DEMOCRACIA, POLÍTICA Y VIOLENCIA EN HONDURAS (2006-2014)

RESUMEN

Honduras atraviesa una profunda crisis que encuentra su explicación en diferentes factores como el autoritarismo y el caciquismo local tradicional, o la falta de comprensión de las funciones que las fuerzas armadas deben desarrollar en una democracia, su relación con los actores políticos, así como su encaje en el aparato gubernamental estatal. La debilidad institucional y la falta de recursos para operar políticas públicas con eficiencia agravan la situación. A todo ello se suman las consecuencias provocadas por los desencuentros que llevaron al golpe de Estado de 2009, la consolidación de los grupos del crimen organizado y el imparable aumento de la violencia homicida en el país. Este trabajo relaciona estas variables. Honduras se encuentra muy lejos de consolidar una democracia que vaya más allá del proceso electoral. Sin acuerdos negociados entre las diferentes fuerzas es difícil gestionar una crisis tan grave.

ABSTRACT

Political crisis in Honduras responds to different aspects. Elite's authoritarism and local caciquism; lack of understanding of the Armed Forces role in democracy, including the relation with political actors, and its adequate space in the administration; institutional weakness; lack of resources to operate public policies are important issues to consider. It is necessary also to consider the political crisis that in 2009 was motivated by the clashes of the political elites, the consolidation of organize crime and the dramatic grown of murders in the country. This article combines these variables and has a strong believe that it is mandatory to achieve agreements between political forces. Only then could be managed the crisis in the country. Honduras it is very far away to consolidate a democratic process that will go beyond electoral process.

INTRODUCCIÓN

Honduras es uno de los países más pobres y violentos de América Latina. Poco conocido, se visibilizó para muchos con el golpe de Estado de junio de 2009, suceso que fue interpretado como un problema de “derechas” e “izquierdas” y como un “golpe militar clásico”. La prensa, académicos, actores internacionales y multilaterales reflejaron sus opiniones en favor de la democracia y en contra de situaciones de intervención militar que no son aceptables en el contexto internacional contemporáneo.

Algunas de estas declaraciones fueron superficiales y desconocían el contexto nacional hondureño. Otras no fueron más que reflejos ideológicos de un conflicto internacional que —recordando a la “Guerra Fría”— utilizó a Honduras como actor de tensiones ajenas a su realidad nacional, o tenían una clara intencionalidad partidaria y defendían intereses particulares. La ruptura que se manifestó el 28 de junio de 2009, y el conflicto entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de la que se derivó el fin de la administración Zelaya, no se pueden entender sin explicar varios factores del sistema local que llevaron a la crisis repartiendo responsabilidades entre unos y otros, como señala con lucidez el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (cvr), presentado en 2011. Estas circunstancias siguen condicionando la dinámica en la actualidad.

La falta de voluntad, el caciquismo tradicional hondureño, y el autoritarismo han minado la consolidación del proceso democrático hondureño. Los altos niveles de violencia, la creciente presencia de los grupos del crimen organizado en buena parte del territorio nacional, la escasa capacidad de respuesta del Estado frente a los problemas del país y la apuesta por utilizar a las fuerzas armadas en funciones que deberían ser desarrolladas por otras instituciones, son circunstancias preocupantes que dificultan llevar a buen puerto un proceso democrático medianamente satisfactorio. En Honduras ha faltado hacer política, entendida como la búsqueda pacífica de la regulación de los conflictos, mediante el establecimiento de reglas comunes, compartidas y aceptadas por la mayoría, con el objetivo de garantizar una convivencia aceptable (Vallés, 2007, 18 y ss).

Este trabajo presenta brevemente el contexto, las características de gestión y los principales retos a la gobernabilidad que enfrentaron las administraciones de Manuel Zelaya Rosales (enero 2006-28 de junio 2009), Roberto Micheletti Baín (29 de junio 2009-27 de enero 2010) y Porfirio Lobo Sosa (enero 2010 -enero 2014).

Los detalles de la crisis hondureña que estalló en el 2009, con sus antecedentes y consecuencias, han sido ampliamente reseñados y repasados en muchos documentos, tanto institucionales, como académicos y partidarios, incluyendo a Salgado (2010), Martínez (2009 y 2010), Barrios (2009), Ortega (2009), Miralda (2010), Ruhl (2010), Benítez (2009), Benítez y Diamint (2010), Finnegan (2009), Salomón (2009a, 2009b), Romero (2010), Saldomando (2009), Cálix (2010), Meyer (2009, 2010), Rojas (2010), De Gori (2015), Llanos, Marsteintredet (2010), entre otros.

No será objeto de este trabajo analizar de nuevo con detalle estos aspectos. Se presenta una interpretación general del conflicto y se pretende mostrar el error político que supuso el “empoderar” a las fuerzas armadas, solicitando su asistencia en tareas de gestión del orden público y desarrollo.

Durante el gobierno de Manuel Zelaya se fomentó a las fuerzas armadas como apoyo de actores partidarios, bajo la premisa de actuar bajo las órdenes del comandante en jefe (lo que incentiva la autonomía institucional). En la democracia el mando lo tiene el presidente, que es la máxima autoridad de la administración pública, entendiéndose que las Fuerzas Armadas son una más de las instituciones gubernamentales ordinarias.

Esta circunstancia es la que se encuentra detrás de la decisión autónoma de violentar la orden de captura y presentación emitida por la Corte Suprema en contra de Manuel Zelaya Rosales, al expulsarlo del país y enviarlo a Costa Rica. Este hecho encaja con la tradición militar autónoma local hondureña, que se basa en la colegialidad de los altos mandos, y que en el pasado ha sacado del país a sus propios jefes militares por abusos de poder o corrupción.

También se va a describir el reto más importante que azota al país: la extrema violencia, que tiene que ver especialmente con el crimen organizado, y que se asienta sobre la pobreza de buena parte del pueblo hondureño. Honduras es incapaz de hacer frente a este problema, ya que supera con mucho las capacidades de una nación con instituciones muy frágiles y con una situación geográfica estratégica favorable para el tránsito y la logística del negocio de las drogas.

La gestión de la crisis de seguridad en estos años se encuentra condicionada por la debilidad del Estado, por los diferentes intentos de reforma policial y por el recurso a la fuerza armada, que desde el gobierno del presidente Ricardo Maduro (2002-2006) regresó a las actividades de seguridad pública, retomando relevancia política en la administración Zelaya. Este rol ha continuado y aumentado, si cabe, durante las administraciones de Lobo y su sucesor, Juan Orlando Hernández (2014-2018).

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN POLÍTICA Y RETOS DE LA GOBERNABILIDAD EN HONDURAS (2006-2014)

En Honduras existe la reelección de diputados, alcaldes y regidores. El presidente de la República tiene un único mandato de cuatro años, mientras que en los territorios una clase política se ha consolidado a lo largo del tiempo, entrelazando su poder en torno a los partidos, en cuyo seno se establecen relaciones clientelares con la comunidad. El Congreso Nacional y su presidente se constituyen en un poder clave de este sistema, llegando a moderar la iniciativa del Ejecutivo. Su capacidad política es tal que son el factor más relevante a la hora de mantener el status quo, por la capacidad que tienen los representantes populares de acceder a recursos económicos que repercuten en obra pública y otras acciones de naturaleza clientelar en los departamentos y municipios. La base del caciquismo y del clientelismo en Honduras se explica más por este reparto arbitrario de dinero público que por la existencia de élites económicas poderosas con tradición arraigada sobre el territorio.

El “pacto” entre los caciques locales, los liderazgos de los partidos políticos, los diferentes poderes del Estado y los grupos económicos tradicionales, muchos de los cuales son propietarios de los principales medios de comunicación (Martínez y otros, 2010), han sido una constante en la historia política hondureña (Pastor, 1985). Ese equilibrio es el que entró en conflicto a mediados del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, cuando trató de impulsar medidas parecidas a las que se desarrollaban en otros países de la Alianza Bolivariana (alba), como la reelección presidencial.

El “sistema” prefirió mantener la pluralidad que reflejaba el pacto tradicional, que dotar a un poder del Estado de la posibilidad de romper el juego de equilibrios establecido a través de la reelección de los diputados y de las autoridades locales. No agradó a las elites el fortalecimiento de la figura presidencial, en un país en el que el autoritarismo es habitual. Esto afectaría no sólo sus intereses, sino también a la viabilidad de los precarios equilibrios existentes. La falta de diálogo y la incapacidad de la presidencia para impulsar una reforma política de una forma pactada, así como el intento del ejecutivo de forzar y ganar el conflicto, al atrincherarse tras los militares y las organizaciones populares llevaron al clímax la crisis del sistema político.

Finalmente el ejército decidió no obedecer una orden ilegal emitida por la presidencia de la República,¹ pero actuó irrespetando la legislación hondureña y la lógica democrática al sacar al presidente del país, señalando que lo hicieron para evitar un mal mayor. El ejército actuó utilizando un poder de “árbitro” en el conflicto entre las diferentes instituciones y grupos del Estado.² Una circunstancia extremadamente anómala especialmente después de las reformas y el control político al que fueron sometidos tras los gobiernos de Reina (1994-1998) y Flores (1998-2002). Sin embargo fue la propia falta de comprensión del Ejecutivo sobre las funciones que deben desempeñar los militares las que facilitaron que esa situación sucediera.

Ante los hechos consumados, la clase política reaccionó de forma precipitada al no condenar la acción militar y ayudando a consumar un golpe de Estado que fue repudiado internacionalmente de forma rotunda. Fue precisamente esa presión externa y el temor a las consecuencias de una marcha atrás lo que alimentó el nacionalismo de buena parte de la población, y la determinación del gobierno de transición que sostuvo la situación hasta que el pueblo hondureño se expresó de nuevo, como estaba ya previsto, en las elecciones convocadas para noviembre de 2009. De esta forma se dio por finalizado —anticipadamente— el periodo de gobierno de un presidente que trató de romper los pactos establecidos y las reglas del juego de una forma unilateral, sin privilegiar la política para resolver conflictos, en favor de un personalismo discrecional.

Como consecuencia de esta crisis política han surgido dos nuevos partidos importantes a partir de las elecciones de noviembre de 2013. El partido Libertad y Refundación (libre), que organiza políticamente a todos los grupos y movimientos que formaron parte del Frente Nacional de Resistencia Popular, afín a Manuel Zelaya, así como a muchos liberales decepcionados, y el Partido Anticorrupción (pac), integrado mayoritariamente por gente insatisfecha con el sistema político, liderados por el comunicador social Salvador Nasralla. Los dos obtuvieron resultados destacados en las elecciones generales y cuentan con una importante presencia de diputados y regidores que se extiende en todo el territorio nacional. Sin embargo, no han cambiado las reglas del juego, ya que también han articulado su propuesta en base a su liderazgo carismático. La lógica clientelar autoritaria y los cacicazgos locales siguen presentes y es difícil que esa situación se modifique en el corto plazo. Por otra parte los partidos tradicionales han aguantado el reto y han mantenido su mayoría tanto en el Congreso Nacional, como en todas las alcaldías importantes del país.

El gobierno de Manuel Zelaya Rosales (enero 2006-28 de junio 2009)

Después de una victoria confusa en la que se impone por un margen pequeño de votos, Manuel Zelaya asume la presidencia y nombra a Arístides Mejía como presidente del Instituto Electoral que le declara vencedor de la contienda de noviembre de 2005, como ministro de defensa y posteriormente como vicepresidente. Anticipa así, sin ningún disimulo, un estilo de toma de decisiones en el que sobresale la falta de respeto a la independencia de los actores políticos, lo que irá repitiéndose de forma cada vez más frecuente a lo largo de su mandato.

En este periodo, el Partido Liberal no tiene mayoría en el Congreso Nacional y la bancada que representa a su partido en el Congreso Nacional es controlada por facciones que no responden al liderazgo del presidente de la República.

En los dos primeros años de gobierno Zelaya mantiene alianzas con los diferentes sectores de su partido. Elvin Santos Ordoñez,³ representante de la derecha empresarial, forma parte de su fórmula electoral como vicepresidente, y Zelaya elige como ministro de la Presidencia a Yani Rossenthal, hijo de un histórico empresario y político de la costa norte,⁴ que es líder de uno los grupos de poder del partido. En el Congreso Nacional se impone como presidente otro líder clásico de la costa norte hondureña, Roberto Micheletti,⁵ cercano a los Rossenthal, y en la presidencia del Partido Liberal se instala Patricia Rodas, hija de un connotado líder del liberalismo e identificada con la “izquierda política” del país.⁶

En los primeros meses de su gobierno Zelaya privilegia la relación con el ejército y sus líderes, incrementa los salarios de los militares y los dota de un mayor presupuesto y número de misiones. Por otra parte refuerza su relación con la jefatura del mismo al renovar de forma inusual el mandato del General Romeo Vásquez Velásquez⁷ al frente de las Fuerzas Armadas. Por su parte el Congreso Nacional, respetando el pacto de gobernabilidad, aprueba el ingreso de Honduras al alba y petrocaribe, a pesar de la desconfianza de los sectores empresariales, y de los problemas con los distribuidores nacionales e internacionales de gasolina y otros derivados del petróleo.

En un segundo momento, acercándose las elecciones primarias para seleccionar a los candidatos de los partidos para la siguiente contienda electoral, el presidente Zelaya se aleja de estos pactos, y confiado en el apoyo internacional ofrecido por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, a pesar de confesar abiertamente que él no es de “izquierdas”, ni nunca ha sido “comunista”,⁸ se apoya en la izquierda política del país, en amigos leales y en las fuerzas armadas para continuar ejerciendo el poder. De esta forma desde inicios de 2008 se gesta la crisis que llevará al colapso del sistema político hondureño.

Patricia Rodas abandona la dirección del Partido Liberal y se incorpora al gobierno como canciller, Enrique Flores Lanza asume el ministerio de la Presidencia y Víctor Meza, un reconocido intelectual de la izquierda hondureña, Gobernación. Por su parte, el ex fiscal general de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, que había sido electo diputado, intentado sin éxito cambiar el reglamento del Congreso Nacional en 2006, se consolida en el gobierno pasando por los ministerios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. Arístides Mejía es promovido a vicepresidente y Ricci Moncada, después de transitar por el ministerio del Trabajo, entra en la órbita cercana del presidente y se encarga de dirigir la enee (Empresa Nacional de Energía Eléctrica). Por otra parte, Zelaya estrecha la relación directa que tiene con el jefe del ejército, e incluso le encarga misiones, sin que medie el Secretario del Despacho de la Defensa Nacional como intermediario.⁹

Los problemas de gobernabilidad que enfrenta Manuel Zelaya, van desde los que estructuralmente debe gestionar el presidente del país, por las propias debilidades estructurales hondureñas —como la corrupción, la creciente inseguridad, el desempleo, la pobreza extrema, la migración de paisanos, y las correspondientes repatriaciones, y el crecimiento de las estructuras del crimen organizado en el país—, hasta aquellos relacionados con su estilo particular de gobierno. Con el paso de los meses, y el estrechamiento de las relaciones con Venezuela, el miedo de muchos sectores a la “izquierda” chavista y el recuerdo de muchos sobre la Guerra Fría y el intervencionismo extranjero en el país, se convierten en problemas serios y abren brechas de desconfianza política importantes.¹⁰

A principios de 2009 se desencadena una serie de acciones unilaterales por parte de la Presidencia que dinamitan la confianza que quedaba, y desgastan el equilibrio de poderes en Honduras. Esto generará conflictos insalvables entre el ejecutivo y el resto de poderes, que no serán gestionados de una forma adecuada y llevarán a que se deterioren las relaciones entre estos actores de forma dramática:

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  No se envía el presupuesto al Congreso Nacional, estrangulándose económicamente tanto al poder legislativo como al judicial.

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  Se incrementa sin consenso político el salario mínimo de los trabajadores del país en enero 2009.¹¹

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  En el proceso de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se producen presiones del Ejecutivo, con amenaza de uso de la fuerza armada, incluso de detenciones de diputados, para impulsar el nombramiento de la esposa del ministro de la Presidencia, Marlina Dubón, como presidenta de la misma.¹² Estas presiones no surten efecto y el poder Legislativo nombra a los integrantes de la Corte como se prevé en la ley.

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  En marzo de 2009 el Ejecutivo vuelve a presionar en el nombramiento del Fiscal General de la República, tratando de imponer de nuevo a Dubón en ese cargo. Las presiones ejecutivo tampoco dan resultado.¹³

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  En la Asamblea de la OEA en San Pedro Sula, celebrada a principios de junio, la canciller Patricia Rodas fuerza una declaración de reingreso de Cuba a la Organización, lo que contraría a actores nacionales que no habían sido consultados y a los Estados Unidos.

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  Finalmente el gobierno ejerce una fuerte presión para convocar un referéndum, que luego convierten en encuesta, para que el pueblo decida sobre la convocatoria de una Constituyente que permita la reelección presidencial.

Esta última iniciativa, conocida como “la Cuarta Urna” es considerada ilegal por el poder Judicial y conducirá a la orden de detención y presentación del presidente de la República, emitida el 26 de junio de 2009 por la Corte Suprema de Justicia. Al momento de cumplir con la instrucción la madrugada del día 28 de junio, las Fuerzas Armadas asumen la decisión de sacar al presidente del país en lugar de presentarlo ante el juez natural. Horas después, el Congreso Nacional nombra a un nuevo presidente de la República, en ausencia de Manuel Zelaya.

El gobierno de Roberto Micheletti Baín (29 junio 2009-enero 2010)

Designado por el Congreso Nacional para concluir el periodo de Zelaya, éste insistirá en señalar que su nombramiento es producto de una “sucesión” prevista en la Constitución, y que las medidas tomadas por las autoridades hondureñas tras la expulsión del presidente del país, han sido legítimas. Micheletti es un político liberal de derecha de la vieja escuela, con estudios militares y un nacionalismo muy arraigado. Su gobierno más que de facto, como señaló la mayoría de los analistas, fue un interinato de transición, que se limitó a gestionar las consecuencias del golpe de Estado hasta la celebración de las elecciones convocadas para noviembre de 2009, y la toma de posesión del nuevo presidente electo en enero de 2010.

La tarea de este gobierno fue muy complicada. Trató de contener la mínima expresión la violencia política y resistió con el objetivo de lograr que, a pesar de todas las presiones, se estuviera en posibilidad de desarrollar el proceso electoral de noviembre de 2009. En el camino se vulneraron derechos humanos al establecerse toques de queda y al intervenir intermitentemente a algunos medios de comunicación abiertamente hostiles. Sin embargo, y a pesar de algunos errores y salidas de tono, tanto de Micheletti como de alguno de sus colaboradores, se logró el objetivo gubernamental de gestionar la situación sin que se produjera un derramamiento de sangre masivo, y sin que se pueda señalar con seriedad que las fuerzas de orden público respondieran de forma desproporcionada, salvo algún caso aislado, frente a los retos a los que fueron enfrentados en las manifestaciones públicas de simpatizantes de unos y otros.¹⁴

Éste fue un periodo tenso, muy confuso y complicado, tanto para la clase política, como para la población en general. Las fuertes presiones internacionales, el desconocimiento de la oea al gobierno de Micheletti, las humillaciones de su secretario general, José Miguel Insulza, y de otros mandatarios hacia las autoridades hondureñas, la retirada de embajadores por parte de la mayoría de los países acreditados, la congelación de la ayuda internacional y la amenaza de sanciones internacionales severas, hicieron tambalear al gobierno salido de la crisis y provocaron que la sociedad hondureña se dividiera de una forma muy profunda.¹⁵

Paradójicamente, fueron la negociación política y la diplomacia las que permitieron una salida aceptable de la crisis política. Carlos López Contreras, un habilidoso diplomático hondureño de carrera, dirigió los esfuerzos diplomáticos del gobierno de transición y fue una pieza clave para lograr alargar la negociación, tanto manteniendo la posición oficialista cuando ésta se interpretaba como una imposición de la comunidad internacional hacia el gobierno salido de la crisis, como en la gestión de cerrar la misma, apoyando el acuerdo de San José Tegucigalpa, por el que los representantes de Zelaya acordaron que sería el Congreso Nacional el que decidiría el retorno o no del presidente Zelaya. Comprometida la palabra de Zelaya, en ese momento asilado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, los actores internacionales no aceptaron que éste se retractara del acuerdo, cuando entendió que el Congreso Nacional no apoyaría su retorno a la Presidencia, y aceptaron lo firmado en el acuerdo de San José, lo que permitió la celebración legitima de las elecciones previstas para noviembre de 2009.

El gobierno de Porfirio Lobo (enero 2010-enero 2014)

Resultado de las elecciones de 2009 y condicionado durante todo su mandato por la crisis política que inició en 2008 y por la hostilidad internacional inicial, la estrategia de este presidente hondureño para encarar su mandato fue impulsar un Ejecutivo de integración nacional, a lo largo de todo el periodo, en el que participaron ministros de todos los partidos políticos. Jacobo Regalado, del Partido Liberal (pl), fue titular en la Secretaría de Agricultura y Ganadería; César Ham, de Unificación Democrática (ud), se desempeñó en el Instituto Nacional Agrario; Felícito Ávila, de la Democracia Cristiana (dc), en Trabajo;¹⁶ Bernard Martínez, del Partido Innovación y Unidad (pinu), en Arte, Cultura y Deportes;¹⁷ el dirigente magisterial José Alejandro Ventura, en Educación.¹⁸ Lobo también contó con Arturo Corrales, de la dc, como Secretario de Relaciones Exteriores (septiembre 2011- abril 2013),¹⁹ y como Secretario de Seguridad, a partir de mayo de 2013, en sustitución del nacionalista Pompeyo Bonilla.²⁰ Podría decirse que el gobierno de Lobo, más que un gobierno de “integración” de personalidades de diferentes partidos políticos, fue un gobierno de “coalición”, al estilo de los sistemas parlamentarios, en el que diferentes partidos políticos establecen acuerdos y “reciben” una secretaría para su gestión, con la posibilidad de reparto de posiciones entre sus simpatizantes.

El caso de la Secretaría de Educación fue particularmente importante, puesto que una vez que Ventura, dirigente del colegio magisterial prichma, fue destituido, asumió Marlon Escoto, Rector de la Universidad Nacional de Agricultura (una) en Catacamas, Olancho.²¹ Éste era integrante de libre, y simpatizante de Manuel Zelaya y sin embargo acabó repudiado por este partido y felicitado como el mejor ministro de 2013, en la encuesta realizada entre comunicadores por el diario de filiación liberal La Tribuna, por sus compromisos en la reforma del sector educativo hondureño.²² En su gestión se aplicó la nueva Ley General de Educación, se eliminaron privilegios a los colegios magisteriales y prácticamente se acabó con el “estatuto del docente” que ofrecía grandes privilegios a los maestros.

El pacto no se limitó al Ejecutivo. El Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández también integró en la mesa directiva del Congreso Nacional a representantes de los diferentes partidos: Marlon Lara y Waldina Paz, del pl; Ramón Velásquez Nazar, de la dc, y Marvin Ponce, de la ud, pertenecieron a la misma a partir de 2010.²³

Porfirio Lobo enfrentó un periodo gubernamental difícil. A la falta de reconocimiento internacional se sumaba la división interna del país. La inseguridad se agudizó en un contexto de falta de recursos económicos del Estado para afrontar los problemas. En opinión del abogado Juan José Sorto,²⁴ simpatizante del Partido Nacional (pn), Lobo gobernó con un partido dividido, como se evidenció en las elecciones primarias de 2012. La principal razón de ello es que en un país “clientelar”, este presidente no pudo contar con su partido para ocupar puestos públicos,²⁵ obligado a conformar un gobierno de integración. En opinión de Sorto, en sus dos primeros años de gobierno, el presidente se dedicó a evitar confrontaciones, y trató de dar a todo el mundo lo que pedía, lo que le generó situaciones conflictivas.

Posiblemente los asuntos más importantes que se abordaron en este periodo fueron la reforma educativa, la propiedad de las tierras en el Bajo Aguán, y el intento de reforma policial, que implicaba la depuración de las instituciones de policía,²⁶ y por añadidura de la Fiscalía, del poder Judicial y de las aduanas. También se apoyó a pequeños empresarios fomentando el desarrollo comercial de las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, se aprobó la extradición de narcotraficantes hacia los Estados Unidos²⁷ y una Ley de Servicio de carrera para los diplomáticos hondureños.

Juan Orlando Hernández y el Congreso tuvieron un gran protagonismo, precisamente por la aprobación de leyes en educación, seguridad, el aumento de penas a los delincuentes, así como en otros temas arriba mencionados. La depuración policial y la utilización del polígrafo como instrumento fue muy cuestionado, y se presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Según el abogado Sorto: “la Corte se salió de la pretensión de demandada. Se pretendía anular una prueba de confianza, y lo que hizo la Corte es declarar inconstitucional todo el asunto”; paralizando en consecuencia el proceso de depuración de la policía.

La respuesta del Congreso Nacional fue contundente, y muy criticada. Juan Orlando Hernández unió sus fuerzas a las de Yani Rossenthal (pl) y la ud y destituyeron a los jueces de la Sala de lo Constitucional.²⁸ Con una votación de 97 votos a favor y 31 en contra el Congreso aprobó la destitución de los jueces Rosalinda Cruz Sequeira, Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez y Gustavo Bustillo Palma. Esta votación se dio después de un informe elaborado en 24 horas por una comisión especial de legisladores para reprobar la conducta administrativa de los magistrados.²⁹

EL REGRESO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS AL ESCENARIO POLÍTICO

El presidente Ricardo Maduro (2002-2006) abrió de nuevo las puertas a los militares a las tareas de orden público, para acompañar a la policía en los patrullajes realizados en zonas en las que el Estado era cuestionado de forma abierta por las maras. La Organización de Estados Americanos aprobó en octubre el 2003 una declaración que apoyaba la idea de la multidimensionalidad de las amenazas a la seguridad, en la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica, celebrada en la ciudad de México. Esta iniciativa se utilizó como argumento para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de desarrollo y de diferentes problemáticas sociales, para gestionar las diferentes dimensiones que afectaban la seguridad de la nación. Zelaya llevó más lejos esta dinámica. Ante la falta de apoyo partidario que tenía en el Congreso Nacional y para reforzar su estilo de gestión basado en lograr resultados inmediatos, utilizó a la institución y la trató de integrar como apoyo a su proyecto de gobierno. El golpe de Estado y la participación de las Fuerzas Armadas como “árbitro” entre los grupos políticos del país, su misión cada vez más enfocada a lo “interno” protagonizando los esfuerzos del Estado para enfrentar el aumento de la violencia homicida en el país y la presencia cada vez más notoria del crimen organizado, han acabado por consolidar el regreso de las Fuerzas Armadas como un actor político relevante en Honduras.³⁰

Puede apreciarse en el cuadro 1 una relativa estabilidad en el número de militares hondureños desde la administración de Ricardo Maduro hasta el importante incremento aprobado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, en el que se impulsa la iniciativa de la policía militar para enfrentar la inseguridad ciudadana. No sucede lo mismo en el rubro presupuestario, que se sintetiza en el cuadro 2, y en el que se muestra cómo a partir de la administración de Manuel Zelaya Rosales se incrementa el gasto en defensa de una forma muy significativa.

Cuadro 1.

Efectivos de las Fuerzas Armadas³¹³²

Fuente: Elaboración propia. Los datos de 2005 se obtienen del Libro Blanco de la Defensa de Honduras (2005), y el resto, del Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, edición 2014.

Cuadro 2.

Evolución del Presupuesto de Defensa en Honduras en millones de dólares (2001-2014)

Fuente: Elaboración propia. 2001-2005: Libro Blanco de la Defensa de Honduras (2005, 134); 2006-2007: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina (2010, 222); 2008-2012: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina (2012, 206), y 2013-2014: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina (2014, 34).

En un principio este aumento se explica por los fuertes incrementos salariales que se dieron entre 2007 y 2008, especialmente en las partidas de “Jefes” y “Generales”, como se aprecia en el cuadro 3. Se complementa con los aumentos en pensiones que se muestran en el rubro “Otros”, del cuadro 4, así como con la incorporación de nuevos elementos a las Fuerzas Armadas, sea en las armas tradicionales, o en la policía militar, que se implanta a partir de 2013. Como se puede ver en el cuadro 4, hasta 2014 no se experimenta un incremento significativo en los rubros de “Gastos de servicios no personales”, y tampoco en “Materiales y suministros”. Ello evidencia unas Fuerzas Armadas orientadas hacia lo interno, cuyas principales partidas operativas deben encontrarse en los programas presupuestarios de las secretarías a las que apoyan (ya sea con fondos propios, o con apoyo internacional). Eso cambia en 2014, con el importante incremento que se deriva de la creación de la policía militar, que como se ha señalado, se va a encar-gar directamente de misiones relacionadas con el enfrentamiento a las principales causas que originan el incremento de la violencia en el país.

Cuadro 3.

Incremento de salarios militares abril 2007-enero 2008³³

Fuente: Elaboración propia a partir de los siguientes documentos: Acuerdo 534 del Secretario de Estado del Despacho de Defensa Nacional, 29 de marzo 2005; Acuerdo 745 del Secretario de Estado del Despacho de Defensa Nacional, 18 de abril 2007; Acuerdo 1227 del Secretario de Estado del Despacho de Defensa Nacional, 2 de agosto 2007; Acuerdo 1861 del Secretario de Estado del Despacho de Defensa Nacional, 1 de enero 2008.

Cuadro 4.

Desglose del presupuesto de Defensa de Honduras por partidas

Fuente: 2006: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina (2007, 207); 2007: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina (2008, 207); 2010: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina (2010, 222); 2012: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina (2012, 206); 2014: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina (2014, 34). En lempiras (M/N).

El estilo de gestión militar del presidente Manuel Zelaya Rosales

Manuel Zelaya Rosales utilizó tanto a las Fuerzas Armadas como a la policía y quiso convertirlas en agencias al servicio del presidente más que del Estado, reivin-dicando en diferentes ocasiones de forma expresa la figura de comandante en jefe de las instituciones, y reclamando su posición como una autoridad que él mismo visualizaba como autónoma e independiente del resto de los poderes del Estado.³⁴

Benefició a sendas instituciones con importantes incrementos salariales, especialmente a los altos mandos, ampliando los años de servicio en cada escalafón, como se observa en el cuadro 3.³⁵ Seleccionó y sostuvo líderes afines, a quienes consideraba y trataba como “amigos”, invirtiendo mucho tiempo en ganarse la confianza de estos actores en el ámbito personal.³⁶

Amplió las misiones de la Fuerzas Armadas, y las utilizó en el servicio al sector público civil en diferentes situaciones, e incluso recibió consejos políticos de los jefes militares en determinados momentos.³⁷ Arístides Mejía justifica esta ampliación de misiones como un intento de “normalizar” la actuación de las Fuerzas Armadas en la administración pública.³⁸

La administración del presidente Zelaya favorece con sus políticas la participación de los militares en asuntos que acostumbran en sociedades democráticas a ser competencia de administraciones públicas especializadas. En opinión de Mejía, la tarea de mostrar que las fuerzas armadas no eran una entidad aparte, que no gozaban de autonomía, y que estaban subordinados pasaba por participar en gran cantidad de actividades en apoyo al resto del gobierno. Así, señala que la primera acción del gobierno de Zelaya, al día siguiente de la toma del poder, fue la participación en la operación de protección al bosque que se mantuvo a lo largo de los años (cvr 2011b, 34). A este deseo de integración se unía, reconoce el ministro, el estilo de gestión del presidente, que deseaba que sus instrucciones fueran cumplidas de forma inmediata y sin excesivos retrasos burocráticos.³⁹

Los militares participaron en la gestión de la crisis de la Empresa Eléctrica Nacional (ENEE), que en opinión de Mejía se encontraba en serios problemas tras la gestión del presidente Maduro, incorporando en gerencias claves a oficiales:

La idea fue de poner gerentes militares que ayudaran a los gerentes civiles para reorganizar, porque realmente la empresa era un desastre. A partir de ese momento cambia el rumbo de la enee y comienza su recuperación, para ello emprendimos varias acciones como reducción de pérdidas, para lo cual organizamos las brigadas para hacer cortes de electricidad a los morosos (cvr 2011b, 42).

Zelaya también recurrió a las Fuerzas Armadas después del accidente del avión de taca en el aeropuerto de Toncontín en 2008, al intentar que en un tiempo de seis meses se habilitase un aeropuerto civil, en la base militar estadounidense de Palmerola, que sustituyera al de la ciudad de Tegucigalpa, encargando al general Vásquez que se encargara de la operación.⁴⁰ Señala finalmente Mejía que las fuerzas armadas se encargaron de otras misiones relacionadas con la gobernabilidad ayudando a otros ministerios, y desempeñando un papel primordial en las contingencias y desastres naturales:

Hay muchas otras cosas positivas que han venido haciendo los militares que les había hecho ganar reputación, respeto y hasta la estima popular, era la institución del Estado con mayor credibilidad, estos eran puntos en los que insistí mucho durante todas mis intervenciones públicas con oficiales y tropa, lamentablemente tengo que decir aquí que eso se ha venido abajo con la mala decisión o de servir de ejecutores de un golpe de estado instigado, planificado y pensado por sectores políticos y un reducido sector de empresarios, que son los verdaderos actores de esta tragedia nacional para mí” (cvr 2011b: 60).

En la entrevista entre los integrantes de la Comisión de la Verdad y el General Romeo Vásquez Velásquez se encuentra un diálogo entre la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el citado militar que se recoge por la claridad que aporta en la dinámica de relaciones entre la presidencia de la República y la dirección de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Julieta Castellanos: Ustedes sentían que debían cumplir las órdenes del presidente, él quería bucear, ustedes buceaban, él quería subirse a un avión, se subía avión, cuando él se subió al F5, ¿a ese se subió?

Romeo Vásquez: Sí.

Julieta Castellanos: Ya se generaba preocupación porque, vaya, cómo se llega a esa relación o sea, de que el presidente tiene esos gustos muy especiales y las Fuerzas Armadas no había reglamentos que cumplir, inclusive dio la impresión que se exponía su vida el presidente, sino que también los bienes del Estado, porque volaba, no era para eso los aviones, verdad, pero, como esa, ¿hubo alguna situación de fragilidad institucional, allí de no poder decirle al presidente, mire, esto no se puede hacer?

Romeo Vásquez: No, porque no era una orden ilegal, era el comandante general quien las daba, entonces ningún juez la consideraba ilegal, porque el problema nuestro son los jueces, que cuando ellos dicen que una orden es ilegal no la podemos cumplir, pero hay órdenes que son legales, por ejemplo, él daba órdenes de ir a patrullar, de ir a la biosfera del Río Plátano, combatir los incendios forestales, inclusive en el traslado del aeropuerto a Palmerola, eran órdenes completamente que estaban dentro del ámbito de lo legal, no había ningún problema con eso.

Un hecho más polémico fue la intervención partidaria de las Fuerzas Armadas. Señala el general Romeo Vásquez que el presidente Zelaya se comprometió en abril de 2009 frente a la junta de comandantes a no involucrar a las Fuerzas Armadas en aspectos partidistas, pero que en mayo cambió su posición y les pidió implicarse en el apoyo de la cuarta urna.⁴¹ Existía el precedente, que generó un gran inquietud entre la clase política, de las jornadas en las que el Congreso Nacional en enero de 2009 estaba nombrando a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Según diferentes testigos, el gobierno de Zelaya presionó, incluso con la posibilidad de la disolución del Congreso Nacional, movilizando a unos cuatrocientos policías y militares, que con tanquetas se posicionaron frente a las instalaciones del poder legislativo.⁴²

En la conversación con representantes de la Comisión de la Verdad, el general Romeo Vásquez fue cuestionado de nueva cuenta por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (cvr 2011b, 200):

Julieta Castellanos: Porque lo que se nos han dicho, de otros testimonios, es que hubo amenazas de disolución y estaban abajo policías y militares y hay videos que registran esa presencia.

Romeo Vásquez: Sí, pero si habían no sería con el propósito de disolución del Congreso, sobre todo utilizándonos a nosotros, a mí me llamaron muchos políticos. Yo les dije: eso es un problema político, resuélvanlo ustedes, no nos metan a nosotros; y así fue, entonces ellos se pusieron de acuerdo, pero no había ninguna acción de fuerza, lo que pasó, según tengo entendido, hubo varios de los ministros del expresidente Zelaya que fueron a decirles: bueno, si no se resuelven vamos a darles golpe de Estado, pero fue amenazas habladas…

Desde ese momento la dinámica de la confrontación partidaria fue en aumento, y el ejecutivo trató de presionar a las Fuerzas Armadas para lograr su apoyo político. Señala el general Vásquez la sorpresa que le supuso la orden presidencial para apoyar la cuarta urna

En ese momento, muy preocupado, por la instrucción que se nos estaba dando, le hice la observación: “señor presidente, con el respeto que usted se merece, en el mes de abril usted dijo que no iba a involucrar a las Fuerzas Armadas y además esto es muy delicado, porque la Constitución de la República, dice en su Artículo 72 que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica y al ser una institución apolítica no puede participar en proyectos políticos. Le sigo manifestando: lo único que hace las Fuerzas Armadas en el marco de la ley y al ser una institución jerarquizada es recibir y cumplir órdenes” (cvr 2011b, 175).

Este matiz contrasta con la opinión que Arístides Mejía expresó a la Comisión de la Verdad, en la que señala que la participación del general en apoyo a la cuarta urna era decidida, y que únicamente manifestó su preocupación al darse cuenta que se estaba perdiendo el apoyo de la opinión pública en el asunto por una estrategia política que éste consideró mal conducida (vcr 2011a, 123).

Cuando Zelaya recibe el rechazo de las Fuerzas Armadas para colaborar en la cuarta urna por ser considerada una acción ilegal, se altera y falta al respeto institucional de las mismas. Los oficiales del ejército se sorprenden y se molestan mucho.⁴³ La participación de la institución militar en asuntos políticos y el trato de autonomía que se profundizó en su gobierno, facilitó que los militares se sintieran con la capacidad de tomar decisiones políticas, en el momento de la expulsión de Zelaya a Costa Rica, para evitar, según su criterio, derramamiento de sangre,⁴⁴ violentando las instrucciones que habían recibido de los poderes competentes.

Aún en los momentos más tensos, conociendo Zelaya que las Fuerzas Armadas no acatarían la orden que deseaba imponer, llegó a afirmar que tenía 12 000 policías armados que defenderían su proyecto político.⁴⁵ Esto se convierte en un despropósito que muestra como su objetivo, más que mejorar las condiciones de militares y policías, contar con aparatos armados a su servicio, que simplificaran la acción política y le apoyaran en condiciones extremas, enfrentando la legalidad y al resto de poderes del Estado si fuera necesario.

LA VIOLENCIA EN HONDURAS (2006-2014)

El principal problema de gobernabilidad que enfrenta Honduras es el de la violencia — especialmente de la violencia homicida, que se ha agravado en los últimos años de una forma alarmante—. En el primer epígrafe de este apartado se rescatan concentradas las estadísticas de homicidios que han sido publicadas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que muestran cómo ha ido incrementándose la misma, y como se distribuye geográficamente. En el segundo se presenta una breve introducción a la problemática del crimen organizado, que está contribuyendo a este aumento de la inseguridad en el país. El combate contra el narcotráfico en Colombia y México está motivando a que diferentes organizaciones criminales se estén instalando en Centroamérica, y que Honduras, como ruta de tránsito de drogas sea un escenario propicio para la presencia de las mismas. En los últimos años los Estados Unidos ha impulsado políticas que “visibilizan” a algunos grupos locales relacionados con esta actividad, buena parte de las cuales tienen nexos con la actividad política, lo que está generando retos para el Estado hondureño que superan ampliamente sus capacidades de reacción. Finalmente se aborda el caso de la violencia por tierras en el Bajo Aguán, una zona emblemática de la costa atlántica hondureña, que arrastra problemas históricos, y que ha sido utilizada políticamente en los últimos años, especialmente por grupos de la izquierda hondureña, en un departamento en el que libre ha logrado consolidar su estructura partidaria de la mano tanto del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (muca), como de las estructuras magisteriales locales.⁴⁶

Honduras presenta graves debilidades institucionales para enfrentar los retos provocados por la inseguridad, haciéndose especialmente patentes las deficiencias de los aparatos policiales nacionales. Señala Julieta Castellanos (2012)⁴⁷ cómo, tras la reforma de 1993, provocada por la denuncia de un agente sobre ejecuciones extrajudiciales en el norte de Honduras, se separa el ejército de la policía, se suprime la Dirección General de Investigación, y se crean la Dirección General de Investigación Criminal, adscrita al Ministerio Público, y la Policía Nacional. Como resultado, señala Castellanos, inicia una confrontación entre la Policía de Investigación del Ministerio Público —percibida como una institución creíble—, y las estructuras policiales tradicionales, que abren una línea de confrontación tratando de recuperar las funciones de investigación que les habían sido arrebatadas en la reforma. En 1998 se debilita al Ministerio Público al trasladarse nuevamente la Policía de Investigación a la Nacional. En palabras de Castellanos, ésta fue una verdadera contrarreforma que empoderó a la Policía Nacional, dándole un importante grado de autonomía, lo que provocó que fuera perdiendo credibilidad no sólo por la falta de eficacia en la prevención del delito —como se evidencia en las tasas crecientes de homicidios—, sino también por la sospecha fundada en la sociedad de que la policía estaba involucrada en actos criminales y delictivos.

Coincidiendo con el incremento cada vez más acusado de las tasas homicidas en Honduras, en octubre de 2011 el asesinato de Rafael Alejando Vargas, hijo de la rectora de la unah, y de su amigo Carlos Pineda a manos de la policía desencadenó la indignación popular y una cadena de medidas orientadas a reformar el aparato policial hondureño. En un análisis publicado en 2013 por wola, Geoff Thale, Adriana Beltrán y Ana Goerdt señalan que:

El caso reveló el nivel de corrupción profundamente arraigada en la policía y provocó una protesta pública en Honduras, lo que finalmente condujo a la creación de la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública. La Comisión fue creada para llevar a cabo una reforma de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial (WOLA, 2013).

En noviembre de 2011 el Congreso Nacional creó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (diecp) con la misión de investigar delitos y faltas de conducta cometidos por miembros de la policía, así como de evaluar el personal policial para eliminar a los funcionarios corruptos (Informewola 2013). La falta de recursos y de personal, señala el Informe, es lo que ha llevado a que esta Dirección prácticamente se haya limitado a impulsar exámenes de control de confianza, que como se ha señalado anteriormente han sido muy cuestionados y han tenido resultados cuestionables:

La DIECP se ha enfrentado a fuertes críticas por no someter a policías de alto nivel a las pruebas de confianza, por retrasos en la administración de las pruebas, y por no avanzar en el despido de aquellos oficiales que no pasan las pruebas. El fracaso del proceso de depuración se hizo evidente cuando el director de la diecp, Eduardo Villanueva, admitió en marzo de 2013 —más de un año después de la creación de la diecp— que sólo 1 200 agentes de unos 11 000 miembros de la fuerza habían sido evaluados por la Dirección. De ellos, 230 agentes que no habían pasado las pruebas se mantenían en la fuerza. En junio, el gobierno de los Estados Unidos retiró su apoyo financiero a la diecp, citando un “avance lento” (wola 2013).

En marzo de 2012 el gobierno creó la Comisión de Reforma del Sector Seguridad, por un periodo de tres años,⁴⁸ e integrada por el exministro de Gobernación de Zelaya, Víctor Meza; el exrector de la unah, Omar Casco; el reconocido intelectual Matías Fúnez, y dos representantes de la comunidad internacional, uno chileno y otro canadiense.⁴⁹ Esta Comisión tampoco dio los resultados deseados. El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (ciprodeh) y la Fundación Friedrich Ebert publicaron un informe en marzo de 2013 en el que denunciaban la falta de voluntad política para transformar la policía:

Las recomendaciones de la Comisión de Reforma del Sistema de Seguridad Pública de Honduras carecen de fuerza, vinculación y obligatoriedad; se ha mostrado un alto grado de irrespeto por parte de organismos nacionales e internacionales al proceso de reforma. Además el gobierno muestra incapacidad, miedo o colusión con el crimen y la violencia (CIPRODEH, 2013).⁵⁰

Para Wilfredo Méndez (2013, 14), como resultado de este fracaso se han dado facultades ampliadas a los militares, y en agosto de 2013 finalmente se aprueba la Policía Militar, lo que en su opinión es un error político, derivado de la desesperación de la clase política, y el no saber qué hacer con el problema de la inseguridad.

Evolución de los homicidios en Honduras (2004-2013)

Los cuadros 5 y 6 retratan el incremento de la violencia homicida en Honduras, tanto a nivel nacional como por departamentos. De 30.7 homicidios a nivel nacional por cada 100 000 habitantes en 2004, se pasó a 86.5 en 2011. Estas estadísticas son más alarmantes si se analizan con detalle las tasas referentes a los departamentos donde se encuentran las principales concentraciones urbanas (Tegucigalpa, San Pedro Sula, la Ceiba y Comayagua), el corredor de la droga de la costa Atlántica (Colón, Atlántida, Cortés y Yoro) y los puntos de contacto fronterizo de tránsito de drogas con Guatemala (Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque), donde las tasas son superiores a 70 por cien mil habitantes y se elevan, en determinados casos, a niveles de entre 130 y 150. En el departamento interior de Olancho, como se muestra más adelante, las luchas entre grupos rivales del narcotráfico, tienen mucho que ver con las altas tasas de homicidios que se reflejan.⁵¹

Cuadro 5.

Muertes en Honduras por causas no naturales (2004-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de Boletines del Observatorio de la Violencia. Mortalidad y otros (unah- iudpas 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Números reales. Con relación a la causa “indeterminada” no se conoce enque categoría incluir la defunción. En el caso de la causa “accidental” encontramos diferentes tipos de accidentes.

Cuadro 6.

Tasas de homicidios por cada 100000 habitantes, en los departamentos de Honduras (2005-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de Boletines del Observatorio de la Violencia. Mortalidad y otros (unah- iudpas 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Población en números reales. En las tasas en negro aparecen los homicidios por cien mil habitantes que nosuperan 39. En sombreado gris pálido, las tasas que se encuentran entre 39 y 69. En gris oscuro, las superiores a 70 por cien mil habitantes. Población en base a las proyecciones del ine para 2012 que señalan que son 8 385 072 los que componen la población hondureña.

Los cuadros 7 y 8 muestran la debilidad de la información criminal en el país. La mayor parte de los homicidios del país no se logran explicar ni por fuentes oficiales, ni por la prensa que se dedica a monitorear la actividad homicida. Sin embargo sendas fuentes coinciden apuntando que el sicariato —relacionado con el crimen organizado— es la principal causante de muertes violentas, seguido de lejos por la actividad criminal común y la violencia interpersonal. Señalan también con claridad cómo las maras y la violencia organizada del Estado hacia los ciudadanos no son relevantes en la explicación de la violencia generalizada en la que viven los hondureños y las hondureñas desde 2007 hasta 2013.

Cuadro 7.

Causas de homicidios según fuentes oficiales (en tantos por ciento)

Fuente: Elaboración propia a partir de Boletines del Observatorio de la Violencia. Mortalidad y otros (unah- iudpas 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Número real de homicidios. Proporciones en tanto por ciento que reflejan los datos publicados en la fuente original.

Cuadro 8.

Causas de homicidios según la prensa (en tantos por ciento)

Fuente: Elaboración propia a partir de Boletines del Observatorio de la Violencia. Mortalidad y otros (unah- iudpas 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Número real de homicidios. Proporciones en tanto por ciento. Diarios consultados: El Heraldo, La Prensa, Tiempo y La Tribuna. Se reflejan los datos publicados en la fuente original.

El narcotráfico y su visibilización

Este tema es especialmente delicado y sensible. La prensa no informa al respecto con mucha frecuencia por su peligrosidad, especialmente en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Colón, Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y Copán. Sin embargo, la preocupación de la clase política por la infiltración del narcotráfico es evidente. Funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (tse) y de la Comisión Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (cnlcn) advirtieron en febrero de 2013 sobre el peligro de que los narcotraficantes y el crimen organizado se infiltraran en los políticos que participarían en las elecciones generales.⁵²

A mediados de 2013 el gobierno estadounidense identificó una organización criminal en Colón, conocida como los “Cachiros”, relacionada con la familia Rivera Maradiaga⁵³ —quienes se defienden de las acusaciones—,⁵⁴ y otra en San Pedro Sula, dirigida por el “Chepe” Handal —en ese momento candidato de libre a diputado—, que según organismos de inteligencia de Estados Unidos, aparentemente tienen nexos con los Zetas y el Cartel de Sinaloa, en México.⁵⁵ Derivado de esta situación y debido en gran medida a presiones externas, el gobierno hondureño aprobó un decreto que autoriza la extradición a nacionales reclamados por el gobierno de los Estados Unidos.

Aunque a principios de 2014 todavía no se habían efectuado detenciones —por falta de capacidad—, sí se han iniciado las actividades de incautación, registro y aseguramiento de empresas y propiedades. Desde el 12 de junio de 2013 entró en vigor el decreto que regula la extradición de los hondureños.⁵⁶ El decreto dividió a los magistrados de la Corte porque se dieron cuenta del riesgo al que estarán expuestos los funcionarios hondureños. Por ello pidieron protección para garantizar la vida de los jueces y fiscales que estén a cargo de conducir los procesos de extradición.⁵⁷ Ante esta situación, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (csj) admitieron un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Convenio de Extradición entre los gobiernos de Estados Unidos y Honduras.⁵⁸

Las empresas aseguradas propiedad de la familia Rivera Maradiaga son Palvasa y Ganaderos y Agricultores del Norte. Ambas están en el rubro agrícola, y están constituidas por varias fincas de palma, productoras de aceite y haciendas ganaderas, pero también se encuentran en el sector de transporte público y en el área de hostelería y turismo.⁵⁹ Los Handal, por su parte, son propietarios de negocios en varias ramas como las Supertiendas Handal, Corporación Handal, el Rancho La Herradura, Motocicletas JM Troya, Cleopatra y Autopartes Handal, así como Easy Cash.⁶⁰

La historia reciente de la afectación del narcotráfico en la política hondureña empieza a complicarse en 2006 en los primeros momentos del gobierno de Manuel Zelaya. Juan Ramón Salgado Cuevas, un diputado del Partido Liberal, integrante de la comisión del Congreso contra el Narcotráfico, que había sido reelecto en tres ocasiones y había sido alcalde de Trujillo (Colón), fue asesinado al parecer por no cumplir con un compromiso al que se había llegado con la familia Rivera Maradiaga. Éstos querían que el actual diputado por Colón, Midence Oquelí Martínez (pl), relacionado familiarmente con ellos y socio en varias empresas, fuera designado viceministro de Seguridad. Manuel Zelaya aceptó, pero finalmente ese acuerdo no llegó a buen puerto porque al parecer el gobierno de los Estados Unidos vetó el nombramiento. Salgado fue asesinado en su domicilio de San Pedro Sula por unos sicarios el 1 de mayo de 2006.⁶¹

El 23 de noviembre de 2008 el diputado Mario Fernando Hernández Bonilla (pl) también integrante de la comisión contra el narcotráfico fue acribillado a tiros junto al abogado relacionado con la familia Rossenthal —y candidato a diputado por el pl— Carlos Collier.⁶² Posteriormente se supo que Hernández Bonilla era el propietario formal de una finca en Naco (Santa Bárbara) en donde se cree que residía por temporadas el Chapo Guzmán (también se señala que tenía residencias en Copán y en Tocoa). Hernández Bonilla fue asesinado por sicarios del Cartel de Sinaloa, después de que fuera incautado en Francia un cargamento de pseudoefedrina, valorado en siete millones de dólares y que había sido enviado por la empresa Genéricos de Honduras, propiedad supuesta del diputado.⁶³

Fue precisamente la investigación sobre este caso lo que le costó la vida al zar antidrogas de Honduras, el general retirado Julián Arístides González, el 8 de diciembre de 2009. El 22 de noviembre de 2011 Alfredo Landaverde, ex asesor en temas de seguridad, denunció que el general retirado había sido asesinado por agentes del aparato de seguridad del Estado, porque había anunciado que revelaría nombres de implicados con el narcotráfico:

El problema es que cuando se lucha contra el crimen organizado, no se puede anunciar públicamente a quiénes va a denunciar, ese fue lo que pasó con el general González y por eso lo tronaron, sostuvo Landaverde.⁶⁴

Unos días después de estas declaraciones, el 7 de diciembre, el propio Landaverde era asesinado en Tegucigalpa.⁶⁵ Como puede apreciarse periodistas y políticos hondureños deben ser muy discretos frente a la situación del narcotráfico, por la falta de capacidad del Estado para proteger la vida de los que denuncian situaciones de este tipo.

Los magistrados prevén que el decreto de extradición impuesto desde Estados Unidos puede traer consecuencias muy complicadas para el país. Todo indica que los líderes del crimen organizado, acostumbrados a la impunidad, tienen miedo a la extradición y esto los vuelve sensibles frente a promesas de políticos que se manifiesten con claridad frente a la extradición. De momento, en los departamentos de la costa atlántica y occidente, que serían los controlados por los grupos denunciados por los Estados Unidos, da la impresión de que la lucha por “las plazas” está más o menos controlada y ya no aparecen en los medios de comunicación enfrentamientos entre los líderes del crimen organizado. Veremos qué sucede en el futuro si los liderazgos del crimen organizado se diluyen e inicia, como en México o en otras partes de Honduras, una guerra por el territorio, ante la incapacidad del Estado por proveer seguridad.

Esta circunstancia sucede por ejemplo en Olancho, el departamento de donde son originarios tanto Manuel Zelaya, como Porfirio Lobo. La región se ha convertido en un ejemplo de anarquía y de lucha entre las familias que aparentemente controlan parcelas del crimen organizado y que además suelen ocupar, también, distintas posiciones políticas.⁶⁶

La violencia parece ser moneda corriente en este departamento. Un diputado del Partido Liberal, Fredy Nájera Montoya,⁶⁷ fue baleado el 6 de octubre de 2011 y, posteriormente, acusado del asesinato de Claudio Méndez Acosta, marido de la viceministra de salud Miriam Paz, el 11 de octubre de 2011. Posteriormente Nájera fue absuelto de la acusación y salió reelecto diputado en 2013,⁶⁸ sin demostrarse ningún tipo de relación de éste con alguna actividad delictiva.

Edwin Montalván ex alcalde de San Francisco de la Paz y su hermano, Wilkin Montalván fueron señalados de estar relacionados con el narcotráfico.⁶⁹ También lo fue Julio Eduardo Sarmiento,⁷⁰ así como Lucio Rivera, a quien le mataron un hijo en un ataque, y quien sobrevivió a un segundo asalto gracias a sus dos guardaspaldas, el 23 de marzo de 2013:

Los pistoleros llegaron a bordo de cinco vehículos a la residencia de la familia Rivera, localizada en el barrio El Centro de San Francisco de la Paz, en posesión de armas de grueso calibre, incluyendo lanzagranadas, bombas, explosivos C-4 y armas automáticas de grueso calibre. Al llegar a la residencia de los Rivera, la rodearon por los cuatro costados e iniciaron la refriega que duró unos 15 minutos, tiempo en el cual dispararon más de mil proyectiles, uno de los cuales hirió a una empleada del negocio ferretero, identificada como Vanessa María Umanzor. Justo en el momento que se produjo el ataque armado, Rivera, que al parecer era el blanco principal de los agresores, se hacía acompañar de dos guardaespaldas en el interior de la vivienda.⁷¹

Todos los señalados han negado de forma contundente su participación en actividades en el crimen organizado, sin embargo la violencia se repite en el departamento y encontramos los mismos apellidos tanto entre las víctimas como entre los atacantes. Como muestra se reproduce un fragmento de una noticia publicada en diciembre de 2011:

En tareas conjuntas entre la Policía y el Ejército, en poblados como Juticalpa, Catacamas, Santa María del Real, San Esteban, Gualaco y San Francisco de la Paz, se hicieron más de 18 allanamientos en los que se logró decomisar drogas, armas de guerra, vehículos blindados, además de personas detenidas. En ese momento las autoridades reportaron la captura de tres individuos por suponerlos responsables de varios ilícitos y fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de Támara. A menos de 72 horas de haber sido enviados a la máxima cárcel del país, William Humberto Guifarro Ruiz y Juan Antonio Sarmiento fueron ahorcados en la celda donde estaban recluidos, mientras el tercer detenido, Selvin Sarmiento, se encuentra bien y está bajo custodia policial.⁷²

La problemática de la tierra en el Bajo Aguán

La zona del Bajo Aguán se sitúa en el departamento de Colón, en la costa atlántica de Honduras. En esta zona operaron históricamente la Standard Fruit Company, produciendo plátano, y diferentes cooperativas, entre las que destaca a partir de 1982 la Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria de la Palma de Aceite (coapalma) que produce Palma Africana, rica en aceite vegetal. Después del huracán Fifí en 1972, la Standard abandona la zona, y sus cultivos comienzan a ser manejados por los campesinos a través de la cooperativa Empresa Asociativa Campesina de Isletas (easi), recibiendo la asesoría técnica y crediticia de la Standard, que había manejado anteriormente esos terrenos gracias a una concesión del gobierno hondureño.

A partir de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, aprobada por el gobierno de Rafael Callejas en 1992, se permitió que estas tierras que habían estado en régimen de cooperativa pasaran a los campesinos en calidad de propiedades. Al convertirse en propietarios, los campesinos tuvieron la capacidad de vender sus tierras y, probablemente mal asesorados, muchos lo hicieron: unos a la Standart Fruit Company y otros a la empresa dinant, de Miguel Facussé Barjum.

Durante mucho tiempo los campesinos reclamaron que les regresaran sus tierras. Los que se relacionaban con el banano señalaban que ellos habían vendido una cantidad determinada de terreno, pero que la compañía se apropió de mucha más de la convenida, y judicializaron la situación. Los otros habían vendido en forma y a pesar de quejarse del precio que les fue ofrecido, no pudieron reclamar. Durante muchos años el problema se fue desconociendo.

En 2009 el Frente Nacional de Resistencia Popular tomó como bandera la lucha de los campesinos y se iniciaron tomas de tierras. Se señaló incluso que en estas tierras el fnrp se encargaba de entrenar a personas militarmente para enfrentar a Micheletti. Afirma Adolfo Alvarado, el candidato a alcalde de Sonaguera, que era un derecho de los campesinos recuperar esas tierras, y que Facussé tiene un exceso de las mismas. Se organizó el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (muca), que en las elecciones de 2013 presentó a Joni Rivas, uno de sus dirigentes, como candidato a diputado por libre. A través de esta organización ha persistido la lucha por la recuperación de las tierras de los campesinos.

En el gobierno de Porfirio Lobo éste fue uno de los temas principales a resolver. Se nombró secretario del Instituto de la Reforma Agraria al izquierdista de la ud César Ham, que se puso del lado de los campesinos y ofreció una solución que momentáneamente funcionó. El gobierno le compraría parte de las tierras a Facussé y las entregaría a los campesinos a cambio de que las fueran pagando poco a poco. Según un simpatizante del pl unas 3 000 hectáreas de Palma se regresaron a los campesinos, pero desde entonces, lo que también confirma Adolfo Alvarado, la zona se ha militarizado, y el conflicto no se ha acabado. Esta presencia armada está integrada por una parte por los guardias privados de Facussé y, por otra, por el ejército que “en lugar de proteger a las personas, protege las fincas del empresario”.

El muca y otros campesinos que han sido calificados de “Tacamiches”,⁷³ han seguido ocupando tierras que quedaron fuera del acuerdo de compra-venta y eso ha generado conflicto y muertos, de un lado y de otro. Diferentes entrevistados señalaron que estos grupos ocupan tierras productivas, y en las semanas de la ocupación cortan la fruta de la palma y la extraen en camiones, obteniendo beneficios que quedan en las organizaciones o en los líderes de las mismas. Andelmo Rivera negó este punto, aunque sí reconoció que entre los campesinos también hay “vivos” e incluso señaló que libre no participa de forma directa en la lucha campesina no por falta de voluntad, sino porque las organizaciones campesinas son muy celosas.

El ex alcalde de Sonaguera señaló con rotundidad lo siguiente:

Los campesinos son una fuerza social importante en Honduras. Hay que educar y capacitar más al campesino para que se compacte. El campesino se ha convertido en presa fácil para votar por los mismos que le han hundido en la pobreza. Los “políticos de oficio” son especialistas en engañar gente. Acumularon fortunas que les permiten competir sin problemas. Todavía pervive el dominio económico y manipulan las conciencias de un alto porcentaje de la gente.

En todo caso, a pesar de los “celos” de las organizaciones campesinas, no hay duda que libre, con toda legitimidad, hizo propia una preocupación social regional y convenció a sectores campesinos para que votaran por su fuerza política.

Wilfredo Paz, actual diputado, y Joni Rivas se integraron de forma activa en una demanda que muchos campesinos consideran legítima y a través de unas estructuras de partido muy bien organizadas lograron obtener un resultado electoral muy positivo para su instituto político.

Otro de los entrevistados señaló, sin embargo, un aspecto preocupante que sin duda también tiene efecto sobre la región y su dinámica política y que, según su opinión, también podría estar detrás de las dificultades que se presentan para que se arregle de una forma definitiva este problema:

En Colón funciona la cultura del caos. De esa manera los grupos extralegales pueden gobernar. Coexisten permanentemente. Hemos tenido lugares en donde no puede transitar ni el ejército. Hay que prestar atención. Los políticos que han circulado tienen la venia del narcotráfico más que en cualquier otra parte. Hacer operativos en Colón significa uno o dos batallones, no sé cuántos millones y la posibilidad de que agentes del estado en lugar de combatir sean coaptados por el narcotráfico por no hacer y dejar pasar.

CONCLUSIONES

La dinámica política hondureña está lejos de acercarse al ideal democrático. Se cuenta con una democracia electoral que cumple con la función básica de la selección de los gobernantes de forma periódica, sin embargo el poder del Estado es muy limitado para ofrecer a los ciudadanos una gobernabilidad mínimamente satisfactoria. Esto ha sido aprovechado por el crimen organizado que ha irrumpido con fuerza en buena parte del territorio nacional, lo que explica —a pesar de la debilidad de la información publicada— en gran medida el dramático incremento en el número de homicidios que ha experimentado el país entre 2006 y 2013.

La clase política se articula en torno a los poderes locales que consolidan alcaldes y diputados a través de la reelección y los recursos que logran repartir en sus distritos. El autoritarismo se encuentra arraigado en una sociedad que se ha urbanizado de forma apresurada, pero que sigue manteniendo inercias rurales muy complejas. Existe una clase política arraigada en el territorio, con carreras profesionales muy largas, que se ha consolidado gracias al asistencialismo que han sido capaces de ofrecer a los ciudadanos. Esta dinámica ha generado figuras políticas territorialmente importantes que ejercen una suerte de caciquismo aceptado por los principales actores, bajo el amparo de los principales medios de comunicación, que en la mayoría de los casos pertenecen a familias arraigadas en la clase política nacional; y que se encuentra claramente vinculado al aparato partidista nacional.

Este reparto de poder en lo local, abona un equilibrio relativamente pluralista que conviene a buena parte de las elites. En este contexto, la figura presidencial adquiere importancia en la medida en la que tiene capacidad de pacto con esos poderes locales. Sin opción a la reelección, el Ejecutivo nacional tiene poca capacidad de maniobra a largo plazo, lo que se complica por la propia debilidad del aparato estatal y la magnitud de los retos y problemas que enfrenta una de las naciones más pobres de la región.

En este contexto —y a pesar de los esfuerzos realizados en la última década del siglo pasado—, la institución militar sigue siendo un elemento político importante, por la debilidad del aparato estatal y por la falta de comprensión de su misión por parte tanto de las elites políticas, como de la propia institución. Su participación en tareas de seguridad pública o desarrollo no han reflejado un grado de eficiencia suficiente, como muestra el aumento de las tasas de homicidios en el país, a pesar de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sin embargo los diferentes presidentes, probablemente ante la frustración que genera el no ser capaces de obtener resultados por otros medios, han seguido encargando misiones de diferente corte a la institución militar, e incluso en determinados momentos han tratado de manipularla políticamente a su favor.

El golpe de Estado de 2009 se explica en ese contexto. La utilización política de las Fuerzas Armadas, su empoderamiento y su estrecha relación con el presidente de la República abonó que ante el cambio de las circunstancias, actuara erróneamente de forma deliberante como “árbitro” de la situación. La crisis provocada por unos y otros se extiende hasta hoy, y ha generado un factor de división muy importante en la sociedad hondureña que costará superar.

La consolidación de la democracia pasa por la comprensión de las Fuerzas Armadas como una administración pública más, subordinada a los intereses nacionales que determina el pueblo a través de sus representantes electos; pero esa circunstancia no es suficiente para lograr el objetivo final. Es necesario fortalecer el aparato del Estado y generar dinámicas positivas de transformación. En un contexto tan complicado como el que enfrenta Honduras se requieren de acuerdos. Sin embargo ello no sólo no es fácil de lograr, sino que está muy alejado de la dinámica política local que arrastra hacia situaciones de conflicto, y dificulta el diálogo constructivo.