¿Qué pensaría Lalonde sobre la toma de decisiones en salud pública?
What should Lalonde think on the decision taking in health care?
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Sin embargo, vemos a diario que las decisiones que afectan a la salud comunitaria o salud pública son tomadas y condicionadas por los políticos, muchas veces sin contar con el informe de los técnicos, otras por la oportunidad política del momento y en otras por la presión social y de los medios de comunicación. ¿Por qué se permite esta situación? Porque el político se siente legitimado como autoridad sanitaria para responsabilizarse de la salud de la población que él representa. Sin embargo, muchas de estas decisiones tienen unas consecuencias que a veces no son compartidas por el técnico de salud pública, es decir, que el político toma y asume las funciones de los técnicos. Los pacientes no aceptarían nunca que les tratase sus enfermedades una persona no capacitada sobre el tema, ni que le informase alguien no formado suficientemente, o que decidiese sobre él alguien que no ha tenido un proceso formativo reglado. Sin embargo, y a pesar de que la salud pública es una especialidad con una sólida y demostrada base científica<span class="elsevierStyleSup">3-5</span>, esto no ocurre; en general, son los políticos que, empujados por fines no siempre sanitarios, asumen el papel de los profesionales<span class="elsevierStyleSup">1</span>. La frontera entre ambos no es tan nítida como parece a simple vista. El técnico debe informar de las diferentes opciones posibles, así como de las más beneficiosas para la población; su papel es el de introducir racionalidad en el proceso de decisión, y el político debe decidir la opción que se debe implantar y no suplantar el papel de los técnicos, a los que se debe reconocer su cometido<span class="elsevierStyleSup">6</span>. Las decisiones en materia de salud pública trascienden la mayoría de las veces la dimensión del médico, el paciente y el político, para alcanzar en muchos casos a todos los sectores de la población, con intereses no siempre coincidentes, pero definidas con unos criterios de equidad y de eliminación de desigualdades en el acceso a actividades preventivas<span class="elsevierStyleSup">5</span>.</p><p class="elsevierStylePara">Otro punto de fricción es el de la responsabilidad. Está claro que en la medicina clínica, el médico es el responsable de llevar a la práctica o no unas determinadas pruebas o tratamientos. Pero en salud pública, ¿de quién es la responsabilidad? Se han implantado en las comunidades autónomas diversos programas preventivos. ¿Quién es el responsable de que no se evalúen? La omisión no suele llamar la atención de los medios de comunicación y de la población, como la vacuna neumocócica en personas mayores, la vacuna de la varicela en la infancia o un plan preventivo para una posible pandemia de gripe. ¿Quién se responsabiliza de lo que no se implanta, a pesar de su efectividad? La dejación de responsabilidades sanitarias es una forma más de alienación, como denunciaba Iván Ílich<span class="elsevierStyleSup">7</span>. Y ¿quién se responsabiliza de la ineficiencia de un sistema? Tras las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas se han duplicado las estructuras administrativas, las funciones entre los servicios de salud y los departamentos de salud pública; se ha vaciado de objetivos, contenidos y funciones a muchos de estos departamentos. Se han trasladado al plano asistencial olvidando las diferentes facetas de la salud pública<span class="elsevierStyleSup">3,4</span>. Sus recursos humanos se están viendo apartados y relegados al ostracismo, la inactividad y la marginación frente a sus compañeros de los servicios de salud, mejor motivados y remunerados. La necesaria y obligada coordinación entre la salud pública y los demás servicios de salud pasa por una voluntad de creer y apostar por ella (tanto técnica como políticamente), y de lealtad, entendida como compromiso y responsabilidad de cada una de las partes, no interfiriendo en ello los intereses particulares.</p><p class="elsevierStylePara">Los ciudadanos reclaman más recursos humanos en salud, más medios diagnósticos y terapéuticos para atenderles como es lícito con los máximos estándares de calidad y en el menor tiempo posible. Sin embargo, no saben que se dedica menos del 1% a su salud pública, y no parece que esto preocupe a sus políticos, ya que están más interesados por la situación de las listas de espera, por el incremento continuo del gasto farmacéutico o la gestión de los recursos humanos de los servicios de salud, sin que por ello se mejore el estado de salud de la población<span class="elsevierStyleSup">8</span>. Quizá sería bueno recordar cuáles son100.655 los determinantes de la salud que el Informe Lalonde ya describió hace ahora 30 años; en definitiva, se trata de hacer políticas de salud, además de políticas de servicios sanitarios.</p><p class="elsevierStylePara"></p><p class="elsevierStylePara">Nota del autor: las opiniones del autor no representan las de la institución en la que trabaja.</p>" "pdfFichero" => "2v125n04a13076943pdf001.pdf" "tienePdf" => true "bibliografia" => array:2 [ "titulo" => "Bibliograf¿a" "seccion" => array:1 [ 0 => array:1 [ "bibliografiaReferencia" => array:8 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "bib1" "etiqueta" => "1" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "referenciaCompleta" => "Las decisiones en salud pública y sus consecuencias. Med Clin (Barc). 2004;123:501-2." "contribucion" => array:1 [ 0 => array:3 [ "titulo" => "Las decisiones en salud pública y sus consecuencias." 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Información del artículo
ISSN: 00257753Idioma original: Español
DOI:10.1157/13076943
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