Efectos del nuevo lindero. Indios, mexicanos y norteamericanos ante la frontera establecida al término de la guerra entre México y Estados Unidos

Resumen

Tras el fin de la guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848), el trazo del nuevo lindero inició movimientos de población y una intensa acción recíproca entre los habitantes de las comarcas a ambos lados del Río Bravo, lo cual corrió simultáneo con el recrudecimiento de las incursiones de apaches y comanches en las zonas pobladas del septentrión de México, afectando seriamente la vida de los vecinos de las comarcas fronterizas e impactando la relación no sólo de las regiones a ambos lados del Bravo, sino el propio vínculo binacional.

Abstract

After the end of the war between Mexico and the United States (1846-1848), the establishment of the new border sparked population movements and intense reciprocal action among inhabitants on both sides of the Rio Grande. This happened concurrently with the intensification of Apache and Comanche incursions into the populated areas of northern Mexico, seriously affecting the lives of people along the border and impacting not only the border regions on both sides of the river, but the binational relationship itself.

Introducción

El presente no es un estudio etnográfico sobre los indios “belicosos”¹ que realizaban sus correrías en el norte y parte del centro mexicanos, es una investigación histórica de los efectos que tales expediciones causaron en los pobladores al sur del Río Bravo, de sus respuestas y las de sus gobernantes; es también un análisis de la manera en que la interacción de indios, fronterizos mexicanos y de lo que hoy es Estados Unidos impactó el vínculo entre Washington y la Ciudad de México; y una exploración sobre la forma en que las nuevas dinámicas en la frontera afectaron el vínculo diplomático y cómo la diplomacia, a su vez, incidió en los contactos y movimientos de los pobladores de la frontera. El estudio comienza en el periodo que corre de los años inmediatos posteriores a la guerra mexicoamericana y se extiende hacia los años ochenta del mismo siglo xix.

In their raids of the 1830s and 1840s, Indians helped conjure up this transformation. By shattering northern Mexico’s economy, depopulating its countryside, and opening up great wounds in Mexico’s body politic, by giving Americans more reasons to despise Mexicans and be contemptuous of their claim to North America, by indirectly facilitating the conquest and occupation of the Mexican north in 1846 and 1847, and by creating for the invaders a noble cause in which to dress their territorial ambitions, indigenous peoples were indispensable in the reshaping of the continent (DeLay, 2008: XVI).

El trazo de una nueva línea divisoria entre Estados Unidos y México se ha identificado como la consecuencia principal de la guerra librada por ambas naciones entre 1846 y 1848. El linde establecido implicó la cesión de más de dos millones de kilómetros de territorio mexicano y –según algunas voces estadunidenses– terminaría con problemas seculares de la región fronteriza.

Los mexicanos, aún bajo el efecto traumático generado por la derrota, vieron en el tratado que puso fin a la contienda una única, aunque considerable, ventaja: la undécima cláusula que comprometía a los estadunidenses a refrenar las incursiones indias que desde muchas décadas atrás habían asolado al septentrión del país. Pero lo que sucedió en los años de la posguerra fue muy diferente a lo imaginado por aquellos mexicanos; no sólo debido a la incapacidad, resistencia o franca negativa del gobierno de Washington a observar el compromiso contraído en el Artículo XI, sino por las consecuencias ocasionadas en virtud de los movimientos de población que desató la anexión de Alta California y Nuevo México a la Unión Americana. Colonos estadunidenses, indios y mexicanos fronterizos se vieron inmersos en una dinámica de desplazamientos con efectos distintos para cada uno de ellos.

Como consecuencia de estos desplazamientos, la línea establecida por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo reconfiguró la frontera en tanto que llevó a estas comunidades a construir interacciones inéditas o a perpetuar prácticas que se ampliaron o intensificaron en el contexto posbélico. Es el caso del contrabando de mercancías (Bernecker, 1994) o del abigeato que aumentaron en forma notable respecto al periodo previo a la contienda y del recrudecimiento de la actividad desplegada por indios indómitos –apaches y comanches–² en las entidades limítrofes mexicanas. Cabe señalar que, además de los indios insumisos, otros actores relevantes en este escenario fueron los indios de paz, con quienes los fronterizos de ambas riberas del Bravo entablaron vínculos enteramente distintos a los establecidos con aquéllos. Pero de ellos sólo nos ocuparemos de manera tangencial.

Apenas unos meses después de firmada la paz entre Estados Unidos y el país vecino del sur, el gobierno de México expresó su inquietud por las condiciones imperantes en la frontera recién acordada, ya que las autoridades mexicanas habían recibido informes del general José de Urrea sobre el contrabando que se realizaba en la zona y en torno a “las incursiones que ha[bía] hecho una partida de ochocientos comanches al estado de Chihuahua instigados por los americanos, quienes parec[ía]n estar preparando una expedición para independizar de la República a dicho Estado”.³

En efecto, tal como Urrea lo consignó, el contrabando era entonces –y no dejó de ser– una práctica común en la zona. Además, los proyectos de estadunidenses, secundados en ocasiones por mexicanos, para separar una o varias entidades del septentrión e incorporarlas a la federación americana también menudearon, aunque –más allá de la franja de La Mesilla, negociada por vía diplomática– ningún otro plan anexionista se concretó en la etapa posbélica.⁴ Pero las incursiones de indios trashumantes sobre los poblados de los estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y aun Querétaro no cesaron con el término de la contienda; por el contrario arreciaron, aunque de manera desigual, a lo largo de las entidades del norte de México, principalmente. Si bien las expediciones sobre Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas decrecieron hacia finales de los cincuenta, los ataques a Sonora y Chihuahua perduraron hasta muy avanzado el siglo xix.

Así, no resultó extraño que el 8 de enero de 1880, el Diario Oficial de México reprodujera una nota aparecida en el Washington Post sobre las “Atrocidades de los apaches. De cómo asesinan a nuestros vecinos mexicanos –personas inofensivas asaltadas por los ‘Diablos Colorados’ de una reservación de los Estados Unidos–” e hiciese ver que

El Sr. Luis H. Scott, cónsul de los Estados Unidos en el estado de Chihuahua, ha[bía] elevado últimamente al Departamento de Estado una protesta de ciudadanos mexicanos contra la apatía del gobierno americano en sujetar a los indios a su reservación cerca del fuerte Stanton;⁵ asimismo, llama[ba] la atención acerca de los continuos actos de violencia, pillaje, y asesinatos cometidos por aquellos salvajes a inofensivos ciudadanos mexicanos.⁶

Aunque nada se dice de las acciones emprendidas por éstos en respuesta a las incursiones, tanto la nota periodística como la queja planteada ante el Secretario de Estado resumen rasgos importantes de la experiencia de las comunidades mexicanas en los años que siguieron a la Guerra del ‘47. Es preciso, sin embargo, señalar que las expediciones de los indios trashumantes se registraban ya en el periodo colonial y que la interacción entre fronterizos e indios no fue exclusivamente violenta.⁷

Negocios como el abigeo y el contrabando propiciaron casos de intercambios lucrativos para ambos partícipes, por una parte; y, por la otra, los llamados indios de paz asentados en territorio mexicano –algunos de ellos sólo de forma temporal– ayudaron a vecinos y autoridades a contrarrestar las expediciones de apaches y comanches. Indios pápagos, seminoles, kikapúes, mascogos, lipanes y toncahues establecidos en el estado de Coahuila trabajaban la tierra y apoyaban al gobierno en su combate en contra de los comanches y apaches. A cambio, las autoridades les otorgaban tierras y procuraban entregarles “[…] herramientas, bueyes y demás menesteres para la labranza, [así como recursos para el pago de directores de la enseñanza primaria.].⁸

Además de hacerse del apoyo de los indios de paz, los mexicanos avecindados en la frontera emprendieron numerosas expediciones en persecución de los indómitos, aunque con pobres resultados. Siempre descontentos con el insuficiente auxilio del gobierno de la federación para su defensa, los norteños se organizaban en partidas compuestas por grupos que iban de una decena a más de una centena de hombres para perseguir a los indios. Tal hecho se desprende de un acercamiento a los datos sobre una población de Chihuahua, consignado en la “Noticia presentada por la Presidencia Municipal de Ojinaga Chihuahua a la Comisión Investigadora en los Estados de Sonora y Chihuahua” que contiene información del periodo comprendido entre el 23 de octubre de 1849 y el 8 agosto de 1874.⁹ El informe nos dice que de veinticuatro campañas llevadas a cabo desde este pequeño poblado para alcanzar a los indios, diecisiete fracasaron; en la mayoría de los casos, los indios cruzaban la frontera internándose en territorio de Estados Unidos, hecho que ponía fin a los esfuerzos de los fronterizos por recuperar a los cautivos, recobrar el ganado robado y escarmentar a los malhechores.

Por su parte, el presidente municipal del Valle de Buenaventura, en su informe a la Comisión Investigadora, escribió:

Las depredaciones de los bárbaros que cometen abigeato, asesinan mexicanos e incendian nuestras poblaciones desde el año de 1849 a la fecha tienen su origen en los [indios] que habitan el territorio de los E U, pues es público y notorio que cuantas campanas han salido de estos pueblos en su persecución han tenido que volver sin escarmentarlos por haber llegado a la línea divisoria confirmándose esto con las bestias que se han llevado y se hallan en aquel territorio en los puntos donde son racionados por el gobierno americano.¹⁰

Además de las persecuciones, es preciso referir también el caso de las violentas acciones llevadas a cabo por alguna autoridad estatal para enfrentar a los indómitos. Tal fue el caso la campaña emprendida por el gobernador de Chihuahua, José Cordero, al inicio de 1852, a fin de combatir las correrías indias mediante la “guerra por contratas”, la cual consistía en pagar a individuos por cada cabellera de indio exterminado (Nieto, 2012). La operación, promovida por Cordero, sin el conocimiento del gobierno federal, provocó serios problemas entre Washington y la Ciudad de México. El mismo secretario de Estado estadunidense presentó la queja al ministro mexicano, cuando un grupo de estos mercenarios, por cierto de nacionalidad estadunidense, cometieron atrocidades y asesinaron a indios pacíficos residentes en territorio de los Estados Unidos con tal de cobrar la recompensa.¹¹

Este proceder no era, sin embargo, el más común y desde luego no contó con la aprobación del Poder Ejecutivo de México, que reprobó la medida de la autoridad chihuahuense y giró la instrucción de castigar a los responsables de la crueldad cometida contra indios de paz.¹² Lo habitual eran las correrías de apaches y comanches sobre haciendas y poblados de entidades del norte del país.¹³ Los daños que causaban iban desde el robo de ganado, la toma de cautivos, la “caza de cabelleras” que acompañaba al asesinato, hasta la destrucción de rancherías y asentamientos.

George Ruxton, un joven viajero inglés y su compañero Josiah Webb, narran que al llegar a Jaral Chiquito, Durango, “[they] found the humble settlement ‘entirely burned by the Indians, with the exception of one house which was still standing, the roof of which they had torn off, and from the upper walls had shot down with arrows all the inmates’”. En el interior, Ruxton vio el esqueleto de un perro y un caos de huesos humanos. “A dreary stillnes reigned over the whole place, unbroken by any sound, save the croaking of a bullfrog in the spring, round which we encamped for a few hours’” (Ruxton, 1973: 127-129, cit. en DeLay, 2008: XVI).

El relato, escrito en el otoño de 1846 y uno de los pocos que hay de un autor europeo sobre la devastación que se extendía por extensísimas comarcas, ilustra el efecto de las correrías indias que dejaron miles de muertos, cientos de cautivos, rancherías y pueblos asolados o abandonados, como consecuencia de lo que DeLay ha nombrado “la guerra de mil desiertos”. Este autor, con un cálculo aproximado, señala que, entre 1831-1848, 2649 mexicanos fueron asesinados y 852 fueron hechos cautivos por los comanches, mientras que el número de indios victimados por mexicanos era sensiblemente menor: setecientos dos comanches y kiowas fueron muertos y treinta y dos capturados (DeLay, 2008: 318).

Sin duda, el número de fronterizos muertos o capturados por los indios aumentó después de la guerra. Para sustentar este aserto, sirvan los siguientes cuadros extraídos de la “Noticia presentada por la Presidencia Municipal de Ojinaga, Chihuahua a la Comisión Investigadora en los Estados de Sonora y Chihuahua” (cuadro 1) y el de la “noticia” que da el presidente municipal de Cuchillo Parado a la misma delegación (cuadro 2). Esta comisión formaba parte de la Comisión Pesquisidora,¹⁴ encargada de reunir informes, quejas y reclamaciones de quienes habían sufrido daños tanto en su patrimonio como en su persona. Los delegados entrevistaron o recibieron informes de autoridades municipales de las entidades afectadas, tanto civiles como militares, así como de testigos de los quejosos.

Cuadro 1.

“Noticia Presentada por la Presidencia Municipal de Ojinaga, Chihuahua, A la Comisión Investigadora en Los Estados de Sonora y Chihuahua”, 23 De Octubre de 1849 a 8 Agosto de 1874^*

Muertes de mexicanos a manos de indios	36 (casi el doble que los indios ajusticiados por mexicanos)
Muertes de indios a manos de mexicanos^**	19
Mexicanos heridos por indios	10
Robo de ganado efectuado por indios en haciendas mexicanas	Total 31 reportes
Ganado mayor	17 reportes
Robo de caballada	10 reportes
Robo de mulas	4 reportes
Robo de carga	2 reportes
Robo de equipaje	2 reportes
Muerte de cabezas de ganado	512
Expediciones de comanches reportadas a autoridades de Ojinaga, sonora	13
Expediciones de apaches gileños reportadas a autoridades de Ojinaga, chihuahua	22
Total de expediciones indias	35
Expediciones de mexicanos en persecusión de indios	24
Expediciones fallidas	17
Recuperación de bestias	5
Toma de prisioneros	2

*

A menudo, se omite consignar la suerte que corrió la expedición. Lo que sí se advierte con claridad es que un buen número de incursiones (diecisiete de veinticuatro) se frustraron cuando los indios cruzaron el río. Los informes de las distintas municipalidades presentados a la Comisión Investigadora de sonora y Chihuahua, parte de la Comisión Pesquisidora de la Frontera Norte, abarcan del 2 de febrero de 1848 –fecha en que el Tratado de Guadalupe-Hidalgo establece en el Artículo XI la obligación del gobierno estadunidense de impedir las incursiones indias en México– al segundo semestre de 1874, cuando la Comisión concluiría la compilación de informes para presentarla en el órgano binacional: la Comisión Mixta de Reclamaciones.

**

Si bien se registra la muerte de 17 apaches y únicamente la de 2 comanches a manos de mexicanos, la identidad de los indios muertos debe tomarse con reserva, pues muchas veces no se consigna ya que sólo se habla de “gandules”.

Cuadro 2.

“Noticia del Presidente Municipal de Cuchillo Parado a la Comisión Investigadora en los Estados de Sono ra y Chihuahua”^*

Nombre de los muertos por los Indios	Fecha en que aconteció la muerte	Nombre de los heridos y cautivos	Fecha en que aconteció	Familias que dejaron y sostenían y mutilados
Lucio Montes Hermenegilda Montes	11 de agosto, 1849	José Ma. Hernández. Herido	22 de mayo de 18.	Dejó a su mujer y dos hijos chicos. Quedó mutilado y con familia
Lázaro Olguín	29 junio de 1850			Dejó una mujer que sostenía y una hija
Manuel Alarcón	29 junio de 1850			Dejó una mujer que sostenía
Antonio Domínguez	29 junio de 1850			Dejó una mujer y sus hijos
José Zamora	11 de mayo de 1852			Dejó su mujer y una hija
Sebero [sic] Zamora	11 de mayo de 1852			Dejó su mujer
José Zuarez	10 de junio de 1853			No dejó a nadie
Bernardo Nav.	11 de octubre de 1854	Eutimio Nav. Cautivo, volvió	11 de oct. 1854	Dejó su mujer y una hija
Matías Nav.	11 de octubre de 1854	Regino Galeana. No volvió
Miguel Jaso	19 de junio de 1860	[…]Olivo. Cautivo	22 de septiembre de 1856	Dejó su mujer y tres hijas
Juan José Fdez.	19 de junio de 1860			Dejó una mujer que sostenía
Francisco Gutiérres	21 de agosto de 1862			Dejó su mujer
Siriaco Baquera	21 de agosto de 1862			Dejó su mujer
Juan Pena	28 de octubre de 1862
Jorge Calderón	9 de enero de 1866
Valentin Mata	9 de enero de 1866
Patricio Núnez				Dejó a su mujer
Juan Aguirre	21 de agosto de 1849			Dejó una mujer que sostenía
Pascual N.	9 de enero de 1866

*

“Noticia que comprende[:] 1° el núm. de personas muertas por los bárbaros desde el año de 1848 a la fecha en esta sección municipal, con expreción [sic] de la fecha o aproximación de ésta en que la muerte aconteció; 2° el número de personas heridas o cautivadas [sic] y expresa mención de la familia que dejaron o sostenían” (el presidente de la sección municipal de Cuchillo Parado al C. Secretario de la comisión investigadora en los estados de Sonora y Chihuahua. Cuchillo Parado, 14 de noviembre de 1874, en Comisión Investigadora en los Estados de Sonora y..., en ahsrem, caja 2, 20-9-1/14).

Debe notarse que ambos cuadros, que cubren veinticinco años, sólo ofrece datos de las pequenas poblaciones de Ojinaga y Cuchillo Parado, Chihuahua, por tanto, son sólo una muestra que nos permite formarnos una idea del panorama de las comarcas del norte mexicano en el cuarto de siglo que siguió a la guerra entre México y Estados Unidos.

La desolación en aquellos parajes y la situación desesperada de los residentes de una amplia zona de México se reflejaron en estos informes, así como en las numerosas quejas que su gobierno expuso a Washington. Éstas hacían eco de casos como el de Benito Grijalva, quien presentaba su reclamación porque los apaches procedentes de Arizona mataron a su hermano Andrés en 1855 en el pueblo de Terrenate;¹⁵ o el de Antonio Arispe, natural de Arizpe, Sonora que demandaba una reparación, pues en 1852, los apaches procedentes de Arizona (a tres leguas de Magdalena en la mesa del Álamo, camino de Cucupé) victimaron a su hermano Jesús con su esposa Narcisa Vedoya y a un niño de dos años, y se llevaron cinco mulas y cuatro caballos.¹⁶ Se supo también de María del Rosario Grijalva quien, años después, compareció ante la Comisión Pesquisidora porque los apaches que venían de Arizona mataron a su esposo Ignacio Terán el 17 de octubre de 1872, en un sitio llamado “Los Montones de Piedra”, a tres leguas de aquella villa.¹⁷ La demanda de don Guadalupe Grijalva, vecino de ciudad Guerrero exigía indemnización, pues los apaches procedentes de Estados Unidos de la hacienda del Carpio le robaron, en 1855, 27 mulas, 4 caballos de estima, 4 caballos más mansos y 2 yeguas.¹⁸ Un buen número de estos casos no obtuvo satisfacción hasta que años después, en 1873, la Comisión Mixta de Reclamaciones determinó cuáles demandas serían consideradas, cuáles no, y cuál sería el monto de la indemnización.¹⁹

El gobierno mexicano, como consecuencia de los informes y las noticias de la condición de las provincias norteñas, mantenía una visión pesimista de la situación de la frontera; el sufrimiento de los connacionales avecindados en esas latitudes se entretejía con la penuria de la hacienda nacional, a un punto tal, que no había acabado el año de cuarenta y ocho cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores pedía a su plenipotenciario que procurara conseguir el adelanto de los tres millones que Washington –como parte de la indemnización por los territorios de California y Nuevo México, cedidos al término de la guerra- debía pagar hasta el año siguiente.²⁰

Los esfuerzos del gobierno federal por aliviar la condición de los fronterizos, de impedir el daño en sus propiedades y en sus vidas mediante el envío de numerario y armamento²¹ o el establecimiento de colonias militares²² resultaban absolutamente insuficientes. Por otra parte, lejos estaba de cumplirse aquello que algunos políticos mexicanos consideraron como “lo único positivo logrado en la guerra”: la obligación de Estados Unidos de “contener las incursiones por medio de la fuerza siempre que así fuera necesario”.²³

No obstante que la prensa, tanto local como la publicada en la Ciudad de México, daba cuenta de los apuros de los fronterizos y que el gobierno federal recibía continuos informes del escaso interés que Washington ponía en cumplir el Artículo XI del Tratado de Guadalupe, el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Luis G. Cuevas, hacia fines de 1848, dio instrucciones de evitar que las reclamaciones comprometieran “en lo más mínimo… las buenas relaciones felizmente restablecidas entre las dos Repúblicas”.²⁴

La actitud del gobierno mexicano obedecía sin duda a los problemas políticos y hacendarios que enfrentaba y que lo llevaron a eludir cualquier complicación con el país vecino del norte. La administración moderada enfcaraba la hostilidad de liberales puros, así como de los sectores que conformaron el partido conservador, amén de otras facciones políticas que le echaban en cara haber firmado la paz. Por otra parte, las dificultades del erario no se habían solucionado con el pago parcial que los estadunidenses hicieron al firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Aunque estas penosas condiciones de la hacienda pública perduraron por un buen tiempo, la “aquiescencia” del gobierno mexicano no habría de prolongarse demasiado. El ministerio emprendió primero una persistente campana para conseguir que el gobierno de Washington cumpliera “con la obligación que le impuso el art. XI”. No había semana en que la correspondence entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y su representante en Washington no versara sobre ese punto.²⁵

Es de señalarse que, en los primeros meses de la posguerra, el tono del diálogo entre Luis de la Rosa, el plenipotenciario mexicano y John M. Clayton, secretario de Estado fue amable. Hubo gestos del gobierno norteamericano hacia su homólogo del sur que mostraban la buena disposición a encontrar y rescatar algunos cautivos mexicanos.²⁶ El Departamento de Estado señalaba entonces la conciencia que tenía sobre el grave problema que enfrentaban los fronterizos mexicanos como consecuencia de las correrías indias. Empero, aseguraba, aunque el poder Ejecutivo procuraba cumplir con su compromiso, y afirmaba que estaba haciendo su mejor esfuerzo, aducía que le correspondía al Congreso asignar los recursos para contar con una fuerza que impidiera las invasiones indias.

Pero, en los años que siguieron a la guerra con México, el horno no estaba para bollos en el escenario político estadunidense. El asunto de la esclavitud, latente desde el Compromiso de Missouri, había resurgido con la “cesión mexicana”. La cuestión planteada era: ¿entraría la esclavitud en los estados que se formaran en esas extensiones? Ciertamente, el problema absorbía la energía del Congreso; nadie hubiera esperado que el tema mexicano ocupara la mente y el tiempo de los legisladores. La muerte del presidente Zachary Taylor en julio de 1850 resultó también decisiva para el clima de la relación bilateral, así como la actitud del nuevo Secretario de Estado, Daniel Webster, hacia la cuestión india. El funcionario, a diferencia de su predecesor, se mostraba parco en sus comunicaciones con el ministro plenipotenciario mexicano, Luis De la Rosa, reacio a tratar el tema del Artículo XI y escéptico ante el hecho de que las incursiones sobre las comarcas mexicanas fuesen hechas por indios provenientes de Estados Unidos (argumento sostenido en el hecho de que los indios se estacionaban en la Laguna de Jaco durante cierta temporada del año).

En México, entretanto, el gobierno moderado de Mariano Arista, antiguo secretario de Guerra y sensible a la condición de los fronterizos, desesperaba en la búsqueda de una solución a las invasiones depredatorias. Se llegó a tal punto de impaciência y aflicción que el ministro de Relaciones Exteriores planteó al plenipotenciario ante el gobierno de Estados Unidos la conveniencia de gestionar la autorización de Washington para que los mexicanos pasaran la frontera en persecución de los indios. El representante mexicano desconfió de la prudencia de tal solicitud. Imaginaba, de manera lógica, que los estadunidenses demandarían lo propio.

De forma paradójica, el gobierno mexicano ponía en riesgo la soberanía nacional que tanto se esforzaba en resguardar justamente en la región fronteriza a causa del “problema indio”. Éste habría de “arreglarse” un año después con el Tratado de Gadsden que derogaba la “molesta cláusula” XI –para fortuna norteamericana–, pero dejaba intacto el conflicto para México y sus fronterizos.

Resulta importante tener en cuenta que desde que el Artículo XI se incorporó en el Tratado de Paz, hubo voces que se opusieron a éste. El senador Sam Houston de Texas dijo entonces que la aplicación del Artículo XI costaría más desde el punto de vista pecuniario que todas las tierras vacantes adquiridas y el senador Douglas de Illinois propuso que la parte del artículo que obligaba a Estados Unidos a indemnizar a los mexicanos que sufrieran daños de los indios fuera eliminada; pero la moción fue derrotada. Por otra parte, el secretario de Estado, James Buchanan aseguró que “el gobierno poseía ambas [capacidades]: la habilidad de impedir a los indios dentro de los límites de Estados Unidos hacer incursiones en territorio mexicano, así como [la de] ejecutar todas las otras estipulaciones del décimoprimer artículo” (Garber, 1959: 27).

El gobierno de Washington esperaba hacer tratados de paz con los indios, lo que permitiría que sus ciudadanos se establecieran en cualquier parte del territorio adquirido de México, al tiempo que prohibiría las incursiones de los indómitos en México (Hattfield, 1998: 1).

El caso es que, durante los años inmediatos a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, es posible observar que hubo cierto esfuerzo por parte de Washington por ejecutar la cláusula; que la mayor parte del ejército estadunidense fue asignada al territorio adquirido de México (ocho mil de once mil efectivos); que los generales P. F. Smith del Departamento Militar de Texas y el coronel W. V. Sumner del Departamento Militar de Nuevo México recibieron órdenes de proteger el territorio de México así como el de Estados Unidos de las depredaciones indias y que los gastos militares, sólo en el territorio de Nuevo México de 1848 a 1853 sumaron 12 000 000 de dólares. El gobierno de México, por su parte, insistió en el cumplimiento cabal de la obligación contraída por el gobierno estadunidense.²⁷

A pesar de este afán, los esfuerzos de Washington fueron fallidos, y los tratados convenidos con apaches y comanches resultaron inútiles, tal como las autoridades estadunidenses reconocieron.²⁸ Otro tanto puede decirse de los empeños mexicanos por resguardar su frontera; tanto de las colonias militares como del establecimiento de asentamientos de “indios de paz” en Coahuila. Estos últimos llegaron a causar fricciones entre los dos gobiernos, cuando se acusó a los indios aliados de cruzar la frontera y generar daños (Garber, 1959: 33). Un lustro después de acordada la paz, la “cuestión india” se había convertido en un auténtico problema nacional para Washington, que ahora se mostraba indispuesto a reconocer la obligación adquirida y a admitir la responsabilidad de indemnizar a las víctimas de las correrías indias.

El asunto se tornó más complejo debido a que los especuladores –tanto norteamericanos como mexicanos– habían adquirido las reclamaciones indias y presionaban en el Congreso de Estados Unidos para obtener su ganancia. Así se explica que, cuando James Gadsden fue nombrado representante en México, uno de los dos puntos más importantes de sus instrucciones fue la derogación del Artículo XI. El tratado negociado por el plenipotenciario estuvo inmerso en una intrincada red especulativa relacionada con una amplia cesión territorial en la que el mismo Gadsden estaba implicado; con el interés de obtener el terreno para una línea férrea hasta el Pacífico; con el complicado punto de la concesión para construir una ruta transístmica por Tehuantepec y –como se senaló con los duenos de las “reclamaciones indias” (Terrazas, 2000).

La embrollada historia de la abrogación de la cláusula todavía tuvo un capítulo más, cuando el Senado rechazó el artículo que liberaba a Estados Unidos de cumplir con la estipulación, pues prometía ayudar a México en contra de los indios. Finalmente, la cláusula fue abrogada sin compromiso alguno de auxilio por parte de Washington, pero considerando este hecho en el monto de la indemnización que México recibió por el Tratado de La Mesilla o Compra de Gadsden.

La derogación del Artículo XI implicó que los Estados Unidos dejaran de tener una responsabilidad particular en contener las incursiones de indios indómitos sobre territorio mexicano y estableció la obligación de cada gobierno de hacer lo necesario para proteger a sus habitantes y castigar a los atacantes. Los años siguientes vieron la disminución de las incursiones sobre Tamaulipas y Nuevo León debido al rápido poblamiento de Texas, pero las expediciones continuaron con intensidad en Chihuahua y Sonora. El antiguo establecimiento de Janos, sitio al que los apaches llegaban cuando buscaban la paz con México, tuvo su último periodo de actividad a finales de 1856 y principios de 1857, cuando los últimos grupos de apaches lo abandonaron y las autoridades mexicanas decidieron reubicar las tropas existentes, para aumentar la fuerza en puestos como Norte y San Elizario. A partir de entonces, las hostilidades continuarían ininterrumpidamente hasta la década de los ochenta del siglo xix, aunque los ataques fueron cada vez de menor intensidad (Griffen, 1998: 249-258).

En ocasiones, los pactos de paz firmados por autoridades militares norteamericanas y jefes indios ponían fin a las expediciones indias sobre Estados Unidos, pero no evitaban que los apaches continuaran sus hostilidades hacia México. Tal fue el caso del brigadier general Oliver O. Howard, quien pactó con el jefe de los Chiricahuas en 1870 (Hattfield, 1998: 2). En el norte, los comanches también luchaban por mantener sus territorios de caza ante el avance de los asentamientos angloamericanos, así como de otros grupos indios en Arkansas y Texas. Ante las posibilidades de caza del búfalo cada vez más escasas en el norte, los comanches continuaron con sus incursiones sobre México, aunque en esta ocasión el objetivo era solamente adquirir ganado para subsistir (Hämäläinen, 2008: 304-307).

En la década de los sesenta del siglo xix, tanto en México como en Estados Unidos, la atención a nivel de los gobiernos nacionales se centró en los conflictos políticos internos que darían lugar a confrontaciones armadas –la guerra civil y la Intervención Francesa y el Imperio, respectivamente– y las “guerras indias” pasaron a un segundo plano en la agenda de discusión binacional.²⁹ Fue hacia 1870, cuando se retomó la preocupación por la seguridad de la frontera común y la movilidad de los indios insumisos y otros grupos de “renegados” volvieron a señalar a los Estados el imperativo de controlar el territorio y permitir un desarrollo económico sin contratiempos.

Algunas consideraciones

Al término de la guerra entre México y Estado Unidos, el afán del Estado mexicano de restablecer el control en las comarcas preservadas se convirtió en un imperativo. Esto significaba recuperar la soberanía nacional suprimida en distintas regiones del país durante la contienda, en particular en las comarcas norteñas. Para determinar el peso de este hecho, debe considerarse que México –desde sus orígenes como nación independiente y aun antes– identificaba territorio con soberanía; de ahí, la importancia que tenía para el Estado el dominio de la zona fronteriza.³⁰ La percepción de las autoridades mexicanas era que el control sobre la vasta región limítrofe con el vecino del norte era puesta en entredicho por las expediciones filibusteras, por las correrías de estadunidenses y por los planes secesionistas urdidos allende el Bravo –en ocasiones secundados por algunos connacionales fronterizos–.

El recelo gubernamental crecía de forma sensible con las incursiones de indios indómitos procedentes de territorio estadunidense. Éstas, cuyo propósito fundamental era el robo de ganado y otros efectos que vendían a los norteamericanos, así como la toma de cautivos, eran vistas como una grave amenaza al poder soberano del Estado en aquellas comarcas. La percepción de la “amenaza de los salvajes” se tornaba más sensible al considerar que los norteamericanos avalaban las expediciones de los indómitos, no sólo al tolerarlas, sino al intercambiar con ellos el ganado que obtenían de los hatos del sur del Bravo por armas que ocuparían en sus ataques a los mexicanos (Worcester, 1979: 19, 45). El gobierno de México advertía una alianza entre indios hostiles y estadunidenses y temía que ésta derivara en la ocupación de más territorio. La aprensión gubernamental era resultado de su escaso dominio y presencia en el septentrión del país. Esto fue así hasta que, hacia 1880, México consolidó su proceso de territorialización en el septentrión. Entonces, el gobierno hizo frente común con los norteamericanos en contra de los indios como lo muestra el hecho de que ese año las autoridades mexicanas aceptaran cooperar con sus homólogas estadunidenses para derrotarlos (Hattfield, 1998: 2).

La guerra del ‘47 derivó, desde luego, en la modificación de los linderos. Este cambio generó procesos complejos: no se circunscribió al trazo de una línea distinta, sino que fue el resultado de la aparición de nuevas fronteras no dibujadas en una carta geográfica, difusas, inasibles y móviles. Éstas surgieron como consecuencia de a) los movimientos de la población euroamericana que avanzaba hacia los territorios adquiridos; b) de las nuevas dinámicas del desplazamiento de los pueblos indios que marcharon con más frecuencia hacia el norte y centro de México, en parte empujados ahora por esta presión. Las incursiones de los indómitos, presentes en el periodo español y reiniciadas desde la década de los treinta y cuarenta,³¹ se agudizaron durante la contienda y se agravaron después de ella; y c) estas “fronteras” fueron también el resultado de la contracción de los establecimientos mexicanos en el septentrión durante la posguerra. El repliegue era fruto indirecto del avance estadunidense, efecto directo de las incursiones indias en México con sus desastrosas secuelas para los nortenos, consecuencia de la incapacidad de su gobierno –tanto local como nacional– de impedirlas, así como de la abulia de Washington para refrenarlas, en cumplimiento de la cláusula XI del Tratado de Paz.

El establecimiento de la línea recién acordada no puso fin a la dinámica de los indios belicosos de incursionar sobre el norte y centro norte de México; antes bien, se intensificaron las expediciones cuyo propósito era el robo de ganado que venderían a los euroamericanos que se dirigían a California, a los ganaderos texanos o al propio ejército estadunidense. El “gran logro” de la diplomacia mexicana en la negociación del Tratado de Guadalupe Hidalgo (el compromiso estadunidense de refrenar las incursiones indias, de prohibir que ningún estadunidense comprara cautivos mexicanos apresados por los indios, o adquiriera caballos mulas, ganado o cualquier otro género de cosas robado dentro del territorio de México)³² se desvaneció ante la creciente resistencia de Washington a cumplir con el Artículo XI del Tratado de Paz y frente a la pujanza del negocio ganadero norteamericano. Las acciones emprendidas por los gobiernos estatales para poner freno a las expediciones de los indios belicosos –sumadas a las perpetuas quejas sobre la incapacidad de gobierno federal en ese rubro– acentuaron la tendencia autonomista de las autoridades locales y forjaron o fortalecieron a caciques o políticos que encabezaron la lucha contra los apaches.

Además, la relación entre los tres actores: mexicanos, indios y estadunidenses muestra vertientes distintas y aun contrapuestas. Se observa que el aspecto dominante en la dinámica entre indios y mexicanos es violenta, y que la violencia se ejerce de manera recíproca, pero en dimensiones y con efectos desiguales. De los datos disponibles es posible colegir que, al menos en el periodo que corre de la década de los treinta a la los setenta del siglo xix, los mexicanos llevaron la peor parte en la guerra contra los indios indómitos tanto por el número de muertos, heridos y cautivos como por la cuantía del ganado sustraído de sus hatos por los indígenas.

Sin embargo, el robo de reses y caballada se realizaba en distintas formas. Además de aquélla en que sólo tomaban parte los indios, existió otra modalidad que concitó –en un vínculo de colaboración y negocio– a abigeos de México e indios trashumantes, que se encargaban de comercializar la caballada o las reses allende el bravo. No es exacto señalar a comanches o apaches como los únicos culpables del robo de ganado, pero sin duda, su participación en el comercio resultó muy vigorosa y eficaz. La actividad congregó también a estadunidenses, quienes participaban en el hurto de animales; si bien su intervención más importante fue como compradores de las piaras sustraídas de los ranchos al sur del Bravo.

Las quejas de los vecinos de la margen derecha del río por este hecho no tuvieron efecto alguno. El negocio dejaba suficientes dividendos como para asociar, o cuando menos a acercar, a estadunidenses e indios. El abigeo llevó incluso a la formación de uniones entre mexicanos y estadunidenses que encontraron en él una manera efectiva de hacerse de recursos en un contexto de auge creciente de la actividad ganadera en Estados Unidos.

La relación de los fronterizos mexicanos con los indios tiene una variante más: la que sostienen con los llamados indios de paz. Algunos de ellos salieron de Estados Unidos para establecerse en México cuando los norteamericanos avanzaron sobre las tierras, y su permanencia en este último país sólo se prolongó por algunos años. En síntesis, la violencia no fue el único rasgo que caracterizó la interacción entre indios, mexicanos y estadunidenses, aun cuando sí fue el dominante.

Justo por esto, puede entenderse la aterradora percepción de los pobladores del norte de México sobre los “bárbaros” –como los llamaron– y, como consecuencia, la contracción de la frontera septentrional mexicana. El número de historias de destrucción de caseríos, crímenes, la captura y consiguiente cautiverio de mujeres y niños; los relatos de heridos, así como de robo de caballos, reses y mulas que encontramos en documentos o en la prensa periódica es incalculable. Las demandas de auxilio de los vecinos y de las autoridades locales a las estatales, así como de éstas al gobierno federal tuvieron una respuesta que o bien fue insuficiente o no arribó al destino al que debió haber llegado, o bien, no se concretó en los proyectos ideados desde la ciudad de México (como fue el caso de las Colonias Militares); aunque deben reconocerse los esfuerzos realizados por las autoridades centrales del país en este sentido.

También hace falta subrayar la tolerancia de las autoridades militares o civiles estadunidense a las expediciones indias, efectuadas con el propósito de hacerse de cautivos, efectos o ganado; se tiene noticia de que estos últimos eran vendidos incluso en ciertos fuertes estadunidenses no muy lejos de la línea fronteriza. Hay que asentar, igualmente, que algunos militares y civiles mexicanos tenían prácticas similares.³³

Como sea, los fronterizos tuvieron que atenerse, en gran medida, a sus fuerzas para resistir los embates de los indómitos. Las expediciones que trataban de alcanzar a los indios para recuperar el botín –nutridas por moradores de las villas afectadas– son, al igual que las historias de devastación india, incontables. En este contexto, los nortenos ya sea simples vecinos, autoridades locales o estatales que destacasen por emprender la persecución de los indios trashumantes adquirían el prestigio y ascendiente suficiente para ejercer liderazgo entre la comunidad. La oposición de las entidades norteñas al gobierno del centro no era novedosa, pero aumentó como consecuencia de la guerra con los estadunidenses. Se culpó a las autoridades federales de no haber prestado auxilio para hacer frente al enemigo y, sobre todo, se les responsabilizó por la pérdida territorial que sufrieron.

Los indios indómitos jugaron varios papeles: fueron socios de algunos mexicanos y no pocos estadunidenses en el negocio del abigeo y, principalmente, devastaron las haciendas y mermaron sus hatos. Su extraordinaria capacidad para desplazarse de manera veloz, emprender correrías y evadir la captura los convirtieron en un temible desafío para los fronterizos, en causa del retraimiento de sus villas y aun del despoblamiento de una amplia franja del septentrión. Se les consideró una amenaza a la soberanía de la nación, al tiempo que los políticos sacaban provecho de sus “embates contra los ‘salvajes’”. En este sentido, los discursos contra ‘los bárbaros’ que destacaban el “nosotros” contra “los otros” constituyeron una pieza clave en la construcción del imaginario colectivo de “identidad nacional”.

Fueron los gobiernos estatales los que, asumiendo atribuciones propias de la autoridad federal, tomaron las riendas de la política hacia los indómitos; les declararon la guerra e instrumentaron las medidas necesarias para llevarla a cabo: formación de milicias civiles, entrenamiento de fuerzas regulares, contribuciones especiales e incluso el establecimiento de pactos con los indios (véase Orozco, 1992: 13-31; Julián, 2001: 91-105).

Más aún, buena parte de la documentación consultada nos indica que las autoridades locales y los propios pueblos emprendieron la defensa con sus limitados recursos personales, generalmente encabezados por algún vecino o por el presidente municipal; con frecuencia fueron ellos quienes negociaron la paz con los grupos hostiles.³⁴

Esto no quiere decir que el gobierno federal no hubiera realizado acción o esfuerzo alguno por dirigir la política hacia los indios. Empero, muchos de esos esfuerzos resultaron fallidos ya fuera por la falta de recursos, por la distancia que media entre el centro y el norte lejano o porque se toparon con la resistencia de los gobiernos estatales. Este último punto nos lleva al tema de la tensión existente entre la autoridad federal y la de las entidades: ambas se empeñaron en detentar el poder. Finalmente, las autoridades de los estados dirigieron la política hacia los indios a lo largo de las tres décadas que siguen a la guerra entre México y Estados Unidos, aunque fuesen, en buena medida, los propios vecinos quienes acometieran las acciones hacia los indómitos.

El gobierno federal, por su parte, asumió el tema de los indios hostiles en el ámbito de la política exterior. El vínculo diplomático con Washington –como lo prueba la correspondencia entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y los plenipotenciarios estadunidenses acreditados en México o las comunicaciones de los enviados mexicanos en Washington– recoge de manera permanente las quejas y reclamaciones –algunas convertidas en acres disputas– entre ambos gobiernos, ya que si bien México culpaba a los indios provenientes de los Estados Unidos por las continuas incursiones sobre su territorio, Washington aseveraba que eran indios mexicanos los que saqueaban la frontera (Hattfield, 1998: 2). El tema –presente desde el inicio de la relación hasta los años ochenta del siglo xix–,³⁵ además de ser un asunto con peso propio, sirvió también como palanca para movilizar cuestiones de mayor interés para cada una de las partes. Como ejemplo puede citarse el proyecto estadunidense de adquirir más territorio o el plan mexicano de hacerse de recursos, vía la indemnización por las depredaciones indias.

Es menester resaltar que el asunto de los indios indómitos y sus incursiones en el septentrión revestía para el gobierno mexicano una particular relevancia en el contexto de sus esfuerzos por consolidar el control sobre la frontera norte. El tema iba más allá de ser un problema con indios indoblegables, tenía que ver con la necesidad de instaurar la soberanía nacional en aquel confín. De ahí su importancia y el papel que juega en la construcción de los espacios fronterizos y del Estado-nación.

A lo largo de este trabajo, hemos tratado de repensar el papel de los indómitos, analizándolo en el contexto de la relación México-Estados Unidos. Esto nos ha permitido revisar la gestión binacional de los procesos sociales que acompañaron estos desarrollos. Buscamos entender la manera en que los gobiernos mexicano y estadunidense intentaron controlar el territorio y los movimientos de población, así como tomar en sus manos la defensa territorial a raíz del desplazamiento transfronterizo de indios indómitos después de la guerra del ‘47.