La violencia contra la mujer (VCM) es una de las expresiones más graves de discriminación en este grupo humano. En 1975, la primera conferencia mundial sobre la mujer, organizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas1, tuvo como principal objetivo recordar a la comunidad internacional que la discriminación contra la mujer seguía siendo un problema en buena parte del mundo.

No obstante y a pesar de la atención que se presta a los derechos de la mujer2, ha habido escasos progresos en la reducción de la VCM3. En España, el número de mujeres muertas por violencia del compañero íntimo (VCI) en el año 2007 fue de 71, en 2008 de 76 y en 2009 de 554.

Una de las iniciativas para mejorar esta situación fue la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género5, en la que se atribuye a las administraciones sanitarias la responsabilidad de promover medidas para la identificación temprana de mujeres que sufren este tipo de violencia, una propuesta recomendada también por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria6.

Los estudios de Richardson et al7, Blanco et al8 y Coll-Vinent et al9 coinciden en señalar que los problemas de salud derivados de la violencia doméstica no son reconocidos habitualmente por los profesionales sanitarios.

La VCM perpetrada por el compañero íntimo es un fenómeno complejo, y una de las formas más comunes de violencia de género. Se considera un problema de Salud Pública, no solo porque tiene consecuencias sobre la salud de la mujer, sino también porque los servicios sanitarios son los lugares donde más frecuentemente acuden las mujeres en esta situación10.

De acuerdo con la macroencuesta4 sobre violencia contra las mujeres en España de 2006, el porcentaje total de mujeres maltratadas era en 1999 de 12,4%; de 11,1% en 2002 y de 9,6% en 2006. Con datos de esa misma fuente, en Andalucía, el porcentaje de mujeres maltratadas fue superior en los años citados: 13,6% (1999), 13,3% (2002) y 11,1% (2006).

Centrándonos en la población objeto de nuestro estudio, hay que señalar que la Enfermería es una profesión especialmente femenina. En España en el año 2008, del total de profesionales colegiados el 16,46% eran varones y el 83,54% eran mujeres11. El elevado porcentaje de profesionales enfermeras mujeres induce a preguntarse si en el colectivo se encontrara también presente este tipo de violencia por compañero íntimo.

Se plantea un estudio con el objetivo de conocer si dentro del colectivo de mujeres enfermeras de la comunidad de Andalucía existe este tipo de violencia y, en caso afirmativo, describir cuáles son las manifestaciones de ese maltrato.

Estudio transversal, desarrollado en el ámbito de la asistencia sanitaria, tanto pública como privada, tanto hospitalaria como de Atención Primaria, de Andalucía. Se contactó con un total de 84 centros sanitarios, de los que 58 aceptaron participar.

La población objeto de estudio estaba compuesta por mujeres de profesión enfermera y que estuvieran ejerciendo su actividad profesional, excluyendo a las que no hubieran tenido nunca marido o pareja y/o fueran extranjeras.

El tamaño muestral calculado fue de 451, a partir de una prevalencia esperada del 12%, tasa encontrada en el colectivo de mujeres de la población española, de acuerdo con la macroencuesta del Instituto de la Mujer de 19994; con una precisión del 3% y un nivel de confianza del 95%. En previsión de posibles pérdidas se distribuyeron un 50% más de cuestionarios.

El cálculo se hizo con el programa Epi Info versión 6.04d. Para el muestreo, se tuvieron en cuenta los siguientes estratos: centro, público, privado, categoría profesional y provincia, utilizando los datos proporcionados por el Anuario del Instituto de Estadística de Andalucía, año 200612.

La distribución de las 451 enfermeras de la muestra por provincia se refleja en la tabla 1.

Se envió a todas las direcciones de los centros una solicitud de permiso para pasar el cuestionario. A partir de los centros que lo concedieron, se hizo el muestreo, aleatorizando lugares (Unidades en los hospitales y Centros de Salud en los Distritos Sanitarios).

Los cuestionarios distribuidos fueron 815, de los que finalmente pudieron analizarse 622.

La variable resultado, existencia de malos tratos, se obtuvo a partir de un cuestionario estructurado, autoadministrado, creado por Delgado et al (2006)13, que consta de 10 preguntas, tipo Likert, enfocadas a la detección de malos tratos físicos, psicológicos y sexuales. La variable fue planteada como dicotómica: “sí”, para la existencia de malos tratos, y “no”, para la ausencia de malos tratos. En la escala de medida empleada por los autores del cuestionario (tabla 2), se realizaron modificaciones, una vez que detectamos un error14 en la recodificación de la pregunta “1. ¿Respeta sus sentimientos?”13, por lo que en este estudio hemos considerado como “no maltrato” las respuestas bastantes veces y casi siempre y “sí maltrato” en nunca, casi nunca y algunas veces.

A su vez, se contemplaron dos variables policotómicas: el tipo de maltrato (categorías: ningún tipo; psicológico; físico; sexual; psicológico y físico; psicológico y sexual; físico y sexual y psicológico; físico y sexual) y dimensiones latentes del maltrato (no sufre maltrato; maltrato menos severo o de menor gravedad las preguntas: 1, 2, 3, 5, 6 y 8, y maltrato más severo o de mayor gravedad a partir de las preguntas 4, 7, 9 y 10).

Las variables independientes se obtuvieron a partir de preguntas referentes a las características sociodemográficas que se pueden ver en las tablas 3, 4 y 5. Para la clasificación de la clase social se utilizó la propuesta por la Sociedad Española de Epidemiología15: I=Directivos de la Administración Pública y de empresas de 10 o más asalariados, profesiones asociadas con titulaciones de segundo y tercer ciclo universitario. II=Directivos de empresas con menos de 10 asalariados. Profesiones asociadas con una titulación de primer ciclo universitario. Técnicos y profesionales de apoyo. Artistas y deportistas. IIIa=Personal de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión administrativa y financiera. Trabajadores de los servicios personales y de seguridad. IIIb=Trabajadores por cuenta ajena. IIIc=Supervisores de trabajadores manuales. IVa=Trabajadores manuales cualificados. IVb=Trabajadores manuales semicualificados. V=Trabajadores no cualificados.

El cuestionario fue distribuido en dos períodos, de mayo a julio de 2008 en Córdoba y de abril a junio de 2009 en el resto de las provincias andaluzas una vez se obtuvo financiación; los cuestionarios iban acompañados de una carta explicativa del proyecto, como forma de consentimiento informado, en la que no se requería la firma de los participantes en el estudio para preservar el anonimato. La recogida de los mismos se realizaba en cajas precintadas colocadas en lugar accesible, seguro y que respetara la intimidad. El plazo medio para depositarlos era de 7 días.

En el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS (versión 14.0 para Windows).

Se resumieron los datos a partir de tablas de frecuencia (número de casos y porcentajes) para las variables cualitativas y estadísticos descriptivos (media y desviación típica) para las cuantitativas, con intervalo de confianza del 95% (IC 95%). También se emplearon la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, para explorar diferencias entre proporciones; y la prueba de la t de Student para comparar las medias entre los grupos maltrato y no maltrato, considerando estadísticamente significativas las diferencias con p<0,05.

En la tabla 3 se presentan las características sociodemográficas del grupo estudiado (n=622). Se observa que el 78,5% estaban casadas/pareja estable, aunque solo el 39,7% convivían con el marido o pareja. El 78,5% tenían un sustento económico familiar con ambos sueldos (enfermera y su pareja). La mayoría de las enfermeras (87,6%) ocupaban el puesto de enfermera base.

Al comparar los porcentajes de la clase social del marido/pareja de las enfermeras que no sufren maltrato (n=417) con los de las que sufrieron algún tipo de maltrato (n=205), no hay diferencias significativas.

El 33% de las enfermeras encuestadas sufrió maltrato y el 67% no. De los 205 casos de maltrato: el 75,1% de las enfermeras lo presentó psicológico (P), el 1,5% físico (F) y el 2% sexual (S), de manera exclusiva; también se obtuvieron casos de malos tratos asociados: el 4,9% psicológico y físico (PF), el 9,3% psicológico y sexual (PS) y el 7,3% los tres tipos juntos (psicológico, físico y sexual [PFS]). Del total de casos, el 60% se calificó como menos grave o de menor gravedad y el 40% como más grave o de mayor gravedad (tabla 6).

Al comparar las medias de las variables cuantitativas entre grupos, maltrato/no maltrato, solo la variable edad de la enfermera presentó diferencias significativas (p=0,002) (tabla 4).

Cuando se relacionaron las variables sociodemográficas y maltrato (MT), se comprobó asociación con: estado civil (p=0,000); convivencia (p=0,000); sustento económico familiar (p=0,000) e hijos y/o personas mayores dependientes (p=0,030) (tabla 5).

En los últimos años, diversos trabajos han intentado determinar la magnitud real del fenómeno, tanto a nivel poblacional como en el ámbito sanitario4,16; no obstante, la utilización de metodologías e instrumentos diferentes para el estudio del mismo aconseja hacer las comparaciones con cautela.

El estudio tiene algunas limitaciones, que deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados y de valorar los posibles sesgos: se han aleatorizado lugares y no personas, la voluntariedad de los centros en dar la aprobación para llevar a cabo el estudio y la de las enfermeras en responder al cuestionario.

Un posible sesgo vendría porque el muestreo por estratos se hizo en función del total de profesionales enfermeros que trabajan en la Comunidad de Andalucía, donde están incluidos hombres y mujeres, y la población de estudio incluía exclusivamente mujeres.

El número total de cuestionarios recogidos en las provincias de Cádiz y Córdoba está descompensado respecto al cálculo muestral realizado. También el hecho de no haber tenido la participación significativa de centros privados no permite detectar si existen diferencias entre las mujeres que trabajan en la Comunidad Autónoma Andaluza como enfermeras y que sufrieron VCI, entre las que prestan sus servicios asistenciales en centros públicos o en centros privados.

En relación con el presente estudio se puede pensar que es posible que haya una ocultación de los hechos de violencia por la intimidad del tema y/o por vergüenza, pudiendo infraestimar los datos del real maltrato; o por el contrario podría suceder que las enfermeras más dispuestas a participar son las que tienen más que decir sobre el tema porque están más afectadas, lo que podría aumentar la prevalencia artificialmente.

Con respecto a las características que identifican a las personas sujetos del estudio, el estado civil casada o con pareja estable presentó la mayor frecuencia (grupo 1-no maltrato: 341-82,8%; grupo 2-sí maltrato: 147-71,1%). También en los estudios de Días-Olavarrieta et al17 y Christofides et al18 la mayoría de las enfermeras estaban casadas, un 58,7 y un 57% respectivamente.

En los 205 casos de maltrato, la media de años de relación con la pareja era 18,3 (DE=9,4). Este dato no indica el número de años de maltrato sufrido, pero sugiere un largo tiempo de relación con su agresor.

La convivencia prolongada de la víctima con el agresor, en parte, también es debido a la existencia de hijos pequeños19. En el presente estudio, en los casos de maltrato (205-33%), el 28,8% (59 mujeres) convivían con el marido/pareja más hijo(s) y el 32% (65 mujeres) convivían con marido/pareja más hijo(s) y otros familiares.

Del total de casos de abuso (205), ocho enfermeras no contestaron sobre la clase social de la pareja. Las clases sociales I, II, IIIa y IIIb fueron más frecuentes que las clases sociales IIIc y V. Se puede pensar que las primeras tienen un mayor nivel educativo. Oliveira20 encontró que la mayoría de las parejas de las enfermeras encuestadas tenían estudios superiores completos –estudios universitarios de primer ciclo– (77,6%).

Así mismo Lewis21 concluyó que los ingresos eran más elevados en el grupo con maltrato que en el grupo de no maltrato. Por lo tanto, tal y como indican Vives-Cases et al22 aún es insuficiente la evidencia empírica que asocia la conducta violenta de los hombres contra sus parejas con determinados grupos de bajo nivel socioeconómico.

La mayoría de las mujeres del presente estudio tiene 40 años de edad, está casada o con pareja estable, convive con el marido o pareja y con 20 años de relación, trabaja en el ámbito urbano, es enfermera base y el sustento económico familiar se da con ambos sueldos, y tiene dos personas dependientes (hijos y/o personas mayores). Datos que contrastan con el estudio de Vives-Cases et al23, que encontró a través de los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud de 2006 que gran parte de las mujeres que reconocieron estar en situación de malos tratos tienen estudios primarios o no tienen estudios, no tienen un trabajo remunerado, están casadas y no conviven con sus parejas, no tienen hijos y son españolas.

Hay otros estudios que también van en esa línea al indicar que la VCI se manifiesta con mayor probabilidad en mujeres con menor nivel educativo, mayor número de menores a su cargo y extranjeras24.

Es probable que, con la repercusión que está adquiriendo el tema, se estén conociendo más casos de violencia doméstica en todos los niveles socioeconómicos25.

Desde otra perspectiva encontramos que según la OMS (2005)26 la mayor autonomía de la mujer en el trabajo y nivel educativo amenaza la jerarquía tradicional de género; a la vez que otros estudios27,28 indican que la ruptura de patrones tradicionales de género puede agravar la violencia para establecer la mencionada jerarquía.

Entre las profesionales que sufrieron maltrato, la presencia del psicológico (75,1%) fue predominante. Estos datos se ajustan con la literatura en el sentido de que las formas exclusivas de violencia física y sexual son más raras, en comparación con la violencia psicológica exclusiva16,29-31.

Un estudio canadiense32, encontró que el 38% de las enfermeras ya habían sufrido algún tipo de VCI y que la violencia psicológica (26,9%) fue superior a la física (14,6%) y también a la sexual (8,1%). Se resaltó que la frecuencia de VCI entre las enfermeras estudiadas superó la vivencia de tal violencia entre mujeres canadienses de la población general (29%). Lo mismo ocurrió con las enfermeras de la muestra de Andalucía (33%) en relación con la población general de mujeres españolas (12% en 1999 o 9,6% en 2006)4.

Otro estudio realizado en Brasil con enfermeras paulistas presentó una frecuencia mayor para la violencia psicológica (45%)20.

La asociación de los tres tipos de violencia (psicológica, física y sexual) se constituye en una situación extremadamente grave y en el presente estudio fue encontrada en 15 enfermeras (7,3%).

En las mujeres enfermeras de la muestra de Andalucía se constata la presencia de maltrato por compañero íntimo, las manifestaciones que predominan van referidas al aspecto psicológico, presentándose también las otras formas de maltrato descritas. Una vez constatada la existencia de esta realidad se ha iniciado la segunda parte del proyecto, con un abordaje cualitativo, a través de entrevistas en profundidad a mujeres enfermeras afectadas, que tiene como objetivos: conocer cómo la mujer enfermera andaluza que sufre en su persona violencia de género afronta la atención a mujeres que sufren su mismo problema y conocer qué aspectos identifica como violencia de género en el desarrollo de sus funciones.

Este trabajo ha sido financiado por la Junta de Andalucía (PI-0109/2008).

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.