Nos encontramos ante una sociedad cambiante en la que factores demográficos, como el envejecimiento de la población, y factores derivados de los avances científicos, como el encarecimiento de los tratamientos, entre otros, provocan un incremento del gasto sanitario por encima de los ingresos. Ante este nuevo horizonte, se impone la necesidad urgente de reformar el sistema de financiación de la sanidad con nuevas fórmulas para que todas las comunidades puedan afrontar la situación de insuficiencia que padecen, con el objetivo común final de garantizar una sanidad universal y equitativa y, sobre todo, sostenible, a medio y largo plazo, desde el punto de vista social, político y económico.
El debate actual en torno a la financiación sanitaria entre el Estado y las Comunidades Autónomas debe verse como la gran oportunidad de revisar y consolidar el modelo. La introducción en la agenda política de 2005 del debate de la financiación de la sanidad se puso especialmente de manifiesto en la segunda Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de septiembre y en la que se llegó a un acuerdo de financiación sanitaria que, en el caso de Cataluña, supone una inversión adicional de 646 millones de euros.
Considero que dicha conferencia fue del todo productiva puesto que en la misma se establecieron conclusiones en relación con las medidas necesarias a emprender en la gestión del gasto en salud que posibilitarán alcanzar un sistema sanitario que todos anhelamos sea absolutamente sostenible.
También se puso de manifiesto la imprescindible colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas para iniciar medidas urgentes que eviten que se agrave el problema de la financiación. Estas medidas son la implantación de criterios racionales de gestión de compras, asegurar la calidad y el uso racional de los medicamentos, establecer mecanismos que promuevan la demanda responsable, el acceso a la mejor evidencia científica en relación con el uso racional de las tecnologías, la consolidación de mecanismos de incentivos a los profesionales, el refuerzo del papel de las agencias de evaluación de tecnologías, el aumento de los recursos y la capacidad de resolución de la Atención Primaria y el desarrollo del sistema de información del Sistema Nacional de Salud. Cataluña ya aplica varias de las medidas desde el 2004.
En definitiva, nos encontramos ante un sistema en el que el catálogo de prestaciones y los servicios son elevados, y así debe continuar siendo, pero en cambio tenemos un gasto inferior al que correspondería por los servicios ofertados. Ante este contexto, creo que, y en este punto vuelvo a mencionar la situación especial que vivimos en Cataluña, hemos de aspirar a alcanzar unos recursos económicos equivalentes a la media europea.
El gobierno de la Generalitat manifiesta su propósito de hacer converger el peso que representa el gasto de la sanidad pública catalana sobre el Producto Interior Bruto (PIB) con el de la Unión Europea de los 15. En este sentido, cabe destacar que en el 2003 el gasto de la sanidad pública en Cataluña supuso un 4,65 % del PIB, mientras que a nivel español representa el 5,74 % y en Europa se sitúa en el 6,3 %.
Actualmente el gasto catalán en salud, por persona y año, es de 1.000 euros y el objetivo del gobierno catalán ante el nuevo horizonte de futuro es aspirar a alcanzar los 1.500 euros anuales por persona en dos legislaturas. Pero este incremento de recursos no se podrá alcanzar si no nos viene dado por los presupuestos generales, tanto del Estado como de las Autonomías, y también, en parte, a través de los impuestos especiales finalistas, sobre todo del tabaco y del alcohol.