En las mesas anteriores pudimos profundizar y debatir sobre los aspectos de la legislación específica sobre riesgos, la epidemiología de los accidentes, la responsabilidad de los diferentes agentes y los costes pero quedarían incompletas estas jornadas si no hubiéramos tenido ocasión de conocer y debatir la visión de los trabajadores y profesionales, de los agentes sociales, es decir, la visión de los que corren con los riegos fundamentales, compartidos en menor frecuencia con los pacientes, de los accidentes biológicos.
Para desarrollar estos aspectos contábamos con una mesa compuesta por una amplia representación de los agentes sociales: una organización profesional como la Organización Médica Colegial, los dos sindicatos de trabajadores mayoritarios como CC.OO. y UGT y un sindicato profesional como el SATSE.
Este tema estuvo latente y planeando, desde el inicio de las jornadas, en los contenidos de algunas ponencias y de manera destacada en los debates, referido al papel que desempeñan los sindicatos, los Colegios Profesionales y las Asociaciones Científicas en la implantación de las medidas preventivas.
Lo más destacado en las presentaciones fue la constatación como hecho positivo el contar con una buena legislación que nos garantizase unas medidas preventivas, pero que se ha demostrado que no es suficiente, ni la implantación actual de la prevención es la esperada, pues las medidas preventivas no se han desarrollado suficientemente, las actuaciones se limitan a aspectos formales pero no se amplían dotaciones ni recursos, no se modifica la organización ni el ambiente de trabajo que son verdaderos factores de riesgo, faltan estudios de siniestrabilidad, la mayoría de los centros carecen de Planes de Prevención, etc.
Se plantea como papel de los sindicatos y de las organizaciones profesionales la exigencia de cumplimiento de la legislación en la información y formación de los trabajadores, la participación activa en la prevención de riesgos impulsando el funcionamiento de los Comités de Seguridad, en definitiva, exigir la implantación de políticas de prevención que vayan acompañadas de objetivos, organización, responsabilidades y recursos específicos.
En el debate se constató que había una cierta mejora respecto al pasado, pero que es lenta y que la implantación de la Ley había significado una ocasión perdida para los sindicatos en su acción social, pues aún no han utilizado todos los recursos que la Ley pone a su disposición por lo que se reclamaba a las organizaciones sociales cierta autocrítica, más ambición y una actitud más activa ante la prevención de riesgos, pues su capacidad de influir es mayor.
Otro aspecto a destacar del debate fue el referido al papel que desempeñan actualmente los directivos y gestores en el campo de la prevención de riesgos, que fue calificado de escaso y se planteó la necesidad de ampliarlo integrando la cultura de la prevención en la gestión de los centros y en las preocupaciones de sus gestores.
Las principales medidas que se proponían como palancas para disminuir los riesgos y priorizar las medidas preventivas eran resolver problemas estructurales previos, impulsar la formación y el conocimiento de los trabajadores, incrementar las dotaciones e inversiones, incluir la prevención entre las prioridades de la gestión y liderar la cultura de la prevención desde los órganos directivos.
Algunas de las conclusiones de la mesa, sin intención de ser exhaustivo y con un afán más didáctico que descriptivo, serían:
1. Tenemos una buena legislación, pero hemos fallado en su implantación. Hay que cumplir la Ley y la Administración debe poner los medios.
2. La salud laboral es responsabilidad de todos, no solo de las organizaciones sociales.
3. Las organizaciones sindicales y profesionales deben trabajar juntas en esta área.
4. Los conflictos en la implantación deben resolverse en un terreno profesional y técnico y no político.