La objeción de conciencia puede definirse como la negativa de un individuo a cumplir lo mandado por una concreta norma del ordenamiento jurídico, por entender que su cumplimiento es incompatible con el respeto debido a un determinado valor moral percibido por la propia conciencia1. En sentido amplio, puede entenderse la objeción de conciencia respecto a toda norma que en una organización humana proviene de un nivel jerárquico superior, y que se considera inmoral en cuanto exige una conducta que el sujeto considera inmoral en sí misma, o como cooperación ilícita a la conducta inmoral de otros. De este modo, el concepto de objeción de conciencia, que históricamente se había vinculado a la prestación del servicio militar, se utiliza hoy cada vez en un mayor número de ámbitos y situaciones.
Aunque, ciertamente, el individuo tiene el deber de cumplir aquellas leyes que, al servicio del bien común, dicta la legítima autoridad, tampoco hay que dejar de advertir que existe una primacía de la persona sobre la sociedad. De este modo, la conciencia del individuo está comprometida, en su búsqueda del bien, con otras instancias morales, con otras instancias de verdad, de índole diversa, superior y trascendente a su lógica vinculación con las normas que regulan la convivencia social organizada.
Para invocar la objeción de conciencia ésta debe basarse en un juicio de carácter ético, y no en otras razones de carácter ideológico o político. La sala de lo social del Tribunal Supremo francés falló el 17 de abril de 1996 a favor de tres ex redactoras de la revista femenina Voici, que dejaron la empresa invocando la cláusula de conciencia. El caso comenzó en 1990, cuando para recuperar lectores el semanario femenino y familiar Voici se transformó en una revista sensacionalista que aireaba escándalos de la vida privada de personas famosas. El viraje fue eficaz, pues en 1995 la difusión subió a más de 800.000 ejemplares, aunque a costa de varias querellas por parte de personas que se consideraron difamadas. Al poco del cambio de fórmula, tres redactoras decidieron marcharse de la revista invocando la cláusula de conciencia y pidiendo la consiguiente indemnización. La decisión del Supremo, que confirmó otras dos sentencias anteriores, precisaba que «el cambio notable de orientación de la publicación crea para las tres periodistas una situación cuya naturaleza ocasiona daño a sus intereses morales». La importancia de esta sentencia residía en que la cláusula de conciencia se invoca generalmente cuando cambia la línea política de un periódico, pero en este caso no existía una motivación política, sino moral. El fallo afirmaba que en una empresa periodística el trabajo compromete la conciencia y la moral de los periodistas, lo que no les permite trabajar en cualquier situación.
Un ámbito importante de actuación es el de los productos farmacéuticos o que tienen relación con la salud. En 1996, los 6.000 miembros de la Asociación de Farmacéuticos de California adoptaron una política por la que los farmacéuticos pueden negarse a dispensar las recetas médicas que se opongan a sus «principios éticos o religiosos». Con posterioridad, un farmacéutico de California se acogió a la objeción de conciencia y se negó a vender a una mujer la «píldora del día siguiente», que puede tener efectos abortivos. En una encuesta realizada a 625 farmacéuticos, el 82% se mostraron partidarios de tener el derecho a negarse a vender la píldora abortiva RU-486.2
El pluralismo que caracteriza a la sociedad actual es esgrimido por muchos para silenciar actuaciones que se basen en convicciones morales sólidas, favoreciendo un «pensamiento débil». Un grupo de vendedores de prensa británicos consiguió que la importante distribuidora W.H. Smith News cambiase el sistema para seleccionar el reparto de revistas pornográficas. A partir de entonces, la distribuidora se comprometió a respetar la opción de los vendedores a no recibir estas revistas en sus quioscos.
La objeción de conciencia es prueba y exigencia de la prioridad de la persona frente al Estado, de su libertad y de su responsabilidad frente al bien, al mismo tiempo que testifica que toda la ley civil debe ser coherente con los valores morales. *