Lo social instituyente y lo político instituido en América Latina

Resumen

El artículo analiza las interrelaciones entre la política instituida (gobiernos) y lo social instituyente (movimientos sociales) en el contexto actual latinoamericano. El análisis se realiza en dos niveles —el nacional y el regional—, para lo cual se toman como referencia, por una parte, los movimientos sociales de dos países (Brasil y Argentina) y, por otra, los espacios regionales vinculados tanto a movimientos sociales como a gobiernos. La complejidad de las interrelaciones entre ambos actores considera dos dimensiones fundamentales: la comprensión del cambio social de cada uno de estos actores y la autonomía que asumen los primeros respecto a los segundos.

Abstract

The article aims to analyze the interrelationships between instituted politics (governments) and instituting sociability (social movements) in the Latin American context. The analysis includes two levels —the national and the regional ones—, and is based, on the one hand, on social movements from two countries (Brazil and Argentina) and, on the other hand, on some regional spaces linked to both social movements and governments. The complex interrelationships among these two actors take into account two dimensions: how each of them understands social change, and the autonomy as a main characteristic of social movements.

INTRODUCCIÓN

Los movimientos sociales se han convertido en actores centrales de las sociedades contemporáneas y, en consecuencia, en sujeto de atención de las teorías e investigaciones sociales. Si bien tanto los orígenes de los denominados “nuevos” movimientos sociales como las principales teorizaciones acerca de los mismos¹ aparecen vinculados a los países europeos o a Estados Unidos, la presencia de estos agentes colectivos de cambio social en América Latina ha sido creciente, especialmente en las dos últimas décadas.

En el caso latinoamericano, esta emergencia aparece ligada a una crisis de los formatos tradicionales de representación política, tanto desde la izquierda como la derecha.² Su eclosión como actores colectivos a lo largo de los años noventa y de la primera década del siglo xxi, habría sido además consecuencia de una suerte de dinámica de acción-reacción. Así como América Latina ha sido territorio privilegiado y laboratorio de políticas neoliberales, también ha devenido escenario excepcional de resistencia y de propuesta de alternativas a éstas, de enfrentamiento de sus consecuencias.³

En tal sentido, durante las dos últimas décadas, los movimientos sociales latinoamericanos han tenido una creciente importancia en las dinámicas y procesos sociopolíticos de la región, a través de distintas dimensiones de acción y expresión. Como parte de ellas, estos actores sociales han desplegado un amplio e innovador repertorio de acción colectiva,⁴ desarrollando un conjunto de experiencias de cambio y movilización social con importantes implicaciones para la articulación de nuevas subjetividades políticas de carácter dinámico y vinculadas inherentemente al desarrollo de la propia conflictividad social.⁵

Al mismo tiempo, durante la última década, distintos autores coinciden en señalar la configuración de un cambio de época en la región, que tiene entre sus síntomas la emergencia de un grupo de gobiernos que se autodenominan “progresistas” y de centroizquierda, a la par que proponen una nueva valorización de la construcción de un espacio latinoamericano, en contraposición a la subordinación al denominado Consenso de Washington, dominante durante la última década del pasado siglo.⁶ Algunos de estos gobiernos asumen un posicionamiento discursivo antineoliberal e incluso antiimperialista y anticapitalista —Venezuela, Bolivia y Ecuador, a los cuales se añade Cuba como enclave histórico de esta posición en la región—, mientras otros mantienen una posición menos radical, aunque también se incluyen en esta tendencia por ejemplo Brasil, Argentina y Uruguay.

En este contexto, a juicio de Svampa,⁷ cohabitan en el campo contestatario latinoamericano cuatro matrices político-ideológicas que dan cuenta de diferentes perspectivas en relación con la manera de pensar la política y el poder, así como los procesos de cambio social. Estas matrices son la indígena comunitaria —vinculada a la cosmovisión de los pueblos originarios—; la nacional-popular —anclada en la afirmación de la nación, una comprensión del Estado como actor redistributivo y conciliador, y el liderazgo carismático y masas organizadas en la forma pueblo—; la izquierda clásica o tradicional —fundamentada en la idea de superioridad de la forma partido y una comprensión del poder y del cambio social asociada al antagonismo de clases y al proyecto socialista— y la “nueva” narrativa autonomista —que se alimenta del fracaso de las izquierdas tradicionales y cuyos elementos centrales son la afirmación de la autonomía, lo identitario, la horizontalidad y la democracia por consenso.

En este escenario, resulta especialmente relevante analizar las interrelaciones entre procesos contrahegemónicos gestados desde los movimientos sociales y proyectos políticos propuestos desde los gobiernos, en particular aquellos que se consideran progresistas. Se ha señalado, de manera precisa, que uno de los desafíos más importantes de los movimientos sociales latinoamerianos es su relación con los gobiernos y partidos calificados como progresistas.⁸ Mientras en el contexto de gobiernos que asumen políticas neoliberales esa relación aparece claramente marcada por una lógica de oposición,⁹ en este caso la cuestión aparece mediada por la complejidad de una coincidencia en el enfrentamiento al Consenso de Washington y una divergencia en las matrices político-ideológicas en las cuales se fundamentan la comprensión del cambio social y las relaciones entre la dimensión política y las relaciones de poder.

Las relaciones entre movimientos sociales y la política ha sido objeto de numerosos debates entre posicionamientos diversos e incluso antagónicos. Mientras algunos enfoques equiparan los movimientos sociales con la antipolítica, otros subrayan que, en realidad, estos actores cuestionan los límites de la política institucional,¹⁰ señalando que la utilización de cauces no tradicionales de participación política debe ser entendida no como “la no caracterización política [de los mismos], sino, muy al contrario, el reclamo de una nueva definición de actuación pública”.¹¹ Dada la complejidad de la dimensión política de los movimientos sociales,¹² el análisis propuesto resulta significativo y pertinente, al ofrecer una perspectiva de la cuestión, desde América Latina, a partir de la indagación sobre las articulaciones entre lo social y lo político en torno al cambio social, en un singular escenario de convergencias y diferencias simultáneas como el descrito.

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

En correspondencia con la complejidad y multidimensionalidad del análisis, se propone complementar en la indagación el examen de casos específicos de movimientos sociales de dos países cuyos gobiernos se suelen incluir dentro de esa tendencia progresista, aunque no radical, en la geopolítica actual latinoamericana —Brasil y Argentina, gobernados por partidos de centro-izquierda desde 2003—, con espacios y proyectos regionales, como el Foro Social Mundial (Fsm) y la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), integrados por movimientos y gobiernos, respectivamente. Ello permitirá, por una parte, tomar en cuenta, tanto en el nivel nacional como regional, el análisis de las interrelaciones entre movimientos sociales instituyentes y política instituida, así como la inclusión, en el caso de esta última, de posicionamientos de centro-izquierda, calificados como progresistas a partir de la implementación de determinadas políticas públicas —por ejemplo, la nacionalización de recursos naturales, como el petróleo en el caso argentino, la puesta en práctica de programas dirigidos a grupos sociales excluidos, como el Plan Argentina Trabaja o Bolsa Familia, en Brasil— y de posturas más radicales, como las que caracterizan a los gobiernos de la región articulados en el alba.

Los movimientos sociales brasileños y argentinos incluidos, como parte del análisis en un plano nacional, son: a) el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (mst), de Brasil, con más de tres décadas de existencia y que se considera uno de los más importantes y significativos de la región, por su dinamismo, organización y niveles de efi ¹³b) el

Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (mocase-vc), de Argentina, miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena (mnci), cuyo proceso de gestación se inició desde las décadas de los sesenta y setenta, y actualmente agrupa a unas 9 000 familias rurales de la provincia de Santiago del Estero, “en movimiento por la solidaridad, la producción de alimentos sanos, por la agroecología, el desarrollo, la justicia y el cambio social”;¹⁴c) el Frente Popular Darío Santillán (Fpds), confluencia de distintas organizaciones argentinas, surgido en 2004, de carácter multisectorial en el cual se incluyen movimientos de trabajadores desocupados, estudiantes, campesinos, barriales y territoriales, y d) el Movimiento Territorial Liberación (mtl), también de Argentina, constituido en 2001 y ejemplo del proceso de configuración de movimientos desde la territorialidad barrial, con presencia actualmente en otras provincias como Entre Ríos, Chaco, Chubut, Jujuy y Santa Fe.

El estudio se realiza desde una perspectiva cualitativa, a partir del análisis del discurso de entrevistas a miembros de los movimientos sociales, así como de declaraciones, discursos y otros textos vinculados tanto a gobiernos, como a los movimientos y sus respectivos proyectos y espacios. La perspectiva holística e interpretativa del enfoque cualitativo se adecua a la complejidad y multidimensionalidad del tema, a lo cual se añade la flexibilidad y contextualización que caracteriza este paradigma metodológico.¹⁵ De igual forma, el análisis de discurso se ha convertido en un importante método para la investigación en movimientos sociales,¹⁶ al considerar que éstos son lo que dicen ser.¹⁷

En el discurso colectivo propio de los movimientos sociales se articulan tres niveles: uno histórico-global, que se refiere a cuestiones generales y una cierta meta-narrativa; otro organizacional, vinculado a los textos producidos por los líderes e instancias decisoras y de organización de los movimientos, y un tercer nivel, el de los discursos individuales producidos por los miembros.¹⁸ La inclusión de la dimensión nacional y regional, así como de distintos discursos a analizar, resulta coherente con esta multiplicidad de niveles discursivos en relación con los movimientos sociales.

LO POLÍTICO, LO INSTITUCIONAL Y EL CAMBIO SOCIAL: PERSPECTIVAS DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL NIVEL NACIONAL

Diversos autores asocian los movimientos sociales a procesos que tienen lugar fuera del ámbito de la política institucional,¹⁹ que pretenden devenir espacios de gestación de un anti o contrapoder y de emergencia del cambio social, a partir de sus prácticas y experiencias, lejos de la mirada estatal.²⁰ Se trataría de un proceso de transformación social que pretende cambiar el mundo sin tomar el poder.²¹ Ligado a ello, estos agentes sociales configuran unas dinámicas organizativas que se proponen evitar ciertas distorsiones (centralismo, burocratismo, verticalismo), desplegando dinámicas horizontales y participativas. De esta forma, las relaciones vivenciadas en la acción colectiva no tienen (sólo) un sentido instrumental, sino que son un adelanto del orden social alternativo que intentan construir, al punto de ser consideradas parte del desafío simbólico de los movimientos a los códigos y patrones culturales dominantes.²²

Los movimientos sociales se ubican conceptualmente en el vértice de un torbellino de nociones relacionales, como lo instituido y lo instituyente,²³ los vínculos y relaciones sociales,²⁴ la contrainstitución y la antiinstitución.²⁵ En tal sentido, se plantea que estos actores colectivos resultan expresión de lo instituyente,²⁶ o lo anti o contrainstitucional, entendidos, respectivamente, como negaciones simples o absolutas (negación de la negación simple) de las formas institucionales a través de las cuales se articula la reproducción sistémica capitalista.²⁷ Asumir esta perspectiva supone la (casi) imposibilidad de articulación entre movimientos sociales y política institucional, que se ubicarían desde una relación antagónica, al definirlos a partir de una relación beligerante con las élites, los oponentes y las autoridades públicas,²⁸ así como de una insuficiencia en las identidades colectivas existentes en una sociedad determinada y la falta de reconocimiento en los proyectos de sociedad disponibles.²⁹

Sin embargo, los movimientos sociales brasileños y argentinos analizados no asumen una negación absoluta de la política y lo político, desde una supuesta condición puramente social. En este caso, si bien subrayan su vocación de no tomar parte en las dinámicas generales de la política tradicional (convertirse en partidos políticos y participar en los espacios electorales de la democracia representativa), al mismo tiempo, reconocen de manera explícita su condición política. Lo político, para los miembros de estos movimientos, se considera no una dimensión desgajada y autónoma, sino como un “proceso de acumulación de fuerzas desde lo social”.³⁰

El propósito es, a partir del “estudio de la vida, y las relaciones, los vínculos de poder”, ir descubriendo “cómo construir un movimiento que democratice hacia adentro”,³¹ sin tener como meta una presencia en las dinámicas instituidas de participación política institucional. Se trata, en otras palabras, de “ir abriendo caminos de reconstrucción del tejido social sin tener como perspectiva principal la disputa del poder”,³² como fundamento para la construcción permanente de una alternativa política. Así, al definirse, sus miembros hablan de “movimiento social y de alto contenido político”,³³ de “movimientos sociales y políticos [que] ofrecen todo un campo nuevo de práctica militante”,³⁴ y de “un movimiento social con una direccionalidad política, distinta a los otros, que se quedaban sólo en la reivindicación inmediata”.³⁵

Estos discursos individuales de los miembros de los movimientos sociales analizados, confi man que, como se ha planteado, estos actores sociales proponen un concepto más amplio de lo político, que incluye prácticas sociales aún no institucionalizadas y que se localizan fuera de los bordes de las instituciones políticas tradicionales y más allá de las actividades tradicionales de los partidos políticos.³⁶ Esta perspectiva implica trascender una relación con lo político que se reduce al aprovechamiento por parte de los movimientos sociales de unas determinadas oportunidades del contexto, tal como postula la teoría de la estructura de oportunidades políticas. Significa además romper con una serie de asunciones y principios tradicionales sobre lo político, como la supuesta aspiración a la neutralidad en su estudio,³⁷ su comprensión en tanto que dimensión autónoma y área de actuación de ciertos profesionales, o su asociación a la dualidad autoridad-poder en su planteamiento clásico.³⁸

Los movimientos sociales analizados proponen así un enfoque que se corresponde con la acepción amplia del concepto gramsciano de política, según la cual todo es política y la considera una dimensión que atraviesa todos los ámbitos de la realidad social de manera que “todos ellos contienen a la política como elemento real o potencial ineliminable”.³⁹ Contrario a considerar la política como una actividad privativa de los políticos, Gramsci afirma que “todo es político”,⁴⁰ pues hace referencia a un elemento básico: las relaciones entre gobernantes y gobernados, basado en el “hecho primordial, irreductible” de la existencia de estos, es decir, de dirigentes y dirigidos.⁴¹

De esta forma, estos movimientos brasileños y argentinos plantean una relectura de lo político tanto en su contenido como en su forma, frente a su revisión sólo en relación a lo primero en el caso de los respectivos gobiernos de estos países, que si bien ponen en práctica políticas públicas de inclusión social, continúan fundamentados en las reglas y estructuras tradicionales de la forma democrática representativa. A esta falta de correspondencia entre la comprensión de las dinámicas políticas, se añade que, en el caso de los movimientos sociales incluidos en el estudio, la articulación entre acción cotidiana y perspectiva de transformación a largo plazo —entre el aquí y ahora y el cambio social futuro— que contiene la novedosa perspectiva de lo político como proceso de acumulación, conduce al mismo tiempo a la vinculación entre esa idea de politicidad y la condición antisistémica.

Estos movimientos asumen, efectivamente, una clara vocación antisistémica en relación, en primer lugar, con el proyecto neoliberal y, de manera general, con el orden social capitalista. En tal sentido, todos los movimientos analizados comparten una vocación por el cambio social general, desde sus orígenes mismos, al proponerse construir procesos de transformación en sus respectivos contextos sociales nacionales, que se ensayan y adelantan en sus experiencias y prácticas autónomas.

Desde sus inicios, el mst asumió tres reivindicaciones prioritarias: la conquista de la tierra, la realización de la Reforma Agraria y conseguir un proceso de cambio radical de las estructuras y relaciones sociales.⁴² De igual forma, el mocase-vc también se planteó desde su fundación no sólo alcanzar la titularidad de la tierra, sino también transformar las relaciones sociales de producción.⁴³ En su Proyecto de Declaración de Principios, el mtl se define como un movimiento “con la firme voluntad de construir una práctica contraria a la del sistema dominante”⁴⁴ y alcanzar “una sociedad distinta, solidaria y profundamente humana en la que puedan realizarse hombres y mujeres”.⁴⁵

Pero mientras estos actores colectivos asumen el cambio social de manera radical y desde la acción cotidiana, los gobiernos de sus respectivos países —ocupados por partidos de centro-izquierda— plantean las transformaciones de sus sociedades a partir de la implementación de políticas públicas, calificadas por los miembros de estos actores colectivos como actuaciones a través de las cuales “se cuela fácilmente el clientelismo y el asistencialismo”,⁴⁶ parte de una “visión desarrollista y asistencialista”⁴⁷ que para los movimientos deviene un “cerco [que] desde el comienzo criticábamos y en un momento era como que quedábamos atrapados en eso”.⁴⁸ Las insufi de estas políticas públicas gubernamentales, en los casos argentino y brasilero, han sido también señaladas por distintos autores.⁴⁹

En correspondencia con ese posicionamiento crítico frente a la propuesta de cambio social de sus respectivos gobiernos, los movimientos sociales tienen entre sus principales objetivos la autonomía material y simbólica, considerada una de las características comunes en el contexto de la amplia diversidad de movimientos sociales actuales en América Latina, junto a la gestación de un nuevo sentido de territorialidad, en tanto que espacio de emergencia de nuevas prácticas y relaciones sociales.⁵⁰ La capacidad de autonomía incluso ha llegado a ser considerada elemento central de la definición de estos actores colectivos.⁵¹

El principio de autonomía ha tenido una compleja historia en el pensamiento contrahegemónico, al haber sido rechazado en tanto que esencia, método y forma de las luchas, por parte de determinadas concepciones marxistas, al no otorgarle un valor en sí mismo en una política entendida como correlación de fuerzas. En realidad, la autonomía se define, básicamente como la capacidad de establecer norma y, en consecuencia, derivada de las relaciones de poder.⁵² Para Castoriadis, la autonomía implica “dotarse de su propia ley” y siempre resulta, “ya sea social o individual, un proyecto”.⁵³

La autonomía, cualidad subrayada por todos los casos analizados, ha llevado a calificar a los movimientos sociales latinoamericanos como “una rebelión desde los márgenes (excluidos)” que no centran sus acciones en una vocación de acceso al gobierno.⁵⁴ El mst se configuró desde su surgimiento como autónomo respecto a la Iglesia católica, y la estructura sindical y los partidos políticos,⁵⁵ si bien otros autores prefieren hablar en términos de una autonomía relativa de las comunidades Sin Tierra, organizadas —eso sí— alrededor de estructuras políticas autónomas que facilitan la movilización. El carácter relativo de la autonomía estaría dado, según este enfoque, por la ausencia de una completa y total autonomía respecto al mundo “exterior” y, de hecho, su articulación en un entramado de relaciones locales, nacionales e internacionales con distintos actores,⁵⁶ desde organizaciones no gubernamentales hasta redes de solidaridad.

De igual modo, el mocase-vc se presenta como espacio de “autonomía y dignidad” de la población campesina santiagueña,⁵⁷ a partir de una vocación —expresada desde su Acta Fundacional el 4 de agosto de 1990— de “diferenciarnos de la forma tradicional de hacer política, que se maneja con promesas incumplidas y que no le interesa promover la unidad y autodeterminación del sector campesino. Sabemos que el mocase debe alcanzar un peso político, pero manteniendo su independencia de los compromisos partidarios”.⁵⁸ Del mismo modo, el Fpds destaca que “la reivindicación de la autonomía es parte de nuestra experiencia y de nuestra concepción”. La autonomía está asociada a la disputa, desde sus orígenes, con el “aparato político clientelar de los partidos”, así como por su definición en tanto que “autónomos del Estado, los partidos, las iglesias y las centrales sindicales”, pero también se halla vinculada al hecho de que las asambleas de base sean el espacio donde se genera “el trazo grueso de nuestra política”.⁵⁹

También en el mtl la autonomía se considera una cualidad central,⁶⁰ al definirse como “una organización de lucha con autonomía de los partidos, patrones, y del Estado” que emerge “de la crisis cultural del sistema”, desde los “excluidos”.⁶¹ Nacida de la que califica como “la peor crisis sociopolítica e institucional” en la historia argentina, la voluntad de movimiento es “construir una práctica contraria a la del sistema dominante”.⁶² Este caso es especialmente relevante, pues la autonomía se mantiene como dimensión fundamental, a pesar de la vinculación o coalición entre el movimiento y el Partido Comunista Argentino (pca), resultante de los vínculos previos entre el partido, la Central de Trabajadores Argentinos (cta) y los trabajadores desocupados. Lo más significativo es que esta vinculación, aunque ha sido considerada como una coalición atractiva tanto para los militantes del partido como para los miembros del mtl, se señala que estos últimos incluso obtendrían un mayor beneficio de la misma, pues por ejemplo reciben apoyo —financiero— para sus proyectos productivos, pero no tienen obligación de votar por el pca e incluso lo hacen mayoritariamente al peronismo.⁶³

Esta autonomía, junto a su propósito de cambio social y su propuesta de una novedosa perspectiva sobre la política, convierte a los movimientos sociales en una particular fuente de conflicto, incluso en el contexto de estos países estudiados. La conflictividad es uno de los ejes presentes en las distintas aproximaciones teóricas a los movimientos sociales, asumiendo incluso un lugar central en algunas de sus definiciones.⁶⁴ Esta conflictividad inherente a los movimientos sociales los convierte en actores en particular susceptibles de ser criminalizados o cooptados.

En tal sentido, Zibechi⁶⁵ considera que, incluso en el escenario de aquellos gobiernos latinoamericanos que se consideran progresistas —como los de Argentina y Brasil, precisamente—, se ponen en práctica políticas sociales que, siguiendo las pautas del Banco Mundial en la lucha contra la pobreza, buscan frenar, aislar y hasta liquidar los movimientos sociales. Sin proponer cambios de carácter realmente estructural, estas políticas buscarían a su juicio allanar el camino hacia la gobernabilidad, generar una institucionalización de los movimientos y limar sus aristas antisistémicas.

Este autor menciona que estas políticas sociales buscan impedir el nacimiento, crecimiento y expansión de formas de vida no capitalistas, como ejemplos están el Plan Argentina Trabaja y la Bolsa Familia en Brasil.

En su opinión, tales políticas suponen las siguientes dificultades para los movimientos sociales: a) posicionan a la pobreza como problema y ocultan a la riqueza de la agenda pública; b) eluden los cambios de carácter estructural, manteniendo la desigualdad y consolidando el poder de las élites; c) bloquean el conflicto y d) disuelven la auto-organización de los sectores populares.

La autonomía tendría, por consiguiente, dos consecuencias para las interrelaciones entre movimientos sociales y política institucional. Por un lado, los movimientos enfrentan la disyuntiva del aislamiento y la represión, en caso de optar de forma recurrente por la autonomía y la no institucionalidad,⁶⁶ en una posición que ha sido definida como “fetichismo de la autonomía”.⁶⁷ Al respecto, se ha criticado la suerte de culto en que se han convertido la autonomía y el horizontalismo en algunos movimientos sociales, con consecuencias como un “democratismo altamente sectorial, local, micro, desarticulado políticamente”,⁶⁸ lo cual ha llevado a que algunos autores incluso cuestionen si, efectivamente, la autonomía —asociada a las condiciones de posibilidad de procesos horizontales y participativos— genera realmente tales procesos y si es una estrategia organizativa efectiva.⁶⁹

Por otra parte, la autonomía también conlleva a una lectura de los movimientos sociales, desde la política institucional, en términos de fuente de conflictividad más que de recurso de cambio social. Esta comprensión de tales actores colectivos, también presente en ambos casos nacionales analizados, conduce a dos respuestas: la criminalización y la cooptación.

Respecto a la primera, existen diversos ejemplos de la misma en los dos países incluidos en el estudio. En 2010 se registraron numerosas denuncias de criminalización de movimientos sociales argentinos.⁷⁰ De igual modo, el mst —cuya tensa relación con el gobierno del Partido de los Trabajadores (pt) es conocida—,⁷¹ también ha denunciado acciones de judicialización durante los últimos años, como en 2008, cuando ocho de sus miembros fueron apresados y procesados en Carazinho bajo el cargo de acciones contra la seguridad nacional. Fueron acusados de recibir apoyo de “organizaciones terroristas extranjeras”, como la guerrilla colombiana, y —lo que es más relevante— de la creación de un “Estado paralelo” con sus propias leyes y organización.⁷²

En 2010, una declaración del mst denunciaba que diez miembros se encontraban presos, lo que contextualizó la intensificación de la criminalización contra el movimiento, precisamente, en el escenario de la campaña electoral presidencial, como parte de un propósito de confusión de la opinión pública, en un ambiente de mayor conflictividad marcado justamente por la política institucional y sus dinámicas. Se trataría, en palabras de los miembros del movimiento, de un antagonismo, consecuencia de la naturaleza opuesta de dos proyectos, en particular en relación con la reforma agraria: el agronegocio versus un “proyecto de vida”.⁷³

En relación con la cooptación, también los movimientos señalan esta tendencia por parte de sus respectivos gobiernos de centro-izquierda. Así, destacan su esfuerzo por “mantener viva la memoria y la denuncia, resistiendo las redes de cooptación y claudicación que nos tendieron desde el poder”, en el enfrentamiento a las estrategias de lo que denominan “la cooptación estatal y la regimentación social kirchnerista”.⁷⁴ El Fpds asume, por consiguiente, que “parte de las experiencias más maduras no sólo sobrevivieron a las políticas de cooptación y fragmentación que impulsó el kirchnerismo, sino que también han empezado a madurar políticamente”.⁷⁵

También los miembros del mocase consideran que la cooptación es una estrategia permanente del gobierno, al señalar como ejemplo de ello la creación de espacios como la llamada “Mesa del Diálogo por la Tierra” o el Programa del Campo, calificados como “instrumentos para la cooptación de varias organizaciones campesinas, al servicio de los terratenientes […] que no implican ninguna solución de fondo a la masa de campesinos pobres”.⁷⁶ Al mismo tiempo, se denuncia la continuidad, e incluso ampliación, de los gobiernos kirchneristas, del clientelismo como forma de cooptación, con la tradicional figura en Argentina de los llamados punteros políticos.⁷⁷ En respuesta a ello, el mocase pone en práctica un sistema organizativo basado en los principios de rotación y escasa diferenciación de los representantes respecto al resto de los miembros, que —además de preservar las redes de reciprocidad a su interior— se consideran recursos protectores frente a la cooptación política, al hacer menos visibles a los representantes hacia el exterior de la organización y permitir la ampliación de los potenciales sujetos a ocupar responsabilidades en el movimiento.

Finalmente, en el caso del mst, si bien sus miembros rechazan que el movimiento haya sido objeto de cooptación por parte de los gobiernos del pt, varias investigaciones han señalado que la estrecha relación entre este partido gobernante y el movimiento, ha colocado al segundo bajo el signo de la cooptación. Esta tendencia tendría expresión en lo que se califica como un apaciguamiento del movimiento y una contención/transformación de sus luchas, que se pondría de manifiesto en la tendencia a la reducción en el número de ocupaciones de tierra realizadas por el mst desde la llegada al poder del pt.⁷⁸ Para otros autores, al contrario, las relaciones entre el gobierno del pt y los movimientos sociales brasileños, incluido el mst, no pueden explicarse por el tipo de vínculo (colonización, cooptación o pérdida de autonomía) de estos actores sociales con la esfera gubernamental, sino por las transformaciones en las relaciones entre éstos y el pt a partir de su llegada al poder.⁷⁹

DIMENSIÓN REGIONAL: (DES)ENCUENTROS ENTRE ESPACIOS DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y PROYECTOS GUBERNAMENTALES

Desde una mirada regional, analizaremos, por una parte, algunas de las más significativas participaciones de representantes de la política institucional latinoamericana en el Fsm, en tanto espacio de encuentro y articulación de los movimientos sociales de la región y, por la otra, la vinculación de estos actores colectivos al alba, proyecto impulsado desde los gobiernos con un posicionamiento más radical frente al Consenso de Washington. La complementación de ambos análisis ofrecerá una visión general de las interrelaciones entre movimientos sociales y la política institucional que se autoposiciona desde la mayor radicalidad en un nivel regional.

Celebrado por primera vez en 2001 en Porto Alegre, Brasil, el Fsm se define explícitamente como no gubernamental y no partidario, como espacio en el cual no deben participar “representaciones partidarias ni organizaciones militares”. En el caso de los gobernantes y parlamentarios, su participación sólo se contempla con carácter personal, siempre y cuando asuman los principios planteados en el documento.⁸⁰ Un análisis de las participaciones de varios de los gobernantes latinoamericanos en el Foro, muestra la complejidad de las interrelaciones que analizamos.

En el Fsm han participado, desde 2001, varios presidentes latinoamericanos.⁸¹ Un seguimiento de estas participaciones dan cuenta de las tensiones que caracterizan a estas relaciones entre movimientos sociales y la política institucional, incluso cuando se trata de los gobiernos que asumen una posición más antineoliberal. Una de las causas de esta conflictividad ha sido la simultánea participación de un presidente en este espacio y en el Foro Económico Mundial (por ejemplo, Lula da Silva en las ediciones de 2003 y 2005),⁸² precisamente el espacio en oposición al cual se gestó el Fsm. Del mismo modo, también ha generado polémica la declaración explícita de una postura que comulga con la posibilidad de la lucha armada (como fue el caso de Hugo Chávez, durante su discurso de 2003 en el Fsm).⁸³ Otras fuentes de conflictos durante la visita de presidentes al Fsm han sido las tensiones con los movimientos sociales en el país que representa (el ejemplo más relevante ha sido la petición por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador —conaie— para que Rafael Correa fuera declarado persona non grata por el Fsm en 2009).⁸⁴

Una participación de particular relevancia fue la de Hugo Chávez en el Fsm 2006, pues su discurso puede considerarse una síntesis de la comprensión desde la política institucional latinoamericana de izquierdas sobre los movimientos sociales. En su discurso, Chávez convocó a la coordinación y a la unidad de “nuestros movimientos sociales, nuestros movimientos políticos, nuestros gobiernos” e hizo un llamado al Foro “a la conformación de un gran movimiento articulado mundial, antiimperialista alternativo, que abarque el mundo entero, que tenga capacidad de conexión, de crecimiento”. Subrayó el respeto por la autonomía de los movimientos, pero apuntó sin embargo el peligro de que el Fsm se folclorizase, convirtiéndose en “un encuentro turístico” y conminó a “no perder el tiempo” y acordar “un plan de trabajo unitario, un plan de acción unitario, universal, para impulsar estas luchas”.⁸⁵

Tanto las palabras de Chávez, como el debate generado a partir de las mismas al interior de los movimientos sociales, muestran la tensión entre dos sentidos en torno a lo contrahegemónico. Por una parte, del lado de los movimientos, un sentido que enfatiza en los procesos y, por otra, desde los espacios institucionales de la política, otro que se centra en los planes y proyectos. Esta tensión también se manifiesta en el proceso de articulación que han seguido los movimientos en torno a uno de los principales proyectos regionales impulsados por el grupo de gobiernos progresistas, el alba.

Hay una convergencia de principios entre el alba y la oposición al alca desarrollada por los movimientos sociales. Desde el propio levantamiento zapatista —coincidente con la fecha de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte—, esa convergencia continúa a través de una cronología de contracumbres y Cumbres de los Pueblos de las Américas,⁸⁶ y la conformación de la Alianza Social Continental (asc) en 1997, como parte de un esfuerzo por construir una propuesta con consenso, alternativa al modelo del libre comercio. Si bien la actuación de los movimientos sociales frente al alca estuvo marcada, básicamente, por lo que Touraine denomina una “lógica de oposición”, también realizan propuestas como parte del proceso, sintetizadas en el documento Alternativas para las Américas, que resume la propuesta de la asc frente al proyecto del libre mercado y neoliberal representado por el alca.⁸⁷

La Cumbre de las Américas de 2005 en Mar del Plata es considerada el momento del “No al alca” definitivo. Durante la misma, tuvo lugar un encuentro entre los movimientos sociales y los representantes políticos gubernamentales contrarios al alca. Los movimientos sociales del continente declaraban su empeño en “favorecer e impulsar procesos alternativos de integración regional, como la Alternativa Bolivariana de las Américas (alba)”, aunque sin renunciar a su compromiso de “seguir profundizando nuestro proceso de construcción de alternativas”.⁸⁸ Sin embargo, a pesar de esa convergencia de sentidos antineoliberales, no fue hasta la V Cumbre del alba (2007) —tres años después de su fundación— cuando se creó el Consejo de Movimientos Sociales del alba, cuya estrategia, principios, estructura y funciones se aprobaron en 2008. Dos años más tarde, en su Declaración Final, la VIII Cumbre del alba (La Habana, 2009), destacaba “el creciente papel que hoy representan los movimientos sociales en nuestra región” y se acordaba concluir la organización de los respectivos capítulos nacionales de los movimientos sociales.⁸⁹

Las dificultades y retrasos en la constitución de los Consejos de Movimientos Sociales (cms) del alba se explican según estos actores sociales debido al “complejo proceso de organización de la institucionalidad del alba como mecanismo de integración, las realidades y desafíos que han vivido algunos de los procesos políticos de los países miembros (Bolivia, Venezuela), otras prioridades y esfuerzos dentro del alba y criterios de países miembros”.⁹⁰

Aunque los cms asumen en sus principios el “compromiso de la plena identificación con los principios generales que definen el alba como proceso de integración”,⁹¹ se insiste en la distinción de los movimientos sociales respecto a la política institucional. En tal sentido, se subraya que los cms tienen como objetivo ser “un espacio para compartir y desarrollar agendas comunes que beneficien a los pueblos, sin convertirnos en un espacio para dirimir disputas y representaciones políticas”. Junto al propósito declarado de “en los países miembros [del alba], sostener permanente diálogo e interrelación con sus respectivos gobiernos”, esto pone de manifiesto la relación que se asume con la política institucional, incluso en el caso de proyectos donde convergen posiciones contrarias a las políticas neoliberales, como el alba.

Expresión de la complejidad de esta articulación de los movimientos de la región en este proyecto es, además, la gestación —de forma paralela a los cms, desde 2009— de la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el alba, cuyo punto de partida es la “Carta de los Movimientos Sociales de las Américas”, aprobada durante el Fsm en Belén, 2009. En un posicionamiento dual respecto a la política institucional, en este documento se sostiene y reafirma, por una parte, “la autonomía de los movimientos populares en relación a los gobiernos”, a la vez que se plantea “desde esa autonomía establecer una relación desde los movimientos, con los gobiernos que promueven el alba”.⁹² Por un lado, se subraya su plena autonomía como actores colectivos para la definición de sus objetivos y formas de organización y de lucha y, por otra parte, se llama a impulsar las acciones concretas de construcción del alba (por ejemplo, programas de salud y alfabetización).

Si bien la Articulación reconoce la importancia de los cms y comparte con éstos un carácter antiimperialista y antineoliberal, así como los valores de justicia social, igualdad, libertad y una auténtica emancipación y soberanía, aquélla se define desde la independencia respecto a este, precisamente porque se considera un proceso de carácter más autónomo. Los movimientos que integran la Articulación se reconocen, junto a determinados gobiernos de la región, como antagonistas de las administraciones y sectores que en América Latina proponen un proyecto de integración basado en la hegemonía del mercado. Pero, al mismo tiempo, se consideran “un salto propositivo” y “un espacio más amplio de integración de los sectores populares del hemisferio”, a través del cual pueden tener “un papel cada vez más protagónico en los cambios que acontecen en nuestra región”.⁹³

Finalmente, en un nivel regional, la tendencia al posicionamiento respecto a los movimientos sociales de aquellos gobiernos que se autodeclaran como más radicalmente contrarios al Consenso de Washington, también puede considerarse a partir de las nuevas constituciones aprobadas en dichos países. Si consideramos que la expresión más completa del proyecto político institucional de cambio social en un país se sintetiza en la elaboración y aprobación de una nueva constitución, entonces en esta encontramos una de las principales lecturas que se hace de los movimientos sociales desde la política instituida.

Un examen de las tres constituciones aprobadas en países que, precisamente, pertenecen al alba —Venezuela, Ecuador y Bolivia— muestra que en ninguna de ellas se incluye el término de “movimientos sociales”. Las nociones incluidas son: movimientos políticos (Ecuador); “organizaciones de la sociedad civil”, “organizaciones de las naciones y de los pueblos indígenas campesinos” y “asociaciones de ciudadanos” (Bolivia); y “organizaciones de la sociedad civil” (Venezuela). En contraposición, los tres textos hacen referencia a organizaciones consideradas como movimientos sociales antisistémicos tradicionales: los sindicatos.

De manera significativa, la constitución ecuatoriana ejemplifica una tendencia a intentar colonizar los movimientos sociales a las estructuras y principios de la política institucional tradicional. La categoría de “organizaciones sociales” incluye a los partidos y movimientos políticos. La diferencia entre estos dos últimos se establece a partir de su escala territorial, sus fuentes de financiamiento, su nivel de institucionalización, documentación (principios, estatutos, programa, signos de identidad) y denominación de sus miembros (afiliados en los partidos, adherentes y simpatizantes en los movimientos).

La condición establecida por el texto para que un movimiento político devenga en partido, con sus derechos y obligaciones, es obtener al menos 5% del total de los votos válidos en dos procesos electorales sucesivos. De esta forma, el sistema de evaluación para los movimientos sigue las reglas del sistema político moderno de la democracia representativa, en contraposición con los principios de autonomía de los movimientos sociales y su distanciamiento respecto a las estructuras y procesos de la democracia representativa. Se pone de manifiesto una estrategia que, desde la política institucional, intenta interpretar la actuación de estos actores colectivos en sus propios términos, en lugar de proponer una articulación de estos desde sus especificidades.

No se trata de una estrategia de cooptación, sino de lo que pudiera denominarse como colonización de los movimientos sociales por parte de la política institucional. Mientras la cooptación da cuenta del intento por atraer hacia la órbita de las organizaciones políticas y gubernamentales a los movimientos sociales y en particular a sus dirigentes, la colonización de estos actores colectivos resulta un esfuerzo por integrarlos en el sistema de la democracia representativa, desde las reglas de ésta, a partir de cierto ordenamiento legal.

CONCLUSIONES

Las interrelaciones entre movimientos sociales y los gobiernos latinoamericanos que se autoposicionan contra el Consenso de Washington, ya sea desde discursos de centro-izquierda o más radicales, aparecen mediadas por una serie de tensiones. Las principales intervenciones, en tal sentido, resultan, por un lado, de la autonomía desde la cual se posicionan los movimientos sociales frente a las instituciones políticas tradicionales, que incluso se asume respecto a proyectos gubernamentales que comparten su vocación antineoliberal y antiimperialista, como el alba. Por otra parte, estas interrelaciones también están mediadas por la novedosa comprensión de lo político que plantean los movimientos, entendiéndolo como proceso de acumulación de fuerzas anclado en lo social y no como dimensión autónoma de la realidad social, regida por sus propias normas (democracia representativa) y con sus propias estructuras (el Estado, como centro de las mismas).

En tal escenario, las respuestas de la política institucional se mueven entre tres tendencias posibles: la criminalización, la cooptación o la colonización de los movimientos por los principios de la política tradicional. Cada una de estas respuestas se encuentra asociada tanto a particularidades de los contextos nacionales —radicalidad de la confrontación política, configuración del gobierno—, como a determinados momentos específicos —campañas electorales, aprobación y puesta en práctica de políticas públicas.

Pero, de manera significativa, se destaca el hecho de que, más allá de la primera y segunda respuestas más coyunturales, en el caso de cambios constitucionales —que podríamos considerar expresión de una transformación sociopolítica con vocación de trascendencia— es relevante que los movimientos sociales no se incluyan de manera explícita en las nuevas cartas magnas y su incorporación al sistema político se proponga desde los términos de las estructuras y procesos tradicionales propios de la democracia representativa, en una muestra de la tercera tendencia señalada.

En mayor o menor medida, estas tres posibles estrategias gubernamentales muestran que, si bien los movimientos sociales asumen su politicidad, dada la novedad de su enfoque sobre lo político y el cambio social, en las relaciones entre estos actores colectivos y la política institucional —incluida la que se autoposiciona desde la centro-izquierda—, subyace una marcada tensión. Esta conflictividad remite a lo que —tomando como referencia las nociones propuestas por Castoriadis—⁹⁴ se podría denominar lo social instiyutente y lo político instituido. Esto conlleva a que, desde este último, se asuma —incluso en gobiernos considerados progresistas— una perspectiva de los movimientos sociales centrada en la conflictividad —y focalizada en una lógica de oposición con estos—,⁹⁵ en lugar de una comprensión de estos actores desde la convergencia, en tanto que agentes de cambio social.

Además de trascender desde una comprensión de los movimientos centrada en la oposición hacia otra basada en su condición de agentes de cambio social, la articulación entre estos actores sociales y los gobiernos considerados progresistas requiere, por un lado, considerar a los primeros como actores de una interpelación permanente de las estructuras y acciones gubernamentales⁹⁶ y su reconocimiento parte del Estado como “actores prioritarios para el desarrollo de políticas públicas”⁹⁷ y, por el otro, superar la “guetización” asumida por algunos movimientos como derivación de la autonomía.⁹⁸ Frente a ambas perspectivas, se trata de entender que los movimientos sociales se ubican en el borde —y no al margen— de la política institucional, lo cual supone una posición inherentemente conflictiva.

Ello, sin embargo, no implica la eliminación de las tensiones. Los movimientos sociales se consideran elementos de interpelación permanente y su relación con los gobiernos estará condicionada siempre al compromiso con —y realización efectiva de— transformaciones estructurales, indispensables para el cambio social.⁹⁹ Por consiguiente, estas interrelaciones entre socialidad instituyente y política instituida deben ser entendidas desde una dualidad simultánea de espacios de diálogo y acciones de resistencia, sobre la base de un encuentro de realidades (y de perspectivas de la realidad) inherentemente conflictivo.