La pandemia por COVID-19 ha develado las desigualdades a las que se enfrentan diversos colectivos sociales1, tal es el caso de las personas en situación de discapacidad. En el mundo habitan alrededor de 1.000 millones de personas en situación de discapacidad, las cuales presentan las peores condiciones sanitarias, económicas, académicas y altos índices de pobreza2. Asimismo, corren un mayor riesgo de infección por el virus SARS-CoV-2 y se ven afectadas por las actuales medidas establecidas1. En Honduras, uno de los países más desiguales de América Latina de acuerdo con un censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2013, existen aproximadamente 261.000 habitantes con alguna discapacidad, sin embargo, tales cifras hasta la fecha no han sido actualizadas.
Con la llegada de la COVID-19 al contexto hondureño, se intensificó la vulnerabilidad en el tema sanitario, puesto que los hospitales públicos se encuentran en deplorables condiciones. Diariamente los contagios aumentaron y en abril de 2020 se declaró a Honduras como el país con la tasa más alta de letalidad por COVID-19 en la región centroamericana3.
En medio de esta profunda crisis, el gobierno fue incapaz de generar una serie de estrategias para mitigar los efectos de la pandemia, considerando la creación de políticas públicas y mecanismos que permitieran atender desde una perspectiva más inclusiva a las personas en situación de discapacidad. Tomando en cuenta que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad establecen que se debe garantizar la accesibilidad, la atención sanitaria y múltiples derechos que posibiliten una mejor calidad de vida.
Hasta la fecha, los hospitales públicos no cuentan con instalaciones, insumos y equipos que faciliten dar una rápida respuesta a la población en la actual emergencia sanitaria por COVID-19. Las personas en situación de discapacidad se ven mayormente afectadas, puesto que las condiciones de acceso y las edificaciones no han sido construidas de acuerdo con el diseño universal arquitectónico, el cual permite acceder de manera equitativa a los servicios sanitarios. La mayoría de los hospitales públicos carecen de una adecuada señalización de rutas, rampas, pasamanos, parqueos exclusivos, piso antideslizante, elevadores, baños adaptados, equipamiento y mobiliario. Estas barreras arquitectónicas atentan contra la integridad física y biopsicosocial de las personas en situación de discapacidad.
Por otro lado, las campañas emitidas por diversos medios de comunicación para frenar la propagación de la COVID-19 no han sido adaptadas a distintos formatos que consideren a las personas en situación de discapacidad. También los protocolos de atención y asistencia médica no se han socializado por otros canales alternativos como internet y llamadas telefónicas. Los centros hospitalarios carecen de señalización en sistema braille y en formatos accesibles para su lectura. Además, no existen intérpretes de lengua de señas hondureña (LESHO) que faciliten la información y laboren en conjunto con el personal de salud al momento de la atención médica.
Otra de las barreras que enfrentan las personas en situación de discapacidad es la actitud negativa por parte del personal de salud. Esto ocurre por la escasa formación y el desconocimiento acerca de la atención de personas en situación de discapacidad. Tradicionalmente, en las mallas curriculares de las carreras que forman profesionales del área de la salud son escasos los espacios de aprendizaje orientados hacia la inclusión social, puesto que se visualiza como un elemento optativo, lo que dificulta brindar una atención médica de calidad.
También la falta de insumos médicos obliga a las personas en situación de discapacidad a tener que acudir a la mendicidad y a la economía informal para obtener recursos económicos que les permita financiar los tratamientos indicados. La salud en Honduras se encuentra constantemente amenazada por la privatización, producto de las medidas neoliberales implementadas en los últimos años.
Los principales desafíos para disminuir las barreras que enfrentan las personas en situación de discapacidad en Honduras están relacionados con la implementación de ajustes razonables en los centros hospitalarios para contrarrestar las precarias condiciones actuales. Asimismo, es urgente desarrollar campañas de sensibilización en todo el país y la aprobación de políticas públicas con una visión inclusiva que garanticen los derechos básicos de este colectivo.
Por otra parte, es necesario efectuar campañas de prevención contra la COVID-19 utilizando un lenguaje sencillo y mediante formatos accesibles4. Para atender a las personas con discapacidad auditiva, los hospitales públicos requieren la contratación de intérpretes de LESHO y que el personal sanitario utilice máscaras transparentes que faciliten la lectura de los labios4.
Las universidades hondureñas deben incluir en sus mallas curriculares espacios de aprendizaje que preparen a los futuros profesionales sanitarios en la atención de personas en situación de discapacidad.
Además, es determinante efectuar diversas acciones que involucren a los tomadores de decisiones, las autoridades sanitarias y la sociedad en general con la finalidad de disminuir las desigualdades sociales a las que se enfrentan las personas en situación de discapacidad. Se deben crear planes de atención que garanticen el derecho universal a la salud. Es esencial diseñar plataformas que permitan la recolección de datos de las personas en situación de discapacidad contagiadas por la COVID-19, con el fin de brindar una atención diferenciada de acuerdo con cada caso particular5.
En conclusión, es vital implementar diversos mecanismos que permitan disminuir las barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales, con el propósito de garantizar el derecho universal a la atención sanitaria de las personas en situación de discapacidad durante la actual pandemia por COVID-19 en Honduras.
FinanciaciónEste trabajo no ha recibido ningún tipo de financiación.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
