NOSTALGIA DEL “VIEJO BARRIO”

Del proteccionismo a la globalización y del neoliberalismo a la financiarización han sido procesos económicos, políticos y sociales que han diseñado un lenguaje que ha prevalecido en los textos de los organismos internacionales, y académicos, permeando el acercamiento teórico y metodológico de las políticas públicas y del vivir de la población mundial a niveles de austeridad y alta rentabilidad.

El cambio estructural que han tenido las economías después de la posguerra, y hasta antes de la Gran Crisis, denota la transformación de los circuitos productivos, comerciales y financieros en un profundo proceso de internacionalización. Los países han vivido un rápido proceso de integración que ha cambiado el orden social establecido. La robotización acelerada y las nuevas formas de empleo a través de la innovación tecnológica, están abriendo debates teóricos en un ciclo económico caracterizado por la estanflación, demandando políticas económicas alternativas.

El sentido de permanencia y convivencia, cuyo paradigma fue la equidad, la igualdad y el desarrollo, se ha expresado a través de movimientos sociales y de una mayor participación de las organizaciones ciudadanas. Un claro ejemplo es América Latina, cuya fuerza instauró gobiernos con una orientación social en el gasto público desde el inicio del siglo xxi. Los procesos democráticos de gobiernos con tradición parlamentaria han sido puestos a debate con el renacer del populismo y de las manifestaciones en contra de la globalización. Un renacer participativo de la sociedad.

México intenta mirar hacia sus hermanos latinoamericanos, la nostalgia del “viejo barrio”, la economía es no-ergódica, por lo que difícilmente se puede regresar al pasado. Se perdió el liderazgo de América Latina como consecuencia de insertarse en América del Norte.

Al resurgir los nacionalismos y el regionalismo frente a la aldea global, los movimientos contra la exclusión, homofobia y xenofobia, así como los derechos alcanzados por los movimientos feministas están ahora siendo cuestionados; la violencia social aumenta y la economía paralela de corrupción y el narcotráfico se profundizan. Las políticas públicas no son capaces de presentar alternativas frente a la actual Gran Crisis económica y financiera mundial.

El orden mundial ha sido violentado. Proteger los empleos, los mejores ingresos, la calidad de vida y una mejor distribución del ingreso han sido la bandera de la democracia. Los procesos de la globalidad y las políticas de apertura comercial mejoraron algunos sectores de la población, aunque otros se vieron desplazados. Las alianzas estratégicas de los corporativos industriales y financieros permearon y cambiaron las pautas tradicionales de la división del trabajo en escala mundial. Las formas de trabajo están evolucionando en la vorágine de una revolución tecnológica donde el dinero-crédito y el financiamiento al desarrollo juegan un papel fundamental.

México, cuyo proyecto de modelo económico apostó principalmente a la integración con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), perdió su pertenencia frente al resto de América Latina a raíz de una profundización de sus circuitos productivos que favorecieron las exportaciones e importaciones de la región. Los stakeholders de las grandes empresas agroindustriales del vecino país del norte se vieron favorecidos, ya que se importó el 98% del maíz base de la alimentación de los mexicanos. Por su parte, la deslocalización de la industria automotriz del corazón de la ciudad de Detroit dejó regiones industriales instaladas sin habitantes, fantasmas de acero, para instalarse en México. Ganadores y perdedores son el núcleo de población que cuestiona hoy en día el tlcan.

Regresar al “viejo barrio” es opción. Buscar nuevos mercados o insertarse en el nuevo eje global de los grandes consorcios de China podría ser otra alternativa. La salida, sin lugar a dudas, es retomar el sendero del desarrollo a partir de un mercado y una fuerza de trabajo calificada eliminando la pobreza y promoviendo los destellos de un país rico de tradiciones y una cultura que trasciende los valores de la humanidad.

Para Jairo Parada, autor del artículo: “Innovaciones sociales para territorios ‘inteligentes’: ¿ficción o realidad?”, el concepto de territorios “inteligentes” o ciudades “inteligentes” o regiones de la misma naturaleza, está basado en el surgimiento de la sociedad y la economía del conocimiento o “sociedad del conocimiento”. Esta sociedad se enmarca en la actual revolución tecnológica derivada del desarrollo del internet, la computación y el uso masivo de nuevos dispositivos que dan acceso a una cantidad enorme de información que facilita las comunicaciones, lo cual ha transformado los procesos de producción de bienes y servicios.

Pero al no ser preciso el concepto de “sociedad del conocimiento” se debe de enmarcar en el contexto de la Edad de la Información. Esto implica que las innovaciones no sólo son económicas, sino sociales, que impactan directamente en las acciones públicas o privadas modificando la dotación institucional de un país o territorio. Al considerarse la economía del conocimiento como operadora del régimen capitalista, no puede separarse el capital y el poder, no es sólo una nueva fuente de productividad y competitividad, el conocimiento representa un importante activo, acompañado de tecnologías digitales que están transformando a las formas del trabajo.

Los autores Jordy Micheli y Rubén Oliver en su artículo “Empresas de software en México y sus vínculos de desarrollo local”, exponen la forma en que llevaron a cabo una encuesta a 175 empresas distribuidas en las ciudades de México (75), Monterrey (50) y Tijuana (50) y que eran productoras de software. La industria de software en las ciudades mencionadas se enmarca en el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (prosoft). Al identificar más de 30 clústeres en 20 entidades, agrupadas en el Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de Información, se reconoce a esta industria como un insumo potenciador de la innovación en los sectores industriales maduros (metal-mecánica, textil-vestido y cuero-calzado, madera y muebles, siderúrgico y alimentos y bebidas), dinámicos (automotriz y autopartes, aeroespacial, eléctrico, electrónico y químico) y emergentes (biotecnología, farmacéutica, tecnologías de la información, industrias creativas y equipo médico). Más allá de una investigación sólida de los autores se estudian las características de los clientes tanto en el sector público como en el privado del consumo de estos servicios.

“Empresas tecnológicas y políticas públicas de desarrollo regional en Brasil”, artículo de autoría de María del Mar Miralles Quirós, José Luis Miralles Quirós y Julio Daza Izquierdo, se centra en las mayores empresas del sector tecnológico del Brasil. Es mediante el contraste de la Ley del Efecto Proporcional (lep) que los autores obtuvieron resultados importantes. El estudio muestra cómo es que las empresas más pequeñas son las que más crecen ante lo que convocan al Estado a diseñar políticas públicas que favorezcan la dinamización del sector empresarial, así como la creación de empleo. Las pequeñas empresas en periodos de crisis financiera son más rentables cuando están menos endeudadas. Estas empresas pueden figurar como parte de una política anti-cíclica al ser mucho más dinámicas y generadoras de empleo. Las investigaciones que hacen referencia al desarrollo industrial en Brasil han clasificado en tres etapas la evolución del estudio del crecimiento industrial: etapa industrial (1945-1974), etapa de expansión (1975-1999) y etapa de creación de valor (2000-2015). Los autores destacan las principales características de cada etapa.

Marisa Bordón en el artículo “El Estado y el capital financiero en Argentina entre 2002 y 2012. La deuda pública” explica cómo la desarticulación de la actividad especulativa fue prioritaria y el “desendeudamiento” significó una bandera política. No obstante, la rentabilidad y el interés en las decisiones de política económica siguieron favoreciendo al capital financiero. La disminución de la deuda pública externa en relación al producto interno bruto (pib) fue un incentivo para el gobierno durante este periodo. La no intervención del Fondo Monetario Internacional y la disminución de la dependencia financiera internacional, aparentemente, significaron una carga menor para el Estado. La deuda pública, sin embargo, siguió siendo un excelente canalizador de ahorro externo e interno y continuó siendo el principal activo financiero en los mercados de valores. Al final, el Estado aseguró a los “reestructurados” una posición privilegiada para el gobierno. Posición que fue de inmediato satisfecha cuando se dio un cambio en un nuevo gobierno.

“El (incompleto y breve) regreso de la política industrial: el caso de Argentina 2003-2015”, de Pablo Lavarello, centra su análisis en el Estado facilitador. A partir de 2003 se instrumentaron cambios en la política industrial y tecnológica incidiendo en políticas de apoyo para la infraestructura de Ciencia y Tecnología. La necesidad de una política industrial fue el resultado de la también necesidad de divisas ante su escasez presentada al inicio del milenio. Se promovieron instrumentos horizontales para la generación de nuevas capacidades en las empresas y el surgimiento de empresas en tecnología intensiva. A partir de estos incentivos, tanto para las empresas públicas y los proveedores, se aumentó la inversión en los sectores aeroespacial, nuclear y de defensa. El impacto de la crisis económica mundial promovió una política anti-cíclica al enfrentarse con la caída de los precios de exportación a partir de 2010. A ello se suma la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (bcra) dejando de lado la generación de capacidades tecnológicas y la necesidad de cerrar la brecha tecnológica.

Alejandro Méndez Rodríguez autor de “Migración de talentos como estrategia de desarrollo: México-Japón” analiza cómo la política migratoria en Japón obedece a objetivos concretos de una política económica que enfrenta un envejecimiento de su población y, por lo tanto, una disminución de su fuerza de trabajo. La prioridad es la atracción de talentos altamente calificados para quienes se ofrecen cursos de posgrados en inglés y en japonés (aspectos prioritarios para su economía). Los centros de investigación demandan trabajo calificado de un mayor flujo migratorio. Por cuestiones de identidad y origen histórico, sobresale la presencia de migrantes procedentes de China, Corea y Vietnam. Pero por cuestiones de arraigo, la migración nikkei es quizá la más importante por la identidad cultural y la necesidad de preservar los valores de una sociedad tradicional. Interesante es observar como la migración de mujeres hacia el sector servicios es muy baja. Por el contrario, la movilidad de la comunidad nikkei ubicada en las empresas japonesas alrededor del mundo es fomentada a través de un paquete de becas, así como de profundizar la cultura, la educación y el conocimiento de la sociedad. Mientras, los trabajos de baja calificación siguen siendo para los japoneses.

Eva Ugarte, Josefina León y Gilberto Parra desarrollaron el artículo “La trampa de liquidez, historia y tendencias de investigación: un análisis bibliométrico”, cuya aportación es analizar los diferentes trabajos académicos surgidos hasta la fecha sobre la “trampa de la liquidez” a partir de un análisis bibliométrico. Utilizando la base Scopus de Elsevier se tomaron en cuenta los siguientes términos: liquidity trap, zero lower bound o zero interest rate, se seleccionaron posteriormente aquellos que están en Economics, Econometrics and Finance, entre 1973-2015. La búsqueda arroja el registro de 383 artículos; el primero de ellos data del año de 1973. La información a partir del análisis bibliométrico muestra el tratamiento realizado al tema de la “trampa de liquidez”. Aborda estrategias que van desde la coordinación de política económica para impulsar el crecimiento económico y reducir los niveles de deuda y déficit hasta las reformas fiscales y el saneamiento de finanzas públicas y gasto eficiente. Finalmente, llegan a las recomendaciones Eggertsson y Krugman (2012) quienes enfatizan que un gasto de gobierno financiado con déficit puede ayudar a que la economía evite el desempleo y la deflación, en tanto los agentes privados endeudados logran sanear sus hojas de balance. La depresión en Japón durante los años noventa y la actual crisis financiera renuevan el interés por el estudio de las tasas de interés cuya eficiencia ha sido insuficiente.