El 12 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (Provincia de Hubei, República Popular de China), publicó un reporte de 27 pacientes, 7 en condiciones críticas, quienes cursaron con una neumonía viral y compartían una noción de contacto, un mercado mayorista. En respuesta, este foco fue clausurado, se realizaron evaluaciones epidemiológicas y se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitando asesoramiento por parte de su centro de operaciones estratégicas en salud1–3.

Infortunadamente, debido a la alta infectividad y al flujo de viajes desde Wuhan a otras ciudades de China, Asia y el mundo, fue imposible contener el virus, de modo que, muchos casos aún asintomáticos comenzaron a propagarse1,3. Por esta razón, la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), causada por el virus SARS-CoV-2, fue declarada por la OMS como una urgencia de salud pública de importancia global y catalogada como pandemia, el 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente3.

Al 26 de marzo, el número total de casos registrados en el mundo es de 588.905, de los cuales, EE. UU., China e Italia presentan el mayor número de casos con 86.012 (14,61%), 81.897 (13,91%) y 80.589 (13,68%), respectivamente, y los restantes se distribuyen en otros 176 países. El número de muertos supera los 25.336, encabezados por Italia, España y China con 8.215 (32,66%), 4.934 (19,47%) y 3.296 (13,01%) muertes, respectivamente, con una letalidad global estimada del 4,30%3–5. COVID-19 llegó a América Latina y el Caribe el día 25 de febrero de 20205, cuando el Ministro de Salud de Brasil confirmó el primer caso, desde entonces, se ha presentado una propagación masiva en la región, teniendo a la fecha 10.858 casos reportados, incluidas mujeres embarazadas y otros grupos de riesgo6, con 203 muertes, estableciendo una letalidad del 1,87% para este territorio3–5. La tabla 1 reporta los casos reportados a la fecha en los países de América Latina.

El SARS-CoV-2 presenta una viabilidad de 3-72h en superficies inertes, un periodo de incubación de 5,1 (IC 95%: 4,5-5,8) días, y se espera que el 97,5% presenten síntomas en los primeros 11,5 (IC 95%: 8,2-5,6) días de infección, por ello, la mayoría de organizaciones respaldan periodos de vigilancia de al menos 14 días a casos expuestos, incluso siendo asintomáticos3,7. Actualmente, no se dispone de vacuna o tratamiento específico, y como si fuera poco, en América Latina se evidencian deficiencias en sus sistemas de salud y de infraestructura, especialmente un déficit de camas de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos requeridos para el soporte de pacientes con infección severa, de modo que, el riesgo de un aumento desbordado de muertes se encuentra latente1,3,4.

Por esta razón, disponer de sofisticados sistemas de vigilancia epidemiológica es indispensable para la detección y la monitorización de los brotes, sin embargo, presidir de sólidos servicios de atención primaria forman la base de cualquier respuesta ante una emergencia1. Los servicios de atención primaria conforman la puerta de entrada a los sistemas de salud, por ello, deben estar vinculados en la planificación de conductas ante posibles brotes, así como, recibir entrenamiento para fortalecer sus fases de prevención, preparación, respuesta y recuperación1,2,8.

Según numerosas organizaciones internacionales, la estrategia de mayor eficacia continua siendo la implementación de la cuarentena, sin embargo, su activación se ha limitado a casos de pandemias y emergencias en salud pública, donde, el potencial de propagación estimado supera la capacidad de reacción de los sistemas de salud, como históricamente ha sucedido en los casos de síndromes de dificultad respiratoria aguda severa, asociados a los coronavirus1,3,9, debido a los desafíos logísticos y consecuencias sociales y económicas de su puesta en marcha2,9.

Según reportes, cerca del 57% de los países del mundo tienen la capacidad de responder ante eventos infecciosos emergentes, sin embargo, como se ha evidenciado con COVID-19, este porcentaje parece ser mucho menor2,6. A la fecha, pocos países han logrado implementar medidas exitosas como China, Singapur o Hong Kong, mientras que otros fracasaron, como Italia2,10. Por lo anterior, se deben implementar estrategias que incluyan la prohibición de viajes y cuarentena obligatoria, pero también, respuestas efectivas a los problemas de la población generados por estas situaciones, especialmente en aquellos de mayor vulnerabilidad, como los infectados, personas en edades extremas y trabajadores informales, a quienes se debe ayudar a mitigar el impacto económico y social9.

Los países de medianos y bajos recursos, como el caso de América Latina, son particularmente vulnerables, por ello, la no implementación total o parcial de protocolos estrictos de cuarentena, con restricciones en movilidad, interacción social e incluso actividades laborales, generará aumentos de la demanda de consulta en todos los niveles de atención, especialmente en servicios de urgencias debido al miedo y el desconocimiento de la situación1,2.

Por ello, se debe optimizar el triage en las instituciones, e incluso implementar estrategias prehospitalarias como centros especializados que brinden información vía telefónica, los cuales, disminuyen el contacto físico, la propagación del virus y la saturación de los servicios de salud1,3. En el caso colombiano, el Ministerio de Salud desarrolló los lineamientos para la detección y manejo de casos de COVID-19 en el país11. Basados en estos, diseñamos un diagrama de flujo para orientar las conductas a seguir en atención primaria el cual se puede ver en la figura 1.

Figura 1.

Algoritmo de abordaje del paciente con diagnóstico probable de infección por el virus SARS-CoV-2 en Colombia.

(0.51MB).

La actual pandemia es otro recordatorio de la necesidad imperiosa de un compromiso intensificado y sostenido con el diseño de protocolos de respuesta basados en la evidencia disponible, los cuales, de forma transdisciplinar y multisectorial, pueden lograr la reducción del número de vidas perdidas y dar respuesta a las dificultades sociales, ambientales, políticas y económicas generadas por estas pandemias8. La consecuencia de la no contención de estas epidemias se mide en vidas perdidas, lo cual es mucho más costoso, por lo que, se debe romper el ciclo de pánico y olvido, y comenzar a prepararnos para futuros brotes, especialmente fortaleciendo los servicios de atención primaria2,8.