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En un fallo de 6 contra 3, la opinión mayoritaria del tribunal, redactada por el juez Kennedy, resolvía la disputa, arrastrada desde 2001, reafirmando el criterio del Tribunal del Noveno Circuito Federal de Apelación de que el fiscal general federal de EE.UU., en 2001 John Ashcroft y en la actualidad Alberto Gonzales, no podía prohibir a los médicos prescribir sustancias reguladas bajo la Ley de Sustancias Controladas (Controlled Substances Act) para su uso en el suicidio médicamente asistido, forzando una regla de interpretación de la ley en ese sentido, cuando una ley estatal, como sucede en el caso de Oregón, regula la intervención de los médicos en ciertas circunstancias. Ésta es la segunda vez que el máximo tribunal de EE.UU. aborda, sin cerrarlo, algún aspecto de un tema que sigue dividiendo a la sociedad, como el suicidio médicamente asistido, después de al menos 15 años de debate social, legislativo y jurídico.</p><p class="elsevierStylePara">Este debate, cuyo elemento más importante no es el jurídico (por eso ahora veo que ha sido un error esperar a la referida resolución judicial), es el que todavía no se ha producido en España ni en intensidad, ni en profundidad, ni en implicación de los profesionales, las organizaciones, los legisladores, etc. Con todo, los cambios políticos, junto con determinada resonancia mediática de casos y películas, han propiciado una nueva oleada de reflexiones. En el año transcurrido en torno a las fechas de redacción del trabajo comentado, su publicación y esta respuesta, han visto la luz diversos textos que debaten desde la perspectiva ética la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, entre los que destaco la declaración del Instituto Borja de Bioética<span class="elsevierStyleSup">3</span>, un trabajo de Gracia<span class="elsevierStyleSup">4</span> y otro de Martínez-Urionabarrenetxea<span class="elsevierStyleSup">5</span>. Estas reflexiones hechas en España demuestran que el debate puede realizarse con rigor, como acertadamente subraya Ogando al recordar las condiciones del diálogo deliberativo. También demuestran que el rigor no elimina la polarización: existen posiciones enfrentadas y es preciso realizar una «economía del desacuerdo moral»<span class="elsevierStyleSup">5</span>. Es ahí donde hoy parece estar la riqueza de matices entre las posiciones de Ogando, Gracia, Martínez-Urionabarrenetxea, el Instituto Borja o la mía propia. Ogando afirma discrepar con el autor «en la prioridad de las políticas públicas frente a los casos particulares». Visualiza la situación con la imagen de que quizá no esté el horno para bollos y que, si se enciende, hay riesgo de que se quemen, y apuesta por luchar por encender el horno, sin que se queme nadie. El Instituto Borja cree posible plantearse la despenalización con condiciones de la eutanasia, como medida excepcional<span class="elsevierStyleSup">3</span>. Martínez-Urionabarrenetxea, de modo coincidente, cree que la raya de los límites éticamente aceptables que economizaría el desacuerdo moral podría trazarse en la distinción entre la eutanasia voluntaria y la no voluntaria, regulando la primera con salvaguardas que eviten los abusos malintencionados y los malos usos bienintencionados<span class="elsevierStyleSup">5</span>. Todos ellos coinciden también en que más básico que esos movimientos reguladores de la excepción es la promoción básica de una mejor atención al final de la vida, que es el contexto más amplio en el que hay que situar este debate de la ayuda al morir. Es en aquí donde se matiza mi posición, más en la línea de Gracia<span class="elsevierStyleSup">4</span>. Yo creo que, además de economizar el desacuerdo moral, tenemos que economizar y orientar el esfuerzo moral que hacemos como sociedad, nuestras prioridades. Si, como Gracia dice, hoy día es mayoritaria la posición «intermedia», frente a las clásicas posiciones opuestas, de las personas que defienden «que hay que mejorar las condiciones de las personas que están en situaciones peores que la muerte, sobre todo las de los enfermos terminales, y que además estarían dispuestas a justificar la eutanasia o el suicidio asistido en situaciones excepcionales»<span class="elsevierStyleSup">4</span>, ¿por qué nos cuesta tanto centrarnos como sociedad, como organización, como profesionales en esos esfuerzos útiles para prácticamente todos? No eran nada inocentes las 2 últimas citas de mi trabajo sobre la necesidad de realizar un cambio cultural y organizativo (sanitario y social) respecto al modo en que atendemos el final de la vida. Celebro que vayan en la misma línea de la reciente reflexión propiciada por el prestigioso Hastings Center, en la que una docena de expertos propugnan un cambio de modelo de cuidado, ante la dificultad de mejorar la atención al final de la vida tras 2 décadas de esfuerzos en esa línea<span class="elsevierStyleSup">6</span>. Lo que necesitamos desde hace tiempo, creo yo, ya no es tanto un nuevo debate sobre los aspectos legales de la ayuda al morir como, sobre todo, un nuevo paradigma cultural para mejorar la toma de decisiones y la asistencia sanitaria al final de la vida, haciendo un menor hincapié en las vías legales o las decisiones específicas médicas respecto a un paciente individual, para promover una mejor comunicación y toma de decisiones compartida entre los pacientes, los cuidadores y los profesionales, y un máximo esfuerzo público para dotarnos de ese mejor sistema sociosanitario. Morimos como vivimos en una red de complejas relaciones. Ahí es donde nos jugamos la dignidad del morir, mucho más que en los litigios o en las legislaciones. No hay atajo para esto. Después de dedicar más de una década a analizar el problema ético, social, médico y legal de la «regulación de la ayuda al morir», hoy por hoy estoy convencido de que el esfuerzo básico es cultural, de que las energías sobre todo deben encaminarse hacia una renovada «organización de la asistencia al morir» que, lejos de desgajarnos de nuestras relaciones, las refuerce. Sigo creyendo que en el plano de lo individual desear morir antes que seguir viviendo es un drama que exige movilizar el esfuerzo moral de todos y cada uno, según la responsabilidad correspondiente. Y en el plano social no dar salida abierta a esas situaciones muy excepcionales es una tragedia. Pero el esfuerzo social básico no está, al final, en abrir o no una puerta, o en abrir 2, o una ventana para unos pocos. El esfuerzo cultural, social, organizativo, profesional e individual del que nos beneficiaremos todos está mucho antes, cambiando nuestro paradigma de atención, en especial al final de la vida. Aunque la muerte es inevitable, morir malamente no debería serlo tanto. Ésa es la lección moral básica de Leganés. En este esfuerzo estoy seguro de contar con el acuerdo y, aún más, con la guía de Ogando, Martínez-Urionabarrenetxea, Gracia y otros. Ése es el horno que creo más preciso encender.</p>" "pdfFichero" => "2v126n18a13088777pdf001.pdf" "tienePdf" => true "bibliografia" => array:2 [ "titulo" => "Bibliografía" "seccion" => array:1 [ 0 => array:1 [ "bibliografiaReferencia" => array:6 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "bib1" "etiqueta" => "1" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "referenciaCompleta" => "8th Annual Report released March 9, 2006. 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Información del artículo
ISSN: 00257753Idioma original: Español
DOI:10.1157/13088777
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