipios (sobre todo los pequeños) pudieran acceder al mercado del crédito y llevar a cabo sus proyectos de modernización urbana. En los primeros años, los Ayuntamientos andaluces recibieron una especial atención por parte del banco, pero sus créditos se fueron repartiendo por casi toda la geografía española.
El banco surgió en un momento de difícil coyuntura política, social y económica en España. Precisamente por ello, tiene más importancia la acción decidida de un grupo de emprendedores con el fin de llevar a efecto la creación de una nueva institución financiera que, a priori, no iba ser un banco al uso, sino más bien un instrumento financiero al servicio de intereses sociales y, sobre todo, políticos. En este sentido, cabe destacar la rápida y total colocación del capital inicial previsto para el comienzo de las actividades. Tal situación es un buen ejemplo del compromiso de esa burguesía innovadora. Cabe resaltar el papel destacado que ocuparon 2 prominentes figuras de la política y del mundo de los negocios en la creación del banco: José Calvo Sotelo, director general de la Administración en ese momento, y Francisco Recasens, empresario catalán que tuvo una especial relevancia en los primeros años de la entidad.
En buena medida, la situación provocada por la Dictadura de Primo de Rivera facilitó la aparición del BCLE. El surgimiento de la iniciativa en Cataluña es fiel reflejo de ese entorno. El impulso de Calvo Sotelo y Recasens está vinculado al compromiso de los empresarios catalanes con el nuevo orden político, que les garantizaba la estabilidad en sus actividades económicas. De ahí surge una simbiosis que no era nueva, pero que adoptó mecanismos propicios para la modernización de la sociedad española.
La creación de esta institución financiera fue positiva, puesto que permitió el acceso al crédito de un buen número de pequeños y medianos municipios que tenían gran dificultad para acceder a ese mercado. La expansión de los préstamos favoreció la ejecución de cuantiosas obras, tanto en grandes ciudades como en minúsculos pueblos, modernizó las infraestructuras e instalaciones de muchas de estas poblaciones y mejoró las condiciones materiales de vida de amplias capas sociales.
El banco, con su función de intermediación financiera, realizó una importante labor social a través de sus inversiones. En el detalle de las operaciones se aprecia que sus préstamos contribuyeron a crear redes básicas de infraestructuras vitales para las poblaciones donde se realizaron: construcción de una red de abastecimiento, alcantarillado, lavaderos públicos, escuelas, mataderos, dispensarios médicos, carreteras, etc. Todo ello contribuyó, dentro de sus limitaciones, a modernizar poblaciones esencialmente rurales, en zonas deprimidas y en regiones (particularmente del sur) que contaban con un significativo grado de atraso económico.
El BCLE surgió como una entidad financiera tutelada por el Estado en un ámbito político muy determinado: una Dictadura que pretendía ejercer un control exhaustivo de todas las actividades económicas. En este contexto, las operaciones del banco resultaron una fórmula para asentar el régimen político en la estructura municipal del país.
La crisis económica de 1929 y sus posteriores consecuencias lastraron en buena medida el futuro del banco. A partir de ese momento se aprecia que los créditos se fueron concentrando en unos pocos prestatarios, al mismo tiempo que se promovió la reconversión de sus deudas. La incertidumbre de la etapa republicana, continuada por la fatalidad de la guerra y culminada con una aciaga posguerra, derivaron hacia una política reguladora e intervencionista, que todo lo ponía a las órdenes del Gobierno. Los Ayuntamientos y Diputaciones se decantaron por acudir a un crédito bancario cada vez más privilegiado e intervenido, pero que les exigía un control menos riguroso que el mercado de deuda pública. De este modo, las corporaciones locales debilitaron su autonomía y fueron creando un modelo organizativo que todavía perdura. El BCLE ha sido sustituido por las cajas de ahorro, la administración central por la autonómica y las élites económicas por los representantes de los partidos políticos.
En definitiva, el BCLE puede ser considerado un notable referente en el proceso de modernización de la economía española. La aparición de este tipo de banca oficial, con el apoyo del Estado, muestra la importancia que se le otorgaba al desarrollo urbano y a la mejora en la calidad de vida de las ciudades.
Banco Hispano Americano, Banco Español de Crédito, Banco Urquijo, Banco Central, Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya.
A título de ejemplo señala el caso de Marismas del Guadalquivir e Islas del Guadalquivir, 2 de los grandes proyectos agrícolas en vías de realización; los créditos que la Banca Arnús-Garí había suscrito con los Ayuntamientos de Málaga y Sevilla en 1925 y la financiación de los tranvías eléctricos de Granada y de Sevillana de Electricidad (Alió, 1996, pp. 55 y 123).