Hace algunos meses, como responsable de Salud Pública de Castilla La Mancha, viví una toxiinfección alimentaria con varios miles de afectados en toda España por el consumo de un alimento elaborado en esta Comunidad Autónoma y contaminado por salmonella; este brote, como cualquier otro, dio comienzo con la comunicación por parte de los servicios asistenciales a los servicios de salud pública de la existencia de varios casos de afectados por una toxiinfección alimentaria; así se ponen en marcha un conjunto de actuaciones que van encaminadas al control del brote: se realizan las encuestas epidemiológicas, se analiza el alimento sospechoso nexo de unión de los casos, se identifica claramente el riesgo, sin que sean necesarios informes científicos añadidos, ni investigaciones complementarias.
Ante esto, se paraliza la producción de la industria alimentaria y se investiga la trazabilidad del producto.
Asimismo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) asume su papel de coordinación entre Comunidades Autónomas. La empresa a través de sus canales de distribución retira todos los alimentos sospechosos, bajo control oficial.
A su vez, la Administración emite comunicados de prensa; es el último fin de semana de julio y la prioridad es que la información llegue a todo aquel consumidor que hubiera adquirido el alimento implicado con anterioridad a su retirada, y alertarle de su no consumo, además de comprobar con sus servicios de inspección que la retirada del producto está siendo efectiva.
El gabinete de prensa de la Consejería, por su parte, coordina la información a los medios y se designa una única persona a nivel regional para atenderles.
Paralelamente se está revisando la cadena de producción del alimento, todo el sistema de autocontrol de la empresa y la supervisión oficial.
Por otro lado, la empresa asume públicamente su responsabilidad y habilita un teléfono de atención al consumidor y afectados.
El sistema coordinado de intercambio rápido de información ha funcionado, la gestión de la alerta ha sido diligente. Se conoce el alimento implicado, se ha identificado el germen responsable, se conocen las fechas de fabricación y distribución, así como los establecimientos de venta. Se ha retirado todo el producto sospechoso de la disposición al consumidor.
Se conoce cómo y en qué parte de la cadena de producción se contamina el alimento y se están recogiendo en los puntos de venta todos los productos sospechosos devueltos por los consumidores; todo esto prácticamente en una semana.
La bibliografía mundial recoge episodios de este tipo, pero pocas veces se resuelven con esta celeridad. La coordinación y colaboración entre Comunidades Autónomas, debe ser resaltada.
La gestión técnica de la alerta fue impecable, lo que fue reconocido por asociaciones nacionales de consumidores, y el riesgo para el consumidor fue identificado y eliminado rápidamente. Se conocía la dimensión de ese riesgo y pudieron adoptarse medidas preventivas con celeridad. De hecho, desde que se comunicó la alerta fueron muy pocos los nuevos afectados, ya que la mayoría fueron casos retrospectivos.
¿Por qué entonces se habló de crisis?, ¿por qué se generó ese componente mediático y se convirtió en el protagonista?, ¿por qué eran noticia los casos retrospectivos que se declaraban cada día?, ¿qué aportaban a la gestión de la alerta?
¿Hubiera ocurrido lo mismo si esta alerta alimentaria se hubiera producido en otra época del año en la que hubiera más noticias?
La respuesta a estas cuestiones podría encontrarse en la intervención de elementos ajenos a la alerta, pero con intereses fundamentalmente políticos y económicos. Hubo una politización intencionada en este asunto, aun cuando los responsables de salud pública defendemos que el riesgo cero no existe y cuando todos manifestamos que es una cuestión de responsabilidad y no se puede jugar con la salud de los ciudadanos.
Pero ¿algún responsable de salud pública puede estar libre de que en su territorio suceda una alerta de este tipo? ¿Entonces...? ¿No es una imprudencia politizarla?
Se es consciente de que aunque técnicamente la gestión de la alerta sea correcta y esté bajo control, una orquestación política intencionada e irresponsable puede convertirla en una crisis.
Te esfuerzas en dar explicaciones, pero te surge la duda de que pueda parecer que te estuvieras justificando. Por otro lado, por las cuestiones que se plantean, constatas que existe un desconocimiento de la labor inspectora y de supervisión que realiza la Administración, se nos pide que preveamos y evitemos el riesgo. Te invade una sensación de impotencia, por la falta de credibilidad que se siente como Administración, tienes la sensación de que digas lo que digas no creen lo que les dices. ¿Quizás no interesa?, pero ¿a quién le interesa?, ¿es una forma de mantener la noticia?
Probablemente la politización de la noticia, en sí misma, sea la respuesta.
Es una locura, nos mantenemos atentos a todos los medios de comunicación y se analiza pormenorizadamente la información, sobre todo lo que hemos comunicado. ¿Se saca de contexto?, ¿hay contradicciones?, ¿somos transparentes informando?
En otros aspectos todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario ¿Por qué en una alerta alimentaria de este tipo y ante una relación de actuaciones bien hechas la Administración aparece como culpable y se ve abocada a tener que demostrar su inocencia? Pero ¿ante quién?, ¿ante los afectados?, ¿ante la ciudadanía? Por otro lado, la presión de los afectados se dirigía hacia la empresa reclamando responsabilidades, no ante la Administración.
¿Y la responsabilidad política? Los responsables políticos cuando abordan un problema de salud pública deben aplicar el principio de cautela; antes de realizar declaraciones en este ámbito deben tenerse en cuenta los dictámenes técnicos y la realidad científica. La utilización política de una alerta alimentaria y el intentar convertirla en una crisis amenaza nuestra industria, alarma al consumidor y resta credibilidad a la administración, no aportando ningún beneficio, ni siquiera político.
Por último, tras la "crisis mediática" suscitada, por ese uso político, nos tranquilizó comprobar que a pesar de todo lo dicho y publicado, en la calle, el consumidor asumió perfectamente la noticia, entendió desde el principio de qué se trataba y supo que esta alerta alimentaria estaba bajo control, porque desde el primer momento se supo qué alimento era el causante y se ordenó su inmediata inmovilización y retirada del mercado.