El panorama actual de la investigación en salud en Colombia, y en especial en el campo de la salud mental, es aún bastante desesperanzador. Los problemas tanto globales como locales que afectan la salud mental de los colombianos están lejos de ser una prioridad para los distintos organismos públicos y privados financiadores de la investigación.
Es una situación preocupante. A pesar de que la evidencia es contundente en demostrar la alta prevalencia de los trastornos mentales en la población mundial y el alto costo a la sociedad que generan su detección tardía y su tratamiento inadecuado 1, la investigación de estas patologías no es una prioridad en nuestra sociedad 2. En Colombia, las condiciones adicionales relacionadas con los altos niveles de violencia de las últimas décadas nos plantean retos diferentes y casi únicos a todos los profesionales que nos dedicamos al manejo de los problemas mentales. Del mismo modo, el manejo del futuro post-conflicto en Colombia estará indudablemente lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades, relacionadas con la salud mental de los implicados.
Indudablemente, la investigación es el camino para llegar a soluciones y estrategias eficaces que nos permitan incrementar la calidad de vida de la población por medio de la prevención y el tratamiento de la enfermedad mental. Sin embargo, Colombia adolece de un desequilibrio alarmante entre estas necesidades actuales y la inversión en investigación en el área de la salud mental. En el 2014, la inversión para toda la investigación en el país fue el 0.19% del Producto Interno Bruto, estando a una distancia enorme de todos los países desarrollados y de muchos de los países de la región que no comparten ni de cerca la exposición crónica y permanente a niveles de conflicto y desigualdad de nuestro país 3. Los esfuerzos de algunos sectores públicos y privados —entre ellos Colciencias y algunas universidades— para fortalecer el apoyo a la investigación en salud mental no han sido ni constantes ni de una dimensión significativa; por el contrario, parece que se han reducido. Esta disminución de apoyo y la anunciada dependencia de las regalías auguran un panorama poco promisorio, dependiente de las fluctuaciones del mercado y de un comportamiento económico impredecible.
Los profesionales de la salud mental en Colombia estamos comprometidos en responder adecuadamente a las demandas actuales y futuras de la salud mental de nuestros pacientes y del país. A pesar de este contexto hostil, algunos grupos de investigación en salud mental en Colombia han continuado su trabajo buscando diferentes estrategias para responder a las necesidades sociales actuales y futuras. Aunque se han logrado resultados de gran calidad y publicaciones importantes, distamos mucho del nivel esperando de un país con una economía creciente y con un papel protagónico en otras áreas importantes a nivel regional y mundial. Debemos proseguir con nuestro trabajo. Para este fin, el Gobierno, Colciencias, las universidades públicas y privadas, los entes no gubernamentales, la industria privada, las sociedades de pacientes y el gremio de profesionales que trabaja en salud mental debemos unir esfuerzos. Es imprescindible re-evaluar las estrategias de apoyo económico y logístico a la investigación en Colombia y crear políticas públicas que garanticen la continuidad de los recursos para llevar a cabo proyectos longitudinales, acordes a la dimensión de la problemática social y con un real impacto en la salud de colombianos.
