Si tuviéramos que elegir dos hitos importantes ocurridos en 2005 en el ámbito de la Administración Sanitaria en España, éstos serían sin ninguna duda: el acuerdo sobre Financiación Sanitaria de la Conferencia de Presidentes y la Ley de Medidas Sanitarias contra el Tabaquismo. Con esta apreciación de nuestra realidad sanitaria la Revista de Administración Sanitaria ha elegido estos dos temas como ejes de contenidos de su sección de Política Sanitaria de este último número del año. Son dos hechos que significan ciertos avances en la Sanidad Española, por un lado hay una mayor aportación de recursos económicos destinados a la sanidad que, aunque no resuelve todos sus males tanto económicos como organizativos y de gestión, significa una priorización y una mejora, y por otro asistimos a una oportunidad excelente para la salud pública de este país.
En el tema de Financiación Sanitaria queríamos ofrecer a nuestros lectores las diferentes posturas que se han ido cristalizando en el debate producido antes y después del acuerdo: la propia propuesta del Gobierno que nos presenta Miguel A. Fernández Ordóñez, las diferentes posturas y visiones desde los responsables sanitarios autonómicos presentadas por Marina Geli,Vicente Rambla y María del Mar Julios, la visión más global del acuerdo en el contexto general de la política sanitaria y el sostenimiento del sistema que nos ofrece Francisco Sevilla y M. Sánchez Bayle y las aportaciones del Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario desarrolladas por Ángela Blanco. Estas aportaciones desde distintas perspectivas nos invitan a reflexionar sobre lo que significa este acuerdo y lo que resta por hacer en la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Aun aceptando lo que tiene de positivo, que la Sanidad esté en la gran agenda de prioridades de este país y haya sido su financiación el objetivo de la segunda Conferencia de Presidentes,debemos admitir que hemos asistido a un debate con más contenidos de contabilidad sanitaria e incluso de contabilidad de las Autonomías que contenidos sobre política sanitaria, ha faltado un debate más centrado sobre el modelo sanitario y sus prioridades. En este contexto el acuerdo alcanzado emerge como una solución temporal, orientada a paliar en parte la falta de recursos económicos del sistema, que deberá cerrarse en el futuro con un nuevo modelo de financiación que sustituya al de 2001, herido de insuficiencia desde su génesis, que vaya precedido de un profundo y sereno debate de nuestro modelo sanitario, de su organización y coordinación y de sus prioridades.
Respecto a la Ley de Medidas Sanitarias contra el Tabaquismo queremos destacar que es una ley de la Salud Pública por su marcado énfasis en la prevención, en evitar que los niños y jóvenes lleguen a ser fumadores y en proteger a los no fumadores de los riesgos del tabaco. Es la primera Ley integral sobre el consumo de tabaco en España, elaborada con un amplio consenso político que no ha estado exenta de presiones, hasta el último momento, por limar sus aspectos más sanitarios. Esperamos y deseamos que ahora se produzca una implantación efectiva de la Ley, que socialmente sea aceptada por los ciudadanos y que podamos comprobar sus efectos beneficiosos a medio y largo plazo, no sólo en la reducción del consumo de tabaco sino con “resultados en salud” netos y cuantificables en la reducción de la morbilidad y la mortalidad, que será la verdadera aportación a la mejora de la salud de los españoles.
La elaboración de una ley como ésta tiene un largo proceso que Manuel Oñorbe nos expone con detalle en su artículo, junto con las diferentes posturas de sus aliados y detractores. Contamos también con un artículo de dos destacados representantes del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo,Teresa Salvador y Rodrigo Córdoba, que nos aportan una revisión de las bases sanitarias que sustentan la Ley. Añadimos en este número en la sección de Documentos dos textos de referencia de este proceso legislativo, el texto de la Ley en el momento que entra en las Cortes y el texto definitivo publicado por el Boletín Oficial del Estado, contrastando ambos se pueden apreciar las modificaciones sufridas por el primer texto en este período como fruto tanto del debate parlamentario y el equilibrio de fuerzas como del resultado de las presiones sociales, económicas y políticas ejercidas.