Los partidos políticos como factores de discusión racional. Deliberación y elecciones

Resumen

La confrontación de ideas es una estrategia fundamental para la racionalización de las expresiones públicas. Una democracia liberal presupone la existencia de una pluralidad de voces críticas que debatan sobre el mejor interés para la ciudadanía. En esta tesitura, los partidos políticos se han convertido en piezas claves para la confrontación electoral. Esta pugna muestra su auge en los medios de comunicación a través de la propaganda. Son los partidos políticos los responsables de incentivar la discusión racional en su modelo de comunicación y, con ello, de motivar en el ciudadano un interés por la participación y legitimación democrática.

Abstract

The confrontation of ideas is fundamental to streamlining public expressions strategy. A liberal democracy presupposes the existence of a plurality of critical voices who debate on the best interest of the public. In this situation, political parties have become key pieces for the electoral confrontation; confrontation shows its peak in the media through propaganda. Political parties are responsible for encouraging rational discussion in its communication model and thus motivate an interest citizen participation and democratic legitimacy.

Introducción

Los partidos políticos son piezas fundamentales para la pluralidad política. En democracias modernas, los partidos se han convertido en los engranes del conflicto político, lo generan, lo contienen y, según sea el caso, lo resuelven. Las oportunidades de participación electoral han quedado enmarcadas por la decisión de los partidos y, en esta medida, cuestiones como la cultura política dependen de la percepción de la ciudadanía sobre el entorno partidista. Es necesario precisar que las actividades de los partidos políticos están en función del momento democrático que les toque vivir. Precisamente, el punto nodal de la actividad partidista se encuentra en las coyunturas electorales: a partir de ahí, tanto la maquinaria institucional como mediática se ponen en funcionamiento.

Los partidos políticos, a través de un modelo de comunicación,¹ se presentan ante el ciudadano como un espacio de discusión pública sobre los temas electorales. De esta manera, se desarrolla no sólo un nuevo espacio de interacción, sino además nuevos contenidos que moldean la opinión pública, opinión que muestra tan sólo una fotografía del instante comicial. La relación entre democracia y medios de comunicación ha influido considerablemente en las esferas privada y pública de las sociedades modernas. Sin embargo, la relación entre medios y democracia ha estado determinada por un ciclo político específico, por la prevalencia de ciertas coyunturas, especialmente las electorales.

En este contexto, constantemente la opinión pública se ha interrogado si son los medios o las instituciones políticas quienes configuran las reglas del juego democrático. Ciudadanos se preguntan si a través del spot se influye en las decisiones de los políticos, a manera de presión electoral, o si los partidos dictan los contenidos que deben publicitarse en radio, prensa o televisión al margen de la ley establecida para ello.

Por esta razón, la hipótesis del presente artículo sostiene que los partidos políticos son los principales factores de discusión pública, especialmente en tiempos electorales. Quienes construyen las agendas del debate público en los medios de comunicación son los partidos, construcción que no sólo llega a incidir en preferencias electorales expresadas mediante el voto, sino en un complejo de ideas, pensamientos y actitudes que pudieran arraigarse en la cultura política del ciudadano. Por esta razón, vincular medios de comunicación, partidos políticos y procesos electorales constituye un marco referencial para señalar la necesidad de una discusión racional.

En tiempos modernos, la instauración de procesos de debate público en la vida político-electoral ha sido un aspecto recurrente. Esta condición ha alcanzado a los medios de comunicación, particularmente en lo que respecta a la televisión. En nuestro momento de coyuntura electoral, se argumenta la necesidad de democratizar los medios: un proceso de apertura y contenido de utilidad social, que permita la libre competencia a fin de evitar la monopolización de la información, pues el dominio de ésta ha llegado a constituir una fuente alterna de poder público.²

Sin embargo, el proceso de democratización en los medios implica una transformación en la discusión pública, discusión que va desde la disponibilidad de la información hasta la configuración de la cultura política ciudadana. La importancia de los medios de comunicación en los regímenes democráticos es tal que incluso han llegado a adjetivarla, es decir, los medios pueden ser los protagonistas en una democracia representativa que sólo se limite al pleno desarrollo de propagandas que expresen el interés de los partidos en competencia.

No obstante, en una discusión racional, los medios son parte fundamental no sólo para la competencia electoral, sino también para generar en la ciudadanía un debate público que se desarrolle a partir del interés por los temas político-electorales. En este tenor, es necesario mencionar que la deliberación debe ser un modelo tanto de los medios como de los partidos políticos. Este artículo presupone que la deliberación es una fuente de capacitación y educación cívica.

Es posible argumentar que, ante una rígida estructura mediática, los ciudadanos quedan desprovistos de canales de información, lo que imposibilita la pluralidad que toda democracia requiere. Ante esta situación, los medios públicos parecen constituirse como los factores idóneos para incentivar una discusión racional. A pesar de lo anterior, tales medios carecen de la influencia propagandística de los medios comerciales. Por ello, es necesario promover un esquema deliberativo desde estos últimos. Empero, antes de establecer un modelo racional de comunicación electoral a través de los partidos políticos, será necesario comprender el punto de partida de toda discusión racional: la libertad de expresión y su desenvolvimiento en los medios de comunicación.

El origen democrático de la discusión mediática

En las democracias políticas, los medios de comunicación representan el espacio donde se desarrolla el conglomerado de información y expresión política de los ciudadanos, pero en ciertos casos el contenido en los medios no suele ser político, es decir, no atiende a un carácter de interés público, sino privado. Todas las instituciones, poderes fácticos, ciudadanos y gobiernos confluyen constantemente en los medios de comunicación, los usan y desarrollan la opinión pública necesaria para la construcción ideológica del régimen. Con esta consideración, no debe olvidarse que los medios de comunicación y la política mantienen una estrecha pero voluble relación.

Dicha relación queda determinada por diversos ciclos políticos que pueden enconarla o bien, favorecerla. Por ejemplo, fenómenos del conflicto democrático como el crimen organizado, cotos a la libertad de expresión y, recientemente, pugnas en torno al proceso electoral federal muestran la relación —pero, sobre todo, la influencia— de la información con las estructuras del poder político. Estas correlaciones se enmarcan en lo que se ha denominado “paralelismos viciosos” tal como lo menciona María Amparo Casar.³ No obstante, la relación ha conseguido resultados negativos, pues el proceso de alternancia democrática también ha abierto el esquema de la información y “mucho le debe la transición política a los medios que contribuyeron al proyecto de democratizar el país y abrieron brecha propiciando un rico debate público desde posiciones políticas distintas.”⁴

El hecho de que la estructura mediática haya contribuido a democratizar el país incentivó un elemento fundamental para la participación ciudadana, a saber, la libertad de expresión. En este sentido, la diversidad de las opciones políticas incentivó la pluralidad de voces distintas de la oficial. Asimismo, el nacimiento y fortaleza de la oposición partidista abrió el cauce para generar una diversidad en la expresión. El ciudadano observó que la amplitud del diálogo comenzaba desde la esfera política. Entonces el medio de comunicación comenzó a reconfigurarse: “Las voces que se dejaron escuchar y las plumas que comenzaron a escribir gozaron de mayor libertad, se exploraron nuevos géneros, se abrieron nuevos espacios, se descubrieron nuevas formas de influencia y proyección.”⁵

Esta proyección de apertura en la libertad de expresión influyó sobremanera en una nueva opinión pública, y a su vez, en la toma de decisiones políticas. La información se trasladó de un esquema agregativo determinado por la monopolización mediática, a uno pluralista con plena disposición a la apertura y sobre todo, a la diversificación de la información. Dicho fenómeno contribuyó a una incipiente, pero necesaria apertura de la libertad de expresión, pues el hecho de mantener diversas fuentes de información y contrastarlas mediante el ejercicio del debate público trajo como resultado una nueva comprensión de lo que se comunicaba. Este nuevo esquema reconfiguró, a su vez, la esfera pública tradicional en que la libertad de expresión se desarrollaba al margen de la oficialidad gubernamental. Como consecuencia de esto, la opinión pública alcanzó un nuevo estrato en los canales de comunicación.

Más allá de dichos paralelismos virtuosos, la apertura e imparcialidad mediática dejó pendientes los contenidos de los mensajes, es decir, no se fomentaba la racionalidad en la información y no se promovía la libre discusión en el debate público. Se mejoró en cantidad, pero no en la calidad de la información. El interés mediático por la información fue decayendo y comenzó a influir en la opinión pública de manera adversa, condición que tuvo un impacto negativo en el desarrollo de la opinión pública. En relación con lo anterior, “el discurso meramente informativo ha dejado de ser atractivo para los medios masivos de comunicación. Este punto cobra relevancia en función de dos aspectos: por un lado las necesidades imperiosas del mercado y por el otro la parcialidad de las fuentes.”⁶

Esta consideración que argumenta Tenorio Cueto impacta en la conformación de la opinión pública y, a su vez, en el desarrollo de la libertad de expresión, condición que en la posteridad influye también en la participación política del ciudadano. He aquí la importancia de los medios de comunicación en la esfera pública. Comprender la relación medios-política es vislumbrar las configuraciones innatas del poder, y en términos democráticos, es referirse a una cuestión de aceptación ciudadana. Con los medios de comunicación, “los actores políticos buscan convencer a una ciudadanía, justificarse ante ella y lograr una aprobación que legitime sus acciones.”⁷

En esta búsqueda de legitimidad, la relación entre medios y democracia ha logrado mantener procesos de pesos y contrapesos necesarios para influir en la cultura política. Se trata de la pieza fundamental del juego democrático: la influencia mediática, a largo plazo, en la configuración de una determinada cultura política, condición que ha de materializarse, posteriormente, por medio del voto.

Más allá de las consideraciones anteriores, la relación entre medios y política presenta flaquezas en cierto modo “paralelas” al modelo democrático en que se desarrolle. Cierta configuración en la desconfianza política ha sido al mismo tiempo el motivo para el descrédito en los medios. La legitimidad de una se relaciona inexorablemente con la de los otros en lo que Casar ha denominado “paralelismos viciosos”, y hace una crucial analogía político-mediática en el país al sostener:

…los mexicanos exigimos poca responsabilidad política y nos conformamos con políticos que no cumplen. También nos conformamos con unos medios que no informan o que informan de manera sesgada. Pocas veces los electores castigan a sus gobernantes. Tampoco los lectores castigan a las casas editoriales que difaman, especulan o mal informan; mucho menos a los medios electrónicos en los que hay un muy reducido número de opciones.⁸

Llegando a este punto, es necesario ponderar las simetrías para un nuevo modelo de comunicación, que promueva el uso libre y racional de la información, que se desarrolle mediante un debate público y que determine mejores formas de decisión colectiva. Y como en toda configuración democrática, la prioridad debe instalarse en el ciudadano, que en el pleno uso de sus derechos, sea capaz de decidir sin la intervención mediática o política desentendidas del bien común, pues “debemos recordar que hoy más que nunca la información y en general la comunicación en medios masivos son valores de mercado.”⁹ Esta previsión debe marcar la pauta para desarrollar nuevas características democráticas que mejoren la piedra angular de las democracias, a saber, la libertad de expresión. La configuración del diálogo debe ser la fuente para adjetivar las democracias modernas y, especialmente, para determinar la calidad en su ejecución.

Parte fundamental de este artículo se enfocará a encauzar los cimientos de una democracia que haga vinculatorios los postulados de libertad de expresión y debate público. Esto podrá configurarse con los principios de una democracia deliberativa, capaz de transformar la libertad de expresión —a través de la racionalidad de la información— en decisiones previamente debatidas, con el fin de mejorar la confianza en los mecanismos de participación ciudadana. La justificación de tomar el modelo deliberativo se encuentra en la pérdida constante de lo público, de aquel espacio ideado para la discusión del pueblo y que poco a poco ha cedido el paso a intereses privados. Lo efímero ha desplazado la sustancia de la información y es necesario replantear los atavíos en la libertad de expresión para encontrar la mejor solución.

Libertad de expresión y democracia deliberativa: los medios a debate

Los medios de comunicación se han proclamado como la piedra angular de la opinión pública, en el sentido de que la cantidad y calidad de información requiere canales y vínculos que conecten a los emisores con los receptores del proceso comunicativo. La libertad de expresión colectiva toma elementos de la información emitida por los medios de comunicación, y hasta cierto momento, puede formar parte del debate público. Para ampliar estos argumentos y entender su influencia en las democracias, es necesario concebir que la cultura política está en función de lo que informan los medios, y como la libertad de expresión es parte fundamental de dicha cultura, también se ve influida por el contenido informativo-comunicacional.

La racionalidad en el manejo de la información facilitaría, pensando en un modelo deliberativo, los canales para que los ciudadanos puedan debatir libremente, con información real y de interés común, alejado del excesivo intervencionismo privado. Sólo un “paralelismo virtuoso” podrá sentar las bases de la democracia deliberativa. Si los medios no contribuyen a mejorar la cultura política del ciudadano, ellos mismos serán acreedores de la desconfianza que permeará la opinión pública. Asimismo, el uso de la libertad de expresión —que algunos medios dicen defender— no debe ser extrapolado, pues cuestiones fundamentales como la libertad deben prescindir de un uso sobreestimado de sus contenidos, a fin de que se comprenda sin generalizar su uso desmedido y sin razón.

Llegando a este punto, será oportuno delinear el concepto de la democracia deliberativa, necesario para comprender el alcance que la libertad de expresión puede tener en ella y encontrar las bases para el ejercicio racional de los modelos de comunicación. La base de este modelo democrático remite necesariamente al pensamiento de Amartya Sen, quien argumenta que “desde la perspectiva más amplia del uso público de la razón, la democracia debe otorgar un lugar central a garantizar la libertad de discusión pública y las interacciones deliberativas en la teoría y la prácticas políticas.”¹⁰ Por tal razón, es pertinente distinguir la importancia del esquema deliberativo en los medios de comunicación, dado que en éstos confluyen derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.

Ya comprendida esta configuración, David Held, a partir del pensamiento de James Bohman, argumenta que “la democracia deliberativa, en un sentido amplio, es […] cualquier conjunto de opiniones según las cuales la deliberación pública de los ciudadanos libres e iguales es el centro de la toma de decisiones políticas legítimas y del autogobierno.”¹¹ A partir de dicha consideración, es posible observar que la participación política en la democracia deliberativa se construye a través de la dimensión sustantiva: la libertad e igualdad que poseen los ciudadanos, quienes se expresan para ser tomados en cuenta. Held identifica el objetivo de este modelo, enfocado en “la transformación de las opiniones particulares mediante un proceso de deliberación a posiciones que pueden soportar la seguridad y el escrutinio público.”¹²

Asimismo, pensando en la argumentación razonada —que de entrada significa la primera “dificultad” del modelo deliberativo—, los ciudadanos deben estar lo suficientemente preparados y capacitados para que su libertad de expresión reflejada en el debate sea una construcción lógica, más allá de la consideración de validez. Dicho así, no sólo se trata de un libre e igualitario intercambio de opiniones, sino se pretende una correlación entre la individualidad de las personas y la colectividad de los ciudadanos, con el fin de mejorar la calidad del debate público, que posteriormente será el sustento del bien común, propio de la política. Todo lo anterior, con el entendido de que “la deliberación puede mejorar el juicio colectivo porque no sólo se preocupa de la recogida (sic) de información y del intercambio de opiniones, sino del razonamiento y la comprobación de argumentos.”¹³

Aquí podemos ubicar uno de los primeros puntos de convergencia entre democracia deliberativa y cultura política, puesto que, para obtener la primera, será necesario tener la calidad de la segunda. Por esta razón, en países con poca cultura política los sistemas democráticos —en este caso, el modelo deliberativo— enfrentan más obstáculos para su consolidación. Ciertamente, el origen de toda esta discusión, es decir, la libertad de expresión, desempeña un papel preponderante no sólo como representación de tal o cual nivel de cultura política, sino hasta cierto punto, dicha libertad la delinea, la reconstruye y la reproduce.

Esta configuración también es pertinente para la transformación del individuo en ciudadano, cuestión que, más allá de parecer obvia para la cultura política, es necesaria fundamental para la participación en las decisiones públicas. Como resultado de esta argumentación, se podrán construir mecanismos que faciliten, desde la libertad de expresión, el desarrollo de la democracia deliberativa. Held argumenta este fomento participativo por medio de “la introducción de encuestas deliberativas, días de deliberación y jurados de ciudadanos, ampliar los mecanismos de información de los votantes y de la comunicación, reformas la educación cívica para mejorar la posibilidad de elecciones maduradas y la financiación pública de grupos cívicos y asociados que buscan el compromiso con la política deliberativa.”¹⁴

Aunado a lo anterior, Jon Elster amplía el concepto del modelo democrático deliberativo y explica una doble configuración al afirmar que “el concepto incluye la toma colectiva de decisiones con la participación de todos los que han de ser afectados por la decisión o por sus representantes: esta es la parte democrática. […] también incluye la toma de decisiones por medio de argumentos ofrecidos por y para los participantes que están comprometidos con los valores de racionalidad e imparcialidad: esta es la parte deliberativa.”¹⁵ El análisis de Elster complementa las argumentaciones que se han hecho hasta el momento; por tanto, marca la pauta para identificar la influencia de la libertad de expresión en las dos partes que identifica el autor.

Con estas conceptualizaciones de la democracia deliberativa, es importante precisar que este modelo cobra relevancia cuando la televisión ha sido uno de los instrumentos más destacados de información pública para el ciudadano, pues una muestra estadística sostiene que 76% de las personas utilizan la televisión para informarse de lo que ocurre en política.¹⁶ Los contenidos propagandísticos en las campañas electorales apuntan hacia la televisión como la mejor forma de informar sobre las plataformas partidistas y, si bien la propaganda electoral se ha trasladado lentamente a Internet, la incipiente conectividad en nuestro país aún sigue configurando a la televisión como el mejor medio para efectuarla.

Es preciso retomar un argumento de Giovanni Sartori, quien en su obra Homo videns: la sociedad teledirigida resalta la importancia del medio televisivo, debido a que éste “condiciona fuertemente el proceso electoral, ya sea en la elección de los candidatos, bien en su modo de plantear la batalla electoral, o ayudar a vencer al vencedor.”¹⁷

Para comprender mejor la relación entre medios de comunicación y el modelo deliberativo, es pertinente recordar el tema de la opinión pública. A través de ella, puede percibirse —generalmente— la libertad de expresión en la ciudadanía. Desde luego, la opinión pública se identifica según el campo de donde provenga la información; por ejemplo: la opinión pública electoral depende de la información generada por los partidos políticos, mediante sus campañas, propagandas, institutos, declaración de principios, etcétera.

De acuerdo con Sartori, la opinión pública es propia de la democracia representativa, ya que ésta “no se caracteriza como un gobierno del saber sino como un gobierno de la opinión, que se fundamenta en un público sentir de res pública.”¹⁸ No obstante, cuando se habla de una democracia deliberativa, el esfuerzo comunicativo debe canalizar esa opinión pública para desarrollar un debate público racionalizado. Si bien el modelo deliberativo requiere la opinión pública, ésta debe influir más allá de las cuestiones procedimentales como el voto; a decir de Gianfranco Pasquino, se debe pasar “de una democracia de electores a una democracia de participantes.”¹⁹

La parte primordial en la construcción de la opinión pública y fundamental en el desarrollo de la democracia moderna es el manejo de la información: “al objeto de que los gobernados puedan formarse sus propias opiniones sobre cuestiones políticas, es necesario que tengan acceso a informaciones políticas, lo que exige que las decisiones gubernamentales se hagan públicas.”²⁰

Cabe destacar que los electores deben estar informados para trascender el carácter procedimental, sobre todo si aquellos se hallan expuestos abundantemente a los mensajes partidistas. No está por demás precisar, por otra parte, que la deliberación no implica la completa anulación de la democracia representativa, sino que, con dicho modelo, los medios contribuyan a canalizar la libertad de expresión sin llegar a abusar de ella.

Esta condición —la de la libertad de expresión— se encuentra fuertemente vinculada al origen mismo de la opinión pública. Pero son los medios los que pueden influir invariablemente en la dimensión colectiva —más que en la individual— de la libertad de expresión. Dicha influencia transformaría el sentido de las democracias, especialmente en el modelo representativo, dado que “el carácter colectivo de una expresión afecta a su peso político: las autoridades pueden, sin asumir grandes riesgos, ignorar las expresiones dispersas de las opiniones individuales, pero no pueden desconsiderar con facilidad a las masas en la calle, por muy pacíficas que sean, o las peticiones con miles de firmas.”²¹

Por tanto, es pertinente que la agenda mediática contemple las facilidades del modelo representativo, pero que, además, pueda incentivar un debate deliberativo, en el que los partidos sean los principales mecanismos para su operación. Se trata de que una discusión colectiva, mediante las herramientas procedimentales y sustantivos garantizados para ello, se incorpore a partir de los medios de comunicación, pero los partidos políticos podrían aprovechar esta cuestión a fin de generar una discusión más crítica en beneficio de la racionalización del voto.

La aportación deliberativa en los medios

El nacimiento, desarrollo y consolidación de la democracia es un proceso influido por los medios de comunicación; sin embargo, también puede llevarlo a su propio declive. La política y los medios guardan un desarrollo compartido, y en éste puede observarse tanto similitudes como divergencias entre contenidos; es decir, en algunos casos la legitimidad de los medios será la misma que la del sistema político. En otras situaciones, los medios se vuelven férreos críticos del sistema y su legitimidad provoca una desconfianza en la clase política.

A pesar de ello, es totalmente válido que en las democracias modernas los medios desarrollen diversas posturas; por un lado, existen medios “oficialistas”, acordes con las disposiciones gubernamentales; por otro, medios de comunicación de oposición que constituyen una fuente alternativa a los medios oficiales. Los partidos políticos reconocen esta dualidad, y así se lleva a cabo la construcción de las propagandas electorales que, en buena medida, se llevan a cabo a través de los medios ad hoc de los contenidos gubernamentales.

Es fundamental reconocer este carácter en los medios, puesto que la libertad de expresión desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la pluralidad; es más, si se reconoce que el debate público debe ser “desinhibido, robusto y abierto”,²² los medios en las democracias deben permitir dichas acciones. El papel del ciudadano se desarrollará, precisamente, en el discernimiento de la calidad de la información recibida. En este sentido, se promueve el uso plural y tolerante de la libertad de expresión en aras de fomentar una ciudadanía con crítica responsable. Esta argumentación es la piedra angular de la democracia deliberativa, pero no se trata de una cuestión desprovista de marcos normativos que contribuyan a desarrollar dicho modelo; se necesita, pues, de las estrategias legislativas para encauzar la deliberación ciudadana.

No se trata, sin embargo, de otorgar a los medios un papel preponderante en el sistema democrático, pero sí es necesario apuntar que su influencia ha marcado constantemente la agenda política en México, y más aún en su carácter electoral. Es posible analizar los modelos democráticos a través del papel de los medios y su relación con la crítica ciudadana. Como resultado de ello, por ejemplo, en la democracia representativa se podría observar que los ciudadanos son mayormente considerados como “espectadores” (pasivos) de los mensajes transmitidos en las campañas electorales.

En tanto que la democracia deliberativa muestra que los ciudadanos pueden influir en el contenido mediático, exigen —por instrumentos formales— la mayor calidad en la información, calidad entendida como la propagación de temas reales de interés público. Asimismo, el modelo deliberativo da a los medios la normatividad constitucional para evitar abusos en la utilización de la libertad de expresión y construir así una racionalidad en el debate público.

La comunicación entre gobernantes y gobernados es inherente a la democracia, con cualquier adjetivo que ésta llegue a tomar, pero como ya se precisó, dicha comunicación se desarrolla en distintos niveles. Por tal razón, pueden analizarse las democracias a través de los medios de comunicación para determinar qué tanto influyen éstos en la libertad de expresión, en el desarrollo de la opinión pública, en la construcción del debate público y, en general, para identificar la existencia de cuestiones deliberativas. Empero, en el presente análisis tendría que tomarse en cuenta la influencia tanto de las instituciones como de la cultura política, pues en el caso de que los ciudadanos no se hallen interesados en participar políticamente, relegarán toda actividad colectiva al abstencionismo.

La crítica racional que pudiera originarse en los medios se encuentra directamente relacionada con la equidad en el acceso a los procesos de comunicación. El reconocer y promover la pluralidad de expresiones es fundamental para la democracia deliberativa, ya que esta forma no es posible “en aquellas situaciones en que la oposición no goce de igual derecho de acceso.”²³ Precisamente, en el tema electoral la deliberación toma la mayor relevancia, puesto que la inequidad en la forma y fondo de la propaganda malversaría el contenido de la libertad de expresión, por un lado, y evitaría la tolerancia en el diálogo, por otro. Asimismo, el carácter inequitativo impide la racionalidad en el debate público, porque al ofrecer una sola línea discursiva se prescinde de características democráticas de comparación y evaluación en los contenidos que, en los procesos electorales, limitarían la visión del electorado y marcarían una preferencia sesgada.

No es exagerado argumentar que para la plena crítica de la información, no se requieren ordenamientos jurídicos que obliguen a los medios a promover temas de interés público real. El ciudadano —sólo el interesado en deliberar— se encargará de filtrar el contenido que recibe y buscará la mejor calidad en la información. Lo que resulta pertinente reglamentar es la equidad en el acceso a los medios, como lo argumenta Pasquino. Esta accesibilidad será el fundamento de la pluralidad y tolerancia que, como ya se precisó aquí, son inherentes a la democracia deliberativa. Sin embargo, es importante destacar que los medios de comunicación son partes importantes para la opinión pública y el debate, pero en cuestiones democráticas se necesita más que eso, ya que de cuando en cuando se requiere más de una decisión pronta que la opinión. Precisamente, éste es uno de los principales retos de la democracia deliberativa, que será discutido más adelante.

Los medios pueden constituir una preconcepción de las acciones políticas. He ahí la relevancia de su operación, pero se enmarcan en la ya legendaria discusión entre legitimidad y eficacia gubernamental. La primera puede ser el resultado de un proceso deliberativo, pero en repetidas ocasiones la segunda no procede de esta deliberación. Es complicado que legitimidad y acciones de gobierno encuentren un desarrollo compartido, pero el modelo deliberativo podría mejorar esta relación para motivar el orden político. El encuentro de la libertad de expresión ciudadana con las decisiones gubernamentales da como resultado la construcción del debate público, y cuando los medios de comunicación son el contexto de ese punto de encuentro, pueden fomentar o evitar la crítica racional que da origen a la discusión.

La discusión racional desde los partidos

En este apartado, elementos como libertad de expresión, medios de comunicación y deliberación han llegado a un punto de convergencia, que puede ser situado en diversas coyunturas de lo político. En el presente artículo, será necesario contemplar el momento electoral como el nodo que une el modelo comunicativo con la ciudadanía. No obstante, como se ha visto a lo largo del texto, la discusión racional debe ser desarrollada por los medios de comunicación con objeto de capacitar a la ciudadanía y de incentivar una cultura política en pro de la estabilidad democrática, y no sólo de la renovación del poder público.

Cabe destacar que, si bien los partidos políticos promueven sus plataformas para que el ciudadano conozca y razone su voto, no es el único fin que debería promoverse. Además, debe precisarse que, por ejemplo, “en una elección sin debates, la democracia no alcanza uno de sus fines, que consiste en que el ciudadano disponga de la mayor información posible acerca de los candidatos en la contienda y sus diversas propuestas”.²⁴ En este punto se encuentra el aspecto primario, pero de suma importancia en cuanto a la relación entre medios de comunicación y elecciones. Esta condición informativa resulta preponderante para un ejercicio previo de discusión racional, pues, a mayor y mejor información, el ciudadano dispone de pautas diferenciadas para tomar una decisión electoral.

Es fundamental distinguir entre participación ciudadana y participación electoral, ya que esta última se circunscribe sólo al momento comicial; en cambio, la segunda presupone un ejercicio de capacitación de manera continua. Para Dieter Nohlen, “la participación electoral es un indicador importante, pero no el único, de la disposición de participación política existente en la población de un país.”²⁵ Dicha delimitación apuntada por el autor alemán pone en la mesa del debate que las elecciones sólo muestran un instante en el largo proceso de participación ciudadana. Sin embargo, aún en ese momento breve, la influencia de los medios de comunicación es preponderante.

Precisamente, el voto como expresión de la participación electoral se constituye como una herramienta de ciudadana, y los partidos políticos son los procesadores de tal expresión. Es más: los partidos políticos, a través de la difusión de sus plataformas, son capaces de promover o inhibir la participación electoral, cuestión que se refleja poco a poco en la construcción de la cultura política. Desde luego, existen en el proceso electoral principios reguladores que permiten una pluralidad de información en las propagandas de los partidos políticos; por ejemplo, “el principio de equidad en un proceso electoral consiste en que todos los candidatos tengan acceso a los medios de comunicación en igualdad de condiciones.”²⁶

En esta tesitura, cabe destacarse el papel de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, que permiten la adecuación de los promocionales al marco jurídico establecido. Aquí aparecen, de acuerdo con las pugnas del proceso electoral inmediato anterior, las reformas que adecuan nuevos lineamientos para los problemas anteriores. Sobre ello versó, entre otras cuestiones, la reforma de 2007, pues prohibió la compra, por parte de los partidos políticos, de los tiempos en radio y televisión, y otorgó al entonces Instituto Federal Electoral la atribución mediática que antes disfrutaban los partidos. Se realizaron estos actos con el fin de incentivar el principio de equidad: ante escenarios poco equitativos, la cantidad de información promovía un ambiente de hostilidad entre la ciudadanía, más que una deliberación racional.

Más allá de esta configuración, debe precisarse que los partidos políticos, aun sin prerrogativas de compra de espacios en los medios, deben promover una discusión racional, que enarbole el principio de equidad a través de la voz plural y racional de sus contrincantes. Muestra de ello ha sido recurrente, en los procesos electorales, el desarrollo de los debates políticos, que ponen sobre la mesa de discusión mediática diversos niveles de información, abstracción y propuestas; además, se basan en la descalificación del contrincante, condición que mayormente goza de criterios irracionales. Aun así, “la transmisión de los debates en televisión y radio tiene la ventaja de dar a la ciudadanía la información necesaria para que emita un voto libre y racional.”²⁷

La discusión racional desde los partidos políticos puede crearse mediante la colisión positiva de dos derechos políticos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho a la información. Mientras los partidos se encarguen de utilizar los canales expresivos para fomentar una discusión racional, la información que reciban los electores será no sólo en mayor cantidad, sino que también gozará de mejor calidad, ya que “hoy en día los medios masivos de comunicación son el instrumento idóneo para hacer valer el derecho a la libertad de expresión de los actores políticos y el derecho a la información de los ciudadanos, con lo cual se crea la opinión pública.”²⁸

Es claro precisar que la opinión pública recae en el comportamiento de las instituciones políticas, pues los ciudadanos que acceden a la información evalúan el actuar de dichas instituciones y crean, a veces inconscientemente, un conglomerado de opinión pública. Ésta podrá reflejarse en los procesos electorales a través del voto ciudadano, aún con sus respectivos cuestionamientos, pues constantemente se atribuye la creación de tal o cual opinión pública a los medios de comunicación. Sin embargo, “no puede soslayarse que una elección representa la oportunidad para el votante de emitir un juicio acerca de la situación de sus gobernantes y de sus representantes populares mediante el sufragio.”²⁹

La construcción de un juicio ciudadano a través de la evaluación de sus gobernantes se convierte en la parte más difícil de un modelo de comunicación electoral. No obstante, debe ser la maquinaria institucional de los partidos políticos el punto de apoyo para realizar tal cometido. Los partidos políticos deben ser actores claves para la deliberación política; la información que proporcionen debe circunscribirse a una discusión racional sobre temas de interés general, no a una confrontación desprovista de carácter público. Pero ello no significa que la propaganda partidista sea uniforme y sin crítica hacia sus contrincantes o hacia el status quo; al contrario, diversas voces críticas son necesarias para que los discursos no sean unilaterales.

A lo largo de este artículo, se ha insistido en que la combinación adecuada³⁰ entre libertad de expresión, discusión racional, el derecho a la información y equidad será fundamental para la educación cívica, que capacita al ciudadano en temas electorales y en los procedimientos para ejercer el voto. Empero, cabe destacar que ésa es tan sólo una de las tareas que pueden desprenderse de una discusión racional en un debate público. En niveles de mayor complejidad, es posible motivar al ciudadano a que exija más derechos: “el debate público es una condición necesaria para el ejercicio y la exigencia de los derechos fundamentales; entre éstos, el derecho a la libertad de expresión es uno de los más importantes, precisamente porque por medio de su ejercicio se puede lograr la deliberación de ideas.”³¹ En este tenor, la defensa de los derechos fundamentales se halla en función tanto de la información como del ejercicio de la expresión en los ciudadanos, pero además, en la existencia de canales que potencialicen el discurso racional y fomenten la base de una democracia deliberativa.

Por tal razón, es de suma importancia el papel que desempeñan los partidos políticos en el debate público. La construcción de las agendas mediáticas, especialmente en los momentos electorales, repercute en la percepción y acción ciudadanas. Los partidos políticos, más que ganar una elección y observar hacia el interior de sus estructuras, deberían ser mecanismos de capacitación ciudadana, que miren hacia el exterior de sus ámbitos. De esta forma, “los partidos políticos deberían ser garantes no sólo de los derechos de sus militantes, sino de los ciudadanos en general y, como entidades de interés público, también son […] ‘sujetos obligados de la libertad de expresión’.”³² He aquí la relevancia primaria del impulso de la libertad de expresión como elemento racionalmente discursivo de la comunicación electoral.

De esta manera, si los partidos políticos tienen una injerencia importante en los medios de comunicación, la tienen —en mayor medida— en la configuración de la opinión pública y, a su vez, en todo lo que ello implica, como la libertad de expresión y el transcurso de la información. Al respecto, Bernard Manin argumenta que “en la democracia de partidos, los partidos organizan la competencia electoral y la expresión de la opinión pública (manifestaciones, peticiones, campaña de prensa). Toda las expresiones de la opinión pública están estructuradas siguiendo divisiones partidistas.”³³

Los partidos políticos en cada etapa de los procesos electorales deben fomentar la discusión racional de las ideas. Los ciudadanos deberán ver esta actividad reflejada en las campañas electorales; de otra manera, no se confiaría en el actuar partidista. La propaganda electoral debe ser un instrumento que exponga los privilegios de la libertad de expresión, el acceso a la información, la discusión racional y el debate público. Para ello, se crearon instituciones políticas y, respecto de los partidos políticos, sus canales para la discusión deberían estar más cerca de los ciudadanos.

Dicho acercamiento comunicativo de los partidos es de suma importancia si se considera su influencia en la configuración del voto. Esta condición es particular de lo que Manin denominó “democracias de audiencia”. En ellas, “las decisiones de los votantes parecen ser sensibles a las cuestiones formuladas en las campañas electorales.”³⁴ De tal manera, la construcción de las campañas electorales de los partidos políticos construye, al mismo tiempo, tal o cual inclinación del voto.

El tema de la influencia mediática, tanto de la calidad como de la cantidad de campañas electorales, en la intención del voto, ha sido constantemente discutida y, en términos jurídicos, es difícil establecer su dimensión. Lo que sí es cierto es que “los resultados electorales varían significativamente, aun entre breves lapsos temporales, dependiendo de qué temas figuren destacadamente en las campañas.”³⁵

En relación con lo anterior, los partidos políticos deben trascender su función procedimental de llamar al voto, promover sus plataformas electorales y capacitar a sus militantes, a fin de convertirse en verdaderas entidades que promuevan el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, elementos que poco a poco contribuyen a la discusión racional.

Esto debe realizarse a la par de las instituciones que incentivan los anteriores elementos, por ejemplo: “los órganos autónomos que cumplen funciones de supervisión y contrapeso en la garantía de derechos ciudadanos, también pueden contribuir con sus agendas, resoluciones y pronunciamientos a una deliberación vigorosa.”³⁶ Más que incentivar debates con propaganda de simple desacreditación electoral, los partidos deberán crear agendas de comunicación racional, con una perspectiva deliberativa y de pluralidad de voces ciudadanas.

Una plataforma electoral debe fomentar la deliberación entre ciudadanos, mediante el discurso racional contenido en sus mensajes propagandísticos, en sus debates frente a sus competidores o a través de un ejercicio cara a cara con los electores. En esta tesitura, es necesario recordar las indicaciones de David Held para fomentar la deliberación, indicaciones que podrían tomar los partidos para la elaboración de sus campañas. Dichas recomendaciones versan en “la introducción de encuestas deliberativas, días de deliberación y jurados de ciudadanos, ampliar los mecanismos de información de los votantes y de la comunicación, reformas la educación cívica con objeto de mejorar la posibilidad de elecciones maduradas y la financiación pública de grupos cívicos y asociados que buscan el compromiso con la política deliberativa.”³⁷

Si bien el ejercicio deliberativo no constituye una condición de fácil ejecución institucional y asimilación ciudadana, no se trata de un ejercicio imposible. Las prácticas electorales son tan sólo una acción preparatoria de la discusión racional. Es importante que los partidos políticos comiencen con mecanismos “simples” de comunicación. Esto puede llevarse a cabo al sobreponer propuestas de interés público antes que descalificaciones contra el adversario. Debe reiterarse que no se trata de que los partidos prescindan de pautas negativas o de crítica social, pues de eso sobrevive nuestra democracia: “en ella, distintas agrupaciones políticas, como los partidos políticos, pueden competir libremente en un escenario electoral adecuado para difundir sus perspectivas de bien común.”³⁸

Sólo un ejercicio de observación ciudadana sobre las actividades de los partidos políticos puede crear una empatía democrática. Si los ciudadanos encuentran coherencia entre las plataformas electorales y la propaganda electoral, podrán establecer un vínculo de empatía hacia un proyecto democrático determinado. Esta condición influye en la confianza de las instituciones públicas y, a su vez, configura bases fuertes para la cultura política democrática. Dicha confianza predispone a los individuos a una actitud colectiva de discusión racional y, más que alejarlos de los partidos políticos, pueden encontrar una plataforma para su participación. Lo anterior guarda relación con la idea de que “la confianza en otras personas facilita la disposición de los individuos a dialogar con ellos, discutir e inclusive intentar modificar sus preferencias electorales.”³⁹

Los partidos deben incentivar el interés en la política, defender los principios democráticos y reforzar en los ciudadanos la cultura política. ¿Los instrumentos? Los instrumentos para que los partidos realicen estas tareas se encuentran, precisamente, en las formas que ejecutan su propaganda electoral, su modelo de comunicación entre sus adversarios, así como su posición discursiva ante los momentos de coyuntura por los que pasan. Un ejercicio incipiente de discusión racional puede ser la piedra angular de un conglomerado de cultura política, indispensable para la legitimación y estabilización del régimen democrático:

En consecuencia, la comunicación de carácter político-electoral cobra una importancia fundamental en la consolidación de cualquier régimen democrático. Por ello, adquiere una relevancia de carácter primordial y prácticamente de carácter insustituible la que en relación con los poderes públicos y con otros actores políticos están llamados a desplegar los partidos políticos, toda vez que, de conformidad con el artículo 41, base I, de la Constitución, justifican su existencia al tener como objetivos fundamentales generar la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a la renovación de los poderes públicos, y hacer posible el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos.⁴⁰

Con base en lo anterior, será la comunicación electoral el espacio desde donde se promueva la discusión racional de los contenidos políticos, y serán los partidos políticos los principales promotores de esta racionalidad. Es preciso destacar, sin embargo, que más allá de contar con un marco jurídico fortalecedor de la libertad de expresión que fomente la libre discusión de las ideas, los partidos deberán desarrollar verdaderos programas de educación cívica, capaces de crear confianza tanto en las instituciones políticas como entre los mismos ciudadanos. La confianza es un elemento que potencializa el interés por la participación política y, al mismo tiempo, incentiva nuestra disposición a la discusión de las ideas.

Reflexiones finales

En las democracias modernas, el sufragio se ha convertido en una de las expresiones políticas más acabadas de participación ciudadana, expresión que ha atravesado diversos obstáculos jurídicos y políticos, pero que ha empoderado —procedimentalmente— a los electores. Sin embargo, como todo buen elemento de expresión, el voto requiere un conjunto de informaciones sobre las opciones políticas que podrá elegir. Los partidos políticos, principales promotores de la cultura política, utilizan una compleja estrategia de comunicación electoral que les permite difundir sus plataformas con objeto de convencer a los ciudadanos sobre su posición.

La relación entre medios de comunicación y partidos políticos no es exclusiva de las democracias liberales. En sistemas autoritarios, por ejemplo, la uniformidad de un partido político “dicta” los contenidos de la comunicación electoral, contenidos que están lejos de apegarse a la objetividad, a la información pública o a la discusión racional. Aún más: en modelos autoritarios, la pluralidad política y mediática son elementos desconocidos; por lo tanto, la confrontación de las ideas es un fenómeno extraño.

No obstante, el hecho de que exista una pluralidad de voces políticas en una democracia no significa que el conglomerado de comunicación electoral sea racional o de calidad en la información. La participación del ciudadano es fundamental en la consolidación de la democracia. Si los partidos políticos no influyen positivamente en la agenda mediática de un proceso electoral, difícilmente los ciudadanos percibirán un adecuado uso de la libertad de expresión y se verán desmotivados para discutir sobre la racionalidad de su voto. La generación de una empatía pública debe ser motor primordial de la comunicación electoral.

Promover la discusión racional de las ideas, expresadas primordialmente en los tiempos electorales, es una estrategia que puede desembocar en un debate deliberativo, el cual confronta ideas a través de la evaluación propagandística que se hace de las plataformas electorales de los partidos políticos. En este sentido, la propaganda electoral de los partidos políticos debe incentivar el interés ciudadano por la participación, no inhibirla mediante mensajes negativos y de calumnia que poco aportan al interés público. Si el primer interés del ciudadano por participar en política se hizo a través de los medios de comunicación, un mal uso de éstos podrá marcar una deslegitimación de dichas instituciones.

Sin embargo, tampoco se trata de prohibir —política o jurídicamente— la descalificación al adversario. De entrada, una sociedad democrática requiere la crítica y el disenso para elegir la mejor opción. Se trata de que los mensajes propagandísticos se constituyan como fuentes de educación cívica, que capaciten a los ciudadanos para la toma de decisiones correctas, razonadas, bien fundamentadas y, sobre todo, lejos de intereses privados o de factores reales de poder. La discusión como medio de expresión ciudadana sólo podrá motivarse con el trabajo integral de partidos políticos y medios de comunicación.