Colombia enfrenta actualmente una doble condición social y política: por un lado, el país se encuentra en un periodo de reducción del conflicto armado con las guerrillas como consecuencia de la firma del proceso de paz en diciembre de 2016. Por otro lado, el conflicto armado en el país no cesa y parece reformularse por cuenta de la aparición de nuevas formas de violencia social y política y diversas formas de exclusión.
El escenario social y político descrito implica retos para el cuidado de la salud mental de los colombianos. Dichos retos se enmarcan particularmente en tres ejes: retos para la evaluación, atención y rehabilitación de las consecuencias del conflicto armado en la salud mental de los colombianos; retos para promover en la sociedad civil creencias y comportamientos que permitan reducir la hostilidad entre grupos humanos y favorecer la construcción de acuerdos; y retos para promover nuevos liderazgos y culturas en la sociedad que conduzcan a la reconciliación y a la reintegración social.
Una mirada detenida sobre los retos mencionados resalta el rol que la psiquiatría nacional tiene actualmente en el país. De acuerdo con el Estudio Nacional de Salud Mental del año 2015, en el país existe una alta prevalencia de problemas y trastornos mentales en personas que experimentaron directamente el conflicto armado y sus consecuencias incluyendo el desplazamiento forzado, la pobreza, el desarraigo, el estigma social y la pérdida de autonomía. Particularmente las comunidades que han experimentado directamente el conflicto armado exhiben alta prevalencia de trastornos del afecto, trastornos de ansiedad y trastornos relacionados con estrés. Sumado a esto, las experiencias de conflicto armado y los trastornos mentales derivados se asocian con un aumento en la prevalencia de condiciones crónicas no comunicables incluyendo las enfermedades cardio metabólicas y condiciones que afectan la salud cerebral, como las enfermedades neurodegenerativas de origen esporádico.
Lamentablemente, las comunidades que han enfrentado el conflicto armado de manera directa presentan también otros riesgos sociales que aumentan la probabilidad de tener desenlaces negativos en salud. Lo anterior invita a la comunidad médica y a los tomadores de decisiones en salud a promover programas para la atención integral de la salud mental de las personas que han experimentado de manera directa y persistente las consecuencias de la guerra.
Colombia también está en deuda en la generación de programas a nivel nacional basados en evidencia para promover en la sociedad civil culturas de paz y cambios conductuales y de creencias que generen reducción en la hostilidad entre grupos e inviten a la reconciliación. Diferentes iniciativas académicas a nivel global en el campo de las ciencias cognitivas, las ciencias de la conducta y la neurociencia social han generado llamados para implementar acciones direccionadas a este objetivo, reportando evidencias robustas que respaldan la implementación de intervenciones sociales e individuales que reducen significativamente la hostilidad entre grupos, favorecen la empatía y la cooperación y atenúan los repertorios violentos humanos favoreciendo la consecución de acuerdos por otras vías de deliberación.
Estas evidencias científicas, además, están respaldadas por los aportes a nivel nacional en la generación de culturas de paz, memoria y reconciliación que ya se han logrado gracias a la implementación de programas sociales y culturales situados en zonas de alta exposición como los que se han dado con las Tejedoras de Mampuján en María la Baja, Bolívar, o las recientes iniciativas de emprendimiento colectivo promovidas por firmantes del acuerdo de paz del 2016 en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
Sumado a lo anterior, el país requiere consolidar nuevas formas de manejar los conflictos entre individuos sin llegar a la violencia y a la exclusión. Para esto se hace necesario implementar programas y promover nuevos liderazgos para generar cambios culturales para fortalecer los procesos nacionales de reconciliación, memoria, perdón y participación social. Estas iniciativas deben articularse con los intentos del estado colombiano en favorecer la búsqueda de acuerdos de paz con distintos grupos armados. Nuestro llamado a los estamentos estatales es que integren a estas iniciativas a la sociedad civil, a los círculos académicos que trabajan en ciencias de la conducta, de la neurociencia social, ciencias humanas y sociales y a equipos de atención en salud mental y física para promover acciones de cambio individual y colectivo basadas en evidencia que nos permitan consolidar nuevos tejidos sociales con interés en la reconciliación y así transitar a escenarios de acuerdo y construcción colectiva.
