Los informes anuales que presentan los organismos nacionales sobre algunos indicadores de salud suelen limitarse a análisis descriptivos básicos y, en el mayoría de los casos, presentaciones estratificadas por alguna variable, generalmente el sexo; esto implica una infrautilización de los datos recogidos sistemáticamente1. En Colombia, el Departamento Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevan hace varias décadas la información sobre muerte por suicidio en Colombia. Más recientemente, el Instituto Nacional de Salud incluyó en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila) la notificación obligatoria de los intentos de suicidio atendidos en el Sistema Nacional de Salud. En salud mental pública, con frecuencia se utiliza el número de casos o las anuales de intento de suicidio y muertes por suicidio como indicadores de bienestar psicológico de la población2.
Es necesario realizar análisis más avanzados de la información en salud pública que recogen regularmente las instituciones públicas distritales, municipales, departamentales o nacionales. Castro Moreno et al.3 —filiados en el Instituto Nacional de Salud— presentaron un análisis de supervivencia muy interesante a partir del sistema de vigilancia de intento de suicidio y el registro único de defunciones durante 2016 y 2017. Es muy relevante observar que la mitad de las personas que murieron por suicidio hicieron un intento de suicidio en aproximadamente los 2 años previos. Igualmente, que la muerte por suicidio fue 3 veces más probable para los varones y 2 veces más para los adultos mayores de 29 años, los residentes en áreas rurales, con enfermedad crónica o con antecedentes de trastorno depresivo. Sin embargo, es necesario considerar un par de asuntos éticos relacionados con la investigación. Por una parte, el empleo de información pública de manera privilegiada. Y por otra, la publicación de un análisis complementario por fuera de los medios de divulgación propios del Instituto Nacional de Salud de Colombia.
Análisis similares o más avanzados que el comentado serían posibles con una mejor gestión de los diferentes registros de información relevante en salud. No obstante, el uso privilegiado de la información pública es más claro si se analiza la siguiente situación. Recientemente, del Sivigila, se hizo la descarga de la base de datos de los intentos de suicidios del registrados en Colombia durante 2018, la única disponible hasta el 5 de junio de 2021. Ese formato de notificación de los intentos de suicidio tiene 2 páginas; la primera para datos básicos y la segunda para identificación del caso, factores desencadenantes, factores de riesgo, mecanismo y si hubo remisión a salud mental. Para 2018, se notificaron 26.815 casos de intento de suicidio en el territorio colombiano; las edades fueron de 5 a 100 (media, 25,0±12,4) años. Para la fecha de consulta de la página del Instituto Nacional de Salud, solo fue posible consultar la información de la primera página del formato de notificación, es decir, se omite la totalidad de la segunda página que recoge información que puede tener relevancia clínica y epidemiológica. La base de datos se descargó para explorar algunas variables asociadas con la hospitalización por intento de suicidio. Se hospitalizó al 56,2% (n=16.088) de las personas que intentaron el suicidio. Empero, la primera página de la ficha no precisa si la hospitalización se realizó para tratar los problemas físicos resultantes del intento o algún trastorno mental asociado o subyacente.
Más análisis como el presentado por Castro Moreno et al.3 serían posibles si la información de salud mental pública estuviera disponible para los investigadores nacionales de manera oportuna y completa, con las consideraciones éticas necesarias como la omisión de datos que permitan la identificación de los ciudadanos4,5 y evitar que estos datos solo estén disponibles de manera privilegiada para los empleados de las instituciones públicas6. Es necesario tener presente el carácter público de esa información, dado que los organismos encargados de gestionar estos sistemas son financiados con los impuestos de los connacionales7.
Una mayor accesibilidad de los datos públicos permitiría complementar los informes descriptivos que suelen presentar los organismos nacionales e internacionales de salud. Estas investigaciones producto de los análisis secundarios deberían ser un insumo indispensable para la toma de decisiones administrativas y legislativas en la salud pública colombiana8–10. Además, estos análisis ayudarían a la mayor construcción, divulgación y apropiación social del conocimiento11,12.
FinanciaciónUniversidad del Magdalena, Santa Marta, e Instituto de Investigación del Comportamiento Humano, Bogotá, Colombia.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de interés para el desarrollo de la investigación.
