Cuando dimos inicio a la Nueva Época de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Craig Calhoun y Michel Wieviorka nos interrogaban: Si los investigadores en ciencias sociales de todos los países debieran unirse dejando a un lado sus innumerables diferencias, ¿cuál sería el sentido de un compromiso semejante? ¿Qué causa ameritaría que ellos tomaran ese riesgo? La respuesta es simple, al menos en teoría. Ese sentido, esa causa, es la verdad. La verdad acerca de la vida social. Esta respuesta, aparentemente ingenua, no está de moda y sin embargo, de lo que se trata es justamente de la verdad. Ésta nunca está garantizada, puede variar de acuerdo a la perspectiva adoptada, expresarse con matices infinitos, en distintos idiomas. Y si bien es legítimo criticar las pretensiones de verdad absoluta, no podemos poner en duda la centralidad de la búsqueda incansable de una comprensión honesta y de conocimientos bien informados (Calhoun y Wieviorka, 2013: 29).
En aquel Manifiesto por las ciencias sociales reflexionaron en torno a la verdad y nuestra valoración por el conocimiento, su capacidad de acción y su contribución a las transformaciones de la sociedad, así como sobre nuestra creencia en que aquello que existe, no agota las posibilidades de aquello que podría ser o devenir. Así, sin pretenderlo, estábamos regresando una vez más hacia uno de los problemas básicos de las ciencias sociales: la relación entre el conocimiento y la realidad social.
En los últimos tiempos se ha reabierto una vez más aquella discusión sobre el impacto social de las ciencias sociales y la tendencia inversa, es decir, el impacto de los cambios sociales sobre las ciencias sociales. Se trata de una dinámica de interpenetración y articulación entre matriz social, cambio social y ciencias sociales siempre asimétrica, cualitativamente diversa, heterogénea, en cierto sentido mediatizada, y a la vez compleja.
Sin procurar abordar la cuestión en toda su amplitud, sí podemos esbozar algunas reflexiones preliminares -aunque sustantivas- en torno a la vinculación entre realidad social, ciencias sociales y transformación social. En primer lugar, y a modo de punto de partida, sostenemos que unas ciencias sociales que aspiran a contribuir a la transformación de la realidad social no pueden “impactar” fuera ni con independencia de la matriz que configuran, crean y recrean los propios actores y la singularidad de sus contextos. Es decir, aquello que investigamos y cómo lo investigamos está inevitablemente ligado a la estructura de la sociedad en la que estamos inmersos. En este sentido, hacer ciencias sociales en, desde y para América Latina implica llevar a cabo el oficio desde marcos de referencia investigativos muy específicos. En consecuencia, la cimentación de procesos de configuración de posibilidad nos exige -desde lo teórico y lo investigativo- delimitar, dilucidar e investigar las cuestiones más cruciales del presente (sin dejar de considerar la historicidad y singularidad de cada fenómeno), a la vez que dar cuenta de sus conexiones con la multiplicidad de los problemas que impactan sobre nuestra realidad social.
A su vez, a las ciencias sociales les concierne no sólo explicar y comprender la realidad sino también definir y orientar estrategias de cambio en las múltiples esferas de lo social. En este sentido, la responsabilidad de los cientistas sociales trasciende los beneficios de la función de producción e irradiación de conocimientos especializados -asumiendo su lugar central en la sociedad del conocimiento- y comporta compromisos éticos y políticos con los valores (siempre cambiantes) constitutivos de lo público y lo común.
Al iniciar el nuevo siglo, un grupo de académicos formulamos un documento en el marco de la Academia Mexicana de Ciencias (amc) en el que analizábamos las causas y razones por la cuales las humanidades y las ciencias sociales comparten con otras disciplinas y áreas de conocimiento la misión de proveer a los individuos y a las sociedades de conocimientos, capacidades e instrumentos para expandir sus posibilidades de desarrollo y progreso; promover el alcance de niveles de bienestar y convivencia satisfactorios, y garantizar el logro de mayores niveles de justicia y equidad. A la vez, estas disciplinas son responsables de la intelección de opciones de cambio, la anticipación de riesgos y la definición de proyectos y cursos de acción posibles y deseables (Rodríguez y Ziccardi, 2001). De este modo, a las ciencias sociales y a las humanidades les corresponde cumplir un papel relevante en el contexto de la sociedad del conocimiento, no sólo porque en sí mismas son fuentes de conocimiento académicamente relevante y socialmente significativo, sino también por su contribución a la definición y la orientación de estrategias de cambio en las políticas públicas, en la participación ciudadana, en la opinión pública informada y en la democratización del sistema político y de la sociedad.
Así, en estas nuevas páginas de la Revista Mexicana en Ciencias Políticas y Sociales, desplegamos una serie de investigaciones en su mayor parte orientadas a dar cuenta de las transformaciones sociales que México vive en el presente, en el marco de una sociedad que demanda una mayor capacidad de respuesta ante la complejidad de sus problemas. Son investigaciones que conforman un modo de hacer ciencia social que describe, analiza y explica los hechos sociales y a partir de allí, sugiere líneas de acción y propuestas de transformación.
Rafael Valenzuela Mendoza analiza las condiciones que favorecen (y en cierto sentido aquellas que dificultan) el diseño e implementación de un Gobierno Abierto en el sistema federal mexicano.
El sistema federal fue adoptado en México por primera vez en la Constitución de 1824 y a lo largo de la historia sufrió, como casi todas las demás instituciones del país, recurrentes e intensas crisis derivadas de la vigencia de cacicazgos locales, el desorden fiscal, la severa corrupción y los desequilibrios distributivos. Frente a este panorama, Valenzuela pone en evidencia la necesidad de transitar de un federalismo centralizado hacia un federalismo más cooperativo que reconozca un modelo de autoridad superpuesta, interdependiente y colaborativa en la atención de los asuntos públicos.
El objetivo del artículo es destacar la importancia de ese tipo de federalismo como factor catalizador de un Gobierno Abierto, a la vez que recomendar instrumentos colaborativos y mecanismos de control que faciliten y aceleren el diseño e implementación de esta política pública transversal en los tres órdenes de gobierno. En este marco de expectativas y a partir de un breve análisis comparativo, el artículo pone en evidencia que Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos muestran importantes avances en términos de Gobierno Abierto a nivel local y subnacional, mientras que en México se mantiene ausente el tema en la agenda institucional de las entidades federativas y los gobiernos locales. De este modo, tal como sugiere el autor, resulta indispensable identificar en futuros análisis las características prevalecientes en los gobiernos subnacionales y locales mexicanos en tanto que los instrumentos a implementar destinados a modificar el estado de cosas vigente, serán variables en función del peculiar contexto mexicano.
Valenzuela sostiene que México dispone de un sistema político basado en un principio de estricta legalidad, donde la autoridad sólo puede realizar aquello que la ley expresamente le permite. Por su parte, John Ackerman, en una investigación sistemática que busca superar posturas apegadas a la idealidad (empleamos este término de manera genérica, incluyendo el circuito de ideas, ideales, idealizaciones), evalúa la actuación de los órganos electorales en la política mexicana durante las campañas presidenciales del año 2012. Específicamente, se pregunta en qué medida estas autoridades hicieron todo lo legalmente posible para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, sin proteger o dar ventaja a un candidato o posición política en particular.
El artículo inicia con una revisión teórica de los conceptos de libertad de expresión y derecho a la información para luego explorar la manera en que las autoridades electorales abordaron el tema en los comicios del 2012. Según el autor, la revisión revela que existe una importante contradicción entre la teoría y la práctica en tanto que el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvieron un desempeño deficiente y sesgado a la hora de defender la plena vigencia de ambos derechos durante las últimas campañas presidenciales.
A lo largo del artículo, Ackerman despliega afirmaciones enérgicas y contundentes: “México sabe mejor que casi cualquier otro país que la mera celebración de elecciones populares no es suficiente para legitimar el ejercicio del poder público. La regla a lo largo de más de 200 años de vida independiente, con algunas excepciones, ha sido precisamente la celebración de comicios carentes de valor democrático. (…) El principal obstáculo para la construcción de la democracia en México es el legado histórico de simulación institucional y política. Si pretendemos que algún día la ciudadanía confíe totalmente en la actuación de las autoridades en materia electoral y reconozca la plena legitimidad de las elecciones presidenciales, los consejeros y los magistrados tendrán que transformar radicalmente su manera de actuar.”
Posiblemente, sea éste un vector explicativo complementario al presentado por Jacqueline Peschard en nuestro número anterior, cuando planteaba que de acuerdo con las encuestas, más del 30% de la población duda que las elecciones del año 2012 fueran limpias, lo que revela la falta de credibilidad de una parte importante de la población en las instituciones electorales que fueron producto de veinte años de transición.
Por su parte, Eduardo Ramírez Cedillo, ante la pobre recaudación tributaria de México y en el marco del intenso debate en torno a la reforma hacendaría, analiza las implicaciones de una propuesta de generalización del Impuesto al Valor Agregado.
Definitivamente, la cuestión impositiva ha vuelto al ruedo no sólo en México. En el marco de la actual crisis global, en los países centrales se debate qué hacer con los presupuestos en rojo. En el fondo, la disputa gira en torno a la fiscalidad, cuestión que hace a la esencia de la organización social.
La historia de Occidente -en sus distintas épocas y geografías- ha estado marcada por las cargas y la distribución impositiva. La Revolución Francesa tuvo una génesis ligada a la pesada carga fiscal que representaba el sostenimiento de las clases encumbradas del antiguo régimen feudal. La intolerable presión impositiva fue el caldo de cultivo de un sacudón que golpeó los cimientos de Occidente. En cierto sentido, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, tuvieron una base fiscal. En América Latina, la cuestión impositiva es uno de aquellos grandes nudos por desenredar. Regresividad, ineficiencia y evasión son las características distintivas de nuestros sistemas tributarios.
La política tributaria constituye un elemento fundamental a partir del cual se definen las características constitutivas del funcionamiento económico, la forma en la que se distribuye la riqueza, el nivel de equidad y de justicia imperante, el rumbo político de los gobiernos, entre otras variables trascendentes. Un país con ambiciones de justicia y desarrollo no debe solamente cobrar impuestos justos, sino también reintegrarlos a la sociedad en forma equivalente y con servicios que garanticen una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.
México sigue teniendo grandes desafíos estructurales que requieren reformas de fondo. En este marco, diseñar un sistema fiscal robusto que ayude a reducir las injustificadas desigualdades constitutivas de este país, es una acción de primera jerarquía.
Según Ramírez Cedillo, la reforma fiscal en México había sido un tema rezagado en la agenda pública a pesar de ser fundamental en la conformación de una estrategia de crecimiento. “En tanto que la estabilidad es relevante para el buen desempeño del país, la única manera en que se puede pedir al gobierno que tenga una participación más activa, es mediante el incremento de la recaudación, para lo cual resulta fundamental llevar a cabo la mencionada reforma. (…) Dentro de las diversas opciones disponibles destinadas a incrementar los ingresos tributarios en el país, la generalización del iva suena de manera constante” y es la analizada por el autor en este artículo. Para Ramírez Cedillo, si el argumento para no generalizar se sustenta en la idea de la regresividad del impuesto, es altamente cuestionable que la configuración de las tasas actualmente vigentes en México ofrezca un esquema de equidad. Así, a lo largo del texto, se ofrecen una serie de elementos a tener en cuenta para la discusión en torno a la reforma fiscal, a la vez que se considera que es posible generalizar el iva sin que ello signifique una pérdida de bienestar para las personas de menores ingresos y dé por resultado una recaudación mayor a la que se ha tenido hasta ahora.
Posiblemente, uno de los temas clave pendiente para futuras investigaciones, es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas del plan fiscal actualmente en debate. Efectivamente, en la reforma hacendaría propuesta por el Ejecutivo federal no se perciben cambios en materia de calidad del gasto. Ello implica que no hay avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que es probable que problemas derivados de una mala asignación de los recursos y la corrupción sigan inhibiendo el beneficio real que debe tener el gasto gubernamental.
Desde un encuadre analítico diferente, el tema es analizado por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien explora la paradoja que resulta de los avances normativos e institucionales de la transparencia en México de frente a las insuficiencias prácticas y políticas vigentes en el país en la materia.
Según la autora, “la transparencia -como la democracia- es un concepto políticamente debatible que puede ser interpretado y practicado de formas muy variadas. No cualquier tipo de “transparencia” implica una mejora automática de la rendición de cuentas, y de hecho ciertos conceptos resultan ser más adecuados que otros para el combate a la corrupción. (…) [En el artículo se argumenta que] para garantizar una consolidación auténtica de la transparencia en México, así como para enfrentar cualquier desviación o cooptación política de un régimen efectivo de acceso a la información pública y de rendición de cuentas, debemos dejar atrás los enfoques hegemónicos que actualmente ven a la transparencia como una política de gobierno útil en tanto beneficie a las relaciones públicas, así como aquella que la contempla como un mero instrumento burocrático de inspiración tecnócrata útil sólo para la administración de los asuntos públicos, y avanzar de una vez por todas en una visión política y estructural que piense a la transparencia como un proyecto democrático expansivo, basado en la participación y movilización activa de la ciudadanía.”
De este modo, Sandoval Ballesteros insiste en la necesidad de implementar una política de transparencia entendida como proyecto eminentemente político que implica la profundización y expansión de la democracia misma. “Sólo de esta forma nuestro país podría consolidar sus logros normativos e institucionales y convertir sus leyes en verdaderos instrumentos de combate a la corrupción”. Y concluye: “En México la corrupción es un problema endémico inherente a todos los partidos políticos e instituciones gubernamentales. En este sentido, la lucha por la rendición de cuentas requiere del apoyo de la ciudadanía y debe estar íntimamente ligada a sus exigencias de expansión democrática. La creación de políticas realmente efectivas en esta materia también debe procurar la protección efectiva a los periodistas valientes y a los vigilantes ciudadanos que se atreven a desafiar el sistema de impunidad y privilegios tan profundamente arraigado en México. De no ser así, cualquier institución o reforma que se promueva, corre el riesgo de ser cooptada y controlada por los mismos actores a los cuales pretende vigilar y regular. Tal es el panorama que la experiencia del pasado nos ofrece, y se perfila como un problema del futuro si no se revisa a fondo la actual estrategia de rendición de cuentas implementada en México.”
Mauricio Merino dedica su artículo a una detallada descripción del proceso de captura de los puestos públicos en México. Una vez más, la corrupción es colocada en el centro de la escena analítica. “La corrupción es una de las causas de la ineficacia gubernativa y del desencanto democrático”, afirma el autor.
En un primer momento, el artículo identifica dos visiones empleadas para atacar el fenómeno de la corrupción, la individualista y la burocrática. Según el autor, ambas visiones cometen el error de concebir la corrupción como una causa, como un problema de individuos que contradicen valores o rompen reglas en provecho propio y no como la consecuencia de un sistema de captura de puestos, supuestos y presupuestos. En un segundo momento, el texto hace referencia al Servicio Profesional de Carrera como supuesta solución al problema de la captura de los puestos públicos, detallado sus alcances, obstáculos y retos pendientes.
Para Merino la corrupción no es un accidente del sistema legal en el que tiene lugar, ni una anomalía cometida por individuos corruptos que deben ser contenidos y sancionados, sino que sus prácticas y sus efectos forman parte del mismo sistema legal, de modo que debe ser comprendida como la consecuencia de un sistema aceptado y justificado por las leyes vigentes.
A su vez, insiste en que “la puesta en marcha del Servicio Profesional reveló buena parte de las debilidades de la administración pública mexicana en el peor de sus sentidos: la falta de datos ciertos sobre el número de plazas efectivamente ocupadas; las aberraciones de los catálogos de puestos construidos acaso para pagar salarios, pero no para situar a la gente en las plazas adecuadas; la ausencia de criterios básicos para definir qué habría de hacer cada puesto, ni qué tarea específica habría de justificar su existencia ni, mucho menos, su desarrollo; la carencia de criterios de evaluación para aplaudir o castigar a los funcionarios -más allá del afecto ganado a sus jefes-; la incompatibilidad, casi generalizada, entre las funciones formales asignadas según los manuales de funciones y procedimientos y las tareas efectivamente realizadas por cada individuo, entre un largo etcétera.” De este modo, Merino concluye su trabajo comprensivo señalando que sin embargo, nada de lo que ha analizado se hace de espaldas a la ley: “la captura de los puestos públicos en México es el resultado de la historia y de la forma en que se construyó el dominio sobre la administración pública en su conjunto, como la arena privilegiada para acceder al poder y ejercerlo como cosa propia.”
Por último, Bruno Sovilla y Francisco García Fernández con su artículo nos exigen un salto analítico, temático y geográfico. “La economía cubana: entre voluntarismo e intentos de planificación” es un artículo destinado al análisis de la implementación del Sistema de Dirección de la Economía en Cuba. En el trabajo se propone una clasificación del ciclo económico con fases ascendentes y descendentes, según dominen en cada fase los intentos de planificación y organización económica racional o de dirección altamente centralizada de la economía. Se plantea que a lo largo de más de medio siglo, la Revolución Cubana no ha logrado implementar un Sistema de Dirección de la Economía que enfrentara y superara los tradicionales problemas de las economías centralmente planificadas. De este modo, consideran que cuando la clase dirigente cubana quiso alejarse de los métodos de planificación adoptados en los países socialistas, la dirección de la economía ha padecido de “voluntarismo” y las consecuencias económicas siempre han sido negativas. Se propone, por tanto, una clasificación propia del ciclo con fases ascendentes y descendentes, según dominen en cada fase los intentos de planificación y organización económica racional o de dirección altamente centralizada de la economía.
Los autores enfatizan, en su análisis de medio siglo de la economía cubana, la evidencia de que el comportamiento de las variables macroeconómicas fundamentales ha estado sujeto al modelo económico y a la forma de intervención estatal y que el voluntarismo privilegió la acción deliberada por encima del papel determinante de las leyes económicas. Así, en los ciclos con fases ascendentes y descendentes se han ido alternando etapas con una clara imposición de medidas de voluntad política central con la intención precisa de cumplir metas generalmente inalcanzables (que han implicado en términos económicos y no económicos un gran gasto material y humano y una contracción productiva que casi siempre ha obligado al país a retroceder en términos de crecimiento económico a los años anteriores a la fase de instrumentación de las medidas voluntaristas). Por su parte, las fases de recuperación y ajuste, son períodos donde se ha retornado a los equilibrios macroeconómicos y se instrumentan medidas de política económica de mayor racionalidad que han tomado en cuenta, aunque limitadamente, al mercado. Las tres etapas de este tipo, cuando se observan desde una perspectiva de más largo plazo, tienen además en común, la recuperación del crecimiento económico y el aumento del bienestar general, acompañado de desigualdades obvias para condiciones de funcionamiento del mercado.
Finalmente, en el marco de los avances investigativos que disciernen nuevas tendencias de la realidad social, el Dossier de este número lo hemos dedicado a la reflexión en torno a la diáspora y el transnacionalismo; un binomio que centra nuestro interés en el impacto de los movimientos de desplazamiento humano global y su diversificación en nuevos tipos, intensidades y modalidades, de modo tal que aquéllos devienen fuente de transformación social y exigen nuevos abordajes teóricos.
En efecto, los cambios que los procesos de globalización conllevan -así como las transformaciones en los patrones de movilidad- han planteado la necesidad de virajes conceptuales. Un nuevo sistema de migración, redes transnacionales de personas que atraviesan las fronteras nacionales, la participación simultánea en la vida social, económica, política y cultural de las sociedades interconectadas, marcan un nuevo momento en el que se reordenan los espacios territoriales y se redefinen las adscripciones, pertenencias e identidades. Se perfilan así serios desafíos conceptuales: por una parte, la desterritorialización y porosidad de las fronteras, que desvinculan a la vez que conectan a comunidades y sectores sociales con espacios geográficos específicos; por el otro, la afirmación de interconexiones y creación de nuevas diásporas y de espacios y campos sociales transnacionales (Bokser Liwerant y Senkman, 2013).
Los desarrollos que convergen en las nuevas configuraciones son diversos. Destacan las transformaciones por las que atraviesa el Estado, su pérdida del monopolio en varios ámbitos en lo que respecta a la influencia en la construcción de los imaginarios políticos y su consecuente repliegue en diversos ámbitos económicos y sociales (Offe y Preuss, 1991).
A su vez, se ven modificados los universos identitarios, evidenciados en la densa interacción entre procesos de afirmación de identidades colectivas e individualismo; identidades primordiales y cívicas; identidades nacionales y transnacionales. De este modo, el alcance y los modelos de las diásporas étnicas, nacionales y religiosas se ven igualmente impactados ya que al tiempo que se conectan en redes diversificadas que rebasan los contornos nacionales, se redefinen en los escenarios locales o nacionales. Cultura y esfera pública se encuentran con nuevas dinámicas. Por una parte, como ámbitos en los que individuos y grupos reclaman su reconocimiento; por el otro, en la medida que se construyen con significados que confieren relevancia a las relaciones, a los mecanismos y a los arreglos de la convivencia social y a sus ordenamientos institucionales, sus interacciones proveen los resortes de nuevas formas de participación. Viejos y nuevos grupos que se constituyen en torno a indicadores distintivos y dan cuenta de un nuevo imaginario característico de nuestro tiempo, en el que el tema de la identidad de minorías ocupa el primer plano del discurso público (Benhabib, 2006).
En estos escenarios, conceptos tradicionales adquieren nuevas acepciones y distintos acercamientos conceptuales se desarrollan, arrojando luz sobre el presente y ofreciendo perspectivas para nuevas lecturas del pasado. Los contornos cambiantes de las diásporas, su profusión -siguiendo nuevas modalidades de las migraciones y de dispersión- ha extendido de manera tal su acepción que ha conducido incluso al cuestionamiento del valor heurístico del concepto mismo (Nonini, 2005).
Ante la diversificación de grupos migratorios y su clasificación como diásporas, ¿habría perdido esta categoría su estatuto científico? se pregunta Schnapper (2011). ¿Y cuáles son sus elementos definitorios? ¿Cuáles los referentes de las diásporas arquetípicas, entre las cuales la judía es reconocida recurrentemente como tal, pero los análisis se distancian de ella? Ello resulta particularmente interesante porque las nuevas causales, modalidades y comportamientos de las migraciones y su expresión en clave de procesos de des y rediasporización, se perfilan interrogantes y cuestionamientos esenciales que convocan la reflexión desde perspectivas teóricas y disciplinarias diversas, así como desde entornos académicos y geopolíticos diferentes.
Avancemos señalando que la multiplicación de la literatura académica sobre diásporas a partir de la década de 1990, a pesar de extender indiscriminadamente ese término a grupos tan diversos como migrantes, expatriados, refugiados y desplazados, trabajadores temporarios migrantes, grupos de exiliados y comunidades étnicas, entre otros, destacó tres componentes esenciales del fenómeno: a) la dispersión de sus miembros, b) la orientación hacia un centro etnonacional, real o imaginario, considerado “homeland”, madre patria, y c) el mantenimiento de fronteras etnoculturales grupales en los países huéspedes. Sin embargo, estos estudios de diásporas formadas en las últimas décadas se alejan de la dinámica de las diásporas tradicionales arquetípicas como la judía, la armenia o la griega, acentuando los conflictos que suscitan comunidades étnicas inmigrantes que se diasporizan en sus nuevas naciones, o en la intervención de la comunidad internacional, además de analizar sus estrategias de adaptación económica, resistencia cultural y negociación identitaria colectiva.
Múltiples desplazamientos espaciales, laborales, sociales y culturales implican un cambio de óptica analítica que infunde nuevas perspectivas a la investigación. En este marco, Eliezer Ben-Rafael se interroga en torno al concepto de diáspora transnacional y al hecho mismo de si este fenómeno señala o no el nacimiento de una nueva era. En el seno del debate suscitado, el autor afirma que sí representa la expresión de un nuevo tipo de heterogeneización, tanto de la realidad social como de las diásporas en sí mismas entendidas como entidades mundiales. Desde esta perspectiva dialéctica describe a las diásporas transnacionales como causas de discontinuidad y destaca el cambio cualitativo en los tejidos sociales que ellas representan.
Junto al cruce de fronteras, plantea que la cualidad de tener un lugar de residencia dual o triple, propia de la condición transnacional, significa para quienes viven la diáspora, un alejamiento del carácter totalizador inherente al compromiso y concepto de nación que el Estado-nación exige a sus ciudadanos. De este modo, multiplicidad, diversidad, pluralización de escenarios de la cohabitación bajo el mismo techo social de entidades socio culturales que son ajenas a priori, da lugar a una configuración que no es igual en cada escenario, pero que sí corresponde en lo esencial a la nueva realidad que muchos experimentan en la sociedad contemporánea. En ese complejo contexto, el autor analiza y entiende el transnacionalismo no sólo como una condición referida a los migrantes y a las comunidades migratorias, sino también a la realidad social, societal y global de nuestros días.
Por su parte, Gabriel Scheffer, reconocido teórico de las diásporas cuyos trabajos son seminales en el área, tras preguntarse en los albores del siglo XXI “¿quién le teme a las diásporas y por qué?”, considera que este cuestionamiento resulta a la vez relevante y delicado, debido a la diversidad de interpretaciones y los grados de confusión que prevalecen actualmente en muchos países receptores de todo el mundo respecto de las diásporas. Y ello lo atribuye a la pluralización de diásporas, las emergentes, no-organizadas y las organizadas; al alcance de su expansión geográfica; al número de sus miembros y al hecho de que los ámbitos de sus numerosas actividades han aumentado y siguen aumentando sustancialmente. Destaca, a su vez, que simultáneamente tienen lugar otros fenómenos comprensivos que afectan la situación de los diaspóricos y de las diásporas en numerosos países receptores, los cuales también afectan las relaciones de aquéllos con los Estados en que se encuentran y con sus patrias históricas -las efectivas o las percibidas o imaginadas como tales-. De allí que cuestionando los argumentos actualmente esgrimidos por políticos e investigadores en cuanto a la declinación del nacionalismo, Sheffer considera que presenciamos procesos evidentes de resurgimiento de la etnicidad y el nacionalismo en la mayor parte de los países del mundo, que influyen adversamente en las situaciones de esas diásporas en sus países de residencia. Por lo tanto, las actitudes de muchas sociedades receptoras en las que el etno-nacionalismo ha revivido o está reviviendo, son ambivalentes hacia los grupos diaspóricos que los ven como amenaza y competencia pero también como fuente de aportes y contribuciones. Por tanto, la importancia de este trabajo radica en su apertura a nuevas indagaciones, tipologías, caracterizaciones y cuestionamientos. Entre ellos, e interconectando con el análisis de los aspectos políticos y tratando de responder a la pregunta “¿quién le teme a las diáspora?”, el autor plantea un número de cuestiones concernientes a diásporas que se hallan involucradas, por una parte, en el terrorismo, la delincuencia y la desobediencia civil, y por la otra, en contribuciones culturales y económicas a sus países receptores.
Ahora bien, las transformaciones y la polisemia de los conceptos, insertos en tradiciones conceptuales diversas, expresan la búsqueda de nuevos significados. La coexistencia de un hogar original -mítico, simbólico, real- con conexiones laterales entre comunidades de la dispersión, por una parte, y el hecho de que la migración ya no es un movimiento unilateral que va de tierra de origen a tierra de destino, sino que exhibe mayor recurrencia y circularidad en sus destinos, todo ello desafía los conceptos tradicionales y apunta a la novedosa convergencia de procesos, tales como la diasporización de comunidades de migrantes, la desdiasporización y rediasporización. (Bokser Liwerant y Senkman, 2013).
Por último, Perla Aizencang, en la sección de reseñas y notas de investigación, nos presenta un paneo múltiple y descriptivo de la producción analítica reciente sobre transnacionalismo. Su trabajo parte del reconocimiento de que a raíz de los cambios producidos por el fenómeno de la globalización plasmados en los diferentes ámbitos -la economía, la política, la cultura y la sociedad- y los cambios específicos acaecidos en los patrones de movilidad, ha surgido, desde fines de los años 80 y comienzos de la década del 90 una nueva perspectiva en las ciencias sociales que tiene por objeto analizar estos fenómenos partiendo de un lente analítico diferente, el lente transnacional. Y comulga con la visión de que aunque no constituye un cuerpo teórico único, la perspectiva transnacional en los estudios migratorios presenta una batería conceptual que intenta dar cuenta de esta nueva forma de vivir transnacional.
Para ello, analiza conceptos y autores básicos que aportan nuevas miradas sobre estos procesos. De este modo, a lo largo de las páginas, la autora alude al lugar o el ámbito en el cual se plasma lo transnacional, el ser transnacional y la vida transnacional. ¿Dónde se vislumbran las conexiones transnacionales, las prácticas, los vínculos, las interrelaciones entre los individuos? ¿En qué lugar se producen los encuentros sociales?
En su conjunto, este número de la Revista convoca nuevas miradas sobre nuevos fenómenos aún en proceso de desarrollo -y cuyos perfiles últimos aún son inciertos- así como nuevas lecturas de viejos fenómenos desde perspectivas teóricas diversas.