La investigación biomédica ha sido históricamente subsidiada en gran medida por instituciones gubernamentales y organizaciones filantrópicas sin fines de lucro. Una de las razones principales por la que esto ha sido así es que no existe mercado privado alguno para los estadios tempranos de la investigación, en los que la mayoría de los experimentos fallan.
Sin embargo, en los últimos 20 años, los capitales privados han incrementado su participación brindando soporte económico a numerosos proyectos de investigación. El costo creciente de la investigación y su dependencia de tecnologías y equipamientos complejos, con elevados costos de adquisición y mantenimiento, ha sido uno de los principales factores que influyeron en esta colaboración económica entre la industria privada y la investigación básica y/o clínica en universidades, al igual que en otros ambientes académicos públicos que no cuentan con fondos suficientes para cubrir dichos gastos3. Esta interacción ha permitido el traspaso bidireccional acelerado de conocimiento científico y tecnología, que redunda en beneficios para la comunidad, por ejemplo, en términos de desarrollo de nuevos tratamientos y técnicas de diagnóstico de numerosas enfermedades. Sin embargo, una consecuencia negativa de esta interacción podría ser el hecho de que el origen de los fondos con los que se llevan a cabo los proyectos de investigación o los ensayos clínicos influyera en la dirección que toman las investigaciones y en la calidad de las publicaciones realizadas a partir de ellas. Esta influencia podría perjudicar la integridad científica e interferir en el impacto de la investigación sobre la salud pública.
En clínica o en investigación, la expresión «conflicto de interés» (CI) se aplica a aquellas situaciones en las que el juicio profesional sobre un interés primario el bienestar del paciente y la validez de la investigación puede estar influido por un interés secundario, típicamente un beneficio económico, o de orden académico, como el deseo de reconocimiento profesional o la presión por publicar. Los investigadores están sujetos a diversas situaciones donde puede existir un CI, que haga que los resultados de sus trabajos estén o parezcan estar subordinados a los intereses de terceros. El interés secundario no tiene por qué ser ilegítimo, lo cuestionable es el peso relativo de estos intereses respecto del interés primordial. La presencia de CI, por tanto, no puede utilizarse para juzgar (o prejuzgar) la honestidad de un investigador o la validez científica de un trabajo; simplemente plantea el problema de cómo se manejan los intereses en competencia para que el interés primario no se vea influido inadecuadamente por el secundario.
En este contexto, es necesario destacar que aunque los dos tipos de CI secundario antes mencionados (el de origen financiero y el de origen académico) deben ser considerados seriamente, el segundo es frecuentemente mejor controlado durante el proceso científico y en el marco de las políticas institucionales4.
Es importante establecer una distinción entre «sesgo» y «conflicto». Puesto que los científicos generan y evalúan hipótesis científicas, es generalmente aceptado que el sesgo, pero no el conflicto, es inherente a sus proyectos científicos. El proceso de generar y evaluar una hipótesis, parte integral del proceso científico, produce sesgo, entendido como la expectativa en la mente del investigador que desarrolla la hipótesis. El sesgo no intencionado es ubicuo e inevitable en la ciencia y entre los científicos.
Las revistas científicas no son ajenas a circunstancias donde pueda incurrirse en situaciones con potencial conflicto de interés. En paralelo al rol importante que cumplen en la comunicación de la información científica, estas buscan generar credibilidad y prestigio científico, lo que a su vez les permitirá obtener soporte financiero a través de espacios publicitarios disponibles para terceros. Además, a la hora de tomar la decisión de aceptar o rechazar trabajos, los comités editoriales y los revisores pueden verse influidos no por su valor intrínseco, sino de acuerdo a la manera en que dichos trabajos pueden influenciar en el factor de impacto de la revista científica.
Los intentos de regular el conflicto de interés en las publicaciones científicas no pretenden eliminar los beneficios financieros o los deseos de prestigio profesional, sino procurar que estas circunstancias no predominen sobre el interés primario, y generar el ámbito adecuado para que cualquier individuo pueda juzgar por sí mismo la situación.
De lo expuesto se deduce que los conflictos de interés en el ámbito de las publicaciones científicas involucran al autor del trabajo científico, a los editores y a los revisores externos, así como también a los lectores. En un artículo editorial escrito por Catherine DeAngelis en The Journal of the American Medical Association se plantea el interrogante de cómo preservan los editores la integridad de sus publicaciones científicas al tiempo que aseguran el cumplimiento de su función como difusores de la información científica. DeAngelis postula que esto se logra «asegurando que todos los artículos publicados sean científicamente relevantes, y tan objetivos e imparciales como sea posible, mediante la implementación de una evaluación editorial y por pares detallada y rigurosa». Además, destaca que «otro aspecto importante es asegurar que los lectores queden advertidos de las relaciones financieras de los autores y de los potenciales conflictos de interés, de manera que los propios lectores puedan interpretar y evaluar el artículo a la luz de dicha información»1.
El CI puede y debe ser evitado, ya que tiene el potencial de debilitar la integridad del proceso científico, es decir, la capacidad de evaluar objetivamente cualquier tipo de datos o evidencias que apoyen o refuten una hipótesis científica determinada. Cualquier tolerancia o manejo inadecuado del CI puede poner en riesgo la confianza en la ciencia y en los científicos por parte de toda la sociedad.
Algunos de los métodos y condiciones que pueden ser utilizados por las instituciones para evaluar y controlar los CI incluyen la declaración pública de intereses económicos, las revisiones externas de las investigaciones llevadas a cabo en el seno de cada institución, la modificación de proyectos de investigación inadecuados y la disolución de relaciones financieras que generen CI potenciales o reales, entre otras2.
La piedra fundamental de las políticas actuales tendientes a controlar el CI es su declaración o reconocimiento. Sin embargo, estas políticas claramente no son del todo efectivas y no tienen en consideración factores tan importantes como el conocimiento en detalle del proceso de investigación biomédica, ni los distintos escenarios en los que se encuentran los académicos que llevan a cabo tareas de investigación básica respecto de los que realizan investigación clínica4. A este respecto, Groeger postula que la integridad de la investigación científica depende del desarrollo de un sistema que permita identificar, minimizar y manejar los CI, sin que esto signifique coartar la curiosidad científica o interferir con las recompensas económicas y personales relacionadas con su trabajo2.
Teniendo en cuenta las evidencias que demuestran la ubicuidad del CI en la ciencia y su intrincada relación con las publicaciones científicas, es importante que la elaboración de las políticas destinadas a controlar los CI en los tiempos que transcurren cuente con la participación de la comunidad científica, las instituciones públicas y privadas y las editoriales. Estas políticas deberían incluir la aplicación de teorías sociales y psicológicas que en conjunto den origen a un mecanismo capaz de supervisar y controlar el CI, maximizando los beneficios de la interacción público-privada y reduciendo sus consecuencias negativas.
