Se trata de un patrón de conducta violenta sistemático, unidireccional, más o menos sutil, continuado y de intensidad creciente (Rodríguez-Carballeira et al., 2005). La motivación del agresor es el control del otro miembro de la pareja, siendo la violencia un mero mecanismo para llegar a este fin (Boira, Carbajosa y Lila, 2014). Este proceso de victimización se caracteriza por que el agresor crea un estado de tensión emocional permanente sobre la víctima (vivencia de miedo y terror) que conduce a su destrucción como persona. El mecanismo principal de acción por parte del agresor es el abuso psicológico, que podrá o no derivar en violencia física. Es el prototipo social de violencia de pareja y sobre el que se centra la intervención legislativa y judicial.

Ambos sexos pueden ejercer violencia para dominar y controlar al otro miembro de la pareja (Cáceres, 2011; Straus y Gozjolko, 2007; Hamberger, 2005). De hecho, este tipo de dinámica relacional puede darse en cualquier interacción interpersonal continuada en el tiempo. Un factor que facilita su instauración es el desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima (Rodríguez-Carballeira et al., 2005).

La exposición a este tipo de victimización tiene graves consecuencias para el miembro de la pareja que la sufre, con independencia de su sexo y la orientación sexual, si bien, el impacto para la salud ha sido mayoritariamente estudiado en la mujer (Nowinski y Bowen, 2012; Siemieniuk, Krentz, Gish y Gill, 2010). Las consecuencias psicológicas de este tipo de violencia son más frecuentes y graves que las físicas, salvo casos excepcionales como los de muertes o lesiones graves (Labrador, Fernández-Velasco y Rincón, 2010). En los diversos estudios realizados con mujeres maltratadas se detectan altas tasas de trastorno de estrés postraumático y de depresión, así como trastornos de ansiedad y problemas de abuso de sustancias. También se ha señalado una alta frecuencia de problemas de autoestima, inadaptación social e ideación autolítica (Amor, Echeburúa, Corral, Zubizarreta y Sarasua, 2002; Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997; Labrador et al., 2010; Walker, 2012). La sintomatología concreta aparece recogida en la tabla 1.

Estas graves consecuencias para el estado psicológico de la víctima son explicables por las características de este tipo de violencia: elevada frecuencia, intensidad, cronicidad, falta de predictibilidad y vinculación afectiva con el agresor. Este tipo de victimizaciones produce consecuencias psicológicas generalizadas, que se han agrupado en una entidad nosológica independiente (el trastorno de estrés postraumático complejo), aún no reconocida por el DSM-5, que implicaría alteraciones en la percepción de sí mismo, de la afectividad y del mundo y que generaría una grave inadaptación de la víctima a los distintos ámbitos de su vida (personal, social, familiar y laboral) (Herman, 1992; Taylor, Asmundson y Carleton, 2006). Las características clínicas de este trastorno se recogen en la tabla 2.

Esta violencia es fruto de la falta de habilidades de comunicación y de estrategias adecuadas para afrontar los problemas surgidos en la relación de pareja, debido a carencias en el proceso de socialización.

La relación de pareja pasa a lo largo del tiempo por diferentes etapas (Yela, 2000): a) fase de enamoramiento (intensa pasión –atracción física y expectativas románticas– y deseo sexual), b) fase de amor romántico-pasional (estabilidad de la pasión, desarrollo de una fuerte intimidad y desarrollo del compromiso) y c) fase de amor compañero (descenso de la pasión, aumento de la intimidad y aumento del compromiso). Alcanzada esta última etapa, la relación de pareja puede consolidarse y estabilizarse o puede comenzar, antes o después, a deteriorarse, lo que se acentúa si hay un déficit de habilidades en el proceso de comunicación. En la tabla 3 se recogen las principales fuentes de conflicto en la relación de pareja.

Por otra parte, en muchas ocasiones las parejas ponen en marcha estrategias inadecuadas de resolución de conflictos, lo que contribuye a aumentar las fricciones entre ellos. En estos casos mezclan en sus discusiones toda una gama de otros problemas secundarios e irrelevantes que suelen ser fuente habitual de conflicto. El discurso se convierte en una larga lista de acusaciones, reproches y críticas mutuas que les apartan de sus objetivos prioritarios (Labrador, 2015).

Este tipo de violencia de pareja es el más común y puede ser unidireccional o bidireccional. El recurso a la violencia suple los déficits de comunicación y de gestión de conflictos. Estas estrategias erosionan la relación y facilitan la consolidación y escalada de la violencia. La gravedad de la violencia dependerá del tiempo en que la pareja se mantenga en este tipo de dinámica y del balance histórico de la relación.

Estas dinámicas relacionales disfuncionales actúan como fuente de estrés y, por tanto, pueden originar o agravar una alteración mental (Cáceres, 2012; Capafóns y Sosa, 2011). Sin embargo, este tipo de violencia es susceptible de tratamiento en terapia de pareja con buen pronóstico, tanto para reorientar la relación como para facilitar la ruptura de una manera adaptativa (Labrador, 2015).

Este tipo de violencia hace referencia a acciones violentas aisladas derivadas del estrés que supone el proceso de ruptura. Normalmente no existen antecedentes de violencia en la relación, sino que esta aparece por una inadecuada elaboración del proceso de ruptura en uno o en ambos miembros de la pareja.

El proceso de recuperación después de una ruptura de pareja no suele ser fácil ni rápido. La ruptura de pareja supone una enorme fuente de pérdidas, muchas de ellas proyectos vitales importantes para la persona: un estilo de vida, la convivencia familiar, la seguridad financiera, la estabilidad emocional, el libre acceso a los hijos, etcétera. En definitiva, la separación supone afrontar un enorme número de cambios, lo que es fuente de desorientación y ansiedad, que puede requerir de un período de recuperación de hasta dos años (Serrat-Valera y Larrazábal, 2008).

Entre las variables predictoras de la adaptación al proceso de ruptura figuran el desenlace (peor si es repentino), el motivo de la ruptura (peor si la decisión es unilateral, el otro miembro de la pareja sigue enamorado y el precipitante es una tercera persona), los propios recursos (económicos, psicológicos y redes de apoyo), la duración de la relación (peor cuanto más larga), el grado de implicación en la relación (peor cuanto mayor fuera), el grado de satisfacción amorosa (peor cuanto mayor fuera) y la calidad de la relación posterior con la expareja (peor cuanto peor sea). En función de la interacción de esas variables, la ruptura de la relación puede ser más o menos fácil de elaborar (Yela, 2000).

En mayor o menor medida las personas expuestas a un proceso de ruptura experimentan algunas reacciones emocionales negativas, tales como incredulidad, malestar emocional y físico, sentimientos de fracaso, ira, culpa y pérdida de autoestima (Cáceres, 2012; Serrat-Valera y Larrazábal, 2008).

La presencia de desajustes en la personalidad del miembro de la pareja que se siente más perjudicado por la ruptura puede dificultar la evolución adaptativa del proceso de separación. Se pueden crear así dinámicas violentas de carácter unidireccional que pueden llegar a alcanzar elevados niveles de intensidad. Perfiles de personalidad como el paranoide, límite o narcisista, tendentes a generar distorsiones cognitivas respecto a la intencionalidad de las conductas del otro y actitudes hostiles, facilitan la experimentación de intensas emociones negativas que llevan a la conducta violenta (Esbec y Echeburúa, 2010). En definitiva, la causa de esta violencia son los sentimientos de rencor y venganza y la obsesión de ocasionar daño al otro miembro de la pareja. Esta violencia puede presentarse al principio de la separación o en momentos posteriores, asociada a algún cambio en la vida de la expareja, tal como una nueva relación, la solicitud de la custodia de los hijos o el éxito social o profesional. Así, hasta el 50% de las mujeres y el 33% de los hombres pueden continuar sintiendo ira y rencor hacia su expareja diez años después de la ruptura (Serrat-Valera y Larrazábal, 2008). En estos casos es importante estar atentos a la posible instrumentalización de denuncias penales, a veces involucrando también a los menores, como una forma más de expresión de esa violencia (Pereda y Arch, 2009).

Este tipo de dinámicas relacionales post-ruptura tienen alta potencialidad para desestabilizar el estado psicológico del miembro de la pareja diana de la venganza del otro. Las víctimas perciben esta situación como especialmente estresante, pudiendo aparecer síntomas relacionados con cuadros de estrés y ansiedad. Por otra parte, el discurso del miembro agresor gira en torno al perjuicio generado por su expareja, trasladando una profunda animadversión emocional hacia ella, y no incluye ningún aspecto positivo de la relación vivida, devaluando así la relación globalmente: dinámica interpersonal, parentalidad, profesionalidad, ámbito sexual, etcétera. Si existen hijos, en muchos casos se detectan actitudes y conductas tendentes a debilitar la relación parento-filial con el otro progenitor (Muñoz, 2010). En definitiva, estas personas focalizan su atención y energía vital en cómo hacer daño a su expareja.

Cuando no existe un desajuste clínicamente significativo en ninguno de los miembros de la pareja que facilite el anclaje en esos sentimientos de venganza, la derivación de ambos a un proceso de mediación puede ayudarles a gestionar adecuadamente su proceso de ruptura (Bolaños, 2008).

Atendiendo al marco legal diseñado por la LO 1/2004, entendemos que la intervención del psicólogo forense en este campo debe versar sobre la valoración de la dinámica relacional denunciada y su compatibilidad con lo que la bibliografía denomina violencia coactiva controladora por razón de género. Las agresiones se interpretan así como una estrategia para perpetuar la supremacía y el poder masculino o para corregir las diferencias de poder percibido y restaurar el orden tradicional (Ferrer y Bosch, 2014).

El proceso de evaluación pericial debe regirse por la generación y falsación de hipótesis en relación a la dinámica relacional de pareja que describen los implicados en el proceso (denunciante y denunciado). En este sentido, el perito debe partir de una hipótesis y la contraria: H1, los hechos denunciados corresponden a una dinámica relacional de pareja violenta y H2, los hechos denunciados no corresponden a una dinámica relacional violenta. No seguir este procedimiento aumenta el riesgo de caer en el sesgo confirmatorio en relación a la hipótesis de partida (profecía autocumplida o efecto Pigmalión). Siguiendo el método de falsación, el perito analizará todas las hipótesis formuladas a partir de la recopilación y análisis de los datos recogidos en el proceso de evaluación psicológica forense y que deberá diseñar en función de las mismas. Para el caso que cobre peso la primera de las hipótesis, el perito deberá concretar ante qué tipo de violencia de pareja se encuentra: violencia controladora coactiva o violencia situacional (asociada a los conflictos de pareja o asociada a la gestión de la ruptura de pareja). En el caso de la primera, deberá explicar la motivación del agresor (violento por razón de género o aserción de poder o violento por compensación; más adelante se describen las características de cada uno de estas motivaciones agresoras).

Se proponen las siguientes áreas de exploración pericial psicológica para recopilar los datos necesarios para el proceso de falsación de hipótesis descrito:

• 1.

  Evaluación de la dinámica relacional de pareja.

• 2.

  Evaluación del estado mental de la denunciante, así como su relación con la dinámica relacional de pareja descrita. Atendiendo a los datos de la bibliografía, la huella psicopatológica es diferencial para cada uno de los tipos de violencia sufrida. Lo que resulta más probable es encontrar desajustes psicológicos más graves en las víctimas de violencia controladora coactiva.

• 3.

  Evaluación del estado mental del agresor y de su funcionamiento psicológico, así como de su relación con la dinámica relacional de pareja. Los datos provenientes de la investigación nos indican que los agresores sentimentales sistemáticos presentan déficits en distintas áreas de su funcionamiento psíquico (Amor, Echeburúa y Loinaz, 2009; Echeburúa, Amor y Corral, 2009). Sin embargo, atendiendo a nuestro marco legal (art. 1 LO 1/2004), la base del estilo interaccional violento del agresor sentimental sistemático por razón de género está en la presencia de esquemas cognitivos sexistas y misóginos adquiridos por la educación patriarcal (Expósito y Ruiz, 2010).

La evaluación de esta área tiene tres objetivos principales, dos en relación a la víctima y uno respecto al enjuiciado, lo que implica evaluar a ambos miembros de la pareja. Respecto a la primera, hay que valorar, por un lado, la potencialidad de los hechos descritos por la víctima para producir desajustes en su estado mental (capacidad traumática) y, por otro, establecer el diagnóstico diferencial entre violencia de pareja controladora coactiva y violencia de pareja situacional del subtipo correspondiente.

En el caso del denunciado, el perito psicólogo deberá poner especial atención en la detección de esquemas sexistas durante la narrativa de la relación de pareja (art. 1 LO 1/2004). No obstante, no toda violencia coactiva controladora se produce por razón de género, por lo que el perito deberá explorar la presencia de otros motivos psicológicos que pudieran explicar los hechos denunciados (por ejemplo, baja autoestima, dependencia emocional, celos exagerados, anomalías mentales, trastornos de personalidad o vulnerabilidades caracteriales, estrés del cuidador, etcétera).

La ponderación de la capacidad traumática de los hechos denunciados implica atender a patrones de frecuencia, intensidad y duración de la violencia, grado de humillación vivenciado por la mujer y afectaciones múltiples derivadas de esa relación victimizante (por ejemplo, maltrato de sus hijos o miembros de su familia extensa, maltrato de animales de compañía, daño de objetos de valor sentimental, etcétera).

Como metodología, se sugiere la utilización de la entrevista pericial psicológica semi-estructurada (con estrategia directa e indirecta de recogida de información) y posteriormente la administración de cuestionarios creados o adaptados al contexto español, como la Conflict Tactics Scale Revised (CTS-2; Loinaz, Echeburúa, Ortiz-Tallo y Amor, 2012) y el Cuestionario de Aserción en la Pareja (ASPA; Carrasco, 1998), lo que permitirá completar la información aportada por los peritados. Estos cuestionarios carecen de escalas de control de respuesta, por lo que tienen el mismo valor que las referencias aportadas por los evaluados. Por lo tanto, se hace necesario para el perito psicólogo contrastar la información con distintas fuentes, por ejemplo, con un exhaustivo análisis de los datos obrantes en el expediente judicial (por ejemplo, atestados policiales, denuncias previas, declaraciones, historia clínica, informe médico forense, etcétera).

En el caso de la mujer denunciante, se sugiere también la utilización de algún cuestionario específico como, por ejemplo, la escala para evaluar el maltrato a la mujer por parte de su pareja (APCM; Matud, Carballeira y Marreno, 2001).

En algunos protocolos de evaluación pericial psicológica en esta área se propone la valoración de la descripción de la relación de pareja aportada por la mujer denunciante en términos de credibilidad (por ejemplo, Arbach y Álvarez, 2009; Asensi, 2008). Si se atiende al trabajo de Álvarez et al. (2012), parece que los operadores jurídicos se han hecho eco de esta posibilidad en sus demandas forenses. No obstante, y a pesar de existir algunas propuestas de protocolización al respecto (por ejemplo, GAT-VIG de Juárez, Mateu y Sala, 2007), la investigación proveniente de la psicología del testimonio es contundente en este sentido, al señalar que la ciencia psicológica carece de instrumentos fiables y válidos para analizar el testimonio de personas adultas (Köhnken, Manzanero y Scott, 2015). Las experiencias vitales y la capacidad cognitiva de una persona adulta imposibilitan este tipo de valoraciones (Diges, 2010; Manzanero, 2010). El uso de esta metodología compromete una práctica técnica y deontológica correcta (art. 18 CD), de graves consecuencias para los usuarios de la Administración de Justicia (Vázquez-Rojas, 2014; Manzanero y Muñoz, 2011).

Con la evaluación de esta área, lo que pretende el perito psicólogo es identificar el posible impacto psíquico que la exposición a la supuesta victimización en la relación de pareja denunciada haya podido dejar en la denunciante (huella psicopatológica del delito). Una propuesta de metodología de exploración forense está expuesta en la tabla 4.

Realizar un diagnóstico nosológico con arreglo a las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales (DSM-5 o CIE-10) facilitará las consideraciones sobre la evolución y el pronóstico clínico, lo que ayudará al juez a valorar la existencia de lesión (daño recuperable) o secuela psíquica (daño no recuperable) (Muñoz, 2013).

Toda violencia de pareja es susceptible de desestabilizar el equilibrio previo de la mujer, si bien la violencia controladora coactiva, por las características descritas, es la que parece tener una mayor potencialidad traumática, afectando al estado psicológico global de la víctima.

Será imprescindible atender a posibles fenómenos de simulación, sobresimulación o disimulación. El contexto forense es propicio para los fenómenos de simulación y sobresimulación asociados a la obtención de beneficios secundarios (en el caso de la violencia de género, agilización y ventajas en el proceso civil de divorcio u obtención de beneficios sociales recogidos en la LO 1/2004) o a la intención de perjudicar al denunciado. En este sentido, como se ha señalado, una inadecuada elaboración del proceso de ruptura puede generar sentimientos de rencor y venganza que facilitarían la puesta en marcha de estrategias de este tipo.

La disimulación (ocultación de síntomas para obtener un beneficio) también es típica en este ámbito. Algunas mujeres se esfuerzan en ocultar su sintomatología por temor a que sea valorada negativamente en el procedimiento civil de guarda y custodia. A este respecto, la detección de la disimulación resulta especialmente compleja, ya que la persona evaluada adopta una actitud defensiva, tanto hacia la exploración pericial psicopatológica, como a la administración de pruebas complementarias. Sin acceso a la historia clínica la exploración forense puede verse seriamente limitada (Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011).

Una vez delimitado el estado psicológico de la mujer evaluada, el perito psicólogo deberá tratar de establecer la relación de causalidad con los hechos denunciados. En este análisis deberá atenderse a la existencia de posibles concausas, factores biopsicosociales que contribuyen al estado psicopatológico detectado, pero que por sí mismos no pueden explicar su génesis. Las concausas pueden ser preexistentes (por ejemplo, desajustes en la personalidad, revictimización o presencia de una psicopatología previa), simultáneas (por ejemplo, consecuencias negativas múltiples derivadas del maltrato) o posteriores (por ejemplo, exposición a otros estresores vitales importantes o uso de alcohol/drogas como estrategia de afrontamiento inadecuada). También deberán analizarse factores de protección que pueden minimizar el impacto de la situación de victimización o incluso anular el mismo (Muñoz, 2013).

El art. 1 de la LO 1/2004 parece restringir la sanción de la ley a la violencia de pareja ejercida por razón de género, aunque, como se ha señalado, la jurisprudencia del TS no es unánime al considerar este requisito. Desde un punto de vista pericial, esto sugiere la necesidad de delimitar la motivación psicológica del enjuiciado en la conducta ilícita que se le imputa. La limitación fundamental con la que se va a encontrar el psicólogo forense es que la motivación humana alude al campo de las intenciones y estas son procesos cognitivos que no pueden ser observados de forma directa. Por otro lado, los instrumentos para evaluar las posibles distorsiones cognitivas del evaluado en esta esfera (por ejemplo, el Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer, citado en Echeburúa y Corral, 1998) carecen de escalas de control de respuesta, lo que les hace fáciles de manipular y limita la validez de los resultados obtenidos.

Como se ha señalado, existen distintos tipos de violencia de pareja, lo que invita a establecer tipologías en relación a la motivación del agresor, algo habitual dentro del campo de la psicología criminal o psicología de la delincuencia (Turvey, 2002), pero apenas utilizado en psicología forense (véase, como ejemplo aislado, González, 2007). La motivación es la necesidad emocional, psicológica o material que puede explicar la conducta del agresor (Garrido y Sobral, 2008).

Atendiendo a los tipos de violencia de pareja descritos, en la tabla 5 se hace una propuesta de clasificación de las motivaciones de los agresores y los posibles déficits psicológicos asociados con el objeto de ayudar al perito a explorar las diferentes esferas psíquicas del imputado. La violencia controladora coactiva, en tanto en cuanto describe un estilo interaccional mantenido en el tiempo, apuntaría a desajustes profundos en la estructura psicológica del individuo que la ejerce, más en concreto, en sus esquemas mentales.

Así, por un lado estarían los sujetos con marcados esquemas sexistas (violentos por razón de género o aserción de poder) y, por otro, los que presentarían un mal autoconcepto y una baja autoestima (violentos por compensación).

La violencia situacional, al ser algo puntual y muy relacionado con el manejo de situaciones estresantes (solución de problemas o elaboración de la ruptura de la relación), apuntaría a déficits menos profundos en la estructura psicológica del sujeto que la expresa. Estarían en este grupo los violentos por inhabilidad en el afrontamiento de conflictos de pareja y los violentos por inaceptación de la ruptura de pareja. Dentro de este grupo, cabe un análisis diferente para los sujetos violentos por venganza posruptura, donde sí que aparecerían desajustes profundos en su dinámica psicológica (vulnerabilidad en la estructura de personalidad de base). La violencia que pueden ejercer estos sujetos sería de gran potencialidad lesiva.

Por último, un grupo aparte lo formarían aquellos sujetos cuya violencia se explicaría por la clínica de un trastorno mental, que representarían alrededor del 20% de los hombres que ejercen violencia contra la mujer pareja (Echeburúa et al., 2009). En concreto, los trastornos de personalidad, especialmente el límite y el antisocial, aparecen ampliamente representados en las muestras estudiadas (Loinaz, 2013).

En todos los casos, el precipitante de la conducta violenta será un intenso estado emocional de ira, si bien activado por distintas circunstancias dependiendo del tipo de agresor (Esbec y Echeburúa, 2010).

Esta tipología, como cualquier otra, tiene un valor limitado y una utilidad más de organización de la información y de guía de exploración para el perito que de realidad empírica. Es raro encontrar individuos “puros” de cada categoría, siendo lo común que los agresores presenten características de distintas de ellas.

La propuesta metodológica presentada en la tabla 4 puede servir también para explorar las distintas áreas psicológicas del imputado (cognitiva, emocional y conductual), además de la posible presencia de psicopatología.

En la exploración pericial del imputado, el perito psicólogo también deberá atender a fenómenos de disimulación (esquemas mentales sexistas) y simulación (trastornos psicóticos, toxicomanías, déficits cognitivos, etcétera). Este último aspecto es algo habitual en la evaluación de denunciados para eludir la responsabilidad penal (Arce, Novo y Amado, 2014).