Una reflexión sobre la preservación del patrimonio arqueológico: el caso de los sitios de escala menor en el estado de México

Resumen

El presente artículo tiene el propósito de invitar a la reflexión en torno a la situación que experimenta el patrimonio arqueológico como consecuencia de los acelerados procesos de urbanización, industrialización y crecimiento demográfico que caracterizan los tiempos recientes. Como se puede apreciar, el resultado de este fenómeno se traduce en una dramática transformación del paisaje físico y cultural, a la par de la pérdida identitaria de los habitantes (vinculada al patrimonio arqueológico). El trabajo enfoca los problemas relacionados con los sitios arqueológicos de escala menor, con énfasis especial en el caso de la región del Alto Lerma, donde hemos venido realizando investigaciones a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Abstract

This paper call for reflection on the situation of the archaeological heritage endangered as a result of accelerated urbanization, industrialization and population growth that characterize current times. It is possible to perceive a dramatic transformation of the physical and cultural landscape, and importantly, the loss of identity of the inhabitants (based on the archaeological heritage). This study focuses on issues related to archaeological sites of smaller scale, with special emphasis on the case of the Upper Lerma River, where we have been conducting research over the past four decades.

Introducción

México ha venido experimentando desde hace más de medio siglo procesos acelerados de urbanización e industrialización, así como crecimiento demográfico, fenómeno sin precedente que se ha agudizado en las últimas cuatro décadas y cuya consecuencia se manifiesta en una dramática transformación del paisaje físico y cultural, a la par de la pérdida identitaria de los habitantes. Los cambios provocados por la llamada modernización y la inserción en procesos de globalización se perciben en todo el territorio mexicano. Tampoco ha sido posible frenar el movimiento migratorio hacia el exterior, sobre todo a los países del norte de América, a pesar de los múltiples intentos gubernamentales. El resultado de todo ello es que día a día presenciamos el abandono de los campos de cultivo que, durante milenios, aseguraron la supervivencia humana con sus productos agrícolas, como maíz, frijol, calabaza y otros alimentos principales que fueron la base del desarrollo histórico en México. En su lugar, se construyen conjuntos habitacionales, complejos industriales e infraestructuras urbanísticas que en ningún momento advierten el peligro que enfrenta el patrimonio arqueológico.

Naturalmente, los factores causales de estos procesos son complejos; sin embargo, podemos destacar algunos, entre los cuales se encuentra la reforma al artículo 27 de la Constitución aprobado en 1992. Ésta precipitó el cambio en el uso de suelo, permitiendo en adelante la enajenación de las propiedades ejidales, acción que, a su vez, aceleró la desaparición de campos agrícolas. Dicho proceso se agravó aún más por los problemas económicos que han afectado a México desde décadas atrás y que han expulsado a la población rural hacia las regiones donde se encuentran los principales centros urbanos del país. El caso más representativo es el valle de México, en el cual se ubica la capital del país, la ciudad de México, que alberga el mayor número de población. Desafortunadamente los mismos fenómenos y el desplazamiento poblacional hacia los países extranjeros que han repercutido en los procesos sociales, económicos y culturales se han extendido hacia las regiones conurbadas, cuyo resultado más tangible se aprecia, por un lado, en el creciente número de población flotante sin identidad² y, por el otro, en la saturación demográfica, la degradación ambiental y la transformación del paisaje, en la cual sobresale la destrucción y la desaparición del patrimonio prehispánico. Los testimonios arqueológicos que forman parte fundamental para conocer el curso histórico fueron arrasados por causas antropogénicas y borrados de nuestra memoria colectiva. Muchos sitios han sido destruidos irremediablemente aun antes de ser registrados. Son mínimos los vestigios arqueológicos ya explorados y descritos debidamente. Efectivamente, estamos frente a una disyuntiva en donde debemos tomar una acción específica para frenar la pérdida irreparable del patrimonio arqueológico. De lo contrario, no será posible llenar las lagunas históricas que afectarán no sólo en la cabal comprensión de nuestro pasado, sino también en otros aspectos sociales y culturales, como la identidad.

Comentarios en torno al panorama actual del patrimonio arqueológico

Este trabajo no abordará las cuestiones definitorias ni los aspectos conceptuales del patrimonio cultural, de los cuales existe hoy día un voluminoso acervo bibliográfico (Bonfil 1997; Ballart 1997; Carman 2002; Florescano 1993; Díaz Berrio 1990; unesco 1972). No obstante, estamos plenamente conscientes de su relevancia para tratar cualquier problema sobre patrimonio arqueológico. Tampoco discutiremos acerca del estado general de conservación de los hallazgos arqueológicos, los cuales comprenderían desde un efímero campamento estacional hasta un centro urbano como Teotihuacan y cuya exposición rebasaría nuestro objetivo. Presentamos, en su lugar, una reflexión acerca de los problemas que atañen a los sitios arqueológicos de menor escala poniendo un énfasis especial en el caso de la región del Alto Lerma, donde hemos venido realizando investigaciones a lo largo de las últimas cuatro décadas. Estos pequeños sitios carentes de arquitectura monumental, que generalmente representan los asentamientos habitacionales, son los más vulnerables y suceptibles de ser destruidos por los procesos de modernización, propiciando el sesgo en nuestro conocimiento acerca del proceso histórico de la sociedad antigua. Con el fin de contrarrestar este riesgo, que suelen padecer los testimonios más modestos de los antiguos habitantes de México, y de fortalecer una perspectiva que nos permita aproximarnos hacia el pasado con una visión más equilibrada, los primeros pasos obligatorios son el registro y la descripción de ese legado poco espectacular. Nuestra propuesta, además, se basa en la situación que pervive en el valle de Toluca, donde se cuenta con datos de campo de las últimas cuatro décadas y la oportunidad que hemos tenido de atestiguar la paulatina destrucción de los vestigios arqueológicos a lo largo del tiempo. Cabe señalar que esta reflexión acerca de testimonios modestos de la historia no ha tenido una atención adecuada en el desarrollo de la arqueología mexicana, no obstante que W.T. Sanders, pionero de la arqueología de superficie quien, junto con su equipo, realizó el gran Proyecto del valle de México en la segunda mitad del siglo pasado, con el propósito de estudiar la dinámica demográfica de la cuenca como una vía para esclarecer sus procesos históricos. El proyecto se sustenta en el reconocimiento sistemático de superficie que cubrió casi la totalidad de esta cuenca, localizando y registrando un gran número de sitios pertenecientes a la categoría de baja jerarquía. En los resultados publicados (Sanders et al. en Wolf 1976; Sanders et al. 1979), se advirtió la importancia de estudiar los yacimientos arqueológicos de pequeña escala. J. Parsons, quien formó parte de dicho proyecto, manifestó en reiteradas ocasiones su profunda preocupación por el inminente peligro de la destrucción y la desaparición de este tipo de hallazgos prehispánicos, la mayoría de los cuales consisten en unidades domésticas o habitacionales sin arquitectura pública. En 1989, el mismo investigador publicó un artículo sobre el diagnóstico del estado de preservación de los sitios arqueológicos y sus prioridades en este campo (Parsons 1989). Hoy en día, se reafirma que su preocupación fue legítima y la destrucción ocurrió sin que se lograra conservar gran parte de esta riqueza. Serra y Lazcano (2009) coinciden con lo realizado por Sanders y la propuesta de Parsons en el sentido de la necesidad impostergable de diseñar el futuro de la investigación arqueológica en la cuenca de México, y sugieren algunas acciones para la conservación de los sitios arqueológicos del sur de la cuenca amenazados por el desarrollo de la mancha urbana.

Es de común conocimiento que, con excepción de trabajos del salvamento y rescate arqueológico, el interés primordial de los arqueólogos mesoamericanos se ha centrado en la exploración y preservación de sitios monumentales, muchos de los cuales están legalmente protegidos, mientras que la destrucción de los sitios pequeños, por regla general, sin el debido resguardo jurídico, ocurre cotidianamente sin que nos demos cuenta. Es importante señalar que, en el estado de México, existen 19 sitios arqueológicos administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre los que se incluyen algunos de la categoría de Teotihuacan, Malinalco, Texcutzingo, Tenayuca y Calixtlahuaca, entre otros. Todos ellos forman parte de la oferta cultural promovida por el Estado, como parte del discurso oficial que debería estimular el desarrollo nacional a través de los circuitos turísticos. Desafortunadamente, la operación de los sitios arqueológicos adolece de serias deficiencias que impiden cumplir con el objetivo para el que fueron habilitados para su apertura. Por ejemplo, los sectores abiertos para la visita del turismo representan una mínima parte de la totalidad que paulatinamente se destruye por numerosas razones, entre las que sobresale la ignorancia y, más preocupante aún, la negligencia de autoridades de los tres niveles de gobierno (en particular las relacionadas con la cultura y el turismo) y de los propios pobladores. En el mismo sentido, no se aprecia la vinculación con la sociedad civil, heredera de este legado histórico que claramente debería ser la beneficiaria directa. El sesgo señalado es propiciado parcialmente por el hecho de que, a diferencia de la modesta cultura material utilitaria, los hallazgos espectaculares de culturas prehispánicas desenterrados de los sitios importantes siguen siendo atractivos principales para el público general y para los propósitos del turismo cultural. También se atribuye al mecanismo perviviente para obtener recursos financieros con la finalidad de llevar a cabo excavaciones en sitios monumentales.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que, en la actualidad y con la excepción de algunos casos, el único organismo federal que tiene la facultad de manejar y salvaguardar el patrimonio nacional, como los monumentos prehispánicos e históricos, así como cualquier recurso subterráneo, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto implica que cualquier tipo de intervención arqueológica está controlado por esta institución a través del Consejo Nacional de Arqueología. En los constantes y vertiginosos cambios que experimenta nuestra sociedad en la actualidad, los trabajos de rescate y salvamento arqueológico han ido cobrando cada vez mayor relevancia dentro de diversas actividades que se realizan en el inah. Día con día, la institución tiene que enfrentar monumentales exigencias para detener la inminente destrucción del patrimonio arqueológico, para cuya tarea requiere contratar muchos arqueólogos y estudiantes. A pesar de todo, la pérdida de datos e información arqueológicos es alarmante y quizá irreparable, pues la falta de coordinación entre el sector privado y diversas agencias federales, estatales y municipales, especialmente aquellas que dan permisos para construcción y otros usos de suelo, no permite contar con la información fidedigna que facilite las acciones y la toma de decisiones acertadas sin contratiempo. Salvo los casos más notorios, las tareas de supervisión que permiten detectar y detener las acciones nocivas para la preservación de testimonios del pasado carecen de eficacia ya sea por falta de personal o de recurso o por la ausencia de información correcta.

Si bien es necesaria la existencia de un organismo normativo como el inah, que garantice la correcta ejecución de cualquier intervención arqueológica, es importante señalar que, en la actualidad, el problema del patrimonio cultural prehispánico rebasa totalmente la capacidad de una institución ya sea el inah u otra, pues ninguna cuenta con la infraestructura humana y técnica suficiente para preservar los enormes e invaluables testimonios del pasado. Esto tiene como resultado una incapacidad para aminorar el posible impacto sobre el legado patrimonial. El propio inah ha manifestado desde hace algún tiempo que las tareas de salvamento y rescate que requieren, por regla general, una intervención expedita, ya han rebasado su capacidad y, para subsanar esta deficiencia, ha permitido a algunas agencias estatales y municipales cierta participación en este rubro. Por desgracia, éstas se limitan a unos cuantos casos, sin que se conviertan en una práctica regular. Entre los estados que participan en la protección del patrimonio arqueológico destacan: Yucatán (Chichen Itzá), Veracruz (Quauhtochco, El Zapotal, Paxil y El Pital), Chiapas (Palenque) y el estado de México. Es importante señalar la creciente demanda de los pueblos originarios por participar en el manejo de lo que consideran la herencia de sus antepasados, lo que ha ocasionado confrontaciones con el Estado y sus instituciones.³

Una de las regiones del México central que ha sufrido los terribles embates de la modernización es el valle de Toluca, cuyos datos e información se han recuperado desde la década de 1970. El caso de esta región tiene una importancia particular por varias razones, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: es una región estratégicamente ubicada, por donde circulaban diversos productos provenientes de las regiones al oeste y al sur del Altiplano central de México, y por ubicarse en la región contigua a la cuenca de México, el valle de Toluca ha mantenido con ella una estrecha relación a lo largo de varios milenios, la cual se expresa en múltiples manifestaciones de la cultura material arqueológica. A su vez, esta proximidad física con la cuenca de México trajo efectos nocivos que han repercutido negativamente, impidiendo un desarrollo equilibrado. Prueba de ello es el dramático desplazamiento poblacional, el crecimiento demográfico desmedido, así como la urbanización e industrialización sin planeación (Sugiura 2009: 13).

Resumiendo el panorama histórico de la región con base en los datos de reconocimiento de superficie, realizado en la segunda mitad de la década de 1970 y el principio de la de 1980 del siglo pasado, podemos destacar lo siguiente: 1) la historia poblacional del valle de Toluca se remonta, por lo menos, a unos 3 500 años (Sugiura 2005a, 2005b) y, desde etapas tempranas de su desarrollo, muestra una clara tendencia de ocupación constante en la porción suroeste, que se caracteriza por las condiciones ambientales favorables para la supervivencia humana (figura 1); 2) se han localizado alrededor de 700 sitios arqueológicos en la zona debajo de los 2 800 msnm y fuera del área boscosa de ladera alta; 3) además, la composición de asentamientos prehispánicos se caracteriza por la preponderancia de los sitios de baja jerarquía, es decir, aldeas con población dispersa; 4) los sitios con arquitectura monumental no llegan a contar una docena, a diferencia de los de baja jerarquía que ocupan alrededor de 95 % de la totalidad; 5) así, la historia poblacional precolombina del valle de Toluca se define por su carácter fundamentalmente rural, tendencia que se observa aún después del horizonte Clásico, cuando la región comenzó a adquirir importancia propia dentro del Altiplano central.

Figura 1.

El valle de Toluca. Una perspectiva del valle más alto de México.

De esta manera, los testimonios más representativos del pasado en dicha región pertenecen a los sitios arqueológicos más vulnerables a la destrucción y desaparición. Esto se agudiza aún más en una región como el valle de Toluca que ha sufrido los efectos del crecimiento poblacional, no sólo por causas endógenas sino también exógenas, además de los intensos procesos urbanísticos e industriales. En otras palabras, la historia precolombina del valle de Toluca puede tener importantes lagunas que nos conducen a una comprensión errónea de su desarrollo histórico.

Entre los múltiples factores que afectan la preservación del patrimonio cultural del valle de Toluca, en este caso concreto, el arqueológico y particularmente de los sitios menores, destaca la inexistencia de instancias en los niveles de gobierno estatal y municipal que desarrollen acciones de prevención y protección. En los planes y programas de Secretarías de Desarrollo Urbano, Ecología, Obras Públicas, Desarrollo Económico del estado de México y las direcciones asociadas con ellas, no se considera la presencia potencial de evidencias arqueológicas distribuidas prácticamente en la totalidad del territorio estatal. Se ejecutan proyectos a discreción, sin valorar la destrucción en sitios que están protegidos por la legislación federal. Frecuentemente se percibe en la actitud de los funcionarios cierta reticencia hacia el problema del patrimonio cultural, ya que lo consideran como un obstáculo para el desarrollo social. Se ha podido constatar que la construcción de numerosas obras de infraestructura dirigidas a proveer de servicios básicos a la población se realizan sin un estudio previo de impacto. En el mismo sentido, la deficiente vinculación con los representantes del inah en la entidad impide la posibilidad de rescatar información básica de los sitios en vías de desaparición.

La ignorancia es uno de los factores preponderantes en la pérdida irremediable de evidencias culturales. Aunado a lo anterior, la negligencia y, en muchos casos, las prácticas clientelares repercuten en detrimento del patrimonio arqueológico. El elevado costo de cualquier intervención arqueológica, además de la falsa creencia popular de la expropiación por parte del Estado, invita a prácticas que carecen de ética profesional.

El problema se agudiza especialmente en los municipios con un ritmo de crecimiento acelerado tanto económico como demográfico. En esta situación se encuentra Toluca, capital del estado de México (figura 2), en donde la mancha urbana y el desarrollo industrial han causado la destrucción y desaparición de aproximadamente cincuenta sitios arqueológicos registrados por el Proyecto arqueológico Valle de Toluca realizado por Sugiura en la década de 1970 (Sugiura 2005b). Los sitios destruidos o arrasados pertenecían prácticamente a todos los periodos del desarrollo mesoamericano.

Figura 2.

Una panorámica del sector poniente de la ciudad de Toluca.

El municipio de Metepec, ya conurbado a Toluca, experimenta una problemática semejante, sobre todo a raíz del gran terremoto que sacudió en 1985 a la ciudad de México y provocó el desplazamiento poblacional masivo hacia esta parte del valle. Hasta entonces, el ritmo en los cambios de paisaje en el valle de Toluca había sido relativamente atenuado, a pesar de la cercanía a la capital nacional y el notable crecimiento industrial. Sin embargo, el desplazamiento poblacional trajo consigo la expansión de desarrollos habitacionales que han propiciado la destrucción de sitios representativos de los diferentes momentos del desarrollo cultural prehispánico del valle toluqueño (figura 3). En este proceso, tanto las autoridades estatales, municipales, como la iniciativa privada y la población civil han compartido la responsabilidad.

Figura 3.

La situación de riesgo de los sitios arqueológicos de la porción occidental del valle de Toluca.

En los municipios localizados en la porción suroeste del valle de Toluca, que destaca por la mayor densidad de asentamientos prehispánicos a lo largo de mile-nios, la situación no resulta nada alentadora, pues se trata de una zona en la que se realiza una explotación irracional de bancos de material de construcción (figura 4). Conforme incrementa la demanda de ladrillos y tabicones, se ha intensificado la explotación de barro y piedra pómez, ocasionando la desaparición de cientos de sitios, en su mayoría de pequeña escala, que son testimonios irremplazables de la historia de una de las regiones más importantes del Altiplano central. Con frecuencia, las instancias de gobierno estatal y municipal otorgan permisos a estas actividades destructivas, sin evaluar los efectos nocivos que producen una transformación irreversible del paisaje. De hecho, no existe municipio del valle toluqueño que cuente con una estrategia política precisa para la preservación del patrimonio arqueológico. Un caso particularmente dramático es la situación que padece el municipio de Calimaya debido a la explotación intensiva de los bancos de material pétreo destinados a la industria de la construcción que ha ocasionado una transformación radical del paisaje que se mantenía hasta hace unas tres décadas.

Figura 4.

La transformación del paisaje en Calimaya causada por la extracción de materiales pétreos.

La situación jurídica del patrimonio arqueológico en el estado de México

Reiterando lo mencionado anteriormente, el patrimonio arqueológico del estado de México experimenta problemas graves para su preservación, a causa de la falta de estrategias pertinentes. En primer lugar, es importante señalar la ausencia de un marco jurídico que regule todo lo relacionado con el patrimonio arqueológico e histórico, por no contar con una Ley Estatal de Cultura que, de manera definitiva, haga posible la conservación de bienes considerados por la legislación federal como “Patrimonio nacional”. Si bien ha habido algunas propuestas a lo largo del tiempo, éstas no han prosperado por múltiples causas, a pesar de que la protección del patrimonio cultural, y en este caso el arqueológico, se considera como un asunto de interés nacional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fracción XXV del artículo 73).

Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la actual legislatura (LVIII), han presentado recientemente una iniciativa que busca “garantizar democráticamente la protección, promoción y difusión de los derechos, bienes, servicios y agentes culturales” (Comunicado de prensa de la Dirección General de Comunicación Social de la LVIII Legislatura del Estado de México, 9 de abril de 2013). La propuesta pretende, en lo general, establecer ordenamientos de muy diversa índole, partiendo del hecho de que lo realizado hasta el momento se enfocaba en aspectos específicos los cuales han sido plenamente rebasados por la problemática prevaleciente.

En la iniciativa se identifican todas aquellas definiciones vinculadas en el patrimonio cultural y los sujetos obligados de la ley. Se ratifica y redefine, asimismo, la manera en que ha operado el Instituto Mexiquense de Cultura, instancia que, desde su creación en 1987, fue visualizada como la alternativa que cooperaría con el inah en todas aquellas situaciones en que éste no fuese capaz de cumplir con las tareas estipuladas. La experiencia ha mostrado que, si bien la propuesta era positiva, no se contó con una estructura requerida que integrara infraestructura especializada con el personal habilitado académicamente. En la actualidad, el Instituto Mexiquense de Cultura atiende cuatro sitios arqueológicos en el estado de México: Teotenango, ubicado en el municipio de Tenango del Valle; Huamango, en el territorio municipal de Acambay; San Miguel Ixtapan en Tejupilco y Tlapizáhuac en Ixtapaluca. Este hecho representa un caso inédito a nivel nacional, ya que la custodia de esta clase de espacios corresponde, de manera exclusiva, al inah.⁴ Si bien la iniciativa del PRI se considera pertinente para enfrentar la situación actual en relación con la preservación del patrimonio, es importante señalar la necesidad de su evaluación, ya que, entre otras cosas, no nace de una valoración real que considere a todos los actores involucrados en este problema, además de resultar evidente la ausencia de un diagnóstico, por parte de especialistas, sobre el panorama a nivel estatal.

En el caso de las dependencias municipales de cultura, así como de otras instancias públicas de carácter estatal, el problema resulta aún más preocupante, pues sólo se ha contado con los esfuerzos aislados de individuos como el cronista municipal, cuya labor es poco comprendida y en múltiples casos es meramente simbólica. En los gobiernos municipales es costumbre presentar al inicio de su gestión el Bando Municipal, instrumento normativo para los ordenamientos a que se sujetan autoridades y ciudadanos. En la mayoría de los municipios del estado de México, el Bando Municipal incluye rubros relacionados con el cuidado y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos, así como la promoción entre los vecinos y transeúntes de la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico cultural e inculcar la defensa de nuestro legado histórico (Pérez 2013). No obstante, en la práctica, pocos son los municipios que cumplen con esta obligación por razones muy diversas, entre las cuales destaca el desconocimiento de los responsables de la administración municipal sobre la naturaleza de los bienes clasificados como patrimonio cultural (arqueológico e histórico). Especialistas en la materia no figuran en la estructura del gobierno municipal, por lo que esta problemática resulta ajena a su función. Aunado a lo anterior, persiste la creencia de los habitantes del territorio municipal de que tener algún vestigio arqueológico en su propiedad implica la expropiación por parte del inah. Todo ello contribuyó a una pérdida inmensa de evidencias arqueológicas. En algunos de los bandos municipales, se identifican propuestas pertinentes para la salvaguarda del patrimonio arqueológico e histórico; un ejemplo es el propuesto por la administración municipal de Teotihuacan (2013-2015) que en su artículo 110 dice:

ARTÍCULO 110.- Es de interés social y municipal la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos con que cuenta el Municipio. El Ayuntamiento en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal; el Instituto Mexiquense de Cultura y otras instituciones involucradas y los particulares, realizará campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, como lo son la zona arqueológica teotihuacana, los templos, las haciendas, ranchos y pueblos, mediante acciones que promuevan el arraigo y fortalezcan el desarrollo turístico municipal (Pérez 2013).

No obstante, la realidad supera las acciones propuestas en el artículo señalado, ya que sólo el inah las lleva a cabo y ninguna otra instancia del gobierno estatal y federal coadyuva en la tarea de conservar la herencia cultural de los actuales habitantes del municipio de Teotihuacan.

Otro problema es que, a la fecha, no existe congruencia entre las funciones a desarrollar en el ámbito del patrimonio cultural y el perfil de los funcionarios encargados de su ejecución a nivel estatal y municipal. En este sentido, resulta preocupante el hecho de que prácticamente no existan profesionistas calificados para desarrollar la salvaguarda del patrimonio arqueológico e histórico, sobre todo en los gobiernos municipales. Las autoridades consideran por lo general que esto no representa, en sí mismo, un problema. Dicha actitud se atribuye a una errónea percepción de que el rubro de la cultura es el menos dañino, en caso de que se incurriera en malos manejos (Loera 1993: 327). Ésta nos explica el porqué de la persistencia de la práctica de los encargados del área de cultura, quienes no se vinculan con las oficinas que otorgan las autorizaciones para proyectos. Los resultados de dicha desvinculación se reflejan en la destrucción sistemática de los sitios arqueológicos de escala menor. Asimismo, en los planes y programas de desarrollo municipal se aprecian vacíos que dejan desprotegida a toda manifestación de las culturas resultado de una historia milenaria.

Como hemos mencionado anteriormente, uno de los problemas que afectan a los sitios arqueológicos menores es la explotación de los bancos de material pétreo, arena, grava, tepojal y barro, entre otros. Para el desarrollo de esta “actividad productiva”, se otorgan fácilmente licencias para efectuar los procesos de extracción sin antes realizar un estudio de impacto que determine si afecta o no la preservación de evidencias arqueológicas. Los resultados de este deficiente manejo son: la destrucción de sitios arqueológicos y la consecuente pérdida de información, sin la cual no sería posible una certera interpretación arqueológica.

Asimismo, los recientes desarrollos habitacionales que proliferan en prácticamente toda la entidad constituyen un riesgo potencial para los sitios arqueológicos, ya que los gobiernos municipales ignoran la obligación de solicitar en forma previa la inspección por parte de los arqueólogos para el otorgamiento de la licencia de construcción. Para esta labor, los investigadores del inah son prácticamente los únicos que, por disposición federal, están facultados para la valoración y rescate de los contextos susceptibles de ser destruidos. Las instancias estatales como el Instituto Mexiquense de Cultura se encuentran prácticamente ajenas a esta actividad sustantiva, ya que su participación consiste únicamente en colaborar en la aplicación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

Calimaya y la destrucción de su legado cultural

Lo dicho anteriormente se ejemplifica a partir de algunos de los problemas que enfrenta el patrimonio arqueológico en el municipio de Calimaya. Los estudios arqueológicos realizados en el valle de Toluca a partir de 1977 por Yoko Sugiura (1977) permitieron identificar y registrar alrededor de cincuenta sitios arqueológicos en el territorio municipal de Calimaya. Se trata de asentamientos principalmente relacionados con contextos habitacionales correspondientes a varios periodos de la historia prehispánica. Muchos de ellos consisten en la simple presencia dispersa de material cerámico y lítico en superficie y, en ocasiones, por pequeñas elevaciones del terreno que son apenas perceptibles para los propios vecinos. La destrucción de un alto porcentaje de estos sitios se ha producido a partir de dos principales actividades. La primera es la explotación de los bancos de materiales de construcción sin la autorización previa del inah. Esto ha acarrreado la dramática devastación de los antiguos asentamientos y la transformación del entorno en que se localizaban. Todo lo anterior provocó la pérdida de testimonios valiosos acerca de las sociedades que nos antecedieron, desvinculando a la población local de su pasado. Los resultados de todas estas acciones se reflejan en profundas barrancas que, con suerte, serán rellenadas con la basura generada por los propios habitantes de los municipios, además de que provoca la contaminación de los mantos freáticos de los que se obtiene el líquido vital de las poblaciones (figura 5).

Figura 5.

El quehacer arqueológico frente a los desarrollos habitacionales.

Un efecto colateral es la transformación del paisaje y de los significados que subyacen en la relación entre el ser humano y los elementos del entorno. En este contexto, valdría la pena resaltar la importancia que reviste el estudio del paisaje como un marco referencial para comprender las razones y significados que llevaron a las sociedades del pasado a elegir un determinado lugar para vivir y crear sus asentamientos (Thomas 2001). Numerosos rasgos del paisaje con los que la gente se vinculaba han desaparecido y, con ello, se ha perdido irremediablemente un componente fundamental de la cosmovisión de los pueblos.

La segunda actividad que ocurre en el municipio de Calimaya, como en muchos otros del valle de Toluca, es la acelerada proliferación de desarrollos habitacionales a una velocidad para la que nadie estaba preparado (figura 6). Zonas de cultivos en las que se ubicaban numerosos sitios arqueológicos fueron niveladas mediante el uso de maquinaria pesada para la urbanización sin un estudio de impacto, salvo unos cuantos sitios donde se llevaron a cabo trabajos de rescate arqueológico (figura 7). De esta manera, se arrasó una gran cantidad de sitios de distinta temporalidad y filiación étnica, de los cuales nunca se recuperará la información necesaria para una comprensión cabal de su historia.

Figura 6.

El nuevo reto: los desarrollos habitacionales y sus efectos en el patrimonio arqueológico.

Figura 7.

La destrucción de vestigios arqueológicos y la creación de un panorama despojado de las evidencias del pasado.

El mismo fenómeno se observa, también, en otros municipios como Mete-pec, Toluca, Tenango del Valle, Lerma, San Mateo Atenco, Almoloya del Río, Zinacantepec y Santa María Rayón entre otros, con excepción de unos cuantos casos aislados, como San Antonio la Isla y Santa Cruz Atizapán que advierten la potencial pérdida que afecta a la población actual.

El panorama descrito resulta ciertamente desolador y es preciso reconocer que la destrucción de este patrimonio equivale a la pérdida de una parte esencial de la identidad de los pueblos, a partir de la cual es posible entender el porqué de nuestras costumbres, dieta y, en un sentido más amplio, de la idiosincrasia mexicana.

Una propuesta para registro y salvaguarda de la información de los sitios arqueológicos de escala menor: el caso de Santa Cruz Atizapán

Por todo lo mencionado anteriormente, es impostergable proponer soluciones que pongan a salvo lo que a la fecha sobrevive. Una alternativa que puede considerarse concierne a la creación de bases de datos para cada yacimiento arqueológico que pertenece a esta categoría. Con base en las acciones realizadas en Santa Cruz Atizapán, un sitio lacustre en la antigua ciénaga del Alto Lerma, se propone la siguiente estrategia: aplicación sistemática de una serie de técnicas de diversa índole apoyada, cuando sea posible, por una excavación de pequeña escala, cual permite efectivamente registrar lo fundamental de la historia de un sitio arqueológico. Naturalmente, los datos a registrar deben ser previamente establecidos bajo criterios y variables homogéneos para todos los casos. Los registros deben incorporarse en una base de datos, diseñada ex profeso para almacenar los que sean confiables sobre los sitios que se enfrenta a la destrucción o desaparición inminente. En el caso de Santa Cruz Atizapán, el proceso inició con la obtención de una serie de documentos, incluidos los cartográficos y bibliográficos, así como los de historia oral y escrita, fotografías antiguas y aéreas. Estas últimas, tomadas en diferentes tiempos, fueron de gran utilidad para proveer la información pertinente de la transformación del paisaje a lo largo de décadas. La superposición de diversas fotografías aéreas permite detectar modificaciones por causas tanto naturales como antropogénicas que alteraron las modestas evidencias de ocupaciones antiguas. El trabajo de campo se enfocó, primero, en la recolección de información de superficie, sin llevar a cabo excavaciones de mayor escala. Esta fase consistió en obtener mapas topográficos detallados con cotas de cada 10 cm, que permitieron detectar todos los montículos menores a 20 cm de altura. Adicionalmente, se obtuvo una serie de fotografías aéreas de baja altura, tomadas con una cámara digital instalada a un globo de helio y manipulada a control remoto. Todas estas fotografías fueron, posteriormente, ensambladas a manera de una imagen de mosaico, la cual cubrió cerca de 1 km², es decir, la superficie total del sitio. De esta manera, resultó posible obtener imágenes detalladas del paisaje, cuya perturbación o alteración es difícilmente identificable a simple vista. La información de un sitio se enriquece también, por la aplicación de técnicas geofísicas, como la gradiente magnética y resistividad eléctrica, así como el radar de penetración, para lo cual es necesario dividir la superficie en unidades de 20 por 20 metros. De esta manera, es posible comparar los resultados de una con otra. El uso de estas técnicas de prospección es de gran utilidad, ya que se pudo cubrir alrededor de 1 km² de superficie en poco más de un mes, además de proveer imágenes de subsuelo, cuya calidad es difícilmente superable con otras técnicas. Cabe recalcar otra ventaja de este método, la cual se refiere a que la información adquirida en campo se puede procesar y analizar inmediatamente con la finalidad de esclarecer cualquier duda. Las imágenes se sometieron, posteriormente, a un análisis de mayor rigor y, finalmente, se incorporaron en la base de datos mediante la superposición de diversos materiales señalados anteriormente.

Otro aspecto que vale la pena mencionar es la aplicación sistemática de técnicas de muestreo. Mediante un nucleador manual, se obtuvo una muestra por cada montículo, la cual tiene una utilidad considerable por proporcionar diversos tipos de información relativa a los contextos arqueológicos.

Finalmente, la información y datos recabados en superficie mediante diversas técnicas de prospección se analizaron e incorporaron en la base de datos (sistac),⁵ la cual almacena los registros arqueológicos para investigación futura aun después de la destrucción física de los yacimientos arqueológicos.

La estrategia adoptada por el Proyecto arqueológico de Santa Cruz Atizapán (Sugiura 1997) constituye una alternativa que dio resultados positivos en la preservación de registros arqueológicos pertinentes en la base de datos. Así, se podría recalcar la necesidad impostergable, primero, de proponer y ejecutar programas de registro y conformación de bancos de datos que contengan la información pertinente, incluso la de prospección arqueométrica de los vestigios arqueológicos. Asimismo, se deben concretar programas de protección que involucren el concurso de todos los actores, incluida la sociedad civil, pues la realidad ya rebasó la capacidad de manejo del patrimonio prehispánico que pueda realizar el inah. Es preciso, por ejemplo, convocar a agrupaciones como la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, quienes han asumido la responsabilidad moral de rescatar la historia local y fortalecer la formación de gestores del patrimonio cultural que puedan conducir a un mejor entendimiento y, por ende, a una solución más apropiada de las problemáticas.

A manera de conclusión, el recorrido efectuado, permite apreciar el panorama complejo que enfrentan los sitios arqueológicos menores, ya que en aras del desarrollo nacional, se han promovido políticas públicas en las que prácticamente se omite la protección del patrimonio arqueológico. Como se explicó, la destrucción ocurre sin que las instancias responsables se percaten y, más grave aún, es realizada por personajes negligentes que se valen de prácticas carentes de ética. Los casos descritos hasta este momento deberían alarmar a la sociedad y a las instituciones que la representan; sin embargo, se observa todo lo contrario, una actitud pasiva y desinteresada por un legado irremplazable que difícilmente sobrevivirá al vertiginoso “desarrollo” en que ha incursionado nuestra nación.