Los datos aportados por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en la última encuesta ESTUDES 2010 siguen mostrando una preocupante realidad respecto al consumo de alcohol en los adolescentes españoles, constatando además el aumento en los últimos años del consumo intensivo entre los más jóvenes1,2.

A la hora de resolver este serio problema, que implica graves perjuicios tanto sociales como para la salud del propio adolescente3,4, desempeñan un papel fundamental las políticas o estrategias en materia de prevención que son desarrolladas en el nivel macrosocial por los poderes públicos5,6, centradas en reducir la oferta de alcohol y/o restringir la demanda por parte de los jóvenes7,8.

La cuestión es: ¿cuáles de estas políticas están resultando eficaces? Se trata de una cuestión difícil de responder, ya que hasta ahora la mayoría de los estudios se han centrado en el análisis del impacto de programas preventivos desarrollados en el ámbito escolar9-11. Son muy pocas las investigaciones que evalúan otro tipo de medidas preventivas y, salvo alguna excepción (como el interesante y reciente trabajo de March et al.12), suelen ser el resultado de investigaciones más amplias en las que se recoge la opinión de un único sector de la población (docentes, padres, adolescentes, profesionales de la salud, etc.)12-14.

Como indican algunos autores, resulta clave para evaluar la eficacia de la políticas preventivas realizar estudios que ofrezcan un feedback valorativo a cargo de las personas beneficiarias y desarrolladoras de dichas políticas, en el contexto sociocultural en el que son aplicadas5,15.

Por estos motivos, hemos analizado la opinión de los adolescentes, la principal población objetivo de las políticas preventivas, pero también la opinión de aquellos profesionales expertos que investigan y trabajan desde hace años en los diferentes niveles ecológicos16 en los que se desarrolla la prevención del consumo de alcohol en España17, lo que supone la principal aportación de nuestro artículo respecto a la literatura previa.

En resumen, el objetivo del presente estudio es conocer la opinión de un grupo de adolescentes españoles y de expertos nacionales en adolescencia, escuela, familia, poderes públicos y medios de comunicación acerca de la eficacia de las políticas institucionales para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes.

En la figura 1 puede observarse el mapa general de categorías y subcategorías resultantes del estudio:

Figura 1.

Mapa conceptual de resultados.

(0.28MB).

El objetivo de este estudio ha sido conocer la opinión de un grupo de adolescentes y profesionales/expertos acerca de la eficacia de las políticas institucionales de prevención del consumo de alcohol en adolescentes.

En primer lugar, hemos comprobado que los adolescentes son mucho más escépticos que los expertos acerca de la eficacia de las políticas institucionales en materia de prevención del consumo de alcohol. Por otro lado, aparecen algunas coincidencias en sus discursos, fundamentalmente, que ambos valoran negativamente las campañas informativas en los medios y el incremento en los precios, y consideran la restricción de la disponibilidad del alcohol una medida eficaz para prevenir el consumo.

En segundo lugar, a la hora de aportar soluciones, los adolescentes proponen como medida eficaz para lograr un consumo más moderado y seguro la reducción de los precios de las bebidas alcohólicas en los locales de ocio. Se trata de una propuesta difícil de evaluar a priori basándonos en resultados de estudios previos, pues no se encuentran trabajos que concluyan respecto al supuesto efecto «moderador» o «preventivo» de un descenso en el precio de las bebidas alcohólicas, aunque parece lógico pensar en un impacto positivo en las consecuencias sociales del consumo en los lugares públicos, pero no tanto en la moderación o prevención del consumo30. Por otro lado, sí encontramos en la investigación existente resultados concluyentes respecto a la ineficacia preventiva del incremento en el precio del alcohol y los efectos negativos que este produce en los patrones de consumo3,5,12,31, coincidiendo con la opinión expresada por adolescentes y expertos.

Según los expertos, una estrategia eficaz de prevención del consumo debería fundamentarse en la utilización de un «modelo mixto» en el que se integren políticas de reducción de oferta y demanda de alcohol, en función de objetivos específicos: a corto plazo, sancionando el consumo y restringiendo estrictamente su disponibilidad (aspecto en el que coinciden con los adolescentes); a largo plazo, promoviendo la educación en salud mediante la inclusión de programas educativos en el currículo oficial. Estudios recientes confirman la eficacia preventiva por separado de estas 3 medidas, tanto en España como en otros países5,31,32.

Los expertos consideran también importante que las administraciones desempeñen un papel más activo, que no se limite a la financiación parcial o total de las diferentes propuestas, y que los jóvenes participen activamente en las políticas institucionales. Este último punto nos parece especialmente relevante, pues podría explicar el escaso impacto preventivo de algunas políticas, ya que al no tenerse suficientemente en cuenta la opinión de los jóvenes estas pueden no estar ajustándose correctamente a sus necesidades32.

Una última reflexión que puede hacerse tras los resultados de nuestro trabajo es relativa a la necesidad de coherencia en las políticas en (y entre) los niveles microsocial (familia, escuela) y macrosocial (poderes públicos, medios de comunicación). Por ejemplo, la regulación de la sustancia y la propia actitud social ante el consumo de alcohol no parecen coherentes con el mensaje preventivo que se transmite, mediante campañas en los medios o programas educativos. Lo que se «demoniza», por un lado, es de fácil acceso y está normalizado socialmente, por otro3. Ante esta situación, parece lógico que el adolescente no perciba riesgo en el consumo y no entienda además por qué se le «castiga» cuando trata de imitar en parte el modelo en el que es socializado y se sienta reprimido o tratado injustamente. En este sentido, como indican adolescentes y expertos, un mensaje preventivo menos agresivo y una regulación más estricta con la disponibilidad del alcohol posiblemente evitarían, no solo el consumo de forma directa, sino la percepción de incoherencia entre el citado mensaje y la norma social. Por otra parte, también sería interesante contemplar políticas de control que se centrasen en reducir el consumo en adultos, pues probablemente influirían indirectamente y de forma positiva en el consumo de los más jóvenes a través de la educación normativa. En definitiva, en todos estos casos se ayudaría a evitar la percepción en los adolescentes de «¿Por qué a mí? Si está en la calle, todos lo hacen y están socialmente adaptados».

Finalmente, debemos destacar que en nuestro estudio se ha utilizado una metodología cualitativa, cuya pretensión es alcanzar la representatividad teórica que no estadística de la muestra. Esto implica limitaciones en la generalización de los resultados, a lo que debe añadirse el efecto del carácter local del contexto geográfico concreto del estudio en el caso de los adolescentes. Aún así, hemos tratado de minimizar dicho efecto al máximo en el diseño general de la investigación, especialmente mediante los criterios de selección de la muestra utilizados que se han fundamentado en la información procedente de la literatura previa relativa al consumo de alcohol en adolescentes. Así, a la hora de seleccionar la muestra, se ha tenido en cuenta que los datos para Andalucía sobre consumo de alcohol en adolescentes (14-18 años) que se muestran en ESTUDES 2008 y 20101,2 son equivalentes a la media nacional. Este posible sesgo se ha intentado minimizar además con el trabajo de elaboración de resultados y discusión de los mismos con la investigación previa.

Este estudio ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación PSI2012-33464 «La violencia escolar, de pareja y filio-parental en la adolescencia desde la perspectiva ecológica», subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.