PRESENTACIÓN

En este número temático sobre pobreza en México, no se intenta representar las distintas corrientes (casi facciones) que existen en el abordaje del tema, tanto en México como en el mundo. (Adelante presento una explicación del por qué este campo es tan polarizado). Es más bien un conjunto de artículos escritos (casi sólo) por afiliados y simpatizantes de una (vaga y amplia) corriente de pensamiento crítico que busca constantemente nuevos desarrollos y visiones más profundas. Por ello, en el número el lector encontrará al lado de un artículo que aplica la más reciente versión del Método de Medición Integrada de la Pobreza, mmip, método que nació siendo crítico, para conocer la evolución y situación actual de la pobreza en el país (Boltvinik y Damián), otros que lo utilizan para relacionar la pobreza con otras dimensiones de la realidad u otros enfoques: Díaz con los homicidios, Damián con las pensiones, Jaramillo con el bienestar subjetivo; Huesca y Llamas con la evaluación del efecto fiscal a favor de los pobres.

También encontrará un artículo que desarrolla y aplica un nuevo método de medición multidimensional de la pobreza relacionado con el salario mínimo (Reyes y López) y contrasta sus resultados con el mmip y con el método del coneval, respecto del cual adopta una postura crítica. Otro que ubica el estudio de la pobreza y la desigualdad como pivote del pensamiento crítico y de la ciencia social emancipatoria (Jaimez), haciendo explícitas las convicciones y aspiraciones no articuladas de muchos. Y uno que se pregunta si el concepto de bienestar objetivo es el adecuado para estudiar la pobreza (como hemos dado por sentado casi todos los que la estudiamos) o si la briosa nueva corriente de bienestar subjetivo tiene algo que aportar al respecto, y cuáles son las relaciones empíricas entre ambos tipos de bienestar.

En el número también se discuten aspectos torales de las políticas públicas adecuadas para enfrentar la pobreza. Así, el artículo de Damián examina la relación entre pobreza de los adultos mayores y la seguridad social en México, en particular las pensiones, analizando críticamente las reformas neoliberales de éstas y el nuevo ciclo de reformas de derecha que, desde la ocde, se pretende impulsar. El artículo de Yanes critica los programas de Transferencias Monetarias Focalizadas y Condicionadas (tmcf) en México y en América Latina, por su diseño y por sus magros resultados, y argumenta con solidez a favor del Ingreso Ciudadano Universal (icu) como política para erradicar la pobreza y emanciparnos (todos) de diversos yugos. El de Huesca y Llamas evalúa las políticas fiscales vigentes en cuanto a su carácter redistributivo a favor de los pobres y en qué grado logran abatir la pobreza. En su artículo,Calderón no se conforma con el enfoque que define lo necesario a partir de las percepciones de la población, que él mismo ha avanzado notablemente en México, sino que busca en Giddens, Bourdieu y Townsend una teoría que explique cómo se constituyen las normas sociales que las percepciones expresan. Él y Villagómez citan el origen (en Joanna Mack y Stewart Lansley, Poor Britain, Reino Unido, 1985) de la concepción de pobreza como carencia forzada de necesidades socialmente percibidas que pueden captarse con encuestas, grupos focales y otras técnicas cualitativas. Villagómez también cita a Townsend y Bourdieu para sustentar la estandarización gradual, que convierte en satisfactores necesarios bienes y servicios que al principio sólo eran tales para la élite. Pues, como dice Townsend, la sociedad debe promover la ciudadanía e integrar a sus miembros, por lo cual un estilo de vida social es cultivado y recomendado.

Dos artículos se refieren a la necesidad alimentaria en la Ciudad de México: el de Figueroa y Boltvinik analiza las implicaciones cuantitativas de medir la pobreza alimentaria cumpliendo dos requisitos metodológicos estrictos (una canasta alimentaria verdaderamente normativa, y la elección del concepto adecuado con el cual comparar su costo); el de Villagómez analiza las percepciones de la población sobre cuáles son los satisfactores de la alimentación percibidos por la población como necesarios y verifica el acceso de los hogares a los mismos, mostrando así las carencias alimentarias identificadas. Como señalé, Reyes y López proponen un nuevo método de medición multidimensional de la pobreza, que vincula el umbral de pobreza en la dimensión de ingresos con el salario mínimo constitucional y presenta los resultados de su aplicación a nivel nacional y los contrasta con el mmip y con la mmomp (Metodología Multidimensional Oficial de Medición dela Pobreza, del coneval). Aligual que el de Boltvinik y Damián, este artículo analiza críticamente la mmomp.

La conceptualización y medición de la pobreza es un campo de batalla en gran medida por el carácter del concepto de pobreza, para explicar el cual, cito extractos del texto en el que formulé, como uno de los principios de medición multidimensional de la pobreza, el que llamé “Principio del carácter embrollado del concepto de pobreza”:

La medición de la pobreza no puede ser una actividad enteramente “científica” (si uno entiende por tal una actividad sin juicios de valor) porque involucra la comparación de las condiciones observadas en los hogares (que es básicamente una tarea descriptiva por lo que puede estar cerca de este criterio positivista de cientificidad) vis a vis los niveles normativos que, o bien son juicios de valor del investigador, o de alguien más, o bien expresan juicios de valor sociales (que siguen siendo juicios de valor) sistematizados mediante investigación de campo. Hilary Putnam (The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and other Essays, Harvard University Press, 2002, pp. 28-45) ha argumentadoqueel embrollamientodehechosy valoressevuelveobviocuando se estudian términos como cruel, crimen, valiente, que son conocidos como conceptos éticos gruesos, los cuales… son contraejemplos a la noción de que existe una dicotomía absoluta entre hechos y valores. Para usar estos conceptos con alguna discriminación, dice Putnam, uno tiene que ser capaz de identificarse imaginativamente con un punto de vista evaluativo. Y añade que en estos casos incluso la descripción depende de la evaluación. Esto es exactamente lo que pasa con el término pobreza: la descripción de la pobreza no puede llevarse a cabo a menos que uno la haya evaluado previamente (comparando un hecho con una norma), lo cual es una acción donde los valores están inevitablemente presentes”.¹

El artículo de Calderón va a la raíz del asunto. Asume implícitamente la postura de Putnam y la combina con la muy famosa de Amartya Sen (“Sobre conceptos y medidas de pobreza”, Comercio Exterior, abril de 1992):

Es importante distinguir las distintas maneras en que la moral se puede incorporar en el ejercicio de medición de la pobreza. No es lo mismo afirmar que el ejercicio es prescriptivo de por sí que decir que debe tomar nota de las prescripciones hechas por los miembros de la comunidad. Describir un acto de prescripción prevaleciente constituye un acto de descripción, no de prescripción. …Para la persona que estudia y mide la pobreza, las convenciones sociales son hechos ciertos…²

El número tiene muchas innovaciones. Ninguno de los artículos puede concebirse como convencional, como lo muestra lo dicho hasta aquí. Los artículos pueden agruparse en tres bloques: 1. Teoría; 2. Políticas públicas; y 3. Métodos de medición y resultados para México. Queda fuera de estos bloques el artículo de Mario Díaz sobre los factores causales de la violencia (pobreza o desigualdad). Algunos temas importantes originalmente incluidos en el diseño del número, quedaron, involuntariamente, fuera: la relación entre desigualdad y pobreza, la nutrición de la población (aunque las mediciones de desnutrición se discuten en el artículo de Figueroa y Boltvinik) y la experiencia de aplicar líneas de pobreza que incorporan las economías de escala en el consumo del hogar, como lo hace en la actualidad el mmip. Los autores son, por un lado, investigadores y funcionarios reconocidos y con muchos años de experiencia y, por otro, jóvenes que inician promisorias trayectorias. Sólo algunos autores (Jaramillo, Díaz, Huesca-Llamas) utilizan técnicas de inferencia estadística o econometría para el análisis de su información, mientras Reyes-López las usan como parte de su método de medición.

En el primer bloque, de cuatro artículos (Jaimez, Jaramillo, Calderón y Villagómez), se abordan cuestiones teóricas amplias y, por tanto, resulta apropiado que abran el número. Jaimez sostiene que la “investigación crítica de la pobreza puede ser considerada como el pilar de un espectro más amplio de investigación crítica” que retome los planteamientos de Erik Olin Wright (eow) sobre la construcción de una Ciencia Social Emancipatoria (cse). Su primera tarea sería “el diagnóstico crítico de los enfoques reduccionistas de definición-medición de la pobreza” y de la desigualdad. Considera que la teoría crítica debe vincularse con un compromiso moral y político que ayude a definir principios morales de justicia y a clarificar las condiciones que permitan la autorrealización humana.

El autor aclara que “las tareas que se requieren para el desarrollo de lo que llamamos Investigación Crítica (ic) rebasan, con mucho, lo que en este artículo podemos hacer” y enumera las tareas que tendrían que ser abordadas en un esfuerzo colectivo: 1) Criticar el positivismo contemporáneo que es el modelo hegemónico de investigación social. El “enemigo a vencer” es el post-positivismo, del que provienen “los mejores avances que en materia de conocimiento se han construido”, por lo cual es necesario retomar sus aportes y encontrar sus límites para trascenderlos en la construcción de una cse”. 2) Frente al pragmatismo de posmodernos y positivistas contemporáneos, hay que desarrollar la Teoría Profunda con mayúscula. 3) Valorar los aportes de tres escuelas de pensamiento crítico: el marxismo analítico [que identifica con eow, cuya afiliación a esa corriente es dudosa], la Escuela de Budapest y la de Frankfurt. 4) Es necesario fundamentar, a partir de estas escuelas, teóricamente un punto de vista propio, la Investigación Crítica. 5) Retomar las consideraciones realizadas por eow, György Márkus, Agnes Heller, Ruth Levitas, Ernst Bloch y J. Boltvinik, para exponer la necesidad de que la revitalización de la teoría crítica se vincule con un compromiso moral y político, que ayude a definir principios morales de justicia y a clarificar las condiciones que permitan la autorrealización humana. 6) Identificar rutas de investigación empírica, necesarias y posibles, encaminadas tanto a criticar las condiciones que impiden la autorrealización humana, como a permitir una indagación sobre posibles horizontes utópicos realizables (en el sentido de eow). 7) Inicialmente, las rutas de investigación posibles y necesarias identificadas son pobreza-desigualdad [por la que sugiere empezar y a la que dedica una parte de su artículo], democracia-oligarquía, delincuencia-inseguridad, mercado mundial-migración.

Es una propuesta consistente, pero como toda propuesta de pensamiento crítico, debatible. Particularmente discutibles son la lista de corrientes de pensamiento, tanto por las que incluye (muchos objetarían la inclusión del marxismo analítico) como por las que excluye (sobre todo de pensadores como Bolívar Echeverría, David Harvey, John Bellamy Foster, etc.), y los temas elegidos, por qué esos y no el cambio climático, la crisis económica mundial y el desempleo tecnológico Jaimez continúa con la discusión de su objeto y su método, señalando que el concepto de pensamiento crítico que adopta va más allá del concepto de cse de eow, pues incluye cualquier discurso sobre la realidad, no sólo el científico, aunque reconoce que la investigación crítica es el elemento central para dilucidar los procesos causales que están tras de la desigualdad y el sufrimiento humano, y para desarrollarla propone combinar elementos de la cse, de la teoría de la transformación y el paradigma de la producción de Marx, profundizado por G. Márkus.

Particularmente importante e interesante es la sección del artículo denominada “Objeto y Método”, de la cual sólo puedo destacar aquí su concepción de la investigación crítica como el resultado de combinar “las características centrales de lo que eow denomina la Ciencia Social Emancipatoria (cse), con la teoría de la transformación marxista y el paradigma de la producción de Marx, radicalizado por György Márkus. Nuestro joven autor construye así la categoría de razón estratégica crítica utopista, al que podría haber añadido el término práctica sin problema, como fundamento central de la Investigación Crítica que hace dialogar a eow con Márkus. Apunta que la teoría marxista de las transformaciones es el elemento clave que permite entender cómo pasar del diagnóstico y crítica a la construcción de las utopías viables (las reales inmediatas y las transformaciones radicales mediatas), por lo cual es “una razón emancipatoria” que asume un claro compromiso moral.

El artículo de Máximo Jaramillo puede verse como una incursión en las relaciones conceptuales y empíricas entre el bienestar objetivo (base del enfoque del mmip y de casi todas las mediciones de pobreza), y el Bienestar Subjetivo (bes), en el espíritu de Gough y McGregor que conciben el bienestar como un concepto paraguas que incluye el bienestar objetivo y el subjetivo, es decir, que toma en cuenta tanto las circunstancias objetivas de las personas como la auto-evaluación subjetiva. Sin embargo, como dice Jaramillo, ésta no suele ser la postura de quienes estudian el bienestar subjetivo, que buscan remplazar el enfoque objetivo del mismo. Los seguidores del bes critican a los defensores del Bienestar Objetivo (beo), narra Jaramillo, por haber estado dominado durante siglos por tradiciones de imputación y presunción en la cual la palabra de los expertos define en qué consiste el be y, con base en ello, evalúa a las personas con este enfoque de arriba hacia abajo. Mariano Rojas, destacado investigador costarricense-mexicano en el bes, citado por Jaramillo, ha destacado la importancia en los estudios del bes de captar la satisfacción de las personas en distintos dominios de vida y ha añadido:

Los estudios han mostrado que el be depende de factores tan diversos como las condiciones de crianza, la relación con amigos y parientes, la naturaleza de las actividades laborales, los rasgos de personalidad, la disponibilidad y uso del tiempo libre,… la seguridad, la existencia de hijos y sus edades, la relación de pareja, los ingresos, el entorno macroeconómico, la distribución social del ingreso, la situación de empleo o desempleo, la salud, los valores, la posibilidad de participación en las decisiones políticas, entre otros.

Las críticas al bes, que son muchas, las ilustra Jaramillo citando la crítica de Amartya Sen a la interpretación de la utilidad como cumplimiento de deseos:

El esclavo duramente golpeado, el desempleado en bancarrota, el miserable sin esperanza, el ama de casa domesticada, pueden tener sólo el valor de desear poco, pero el cumplimiento de esos deseos disciplinados no es un signo de gran éxito y no pueden ser tratados de la misma manera que el cumplimiento de los deseos confiados y exigentes de los mejor situados. Por tanto, la satisfacción de deseos no puede ser el único objeto de valor y como método de valuación es muy defectuoso.³

Jaramillo asocia las variables de bes captadas en el biare (Módulo de Bienestar Auto-reportado, que el inegi, en 2014 levantó junto con el mcs (el Módulo de Condiciones Socioeconómicas) que el coneval usa para sus mediciones multidimensionales de pobreza y que, cuando queremos medir la pobreza por entidad federativa con el mmip, también usamos. En contraste con otros autores que no han encontrado asociación entre ambos tipos de bienestar al usar, como indicador del beo la medición de pobreza por ingresos, o el nivel de éste, Jaramillo sí “encuentra diferencias notorias en la distribución de los niveles de bienestar subjetivo entre los estratos del mmip”, concluyendo que hay una relación estrecha entre el bienestar subjetivo y objetivo. Por ejemplo, mientras el 28.3% de los indigentes del mmip se auto-reportaron como insatisfechos o ligeramente satisfechos, sólo el 7.8% de la clase alta hizo lo mismo. Jaramillo comprueba la significancia estadística de dichas diferencias usando un modelo logístico multinomial.

Los artículos de Calderón y Villagómez, que cierran este bloque, están estrechamente relacionados por el interés central que para ambos tienen las percepciones de la población sobre los satisfactores necesarios para todos los hogares, los que formarían parte del estilo de vida social al que se refiere Townsend. Dice Miguel Calderón que no existe consenso entre quienes estudian la pobreza sobre la existencia objetiva de las normas mínimas o umbrales, ni siquiera sobre cuáles necesidades humanas deben considerarse en su estudio. La hipótesis inicial de su artículo, en agudo contraste, es la existencia de un amplio consenso social sobre los mínimos (umbrales) de satisfacción de las necesidades humanas. Propone una metodología para identificar dichas normas a partir de las percibidas por la población, las prácticas de consumo, las normas legales y las científicotécnicas. Centra su interés en el sustento teórico de dichas normas:

Las teorías de la estructuración de Pierre Bourdieu (pb) y de Anthony Giddens (ag) parten de una preocupación común: reivindicar el papel del individuo frente a las estructuras sociales. Cuestionan las visiones del papel pasivo del individuo frente al determinismo económico… AG desarrolla la teoría de la estructuración a partir de la dualidad de la estructura y la agencia. Su teoría sostiene que la conducta de los actores está delimitada por normas sociales, que a su vez son transformadas por ellos. [Su concepción] de agencia parte del rechazo al planteamiento parsoniano de “interiorización de las estructuras”. Para AG los actores son capaces de incidir en el mundo social en el que viven, pero a partir de las relaciones sociales existentes y de forma diferenciada dependiendo de la posición social que ocupan, lo que implica niveles de poder distintos.

Aquí Giddens está centrado en entender la sociedad en su conjunto y, por tanto, en mi opinión, se sitúa a un nivel de abstracción muy lejano del concepto de estilo de vida, que me parece el hilo conductor central que, como veremos, conecta a Bourdieu con Townsend y con temática de necesidades y satisfactores que ocupa a MC. De Márkus, Calderón sólo retoma la temática específica referida a valores de uso, lo que Márkus llama las reglas de uso de los bienes y las normas sociales de su empleo. Aunque este objeto de estudio es más acotado que el de Giddens, Calderón no logra integrarlo a su tema central. Para lograr la plena integración de los discursos teóricos de Giddens y Márkus, se requieren algunas mediaciones que habrá que encontrar en la bibliografía o construirlas. Calderón busca un desarrollo teórico de punta a nivel mundial que, por lo mismo, encuentra muchas dificultades. Su gran logro, me parece, es la conexión que logra establecer entre Townsend, inmerso en el tema de pobreza y estilos de vida, y Bourdieu. Calderón cita La Distinción de Bourdieu quien, formula el concepto de habitus (o espacio de las disposiciones sociales) y explica cómo se constituye el espacio de los estilos de vida

Los sociólogos… olvidan que los “objetos” que ellos clasifican, producen no sólo prácticas clasificables, sino también operaciones clasificatorias que… son, también, clasificables. La división en clases que lleva a cabo la sociología, conduce a la raíz común de las prácticas clasificables… y los juicios clasificatorios que [los sujetos] hacen de las prácticas propias y de otros agentes… Es en la relación entre las dos capacidades que definen el habitus –la de producir prácticas y obras clasificables, y la de diferenciar y apreciar estas prácticas y productos (gusto)–que el… espacio de los estilos de vida, se constituye. …El habitus es necesariamente internalizado y convertido en una disposición que genera prácticas significativas y percepciones dadoras de significado…⁴

Bourdieu, citado por Calderón, afirma también que “el espacio de las posiciones sociales es re-traducido a un espacio de la toma de posiciones, a través de la mediación del espacio de disposiciones” [entendidas como aptitudes y tendencias]. Bourdieu añade que el habitus retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posición social en un estilo de vida unitario”. Se constituye, por tanto, un abanico de estilos de vida que él ha representado gráficamente con un doble eje de capital económico y capital cultural. Pero Bourdieu, dice Calderón, sólo está interesado en las desiguales prácticas de consumo y estilos de vida y que es necesario ir más allá en un doble sentido. Por una parte, concebir, como lo hacen Marx y Márkus, el consumo como momento intrínseco de la actividad productiva y, por tanto, determinada por ella en última instancia. Es la producción, continúa Calderón, la que hace disponible el mundo de satisfactores que definen el techo de los estilos de vida posibles, y añade el segundo sentido en que es necesario ir más allá de Bourdieu:

Lo que aquí busco es qué fuerzas determinan el nivel de vida mínimo aceptable en cada sociedad; el nivel mínimo debajo del cual ningún ser humano debería situarse, que no aborda PB, quien se limita a describir la adaptación de los pobres a sus bajos ingresos. En el Capítulo 7 (“Escogiendo lo necesario”) de Distinción, señala que “La pobreza impone un gusto por lo indispensable, que implica una forma de adaptación a, y aceptación de, lo necesario, una resignación a lo inevitable, una disposición profundamente arraigada…

MC encuentra lo que busca en Peter Townsend quien “partió del hecho que la muy desigual distribución social de recursos provee la base para una jerarquía de estilos de vida, coincidiendo con Bourdieu. Pero Townsend va más allá”:

La sociedad debe promover la ciudadanía e integrar a sus miembros, y no sólo observar y regular una jerarquía de estilos de vida… el Estado, así como agencias mercantiles, buscan constantemente ampliar y cambiar los modos de consumo y de conducta. Un estilo de vida social es cultivado y recomendado, en el cual se espera que tanto ricos como pobres, participen… El estudioso de la pobreza debe, por tanto, ocuparse de rastrear lo que constituye el estilo de vida social y los cambios que ocurren en él.

Pero Townsend no operacionalizó el concepto clave de estilo de vida social. Fueron Mack y Lansley (1985) quienes lo hicieron mediante la primera encuesta de percepciones sociales sobre los satisfactores necesarios, con la cual identificaron el conjunto de satisfactores que constituye el estilo de vida social, y lo utilizaron para medir la pobreza. En este avance se apoyan, vía la epasb principalmente, tanto Calderón como Paloma Villagómez en sus artículos.

En su artículo, Paloma Villagómez analiza “las percepciones que las personas de diferentes posiciones socioeconómicas tienen sobre cuáles son los satisfactores necesarios en el espacio alimentario”, y observa “el acceso efectivo a los así percibidos”, con la intención de definir si existe una suerte de norma social alimentaria y observar la capacidad de las personas para cumplirla. Como Calderón, se refiere a las normas sociales en un sentido sociológico. Su análisis empírico se basa en la Encuesta de Percepción y Acceso a Satisfactores Básicos (epasb), elaborada por el Evalúa DF en 2009, que permite conocer la percepción de las personas sobre cuáles bienes, servicios y prácticas son necesarios –entre ellos los que corresponden al campo alimentario–, así como el acceso a ellos. Revisa la bibliografía de necesidades humanas y pobreza.

Villagómez describe la epasb y subraya que, cuando se pregunta a los entrevistados si consideran necesario un rubro, la pregunta se refiere a si son necesarios para cualquier hogar de la Ciudad de México y no a su hogar. El ejercicio que elabora Villagómez a partir de la epasb 2009 define una lista de rubros alimentarios que son considerados necesarios por la mayoría; se verifica el acceso a ellos y se relaciona con su situación socioeconómica. Villagómez utilizó el cociente de los ingresos del hogar respecto a su propia línea de pobreza como proxy de pobreza y guía para el análisis de las respuestas a ambos cuestionarios.

Lo que sigue, refleja el contenido de las secciones que llama “discusión” y “comentarios finales”. Cito extractos, no siempre literales, sin usar comillas. Del análisis realizado, la autora deriva las siguientes conclusiones y reflexiones: 1) Confirma la existencia de representaciones colectivas sobre la alimentación que organizan su consumo. 2) Interpreta las respuestas sobre lo necesario, como la declaración de la austeridad como norma, pues los satisfactores percibidos como necesarios reflejan condiciones de vida cercanas a la subsistencia, minimizando rubros que privilegian el gusto o brindan placer y confort. Villagómez reflexiona sobre posibles causas de esta norma de austeridad. 3) Destaca la similitud de percepciones de lo necesario entre pobres y no pobres por ingresos, lo que coincide con la investigación de Mack y Lansley y, habría que añadir, otras similares realizadas en México. Le parece que el llamado de la epasb a pensar en lo que resulta necesario para cualquier hogar, en tanto obliga a los informantes a pensar en condiciones mínimas indispensables para todos, lleva a igualar a todos los estratos respecto a los rubros austeros a los que todos deberíamos tener acceso, sugiriendo que la tolerancia a la desigualdad se reserva para lo asociado con el placer y la comodidad. 5) Verifica que las condiciones socioeconómicas que no tienen efecto notable en las percepciones, si lo tienen en la capacidad de las personas para acceder a los satisfactores necesarios. Encuentra altos niveles de carencia de artículos necesarios entre los pobres de ingresos, en particular en lo que se refiere al equipo de cocina. Como la causa principal de esta carencia es la falta de recursos económicos, se trata –según la terminología de Mack y Lansley– de carencias forzadas de satisfactores necesarios socialmente percibidos, es decir, una experiencia no sólo objetiva sino subjetiva de privación. 6) El análisis de percepciones captadas en encuestas es valioso y necesario, señala Villagómez, pero debe complementarse con técnicas cualitativas (como los grupos de enfoque que llevó a cabo Evalúa DF), que pueden explicar los procesos de formación de los consensos y su impacto en las decisiones cotidianas de los individuos. 7) Villagómez pone en duda que las percepciones mayoritarias sean el único criterio para definir un satisfactor como necesario, pues algunos satisfactores así identificados como necesarios (como los alimentos procesados) podrían configurar modos de vida contraproducentes, que reflejarían la cultura de consumo de la modernidad tardía. La postura adoptada en el Evalúa DF cuando se levantó y procesó la epasb, es que las percepciones deben complementarse con normas científico-técnicas y legales. 8) Villagómez concluye señalando que:

Entender cómo se construyen las normas, qué actores intervienen en su formación y difusión, con qué intereses, es necesario para delimitar las condiciones en las que la acción pública puede apoyar una norma social favoreciendo su acceso, o bien, combatirlas en la medida en que pongan en riesgo la integridad de las personas o su calidad de vida.

El segundo bloque está formado por tres artículos que abordan temas cruciales de política pública para enfrentar la pobreza (Yanes, Damián, Huesca-Llamas). Yanes pone en duda no sólo el supuesto básico sobre el que se sustentó el diseño de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas y Focalizadas (ptmcf), es decir, que la pobreza se puede superar mediante la “inversión” en “capital humano” (educación, salud y alimentación), sino que enmarca este fracaso en un proceso global de la falta de empleo producto de las transformaciones tecnológicas. También señala que “La teoría del ‘capital humano” conlleva, para cumplirse, el supuesto subyacente de que la economía siempre generará empleos suficientes con ingresos adecuados”, lo cual a todas luces no sucede en la actualidad. Agrega que los ptmcf suponen implícitamente que los pobres extremos no saben lo que es bueno para ellos y para sus hijos, por lo cual se cree que es necesario imponer las condicionalidades, pero cada día hay más evidencia, que presenta Yanes, que los logros de los pobres extremos no se dan por las condicionalidades, sino por contar con más ingreso derivado de las transferencias monetarias, lo cual pone en duda la efectividad de las condicionalidades y, por tanto, del carácter punitivo de los ptmcf. El fracaso, apunta, no es sólo del prospera, sino que ha sido similar en otros países de América Latina, y resalta que la inserción laboral adecuada no se ha logrado tampoco con la implementación de mecanismos para este fin dirigidos a “los jóvenes y adultos en edad de trabajar que participan en los programas de transferencias condicionadas”. Ante las limitaciones objetivas de los pmtcf para superar la pobreza y la crisis mundial del empleo, Yanes introduce la discusión sobre la necesidad de contar con un Ingreso Ciudadano Universal (icu). Yanes va más allá de la idea de garantizar un ingreso ciudadano ante la falta de empleo y la ineficacia de los pmtcf: propone que el icu se reconozca como un derecho humano, el derecho a la existencia y, además, como un importante emancipador e instrumento de construcción y desarrollo de la ciudadanía de todas las personas y no sólo de las pobres. Yanes concluye que el icu no debe ser sustituto de la política social y que tiene que establecerse a nivel óptimo, no mínimo, a fin de cumplir con la premisa de ser un derecho humano.

El segundo artículo de este bloque de políticas públicas, de Damián, se refiere a las pensiones de la seguridad social, analiza críticamente sus reformas recientes (del sistema de reparto, o de solidaridad intergeneracional, o de pensión definida, se pasó al de capitalizaciones individuales o pensión indefinida) que reducen los niveles de las nuevas pensiones del imss y del issste, y calcula las relaciones entre la pobreza de los adultos, medida con el mmip, y si los adultos mayores reciben pensión y el tipo de pensión que reciben, lo que no se había hecho en México. Relata el fracaso del sistema de capitalizaciones individuales, pues cerca de la mitad de los países que lo establecieron han vuelto al modelo anterior de reparto o han hecho una mezcla entre los dos modelos. La llamada tasa de remplazo (que expresa la pensión como fracción de los salarios de los últimos años), es muy baja en México (26% según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ocde). La ocde está presionando al gobierno federal para que aumente la cotización de los trabajadores y disminuir los beneficios de la generación de transición. Los datos de la autora muestran que entre los adultos mayores que reciben pensiones contributivas (el 20% de la población en edad de retiro), que en promedio reciben $6,170 pesos mensuales, hay una incidencia de la pobreza de 51%, mucho menor que la de quienes no reciben pensión (77.2%) y de quienes reciben “pensión” no contributiva del programa 65 y más, en promedio sólo $585 pesos, son los más pobres (91.9%).

El tercero y último artículo de este bloque, de Huesca y Llamas, es una evaluación completa del efecto redistributivo, restringido a lo monetario, del sistema fiscal (es decir no toman en cuenta los servicios de salud y educación que se entregan a la población en especie). Conocedores (y partícipes) de la bibliografía de lo que los economistas llaman efecto propobre y que generalmente se aplica al crecimiento económico, los autores aplican técnicas similares para calcular el efecto redistributivo monetario del sistema fiscal del país. Como la enigh capta el ingreso neto de los hogares (después de pagar impuesto sobre la renta y contribuciones a la seguridad social e incluye lo que los hogares reciben de transferencias gubernamentales en efectivo), calculan, para cada hogar muestral, los impuestos deducidos conforme las tablas del Impuesto Sobre la Renta (isr) y las reglas del imss e issste, así como el iva y el ieps pagados en sus compras, para calcular el ingreso pre-fiscal de los hogares y poderlos comparar con los pos-fiscales que captan las enigh. Al comparar las dos distribuciones de ingresos (pre y pos-fiscales), identifican quienes ven aumentados y quienes disminuidos sus ingresos, poniendo atención central a los hogares pobres de ingresos según los umbrales del coneval y del mmip. Concluyen que sí hay un efecto pro-pobre del sistema monetario fiscal, pero que éste es más acentuado y se concentra en los hogares de muy bajos ingresos, alrededor o debajo de la Línea de Bienestar Mínimo (lbm) del c. Los autores hacen notar que la mayor parte de la población pobre del mmip no recibe un efecto positivo del sistema fiscal, mientras si lo recibe la mayor parte de quienes se encuentran por debajo de los umbrales del coneval. Aunquelos autores no abundan en la conexión entre sus datos y los ptmcf, en los resultados esto se hace evidente. En sus conclusiones también agregan que en este tipo de análisis es muy importante utilizar varios métodos para la medición de la pobreza, y no sólo el oficial.

El artículo de Mario P. Díaz sobre las relaciones entre pobreza o desigualdad como factores explicativos de los homicidios intencionales, no es clasificable de manera obvia en ninguno de los tres bloques temáticos que hemos formado. El autor revisa una amplia bibliografía, tanto de carácter teórico (criminólogos marxistas como Ian Taylor y Willian Bonger, Merton y su concepto de anomia) como empírico, que se pregunta sobre las causas de la violencia y, en particular, del homicidio. El autor cita estudios que, en otros países y entre países, han encontrado una fuerte asociación entre desigualdad y homicidio, y también entre pobreza y homicidio, aunque también cita otros que no han encontrado ninguna asociación. Una de las ideas que maneja, sumamente atractiva, es que la violencia institucional es mayor mientras mayor es la desigualdad, y que es la violencia institucional la que crea el deseo de violencia abierta que, en vez de dirigirse a los ricos o poderosos, se convierte en violencia invertida, por lo cual el homicidio más generalizado involucra a los de abajo como víctimas y como victimarios. Para estas ideas cita el famoso prólogo de Jean Paul Sartre a Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon y The Impact of Inequality de Richard Wilkinson. El autor diseña y prueba cuatro modelos estadísticos usando como universo los 199 municipios con 100 mil o más habitantes: en dos, usando como variable independiente el porcentaje de población pobre del municipio (estimada por Boltvinik y Damián en un trabajo inédito); y otros dos, usando como variable independiente el coeficiente de Gini imputado por el coneval, mediante un modelo estadístico, a cada municipio. En todos los casos la variable dependiente es la tasa de homicidios obtenida de las estadísticas vitales del INEGI y no de registros judiciales. “Obtuve resultados ‘contra-intuitivos’, en oposición a la fundamentación teórica”, señala Díaz. No encontró asociación estadística significativa entre pobreza y tasa de homicidios. En cuanto a desigualdad, halló una asociación significativa, pero en sentido contrario al esperado: a menor desigualdad habría más homicidios. El autor discute las posibles razones de estos resultados y propone, en detalle, el rediseño de los modelos para superar las limitaciones de los descritos. El punto más destacable de este rediseño, es que habría que buscar hipótesis más matizadas que las que probó en el artículo. En cuanto a pobreza, podría sostenerse que la pobreza sólo impulsa la violencia cuando está complementada con la desigualdad visible y con la percepción de que ésta es injusta, lo que ocurriría mucho más en las urbes que en el medio rural. Hay bastante evidencia que apunta en este sentido. En cuanto a desigualdad, un matiz clave es que no toda desigualdad cuenta igual: puede aumentar la distancia entre la clase media y la clase alta, sin que ello nos haga esperar un aumento de la violencia. Es la desigualdad que implica carencia y sufrimiento humano la que más importaría. Lo óptimo parecería ser un indicador combinado de pobreza y desigualdad.

Partiendo de esta idea, se hace evidente que el mejor camino es combinar pobreza con desigualdad y obtener un Índice de Pobreza-Desigualdad (ipd). Parte de un índice que propuse en Boltvinik (2011) y propone uno muy simple: ipd = (HI)(B_PR) = I_EB_PR, es decir el producto de HI (la incidencia equivalente de pobreza, que se explica en el artículo de Boltvinik y Damián) y un índice de desigualdad (B_PR) entre pobres y no pobres que es el cociente del indicador de logro medio de los pobres (un número positivo menor a la unidad) entre el mismo indicador de los no pobres (un número positivo entre 1 y 2), tal como se calcula en el mmip. Además de esta forma de calcular el ipd, el autor discute otra y plantea cambios en el universo geográfico a observar, ampliándolo a todo el país, pero agrupando municipios en zonas metropolitanas y en conjuntos homogéneos de la nueva variable independiente, así como problematizar la información de base, y formar tipologías de conjuntos municipales de acuerdo a, por ejemplo, la presencia de grupos del crimen organizado.

El tercer y último bloque de artículos, se refiere a métodos de medición de la pobreza y a sus resultados. El primer artículo, de Héctor Figueroa y Julio Boltvinik, se refiere a la medición de la Pobreza Alimentaria (pa), discute ampliamente los conceptos y métodos de medir desnutrición, inseguridad y pa. Muestra, entre otras cosas, que lo que el coneval mide en la materia, y llama “carencia de acceso a la alimentación”es sólo una de las dimensiones de la seguridad alimentaria, la de estabilidad, pero que eso no corresponde con la noción de carencia alimentaria que estipula la Ley General de Desarrollo Social, pues no incluye las características que deben tener los alimentos: seguros, nutritivos y en cantidad suficiente, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao). También argumenta, citando a Svedberg detalladamente, que las mediciones usuales de desnutrición, subestiman su presencia, con argumentos lógicos que parecen irrefutables. Por último, apuntan al tema central del artículo: la fuerte subestimación en la medición de la PA, señalando que el supuesto que para ella se emplea, que si así lo deciden los hogares pueden gastar en alimentos crudos el 100% de ingreso, “es tan absurdo como el de un ingeniero que diseñara una turbina movida con vapor de agua y que supusiera que el agua hierve a 40°”. Los dos elementos metodológicos centrales, que dan título a su artículo, son la definición de una canasta de alimentos completa y estrictamente normativa, y la comparación de su costo con el gasto en alimentos y no con el ingreso del hogar. Lo primero lo identifican con la canasta normativa de alimentos (cnadf) definida por el Evalúa DF, cuyo procedimiento de elaboración lo describen en detalle, mostrando sus ventajas y diferencias con otras canastas alimentarias de dudoso carácter normativo. Uno de sus rasgos es que permite el cálculo de la canasta que requiere cualquier individuo (digamos un hombre de 54 años, una mujer de 38 y un niño de 11) y, por tanto, permite calcular la cna para cada hogar específico, y su costo que es su Línea de Pobreza Alimentaria (lpa).

Otro rasgo es que toma en cuenta todos los nutrientes que requiere el ser humano, así como agua purificada (de garrafón) y los requerimientos adicionales de nutrientes de las mujeres embarazadas, así como con mucho detalle el cálculo del costo del consumo necesario de alimentos fuera del hogar. Por tanto, es 56% más cara que la lbm (Línea de Bienestar Mínimo) del coneval, que se calculó con una canasta incompleta y que no reúne los requisitos plenos, y 32% más cara que la de inegi-cepal. Los autores calculan la pa en el df en 2012 con el método que proponen (comparando el costo de la cna-df con el gasto en alimentos del hogar) y comparan su resultado con otras 8 opciones, que resultan de comparar la cna-df con dos definiciones de ingreso de los hogares, y de utilizar las otras dos canastas mencionadas.

Con la metodología propuesta, el resultado es que el 80.2% de las personas viven en pa en el df. En el otro extremo, comparar el ingreso corriente del hogar (incluyendo la Renta Imputada de la Vivienda Propia, rivp) con la LBM o con el costo de la ca inegi-cepal (la lpa del Comité Técnico de Medición de la Pobreza que operó durante casi todo el gobierno de Fox, y cuyo método continuó usando el coneval hasta 2006 como método único y hasta 2012 como método paralelo al multidimensional), resulta en una incidencia de sólo 3.7% o 3.9% en el df. El cuadro que se construye con las nueve opciones resultantes, permite ver con claridad que el efecto cuantitativo más importante es la elección de la variable contra la cual se compara el costo de la canasta, que es mucho mayor que el derivado del uso de una u otra canasta. Para quien concibe la pa como pobreza extrema, la incidencia que obtienen los autores, de 80.2% puede parecer desproporcionada, pero no para quien sabe que la insatisfacción de necesidades específicas no es equivalente a la pobreza extrema, puesto que ésta, igual que la pobreza, comprende todas las necesidades humanas. Sin embargo, los autores advierten que los resultados obtenidos son, sin embargo, un poco más altos que la realidad alimentaria del df, porque los gastos en alimentos (igual que los gastos totales y el ingreso), están subestimados en las enigh, por lo cual, podrían haber añadido, también afecta a las otras ocho opciones.

El segundo artículo de este último bloque es el de Miguel Reyes y Miguel López, quienes desarrollan y aplican un nuevo método multidimensional de medición de la pobreza, al que llaman Método de Bienestar Socioeconómico (mbs) y que tiene la peculiaridad de estar vinculado al salario mínimo constitucional, es decir que cumpla lo establecido en el Art. 123 de la constitución. Es necesario advertir que una parte importante del contenido de este artículo se apoya, como lo recuerdan los autores constantemente, en las tareas que viene realizando el Observatorio de Salarios de la Ibero-Puebla desde hace varios años. En el mbs, que comprende una dimensión de ingresos y una de nbi (necesidades básicas insatisfechas), el umbral de ingresos que se fija para el hogar promedio es igual al salario mínimo constitucional. Los autores explican, con insuficiente detalle por las restricciones de espacio, los procedimientos del mbs y algunas semejanzas y diferencias con el mmip. Explican el procedimiento que siguieron para construir la Canasta Normativa de Satisfactores Vitales (cnsv) que, entre otras fuentes, se apoyó en dos encuestas de percepciones sobre los satisfactores necesarios, levantadas por el propio observatorio. Como novedad, en comparación con la cna-df y la del coneval, pero a semejanza del componente alimentario de la cnse (Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales) de coplamar, incluyeron en lo que llamaron la cba (Canasta Básica Alimentaria) el costo de conservar, cocinar y consumir los alimentos.

Calculan un Índice de Bienestar Socioeconómico (ibs) que resulta de combinar (mediante una media aritmética simple, ya que adoptan ponderadores de 0.5 para cada dimensión) un Indice de Ingresos (iy) y un Indice de Necesidades Insatisfechas (ini). No incluye, en contraste con el mmip, una dimensión de tiempo libre. Otra diferencia es que el mbe introduce dos procedimientos estadísticos: normaliza las brechas de los hogares con la desviación estándar en vez del umbral como se hace en el mmip, e introduce un factor de ajuste de las variables de ni con base en un modelo de regresión lineal entre ellas.

Los resultados de ryl son similares al mmip. Comparando los resultados de incidencia de la pobreza (h), ésta es de 77.4% en el iy contra 76.2% en el mmip en 2014, y sólo 53.2% en el mmmop; en ini el mbs obtiene 80% contra 75.9% en el nbi del mmip y 72.9% en el mmmop. En el ibs los resultados son 80.2% con el mbs, 84.3% con el mmip, y 46.2% en el mmmop. Como se aprecia, aunque el mbs obtiene niveles de pobreza más altos tanto en ingresos (pues su LP es más alta que la del mmip) y en necesidades insatisfechas (ni o nbi) el resultado en términos de la pobreza multidimensional es menor, debido a la exclusión de la pobreza de tiempo. Los autores llevan a cabo dos interesantes ejercicios de simulación cuyo propósito es demostrar que el criterio intersección, usado por el coneval, lleva a la subestimación de la pobreza. La primera simulación consiste en utilizar los indicadores y umbrales del coneval pero usando el método de agregación y los ponderadores desarrollados por Alkire-Foster, método conocido como “conteo de doble corte”, pues además de establecer un umbral para cada una de las dimensiones, utiliza otro umbral que sirve para identificar a la población en pobreza con un conteo (ponderado) de las dimensiones en las que una persona sufre privaciones. La categoría de vulnerables, inexistente en el método de Alkire-Foster, desaparece. Se parte ahora de siete dimensiones: el ingreso y seis Necesidades Insatisfechas (ni). El ingreso, pasa de tener (en forma implícita) el 50% de la ponderación con el criterio de intersección, a una ponderación igual a cada carencia social”.⁵ En esta simulación, cuyo procedimiento se puede llamar coneval modificado, la pobreza aumenta 13.8 puntos porcentuales respecto al coneval, que usa el criterio de intersección. Con la segunda simulación, aplicando al mbs el criterio intersección, la pobreza disminuye en 11.8 porcentuales. En ambos casos se demuestra la subestimación introducida por el criterio intersección.

El último artículo de este bloque es el de Boltvinik y Damián, en el cual se pueden distinguir dos partes. La primera contrasta el mmip con el mmmop y evalúa críticamente éste. La segunda es un detallado análisis empírico sobre la pobreza en México basado en el mmip (excepto antes de 1992 periodo para el cual se usan varios métodos). Los autores mostramos que en México: 1) la incidencia de la pobreza (H =q/n= pobres/ población) es más alta en 2014 que en 1977 (37 años antes); 2) el número de pobres (q) creció entre 1992 y 2014, tanto por el mmip (de 75 a 100 millones) como por ingresos (de 66 a 91 millones) y por nbi (Necesidades Básicas Insatisfechas), de 75 a 91 millones; 3) al eliminar el malabarismo del mmmop para separar “vulnerables”de “pobres” (que se explica en la primera parte del artículo), la población carenciada (la suma de pobres más vulnerables en el coneval) es similar en ambos métodos: 95 en el coneval y 100 millones en el mmip); 4) hay fuerte contraste entre el estancamiento de q con una o más carencias sociales con el mmmop entre 2008 y 2014 y el crecimiento significativo de q en nbi-mmip, lo cual se explica porque las políticas públicas están invirtiendo en programas sub-mínimos para el mmip, pero normativos para el coneval, como el Seguro Popular; 5) entre 2006-2014 aumentan h, la intensidad (i) y la Incidencia Equivalente (hi) de la pobreza; también se observan fuertes cambios en la pirámide social: caen las proporciones de no pobres (de 21% a 16.6%) y de población en pobreza moderada (de 31.2% a 29.1%) y sube la de pobreza extrema (de 47.8% a 54.3%); 7) hay fuerte desigualdad entre entidades federativas (la H va de 58.4% en el df a 93.8% en Chiapas) y entre medios rural, urbano no metropolitano, y metropolitano, cuyas H son 96%, 90% y 73.6%, cuyas intensidades medias de pobreza (i) son 0.51, 0.42 y 0.33; en consecuencia las hi son 0.49, 0.38 y 0.25, siendo la hi rural prácticamente el doble de la metropolitana. El texto, y el número, terminan así:

Sorprendentemente, el n° de pobres equivalentes o masas carenciales totales (qI) de los tres medios son muy similares: 13.6 mill (mr), 13.3 mill. (mu) y 14.1 mill. (mm), por lo cual el conjunto de programas de lucha contra la pobreza debería asignar montos de recursos similares a los tres medios.

Esta conclusión es contraria a la política de lucha contra la pobreza que, en los hechos, y en la retórica, priorizan casi exclusivamente el medio rural.